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JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 6 DE SEVILLA Av. Menéndez y Pelayo s/n. Teléfono: 955005289/90. Fax: 955005291. Procedimiento: DILIGS.PREVIAS 174/2011. Negociado: CH N.I.G.: 4109143P20116000008.
A U T O
En SEVILLA a seis de julio de dos mil trece.
HECHOS
UNICO.- Una vez concluida la declaración como imputado de
Don Carlos Leal Bonmati, se ha celebrado la comparecencia previa
a la adopción de medidas cautelares de orden personal y real relativa
al mismo, habiendo formulado las partes las alegaciones que
estimaron oportunas y que constan en el anterior acta.
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO: Al imputado Don Carlos Leal Bonmati, se le han
imputado los siguientes hechos:
“El inculpado Carlos Leal Bonmati a través de su despacho de
abogados Estudios Jurídicos Villasís SL, indiciariamente valiéndose
de sus contactos e influencias participó desde el año 2001 en
determinados procesos de negociación y concesión de ayudas
sociolaborales instrumentados a través de pólizas de renta o bien
intervino en el proceso posterior, cuando la ayuda ya había sido
comprometida, a través de las Asociaciones de Extrabajadores que él
constituía. Esta participación se producía gracias a sus referidas
influencias, tanto en la Junta de Andalucía con el Director General
de Trabajo Sr. Guerrero Benítez, como con los sindicatos, los cuales
se hicieron más sólidos, cuando a partir de febrero de 2003 contrato
al ex – sindicalista D. Juan Lanzas. A ambos personajes de la trama
investigada los habría conocido D. Carlos Leal a través de la
intervención de su despacho en el emblemático expediente de Hijos
de Andrés Molina al que luego nos referimos brevemente.
La actuación del despacho ya fuera en una u otra fase estaba
claramente diferenciada: en la primera parte del proceso, cuya
intervención se producía normalmente en expedientes pequeños,
pues los grandes los llevaba el despacho Garrigues, asesoraría tanto
a la empresa como a los trabajadores, elaboraría toda la
documentación relativa al ERE, manteniendo los oportunos
contactos con representantes de la Junta, fundamentalmente con el
Sr. Guerrero. En estos casos, aunque su intervención era en muchos
casos financiado por la Junta, sus servicios eran contratados por las
empresas beneficiarias o por las mediadoras.
En la segunda fase, comprometida la ayuda, cuya intervención
sería más frecuente en los presentes procesos siendo contratado
habitualmente por la mediadora Uniter, el inculpado D. Carlos Leal
se dedicaría a la constitución de las Asociaciones de Ex -
trabajadores para el asesoramiento individual de los beneficiarios, a
lo largo de la vida de la póliza, invento extremadamente caro,
financiado en buena parte por la Junta de Andalucía, por el
mantenimiento de la llamada “Paz Social”ante la multitud de
trabajadores desempleados. Así existieron la Asociación de Hijos de
Andrés Molina, la de Matadero Fuenteobejuna, la de Santana Motor
o la de la Faja Pirítica.
Respecto de Don Carlos Leal dos importantes datos deben
valorarse: el primero es que Estudios Jurídicos Villasís, ha
trabajado tanto con la mediadora Vitalia como con Uniter, y por
consiguiente el Sr. Leal Bonmati era conocedor y beneficiario de las
sobrecomisiones que ambas mediadoras cobraban de la Junta de
Andalucía. El segundo es, que sería una figura trascendental para los
negocios que desarrollaría Estudios Jurídicos Villasís, D. Juan
Lanzas Fernández, quien tras dejar sus cargos en el sindicato UGT
en el que fue Secretario General de la Federación de Alimentación
en Andalucía, se dio de alta en dicho despacho desde el 18-02-2002,
hasta el 28-02-2011, y por el que tenía asignado un sueldo de 22.000
€ al año aproximadamente 1.500€ al mes. Juan Lanzas y Carlos Leal
se prestarían servicios recíprocamente: Juan proporcionaría a Carlos
diversos clientes por sus conocimientos e influencias en sindicatos y
en la Junta de Andalucía. Por su parte Juan Lanzas además de este
sueldo básico encontraría en Estudios Jurídicos Villasís de un lado la
apariencia necesaria para desarrollar su trabajo de conseguidor, que
le proporcionó pingües beneficios, cercanos a los trece millones de
euros, y de otro utilizar al despacho como un “centro de lavado” de
dinero: pues Estudios Jurídicos Villasís pagaría al entramado
societario de Juan Lanzas 1.156.131 € y todo ello mediante
facturación falsa por servicios inexistentes, facturas elaboradas por
Eduardo Leal del Real del denominado entramado Atrado. De esta
forma D. Carlos Leal blanquearía las ganancias ilícitas obtenidas por
el Sr. Lanzas y ello a cambio de la contraprestación oportuna,
clientes y dinero, pues Eduardo Leal entregaría sobres con dinero al
Sr. Leal Bonmati.
Expuesto de manera genérica la intervención de Estudios
Jurídicos Villasís procede a continuación el análisis de algunos
expedientes en los que dicho despacho ha intervenido:
1.- Hijos de Andrés Molina (1999): se reseña como
antecedente histórico y lo más destacable, es que Estudios Jurídicos
Villasís intervendría tanto asesorando a la empresa como a los
trabajadores. Participó activamente en la constitución el 23-03-1999,
de la Asociación, estatutos e inscripción, en la reclamación de las
indemnizaciones al FOGASA de los trabajadores y llevó a cabo con
la Administración todas las actividades que concluyeran en la firma
de la póliza de prejubilación, recibiendo Estudios Jurídicos Villasís,
de la empresa, según estudio de las cuentas bancarias 138.000€. Esta
participación intensa marcaría su trayectoria, pues de la actuación
también intensa del Sr. Guerrero, como Director de Trabajo y del Sr.
Lanzas como sindicalista, se forjaría la posterior relación entre ellos.
2.- Matadero de Fuenteobejuna (2001): Empresa que tuvo
cuatro ERES suspensivos y uno extintivo de la totalidad de la
plantilla (100 trabajadores). Estudios Jurídicos Villasís, intervino en
la negociación junto a Juan Lanzas, consiguiendo ambos a través de
sus influencias con el citado Sr. Guerrero, Director General de
Trabajo, la actuación en dicho expediente.
La mediadora fue Vitalia y fueron tres ayudas las que se
concedieron, una de 1.900.000€, otra de 450.000 €, y otra de
1.200.000€, instrumentadas en cuatro pólizas, dos de 2002, una de
2006 y otra de 2007, estableciéndose una sobrecomisión de 574.874
€ pactándose un porcentaje del 29% en una de ellas. Estudios
Jurídicos Villasís crea la “Asociación para la Promoción
Sociolaboral de Ex -trabajadores de Fuenteobejuna SAL, el 8 de
enero de 2001, y por este servicio Francisco Javier Guerrero Benítez
ordenaría un pago con fondos públicos ascendentes a 20.880 €,
procedente del IFA. De dicha Asociación serían apoderados Carlos
Leal y Daniel Gutiérrez Montaña.
El imputado Carlos Leal, en connivencia con el Sr. Lanzas,
decidirían dar de alta a todos los asegurados de la póliza 455/2, (que
habían dejado transcurrir más de 90 días desde que se le extinguió la
prestación por desempleo para pedir el Convenio Especial con la
Seguridad Social), en la empresa “Técnicas Agrícolas Ecológicas e
Integrales”, propiedad de una hija de un conocido del Sr. Lanzas,
Juan José Viedma. Los referidos asegurados fueron montados en una
autobús y se le hicieron contratos falsos, estando de alta en dicha
empresa entre 16 y 21 días. Como agradecimiento, y con el
indiciario conocimiento del Sr. Leal, del Sr. Guerrero y de Vitalia a
Juana Pilar Viedma Ocaña y a la pareja de su padre Adoración
Navarro Fernández se las incluyó como intrusas percibiendo
117.000 € y 111.000 € respectivamente.
