1

Defensor General Mario Jaime Kestelboim

Defensora General AdjuntaContencioso Administrativo y TributarioDra. Graciela Elena Christe

Defensor General Adjunto Penal, Contravencional y de Faltas (I)Dr. Luis Esteban Duacastella Arbizu

Secretaria General de Derechos HumanosDra. Bettina Castorino

Coordinadora del Programa de Género Lic. Josefina Fernández

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires MINISTERIO PÚBLICO

Autoridades

2

3

Papeles de Trabajo Nº 5

MESA DE DIÁLOGOPOLÍTICAS PÚBLICAS

Y PROSTITUCIÓN

PRESENTACIÓN

7PRIMER PANEL

Políticas Públicas y Prostitución

11Las adhesiones a la Mesa de Diálogo Políticas

Públicas y Prostitución

27El debate

29SEGUNDO PANEL

Abolicionismo, Prohibicionismo y Reglamentarismo

35El debate

55LAS MESAS DE TRABAJO

65

7

Es un hecho conocido que, en los últimos años, las discusiones sobre prostitución han tenido un itinerario complejo, difícil en tér-minos de logro de consensos e incluso, de oportunidades de conver-sación entre posiciones político-ideológicas que se presentan como antagónicas. Esto ha dificultado la búsqueda y armado de propuestas de intervención que —aun admitiendo las diferentes perspectivas—, expresen acuerdos mínimos de trabajo que permitan reclamar al Es-tado políticas que redunden en una mejor calidad de vida de aquellas personas que viven del ejercicio de la prostitución y lo entienden como legítimo y/o que apoyen y acompañen el abandono del mismo cuando sus protagonistas quieren hacerlo. Unas y otras se proponen comba-tir la vulneración de los derechos fundamentales de las personas en prostitución y se expresan, además, en contra de la persecución, el hostigamiento policial, la corrupción, los registros policiales y médico-sanitarios, la criminalización directa y/o indirecta. Estas similitudes, no obstante, no se extienden a la propuesta sobre cómo enfrentar dicha vulneración, en qué espacios y con qué armas hacerlo.

Dialogar sobre estos tópicos y sobre las posibilidades de pe-ticionar al GCABA la implementación de una política pública que atienda a las demandas y necesidades de las personas que se encuen-tran en situación de prostitución o hacen de esta un trabajo, fue el objetivo de la Mesa de Diálogo Políticas Públicas y Prostitución, cuyo desarrollo presentamos en este documento.*

La propuesta fue trabajar bajo dos modalidades. La primera propuso escuchar y también debatir con un grupo de panelistas que generosamente se sumaron a esta iniciativa de la Secretaría General de Derechos Humanos de la Defensoría General de la CABA. La segunda modalidad reunió fundamentalmente a las integrantes de las organiza-ciones que están directamente implicadas en la temática, con quienes se conformaron mesas de trabajo que se desarrollaron con posteriori-dad a los paneles.

PRESENTACIÓN

* El presente documento es producto de la desgrabación de las ponencias y el posterior debate de la Mesa de Diálogo.

8

“Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. En mi nombre y en nombre del Dr. Mario Kestelboim, tengo el gusto de dar comienzo a esta jornada. Agradezco al Centro Cultural Rojas por prestar-nos el lugar.

Sabemos que todas las discusiones que se dan en torno a la prostitución y las políticas públicas, son muy complejas. En el entendimiento de que esas discusiones, en algunos casos, traban la adopción de medidas concre-tas por parte del Estado o este mismo advierte en tales debates un obstáculo para tomar decisiones, es que qui-simos entablar este diálogo; reunirnos y conversar sobre las distintas posiciones y perspectivas posibles. En otras palabras, con el objetivo de encontrar la base de un con-senso que permita continuar en el reclamo de acciones positivas, no penales, al Estado.

Quiero mencionar especialmente un antecedente que fuera presentado el año pasado en la Legislatura por-teña, a iniciativa de la Dra Diana Maffía, a quien agradez-co su presencia. Este antecedente es el Plan Marco para la Promoción de los Derechos Humanos de las Personas en Situación de Prostitución.

Bettina Castorino es la actual Secretaria General de Derechos Humanos de la Defensoría General y nos hablará del rol de la Defensa Pública en la CABA. Es abogada (UBA), es-pecialista en Derecho Penal (Universidad de Palermo). Fue Defensora Oficial Contraven-cional y de Faltas en el período 1998/2002. Presidió el Consejo de la Magistratura CABA durante los años 2002 a 2005 y fue Defensora General Adjunta Penal, Contravencional y de Faltas desde el año 2005 al 2009. Desde entonces, se desempeña en esa Secretaría.

9

Muy brevemente, quiero decirles que la Defensa Pública en la Ciudad existe desde el año 1998. Por aquel entonces, me desempeñaba como Defensora en lo Con-travencional y Faltas y trabajé en las causas de lo que por esos años era el Artículo 71. Algunos talleres, incluso, los dimos aquí en el Rojas. La Defensa Pública sigue hacien-do ese trabajo, porque las causas siguen presentes.

El poder punitivo del Estado sigue actuando en el artículo 81, las actas contravencionales se siguen labrando a quienes ofrecen servicios sexuales. Ello, a pesar de que la prohibición, al menos formalmente, alcanza al oferente y al demandante por igual.

Recuerdo un caso que llegó a la Defensoría Nº 1, a mi cargo en aquel momento, identificado como León Be-nito en el que sí hubo demandantes, tres varones. El caso llegó a la Corte Suprema de la Nación; hubo condena en primera instancia, en segunda instancia, en la Cámara y, entonces, nos vimos obligados a recurrir al Tribunal Su-perior de la Ciudad de Buenos Aires e ir luego a la Corte Suprema de la Nación. Si bien no hubo un pronuncia-miento sobre el fondo de la cuestión —la inconstituciona-lidad de aquel artículo 71—., la causa prescribió y las per-sonas quedaron absueltas. En ese caso, la afectación a la tranquilidad pública, acorde a la denominación de aquel artículo, fue verificada por todos los jueces porque había un bocinazo en el video que se mostraba como prueba. La persona travesti estaba parada en la vereda y un auto con tres ocupantes hablaban con ella. En ese momento, pasa otro auto y tocó bocina como expresión de su molestia porque el anterior obstaculizaba su paso. Observen uste-des cómo el sistema se puso en marcha inmediatamente: un bocinazo alteraba la tranquilidad pública. ¡Si fuera por este tipo de ruidos habría que cerrar la ciudad!

10

Como decía al principio, deberíamos poder pensar desde la Defensa Pública, en diálogo con ustedes, espe-cialistas, protagonistas e interesadas, acciones no penales. Esto es, que la Defensa Pública pueda hacer un aporte en estas luchas, que no sean solo reactivas frente a la causa penal, que podamos acudir a acciones positivas mediante nuestros defensores y defensoras que están en el fuero no penal, el contencioso, administrativo y tributario. Acciones positivas que impliquen el patrocinio en reclamos judicia-les, interpelando al Poder Ejecutivo para la implementa-ción de una política que hoy no existe. Esperamos que de este encuentro surjan propuestas sobre la base de un con-senso que luego podamos traducir en acciones concretas. Les doy la bienvenida y muchas gracias.

1111

La Licenciada María Elena Naddeo se ha desempeñado como docente y Profesora de Historia. Hizo el Posgrado Interdisciplinario en Género de la Facultad de Psicología de la UBA. Fue Presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes entre los años 2000 y 2007. Lesgisladora de la CABA, coatura de leyes fundantes como la Ley 114, 153, 418, 474 y otras. Actualmente preside la Comisión de Mujer, Infancia y Adolescencia. Es parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y coor-dina el Instituto Latinoamericano de Estudios Políticos y Sociales (ILEPOS). Integra como docente la Primera Cátedra Interdisciplinaria en Prevención de Adicciones de la Facultad de Medicina.

PRIMER PANELPOLÍTICAS PÚBLICAS

Y PROSTITUCIÓN

“Muchas gracias por esta invitación de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente a Bettina Castorino que ha promovido esta iniciativa.

Uno de los grandes temas que tenemos pendientes en la sociedad contemporánea refiere precisamente al tópico que nos convoca. Hemos avanzado mucho en Derechos Humanos, desde los compromisos y tratados con las Na-ciones Unidas al presente. Sin embargo, hay temas que si-

*Por razones de salud, la Presidenta del Parlamento de Mujeres de la CABA, Lic. Virginia Franganillo, no asistió.

Conformado por:*Diputada María Elena Naddeo, Diputada María José Lubertino,

Diputada María Laura García Tuñón yLicenciada Carola Saricas (Programa Víctimas contra las Violencias).

12

guen estando fuera o son tratados con cierta resignación o naturalización.

Ustedes saben que nuestro país es abolicionista; suscri-bió a la Convención contra Toda Forma de Prostitución y Explotación Sexual, en el año 1949. Con lo cual, Argenti-na se expresó abolicionista. Más allá de eso, las Naciones Unidas, la CEDAW, la Plataforma de Acción de Beijing, en 1995, orientaron la discusión en términos de considerar la explotación sexual como una forma de violencia de géne-ro, como una de las formas en que se expresa la subordina-ción entre los géneros.

Numerosos estudios y debates que se realizan dentro del movimiento de mujeres y también en investigaciones de UNICEF, muestran que el ejercicio de la prostitución genera múltiples traumatismos en la vida de las personas que atraviesan esta actividad. Al considerarlo como una de las formas de la violencia de género, planteamos que es necesario el desarrollo de políticas activas para incluir a las personas que están en prostitución y así alcanzar la pleni-tud de sus derechos económicos, sociales y culturales que están siendo vulnerados. Creo que quien está en ejercicio de la prostitución, más aún cuando se trata de mujeres hu-mildes, de sectores populares, chicas travestis, está en situa-ción de vulnerabilidad y de riesgo en mayor medida que otro tipo de trabajadores y trabajadoras. Se trata de una definición conceptual y, por tanto, luchamos y tratamos de construir una sociedad libre de prostitución y, en términos más generales, de subordinación de género.

Comentamos con Elena Reynaga y otras compañeras, antes de iniciarse el panel, las luchas que encaramos todas juntas contra los Edictos Policiales. Esta fue una batalla ga-nada, en la década del 90. Allí apareció esta idea de que era necesario generar una política de Estado destinada a

13

la inclusión social, laboral y educativa de las personas en situación de prostitución. En aquella discusión sobre el Có-digo de Convivencia Urbana, en la Legislatura porteña, presentamos, con el consenso de varias organizaciones de mujeres (AMMAR, las Oblatas, ATEM, etc.), el programa PRED (Programa de Restitución de Derechos). Era una propuesta de inclusión laboral para las personas en prosti-tución. Este proyecto no avanzó gracias a sectores “fachos”, que empezaron a mandar cartas a las radios y mensajes a la Legislatura planteando que esta iniciativa proponía dar trabajo a las prostitutas y no a las mujeres decentes. La ley no se votó, quedó pendiente.

Luego, hace dos años, Diana Maffía presentó un pro-grama integral de acceso a los Derechos Humanos de las personas en prostitución. Y este año, vuelvo a presentar, con la firma de diputadas y diputados de distintos bloques, aquel viejo PRED. Un programa que es un recorte del pre-sentado por Diana Maffía. Lo que quiero decirles es que, en esta etapa, este tipo de iniciativas es de muy difícil resolu-ción. La dificultad se agrava cuando no hay acuerdo entre quienes estamos involucradas en el tema de los derechos de las mujeres y del reconocimiento a las personas trans. Hay muchas diferencias internas y creo que la única vez que logramos tener un acuerdo unánime fue con la norma sobre aborto no punible, con la que tuvimos el respaldo de la Corte Suprema de la Nación. Así y todo, ustedes lo saben, fue vetada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien hay consenso respecto a condenar la explotación sexual infantil y juvenil, antes de los 18 años, las diferencias comienzan a partir de allí. Creo que la discusión sobre la trata ocultó el debate sobre explotación sexual. De alguna manera, los organismos internacionales hicieron foco en la lucha contra la trata y pasó a un segundo término la cues-

1414

tión de la explotación sexual. Y en el avance en la lucha contra las redes mafiosas de trata, aparece la mirada prohi-bicionista con más fuerza. Hay que clausurar aquellos luga-res, prostíbulos, en los que se encuentran mujeres tratadas, porque no hay dudas de la existencia de explotación se-xual y daño. Sin embargo, no aparece con la misma fuerza la solución de fondo: cortar las redes de explotación sexual y trata y, simultáneamente, generar políticas de inclusión laboral y trabajo genuino para las personas que quieran salir de esa situación de explotación.

Luchamos a favor de quiénes son víctimas de la explo-tación sexual. No estamos por el prohibicionismo ni por la persecución penal, pero sí a favor de generar algún con-senso para poder reclamar al Estado políticas de inclusión. Por supuesto que no creo que el PRO apruebe el proyecto que hemos presentado, sus integrantes tienen una visión muy peculiar sobre el tema, no entienden la necesidad de este tipo de políticas.

