Boletín Informativo No. 274

SEMANARIOSEMANARIONo. 274 | 25 Enero 2013 | Editado por COMUNICACIONES - SJ

Por tercer año consecu-tivo la ciudadanía cree que el gobierno de Porfirio Lobo Sosa está

aplazado en su accionar para dar respuesta a la crisis económica y de seguridad que enfrenta el país.

El reciente sondeo de opinión realizado por el ERIC con

asesoramiento del la Universidad José Simeón Cañas, UCA de El

Salvador revela que la población encuestada, en 16 de los 18

departamentos, manifestó que el fracaso de este gobierno se ubica

en la inseguridad y violencia, seguido del no cumplimiento de sus promesas, el desempleo y el

alto costo de la vida.

Es paradójico, porque precisamen-te estas fueron las promesas del gobernante hace tres años cuando asumió las riendas del país, en me-dio de una seria crisis alimentado en su mayoría por el golpe de Esta-do de junio 2009.

La preocupación de la gente coin-cide claramente con el análisis de diversos especialistas que creen que los mayores problemas se ubican en la crisis económica que va desde el alto costo de los pro-ductos de consumo popular hasta la desbordante deuda interna y externa que mantiene el país. En el área de la seguridad, la situa-ción no refleja avances. Instancias

como el Observatorio de la Violen-cia de la UNAH reveló que 20,500 personas murieron en los últimos tres años, únicamente en el 2012, la cifra llegó a 7,000.

Ante tal problemática, la población reprobó el tercer año de gobierno de Porfirio Lobo Sosa dando una calificación de 4.07, de una esca-

la de 0 a 10. Una calificación que ha venido a la baja de acuerdo a los dos últimos sondeos realizados según explicó el sociólogo Elvin Hernández, coordinador general de la encuesta. En el 2010 Lobo fue calificado con una puntuación de 5.11, en el 2011 con un 4.61 y en el 2012 con 4.07.

En su análisis, el padre Ismael Mo-reno, director del ERIC, expresó que la población está demandando transformaciones profundas y que la baja calificación es coherente con el descontento que existe de la ciudadanía debido a la precaria si-tuación económica y el incremento de la violencia que se experimen-tan en Honduras.

Ismael Moreno agregó que el bajo nivel de confianza hacia

diversas instituciones políticas y al alto empresariado refleja que

la ciudadanía no cree que sus acciones vayan en beneficio de las

mayorías.

Para el ERIC, los resultados del sondeo deberían ser utilizados como insumos para un debate se-rio sobre los grandes problemas del país. No se entiende a un Es-tado democrático sino es capaz de escuchar los clamores populares. La población está urgida de ser escuchada, ojalá que los insumos variados que ofrece la encuesta no se quede en puros comentarios simplistas de algunos sectores y se tenga la capacidad de ver todo el conjunto de temas de los que la gente exige una respuesta.

Revela sondeo de opinión

Para mayor información visite: www.eric-sj.org - www.radioprogresohn.net

Thelma Mejía:

Ilena Morales:

Manuel Torres:

Isolda Arita:

“El fracaso del gobierno de Lobo Sosa en el tema de seguridad era inminente, sin embargo es paradójico que aun con la desconfianza de la población en las medidas contra la inseguridad por parte de la presente administración y su temor por la oleada de la delincuencia y crimen organizado, la ciudadanía sigua creyendo que el bipartidismo tiene capacidad de seguir gobernando”.

“Claramente la población encuestada visibilizó al desempleo, la situación económica y el alto costo de la vida, como los principales fracasos de este gobierno. Al igual que la ciudadanía, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, Fosdeh cree que es en esta problemática que la administración debe enfocar su laborar este último año.”.

“En medio de una tendencia creciente de desconfianza a la institucionalidad, la sociedad trata de administrar su frustración y su esperanza, y sus exigencias para que mejoren la situación económica, la crisis llama a que no se permanezca con los brazos cruzados”.

La periodista acentuó sobre la desconfianza que manifestó la ciudadanía al próximo proceso electoral. Aseveró que los institutos políticos deben poner sus barbas en remojo, ya que la población no cree que sean capaces de resolver la crisis profunda que hunde a Honduras.