Igualmente D. Carlos Leal en connivencia con el Sr. Lanzas,
Vitalia y el Sr. Guerrero introdujeron dos nuevos intrusos:
-Mariano Martínez Fernández, antiguo trabajador de Hamsa, que percibiría 120.000 €, y -Florencia Romero Valdivia, esposa del presidente de la
Asociación que constituyó el imputado.
3.- Santana Motor: Habiendo sido designado Uniter como
mediadora de las pólizas y estando Garrigues asesorando a la
empresa, fue la referida mediadora la que contrató a Estudios
Jurídicos Villasís para constituir en 2001 la “ Asociación
Promocional 28 de Febrero “, ya que Uniter tenía poca experiencia
por aquel entonces en el mundo sindical y según reconoció el Sr.
Leal en su declaración policial las Asociaciones no eran otra cosa
que los mismos sindicatos. Pese a estar contratado Estudios
Jurídicos Villasís por Uniter, durante largo tiempo y sin justificación
alguna, la retribución del mismo fue abonada por el IFA,
concretamente hasta el año 2005 inclusive, percibiendo directamente
de IFA–IDEA la suma de 165.878 €. A partir del 2006 sus
honorarios serían pagados por Uniter a través de las sobre
comisiones de las pólizas que la misma gestionaba.
4.- Río Grande: Fue Estudios Jurídicos Villasís el despacho
que llevó la gestión del expediente de regulación de empleo, y fue
uno de los que de manera más gráfica describe la indiciaria
arbitrariedad y ausencia de procedimiento administrativo: A finales
de julio de 2005 por el Delegado Provincial de Empleo, D. Antonio
Rivas se autorizó el ERE para la extinción de 12 puestos de trabajo,
por causas organizativas, envejecimiento de la plantilla y falta de
preparación. Uno de los trabajadores Mª José de la Rosa Aparicio se
incluyó en el ERE cuando ya había cumplido 65 años, se la contrató
6 meses antes, habiendo reconocido la dueña que ya en esa fecha
tenía pensado solicitar el ERE. De ello debió tener conocimiento D.
Carlos Leal, pues según la dueña de Río Grande era Estudios
Jurídicos Villasís el despacho que le asesoraba con anterioridad al
expediente.
De igual manera el hoy imputado, ni realizó en nombre de la
empresa solicitud de ayuda socio laboral ni gestionó la firma de
Protocolo de Colaboración con la Dirección General de Trabajo.
Simplemente con la activa colaboración del Sr. Lanzas ejercerían su
influencia sobre el Director Sr. Guerrero para obtener una
subvención absolutamente arbitraria que beneficiaría injustamente a
la empresa y también a terceros integrantes de la trama: De esta
forma sin Convenio con IDEA y mediante el ilegal sistema de
“pago cruzado” el Director General de Trabajo en un pequeño oficio
de fecha 23/11/05 dirigido a Personal Life autorizaría la suscripción
de una póliza para 13 ex trabajadores, cuando eran doce los
trabajadores afectados por el ERE.
La prima ascendía a 1.422.195,74 €, de los que 1.328.185,82€
se comprometía a abonarlos la Junta, teniendo la empresa, según
reconoció su dueña, fondos suficientes para acometer la
prejubilación de sus trabajadores. La empresa debía pagar 157.000
€. Sin embargo finalmente la dueña de Río Grande no hizo frente a
su parte de la prima y la Junta terminaría abonando 1.531.299,51€.
La Póliza se suscribió el 3 de octubre de 2005 con la Cía. Personal
Life, siendo la mediadora Vitalia, la cual percibiría de
sobrecomisiones 22.415,77 €. Además en dicha póliza con el
conocimiento del Sr. Leal Bonmati se incluyó como intrusa a Dña.
Carmen Fontela García, cuyas rentas ascendentes a 155.605,27 €,
serían repartidas entre Juan Lanzas y Francisco José González
García, comercial de Vitalia. El conocimiento de la incorporación de
esta intrusa por el Sr. Leal Bonmati, vendría avalado porque era un
hecho que conocían todos los que intervinieron en la operación: el
Sr. Guerrero que autorizó una póliza para trece trabajadores, cuando
eran doce los afectados, Vitalia que efectúo los cálculos actuariales,
acudiendo el Sr. Leal y su compañero Daniel Gutiérrez a la oficina
de Sevilla, la dueña de Río Grande que firmó los trece certificados
individuales y Juan Lanzas empleado de Estudios Jurídicos Villasís.
5.- Surcolor (2006): La gestión de los despidos ante el
CEMAC y la negociación de la concesión de la ayuda socio laboral
se realizaría por D. Carlos Leal en nombre de Estudios Jurídicos
Villasís y por Juan Lanzas, empleado de dicho despacho. En dicho
expediente de ayuda socio laboral en la que la mediadora fue Vitalia
hay dos intrusos muy cercanos al entorno de la Junta, concretamente
del Delegado Provincial de Empleo D. Antonio Rivas, José Manuel
López Espadas, esposa de una Concejal del PSOE de Camas, donde
Rivas fue Alcalde durante muchos años y Manuel Marques Sánchez
cuñado del citado Delegado de Empleo.
Los empresarios de Surcolor al conocer en la póliza la
existencia de intrusos, reconocen en su declaración ante la Guardia
Civil que lo comentaron con Antonio Rivas, con Juan Lanzas y con
Estudios Jurídicos Villasís.
Como pago de este expediente, según información de la
Agencia Tributaria, Estudios Jurídicos Villasís recibió 20.000 €,
unos 11.000 € en 2006 y 9.698€ por Surcolor Óptica en 2007.
6.- SAMEC (2007): Carlos Leal Bonmati en su declaración
policial reconoce haber intervenido en este expediente, siendo un
trabajo que le llegó a través de Juan Lanzas. Se suscribió una póliza
con la Cia. APRA-LEVEN, para 22 trabajadores y en la misma con
el conocimiento indiciario del Sr. Leal Bonmati figuran tres intrusos:
José Antonio García Prieto, Diego Guerrero González y Antonio
Parrado Pérez. En dicha póliza aparece también incluido Antonio
Polonio Correa, persona a la que el Sr. Guerrero había concedido
desde el año 2003 una ayuda a empresa y aún no había sido
abonada.
Maginae Solutions cobraría de la empresa SAMEC 324.000 €.
Indiciariamente el Sr. Leal aparte de cobrar los 12.000€, que
reconoce que recibió de esta empresa en su declaración ante la
Guardia Civil, es posible que recibiera alguna otra retribución de la
importante suma percibida por Maginae Solutions.
7.- Primayor Foods: Fue activa la participación en este
expediente de Juan Lanzas, quien con la mediación de Gaspar
Zarrías habría contactado con la familia Ruiz Mateos para recolocar
en Dhul parte de los ex trabajadores de Primayor. En dicho
expediente, intervendría Vitalia con unas sobrecomisiones entre el
17,61% al 19,63%, y Estudios Jurídicos Villasís en cuya
representación actuaría Carlos Leal, conocería como la referida
mediadora la existencia del intruso Miguel Ángel Muñoz Germán,
vecino de Juan Lanzas de la localidad de Albanchez de Magina, el
cual percibió de la póliza en la que era tomador Primayor
Alimentación 150.985,93 €, sin haber sido trabajador de dicha
empresa. La empresa Primayor realizó dos transferencias a dos
cuentas bancarias en los que figuraba como titular Juan Francisco
Algarín Lamela, para permitir a Juan Lanzas que cobrara
opacamente sus comisiones.
8.- Aglomerados Morell (2008): La familia Morell compra a
la familia Ruiz Mateos las instalaciones de Catarrivera en
Villanueva del Río y Minas, lo que supone una inversión importante.
Parece ser que es el propio Ruiz Mateos quien les facilita el contacto
telefónico con Juan Lanzas, pues éste les había conseguido varias
ayudas públicas. Lanzas le prometería una ayuda de 4.500.000 € y le
pone en contacto con Rivas y con Guerrero.