En el proyecto que presenté incluimos, además del ac-ceso a un empleo y a la salud, la asignación de becas para estudio e integración de las mujeres en prostitución a un trabajo estable. También incluimos la difusión de la pro-puesta en aquellos espacios en donde las mujeres están tra-bajando. Ello, porque necesitamos estar más cerca de ellas, en la trinchera y poder así reconocer el sufrimiento real que padecen.

Hay mucho más para agregar, pero prefiero que quede lugar para el debate.”

1515

El tema al que me voy a referir es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. El Programa “Las Víctimas contra Las Violencias”, a cargo de la Dra. Eva Giberti, tiene varios equipos de trabajo: la línea 137, que recepciona llamados de orientación e información en casos de violencia familiar y que dispone de equipos interdisciplinarios que se trasladan a la escena donde está sucediendo la violencia en situaciones de urgencia y emergencia. Luego la “Brigada Niñ@s contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescen-tes” que integro. Trabajamos con casos de abuso y violaciones acompañando a la víctima en el proceso de denuncia. El tra-bajo de este equipo es muy complejo, la misma problemática lo es ya que se encuentra silenciada. En sus orígenes, en el año 2007, el objetivo era intervenir en situaciones de “prostitu-ción infantil” en calle. Es decir, en el momento en que una persona, aparentemente menor de 18 años y encontrándo-se en situación de prostitución es abordada por un “cliente” (prostituyente) previa a la entrada a un hotel alojamiento o albergue transitorio. Al observarse esta situación se intervenía ahí mismo.

El equipo, conformado por psicólogas y trabajadoras so-ciales, en mi caso Licenciada en Ciencias Políticas y especia-lizada en este tema, interveniamos en ese momento junto a la Policía Federal. Los agentes policiales —que pertenecían

Carola Sarica es Licenciada en Ciencias Políticas con Orientación en Procesos Políticos (UCA). Su tesis final fue sobre la Explotación Sexual Comercial Infantil en Comodoro Rivadavia. Desde el año 2007 se desempeña, como integrante del equipo técnico, en el Programa Las Víctimas contra las Violencias (a cargo de la Dra. Eva Giberti) del Minis-terio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Coordinadora de la Brigada Niñ@s contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes. Entre el 2009 y el 2011 prestó colaboración en la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

1616

a nuestro equipo— demoraban al cliente, mientras que nos acercábamos a la víctima. Ella nos decía que estaba trabajando y que molestábamos su trabajo rechazando el ofrecimiento de ayuda. No se reconocía como víctima. El otro inconveniente se daba con la policía. Nuestro equipo debía llamar al 911 solici-tando un móvil de la jurisdicción. En general, nos planteaban que no había delito. ¿Cuál era el problema? argumentaban, si, en definitiva, la chica era una putita. El cliente tenía urgencia por volver a su casa y tampoco él reconocía un delito en tanto había llegado a un acuerdo monetario con la víctima. Al llegar todos a la comisaría, por supuesto, el cliente salía de la depen-dencia policial mucho más rápido que el equipo profesional que estaba trabajando con el caso. Ante la consulta judicial, también allí nos preguntaban ¿cuál es el delito? Si referíamos que se trataba de un caso de explotación sexual comercial infantil, la cuestión era determinar la edad de la víctima. Si tenía 8 años no había inconvenientes, pero si estábamos en la franja entre los 15 a 18 años, la pregunta era ¿cuántos años dice la víctima que tiene? Por supuesto, ninguna tenía documentos y todas decían tener al menos 18 años. En este caso, no había delito sino contravención por oferta y demanda de sexo en la vía pública. Esto nos llevó a pensar en la actitud de todos los actores intervinientes donde incluyo a la sociedad en general. Porque los vecinos —Doña Rosa y Don José— que pasan por esa esquina y se encuentran con este tipo de situaciones, no las denuncian porque no reconocen que son delito. Ni la víctima, ni la policía, ni la justicia, ni el cliente, reconocen que hay un problema. Así fue que este equipo abandonó esta mo-dalidad de trabajo y advirtió que lo primero que había que hacer era desnaturalizar este tipo de actividad y la tolerancia social que la acompaña.

Hicimos encuestas que develaron los prejuicios, creencias y la tolerancia de nuestra sociedad frente a la explotación se-xual. Por ejemplo, ante a la pregunta “¿qué diferencia hay

1717

entre la prostitución adulta y la infantil?”, mucha gente decía que no había ninguna diferencia. Cuando se requería posi-ción respecto a considerar la prostitución infantil como de-lito, muchos decían que sí creían que era delito e incluso se mostraban sensibles a hacer la denuncia. Al momento de pre-guntarle al encuestado si había visto alguna vez una situación de explotación sexual infantil, afirmaba haber observado tal situación; no obstante, había optado por no denunciarla y las razones no eran en absoluto claras.

Frente a este cuadro, el equipo comenzó a realizar accio-nes de prevención y sensibilización, incluyendo zonas turísti-cas, en tanto nuestro país es destinatario de lo que mal se de-nomina “turismo sexual infantil”. Desde el año 2010 estamos realizando jornadas en escuelas, centros de salud, hospitales y otros ámbitos y, para nuestro asombro, nos encontramos con profesionales que no pueden diferenciar lo que es explota-ción sexual infantil como un delito diferenciado de la trata de personas y el abuso sexual. Esto nos advierte sobre las dificultades que tenemos a la hora de querer combatirlo. Más complejo aún es el caso de niños, que sin estar en situación de prostitución, se encuentran tentados por adultos que se apro-vechan de su situación de vulnerabilidad, conduciéndolos a una situación de explotación sexual.

El equipo trabaja tambien con el Ministerio de Turismo y en forma conjunta realiza actividades de prevención para las agencias de turismo, el sector hotelero y taxistas y remiseros, aquellos que podrían intermediar en este delito. En síntesis, tratamos de abarcar a la mayor cantidad de personas que di-recta o indirectamente se pudieran encontrar con situaciones de explotación sexual comercial infantil.

En este momento, estamos diseñando un concurso de cor-tometrajes dirigido al alumnado universitario, que también desconoce esta problemática, este delito. Como carecemos de

1818

material propio para acciones de sensibilización, nos propo-nemos, a través de este concurso, que se produzca material genuino y de nuestro país. Lo que existe proviene del extran-jero y no refleja exactamente las modalidades que asume la explotación sexual en Argentina. También estamos trabajan-do en sumar cartelería para aeropuertos y pasos fronterizos, referida a explotación sexual.

Nuestra Brigada dispone de la línea telefónica 0800-222-1717 que atiende las 24 horas todos los días, a la que puede llamar cualquier vecino u organización y denunciar casos de explotación sexual comercial infantil.

Muchas gracias y quedo a la disponibilidad de ustedes para cualquier pregunta.

María José Lubertino es abogada y Magíster en Ciencias Sociales con especialización en Ciencia Política. Tiene una larga trayectoria como docente y desde el año 2009 es diputa-da de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Presidenta de la Comisión de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato, Vicepresidenta de la Comisión de Ecolo-gía e integrante de las Comisiones de Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Económico y Asuntos Constitucionales. Presidió, desde el año 2006 al 2009 el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Integra un conjunto de organizaciones de la sociedad civil: la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Asocia-ción de Docentes de la Facultad de Derecho, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Red Latinoamericana y del Caribe de Feministas Políticas, el Instituto Social y Político de la Mujer, el Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia (CLAE), entre otras organizaciones.

“Con muchas coincidencias con la Diputada Naddeo en relación a la historia de la temática, me gustaría decir que es evidente que hemos recorrido un largo camino. Veo muchas caras conocidas en el auditorio. Si pensamos en qué ciudad y en qué contexto estábamos en los años 90, cuando íbamos a las comisarías y muchas de quienes hoy son público estaban

1919

del lado de adentro, podemos reconocer que algo ha cambiado. Los hitos fundamentales fueron la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la derogación de los Edictos Policiales, las idas y venidas del Código de Convivencia Urbana. Creo que el largo camino recorrido también está jalonado por la cons-trucción colectiva de las propias mujeres y personas trans y los colectivos de la diversidad sexual, que también hoy tienen su propia organización y son sujetos políticos. Este es el paso más relevante en este contexto distinto, con un marco normativo diferente. Agradezco a la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy nos convoca, y a la UBA que nos cobija.

Estamos, más allá de las normas nacionales y estamos tra-tando una cuestión que es práctica y refiere, concretamente, a las políticas públicas que deben diseñarse para la Ciudad. En-tonces, en primer lugar, soy escéptica en cuanto al Gobierno de la CABA y la expectativa de tener grandes cambios ideo-lógicos en lo que atañe al abordaje de la temática por parte del Ejecutivo local. Sí podemos insistir con las normas para cambiar el marco, recuperar el proyecto de Maffía, que fue también una construcción colectiva en la Legislatura porteña, ver el proyecto de mínima, el de máxima, pero el tema central es si hay un gobierno dispuesto a abrir las puertas al diálogo, permeable a la inclusión y a la participación. Este no es un go-bierno que esté preocupado por la autodeterminación de las personas sobre su propio cuerpo, en ninguno de sus aspectos.

Más allá de establecer cuáles son las acciones que podemos reclamar, demandar, exigir e insistir, debemos preguntarnos sobre qué cosas concretas podemos hacer concretamente quienes aquí estamos, desde nuestras propias inserciones. Hasta el 2015 tendremos a este gobierno en la Ciudad y lo que nos queda pensar es qué cosas podemos hacer desde las organizaciones a las que pertenecemos, sean políticas, sociales, gremiales, para poder avanzar.

2020

Dicho esto, me parece que siguen habiendo prejuicios y doble moral sobre este tema, más allá del abolicionismo o de las trabajadoras sexuales. Quiero decir, más allá de las corrientes de pensamiento, dentro del movimiento de mu-jeres y del feminismo, en relación a este tópico, tenemos que ser mujeres prácticas y crear consensos sobre qué políticas públicas queremos. Hay que volver a hacer visible ese doble estándar, esa doble moral, no bajar la bandera de remover el Código de Convivencia. El 2013 es un año electoral y de-beríamos pasar revista en torno a qué fuerzas políticas apo-yarían tal remoción, la no criminalización de lo que ocurre en la calle y que abarca a varios grupos. Tenemos muchas expertas, juristas y colectivos que se han vuelto especialis-tas para pasar en limpio, no solamente las modificaciones que queremos hacer al Código de Convivencia Urbana sino también a la aplicación que de esto hace la Fiscalía, las con-travenciones que se hacen. Porque la ley es la ley, pero es también la manera en que se la aplica. Hagamos una relectu-ra de estos datos y veamos qué cosas perduran, por ejemplo, para que la policía siga haciendo su caja. Y también debemos trabajar en los ámbitos académicos y en los de concientiza-ción de los efectores de justicia. Nosotras estamos colocando estos temas en la facultad porque es interesante trabajar con docentes y alumnos del campo de los derechos a fin de evitar la replicación de los estándares y prejuicios con los que se tratan estos temas. Necesitamos una sociedad más sensible a estas problemáticas, efectores de la justicia más proclives a comprender seriamente estos temas tan complejos.

Me parece, por otro lado, que habría que tratar de tra-bajar el plan marco del que nos habló Naddeo; ello, inde-pendientemente de que salga o no como ley. Deberíamos interpelar, desde la Comisión de Mujer, desde la Comisión de Igualdad y llamar a los tres o cuatro Ministerios que es-tán vinculados a esta política. Y cuando digo interpelarlos, digo citarlos, enviarles nota, proponer acciones concretas.

2121

Hablo de organismos como Salud, Trabajo y Empleo y, fun-damentalmente, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y la Fiscalía; también podríamos proponer acuerdos con el Ministerio de Trabajo de la Nación. La reali-dad y el peso que han cobrado, por ejemplo, el colectivo de diversidad sexual y los avances trans, han sido muy fuertes y es nuestra obligación monitorear esos avances y analizar el proceso de reglamentación y aplicación de las leyes re-cientes. Tenemos un marco normativo diferente a cuando empezamos las discusiones y tenemos que acompañar a las organizaciones y colectivos para una buena y adecuada res-puesta. Esta es la propuesta concreta que quiero hacer.

También tenemos la realidad de las Comunas, el ejercicio de la Constitución está concentrado en las Comunas y allí hay que trabajar sobre las condiciones de las personas en situa-ción de calle, que son quienes están en un estado de mayor vulnerabilidad. En las Comunas que están ubicadas en las zo-nas que se identifican como zonas rojas, se puede proponer acciones de diálogo e intervención sobre los problemas más frecuentes.

