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SEMANARION° 223 | 20 Enero 2012 | Editado por COMUNICACIONES-SJ

¤ Denuncian indígenas de Locomapa, Yoro

Autoridades del Estado confabuladas con empresarios saquean sus territorios

Elda Merary Soto, es una in-dígena de la tribu Tolupan de San Francisco Locoma-

pa, en el departamento de Yoro.

Ella, al igual que muchos de los pobladores, siente impotencia ante la actitud de la policía nacio-

nal que se confabula con las autori-dades del Instituto de Conservación Forestal, ICF y empresarios, para

saquear su territorio y aprovechar-se del bosque y de los nacimientos de agua que ellos han cuidado por muchos años.

En el sector se ubican 19 comuni-dades en extrema pobreza, hay problemas de salud, falta de acceso a la educación, no hay empleo. Las mujeres cuentan que cuando logran encontrar trabajo en cocina ganan

300 lempiras al mes. Por lo general se dedican a cuidar sus niños y tam-bién a labrar la tierra. Los hombres ganan 100 lempiras diarios pero no siempre encuentran trabajo.

Al lugar ha llegado un empresario Kenton Landa Uclés, quien es uno de los protegidos de la policía nacional y de manera fraudulenta ha logrado que el Instituto de Conservación Fo-restal, ICF, le permitan botar àrboles de manera descontrolada y comer-cializar la madera.

La gente de Locomapa se ha opues-to al saqueo de la madera, han rea-lizado denuncias y tomas del lugar para detener las rastras y maquina-ria del señor Uclés.

Estas acciones para defender sus recursos les ha costado amenazas, persecución y hasta detenciones. Al lugar han llegado elementos de la policía y se han llevado detenidos a varios de los dirigentes.

Los pobladores consideran que la Fiscalía del Medio Ambiente y el ICF están acomodados a los intereses de los ricos.

“Hace poco nos detuvieron sin orden de captura y eso no es correcto”, dijo José María Pineda, campesino de la zona.

Dilma Soto afirma que han sido ame-nazados a muerte por defender los recursos naturales. Sin embargo cree que luchar por la defensa de sus territorios es una necesidad y advierte que siempre se van a opo-ner al saqueo de la madera.

El abogado Víctor Fernández, quien acompaña a los tolupanes en esta lucha, afirma que es visible que empresarios están explotando el bosque y en dos ocasiones han sido acusados varios miembros de la tribu, en dos procesos judiciales distintos, por obstaculización de un plan de manejo forestal.

“Ellos no están come-tiendo ningún delito

al defender sus recur-sos naturales. Hemos estado exigiendo a la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural que inicie un proceso de investigación en contra de los fun-

cionarios del Estado que en colusión con empresarios de la

zona han autorizado la explotación de sus bosques”, indicò el

abogado defensor de los indìgenas.

Agregó que todo esto es una viola-ción al convenido 169 de la Organi-

zación Internacional del Trabajo, OIT, sobre los pueblos indígenas, especí-ficamente al derecho que da a estos lugares a participar y a decidir sobre todas las cuestiones que les involu-cren como tribu”, explicó el abogado Fernández.

Dijo que se seguirá trabajando en el caso y el 2 de febrero se realizará una audiencia, Se espera que los indígenas que han sido víctimas de estos actos de persecución la ame-nazas, detenciones y saqueo de sus territorios tengan acceso a la justicia y que se logre una respuesta favo-rable a los detenidos y para pueblo tolupan.

A las tierras de los tolupanes tam-bièn han llegado otros empresarios que pretenden instalar una hidro-elèctrica, proyecto al cual se oponen los indìgenas porque no traen ningun beneficio para sus comunidades sino que solo ganancias para los ricos.

El sector de Locomapa posee mucha riqueza, ademàs de su abundan-te bosque, existen muchas plantas medicinales y frutales. Algunos po-bladores se han organizado en una cooperativa para elaborar medicinas y shampoo de shàbila, el cual venden en la zona y en la ciudad de Yoro. De esta manera logran hacerse algunos lempiras para medio comer, cuentan los pobladores.

Unas 19 comunidades se oponen al saqueo de la madera y advierten que seguirán defendiendo sus recursos naturales, a pesar de la perse-cución y amenazas por parte de la policía nacional y los empresarios.

A pesar de contar con tanta riqueza natural, las comunidades indìgenas viven en extrema pobreza.