Gracias a Juan Lanzas interviene Carlos Leal Bonmati para “garantizar la legalidad del procedimiento”. No obstante lo anterior, sin que conste en el expediente solicitud y autorización de ERE, ni la existencia de despidos de alguna otra forma objetiva, ni solicitud de ayuda socio laboral, ni Protocolo de Colaboración, en abril de 2008 el Director General Sr. Guerrero mediante un simple oficio dirigido a APRA LEVEN, autorizó la suscripción de una póliza por 24 ex trabajadores por importe de 2.400.000 €. Actuación que evidenciaría una respuesta ilegítima y atolondrada de la Administración ante un evidente tráfico de influencias.
La Póliza, que iba a ser en principio cofinanciada, se suscribió el 6/06/08, con dos intrusos, hecho éste que sería conocido del Sr. Leal Bonmati (pues lo sabia Vitalia, Lanzas, Guerrero y su secretaria): el primero el propio Jorge Morell, jubilado desde el año 2000 y que se incluye para recuperar parte de la inversión realizada con una renta de 570.000€ y así mismo José Luis Llorente Herrero con una renta de 165.000 €, por ser amigo de Mª Ángeles Gala la secretaria de Guerrero.
Por su parte Vitalia, la mediadora de la póliza, actuó con un sobrecoste del 20%, ascendente a 402.303 €.
Además de lo anterior y a fin de procurar que la empresa no asumiera coste alguno de la referida póliza ya que le correspondía abonar 360.000 € de prima, se solicitó el 1 de octubre de 2008 una ayuda socio laboral excepcional de 440.000 € que se pide entre
otras cosas para el pago de la citada prima, acordándose su concesión el 27/10/08 mediante Convenio de Colaboración suscrito por el Director Sr. Márquez.
En tercer lugar, el referido Sr. Márquez Contreras, ante las presiones de la empresa y de quien le representaba de recibir las subvenciones prometidas por el Delegado de Empleo Sr. Rivas (que ya ascendía a finales de 2009 a 1.644.261,33€, si bien en el año 2010 recibirían otros dos pagos de 255.416€) el 20 de noviembre de 2009 concedió una nueva ayuda, si bien dirigida esta vez a una empresa auxiliar de Aglomerados Morell, Corvillette SL, ascendente a 440.000 €, aunque se sabía que la beneficiaria era la empresa matriz: se trataría de la famosa ayuda destinada a la compra de una partida de cochinos, actividad ajena a la ayuda concedida y al objeto social de la empresa.
9.-Faja Pirítica de Huelva: Estudios Jurídicos Villasís fue
contratado por Uniter en la fase final de la fase previa, antes de la suscripción de las pólizas, para verificar” la legalidad del proceso”. Su labor básicamente consistía en la constitución de la Asociación, en la reclamación de las indemnizaciones del FOGASA que le correspondían a los trabajadores, para incorporar las mismas como parte de la prima de las pólizas y asesorar a cada beneficiario en las cuestiones de fiscalidad o individuales que cada uno pudiera tener: El Sr. González Mata en su declaración judicial admitió que Estudios Jurídicos con carácter general en las asociaciones se dedicaba entre otras cosas a reclamaciones de subsidios de desempleo, declaraciones de renta, a la llevanza de procesos de separación matrimonial, tramitar separaciones de bienes o hacer cualquier otra gestión que hiciera aparecer al beneficiario como carente de cualquier otro ingreso a fin de no dificultar la percepción de las rentas. Desde la finalidad pública del proceso dicha gestión parecería totalmente innecesaria e incluso contraria a la legalidad.
Además el inculpado Sr. Leal Bonmati tendría conocimiento de la inclusión de intrusos en las pólizas relacionadas con la Faja Pirítica, como cuando se incluyeron, en los años 2006 o 2007 a
cinco empleados de los Almacenes Delegado de la localidad Cerro del Andévalo en la póliza Bolsa de Tharsis, personas que nunca habían sido mineros y que suscribieron la póliza ante José González Mata, según manifestó éste por solicitarlo así el Sr. Guerrero. Igualmente tendría conocimiento de la inclusión de Agustín Moreno Reviriego, persona que nunca trabajó en la mina y que fue Alcalde de Torrecera (pedanía de Jerez de la Frontera) desde 1995 hasta el año 2003, así como Antonio Vega Narbona que tampoco trabajó en la mina. El primero se incluyó en la póliza de Bolsa de Tharsis y el segundo, ya fallecido en la póliza de Insersa.
En cuanto al pago de los honorarios relativos al expediente de Faja Pirítica. Estudios Jurídicos Villasís recibiría de la Asociación en el año 2010, según declaración de la Agencia Tributaria (modelo 347), 368.900 €, aunque un análisis de sus cuentas bancarias (concretamente la 3800), pondría de manifiesto que Estudios Jurídicos Villasís habría recibido directamente de la mencionada Asociación un total de 496.000 € (más de 80 millones de Pts.), cantidad que parece podría retribuir sobradamente la intervención de D. Carlos Leal, limitada a la reclamación de las indemnizaciones procedente del Fogosa, según declaración del propio responsable de la oficina de la Faja Pirítica D. Antonio Parrilla y D. Luciano Gómez, secretario provincial de la Federación de Industria y Trabajo de UGT. Esta suma posiblemente procedía de los fondos públicos con los que se nutría la Asociación. No obstante lo anterior, Estudios Jurídicos Villasís recibió en los años 2004 a 2010, diferentes ingresos de Uniter según los datos aportados por la Agencia Tributaria, lo que nos coloca ante un tema primordial, la relación de Estudios Jurídicos Villasís con Uniter necesario para entender que papel ha desempeñado el hoy inculpado en la trama investigada. Podemos atender diferentes perspectivas para determinar el montante de los pagos realizados por Uniter a Estudios Jurídicos Villasís: 1º) Podríamos atender según la citada declaración de la Agencia
Tributaria (modelo 347), desde el 2004 al 2010 dichos datos
tributarios como Uniter habría pagado a Estudios Jurídicos Villasís
3.766.000 euros.
2º) Según las cuentas de Estudios Jurídicos Villacís en segundo
lugar, analizadas desde el 2006, este despacho habría percibido de
Uniter 2.265.000 euros;
3º) Según la contabilidad de Uniter también desde el año 2006
Estudios Jurídicos Villasís habría recibido 3.597.000 euros;
4º) y según las operaciones bancarias analizadas por la Guardia Civil
desde finales de 2005 a 2007, Estudios Jurídicos Villasís habría
recibido de Uniter 2.584.100 euros.
En cualquiera de los casos, se pone de manifiesto un
importantísimo trasvase de dinero, que no puede estar justificado,
por su importancia cuantitativa ni por las fechas en que se producen,
en el pago de honorarios, que como hemos visto también se han
pagado directamente por la Asociación.
Estudios Jurídicos Villasís se habría convertido de esta forma y
en primer término en el canal de distribución de los fondos ilícitos
obtenidos por Uniter para atender su propio beneficio y las
necesidades económicas de los demás intervinientes, pues a través
de él se producían diversos flujos dinerarios que nutrían a todo el
entramado. Estos fondos procedentes de Uniter tendrían en múltiples
casos un origen público derivado de las sobrecomisiones que
cobraba dicha mediadora y que en las operativas bancarias
analizadas por la Unidad Central Operativa ascienden a 1.061.700
euros, sobrecomisiones cuya existencia conocía el inculpado por su
relación con ambas agencias, con Juan Lanzas y por los favores que
Estudios Jurídicos Villasís devolvía al Director General de Trabajo
Sr. Guerrero, como veremos más adelante. Y también tales fondos
podrían proceder de las indemnizaciones del Fogasa, fondos
públicos en cualquier caso, pues sería la ayuda pública que se
concede al trabajador por los 30 últimos días de trabajo,
subrogándose dicho organismo público (FOGASA) en los derechos
del trabajador frente a la empresa: concretamente de las operaciones
analizadas por la Guardia Civil podrían tener este origen en la mejor
de las hipótesis para la defensa del inculpado, 1.522.400 euros, los
cuales tenían además una finalidad pública según el Acuerdo Marco
de 11 de septiembre de 2002, pues debían integrarse con la ayuda
sociolaboral otorgada por la Administración; no obstante sin el
consentimiento de los trabajadores, los cuales además podían
pertenecer a diferentes asociaciones, habría existido una apropiación
de dichos fondos en la que habría participado por su conocimiento el
inculpado, pues se habrían empleado en un destino distinto, como
abonar los gastos de estructura de Uniter, (incluidos en sus gastos de
adquisición) y los supuestos gastos de asesoramiento prestado a ésta
por Estudios Jurídicos Villasís.