Quizás también sería interesante saber qué lectura hace-mos del decreto sobre los avisos clasificados, cuáles han sido sus efectos y analizar su reaparición en los medios bajo otro número. ¿Cuál es la eficacia de ese decreto que ahora surge nuevamente en internet? ¿Cuál es la opinión de las protago-nistas? ¿Estamos pegando donde debemos o en el lugar equi-vocado? También esto es objeto de diálogo.

El otro aspecto es el control de los boliches, casas de ma-sajes, hoteles, etc. y demás espacios en los que se denuncia la presencia de menores. Las mismas compañeras que están en la calle son quienes nos tienen que decir adónde ir , qué denunciar, cuáles son los lugares de explotación sexual. No-

2222

sotras hicimos intervenciones desde el INADI, pero muchas veces estamos circulando solo en lo discursivo.

En síntesis, hay que ser realistas y me gustaría que como resultado de estas jornadas tuviéramos propuestas concretas, con responsables identificadas para liderarlas. En fin, las orga-nizaciones, la Defensoría y nosotras mismas, deberíamos lle-varnos tareas para el hogar, para ahora o para cuando cambie el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que quería compartir con ustedes y toda mi disposición para la tarea que me asignen”.

23

Laura García Tuñón es legisladora de la CABA, desde 2009, por el Bloque Buenos Aires para todos-UP. Participa como miembro en la Comisión de Educación, Vivienda, Mujer y en la Presidencia de la Comisión de Trabajo. Es docente, actividad que la fue aproximando primero a la lucha sindical y después a la lucha partidaria. Desde ese lugar participó activamente de las diferentes luchas docentes, fue ayunante de la Carpa Blanca, símbolo de la resistencia al proyecto neoliberal. En su trayectoria política, se destaca su trabajo en defensa de la lucha de las mujeres trabajadoras. Fue Directora de la “Secretaría de Igualdad de Género y Oportunidades” de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) entre otras responsabilidades dentro de la misma. En la Legislatura se destacó por su acción en la defensa de los trabajadores, de los sectores mas vulnera-dos, entre ellos las mujeres, no solamente denunciando los diferentes atropellos, como la violencia de género, la negación al derecho de decidir sobre su propio cuerpo, sino proponiendo acciones en dirección a las conquistas de derechos tanto en el ámbito de la Legislatura como en las calles de nuestra ciudad.

23

“Quiero comenzar haciendo referencia a la lucha prece-dente, a la historia protagonizada por mujeres destacadas que han puesto su cuerpo, su trabajo y su tesón para que hoy po-damos estar hablando de trabajo sexual y prostitución en la Legislatura porteña, en la Defensoría General de la CABA y en las distintas instancias que piensan y debaten sobre dere-chos y políticas públicas. Me refiero, entre otras, a mujeres como Elena Reynaga, Jorgelina Sosa, Graciela Collantes y Claudia Brizuela, quienes están en las organizaciones y nos recuerdan, en el día a día, que hay que seguir avanzado en estos temas. En nombre de todas ellas y las que no nombré pero que están en la calle, vaya un reconocimiento.

En primer lugar debemos hacer una salvedad entre traba-jo sexual y explotación, siendo que la primera es una opción, aunque no una elección, que se ha dado por años de sistemas de exclusión, falta de condiciones y de derechos que perdu-ran hasta el día de hoy.

El derecho de uno empieza cuando se cumplen los de-rechos de todos y de todas. Es desde esta idea que hay que trabajar, desde las mismas organizaciones tomadas como re-

2424

ferencia, oyendo lo que proponen respecto de hacia donde dirigirnos. Si seguimos prohibiendo, como es el caso de las publicaciones del rubro 59, de los volantes en vía pública, de las wiskerías, etc., lo que terminamos generando es una ma-yor exclusión y clandestinidad.

Lo que estoy planteando es que, si no hay opciones de vida mejor, sin vulneración constante de derechos, sin lugar donde vivir, sin alimentos ni vestidos, sino hay promoción de derechos, es muy difícil que se deje de optar por el trabajo sexual. En estas condiciones, por lo tanto es muy complicado luchar contra eso.

Por otra parte, de lo que sí tenemos que encargarnos es de luchar para que no exista la explotación sexual infantil, y ahí es donde hay poca acción. Los equipos que se ocupan del tema en la Ciudad de Buenos Aires trabajan precarizados, sin viáticos ni elementos para acompañar a las víctimas de explo-tación sexual. Trabajan en un edificio que da miedo. Es en estas políticas donde hay que enfocarse. Se habla siempre de la calle Osvaldo Cruz, donde estacionan camiones cuyos con-ductores tienen sexo con niños y niñas de entre 8 y 13 años. No puede ser solo el vecino el que debe actuar, denunciar y exponerse ante la policía. La responsabilidad es del Estado; que desde la justicia hasta las Defensorías deben estar pre-sentes en ese lugar y actuar, aportando todo un andamiaje de respaldo, que actúe protegiendo a las víctimas.

Recuerdo que realizamos, a instancias de Diana Maffía, unas jornadas en Pompeya donde nos reunimos con organizaciones, empleados de la Fiscalía, programas de gobierno, escuelas y demás, para trabajar el tema de la explotación sexual infantil. En esas reuniones, lo que más aparecía era que se hacían las denuncias y no pasaba nada. La Fiscalía de la zona no actuaba.

También tenemos que decir que no solo las mujeres que

están en situación de prostitución o haciendo trabajo sexual

2525

son discriminadas y vulneradas en sus derechos. Muchas mujeres tienen que optar por este tipo de trabajo y otros, por ejemplo, las cartoneras. Ellas no eligen ir a revolver la basu-ra. Las empleadas que trabajan limpiando en los baños en las casas, tampoco quieren hacer ese trabajo. Los trapitos que es-tán limpiando los vidrios, tampoco. Pero es cierto, la sociedad piensa que solo el trabajo sexual o la prostitución es malo, solo ven a eso como malo. Ello tiene que ver con la sexualidad; tiene que ver, justamente, con que está en juego la sexualidad.

Es importante decir que la promoción de los derechos no es solo: “te voy a enseñar a hacer costura”, porque la verdad es que quizás con eso solo, posiblemente no le alcance a una mujer para mantener a su familia. Deben promoverse políti-cas de empleo real, políticas de vivienda real, políticas donde todos los sectores puedan acceder a la salud.

Sin embargo, ¿qué hacemos mientras tanto? Cambiar las condiciones de vida implica una política a muy largo plazo porque sería cambiar a una sociedad. Estoy convencida que si tuvieramos un país sin necesidad de seguir estos caminos para obtener este sustento, la mayoría dejaría de hacer este trabajo sexual o, al menos, quien lo hiciera sería eligiendo y no optando.

La pregunta es ¿entonces mientras tanto qué? Creo que habría que hacer mayor capacitación en la no discriminación, en la formación docente y en las escuelas, donde los maestros que suelen ser quienes primero detectan cuando hay una si-tuación de explotación sexual infantil, sepan qué hacer. Hoy no saben adónde ir.

He participado en reuniones con el Consejo de los Dere-chos de Niños, Niñas y Adolescentes, que después se suspen-dieron, para ver cómo se articulaba desde el Ministerio de De-sarrollo Social, el área de niñez, con el Consejo de Derechos. Lo que predomina es la ausencia de políticas de conjunto.

2626

También hay que darle una continuidad a la inclusión, porque cuando una niña o niño cumple 18 años y nadie les ofrece un trabajo o una oportunidad, quedan a merced del proxenetismo y de lo que hicieron toda su vida.

En resumen, hay que promover la educación y estoy con-vencida de que debe aprobarse un seguro de salud para las personas trabajadoras sexuales o que están en situación de prostitución, que le sirva para comprar remedios como a cual-quier otro trabajador y también una pensión (en lo que se que están trabajando las organizaciones), porque cuando las mu-jeres son mayores se les dificulta más conseguir un “cliente” porque eligen a las mujeres más jóvenes.

Eso es promover los derechos hoy. Mientras atacamos las condiciones de la Ciudad que hacen que las mujeres tengan que optar por este tipo de trabajo, hay cosas para hacer que no son prohibir, discriminar y empujar hacia el ostracismo donde las redes actúan de mejor manera. Hay que promover el seguro de salud, la pensión y el trabajo muy concreto en las escuelas para la detección. Hay que incorporar el conoci-miento y la demanda de las organizaciones que se han pues-to al hombro esta lucha como primer actor ( AMMAR-Capital, ALITT, ATTTA, etc). Fijar posiciones y fomentar, en conjunto con las legisladoras, el desarrollo de políticas de vivienda real, de salud y de empleo para poder incorporar a las mujeres a los derechos que deben tener todas las mujeres. Las trabaja-doras sexuales, las trans, son mujeres comunes.

Todas somos mujeres comunes, algunas tenemos mejores condiciones de acceso a nuestros derechos, optamos por un tra-bajo; algunas pueden elegir, muchas otras no. Si seguimos dis-criminando va a ser difícil que podamos implementar políticas públicas eficaces que puedan mejorar la vida de todos y todas”.

2727

ADHESIONES

Dra. Liliana Tojo, Directora del Programa para Bolivia y Cono Sur del CEJIL. “Dra. Bettina Castorino: Me dirijo a usted a fin de hacerle llegar la adhesión del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional a la Mesa de Diálogo Políticas Públicas y Prostitución, así como celebrar en nombre de nuestra organización la iniciativa que están concretando”.

Dra. Natalia Gherardi, Directora Ejecutiva del Equipo Latinoame-ricano de Justicia y Género (ELA): “Me parece destacable que ante un tema complejo y que puede ser abordado desde miradas contra-puestas, se promueva el dialogo para avanzar en la comprensión de las distintas posturas”.

Tati Almeida, Madre de Plaza de Mayo- Línea fundadora. “Todo se junta. Lamento no poder asistir a tan importante discusión. Hoy co-mienza la marcha de la resistencia que, desde el año 1981 las Madres venimos realizando. Las saludo muy afectuosamente y espero que tengan mucho éxito en esta Mesa”.

Dr. Mario Pecheny, docente e investigador de la UBA y el CONI-CET, integrante del Grupo de Estudios sobre Sexualidades (GES) del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA “Saludo el debate abierto y respetuoso sobre políticas públi-cas y prostitución/trabajo sexual, en el que las voces de las principal y directamente interesadas expresen sus argumentos, propuestas y experiencias”.

2828

Diputada Mara Brawer (Frente para la Victoria): “Celebro esta ini-ciativa de promover un espacio de debate e intercambio que recu-pere y registre las voces de las personas directamente involucradas. Siempre apoyaré las propuestas de trabajar en busca de consensos. Solo así es posible avanzar en políticas sociales que impidan la vulne-ración de derechos fundamentales y la violencia institucional, mejo-rando de ese modo la calidad de vida de sus protagonistas”.

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ):

“Estimada Dra. Bettina Paula Castorino: En mi carácter de Co-Director de A.C.I.J. me dirijo a usted a fin de expresar el apoyo de nuestra institución a la Mesa de Diálogo sobre Políticas públicas y prostitución, organizada por la Secretaría a su cargo. Consideramos que la agenda de los Derechos Humanos demanda el abordaje de problemáticas largamente postergadas en la agenda social e institucional, como la que se ha seleccionado, y que el abordaje interdisciplinario con perspectiva igualitaria resulta fundamental. Felicitando a la Defensoría por su iniciativa, y sin otro particular, la saludo atentamente, Gustavo Maurino”.

Diputada María Rachid y la Mesa Nacional por la Igualdad.

2929

EL DEBATE

Bettina Castorino: Antes de comenzar el debate quería agradecer a to-das las compañeras por sus aportes. Hemos tomado nota de todas las propuestas e iniciativas y seguramente serán retomadas en las mesas de trabajo. Abrimos entonces el debate.

Pregunta: Buen día a todas y todos. Tengo dos preguntas para hacerles. Una es para la Diputada Naddeo y otra para la Diputada Lubertino. Naddeo, usted hablaba de las mu-jeres que no eligen o que se sienten o son explotadas en el trabajo sexual. La pregunta es ¿y las que decidimos hacer este trabajo y lo pensamos como tal, qué derechos debería-mos pedir al Estado? A la Diputada Lubertino, usted decía que las personas que trabajamos en campo con nuestras compañeras debemos acompañarlas en el tema de las de-nuncias de las mafias. Le quiero recordar que nosotras, por hacer ese tipo de denuncias, en el año 2004, tenemos la muerte de una compañera, Sandra Cabrera, en Rosario. No tenemos garantías, nos exijen que demos los nombres de las compañeras. El Estado no nos da ningún tipo de garantías si hacemos las denuncias.