Pueblo hondureño demanda transformaciones profundas

Semanario No. 274 | 25 Enero 2013 | Editado por COMUNICACIONES - SJ


L os diputados del Con-greso Nacional están a punto de dar por

clausurada la tercera legisla-tura del actual período admi-nistrativo, y en esta ocasión han llenado la agenda para aprobar figuras jurídicas que evidentemente parecen res-ponder a compromisos polí-ticos de los nacionalistas con sectores del capital multina-cional que tienen que ver en directo con la explotación de bienes naturales y del territo-rio nacional.

Hay al menos dos proyectos que los diputados tienen en-tre manos. Uno de ellos es el proyecto de una nueva ley de minería que desde varios años atrás vienen demandando las compañías explotadoras mine-ras que tienen mucho interés en contar con un respaldo le-gal para los intereses que tie-nen puestos en muchas zonas mineras del país, especialmen-te de la región noroccidental.

Esta nueva ley de minería ha llegado al Congreso tras pasar por una supuesta socializa-

ción entre diversos sectores de las zonas afectadas. Sin embargo, esa práctica no ha pasado de ser un requisito para argumentar a favor de su aprobación. De acuerdo a los expertos, esta nueva ley ven-drá a dar carta de ciudadanía a la explotación indiscriminada de la minería, arropada bajo una fraseología de participa-ción comunitaria y defensa del medio ambiente. Pero se trata de palabras que, como la paja, se las lleva el viento.

Un segundo proyecto es la

aprobación de las llamadas Ciudades Modelo, bautizadas en esta ocasión bajo el nom-bre de “Regímenes Especiales de Desarrollo”. Es lo mismo que la Corte Suprema de Jus-ticia declaró inconstitucional, los mismos intereses y los mis-mos actores, solo que con el retoque que las haga aparecer distintas. Existe una desespe-ración en los diputados por salir airosos antes del 25 con esta nueva conquista que los sitúa como los actuales testa-ferros de las multinacionales.

Tanto una ley como la otra están selladas por los mismos

intereses externos al país, y las dos responden a la venta

de nuestras riquezas y nuestro territorio. Los diputados están muy interesados en tener estas

dos nuevas leyes porque su interés reside en cumplir con su

misión de ser serviles a intereses que se definen fuera del país, sin el país y con frecuencia en contra

del país. Y no podía ser de otra manera, puesto que no en vano la población hondureña ubica a los diputados como los seres

más despreciables entre toda la sociedad hondureña.

Agresivo final detercera legislatura

Gobierno de Porfirio Lobo Sosa ha fracasado en políticas de seguridadEn tres años de administración

Honduras tiene la tasa de homici-dios más alta del planeta, las es-tadísticas del Observatorio de la Violencia indican que en este país centroamericano 20 personas mue-ren diariamente de manera violenta.En los últimos años el país se ha convertido en un corredor de la droga y las investigaciones indican que por su territorio circula el 79% de la cocaína que va hacia los Es-tados Unidos. Lo que demuestra que a tres años del gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa, el tema de seguridad una de sus más grandes promesas de campaña ha sido un fracaso.

De enero 2010 a junio de 2012 cerca de 16,716 muertes violentas se

registraron en el país, donde once de los dieciocho departamentos marcan el pico ascendente de la

violencia, destaca el Observatorio de la Violencia de la Universidad

Nacional Autónoma de Honduras.

La incursión del narcotráfico y el crimen organizado en la última dé-cada, unida a la corrupción y a la debilidad institucional, han dibujado un panorama aterrador en este país denominado el corazón de Centroa-

mérica, según analistas nacionales.

Cifras alarmantes

“Honduras califica a categoría de “epidemia” ya que la tasa de homi-cidios o muertes violentas subieron a 91.6 por cada 100 mil habitantes cuando la tasa manejable es 9”,

según el abogado Joaquín Mejía es-pecialista internacional en derechos humanos.