En segundo lugar Estudios Jurídicos Villasís tendría otro papel
importantísimo además de servir de vía de distribución: se habría
convertido en un centro de blanqueo de las ganancias obtenidas por
“su empleado” Juan Lanzas, elaborándose y abonándose por
Estudios Jurídicos Villasís facturas falsas por servicios inexistentes
al entorno societario de su máximo conseguidor, a fin de borrar el
origen ilícito del dinero obtenido por éste basado en comisiones
ilícitas por su presunto trafico de influencias, gran parte de las
cuales tendrían su origen en fondos públicos.
Era tal la cobertura a todos los niveles que le ofrecía Estudios
Jurídicos Villasís a Juan Lanzas que sólo puede pensarse en una
distribución de las ganancias entre ambos.
Lo anteriormente expuesto quedaría constatado con el detalle
de las siguientes operativas:
1.- el 29 de noviembre de 2005: Uniter transfiere 235.000 euros a
Estudios Jurídicos Villasís, de los cuales 176.668 euros este
despacho los remite a las cuentas de Atrado Mensajería, sociedad
controlada por Juan Lanzas.
Estos 235.000 euros proceden a su vez de dos cheques por dicho
importe que el 24 de noviembre Uniter recibe de la cuenta de la
Asociación Faja Pirítica.
2.- El 6 de marzo de 2006: Uniter transfiere 107.400 euros a
Estudios Jurídicos Villasís, de los cuales 35.095 euros son
transferidos por este despacho a la cuenta de Atrado.
Estos 107.400 euros que envía Uniter a Estudios Jurídicos Villasís
proceden a su vez de un cheque por importe de 211.120 euros
recibido por la referida agencia el mismo día 6 de marzo procedente
también de la cuenta de la Asociación Faja Pirítica.
3.- El 17 de octubre de 2007: Uniter transfiere a Estudios Jurídicos
Villasís 100.000 euros, de los cuales este despacho remitiría 40.000
euros a Estudios Agenciales, sociedad igualmente controlada por el
Sr. Lanzas. Estos 100.000 euros proceden a su vez de dos cheques
por importe de 60.000 euros cada uno recibidos por Uniter de la
Asociación Faja Pirítica de Huelva.
Resulta cuanto menos sorprendente que con fondos
procedentes de la Asociación, ya sean públicos por las
sobrecomisiones o públicos por proceder de las indemnizaciones del
Fogasa, en base a estos trasvases de fondos que realiza Estudios
Jurídicos Villasís hacia empresas del entorno de Juan Lanzas, hayan
terminado en manos de este último 352.402 euros, quien a través de
Estudios Jurídicos Villasís termina participando de todo el pastel, no
solo en el de Vitalia.
4.- El 20 de diciembre de 2006: Uniter remite a Estudios Jurídicos
Villasís 95.000 euros, de los cuales 69.840 euros se transfieren a
Estudios Agenciales y que proceden de un cheque por importe de
290.000 euros que la Compañía Banco Vitalicio ingresa a Uniter
procedente de sus comisiones.
5.- El 8 de febrero de 2007: Uniter remite 90.000 euros a Estudios
Jurídicos Villasís, de los cuales 20.000 euros se destinan a Estudios
Agenciales.
Este ingreso de 90.000 euros procede de un abono por importe de
720.000 euros que Uniter recibe de la Compañía Banco Vitalicio.
6.- El 1 de marzo de 2007: Uniter transfiere a Estudios Jurídicos
Villasís 142.000 euros de los cuales 60.000 euros se remiten a
Estudios Agenciales. Estos 142.000 euros pueden provenir de los
300.000 euros que el día 16 de febrero Uniter recibe de sus
comisiones de la Compañía Banco Vitalicio o de cinco cheques que
el día 28 de febrero recibe de la Asociación por importe de 230.000
euros.
7.- El 15 de mayo de 2007: Uniter transfiere 20.000 euros a
Estudios Jurídicos Villasís de los cuales este despacho remite
10.000 euros a Estudios Agenciales. Esta transferencia de Uniter
procede de un abono que esta entidad recibe días antes de la
Compañía Banco Vitalicio por importe de 300.000 euros.
8.- El 6 de septiembre de 2007: Uniter transfiere a Estudios
Jurídicos Villasís 90.000 euros de los cuales este despacho, como
sucedería en los casos anteriores, remitiría 20.000 euros a la
sociedad Estudios Agenciales vinculada a Juan Lanzas.
9.- El 14 de septiembre de 2006: Estudios Jurídicos Villasís realiza
una transferencia por valor de 36.280 euros a favor de Maginae
Solutions, gracias a los fondos que recibe Estudios Jurídicos Villasís
de Uniter por importe de 139.200 euros.
Esta suma procede de una remesa de cheques pagada a Uniter
por importe de 300.000 euros el 12 de septiembre anterior por parte
de la Compañía la Estrella.
Vamos a ver a continuación una serie de operativas en las que
existe una clara coincidencia entre peticiones de pago de ayudas
comprometidas por la Consejería de Empleo, solicitud subsiguiente
de pago por parte del Director General de Trabajo Sr. Guerrero a
Estudios Jurídicos Villasís, y a estas empresas o a otras de su
entorno personal, e ingreso por parte de Uniter a Estudios Jurídicos
Villasís de la cantidad necesaria.
1) Antonio González Pérez, Rafael Rodríguez Fuentes y Muebles
Don Formón SL:
Esta entidad fue constituida el 9-08-05 por los dos anteriores,
despedidos de la empresa PROMI e incluidos posteriormente como
intrusos en la póliza de Saldauto.
Existe un primer correo fechado el 24-05-2006 procedente de
la Dirección General de Trabajo dirigido a Carlos Leal de Estudios
Jurídicos Villasís, en el que se dice que aunque hay dos afectados,
no hay disponibilidades económicas por el momento y que el
Director D. Francisco Javier Guerrero quiere que el citado Carlos
Leal atienda mediante un abono a Rafael Rodríguez Fuentes. De esta
forma Estudios Jurídicos Villasís adelanta el pago de 60.000 euros
para el Sr. Rodríguez Fuentes y al mes, el 1 de junio de 2006, Carlos
Leal recibiría otro correo de la secretaria del Director General de
Trabajo en el que le dice que estando resuelto el tema de Rafael
Rodríguez debía remitir otros 60.000 euros a Antonio González
Pérez.
De esta forma el 6 de julio de 2006 se produce un ingreso de
Uniter a Estudios Jurídicos Villasís para cubrir ambos pagos,
concretamente de un cheque por importe de 120.000 euros que
procede del ingreso que tuvo Uniter el 5 de julio por importe de
215.760 euros procedente de una cuenta de la Asociación Faja
Pirítica.
Asimismo el 30 de marzo de 2007 existe otro correo que
Carlos Leal envía a la secretaria del Sr. Guerrero en el que se expone
que Rafael Rodríguez ha recibido a cuenta de las ayudas pendientes
de la Consejería para “Muebles Don Formón” la suma de 36.400
euros, sociedad de la cual no hay ningún expediente de subvención
por lo que se trataría de ayuda comprometida por el Sr. Guerrero.