Lic. María Elena Naddeo: Mi respuesta será muy directa. Aspiro a una sociedad sin violencia de género, sin explotación sexual. Si una mujer quiere vender su cuerpo, intercambiar sexo por dinero, tiene derecho a hacerlo porque es su cuerpo. Pero no tiene por qué pedirle al Estado que se haga cargo de esa deci-sión. Anhelo una sociedad en la que las relaciones sexuales

3030

no estén mediadas por el dinero, luchamos por una sexua-lidad libre, en la que las relaciones interpersonales sean absolutamente afectivas, subjetivas, basadas en el placer. Cuando se incorpora el tema del dinero en una relación sexual, estamos vendiendo algo de nuestro cuerpo. Esta-mos vendiendo más que nuestra fuerza de trabajo, estamos contraviniendo nuestra psiquis, nuestra subjetividad, ade-más de todos los riesgos que podemos correr. De ahí, esta apelación a no reconocer la prostitución como un trabajo. Estaríamos consagrando una acción de desigualdad que, en realidad, queremos elminar. Esta es la cuestión de fon-do, lo sentimos desde el corazón.

Hemos avanzado tanto en otras cuestiones de salud sexual y reproductiva que deberíamos poder trabajar en pro de eliminar el dinero del intercambio sexual, dejar de ser ob-jetos sexuales. ¡Contra eso luchamos compañeras!

Me comprometo a seguir luchando por la no persecución y, por supuesto, la inclusión, pero no por el reconocimiento de la prostitución como un trabajo.

Dra. María José Lubertino:

Creo que hay que lograr el respeto de todos los derechos. Es un desafío, es complejo. No tenemos que ponernos en posiciones ideológicas obtusas o cerradas. Creo que tene-mos que respetar a las personas en la lógica de una vida libre de explotación y de violencia, y la autodetermina-ción de la mujer madura. Comparto con María Elena, la lucha por combatir la explotación sexual, pero cuando se trata de una persona adulta que tiene el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, hay que tener más cuidado. Es un tema complejo.

Entiendo que deben darse todas las condiciones para la inclusión social y, una vez dadas, podremos hablar de au-

3131

todeterminación y libertad de elección. Hoy hay dema-siadas condiciones. La explotación no es solo sexual sino también social.

Cuando me referí al acompañamiento de los organismos para denunciar mafias implicadas en la explotación sexual, estaba pensando en algún organismo de control que, pre-cisamente, evitara la exposición de las compañeras. Exis-ten organismos de protección en el Estado a los que puede recurrirse para este tipo de intervenciones y nosotras, las diputadas, podemos intermediar en este tema.

También podemos participar en lo que se refiere a las políticas públicas, interactuar, abrir canales, facilitar la apertura de las puertas de los Ministerios a las organizaciones.

Pregunta: Antes que una pregunta me interesa hacer una observación o aclaración. Cuando las escuchaba, sentía que nos consideraban víctimas, sobre todo la Diputada Naddeo. Yo quiero decirles que no somos víctimas, somos trabajado-ras sexuales. Y si realmente queremos trabajar juntas, hay que empezar a entender esto.

Pregunta: Quería contestar a la pregunta de Lubertino so-bre qué pasa con el decreto sobre el rubro 59. La verdad es que ha afectado mucho a las compañeras que trabajan en privado. Antes ellas publicaban cuatro líneas más una foto y el diario cobraba $75 por día. Ahora por una línea más un teléfono, el nuevo rubro que se llama solas y solos o masajistas, les cobran $200 por día.

El decreto presidencial precarizó el trabajo nuestro. Que-riendo combatir al enemigo, nosostras somos las que sa-limos perdiendo. Por eso ahora las compañeras se han puesto a repartir volantes en la vía pública. Y este año nos encontramos con que una diputada del PRO quiere pro-hibir los volantes de oferta sexual en la vía pública. Si eso sale, nos llevarán a la clandestinidad total.

3232

Pregunta: Una pregunta para Carola Sariccas. Soy promo-tora de la Asociación de Mujeres por los Derechos Huma-nos y no reconocemos la prostitución como trabajo. Noso-tras andamos por la calle y vemos muchas niñas en estado de prostitución bajo el mandato de proxenetas y de fiolos y quiero saber qué van a hacer con esas niñas.

Lic. Carola Sariccas:

Como les contaba, hasta hace poco tiempo, las causas no avanzaban hasta que el problema no estaba judicializado formalmente. Esto quiere decir, con nombre, apellido y do-cumento. Hay mucha gente que, por supuesto, no quiere hacer la denuncia. Y me refiero a gente que está vinculada con estas niñas y adolescentes y optan por la reserva de identidad. Nosotras recibimos las denuncias a traves de un 0800 e hicimos un acuerdo con una unidad fiscal, a cargo del Dr. De la Fuente, y le pasamos a él toda la información. Necesitamos que la persona que nos llama nos de datos con la mayor precisión posible (horarios, calles, cantidad de víctimas, existencia de proxeneta, etc.). Esto es así para poder judicializarlo, para que la justicia le de importancia al caso. A veces nos llama gente denunciando que al lado de su casa hay ruidos molestos y, como entenderán, no hay justificación para intervenir. Lo que pueden hacer es lla-mar al 0800 o acordar con nosotras una entrevista y que nuestro propio equipo se constituya como denunciante. En este caso, hacemos el sorteo de la Cámara para que nos adjudiquen un juzgado de instrucción y recién a partir de esto podemos ponernos a investigar.

Pregunta: Mi nombre es Graciela. La pregunta es para Carola y refuerza lo que dice mi compañera. Nos encon-tramos con menores en explotación sexual en la calle. El año pasado tuvimos una entrevista con tu programa y les

3333

transmitimos nuestra preocupación. No nos dieron solu-ción. Nosotras queremos que el programa se haga presente en el lugar cada vez que hay una menor en situación de explotación sexual. Ese es el momento, cuando vemos a un tipo mayor entrando con una menor a un hotel o donde sea. Ahí ya hay delito y a la policía no se puede recurrir porque dicen que no pueden hacer nada. Hay que buscar la forma de resolver esto, de esta jornada tiene que salir una respuesta.

Lic. Carola Sariccas:

Sí, nos juntamos el año pasado y quedamos en que nuestro aporte podía ser desde el acompañamiento a sus activida-des en terreno. La realidad también es que no recibimos llamados de ustedes a nuestra línea de teléfono. Tiene que intervenir también el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos que trabajar más en conjunto porque des-pués hay que enfrentar a la policía, a la justicia, los orga-nismos públicos que tienen que asumir la inclusión de la víctima, etc.

Lic. María Elena Naddeo:

En otro momento hubiera recomendado la línea 137, que es una garantía en muchas cuestiones, pero la línea está colapsada, nunca atiende bien. Propongo que hagamos un seguimiento particular y, frente a un caso especial , la Comi-sión de la Mujer, la autoridad federal, la línea 137, ustedes —con reserva de identidad, por supuesto—, veamos que pasa con la menor, los hogares, los problemas sociales, etc. Yo quiero decirles que hace poco hubo una condena muy fuerte a tres proxenetas de la zona de San Telmo, Constitu-ción y La Boca, por abuso sexual reiterado de tres menores de 13 años. La Dirección de Niñez de la Ciudad de Buenos

34

Aires las sostuvo durante un tiempo. Quiero decir que hay algo de la justicia que está cambiando de a poquito frente a la negativa habitual de los fiscales de no recibir las denun-cias. Hagamos el intento de trabajar más articuladamente.

Dra. Bettina Castorino: Por supuesto, la Defensoría Gene-ral de la Ciudad de Buenos Aires se compromete a promo-ver la articulación entre todas las aquí presentes para tra-bajar juntas. Les agradezco a todas las panelistas y público por la participación.

35

Claudia Brizuela es representante de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) en la Secretaría General Capital de la CTA. Desde allí lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales autónomas y defiende los Derechos Humanos y laborales de las trabajadoras sexuales autónomas, mayo-res de 18 años y con decisión propia. Como integrante de AMMAR promueve el fortalecimiento de las organizaciones a través de la defensa de la libertad laboral y ejercicio de los Derechos Humanos. Ella habla de trabajo sexual y no de “prostitución”

SEGUNDO PANELABOLICIONISMO,

PROHIBICIONISMO Y REGLAMENTARISMO

“La organización a la que pertenezco existe desde hace muchos años. Siempre digo que lo peor lo pasaron mis compañeras, las fundadoras de AMMAR. Llegué en el mo-mento en que estaba más o menos apaciguada la cosa. Es desde la lucha de las compañeras que fui tomando concien-cia y preguntándome ¿por qué no? ¿Por qué no empezar a luchar con ellas?

Conformado por:

Claudia Brizuela (AMMAR) Graciela Collantes (AMMAR)Marcela Romero (ATTTA)Elena Reynaga (AMMAR)Lohana Berkins ( ALITT)

3636

Nosotras somos trabajadoras sexuales y a veces me pa-rece que si queremos hacer realmente un trabajo en con-junto, como propone esta mesa, tenemos que empezar a respetarnos realmente, incluso en cómo nos llamamos.

Nosotras, desde AMMAR, decimos que hay que empe-zar a separar lo que es la trata de personas, corrupción, proxenetismo de lo que es el trabajo sexual. Nuestro pe-dido es que nos reconozcan como trabajadoras sexuales y regularicen el trabajo. Es desde ahí que empezaremos a trabajar realmente, incluso para combatir la trata, la co-rrupción y el proxenetismo. Mientras tanto, es cierto que hoy tenemos el artículo 81, que nos afecta a todas.

Soy trabajadora sexual y soy callejera, trabajo en la ca-lle, pero también están mis compañeras de privado y, la verdad, es que allí se están violando mucho sus derechos. En nuestra actividad militante, vemos cómo realmente el Poder Judicial sostiene las causas que les abren a mis com-pañeras. Tenemos que empezar a trabajar contra tanta violencia hacia ellas, que están siendo permanentemente imputadas en distintas causas, acosadas por la policía, el gobierno. Las compañeras de privado están trabajando y tienen familia, por lo que la misma familia es la afectada. Estamos dejando muchos platos vacíos por cerrar los pri-vados. El Estado, a través de las medidas que prohíben el rubro 59, nos dejó en la clandestinidad por completo.

Desde AMMAR CTA pensamos en la posibilidad de armar cooperativas de trabajo sexual, ¿por qué no? No le estamos pidiendo nada especial al Estado, solamente que nos permita ejercer nuestro derecho. Somos trabajadoras sexuales, entendemos nuestra actividad como un trabajo, y con él hacemos todo lo que hacen ustedes: pagamos la luz, pagamos alquiler, impuestos, como cualquier ser humano.

3737

Recién escuchaba a la Diputada Naddeo que decía ven-do mi cuerpo, vendo mi cuerpo. Si yo vendiera mi cuerpo no estaría hablando acá. Lo que yo hago es prestar un servi-cio. Nosotras prestamos un servicio, mi cuerpo es mi herra-mienta de trabajo. Cuando pedimos el reconocimiento de nuestra actividad como trabajo sexual y la regularización del mismo, lo hacemos con mucha seguridad”.

“Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por esta invitación para poder empezar a debatir qué es el trabajo sexual, qué es la prostitución, qué es la trata de perso-nas, qué es la explotación infantil, la explotación sexual. Lo primero que quiero comentarles es que desde nuestra organización hicimos un estudio durante el año 2007 lla-mado La situación de la comunidad trans en Argentina. En ese informe, vimos que el 99.9% de nuestras compañeras ejercen el trabajo sexual o la prostitución, que el trabajo sexual y la prostitución es algo impuesto por el Estado y la sociedad en nuestra comunidad. Sabemos que en me-nores de edad no es ni prostitución ni trabajo sexual, es explotación sexual. Tenemos bien claro los derechos de las personas a decidir y a elegir. En ese estudio también salió que hay un 20% de compañeras trans que sí son tra-bajadoras sexuales, que ejercen el trabajo sexual y que asumen el trabajo sexual como algo para subsistir.

Marcela Romero es presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgé-nero de Argentina. Marcela es coordinadora general de ATTTA y Secretaria General de Federación Argentina LGBT. Integra la Red Regional de Personas Trans (REDCALC-TRANS) y ha sido protagonista e impulsora de la Ley de Identidad de Género en el país. En el año 2009, la Cámara de Diputados de la Nación la nombró a Marcela Romero “Mujer Destacada del año”. Fue nombrada personalidad destacada en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, reconociéndose su lucha por la igualdad de la comunidad trans en Argentina y en todos los países de la región.

38

Hablamos de políticas públicas pero sabemos que la comunidad trans no está incluida dentro de ellas. Nosotras venimos luchando por esas políticas públicas, exigiendo al Estado políticas de inclusión social. Siempre digo que la responsabilidad es del Estado; no solo con las personas trans, en muchos aspectos el Estado no está presente para proteger a los ciudadanos y ciudadanas. Un ejemplo claro es la violencia que recibimos desde nuestra niñez y ado-lescencia. Una vez me llamaron y me dijeron “tenemos dos chicas menores de edad… ¿qué hacemos Marcela, las mandamos a un instituto o las mandamos a una iglesia?” Respondí: “a ninguno de los dos lados, ahí tiene que es-tar el Estado presente con esas compañeras menores de edad, llamando a sus familias y dando la asistencia que tiene que dar el Estado”. Siempre me pregunto si el Esta-do tiene la capacidad y las herramientas para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Creo que no.