Este es un aserradero donde antes los indìgenas preparaban la madera.

José María Pineda, dirigen-te indígena de la tribu de

San Francisco de Locomapa, Yoro.

BOLETIN - Julio 2009 l 2NUESTRA PALABRANuestra apuesta: contribuir a la búsqueda de consensos

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Nuevo salario mínimo es inconstitucional

El abogado Salvador Espinoza, es-pecialista en Derecho Laboral ase-guró que el nuevo incremento al salario mínimo es inconstitucional ya que se estableció para dos años, contrario a lo que dice la Ley de Sa-lario Mínimo que debe ser anual y como parte de las atribuciones del presidente de la República según la Constitución.

El gobierno aprobó el 12 de enero un aumento al salario mínimo que oscila del 5,6 al 7,25%, según el nú-mero de empleados de las empre-sas que operan en Honduras, ajuste que se mantendrá por dos años.

Sin embargo, Evangelina Argueta, miembro de la Central General de Trabajadores, CGT, y parte de la co-misión negociadora este año, afirmó que la negociación fue interesante y productiva pues se evitó que mu-chas empresas cerraran y subieran las cifras de desempleo.

Pudo MáS EL MiEdoPero para Argueta, aunque muchas personas no estén de acuerdo con el porcentaje de incremento, la gran preocupación de lo que está pasan-do a nivel de Centroamérica, recor-tes de personal o cierres de empre-sas, puede más que cualquier cosa. “Las opiniones de los trabajadores han sido positivas, no es el gran au-mento pero la gente tiene temor de quedar sin trabajo” dijo Argueta. Sin embargo, no todos están con-tentos como lo establece Argueta.

Waldin Banegas del Sindicato de la fábrica Star, Sitrastar, asegura que el aumento este año, es “pírrico” y que solo demuestra la exclusión que sufren los obreros y obreras de las maquilas, que este año se traduce a aproximadamente 300 Lempiras de aumento.

iNcoNStitucioNALArgueta aseguró que se estableció

por un plazo de 2 años para el si-guiente ajuste, y en el caso de las maquilas de 3 años, porque para los trabajadores todos los años siempre se está jugando con el tiempo, ha-ciendo “show” y finalmente perdien-do el retroactivo, además habrá una comisión de seguimiento, vigilante que el acuerdo se cumpla.

Ante esto, Espinoza explicó que el tiempo que se negoció, jurídicamen-te, ni la constitución ni la Ley faculta a persona alguna ni al propio Esta-do para que negocien salarios por más de un año.

“La constitución dice que le corres-ponde dentro de sus atribuciones al presidente de la república fijar el salario mínimo de conformidad con la Ley de Salario Mínimo que en su artículo 35 señala que debe nego-ciarse año con año, en diciembre para que entre en vigencia en enero y que si la tasa de la inflación va mas allá del 12% entonces puede revi-

sarse en junio.

Algunos compañeros y compañeras de buena fe dicen que esta nego-ciación ha sido histórica y que es un triunfo completo, yo creo que hay que ser un poco más analítico” adujo.

tiEMPo dE vAcAS FLAcASPara el abogado, actualmente la di-rigencia obrera está en “tiempo de vacas flacas”, ya que el incremento al salario mínimo, lejos de ser histó-rico y productivo, fue una imposición del mercado y los intereses que se

juegan en la esfera industrial.

“La tasa de inflación que muestra el Estado ha sido puesta en duda porque no refleja algunos renglones que son claves como la vivienda, vestuario, educación y esto parte de que el sistema capitalista ha ido minando esa correlación de fuerzas entre sector industrial y obrero, agenciándose un poder omnímodo que no permite aumentos como el que se dio cuando Manuel Zelaya, un 70%, un caso más del azar” ex-presó Espinoza.

Nuestra apues-ta es la de contribuir a

buscar consensos hondu-reños. Todos los comien-zos pueden ser oportu-nidades para rehacer la vida, ver nuevos horizon-tes, emprender nuevas tareas y echar la suerte en un nuevo camino por andar. Así queremos ver y recorrer desde el Eric y Radio Progreso este año 2012. Las cosas no están para optimismo y euforias, pero tampoco están para hundirnos en la derrota.

A lo largo de este año todo lo que hacemos, lo

que decimos, escribimos, pensamos, difundimos y trabajamos queremos ver-lo desde una apuesta ins-titucional común. Nuestro relacionamiento tanto con las comunidades, la Igle-sia y las diversas organi-zaciones sociales y popu-lares lo establecemos a partir de una apuesta por contribuir a buscar con-sensos. Una apuesta que a su vez tiene tres expre-siones.