Esta cantidad se abona por el inculpado Carlos Leal el mismo
día 30 de marzo de 2007 mediante 18 imposiciones en efectivo por
cantidades inferiores a 3.000 euros desde su cuenta 772 a fin de
ocultar dicho pago, cuenta que posee saldo por una transferencia
interna desde la cuenta 3800 de Estudios Jurídicos Villasís, la cual a
su vez dispone de dinero suficiente gracias a que Uniter ese mismo
día y el anterior había realizado dos transferencias a la misma de
50.000 euros cada una.
Indiciariamente estos pagos por el inculpado D. Carlos Leal no
podrían tener otra justificación que hacer un favor al Sr. Guerrero
porque o bien el inculpado tiene una estrechísima amistad con el
citado Director General o porque está en una situación de previa
deuda con él, circunstancias ambas que favorecen los delitos contra
la Administración que aquí se imputan.
2.- La Roda Textil S.C.A y Maginae Solutions.
El 25-06-2004 el Director General Francisco Javier Guerrero
suscribió un Protocolo de Colaboración comprometiendo una ayuda
de 90.000 euros, la cual fue endosada al mes siguiente a la Caja de
San Fernando como garantía de un crédito por importe de 72.000
euros.
A los dos años, el 15-05-2006 la Presiente de la Cooperativa
Florencia del Pozo, remite una carta a Guerrero y a los 15 días ( el
31-05-2006) otra al Consejero Sr. Fernández para que se solventasen
los problemas que hubiera para su pago.
A principios de septiembre de 2006 desde la DGTS se remite
un comunicado a Villasís solicitando el abono de la cantidad, y este
despacho tras recibir el 5 de septiembre una transferencia de Uniter
por importe de 400.000 euros, procedente de una cuenta de la
Asociación Faja Pirítica, remite una transferencia de 100.000 euros
desde su cuenta 3814 a la cuenta de la Roda Textil. Esta
transferencia que realiza Estudios Jurídicos Villasís desde la citada
cuenta 3814 procede de 34 disposiciones en efectivo por cantidades
inferiores a 3.000 euros desde su cuenta 772, y todo ello a fin de
desconectar la citada transferencia con el origen del ingreso
procedente de Uniter (en la cuenta 3800).
Asimismo de los mismos fondos, Estudios Jurídicos Villasís
remitiría el 8 de septiembre 60.000 euros a Maginae Solution,
entidad también controlada por Juan Lanzas.
3.- Shapphire Grupo Empresarial y Promociones Vinícolas.
Shappire Grupo Empresarial, constituida en noviembre de
2005, estaba controlada por el chófer de Guerrero, D. Juan Francisco
Trujillo (aunque figuraba como administradora su prima Maria
Antonia Ferro Gutierrez). El Sr. Trujillo a su vez declaró haber
destinado el dinero que recibía procedente de subvenciones de la
Dirección General de Trabajo, a la compra de cocaína que compartía
con el Sr. Guerrero, además de obsequiarle con otros regalos.
Por su parte Promociones Vinícolas, es también una entidad
del entorno del Sr. Guerrero, pues su administrador era Gregorio
Martínez Piñero (Goyo), quien le suministraría inicialmente cocaína
a Guerrero a través de su chófer, e hijo de los dueños de “la posada
del Moro”, hotel rural de Cazalla de la Sierra que recibió
subvenciones por casi un millón de euros.
Promociones Vinícolas se constituyó en octubre de 2005 y en
febrero de 2006 se le concedió por el Director Sr. Guerrero una
subvención de 444.748 euros.
Se trataba de una empresa instrumental al igual que Shapphire
carente de actividad. Tanto Trujillo como Gregorio Martínez eran
socios de otra entidad llamada Inverdosmar, constituida según
declaró el Sr. Trujillo por consejo del Sr. Guerrero para recibir a
través de ella subvenciones.
Se distinguen varias operativas:
a) el 1 de agosto de 2006 la secretaria del Director General del
Sr. Guerrero remite un correo a Carlos Leal en el que le indica los
datos bancarios de Promociones Vinícolas para que efectúe a ésta un
abono, reclamándole supuestamente el mismo importe para
Shapphire Grupo Empresarial.
Antes de esta reclamación por escrito, como solía ser normal
mediante conversaciones previas entre las partes, de la cual queda
constancia en los correos, Carlos Leal indiciariamente le habría
indicado a Uniter la necesidad de dinero para la trama; de esta forma
José González Mata, que controlaba la Asociación de Faja Pirítica a
través de la oficina de Valverde, habría dispuesto lo necesario para
recibir el 31-07-06 una remesa de cheques por importe de 290.000
euros librados contra la cuenta de la Asociación. Con parte de esos
fondos, el día 2 de agosto Uniter bajo el concepto “factura minas
pendiente de emitir” ingresaría a Estudios Jurídicos Villasís 190.000
euros, destinando D. Carlos Leal 20.639 al entramado Atrado y el 3
de agosto traspasaría 169.000 euros a otra cuenta de Villasís, la 772,
desde donde para ocultar el origen del dinero como en otras
ocasiones se harían 20 disposiciones en efectivo de 3.000 euros, en
total 60.000 euros, haciéndose con ellos dos ingresos de 30.000
euros cada uno en otra cuenta del despacho, la 3814, desde donde se
ingresaría, como nuevo favor a Guerrero, 30.000 euros para
Promociones Vinícolas y 30.000 euros para Shapphire Grupo
Empresarial. El mismo día Carlos Leal remitiría a la Secretaria del
Sr. Guerrero por fax copias de las transferencias.
b) Indiciariamente, Carlos Leal a finales de noviembre de
2006, siguiendo también instrucciones del Sr. Guerrero, y
trasladadas estas a D. José González Mata, obtuvo el ingreso de
150.000 euros a Estudios Jurídicos Villasís por parte de Uniter el 7
de diciembre, procedente de una remesa de 7 cheques también de la
Asociación Faja Pirítica, destinando el Sr. Leal 42.000 euros a
Shappire Grupo Empresarial.
c) El despacho Estudios Jurídicos Villasís siguiendo
nuevamente instrucciones del Sr. Guerrero, de una remesa de 8
cheques procedentes de la Asociación Faja Pirítica destinó 6.960
euros a Shapphire Grupo Empresarial el 26 de diciembre de 2007, lo
cual es compatible con el dinero que el chofer de Guerrero
reconoció que Carlos Leal le hizo entrega por una factura falsa.
d) Para Promociones Vinícolas y siguiendo supuestamente
instrucciones del Sr. Guerrero, el 13 de noviembre de 2006, desde la
cuenta 3814 de Estudios Jurídicos Villasís se transfieren a la primera
entidad 48.080,97 euros (que proceden a su vez de 17 disposiciones
en efectivo de la cuenta 772, la cual tenía dinero por un ingreso de
100.000 euros desde la cuenta 3800) y que tienen su origen en el
ingreso el 10 de noviembre de 80.000 euros procedentes de Uniter y
derivados de sus comisiones de Banco Vitalicio, concretamente de
una remesa de cheques por importe de 300.000 euros.
4) Dehesa Navera SLL, Tialna SL y Megara S.C.A
Dehesa Navera se constituye en el año 2003, domiciliada en
las Navas de la Concepción y es beneficiaria de una subvención por
importe de 182.000 euros en virtud de Protocolo de Colaboración de
3-03-04, siendo endosada a Caja de San Fernando.
Tialna se constituye en 1989, domiciliada en las Navas de la
Concepción. Es beneficiaria de 3 subvenciones: 1ª) de 450.759 euros
en virtud de Protocolo de 20-06-2004 “endosado” a Caja de San
Fernando; la 2ª) de 190.333 euros en virtud de Protocolo de fecha
24-06-05 también “endosado” a la misma entidad y la 3ª) de 650.000
euros con Convenio con IDEA en 2006, que ha sido efectivamente
pagado.
Megara: ubicada en Constantina se constituye en 1987. Sin
antecedentes de subvenciones en la Junta de Andalucía.
Respecto de estas tres entidades por el Director General Sr.