Voy a referirme a mi experiencia. Soy de otra genera-ción y vengo de haber estado en un instituto de menores. Estuve en un instituto de menores, ejercí el trabajo sexual, que para mí fue un trabajo porque no tuve oportunidades para poder elegir y poder seguir estudiando, tener una profesión. Para mí fue una profesión el trabajo sexual, me dio una forma de poder subsistir y poder avanzar como persona. Nunca tuve oportunidades de poder elegir, de poder decir voy a seguir estudiando. Nunca tuve esa opor-tunidad, porque tenía esos códigos contravencionales con-tinuamente vigilando mi vida. Entonces, hay que hacer políticas públicas para que las personas tengan opciones y puedan elegir, pero que el trabajo sexual no sea penalizado ni sigan nuestras compañeras siendo detenidas.

Sabemos que hay un 80% de compañeras que no quieren estar en el trabajo sexual, pero el Estado no

38

3939

presenta alternativas. A veces escucho que dicen que hay que hacer leyes con las que detener a los clientes, a ellos y a las compañeras en conjunto. Nosotras, que ejercimos el trabajo sexual, y las compañeras que siguen en él, sa-bemos y vivimos a una policía que coimea a clientes y a compañeras; pide dinero a ambos y con ese dinero se compra la libertad y el poder estar parada en una esqui-na, llevar el alimento a la casa, pagar el hotel y subsistir.

Si pensamos en una ley en la cual hay que llevar deteni-dos al cliente y a la compañera, nos estamos equivocando. Las personas que están trabajando en el tema de Derechos Humanos no pueden permitir que se lleven detenida a una compañera por ejercer el trabajo sexual. Por empezar, siempre digo que es una violencia de género contínua la que recibimos las mujeres trans y las mujeres trabajadoras sexuales cuando salimos a esa realidad que es la calle. Esa realidad con la que chocamos todos los días cuando salimos a buscar la alimentación y nuestro dinero.

Hay que trabajar en el tema de los Derechos Huma-nos, el derecho a poder decidir y a tener opciones, pero siempre con un Estado presente. Porque de lo contrario, en el lugar de las políticas públicas tendremos políticas punitivas. El Estado tiene la responsabilidad de sacarnos de la situación de pobreza y proporcionar, a las compañe-ras que no quieren ejercer la prostitución, acompañarlas y darles otras oportunidades, como a cualquier ciudada-no o ciudadana. Todas tenemos derecho a decidir, desde nuestra niñez y adolescencia qué queremos ser.

Cuando se investiga sobre nosotras y se construyen discursos, siempre nos ponen que fuimos violadas en la niñez. Sí, en muchos casos es así, pero no en todos. Cuan-do leemos los informes que hacen sobre nosotras, apare-cemos como escandalosas, las que hacemos escándalo en

4040

la vía pública o no tenemos derecho a circular por ella. Ese discurso es el que tiene también la policía y que la habilita a abusar de nosotras privándonos del derecho a decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos.

Claro, vale la pregunta, ¿qué opciones hay cuando se está bajo la línea de pobreza? No hay políticas públicas realmente efectivas hacia la niñez y la adolescencia, políti-cas para que podamos estudiar, trabajar y decidir. El traba-jo sexual es una opción, pero todos y todas tenemos que te-ner derechos. Si las personas que ejercen el trabajo sexual no tienen derechos, entonces van a seguir siendo deteni-das, utilizadas, violadas, van a estar sometidas a la coima, al abuso policial. Todas conocemos los establecimientos a los que son llevadas y detenidas las compañeras en Salta y en Mendoza, por ejemplo. Esos sitios no tendrían que existir más, existen desde la dictadura militar, como los códigos contravencionales. Hablar de los códigos contravenciona-les es hablar de la dictadura militar.

La Ley de Identidad de Género fue un gran avance, pero aún existen figuras como el merodeo y prácticas como la coima, la violencia, los golpes. Como decía la compañera Claudia, nos siguen haciendo causas, seguimos siendo las primeras que muestra la prensa cuando hacen allanamien-tos: solamente somos nosotras las que estamos contra la pa-red para ser revisadas por la policía.

A veces escuchamos la frase “si no hay cliente, no hay prostitución”. Esto merece un severo análisis porque si no hay trabajo para las personas hay más pobreza, si no hay oportunidades, si no hay trabajo, hay más pobreza y no so-lamente va a haber más prostitución. Sabemos a qué puede llevar la pobreza.

4141

Tenemos que trabajar leyes y proyectos que sean inclu-sivos desde la niñez y la adolescencia. Fui niña adolescente y conocí un instituto de menores en el cual lo único que recibía era más violencia: corte de pelo, vestido masculino, etc. Salía del instituto y no tenía otra opción que la esquina. Entonces, ahí es donde hay que trabajar en políticas pú-blicas. Hay muchísimos niños y niñas en estos momentos que están en las calles de nuestro país durmiendo, pidien-do monedas ¿Dónde está el Estado? No es difícil encontrar a los niños y niñas que están en la calle y si no es difícil y siguen estando allí, quiere decir que no hay política para ellos. Debo referirme también a las compañeras trans que vienen de otras provincias a la Ciudad de Buenos Aires a ejercer la prostitución y el trabajo sexual, dejando una fa-milia, dejando un montón de cosas. En realidad lo único que han recibido en su provincia es violencia.

Hay que trabajar muy bien con el vocabulario, porque el vocabulario trae más estigma. Como decía Claudia re-cién, “vender tu cuerpo” es una expresión que no debería usarse con tanta soltura. Quisiera vender mi pancita, a ver si puedo achicarla un poco... Para quienes hablan de ven-der el cuerpo, les digo que no vendemos el cuerpo y que sería oportuno que los legisladores revisen su vocabulario para no estigmatizarnos y discriminarnos más.

También hay que trabajar con las bases de las organi-zaciones. Acá hay organizaciones como AMMAR Nacional, que están trabajando con un sindicato. Hay que trabajar con la población y que la población pueda tener opciones. Ser una trans o una trabajadora sexual también es ser dig-na: no implica que siempre tengamos que ser detenidas, o que la policía nos saque el dinero, que nos golpeen, que nos corran de la Ciudad de Buenos Aires.

4242

Necesitamos oportunidades, pero oportunidades con De-rechos Humanos. No podemos recibir más violencia de aque-llas organizaciones de Derechos Humanos que buscan penali-zar a los clientes. El problema no son los clientes, el problema que hay que solucionar es la falta de inclusión social”.

“Nuestra lucha se originó de la terrible persecución y represión policial que recibimos a fines de 1994. Fuimos nosotras, las mismas mujeres, que tuvimos que tomar la bandera de la resistencia en las calles. Acá está mi compa-ñera Lohana, con quien realizamos el primer corte en el Barrio de Flores para pedir que se respeten los derechos de una mujer que estaba embarazada y fue goleada sal-vajemente por la Policía Federal. Muchas dijimos en esa oportunidad, o nos matan o detenemos esa violencia. Y re-sistimos quemando calabozos.

Así comenzamos. No me estoy poniendo en víctima, es-toy contando la realidad. Estoy harta de escuchar el tema de la revictimización. Yo fui una víctima de la explotación sexual, fui una víctima de la trata de personas y fui una

Graciela Collantes es integrante de la Asociación AMMAR -Capital (Asociación de Muje-res Argentinas por los Derechos Humanos). En el año 1995 fundó, junto a otras compa-ñeras, esta organización, de la que aún es integrante. Se trata de un espacio de recono-cida trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres y otros sujetos en situación de vulnerabilidad y se propone incidir sobre las condiciones de vida de las personas víctimas de trata. AMMAR Capital ha hecho propia la necesidad de bregar porque el Estado genere Políticas Públicas de empleo, vivienda, salud y educación que permitan a las mujeres superar su situación de vulnerabilidad social a través del cumplimiento de los Tratados Internacionales firmados por la Argentina que postulan una perspectiva abolicionista de la prostitución. Integra la campaña “Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución” y el Frente Abolicionista Nacional. Por su destacada trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres en situación de prostitución, en el año 2009 fue reconocida con el Diploma de Personalidad Destacada en el ámbito de los Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires otorgado por la Legislatura de la CABA.

4343

víctima de un sistema que me dejó en la cárcel, en la calle prostituyéndome. ¿Eso es revictimizarse?

Esta lucha empieza, como digo, en 1994. Allí comenza-mos a visibilizarnos y a denunciar la violencia hacia las mu-jeres en situación de calle y las personas trans. Y debo decir, entre paréntesis, que lamento que no estén los fiscales acá, pensé que iban a venir.

Nosotras fuimos un desprendimiento en el año 2002 de la figura de trabajadoras sexuales. No sentíamos que está-bamos en condiciones de reconocer a la prostitución como trabajo. Argentina, como país abolicionista, tiene todavía deudas pendientes. No podemos hablar de elección cuan-do hay mujeres todavía que son castigadas por los códigos contravencionales con 30 o 40 días de arresto, con todo lo que eso significa para la familia en su conjunto, para los niños que hay que atender.

Nuestro objetivo es centrar la discusión en las políticas públicas y no en la forma como nos llamamos. Debatir esto último es hacerle el juego a un Estado ausente: “sigan dis-cutiendo las putas mientras nosotros miramos para el cos-tado”. Tenemos más de 16 años recorridos y hay que avan-zar. Nosotras hemos trabajado con propuestas concretas de políticas públicas, educación, trabajo, vivienda, las mayores demandas de las mujeres. No estamos pidiendo limosna al Estado, tampoco políticas especiales para un sector. Es-tamos pidiendo que se hagan cargo de lo que, como Esta-do abolicionista, firmaron y ratificaron. Este es el nudo, porque cuando “cae” un patrullero no se le pregunta a la mujer si es abolicionista, reglamentarista o qué, si es tra-bajadora sexual, si es mujer en situación de prostitución. No, la política represiva es para todas igual. Lo que debe ser igual son las políticas públicas, que, además, deben ser integrales. Una cosa es que nosotras discutamos interna-

4444

mente sobre si la prostitución es o no un trabajo, otra cosa es lo que debe hacer el Estado. No confundamos el debate. Mi grupo propone que el Estado se haga cargo de la situa-ción. No queremos cárcel ni institutos, queremos políticas públicas integrales. Nosotras presentamos, como dije, una propuesta de política; lo hicimos a través de Diana Maffía. ¿Qué respondieron los legisladores/as? Nos dijeron que la prostitución no necesita políticas públicas porque la mayo-ría de las mujeres la eligen. Así se lavaron las manos. Pasó lo mismo con la Ley de Trata. Hace años que venimos tra-bajando en eso, haciendo correcciones, golpeando la puer-ta de los senadores una y otra vez. Llegamos a una media sanción y ¿qué pasó luego? Nada. ¿Qué pasa con la explo-tación sexual? ¿No es importante para la agenda pública? La verdad es que se nos acabó la paciencia. Hay que recurrir a otros métodos. Las mujeres no pueden seguir perdiéndo-se en el camino por la ausencia del Estado. Espero que en estas jornadas podamos seguir discutiendo estos temas”.

“Primero quisiera agradecer a todas las personas que han hecho posible este evento. Segundo, tengo una mala noticia: no nos vamos a matar.

Hablábamos recién con una compañera y ella me de-cía: no se vayan a matar. Y le contesté que entre nosotras

Elena Reynaga es Presidenta y fundadora de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) y Secretaria Ejecutiva de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTrasex). Comenzó en el activismo en el año 1994 junto a un grupo de mujeres, a raíz de las constantes violaciones de sus Derechos Humanos por parte de la policía y de los gobiernos nacionales y provinciales. Durante estos años, se ha convertido en una referente social en los ámbitos nacional, regional e internacional en temas de trabajo sexual y VIH/SIDA, violencia, género, Derechos Humanos y laborales.

45

hay mucho amor, que podemos haber tomado otros cami-nos, pero nos amamos profundamente. Cuando yo amo a alguien, no lo dejo de amar porque piensa distinto a mí. No odio a las personas porque piensan diferente. Con estas dos mujeres, Lohana y Graciela, hemos pasado muchas co-sas. No solo aquellas a que se refería Graciela, también nos hemos divertido mucho. Ya sabemos que donde está Loha-na es imposible no divertirse. Les voy a contar algo que una vez me hicieron las compañeras. Me había separado, me habían desgarrado el corazón. Durante ese tiempo, no quería llegar a mi casa, en Ituzaingó, porque me bajoneaba y estas dos mujeres, Lohana y Graciela, iban los sábados y los domingos a comer conmigo. Así el dolor era un poco menor. Y un 8 de septiembre me levanté, hacía un año y 4 días que me había separado, y era un día muy duro para mí. Aparece un vecino y me dice que había gente que me estaba buscando. Cuando salgo, las encuentro con unos señores, que habían encontrado en el tren y tocaban la gui-tarra. Los arrearon para mi casa y cuando abrí la puerta todos empezaron a cantarme feliz cumpleaños.