La primera expresión de nuestra apuesta es la de contribuir a buscar con-sensos en la lucha contra la impunidad. Y esta lucha

la entendemos desde el seguimiento, apoyo y res-paldo a las iniciativas que primordialmente impulsen y lideren las personas y sectores que han sido y siguen siendo víctimas de la impunidad, especial-mente de parte de la insti-tucionalidad del Estado.

La segunda expresión de nuestra apuesta es la de contribuir a buscar consensos en torno a la lucha en defensa de nues-tras riquezas y recursos naturales. Y esta lucha la entendemos desde la arti-culación con organizacio-nes comunitarias, socia-

les, eclesiales y populares que defienden sus tierras, bosques, aguas y minería frente a personas, grupos e instituciones nacionales o transnacionales que trafican y negocian con el patrimonio de las comuni-dades.

La tercera expresión de nuestra apuesta es la de contribuir a iluminar críti-camente la realidad políti-ca hondureña que en este año está especialmente alterada y condicionada por el complejo y nada fácil proceso político elec-toral. Con toda la riqueza que representa tanto la

participación ciudadana en procesos electorales, como la irrupción de di-versas ofertas políticas, este proceso político elec-toral, además de distrac-tor, sigue siendo la expre-sión de un modelo político elitista, concentrador de poder y productor de ex-clusión y discriminación.

El peligro de la utiliza-ción de las demandas y los conflictos acumulados en función de perfiles electo-rales exige una auténtica vigilancia social, que en el caso de nuestra apuesta se expresa en el análisis y la palabra critica, siempre

en el marco de la búsque-da de consensos.

Desde esta apuesta por contribuir a buscar consensos con sus tres expresiones apuntadas, invitamos a nuestros oyentes, organizaciones aliadas y comunidades de base a que en este año demos un paso en firme en la construcción de una nueva cultura que nos conduzca a re-hacer los tejidos sociales, políticos y económicos para crecer como ciudadanía activa, responsable, autónoma y soberana en sus decisio-nes.

¤ Según abogado laboralista

El acuerdo establece que las empresas con hasta 50 empleados harán un ajuste del 5,6% al salario de su personal, y el aumento es del 6,24% para las que poseen de 50 a 150 trabajado-res. Las compañías con más de 150 trabajadores aprobaron un aumento salarial del 7,25%.

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Asesinan a dirigente campesino del Muca Sicarios asesinaron al dirigente cam-pesino Matías Valle Cárdenas, del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán, Muca, margen derecha. Este hecho lamentable sucedió hoy en la aldea Quebrada de Arena, To-coa, Colón.

Según testigos, Valle Cárdenas a eso de las 7:00 de la mañana, se encon-traba frente al depósito Vargas, para tomar un bus interurbano, cuando dos individuos que se conducían encapuchados en una motocicleta, le dispararon en varias ocasiones y luego se dieron a la fuga.

El hoy occiso tenìa 51 años de edad y era fiscal de la Empresa Campesina La Chile, del asentamiento La Con-

fianza del Muca. Deja 6 hijos, tres de ellos menores de edad, procreados con su esposa Dominga Ramos Mon-toya.

“Valle habìa recibido amenazas a muerte desde hace varios años, igual que ahora está en peligro el resto de la dirigencia campesina del Aguán”, manifestó un dirigente cam-pesino de Muca.

Con este nuevo crimen ya suman 56 los labriegos asesinados desde 2009 hasta la fecha.

“Lo peor es que todos estos casos están en total impunidad, aún cuan-do hay fuertes indicios que tienen que ver con la lucha por la recupe-

ración de las tierras en poder de los terratenientes de la zona del Aguán” concluyó el campesino.

Por su parte, Esly Banegas de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, Copa, mani-festó que a pesar de haber instala-do el Observatorio Permanente de Derechos Humanos, y de firmar di-ferentes convenios para la solución del conflicto agrario en el Aguán, se siguen perdiendo vidas.

“Como Copa y demás organizaciones del Aguán, exigimos al régimen de Porfirio Lobo Sosa, el cese de tanta represión y asesinatos, y el castigo para los violadores de Derechos Humanos”, manifestó Banegas.

“La ley de Minería e Hidrocarbu-ros, favorece a las transnacio-

nales y no al pueblo hondureño, ya que en ésta no se ha considerado la soberanía y dignidad de los ha-bitantes de los territorios para explotación minera en Honduras” aseguró Bertha Cáceres, Coordina-dora del Consejo Cívico de Organi-zaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copinh.

Sus reacciones se producen luego que se anunciara que el Congreso Nacional, la próxima semana, es-taría retomando la discusión de dicha Ley en el inicio de la tercera legislatura.

Bertha Cáceres agregó que el pro-yecto de la nueva Ley de Minería es una amenaza contra la vida, la so-beranía, biodiversidad, salud, agua

y dignidad, que es lesiva para los pueblos indígenas y negros, a las comunidades campesinas y rurales, poblaciones afectadas y amena-zadas, y al pueblo hondureño en general.

Las organizaciones comunitarias y defensoras del ambiente han cues-tionado la secretividad con la que la Comisión de Dictamen, que preside el diputado nacionalista Donaldo Reyes Avelar, ha manejado la Ley y no ha querido publicar la esencia de ésta.

Entre los cambios que se plantean en la nueva Ley de Minería está el incremento al impuesto que las mi-neras darán a las municipalidades que será de 4.5 por ciento, del cual el dos por ciento será para la de-nominada Tasa de Seguridad y el

dos por ciento para las alcaldías, y el medio punto restante será diri-gido al apoyo de logística e inves-tigación del Instituto de Geología y Minas que sustituirá a la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería, Defomin.

LEY SiN SociALizAr

Pedro Landa, del Centro Hondure-ño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, y de la Coalición de Redes contra la Minería, consideró que la forma en que se ha elabo-rado el proyecto de Ley ha sido ex-cluyente ya que no se ha tomado en cuenta a los pobladores de las zonas donde se realiza hasta el momento actividad minera.

Landa señaló que “el proyecto de la nueva ley tiene serias deficien-

cias por la falta de consultas, lo que estaría generando graves proble-mas para las comunidades y a los entes encargados de la regulación ambiental, debido a que no deja establecido que previo a una ex-plotación minera primero se debe consultar al pueblo”.

La ley no contempla penalidades para las

empresas mineras que cometan actos reñidos contra la

ley y con la justicia, para sancionarles por los daños que

provoque al ambien-te y a las comunida-des, como ha suce-dido en San Andrés Minas y Entremares en el Valle de Siria.

Pedro Landa dejó claro que en un inicio el proyecto de Ley de Minería, recogió algunas de las propuestas hechas por las organizaciones am-bientales pero que en el camino es-tas fueron trastocadas y dejadas a conveniencia de las transnacionales de la minería.

Mediante un comunicado el Copinh junto a otras organizaciones de-nunciaron que actualmente “hay más de 130 solicitudes pendientes para explotación minera, que son parte de la subasta de las riquezas

naturales y de la depredación sin límites en Honduras.

A esto se suma la entrega del 30 por ciento del territorio nacional a las trasnacionales mineras a tra-vés de 370 concesiones y 21 más aprobadas en las últimas semanas, situación que traerá un costo sin precedentes en la destrucción de la vida del pueblo hondureño”.

viENEN MoviLizAcioNES

Wilfredo Rivera, miembro del Mo-vimiento Ambientalista Santabar-barense, MAB, señaló que en el nuevo proyecto e la Ley de Minería únicamente se contempla los in-gresos que la explotación minera a cielo abierto estará generando al gobierno, pero no se crean los métodos de regulación para evitar que las transnacionales se marchen dejando sólo muerte y destrucción en las territorios explotados.

Afirmó que las organizaciones po-pulares, indígenas y comunitarias no se quedarán de brazos cruza-dos y la próxima semana saldrán a las calles en rechazo a la aproba-ción de la nueva ley de Minería e Hidrocarburos.

Varios dirigentes indicaron que ha-rán las denuncias internacionales correspondientes ya que se está a las vísperas de un marco legal que en vez de proteger los recursos na-turales y el derecho de los pueblos, los deja desamparados.

Dictamen Ley de minería es lesivo para los pueblos¤ Según organizaciones comunitarias

La próxima semana se retomará en el congreso Nacional la discusión de la Ley de Minería.

Campesino Matías Valle era miembro del MUCA.

BOLETIN - Julio 2009 l 4

1 Cada 15 de enero, miles de fieles se acercan al santuario de Esquipulas en Arena Blanca, municipio de El Progreso, Yoro, para pedir favores o cumplir promesas.

2 Muchas mujeres pidieron con fe y devoción un cese a la violencia.

3 La celebración del Cristo Negro de Esquipulas en la comunidad de Arena Blanca, comienza con un vía crucis que a lo largo de dos kilómetros une las voces de la gente en oraciones y cantos alusivos.

4 Por más de 400 años la celebración del Cristo Negro de Esquipulas, que originalmente se encuentra en Guatemala, reúne a miles de devotos católicos en todo Centro América a encender velas de esperanza.

5 Arena Blanca, una aldea al norte de Honduras, se ha convertido en el destino de miles de hondureños devotos que no pueden ir a la basílica del Cristo Negro en Guatemala.

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El Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Stenee, presentará al Le-gislativo una propuesta de Ley que faculte a la estatal hacer la lectura, facturación y cobro de la energía eléctrica.

La propuesta surge debido a la carga técnica y administrativa que acarrea el Servicio de Medición de Honduras, Semeh, que mensual-mente crucifica los bolsillos de los hondureños y hondureñas.

Miguel Aguilar presidente del Ste-nee a nivel nacional asegura que el interés del sindicato es que la Empresa Nacional de Energía Eléc-trica, Enee, retome esas funciones que fueron tercerizadas en 1999, otorgadas, mediante un contrato a Semeh.

Demandan a la gerencia general

que se hagan ensayos legales, téc-nicos y operativos con la actual es-tructura, para conocer el margen de debilidad técnica y administra-tiva y se pueda superar en estos cuatro meses, ya que en mayo fina-liza el contrato con Semeh.

Pero no solo existe la propues-ta de los sindicalistas de la Enee, ya se maneja la propuesta de un grupo colombiano llamado Gensa y LR Goup de Israel y otro estado-unidense, que están interesados en realizar la lectura, facturación y cobro de la energía eléctrica.

De retomar la lectura, facturación y cobro de la energía, Aguilar agrega que la estatal estaría ahorrándose más de 20 millones de lempiras mensuales que serían invertidos en mejoras de los servicios que presta la institución del Estado.

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Fe colectiva en fiesta de Cristo Negro de Esquipulas

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Sindicato propone que Enee retome lectura, facturación y cobro de energía

El pueblo ha mantenido la denuncia en contra de Semeh por mal servicio.

Para solicitar el respaldo de la población hon-dureña y exigir al régimen de Lobo Sosa que estas funciones vuelvan a la es-

tatal, el sindicato iniciará acciones

en diferentes regiones del país comenzando el próximo martes en Tegucigalpa.

El presidente Mau-ricio Funes pidió perdón en nombre del Estado por la

matanza de 936 personas en una de las mayores masacres realizadas durante la gue-rra civil al conmemorar el 20 aniversario de la firma de los “Acuerdos de Paz”.

Ciertamente no estamos acos-tumbrados a que quiénes administran el poder pidan perdón a su propio pueblo, especialmente a las víctimas inocentes, indefensas y a sus familias.

En sus propias palabras dijo que “aquí se cometieron un sinnúmero de actos de barba-rie y violaciones a los derechos humanos: se torturó y ejecutó a inocentes; mujeres y niñas sufrieron abusos sexuales y cientos de salvadoreños y sal-vadoreñas hoy forman parte

de una larga lista de desapa-recidos, mientras otros y otras debieron emigrar y perderlo todo para salvar sus vidas”. Y, sin embargo, no es nuevo en nuestro continente pues varios presidentes han emprendido la tarea de la reconciliación na-cional haciendo que la “memo-ria histórica” sea una realidad, que se escuche a las víctimas, que se anulen las amnistías decretadas por los militares cuando dejaron el poder y que impusieron a los gobiernos ci-viles en su transición hacia la democracia.

Dilma Rousseff, presidenta ac-tual de Brasil, fue encarcelada, violada y torturada. Lo mismo sucedió con el Presidente José Mújica de Uruguay, exguerrille-ro tupamaro y preso por más de doce años. La primera ha conformado la “Comisión de la Verdad” con el objeto de

esclarecer los crímenes, asesi-natos, desapariciones y tortu-ras cometidos por la dictadura militar. Mújica logró derogar la “Ley de la Caducidad” que amnistiaba a los criminales de la dictadura. Y, ahora Funes, se une a esta cadena de presidentes que “utilizan el poder, pero de otra forma y con otros fines”. Y no deja de ser casualidad que lo realicen gobernantes que “vienen de la izquierda” y que cuentan con un grado de legiti-midad elevado en sus países.

Nos preguntamos por qué el presidente hondureño que se ha formado en la “tradición socialista”, como muy bien le recordaba recientemente el presidente Daniel Ortega, no hace algo semejante en nues-tro país. El Presidente Funes no solo pidió perdón sino que “mencionó a los jefes respon-

sables de la que se considera la mayor masacre de las ocu-rridas en países latinoamerica-nos que han sufrido conflictos armados.

“El teniente coronel Domingo Monterrosa, el mayor José Ar-mando Azmitia Melara y el ma-yor Natividad de Jesús Cáceres Cabrera”.

Igualmente pidió terminar con la “impunidad histórica” y que los militares hagan “una revisión de su interpretación de la historia a la luz de este reconocimiento” dejando de “presentar como héroes de la institución y del país a jefes mi-litares que estuvieron vincula-dos a graves violaciones a los derechos humanos”. Nosotros hemos vivido un gol-pe de Estado y estamos atra-vesando una de las peores crisis en cuanto a la institucio-

nalidad jurídico-democrática se refiere. Lo más urgente en estos mo-mentos es afrontar el tema de la impunidad, tener la “hon-radez histórica y política” de hacer público los nombres de los responsables y, sin más tardanza, poner en práctica las recomendaciones que nos dejó la “Comisión de la Verdad y Re-conciliación”. Ni el gobierno ni las campañas electorales que están comen-zando tendrán credibilidad mientras no haya perdón a las víctimas y acabemos con el ejercicio de un poder que do-mina y se impone a toda la so-ciedad en vez de ser un “poder de reconciliación”.

Porque la experiencia de nues-tros hermanos latinoamerica-nos nos dice y hace creer que “otro poder… es posible”.

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La Ceiba

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Otro poder… es posible

BOLETIN - Julio 2009 l 6Mujeres Nobel de la Paz demandarán esclarecimiento de femicidios en Honduras

En el marco de la celebración del Día Nacional de la Mujer, el 25 de enero, dos mujeres

Premio Nobel de la Paz visitarán Honduras para conocer la situación que atraviesan las mujeres en una sociedad afectada por altos índices de violencia, discriminación y ma-chismo.

“Para nosotras es un gran honor y una gran alegría la visita de mujeres Nobeles de la Paz como parte de una gira que impulsa la Iniciativa de

Mujeres Nobel”, aseguró Gilda Ri-vera, directora ejecutiva del Centro de Derechos de Mujeres, CDM, una de las organizadoras que preparan la actividad. Rivera manifestó que esta actividad es parte de una gira que realizan las Premios Nobel, iniciando en México, Honduras y finalizando en Guatema-la.

“Tendremos la presencia de la Pre-mio Nobel de la Paz (1997) Jody Wi-

lliams de origen estadounidense que impulsó una gran lucha contra la utilización de las minas personales y con la presencia de la Premio Nobel de la Paz (1992), dirigente indígena, Rigoberta Menchú de Guatemala” apuntó Rivera.

Los tres países que serán visitados están considerados de alto riesgo para la vida de las mujeres, Gilda Rivera indicó que las premio Nobel creen que es necesario presionar a

los gobiernos para que cumplan con compromisos internacionales enca-minados a proteger a las mujeres, mismos que han sido firmados por los gobiernos.

SituAcióN dE LAS MuJErES EN EL PAíS

Las mujeres representan 51.5% de la población total del país (53.5% de la población urbana y 49.8% de la rural), de las cuales 1.7 millones

tienen edades comprendidas entre 15 y 49 años.

Según datos ofi-ciales, para el año 2011 se registró un promedio de una mujer asesinada

cada 18 horas, su-perando las esta-dísticas del 2010. Y el 97% de estos casos permanecen en la impunidad.

Las autoridades afirman casi siem-pre que van a investigar, sin embar-go la lista de crìmenes contra mu-jeres crece todos los dìas y no hay nadie en la càrcel.

Este 25 de enero, muchas voces de mujeres en todo el paìs se uniràn para exigir que se castigue con todo el peso de la ley a los asesinos de mujeres.

rigoberta Menchù y premio Nobel de la Paz, estarà en el paìs. Organizaciones defensoras de derechos humanos exigen investigar las muertes de mujeres.