Guerrero en febrero de 2006 se solicitaría a Carlos Leal el ingreso de
determinadas cantidades trasladando éste dicha necesidad de dinero
a González Mata; de esta forma éste último a través de Uniter se
proveería el 20-02-2006 de dos cheques por importe de 307.400
euros librados contra la cuenta de la Asociación Faja Pirítica,
traspasando de dicha suma 200.000 euros a Estudios Jurídicos
Villasís; de la misma Carlos Leal, siguiendo las indicaciones que por
escrito le remite la secretaria de la DGTS, transferiría 80.000 euros
para Tialna, 44.000 euros para Megara y 80.000 euros para Dehesa
Navera.
Nuevo favor al Sr. Guerrero.
5) Sociedad de Desarrollo Local El Pedroso.
Sociedad municipal constituida en 1996, formando parte de sus
órganos sociales Rafael Rosendo Villavieja, con el que el Sr.
Guerrero alternó el cargo de Alcalde y Concejal durante años y el
hijo del primero Rafael Rosendo Ríos y José María Sayago Lozano.
A esta entidad en poco más de cinco años se le concedieron ocho
subvenciones, si bien se suscribieron solo dos Convenios con IFA,
uno en el 2001 y otro en el 2003, por importe de 450.759 euros cada
uno. Existe un correo del Alcalde de El Pedroso dirigido al Director
Sr. Guerrero, de fecha 25 de enero de 2006 en el que en virtud de
una subvención de 240.000 euros concedida y descontada en la
Caixa, operación ya vencida, le ruega agilice la liquidación de la
misma y facilite nueva documentación para renovar la mencionada
operación con el banco.
El 03-04-2006 desde la secretaría de la DGTS se envía un
correo al inculpado D. Carlos Leal, interesando la transferencia para
dicha sociedad por importe de 240.000 euros según conversación
anterior. Efectivamente el pago se efectúa por el Sr. Leal y ello en
virtud del ingreso que Uniter realiza a Estudios Jurídicos Villasís
bajo el concepto de “honorarios mina” procedente de una cuenta de
Ingotor y muy probablemente con origen en las comisiones de las
pólizas. Otro favor hacia el Sr. Guerrero.
6) Factura Salvador García Rodríguez.
Salvador García en un escultor al que el Ayuntamiento de San
Nicolás del Puerto le encarga una estatua.
Entre la DGTS y el mencionado escultor se suscribió un
Protocolo de Colaboración por importe de 53.500 euros en fecha 11
de abril de 2006, para el abono por la Junta de dicha obra. La factura
final ascendió a 46.000 euros.
En la primera mitad de noviembre de 2006 el Director General
Sr. Guerrero solicitaría verbalmente a D. Carlos Leal el abono de la
factura y este se remitiría a su vez al Sr. González Mata para que le
hiciera llegar el dinero suficiente; Uniter el 17 de Noviembre de
2006 recibe una remesa de cheques del Banco Vitalicio por importe
de 200.000 euros procedente de las comisiones de las pólizas, dinero
más que suficiente para atender el pago de la escultura. Sin embargo
en la misma fecha 17 de Noviembre Uniter se proveería de un
cheque de 60.000 euros abonado contra la cuenta de la Asociación
Faja Pirítica y el 20 de noviembre de 3 cheques abonados contra la
citada cuenta por importe de 30.677,50 euros. El día 22 de
noviembre, con fondos más que suficientes de un lado y de otro,
Uniter transfirió 45.000 euros a Estudios Jurídicos Villasís bajo
concepto “a cuenta factura pendiente”. Teniendo ya Estudios
Jurídicos Villasís los referidos fondos en su poder, se cursaría por
parte del Director General Sr. Guerrero, la reclamación por escrito
de dicho pago a Carlos Leal, concretamente por fax el día 29 de
noviembre de 2006. Tras remitirse a éste último desde la secretaría
de la DGTS los datos personales y bancarios del escultor, D. Carlos
Leal efectuaría la transferencia a favor del artista, como así lo
confirmaría el hoy imputado mediante fax enviado a dicho
departamento.
7.- Verónica Galloso Villalba, propietaria de un restaurante
en el Real de la Jara.
Francisco Guerrero el 18 de enero de 2007 requeriría a Carlos
Leal Bonmati el pago a esta señora de 30.000 euros a través de su
secretaria mediante correo electrónico, pago que se efectúa por
Estudios Jurídicos Villasís realizando en la cuenta 772 doce
reintegros en efectivo de 2.500 € cada uno.
En definitiva nos encontramos con una figura, la de Don
Carlos Leal Bonmati, cuyo cometido indiciariamente estaría claro;
influir en la concesión de las ayudas por sus contactos con cargos de
la Junta y Sindicatos, distribuir fondos, en gran parte públicos,
suministrados por Uniter y además realizar operaciones de blanqueo.
No obstante la relación que evidencia D. Carlos Leal con el Director
General de Trabajo D. Francisco Javier Guerrero, de prestarle
continuos favores personales, y la que pone de manifiesto con Juan
Lanzas de abonar con sus supuestos honorarios facturas falsas al
entorno del mismo, coloca a D. Carlos Leal en una posición de
excesiva exposición para los beneficios reportados. Por ello la
conclusión no puede ser otra que una distribución oculta de
ganancias entre estos personajes, que nada añade más que completar
la historia, al presunto rol delictivo de Carlos Leal Bonmati.
SEGUNDO.- Los hechos indiciariamente relatados podrían ser
constitutivos de los siguiente delitos: prevaricación (art. 404),
malversación impropia (art. 435), falsedad en documento mercantil
(art. 392 en relación con el 390.1, 1º y 3º), delito de asociación
ilícita (art. 515), delito contra la hacienda pública (art. 305), tráfico
de influencias (art. 428), cohecho (art. 423) y delito de blanqueo de
capital (art. 301), artículos todos del Código Penal.
TERCERO.- De los hechos que se le han imputado, Don
Carlos Leal en su declaración judicial ha reconocido los siguientes:
1.- Que efectivamente, como se ha puesto de manifiesto a lo
largo de declaraciones anteriores, actuaba en procesos de
reestructuración empresarial que por su cercanía a los sindicatos, y
por consiguiente a la Junta, obtenían financiación pública en
detrimento de otras empresas y trabajadores que no tenían tales
contactos, ni las subvenciones sociolaborales le eran conocidas,
como ha expuesto el Ministerio Fiscal, por su falta de publicidad.
2.- En este ambiente de cierto privilegio, pues sus altos
honorarios estaban garantizados por fondos públicos de una forma u
otra, comienza a actuar en el fenómeno de las asociaciones, respecto
de las que el inculpado a lo largo de su declaración ha efectuado una
equivalencia de “Asociación = Sindicato”, invento que crean estas
asociaciones sindicales para canalizar algunas subvenciones que
tuvieran que percibir para ejercer acciones sindicales y que durante
tiempo habría sido admitido por la Junta de Andalucía.
Verdaderamente singular, según lo que ha declarado el Sr. Leal, fue
la Asociación de la Faja Pirítica de Huelva, carente de asociados, de
estructura asociativa, siendo tan solo un instrumento en manos de
los sindicatos UGT y CCOO, que contaba tan solo con Junta
Directiva de dichas organizaciones sindicales y con seis empleados
de dichos sindicatos costeados por la Junta de Andalucía. Como bien
ha señalado el Ministerio Público, se trataría de una mera pantalla
que habría burlado todos los controles fiscales, laborales y
administrativos. Su existencia se justificaba por la esperpéntica
razón de que los prejubilados eran mineros (que además habían
dejado de serlo hacía muchísimos años), personas a las que le
supone el inculpado una inusitada incapacidad para desplazarse a las
asesorías jurídicas de los sindicatos de las cercanas ciudades de
Huelva o Sevilla, si alguna cuestión tenían que plantearles.