La calle y los calabozos, a nosotras, nos permitió tener códigos de solidaridad, de compañerismo, de amistad. Cuando nos llevaban a la Comisaría 50, había tres qui-lomberas, las tres estamos acá: Lohana, Graciela y yo.

Tal vez hoy es el momento de empezar a conversar otra vez porque, como decía Graciela: hay muchas cosas que tenemos en común. Y vengo a discutir lo que tene-mos en común, no lo que nos separa. Porque si centramos la discusión en cómo nos autodefinimos, el Estado se se-guirá haciendo el tonto. Con la madurez que ya tenemos, es tiempo de empezar a establecer acuerdos.

Precisamente, una de las propuestas que nosotras traemos tiene que ver con la vivienda. Como nosotras

45

4646

no somos ni chicha ni limonada, como no aportamos, so-mos invisibles para el Estado y excluidas de sus políticas. En el proyecto que tiene este gobierno, el PROCREAR, por ejemplo, ¿dónde estamos?, ¿cómo nos inscribimos?, ¿cómo nos jubilamos?

Recuerdo que Diana Maffía, cuando estaba en la De-fensoría del Pueblo de la CABA, tenía una propuesta que planteaba que si demostrábamos cuánto ganábamos por mes podíamos adquirir un préstamo. No salió la propuesta y creo que debería reflotarse y que todas podríamos parti-cipar en eso. Es cierto que las/los legisladores tienen poder, pero nosotras también. Las últimas leyes que se han dicta-do, se ganaron en la calle. La Presidenta puede tener algu-nas ideas pero si el pueblo no sale a la calle, como fue con la Ley de Medios, la Ley de Identidad de Género, las cosas no salen. Nosotras sabemos el rol que nos toca y podemos ser el puente, la fuerza para salir a la calle, enfrentar a los legisladores. Hay que volver a la calle.

Una cosa a la que voy a referirme, querida María Elena (Naddeo), es que no acuerdo con que nosotras vendemos el cuerpo. Yo no vendo el cuerpo, vendo servicios sexua-les, vendo fantasías, soy una artista en la cama. Vendo lo que el tipo quiere comprar. Ojalá vendiera el cuerpo así no tengo los rollos que tengo. No acuerdo con la negación del Estado a reconocernos, a tener derechos, a que nos de un marco legal a las trabajadoras sexuales. A nosotras nos negaron durante largo tiempo la personería jurídica, querían que sacáramos la palabra meretrices y que pu-siéramos que nosotras íbamos a rescatar a trabajadoras sexuales. Nosotras dijimos que no a todo eso. Nosotras no rescatamos, empoderamos. Kirchner fue quien firmó el Decreto 1086 en el que se reconoce el trabajo sexual

47

y la obra social. Recién con este decreto conseguimos la personería jurídica.

También quiero decirte, María Elena, que yo también quiero un país libre, en el que la gente viva la sexualidad libremente, un país donde no tenga que ver la desigual-dad en la calle, con niños/as comiendo la basura que dejan los ricos, un país donde se pueda elegir en qué trabajar. No es que nosotras solas optamos. Hay una clase entera que opta por un trabajo, no solo las trabajadoras sexua-les, también los cartoneros por ejemplo. Es cierto que, en nuestro caso, se cruza el tema de la sexualidad y esto es meramente moral y tiene que ver con la represión que te-nemos. En un país ideal, en una sociedad justa, equitativa e igualitaria, creo que nadie defendería el pago por sexo. Ahora, eso es una utopía. El hoy es muy diferente. Hoy hay compañeras que han formado cooperativas de traba-jo, que están acá. Son grupos de compañeras que pagan un departamento y allí trabajan sin una figura que se lleve el 20% o el 50%. Estas compañeras están siendo acosadas por el gobierno de la Ciudad, por sus inspectores, y por la policía. Todo el tiempo las acosan y lo hacen porque esas compañeras, al organizarse, dejaron de pagar a esos seño-res. Y ahora les exigen que habiliten esos espacios como lugar de masajes porque, lo que quieren, es el dinero.

Ahora, ¿ustedes creen que nosotras le vamos a cambiar la cabeza a esta gente? Claro que no. A las compañeras les tenemos que dar una solución hoy, no mañana cuando la sociedad haya cambiado. Como decía una compañera, si estamos en contra de la prostitución porque es inter-cambio de dinero por sexo, entonces hay que abolir el matrimonio. Ustedes no tienen idea de cuántas mujeres y cuántos varones están juntos por dinero.

47

48

Y tenemos el art. 81, que hay que derogar. No puede ser que en un país que tiene matrimonio igualitario, Ley de Identidad de Género, una Ley de Comunicaciones, si-gamos con el art. 81 y los códigos contravencionales.

También quiero decir que no solamente nosotras te-nemos problemas con la policía en la calle. Lamentable-mente en estas épocas, hay mafiosos que traen a las com-pañeras dominicanas y las ponen a trabajar, sobre todo en el Barrio de Flores. Nosotras sabemos quiénes son y queremos tener un espacio confiable. Y no solamente do-minicanos, también argentinos y también algunas muje-res que reproducen lo que a ellas mismas le hicieron y hoy traen compañeras a trabajar. Esto es un tema sobre el que habría que trabajar, sin pedirle a la compañera que vaya a declarar, como suelen pedir los fiscales. No podemos pedirle a la compañera que haga la denuncia. El Estado tiene que tener recursos suficientes para resolver esta si-tuación. Si tiene medios para pagar el control policial que nos aplican, deben tenerlos para realizar investigaciones sobre los mafiosos. Queremos un espacio confiable, noso-tras tenemos la información.

Tampoco queremos a las niñas/os en situación de ex-plotación sexual, tampoco la violencia, los códigos contra-vencionales. Creo que hay muchas coincidencias, de todos modos. La diferencia más grande es si consideramos la prostitución como trabajo o no, pero podemos trabajar, como dije, sobre lo que tenemos en común. No nos sub-estimemos más y no nos subestimen más. Tenemos que curar las heridas que nos dejaron la ruptura y avanzar. Sabemos quién es el enemigo. Esta es una oportunidad que no tenemos que perder, compañeras”.

49

“En primer lugar, agradezco a quienes organizaron este espacio de debate, especialmente a Bettina, a quien conocemos desde que era chiquita y a quien fuimos a quemarle la cabeza allá por el 98, cuando era Defensora. Agradezco también a Diana Maffía, porque ha sido siem-pre muy receptiva a nuestras demandas. También a Gra-ciela y a Elena, que me desarticularon con sus palabras, aún cuando tengo algunas cositas para decirles. Ojalá los políticos y las políticas tuvieran esa capacidad nuestra de superar las distancias y entender que se han de generar políticas públicas para personas concretas, más allá de las posiciones diferentes.

Cuando escuchaba a Elena, pensaba que, en realidad, nosotras nos hemos constituido en ‘sujetas afectivas’, pese a que la sociedad insiste en separarnos, mostrarnos como

Lohana Berkins es Presidenta de la Asociación Lucha por la Identidad Traves-ti y Transexual (ALITT) y de la Primera Escuela Cooperativa para travestis y transexuales ¨Nadia Echazú. Destacada dirigente de la comunidad travesti y activista en la promoción de los Derechos Humanos de personas y comunida-des que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad debido a su orienta-ción sexual o identidad de género. Desde el año 2000, coordina la Campaña por la Construcción de la Ciudadanía Travesti, un conjunto de intervenciones políticas, propuestas y reclamos al Estado que se han llevado adelante a través del trabajo junto a organizaciones GLTTTBI, feministas y organismos de De-rechos Humanos. En el año 2003 la Comisión Internacional de los Derechos Humanos para la Comunidad Gay y Lesbiana le otorgó el Premio Felipa como reconocimiento a su lucha por las libertades de las personas GLTTTBI y a la promoción de los Derechos Humanos en la región. Es co-autora de dos libros que presentan la situación de vida de las travestis en Argentina (“La gesta de nombre propio” y “Cumbia, copeteo y lágrimas”). Ha participado en diversos encuentros nacionales e internacionales a fin de incorporar en la agenda social y pública la problemática travesti y transexual. Participó en la elaboración de la recientemente sancionada Ley de Identidad de Género como integrante del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género.

5050

pecadoras, putas, indeseables. Pese a nuestro permanente contacto con la muerte, tenemos capacidad para generar vida a través de la muerte. De alguna manera, somos sobre-vivientes.

Me gustaría plantear dos cosas. Una cosa es el debate interno, que nosotras nos debemos y aprovechando esta tribuna, les digo a las compañeras que tenemos que sen-tarnos a discutir, que estamos ya en condiciones de hacer-lo. Por ejemplo, si la prostitución fuera un trabajo, ¿cuáles serían las modalidades de funcionamiento de ese trabajo? Estas son cosas que me interpelan y sobre ello tenemos que discutir, más allá de nuestras pasiones. La otra cosa es de-cir desde dónde hablamos. Cuando María Elena Naddeo hablaba, estaba tomando una posición. Podemos acordar o no, pero hay que valorar el posicionamiento. De lo contra-rio, terminamos diciendo cosas para calmar las diferencias y nosotras no necesitamos que nadie nos calme. La ambi-güedad deriva en hipocresía y morbosidad.

La otra cosa que querría discutir se refiere al Estado local de la Ciudad de Buenos Aires y su negativa a con-cedernos derechos, y a la justicia y su construcción de la víctima, llámese ésta como se llame. Siempre la construye desde un relato desgarrador. Somos tomadas como testi-moniantes, cotiza más contar que fuimos violadas, golpea-das, maltratadas. Así es como interesamos a la justicia. Y también el feminismo se ve en problemas con nosotras las trans, no somos mujeres ni tenemos esa matriz de pensa-miento que define qué es una mujer. Esto es muy peligro-so, porque como dijo Marcela Romero, el 99% de nuestra comunidad se prostituye. Entretanto, no todas las mujeres pobres se prostituyen. ¿Por qué, entonces, si estamos de-fendiendo el ejercicio de un derecho, deslegitimamos las posturas hacia las trans? Si protegemos solo a una parte, las

5151

mujeres, entonces quienes no forman parte de ese colecti-vo terminamos siendo algo así como resultado divino.

También quiero decir que por primera vez un Estado nacional, este Estado, fue receptivo a nuestra problemá-tica, advirtió que había un nicho de demandas no reco-nocidas, nuevas ‘sujetas’ con demandas concretas. Y allí nos acompañó en el armado de la primera cooperativa Nadia Echazú. Recibimos mil críticas y ahora hay más de 15 cooperativas travestis. También hay un montón de compañeras travestis trabajando en el Estado nacional; al tiempo que el Estado local de la Ciudad de Buenos Aires, no puede mostrar ni una travesti. Así como no hay una sola política concreta hacia nosotras que haya impulsado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Nosotras no invalidamos otros modos de encarar la defensa de los derechos o de autodenominación de cada una. Ahora, no quiero quedar fuera de nada ni sentir que el único destino que podemos dejar en herencia a las compañeras más jóvenes es la prostitución, con cambio de DNI incluido, y la zona roja. Se empiezan a construir discursos tramposos sobre los que hay que estar alertas.

Acabo de llegar de Colombia, de una reunión en la Co-misión Internacional de Derechos Humanos, responsable de elaborar un informe a entregar a los diferentes presi-dentes del mundo. Y escuchaba y escuchaba atentamen-te hasta que me di cuenta de que el informe no recogía las diferencias. Los tipos y modos de discriminación que provoca el Estado es muy distinto según el sujeto a que se refiera. Y si vamos un poco más adelante, la organización que a nivel nacional representa a ONUSIDA, nos llamaba en sus informes hombres que tienen sexo con hombres, ¿qué van a hacer ahora? ¿cómo nos van a llamar ahora

5252

que somos mujeres reconocidas? ¿cuál será la dirección de la política? En todo esto queremos ser parte, queremos discutir, ser parte de ese entramado. Ya no queremos ser más testimonios sino ‘sujetas’ del debate. Y esto incluye a la Defensoría y la articulación con ella. No solo queremos asesorar sino ser parte de sus propuestas de capacitación en derechos. Nosotras nos hemos dado cuenta del des-conocimiento que hay en los funcionarios, por ejemplo, sobre el derecho a la identidad de género. El otro día me decía una compañera travesti de casi 70 años que cuando fue a tramitar el cambio de DNI, la empleada le dijo que tenía que venir con la madre. ¿Se dan cuenta? Solamente en una urna podía llevar a la madre. Claro, la Ley de Identidad de Género es bárbara, pero los empleados res-ponsables de implementarla aún no la conocen.