El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, indica en su reciente estudio que son más de 86.5 asesi-natos por cada 100 mil habitantes,

mientras que la Organización de Estados Americanos, OEA, asegura que son 91.1 asesinatos. Si bien las estadísticas de organismos nacio-nales e internacionales varían, los datos son escalofriantes.

“Las cifras actuales representan el nivel más alto desde que la ten-dencia ascendiente comenzara en 2004, cuando la tasa de víctimas de homicidio intencional fue de apenas 31.9 por cada 100.000 habitantes”, de acuerdo al abogado Mejía.

“Lo lamentable es que en el país se han puesto en marcha políticas de seguridad equivocadas. En el gobierno del ex presidente Ricardo Maduro, (2002-2006) fue cuando se comenzó a aplicar las medidas de “mano dura” contra la delincuen-

cia, para ese entonces en el país se registraban de 20 a 34 asesinatos por cada cien mil habitantes. Esta política de de mano dura se ha uti-lizado como un discurso que bene-ficia en algunos momentos electo-rales, y esto evidentemente lo que trae consigo es la politización de las políticas de seguridad, y entonces hace que cada vez nos encontre-mos con medidas populistas que son irreales”, acotó Joaquín.

El especialista en derechos huma-nos manifestó que en Honduras hay territorios en donde el Estado y el gobierno han perdido el control y esto tiene que ver con el colapso de la institucionalidad del país y la creciente impunidad que las mafias políticas, empresariales y criminales sostienen de forma descarada.

Cifras del Observatorio de la Violencia• En2010elnúmerodemuertesviolentasfuede6,239

asesinatos.• En2011,seregistraron7,104muertesviolentas,con592

asesinatosmensualesyunpromediodiariode20homicidios.• Latasanacionaldehomicidioseneseañofuede86.5por

cada100milhabitantes.• Conestamismatendenciacerróel2012.

Jóvenes asesinados por policías en Agua Blanca al sur de El Progreso.



Con nueva Ley de minería aumentará la impunidad

Abogado Jari Dixón

Dicen ambientalistas

Diputados vuelven a cometer delito detraición a la patria con ciudades modeloL os diputados del Congreso

Nacional aprobaron esta semana el polémico pro-

yecto de Zonas Especiales de De-sarrollo, más conocido como “ciu-dades modelo”. La ley se aprobó con 110 votos a favor, 13 en contra y cinco abstenciones.

El proyecto ya había sido declarado inconstitucional por la Sala de lo

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo que les valió su

destitución por parte del Congreso Nacional el pasado 12 de diciembre.

“Mucha indignación, mucha tristeza al ver a muchos hombres y mujeres, en los que el pueblo deposita cada cuatros años sus esperanzas a tra-vés de las urnas, hablar como que si estaban salvado a Honduras, hablar como que si la venta del territorio nacional va a llevar al Estado hon-dureño a salir de la pobreza”, dijo el abogado Jari Dixon Herrera, inte-grante de la Asocación de Juristas por el Estado de Derecho, Ajed.

Ahora con algunos “arreglos”, el proyecto fue presentado por el di-putado nacionalista Rodolfo Irías. Según Navas, la nueva propuesta aprobada en el Legislativo “recoge las modificaciones necesarias para incorporar los supuestos expresa-dos por la sentencia constitucional

e implica la modificación de varios artículos de la Constitución de Hon-duras en lo que se refiere a la or-ganización territorial del Estado y el poder judicial”.

Otra vez delito detraición a la patria

“Con esto los diputados y diputadas ratificaron su delito de traición a la

patria cometido el año 2011, lo que quiere decir que en el futuro no va a caber, en su defensa, que el pri-mer decreto lo aprobaron por inge-nuidad o de buena fe” aseguró el abogado Jari Dixon.

El abogado Dixon insiste en que el Congreso ratificó que todo lo han hecho de formar dolosa, con mala intención, con la intención de hacer

dinero a costa del territorio nacional puesto que ya existía una sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

“La Corte les dijo con su resolución que la creación de las ciudades au-tónomas, trastocando los artículos que hablan sobre el territorio y la forma de gobierno, constituyen deli-to de traición a la patria porque son artículos pétreos que no pueden

ser modificados ni trastocados” ex-presó el togado.