Ha reconocido también que la Asociación, en definitiva los
sindicatos, con la decidida ayuda de Uniter y del inculpado que
controlaba el contenido de las cuentas de aquella, se apoderarían de
las indemnizaciones del FOGASA que ascendían nada menos que a
7.000.000 de euros según reconoce el Sr. Leal, fondos que a juicio
de esta instructora son públicos en la medida que proceden de un
organismo público, los cuales no llegaron a ser entregados a los
trabajadores, sino que eran custodiados por la Asociación que el
imputado gestionaba y que debieron ser destinados además a una
finalidad pública concreta, que era aminorar la prima de las pólizas
de prejubilaciones. En vez de ello, como así lo ha reconocido Don
Carlos Leal, se destinó este dinero para un uso particular y ajeno a
los trabajadores cedentes de dichas indemnizaciones: abonar a
Estudios Jurídicos Villasís cinco millones de euros de honorarios
correspondiente a su relación con Uniter y el resto la citada
mediadora, no descartando que los sindicatos pudieran haberse
quedado con alguna parte.
3.- Resulta inverosímil la explicación ofrecida sobre los
adelantos que realizo el inculpado respecto de las subvenciones
comprometidas por la Dirección General de Trabajo, reconociendo
en cualquier caso que estos adelantos efectivamente se produjeron
por su parte, si bien argumenta que lo hizo en atención a los
sindicatos que fueron quienes se lo pidieron; y aunque se reunió con
el Director General de Trabajo y este le mostró los expedientes de
las subvenciones y le iba mostrando parte de dicha documentación,
el inculpado pese a su condición de letrado y a pesar de que iba a
asumir, aunque solo fuera temporalmente, el pago de dichas ayudas
públicas, no se preocupó de conocer si esas subvenciones eran
legales, pues por lo pronto ya era llamativo que no tuvieran crédito
suficiente para abonarlas y las hubieran concedido, tampoco se
preocupó si habían sido fiscalizadas previamente por la Intervención
General, si las mismas respondían a un proyecto o alguna necesidad
completa, en definitiva si reunían los requisitos propios de una
subvención. Y admitiendo hipotéticamente que esto hubiera podido
ocurrir así, lo que el inculpado nos sugiere es la imagen de un
tercero prestando ayuda económica a la Dirección General de
Trabajo de la Junta de Andalucía, procedente de las indemnizaciones
del FOGASA correspondiente a los trabajadores que habían
extinguido su relación labora; es más, como al final no se pagaron
las subvenciones el inculpado admite que facturó a la Asociación
por un servicio inexistente para recuperar los 900.000 euros
aproximadamente prestados, más el IVA, en total 1.300.000 euros,
impuesto que además le supuso una ganancia adicional, siendo así
que este 1.300.000 euros volverían a salir de las sufridas
indemnizaciones del FOGASA.
4.- Ha reconocido por lo demás que ha facturado a ATRADO,
ESTUDIOS AGENCIALES, CONEXIÓN EN REPARTO, sin que
le prestara servicio alguno a las mismas y ello para pagarle los
honorarios pactados a Juan Lanzas, lo mismo que ocurriría con AL-
ANDALUS MASS MEDIA CHANNEL, de lo que se desprende, al
margen de una presunta falsedad en documento mercantil y un
presunto delito de blanqueo de capitales.
5.- Ha admitido también, que los trabajos que ha realizado en
Samec, Río Grande, Aglomerados Morell y Primayor le llegaron a
través de Juan Lanzas, sabiendo que éste se relacionaba tanto con
empresarios, como con sindicatos, como con representante de la
Administración; en todas estas empresas, hubo financiación pública,
pues para él era previsible, como así lo reconoció, cuando intervenía
Juan Lanzas (tráfico de influencias, malversación). Ha destacado en
su declaración un capítulo especial a la ayuda proporcionada por
Juan Lanzas a través de sus numerosos contactos con altos cargo de
la Junta en la inversión Dhul-Proasego, relacionado con el tema de
Primayor, en la que se concederían millonarias subvenciones gracias
a la intervención de Gaspar Zarrías en que se le concediera de
manera inmediata a la familia Ruiz Mateos un préstamo sindicado
por el importe de la subvención concedida de aproximadamente 15
millones de euros. Al inculpado le supuso la firma de un contrato
con unos honorarios, en principio, de 1.250.000 euros, que
finalmente no se llevaría a cabo por la crisis económica y por la
incoación de la presente causa.
CUARTO.- Procediendo a continuación a explicar los
presupuestos de la medida cautelar de prisión provisional, debemos
comenzar por afirmar que los delitos anteriormente expuestos, de
conformidad con el art. 503.1 de la L.E.Crim., en la clasificación
provisional que de los hechos se realiza, cumplen sobradamente el
mínimo penológico establecido para la medida de prisión
provisional, pues atendiendo al delito de malversación impropia,
cohecho, blanqueo de capital o asociación ilícita, se supera el
mínimo de los dos años de privación de libertad.
El inculpado Carlos Lean Bonmati, abogado y perteneciente al
despacho Estudios Jurídicos Villasís, habría podido cometer el delito
de asociación ilícita por la organización criminal a la que el mismo
pertenecía, la cual estaría, como se ha puesto de manifiesto en
resoluciones anteriores, jerarquizada y con un reparto de roles muy
concretos para cada interviniente, manteniéndose la misma a lo lardo
del tiempo. En el caso de Don Carlos Leal, su actividad comenzaría
por la obtención ilícita de la ayuda pública derivada de su cercanía
con determinados cargos de la Administración, cuyo cometido era
participar en la concesión de tales subvenciones (prevaricación,
tráfico de influencias, cohecho).
Conseguida la ayuda, el Sr. Leal Bonmati percibiría sus
honorarios normalmente de las mediadoras que lo habían contratado,
a sabiendas que los mismos procedían de las sobrecomisiones que
aquellas cobraban y que derivarían ilegítimamente de los fondos de
la Junta de Andalucía o bien de las indemnizaciones del FOGASA,
las cuales, como ya se ha expuesto, no abandonaban su condición
de fondos públicos por estar custodiadas por la Asociación que él
había constituido (Asociación Faja Pirítica) y además estaban
afectos, en virtud del Acuerdo Marco de 11 de septiembre de 2002, a
la finalidad pública de reducir el importe de la prima de las pólizas
que sirvieron de ayuda sociolaboral para los trabajadores
(malversación impropia), finalidad que distaba mucho usarlos para
el abono de unos honorarios particulares.
Obtenidos los fondos o ganancias ilícitas, el cometido del Sr.
Leal Bonmati, como ha quedado expuesto, sería en segundo lugar
servir de canal de distribución de los mismos para su
enriquecimiento y para atender las necesidades de terceros
integrantes de la trama. Y en tercer lugar, su misión sería aflorar al
tráfico mercantil las ganancias ilícitas conseguidas por una figura
principal, el coimputado Don Juan Lanzas Fernández, mediante
pagos de factura falsas a entidades sin actividad, controlados por él
(Esta actividad de blanqueo de capital, podría estar aderezada por la
participación del inculpado en delito de falsedad en documento
mercantil, pues según Eduardo Leal del Real, dueño de las
sociedades pantalla, fueron varias las reuniones entre Carlos, Lanzas
y él para la elaboración de la facturación falsa y también podría
acompañarse de delitos contra la Hacienda Pública).
En la presente causa, por la importante documental
incorporada a los autos, básicamente el detallado atestado 33/2013
de la Guardia Civil que incorpora multitud de anexos documentales,
la documental aportada por la propia parte, las testificales tomadas
en sede policial y las declaraciones judiciales de otros coimputados
(esencialmente el Sr. González Mata y el Sr. Albarracín), existen
motivos bastantes para creer responsable criminalmente a Don
Carlos Leal de los numerosos delitos que se le imputan, los cuales
llevan aparejadas penas de igual naturaleza, indicios racionales que
se han motivado con mayor o menor acierto en la presente
resolución.
Pero la enumeración de tales indicios no es suficiente, es
necesario conectar la medida de privación de libertad, que debe ser
siempre excepcional y subsidiaria, con el cumplimiento de los
llamados "fines constitucionalmente legítimos", lo que nos obliga a
valorar las circunstancias personales del inculpado en relación con el
proceso y en definitiva a medir los citados fines y las referidas
circunstancias bajo el prisma de la proporcionalidad, que exige no
solo que la medida sea adecuada a dichos fines (riesgo de fuga,
riesgo de entorpecer la instrucción de la causa alterando o
destruyendo pruebas o riesgo de reiteración delictiva), sino que el
sacrificio de la libertad sea razonable en compensación con la
importancia de la finalidad de la medida.