Estamos, gracias al Estado nacional, transitando un momento rico en apertura y reconocimiento de sujetos, que hasta ahora teníamos vedados nuestros derechos. Como decía Graciela, no queremos políticas especiales, las leyes ya están. Lo que queremos es acceder a ellas. La ley está para todos y todas, lo que es diferencial es el acceso, por prejuicios. Y también tenemos que ser llamadas cuan-do se formulan políticas para nosotras; las políticas se tie-nen que diseñar con nosotras y no sobre o para nosotras. Nosotras sabemos lo que queremos, sabemos exactamen-te lo que queremos, aun con diferencias entre nosotras. Con capacitación y oportunidad, podemos participar en el diseño de una política y articular con sectores diversos.

Como abolicionista tengo muchos interrogantes y quie-ro debatir con quienes tienen otras posiciones. Por ejem-plo, con García Tuñón, que participó en el panel anterior. Ella se posicionó a favor del trabajo sexual y, sin embargo, cuando hablaba de demandas nosotras sentíamos que eran

5353

las nuestras. La vivienda, por ejemplo, la educación, el ac-ceso y permanencia en esos sistemas es por lo que hay que luchar. Y esto es común a todas, independientemente de la posición que cada una asuma o defienda.

Vuelvo a agradecer esta invitación, la posibilidad de discutir en un espacio como este. Valoro estos espacios en que se escucha nuestra palabra y hay lugar para ella. Todos y todas las que estamos acá tenemos algún tipo de implicancia en el tema que nos convoca y todas y todos tenemos algo que decir desde el lugar en el que nos defi-nimos. Muchas gracias!”

54

55

Elena Reynaga:

Con respecto a cómo nos consideramos, una no pue-de generalizar. Hay compañeras que dicen “yo elegí el trabajo sexual y lo volvería a elegir”. Tenemos compa-ñeras que tienen tercer año de Ciencias Políticas y, sin embargo, optan por el trabajo sexual. También, en res-puesta a la afirmación que dice que la pasamos duro, les digo que yo no la pasé duro con los clientes. Yo la pasé duro con las malas condiciones en las que tenía que trabajar, la pasé duro cuando la policía nos llevaba hasta 90 días presas, la pasé duro cuando la policía me bajaba en medio de la autopista a La Plata y empeza-ban a tirarnos tiros, en época de la dictadura. Me quejo de las condiciones que pasamos muchas. ¿Y cuál es el problema si digo que con los clientes la pasaba bien? ¿a quién tengo que rendir cuentas? Si juntaba plata en mis botas de leopardo y llegaba a casa y contaba el dinero y veía que podía pagar el alquiler o llevar a mis hijos a Mar del Plata. Y me siento feliz de eso, ¿por qué me tengo que avergonzar? Las historias de nosotras no son iguales. ¿Por qué entramos en la prostitución? A mí, por ejemplo, nadie me obligó. Me gustaba mucho la plata y lo que ella me generaba. Para poder debatir hay que incorporar estas historias, nuestras voces, no solo acu-dir a palabras bonitas, políticas, intelectuales. Muchas compañeras no quieren venir a los debates porque se

EL DEBATE

55

56

les niega la palabra, el pensamiento, el sentir. Cuando una habla de violencia, esto también es violencia. Cuan-do se habla de patriarcado, ¿no es combatirlo decir a mí me gusta ser puta? ¿Por qué las otras mujeres se tienen que enojar tanto? ¿No es reproducir el patriarcado que dicen combatir? Dejen ser libre a las mujeres. En todo caso, lo que tenemos que hacer quienes hemos optado por la prostitución es empoderar a las mujeres para que no se violen sus derechos, no hacerlas sentir culpables. La mochila ya la tenemos. A mí me costó muchos años esa mochila, sacar de ahí todas las piedras que tenía. Las historias no son iguales y hay que empezar a iden-tificarlas y respetarlas. No se puede generalizar. Vuelvo a insistir en la necesidad de que nos den un marco le-gal en este país. Nosotras no estamos de acuerdo con el gobierno porque no nos ha mirado. Y también quiero decir que las mujeres deberían dejar a un lado sus po-siciones cuando son funcionarias y legislar para todas, no solo para las que piensan como ellas. El decreto de la Presidenta sobre el rubro 59 solo vulneró los derechos de las compañeras de todo el país. No hay una sola com-pañera de AMMAR que quiera votar a este gobierno porque las clandestinizaron, las hicieron volver al pa-trón y el patrón es el Intendente, el Diputado, alguno de sus parientes. Y esto no es solo problema del Frente para la Victoria, es de todos los partidos. Necesitamos acción de verdad y una acción de verdad no es la entra-da de la policía que pone contra la pared a las compa-ñeras para revisarlas. ¿No era que la compañera era la víctima? ¿Por qué tiene que ponerla contra la pared y manosearla toda? ¿Por qué tiene que haber una psicó-loga que quiere hacerla confesar a la compañera? Ella no quiere confesar, denunciar, antes tiene que acompa-ñarla. Además, ¿a quién va a denunciar? ¿al encargado? Porque detrás de esto hay un funcionario.

57

Dra. Bettina Castorino:

Quiero hacerle una pregunta a Diana Maffía re-ferida a qué saldo dejó en la Legislatura la propuesta del marco general que fuera trabajado por vos, ¿qué se puede retomar para una próxima discusión?

Dra. Diana Maffía:

Voy a referirme a algunas cosas que fueron sur-giendo en los paneles. Con respecto a los créditos de vivienda de los que hablaba Elena, hace ya muchos años que desde la Defensoría del Pueblo, en la década del ´90, habíamos empezado, con las compañeras, a trabajar estos temas. Los créditos para la vivienda eran una propuesta al gobierno de la Ciudad, para que die-ra créditos probando capacidad de gastos, capacidad que se podía probar a través de una tarjeta de crédito con la que se realizan determinados pagos para saldar gastos. Con esa capacidad de gastos se probaban in-gresos, no a partir de un certificado laboral en blanco, que mucha gente tampoco tiene. Esto ya es una ex-periencia desarrollada en Francia, para la obtención de créditos. Propusimos que se hiciera en Argentina y fracasamos, pero es un proyecto perfectamente viable que se puede retomar.

La propuesta evitaba que mujeres y travestis, que habían acumulado dinero, durmieran en cuartos de mala muerte, por estigma y discriminación, pagando mucho más de lo que salía un departamento. Mostran-do capacidad de gastos, sus niveles de vida serían acor-des a sus ingresos.

5858

Respecto a lo que decía Lohana que quien no conoce los derechos no puede ejercerlos, el proyec-to que ella viene desarrollando desde el año 2000, Construyendo la Ciudadanía Travesti, tenía como primer aspecto el conocimiento, la alfabetización en Derechos Humanos. Esto es, entrenar y conocer cómo esos derechos afectan nuestra vida, dónde exi-girlos y de qué manera.

Con relación al Plan para las Personas en Situación de Prostitución, es un plan que me acercó Graciela Co-llantes, que habían elaborado dentro de AMMAR Aso-ciación Civil y que lo conversamos con Elena Reynaga, porque queríamos que participaran todas las organi-zaciones. Lo que hicimos fue una convocatoria inter-ministerial. El diálogo que iniciamos en la Legislatura comprometía a varios ministerios que entendíamos es-taban o deberían estar involucrados y proporcionar las respuestas que las compañeras querían. Ellos eran el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio de De-sarrollo Social, pero también el Ministerio de Desarro-llo Económico y el Ministerio de Educación. Es decir, la demanda era una demanda de atención integral y lo que proponía era acompañar a aquellas mujeres que querían dejar la prostitución en la búsqueda de otros ingresos, que quienes continuaran con la prostitución pudieran acceder a los derechos que les da su mera condición de personas. Las respuestas tienen que ser dadas por cada uno de estos ministerios. La Ciudad tiene por ley un Plan de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Varones y Mujeres. Es muy desalenta-dor el nivel de ignorancia profunda en cuanto al dise-ño de políticas públicas con perspectiva de género en el Ejecutivo, ignorancia que no justifica la ineficiencia. Ignorancia a nivel de la Ciudad de Buenos Aires pero

5959

también a nivel nacional. No hay equipos técnicos que puedan garantizar el acceso equitativo a los derechos.

La vulnerabilidad de la que hablaba Graciela Co-llantes no refiere a abrir una ventanilla para las prosti-tutas, es garantizar y dar prioridad en el acceso a de-rechos, a la integración económica, bolsas de trabajo, formación laboral. Y todo ello está determinado por indicadores de vulnerabilidad. Estos indicadores no implican una cuota o cupo o estigmatización específica para un grupo social.

Con relación al art. 81, creo que es inconstitucional, como lo fue el 71. Cuando estábamos en la Defensoría del Pueblo hicimos una presentación de inconstitucio-nalidad puesto que la prostitución no es un delito. En mi caso personal soy abolicionista, pero creo que hay que comprometer a todos los sectores en el debate so-bre este tema. Ahora, perseguir la demanda y oferta de sexo o perseguir a las personas en situación de prostitu-ción es perseguir algo que no es un delito y por lo tanto es inconstitucional. Presentamos un proyecto para de-rogar el Artículo 81 y no fue tratado.

Con respecto al decreto de la Presidenta, quiero se-ñalar al menos dos aspectos. Uno dice que se prohíbe el rubro 59, los avisos de oferta y demanda de sexo, los avisos de prostitución porque se entiende que la pros-titución es uno de los factores que aumenta la trata de personas. Es decir, la prostitución no es un delito, pero produce un delito que es la trata de personas. Hay que probar la relación entre los avisos y trata de personas. Lo que no se hizo fue investigar qué decían esos avisos a pesar de que hay una denuncia con más de 900 avisos.

6060

Se registraron más de 660 avisos por día en el diario Clarín. Durante tres meses fueron recortados los avi-sos, identificados los que se repetían, qué direcciones y teléfonos se repetían. Todo ello fue denunciado judi-cialmente. ¿Qué pasó con esa denuncia? Se procedió a prohibir los avisos y no se investigó la trata de perso-nas y la explotación sexual. En esto, Elena tiene razón. El punto no es la persecución, es ir a averiguar adónde está el delito. Cuando invitamos a Espacio Público por los contenidos de los avisos y papelitos que se pegan en calle, y acá vamos al segundo aspecto del decreto de la Presidenta, y denunciamos las imágenes y términos con que se presentan los cuerpos de las mujeres y la violencia simbólica que ello implica, Espacio Público contestó que ellos eran responsables de la legalidad del espacio público, o sea, que paguen. Dijeron que si esos papelitos anunciaban clases de guitarra o prostitución, a ellos les daba igual. El tema era dónde se pegan los cartelitos y no su contenido. No hubo voluntad política por resolver este tema. Yo contaba hoy que trataron de bajar en un 15 % los impuestos a los prostíbulos y cuándo pregunté por qué se iba a realizar semejante cosa, me contestaron que se hacía porque eran lugares de diversión. ¿De diversión de quiénes? Finalmente, el impuesto no bajó, pero el Presidente de la Comisión de Presupuesto me dijo, públicamente, en la sesión, que no me preocupara, que él mismo iba a controlar el pago de los impuestos. Con un chiste hizo un tribu-to a prostituyentes y prostíbulos. Recordemos que la Diputada Gil Lozano fue amenazada en su propio te-léfono por denunciar la caja negra policial y denunció el modo en que se lucraba con la prostitución en un prostíbulo en particular. Quiero decir, en síntesis, que no hay voluntad política. No sólo en el gobierno de la Ciudad, hay ignorancia y mala praxis de la política.

6161

Si realmente vamos a trabajar en un proyecto con las compañeras hay que citar e interpelar a cada uno de los actores que no están acá y no están cumplien-do sus funciones como corresponde, empezando por la Fiscalía, el área de Desarrollo Social, la Dirección de la Mujer, el área de Educación. A mí me conmovió mucho la primera investigación que hicimos sobre travestis en la Ciudad de Buenos Aires, en el año 1999. Allí registra-mos que las principales formas de violencia que identi-ficaban las travestis se daban en la familia, en la escuela y en el hospital. La principal demanda de política pú-blica que ellas hicieron fue volver a estudiar; el 70% de ellas pidió volver a estudiar. Si no podemos escuchar las propias demandas de las personas que están en esta situación, creo que tenemos que dedicarnos a otra cosa.

Dra. Bettina Castorino:

Solo quería responder a la pregunta que se hizo so-bre por qué no están los fiscales en este evento. No los convocamos porque nos pareció que era necesario pri-mero tener este debate para llegar a algunas propues-tas y tener en claro qué le vamos a pedir a los fiscales. Tratar de unificar nuestro discurso en dos o tres aspec-tos con los que podamos luego demandar al Ministerio Público Fiscal.