Impugnarán

La Asociación de Juristas por el Es-tado de Derecho anunció que pre-sentará una impugnación en contra de las nuevas ciudades modelos, una vez de que el Poder Legisla-tivo ratifique la ley en la siguiente legislatura y que sea publicada en el diario oficial La Gaceta.

“Lo que se está haciendo es des-articulando el Estado hondureño, se está desarticulando el territorio y entregándolo a corporaciones in-ternacionales que se van a venir a adueñar de nuestro territorio y no van a pagar, inclusive, ni un centa-vo de impuesto al Estado principal” dijo Jari Dixon Herrera.

Previo a la aprobación del decre-to en el Congreso Nacional, varias organizaciones civiles realizaron un plantón en la Corte Suprema de Justicia en la que exigieron que se nombre un juez natural para que conozca la acusación por el delito de traición a la patria contra el pre-sidente Porfirio Lobo y 126 diputa-dos por las reformas constituciona-les aprobadas en 2011 para echar andar las Ciudades Modelo.

La nueva Ley Minera que aproba-ron los diputados hondureños la madrugada de ayer en el Congreso Nacional traerá pérdidas ultra millo-narias al Estado Hondureño por la materia prima que será saqueada y aprovechada por extranjeros y em-presarios nacionales que se enri-quecerán a costa de la miseria y es-clavitud que significará para la gran mayoría, esto según la Coalición de Redes Ambientales de Honduras.

El impacto ambiental que esto conlleva, según el ingeniero ambientalista Juan Mejía, es desastroso. La minería a cielo abierto trae consigo la tala de bosque, luego la explosión con

dinamita para desprender la roca y posteriormente la contaminación de las aguas por los químicos utilizados

para separar los metales.

En el aspecto legal, la Coalición de Redes Ambientales de Honduras denunció que lo paradójico de la nueva ley minera es que permite que las compañías explotadoras ac-túen con impunidad. La Ley Minera contempla únicamente sanciones administrativas y no judiciales, por lo tanto los mineros gozarán de in-munidad e impunidad para explotar las minas y a sus empleados, ade-más de envenenar los ríos dañando el ecosistema.

Los ingenieros ambientalistas ha-cen una mirada retrospectiva de una iniciativa entreguista que quiso ser aprobada hace 15 años, pero por la fuerte oposición fue dero-gada. Las ganancias que generan a los municipios la explotación de minas son pírricas en comparación a las grandes masas de fortunas amasadas por los capitales extran-

jeros y la oligarquía nacional.

La Alcaldesa de Las Vegas, Santa Bárbara, Mila de Lara lamentó que los municipios son beneficiados apenas con un 1%, que significa 30 millones al año. Para la Tasa de Seguridad Pública es asignado un 2% de ganancia sobre las ventas brutas de la minería en Honduras, sin embargo, la Policía Nacional y el Ejército no gozan de la confianza de la mayoría de la población, según un Sondeo de Opinión Pública reali-zado por el Equipo de Reflexión, In-vestigación y Comunicación, ERIC en colaboración con la Universidad José Simeón Cañas, UCA de El Salvador.

“Los empresarios mineros no han necesitado leyes como estas para intentar saquear y explotar las ri-quezas que le pertenecen a las comunidades. Lo hacen y lo siguen

haciendo y con estas leyes lo con-tinuarán haciendo a costa de in-timidaciones, asesinatos y exilios forzosos”: ha denunciado constan-temente el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ.

El ejemplo que está fresco como la tinta recién impresa es el de cinco jóvenes del MADJ que fueron cita-dos a comienzos de esta semana por la Fiscalía de Tela, Atlántida por oponerse a la minería a cielo abier-to en el sector. Esto a pesar que las comunidades tienen el derecho a decir NO y un proyecto no puede ejecutarse si la comunidad no está de acuerdo.

“Consideramos que los compañeros no cometieron ningún delito por defender los bienes naturales de la comunidad, más bien el delito lo tie-nen ellos (empresarios) por portar

armas y carros sin placa sin garan-tizar su legalidad” aseguró Víctor Fernández coordinador del MADJ.

Está ley será impugnada una vez que sea sancionada y promulgada por el Poder Ejecutivo por la Coali-ción de Redes Ambientalistas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Se prepara la presentación de una impugnación en la Corte Suprema de Justicia en contra de las nuevas ciudades modelos.

Esta Ley es “la misma perra pero revolcada”, solo mejoraron la gramática, pero los puntos torales son los mismos de la que sederogó en 1998 y que tenía 14 artículos inconstitucionales.”, dijo Jorge Varela miembro de la Coalición de Redes ambientales.

Juan Mejía, ambientalista.



Mujeres se enfrentan aun Estado depredadorC armen camina y ve para

todos lados, es una espe-cie de paranoia, si va solita

siente la tragedia que le sopla al oído, “hay cambios que debes ajus-tarlos a tu diario vivir de manera obligada, como pensar dos veces si realmente es necesario que salgas, el miedo nos ha hecho encerrarnos en nuestras casas”, dice la joven de 19 años residente en sector rojo del mapa de la violencia contra la mu-jer: San Pedro Sula.

No es de sorprender que la ciudad de San Pedro Sula junto con La Lima, Choloma, El Progreso, Yoro y Tegucigalpa haya salido como la que más registra hechos violentos contra mujeres en el mapa de la violencia contra la mujer que esta semana presentó el Centro de De-rechos de la Mujer, CDM, la misma coordinadora del observatorio de derechos humanos de esta entidad, Neesa Medina lo asegura.

“Las ciudades más grandes del país son las que presentan el

mayor índice de violencia hacia las mujeres, San Pedro Sula uniendo

la zona de La Lima y Choloma concentran el 40% de la muerte de mujeres, un 30% también es en Francisco Morazán pero muy

concentrado en el distrito central, Tegucigalpa y Comayagüela otra vez focalizados en las zonas marginales,

donde no hay ley del Estado que valga”, expresó Medina.

Estos datos además ratifican que en tres años de gobierno de Lobo Sosa el Estado se ha convertido en un depredador, 1300 femicidios se han dado solo en su mandato y el 98% de los casos están en la impunidad.“Vemos el mandato de Lobo Sosa como el gobierno más violento para las mujeres. El patrón de asesinatos es múltiple, agresiones a mujeres jóvenes cerca de su casa, con arma de fuego, ese es el patrón en el 50 % de los casos”, dijo la togada.

Imaginémonos estas cifras con los rostros de las mujeres que están a nuestro alrededor, es como que nos arrancaran de la forma más violenta 8 mujeres de nuestras vidas en una semana.

La impunidad delos indiferentes

Yadira Mineros, representante del

CDM asegura que tanto el Ministerio Púbico como la Dirección Nacional de Investigación Criminal, DNIC y la Corte Suprema de Justicia, que con-forman el aparato judicial del país no cumplen con su deber de investi-gar y sancionar los crímenes, el Es-tado hondureño es el responsable del riesgo y vulnerabilidad al que son sometidas las mujeres.

“Los estamos emplazando a que den respuestas, el Estado tiene los recursos financieros para investigar incluso para prevenir en las comu-nidades, los colegios, no puede de-cir que no sabemos que pasa aun escuchando los hechos violentos” aseveró Mineros quien es de la opi-nión que la impunidad engrosa más esa coraza que impide a las muje-res ser libres en el país.

Rene Díaz, Fiscal de derechos hu-manos reconoció la responsabilidad que el Estado tiene al no proteger la vida de las mujeres, sin embargo atribuye esto a la falta de logística e investigación independiente del Ministerio Público en Honduras.

“Sé que se han resuelto varios ca-sos, no la totalidad como quisiéra-mos, hay que ser consciente faltan un montón de herramientas”, ex-presó el abogado.

Participando se confronta

Mientras un periodista le pregunta-ba si creía que las mujeres segui-rían despedazándose entre ellas en las urnas, Regina Fonseca, coordi-

nadora del observatorio de la vio-lencia del CDM, reiteraba que no era la forma de medir o no la capacidad de apoyo a las mujeres que van a cargo de elección popular. Estos planteamientos se generan desde el mismo Estado y las instituciones políticas cuando se ve a las mujeres como una cuota que hay que cum-plir por Ley.

Cada 25 de enero se conmemora el día de la mujer hondureña en re-cuerdo de aquella jornada histórica que significó la primera conquista política de la población femenina en la que fueron reconocidos sus dere-chos políticos a través del Decreto N° 29 de 1955.

La mujer ejerce el sufragio desde 1957, hoy sigue peleando por ese 40% de representación en el Con-greso Nacional y más inclusión en las fuerzas políticas que gobiernan el país. En este año político prece-dido por unas históricas eleccio-nes primarias por la participación de un nuevo partido que prometía mayor participación femenina, el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, presentó un infor-me denominado “Dónde están las mujeres después de las elecciones internas”.

Merly Eguigure representante de este movimiento lamentó que des-pués de los comicios internos y primarios desarrollados en noviem-bre de 2012, las mujeres quedaron exactamente en el mismo lugar de siempre, es decir casi invisibles.

Entre los hallazgos se demuestra que las mujeres siguen subordina-das a la imagen del hombre, asegu-ra Eguguire, “quedamos en la últi-mas posiciones de los tres partidos, el partido LIBRE es el que tiene me-nos mujeres, 40 mujeres electas en las diputaciones. Todos cumplieron con la cuota pero en las elecciones es diferente” dijo.

Sin embargo, hay muchas mujeres que piensan que la participación política no solamente se basa en llenar una cuota cada partido po-lítico, sino en alcanzar autonomía, demandar cambios desde la organi-zación, salir a la calle y expresarse sin miedo a ser callada.

Noreyda Alvarado, una joven activa en su comunidad del Ermitaño en Santa Bárbara, asegura que debe dejarse de ver a las mujeres como simples rellenos. “Se ha logrado más participación de la mujer en el campo político, pero en algunos ca-sos toman en cuenta la mujer solo por el hecho de ser mujer, pienso que los espacios se luchan y se ga-nan”, manifestó la joven.

Las demandas de las mujeres deben ir también para ese Estado que no solo es cómplice de asesinato por la impunidad que impera en los ca-sos de femicidios, sino también que crea leyes como la que prohíbe las Píldoras Anticonceptivas de Emer-gencia, que se convierten en el úni-co mecanismo de protección para las mujeres violadas sexualmente, según Regina Fonseca del CDM.

“La violencia también viene del Es-tado cuando además se nos quiere quitar el poder de decidir, el terri-torio donde habitamos, nos hace vulnerables”, expresó.

Pero la lucha es constante en to-dos los espacios donde la mujer se mueve, según Carmen, quien además forma parte de la Red de Mujeres Jóvenes de Cortés.

“Los espacios con relaciones más inequitativas empiezan por el hogar

cuando a muchas nos dejan sin la oportunidad de seguir nuestros

estudios porque es más importante que el niño los termine, cuando nos obligan a hacer oficios de la casa y servir a papá y hermanos

porque es nuestra obligación como “mujercitas”, y el espacio educativo

tampoco se queda atrás, se nos humilla y juzga constantemente”,

asegura la joven.

Carmen y muchas mujeres orga-nizadas saben que hay que para poner un alto, “debemos empezar por tener un compromiso arduo por desaprender todo lo que des-de chiquitas se nos ha hecho creer y que la sociedad lo reproduce de manera natural y que esto vaya de la mano de la creación de redes, núcleos, organizaciones de mujeres las cuales nos ayudan muchísimo a empoderarnos y así poder exigir a todo el engranaje estatal y la socie-dad el lugar que nos corresponde”, manifestó.

Las mujeres conmemoran este día por la lucha que por años han realizado para mejorar sus condiciones.

Carmen Haydeé López, Red de Mujeres jóvenes de Cortés.



Juicio político establece un poderabsoluto en el Congreso NacionalC on el voto de 96 diputados

del Congreso Nacional se podrá destituir al Presi-

dente de la República y 64 diputa-dos tendrán la facultad de “darle el sobre blanco” a designados presi-denciales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados del Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano”, así quedó esta-blecido en la aprobación del Juicio Político en Honduras.

Será aplicable el Juicio Político con-tra los antes mencionados cuando “exista una denuncia grave en el desempeño de su cargo” y ade-más sean “actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional y por manifiesta negligencia, incapacidad o incom-petencia para el desempeño del cargo”.

La aplicación de esta figura tam-bién se extiende a “corporaciones municipales, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y todos los servidores públicos electos por el Congreso Nacional”. (SECCIÓN II DEL JUICIO POLÍTICO, ARTÍCULO 234).

La figura del Juicio Político, es una recomendación hecha por la Comi-sión de la Verdad y Reconciliación en su informe “ Para que los hechos no se repitan”, que textualmente estableció: “Proponemos que para

evitar que las confrontaciones in-terinstitucionales del tipo de la que concluyó con la captura y expulsión del ex presidente Manuel Zelaya Ro-sales, vuelvan a ocurrir en el futuro, es necesario que la Constitución po-lítica establezca la figura del juicio político y fijar escrupulosamente sus procedimientos”.

El ex fiscal general, Edmundo Orella-na, es del criterio que la aprobación del Juicio Político, trae consigo una concentración del poder en el Con-greso Nacional, ya que “ El CN será quien va a acusar y a la vez va a con-denar, eso es arbitrario desde todo punto de vista, además en el Con-greso lo que hay no es una demo-cracia sino una dictadura”, agregó.

Esta aseveración queda demostrada en el párrafo (SECCIÓN II DEL JUICIO POLÍTICO, ARTÍCULO 234) donde se deja plasmado que “El Presidente de la República solo puede ser des-tituido de su cargo por el Congreso Nacional mediante juicio político”.

Para Edmundo Orellana, la aproba-ción del Juicio Político, “configura

un poder absoluto en la persona del presidente del CN, pero la amenaza

real que se está formulando es contra la Corte Suprema de Justicia,

porque a criterio de los diputados la Corte se ha portado mal, no les

ha obedecido y no ha hecho lo que los diputados han querido y de

fondo lleva un mensaje también para la Fiscalía que le puede pasar lo mismo”, agrega que también “es

una advertencia al Tribunal Superior de Cuentas, que cuidadito se metan con el presupuesto y el manejo de

estos que hace el presidente del CN”, apuntó Orellana.

Según lo aprobado por el Congreso Nacional “El juicio político consta de dos (2) etapas: la etapa investigati-va, que durará lo que el Pleno del Congreso Nacional determine, y la etapa de discusión y votación, que durará hasta cinco (5) días, conta-dos desde la presentación del infor-me al pleno por parte de la comisión especial”. (SECCIÓN II DEL JUICIO POLÍTICO, ARTÍCULO 234).Se dejó además establecido que “La

figura del juicio político solo podrá ejecutarse hasta que el Congreso Nacional apruebe una ley especial con la votación de dos tercios de la Cámara Legislativa, para lo que es-tablecieron un periodo de 90 días.

Edmundo Orellana, resaltó que “si este Congreso Nacional, sin existir la Figura del Juicio Político, destituyó al Presidente José Manuel Zelaya Ro-sales en el 2009 y destituyó a cua-tro magistrados de la CSJ, a finales del año anterior, que no podrá hacer ahora bajo esta figura legal”.

Wilfredo Méndez, director Ejecutivo de Centro de Investigación y Promo-ción de los Derechos Humanos en Honduras, CIPRODEH, aseguró que la figura del Juicio Político es nece-saria para la democracia, sin embar-go en Honduras no es procedente esta figura por la debilidad institu-cional prevaleciente en el país, por lo que el Juicio Político se convierte en una figura legal para cometer ac-tos ilegales y persecución política.

Méndez asegura que el Juicio Po-lítico es un instrumento en contra de los demócratas del país, pero además se convierte en un premio para los malos políticos e intereses mezquinos y económicos, ya que les permite realizar acciones nocivas para el Estado. “EL Juicio Político solo es viable en un Estado verda-deramente democrático” recalcó.

Ex fiscal general de la República Edmundo Orellana

Edmundo Orellana Mercado, ex magistrado.

Wilfredo Méndez, CIPRODEH.

El Congreso Nacional impone su hegemonía sobre los poderes del Estado.



Manifestantes a una sola voz

Rechazan leyes que vendenbienes naturales del pueblo

D e diversos sectores de la zona norte del de-partamento de Cortés

llegaron a la ciudad de San Pedro Sula, centenares de personas para reclamar a los “llamados Padres de la Patria” la aprobación de las leyes que violentan los derechos de los más pobres: Ley de minería y Redes Económicas de Desarrollo.

Varias organizaciones campesinas se unieron a grupos de obreras y

obreros, a mujeres, jóvenes y otras personas que integran patronatos, juntas de agua, sindicatos, grupos

étnicos y sindicatos entre otros que gritaban consignas en contra de las Redes económicas de Desarrollo, las cuales, ellos consideran que son las

mismas ciudades modelos.

“No somos pájaras para vivir en el aire, no somos peces para vivir en el agua, somos campesinos y nece-sitamos la tierra para vivir y cultivar nuestros alimentos” decían los cam-

pesinos mientras caminaban en la manifestación de ayer 24 de enero que se desarrolló en San Pedro Sula.

Y es que el campesinado nacional es uno de los sectores que enfren-tan grandes dificultades en este país, donde la tierra está concen-trada en unos pocos empresarios y políticos. Por lo que el campesinado se ve obligado a realizar acciones para exigir el acceso a la tierra.

Samuel Madrid, coordinador de Abogados en Resistencia, también se unió a las demandas de los cam-pesinos y de otros sector. Desde la manifestación indicó que están en contra de las leyes que afectan a la población y que los recursos natu-rales del país no se pueden vender, por lo tanto aprobar las ciudades modelo es inconstitucional. Por lo tanto los diputados son unos vende patria porque las playas, los ríos, nada se puede vender o entregar a empresas extranjeras ya que están

atentando contra la soberanía na-cional.

El profesor José Carballo, también miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular, agregó que el aprobar la Ley que crea las Ciu-dades Modelo y la Ley de Minería son un irrespeto al pueblo y una violación más a los derechos que se tienen sobre los recursos naturales.

Por su parte, el Movimiento Campe-sino de San Manuel Cortés, MOCSAN, la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, la Asociación para el desarrollo campesino de El Pro-greso y la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras, ANACH, expresaron su rechazo a la dispo-sición del Congreso Nacional de entregar las zonas más productivas del país a transnacionales y otros empresarios extranjeros.

Los campesinos organizados con-denan la confabulación de los tres

poderes del Estado al criminalizar la lucha por la tierra y por aprobar un paquete de leyes que violentan los derechos humanos, sociales y culturales.

Asimismo exigen la derogación in-mediata de la Ley de Modernización

y Desarrollo Agrícola porque ha au-mentado la crisis alimentaria en el país y por ser contradictoria a los artículos 344 y 350 de la Constitu-ción de la República.

“Exigimos la aprobación de la Ley de Transformación Agraria Integral, TAI, presentada por los campesinos al Congreso Nacional el 11 de octu-bre del año 2011.También exigimos la adjudicación de las tierras que han sido expropiadas por el Institu-to Nacional Agrario a las empresas Cahsa y Azunosa están explotando las tierras del Valle de Sula que per-tenecen al campesinado.

La realidad en que vive el campesi-nado hondureño, cada año se torna más difícil, porque la tierra se con-centra en un reducido grupo de em-presarios y terratenientes, porque se criminaliza la lucha campesina, por falta de políticas públicas para viviendas y para producir y sobre todo por el alto costo de la vida.

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En Tegucigalpa también rechazan las nuevas leyes aprobadas por el Congreso Nacional.

Los manifestantes condenan la venta del territorio nacional por parte de los diputados.

Las organizaciones populares indicaron que seguirán defendiendo los bienes naturales.

En El Progreso se nició una lucha en defensa del agua y en condena a la venta del país.

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