En el caso de autos, al igual que acontecía con el Sr. González
Mata, descartamos a priori, salvo ulteriores delitos de blanqueo, la
actividad criminal principal que se le imputa al Sr. Leal Bonmati y
por ello la cuestión a debatir es si el inculpado puede por sus
circunstancias personales tener voluntad y medios para evadirse de
la acción de la justicia o si puede por sí o a través de terceros,
alterar, destruir o influir en medios de prueba.
En cuanto al riesgo de fuga es incuestionable que el Sr. Leal
Bonmati no ha realizado el menor intento, en los dos años que dura
la instrucción de la causa, de evasión a la acción de la justicia, y
aunque es cierto que hace solo un mes que conoce la verdadera
entidad de los hechos que se le imputan, tampoco en este tiempo ha
intentado evadirse, habiendo comparecido el segundo día de su
declaración tras haber escuchado la detallada imputación de hechos
que se le hizo el primer día que compareció.
En cuanto a las pruebas, es obvio que en una instrucción tan
larga y con tantos frentes, la posibilidad de nuevas pruebas va a
existir siempre y siempre, aunque cada vez con menos intensidad,
existirá la posibilidad de que los imputados puedan influir en ellas.
Sin embargo esto es un aserto general, sin que se adivine por ahora
más peligro por parte del Sr. Leal en influir sobre pruebas que los
que en hipótesis puedan venir de la mano de los sindicatos, debiendo
a tal efecto mantenerse las cautelas propias de la investigación que
se está llevando a cabo.
Ahora bien, estas afirmaciones no descartan en modo alguno ni
el riesgo de alterar las fuentes de prueba ni por supuesto, y esto es lo
más importante, descartar la probabilidad aunque difusa de ese
riesgo de evasión por parte del Sr. Carlos Leal, pues su trayectoria
profesional al menos durante este tiempo, ha quedado en entredicho,
su proyección social ha debido quedar "tocada" igualmente, el
enjuiciamiento de la causa se presume largo y el riesgo de fuga
(aunque no es relevante para decretar sin más la prisión provisional)
es inherente a la gravedad de los hechos y por ello de imposible
supresión en términos absolutos.
Por todo ello, combinando adecuadamente los riesgos con el
principio de proporcionalidad, resulta necesario asegurar la
permanencia de Don Carlos Leal a disposición de la presente causa,
y decretar severas cautelas que garanticen su presencia y su
inmediata disponibilidad, entre ellas la prestación de fianza. Sobre
ella el Tribunal Constitucional (SSTC de 29 de septiembre de 2003
y 17 de abril de 1989 entre otras) señala que de conformidad con el
art. 531 de la L.E.Crim. debe valorarse de un lado la gravedad de los
delitos que se le imputan, y de otro las circunstancias personales del
encausado, pues debe ser un contraestímulo relevante para conjurar
el eventual riesgo de fuga y por otro, no debe ser inasequible a los
medios de fortuna de los que aquél disponga, de modo que pueda
hacer ilusoria su puesta en libertad. En el caso de autos, valorando
su participación y el enriquecimiento menor que el Sr. Bonmati ha
tenido en relación con otros partícipes de la trama, se determina la
fianza carcelaria en 150.000 euros. El resto de cautelas será como en
otros casos, designación de domicilio en el que pueda ser localizado
y que no podrá variar sin autorización judicial, obligación apud acta
de comparecer ante el Juzgado de Instrucción más próximo a su
domicilio y prohibición de abandonar el territorio espalo,
reteniéndole tanto su DNI como su pasaporte.
QUINTO.- En cuanto a las medidas cautelares reales, se dan
por reproducidos todos y cada uno de los argumentos que resultan
de aplicación del auto de fecha 27 de mayo de 2013, si bien por la
menor participación de Don Carlos Leal en el proceso, pues no se
considera que el mismo tuviera ninguna función a la hora de pactar
las sobrecomisiones, aunque él se beneficiara en parte de ellas o
como el ha reconocido, de las indemnizaciones del Fondo de
Garantía Salarial, se fija la posible responsabilidad pecuniaria del
mismo en el 25 % del importe de las primas de las pólizas que
gestionó o en cuyo expediente intervino, pagadas por la Junta de
Andalucía, que se recogen en el "desplegable", salvo en los dos
grandes procesos, Santana y Faja Pirítica, en que se cifra dicha
responsabilidad en un 10 %, pues aunque el mismo se lucrara de las
Asociaciones, parece que las mismas tenían el beneplácito de la
Administración y siempre de los sindicatos, no estando en su esfera
de voluntad constituirlas o no, pero si participar en su gestión.
No se ha tomado en consideración la participación del Sr. Leal
en el expediente de la Industria Naval de Cádiz por no contar con
ningún soporte policial sobre dicho expediente.
Se fija pues la responsabilidad pecuniaria en 26.185.394,94
euros que incrementado con el tercio, resulta la suma de
34.826.575,27 euros.
Pues bien, habiéndose acordado medidas de bloqueo sobre
saldos de cuentas corrientes de Don Carlos Leal Bonmati, procede
por la inmediata disponibilidad de tales bienes comenzar con los
embargos de las cuentas bloqueadas por auto de fecha 2 de julio de
2013 con la correspondiente notificación del embargo al despacho
Estudios Jurídicos Villasís, continuando con los embargos de las
fincas en las proporción que le corresponde a Carlos Leal Bonmati,
inscritas en los Registraos de la Propiedad números 2 y 12 de
Sevilla.
PARTE DISPOSITIVA
De conformidad con los razonamientos expuestos en la
presente resolución, S. SRIA. ACUERDA:
1.- SE DECRETA LA PRISIÓN PROVISIONAL DE DON
CARLOS LEAL BONMATI, que podrá eludir si presta FIANZA
DE CIENTO CINCUENTA MIL (150.000) EUROS, y el
cumplimiento de las siguientes cautelas:
- Designación de domicilio en el que pueda ser localizado
y que no podrá varias sin autorización judicial.
- Obligación apud acta de comparece ante el Juzgado de
Instrucción más próximo a su domicilio todos los jueves y ante
este Juzgado o el que conozca de la causa, cuantas veces fuere
llamado.
- Prohibición de abandonar el territorio español,
reteniéndole tanto su DNI como su pasaporte.
2.- Se fija en TREINTA Y CUATRO MILLONES,
OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL, QUINIENTOS SETENTA
Y CINCO CON VEINTISIETE CENTIMOS (34.826.575,27) DE
EUROS, la posible responsabilidad pecuniaria de Don Carlos
Leal Bonmati.
Requiérase al Sr. Leal Bonmati el pago de la cantidad fijada
como fianza, y si no lo verifica en el término de una audiencia, con
el fin de garantizar la fianza real impuesta, procede la inmediata
disponibilidad de los bienes, comenzando por el embargo de los
saldos de las cuentas bloqueadas por auto de fecha 2 de julio de
2013, notificándose dicho embargo al despacho Estudios Jurídicos
Villasís.
Igualmente se decreta el embargo de las fincas en las
proporción que le corresponde a Carlos Leal Bonmati, inscritas en
los Registraos de la Propiedad números 2 y 12 de Sevilla.
Notifíquese la presente resolución al interesado, Ministerio
Fiscal y partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma
cabe recurso de reforma, o reforma y subsidiaria apelación en el
término de tres días, o recurso de apelación directo en el término de
cinco días, haciéndoles saber a las acusaciones populares la
obligación de consignar el preceptivo depósito para recurrir.
Así lo acuerda, manda y firma D. MERCEDES ALAYA
RODRIGUEZ, MAGISTRADA JUEZ del JUZGADO DE
INSTRUCCION Nº 6 DE SEVILLA y su partido.