También querría plantear algo que dijo Lubertino, referido al número de causas por prostitución que hay en la Ciudad. Quiero señalar que los números que hay en el sistema son escalofriantes. Estamos haciendo una investigación, que esperamos terminar pronto, sobre este tópico. En lo que va del año hay 5000 actas contra-vencionales labradas en la Ciudad de Buenos Aires. De

6262

ellas, casi el 97% pasan al archivo. Esto quiere decir que la persecución sigue en manos de la policía y la justicia, dependiente del Ministerio Público Fiscal, no está ha-ciendo la tarea como corresponde.

Recordemos que el Artículo 81 exige la participa-ción de un fiscal a la hora de labrar un acta. Es decir, las travestis y mujeres en prostitución siguen padeciendo la persecución policial, tal como fue antes de que cayeran los Edictos Policiales en el año 1996. Ha habido cambios legislativos pero hay una relación que no cambia, la re-lación de la policía con la prostitución en la vía pública. Esto tiene mucho que ver también con la corrupción, como se planteó acá.

Graciela Collantes:

Solo quería referirme al proyecto que se presentó el año pasado en la Legislatura Porteña, el que fue re-cién explicado por Diana Maffía. Nosotras, como orga-nización, la dificultad que recibimos se vincula a la de-manda de las mujeres respecto al empleo. Entendimos que esto era una responsabilidad del Estado y no de la organización y por eso armamos ese proyecto y lo pro-pusimos. Basta de ir con la mujer y que llore un poco ante la funcionaria y que ésta diga “ahora veo lo que te consigo”. Hicimos ese proyecto con el acompaña-miento de Diana Maffía y nos hicieron una devolución discriminatoria, terrible para el sector. Por eso yo dije y digo, no centrar la discusión en cómo nos llamamos porque sino vamos a seguir otro año sin resultados. Nosotras como organización, cuando vamos a debatir lo hacemos en términos de soluciones concretas para todas las mujeres, se llamen como se llamen. Y digo esto porque cuando se realizó la propuesta, hubo sec-

6363

tores que decían que no se sentían incluidas en ella y obs-taculizaban el debate. Invito a la mesa a buscar puntos en común y trabajar por ellos.

Lohana Berkins:

Quería hacer una aclaración. Primero, cuando habla-mos de estos temas tenemos que separar el debate sobre las mujeres. Yo respeto todos los relatos pero también exijo mi derecho de víctima. Siempre digo que lo mejor que me pasó en la vida fue haber sobrevivido a la prostitución. Yo soy la persona más vaga que hay, pero si tuviera que volver a la prostitución, preferiría ir a limpiar pisos. No basemos un debate en términos de quién sufre más.

En las travestis, además, hay algo importante: nuestra sexualidad pasa por la prostitución. Quitémonos la careta. Esta sociedad, ¿cómo va a desear un cuerpo que ni siquiera se atreve a imaginar? ¿Por qué mi cuerpo tiene valor en Palermo y no en todos lados?

Yo sí reivindico el gobierno de Néstor y Cristina Kirch-ner. Las travestis seríamos muy injustas si no reconocemos a un Ejecutivo que por primera vez nos da la posibilidad de peticionar políticas concretas siendo parte del Estado. Las cooperativas son una realidad que no se puede refutar. Hoy hay muchas travestis trabajando allí y en el gobierno también. ¿Es insuficiente? Sí, lo es. Pero es un paso y muy importante. Cada quién que se ponga el sayo que quiera, pero yo sí quiero reconocer a esta gestión. Hay que reco-nocer estos avances.

Marlene Wayar:

Quiero aclarar que nosotras nos estamos apropiando de la voz de las personas en prostitución. ¿Por qué no damos

64

estos debates en los ambientes de prostitución? Ningu-na de nosotras, o la mayoría, no está hoy en prostitu-ción. Es cierto que tenemos una historia y mucha ex-periencia, pero la historia no es para atrás, se construye para adelante. Que nosotras tomemos nuestras historias implica poner en riesgo a las compañeras que hoy están en prostitución. Cuando se habla de elegir, por supues-to que se pueden elegir muchas cosas. Muchas elegimos la prostitución.

Lo que más me preocupa es si consideran el trabajo sexual, entonces, tendrán que preguntarse a qué edad van a empezar a formar a las prostitutas, ¿en la escuela primaria? ¿en la secundaria? Las prostitutas van a ser ca-pacitadas en todos los aspectos que implica la actividad, incluido el dejarse golpear. ¿O vamos a formar prostitu-tas de cinco estrellas?

Otra pregunta posible es si las violaciones a que nos someten cuando ejercemos la prostitución, ¿son un tema de educación también?

65

LAS MESAS DE TRABAJO

FASE UNO

Se conformaron tres mesas de trabajo, integradas cada una de ellas por quince personas. Se optó porque su conformación incluyera a partici-pantes de las distintas organizaciones, de aquellas que se definen como abolicionistas y de las que asumen la prostitución como un trabajo. La razón de ello estribó en la necesidad de dirimir desacuerdos y construir consensos desde el comienzo de la actividad.

Se solicitó a cada participante que, de manera indi-vidual, identificara los problemas que, en relación a la prostitución, ameritan ser tratados por parte del Estado. Esto incluyó tanto a quienes se encuentran actualmente en situación de prostitución o de trabajo sexual y de quienes están vinculadas al tópico como funcionarios/as, académicos/as y/o integrantes de otras organizaciones sociales.

En el interior de cada mesa de trabajo se consensua-ron los problemas identificados por cada participante, haciendo a un lado aquellos sobre los que no había acuerdo. Posteriormente, las producciones grupales fueron puestas en común en la sesión plenaria.

Durante esta primera etapa del trabajo, el conjunto

66

de los problemas presentados por cada uno de los grupos fue el siguiente:

El artículo 81 de CCU criminaliza la prostitución y la ofer-ta de servicios sexuales.

Hay una gran falta de información entre las compañe-ras en lo que atañe a los seguros sociales, inscripciones en monotributo, accesos a cajas de ahorro y créditos.

Las apreciaciones morales nos clandestinizan, violentan y encierran en guetos.

La confusión existente que no distingue a la explotación sexual, de la prostitución y de la trata de mujeres, produ-ce más violencia contra las mujeres en prostitución y las trabajadoras sexuales.

El Estado solo interviene de manera represiva y anticons-titucional (aplicación de códigos contravencionales).

Existen serias dificultades para las mujeres en prostitu-ción y las trabajadoras sexuales para acceder a la salud, a la educación y a la vivienda.

Existen dispositivos discriminatorios (turnos médicos, es-tereotipos de género de los agentes de la salud) que res-tringen el acceso a la salud por parte de las mujeres en prostitución y las trabajadoras sexuales.

La aplicación arbitraria de las leyes, sujeta a los prejuicios de los funcionarios de la justicia, afecta nuestra actividad.

Las mujeres en prostitución y las trabajadoras sexuales estamos atravesadas por múltiples formas de violencia, especialmente, la violencia institucional.

67

Hay una gran ignorancia y resistencia de parte del Estado y de los gestores públicos acerca de la prostitución y su consideración como problemática.

La sociedad en general tiene estereotipos y prejuicios con relación a la prostitución y al trabajo sexual y ello nos es-tigmatiza negativamente.

La prostitución es un tema en el que los varones no se involucran.

Las organizaciones no están articuladas y sus agendas tie-nen poca incidencia en el ámbito púbico.

Existen dificultades en las organizaciones para construir consensos y se imponen sobre ellas agendas externas, gu-bernamentales y no gubernamentales.

Los procedimientos que se utilizan para los casos de trata son vejatorios hacia las mujeres, precisamente, víctimas de trata (se las desnuda, se las somete a revisaciones mé-dicas, etc.)

El marco legal actual impide trabajar en cooperativas de trabajo autónomo, incluidos los servicios sexuales.

Existe un mal uso de la Ley 12.331 (de profilaxis) que deviene en allanamientos a domicilios particulares en los que se realiza el trabajo sexual y que, en ocasiones, impo-ne el desalojo de las inquilinas bajo acusación de regenteo.

68

FASE DOSEste listado de problemas, que reúne aquellos identificados en cada uno de las mesas de trabajo, se discutieron nue-vamente en una sesión plenaria y se seleccionaron aque-llos sobre los que el conjunto de los/as participantes tenían acuerdo.

El resultado fue el siguiente:

El artículo 81 de CCU criminaliza la prostitución y la ofer-ta de servicios sexuales.

Existen serias dificultades para las mujeres en prostitu-ción y las trabajadoras sexuales para acceder a la salud, a la educación y a la vivienda.

Existen dispositivos discriminatorios (turnos médicos, es-tereotipos de género de los agentes de la salud) que res-tringen el acceso a la salud por parte de las mujeres en prostitución y las trabajadoras sexuales.

Existe un mal uso de la Ley 12.331 (de profilaxis) que deviene en allanamientos a domicilios particulares en los que se realiza el trabajo sexual y que, en ocasiones, impo-ne el desalojo de las inquilinas bajo acusación de regenteo.

Las mujeres en prostitución y las trabajadoras sexuales estamos atravesadas por múltiples formas de violencia, especialmente, la violencia institucional.

Hay una gran falta de información entre las compañe-ras en lo que atañe a los seguros sociales, inscripciones en monotributo, accesos a cajas de ahorro y créditos.

69

La sociedad en general tiene estereotipos y prejuicios con relación a la prostitución y al trabajo sexual y ello nos es-tigmatiza negativamente.

La aplicación arbitraria de las leyes, sujeta a los prejuicios de los funcionarios de la justicia, afecta nuestra actividad.

Hay una gran ignorancia y resistencia de parte del Estado y de los gestores públicos acerca de la prostitución y su consideración como problemática.

Presentado este listado de problemas, proveniente de las mesas de trabajo, los mismos fueron organizados según estrategias y/o ámbitos de intervención posibles.

En lo que atañe al marco legal:

El artículo 81 de CCU criminaliza la prostitución y la ofer-ta de servicios sexuales.

La aplicación arbitraria de las leyes, sujeta a los prejuicios de los funcionarios de la justicia, afecta nuestra actividad.

Existe un mal uso de la Ley 12.331 (de profilaxis) que deviene en allanamientos a domicilios particulares en los que se realiza el trabajo sexual y que, en ocasiones, impo-ne el desalojo de las inquilinas bajo acusación de regenteo.

FASE TRES

7070

Respecto a información, conocimiento, sensibilización (de la sociedad y agentes del Estado):

Hay una gran falta de información entre las compañe-ras en lo que atañe a los seguros sociales, inscripciones en monotributo, accesos a cajas de ahorro y créditos.

La sociedad en general tiene estereotipos y prejuicios con relación a la prostitución y al trabajo sexual y ello nos es-tigmatiza negativamente.

Hay una gran ignorancia y resistencia de parte del Estado y de los gestores públicos acerca de la prostitución y su consideración como problemática.

Existen dispositivos discriminatorios (turnos médicos, es-tereotipos de género de los agentes de la salud) que res-tringen el acceso a la salud por parte de las mujeres en prostitución y las trabajadoras sexuales.

Las mujeres en prostitución y las trabajadoras sexuales estamos atravesadas por múltiples formas de violencia, especialmente, la violencia institucional.

Finalizando ya la jornada, se propuso seleccionar no más de cinco problemas y proponer líneas de intervención a futuro. Los problemas elegidos fueron:

El artículo 81 de CCU criminaliza la prostitución y la ofer-ta de servicios sexuales

FASE CUATRO

7171

Hay una gran falta de información entre las compañe-ras en lo que atañe a los seguros sociales, inscripciones en monotributo, accesos a cajas de ahorro y créditos.

Hay una gran ignorancia y resistencia de parte del Estado y de los gestores públicos acerca de la prostitución y su consideración como problemática.

Las líneas de intervención propuestas fueron las si-guientes:

- Derogación del Artículo 81 del CCU.

- Elaboración de un proyecto de ley para la derogación, en articulación con el Poder Legislativo de la CABA y el Observatorio de Género coordinado por la Dra Diana Maffía en el Consejo de la Magistratura. - Diseñar e implementar un plan de capacitación y sensi-bilización de los distintos actores de la justicia y la policía metropolitana sobre el tópico (aplicación del artículo 81, probation, atención y defensa de personas en prostitución y trabajadoras sexuales).

- Diseñar un programa de acompañamiento a personas en prostitución y trabajadoras sexuales que las asista en trá-mites de tipo judicial y para el armado y presentación for-mal de propuestas tales como cooperativas de trabajo. El programa sería coordinado por la Secretaría General de Derechos Humanos de la Defensoría General de la CABA.

- Conformar una Mesa de Trabajo Intersectorial que será responsable del efectivo desarrollo de las propuestas.

Edición a cargo de la Oficina de Prensa,

Difusión y Publicaciones.

Material de distribución gratuita. Prohibida su venta. Publicado en abril de 2013

www.defensoria.jusbaires.gob.arDefensoría generalde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires