BOLETIN Nº 706

LAS OTRAS NOTICIAS DEL P. P

Del 01 de Octubre al 12 de noviembre 2014

 

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INDICE

01. EL PP DEFIENDE A RAJOY ANTE “COBARDES QUE QUIEREN HUNDIR EL BARCO” 02. RAJOY: “PIDO DISCULPAS EN NOMBRE DEL PP A TODOS LOS ESPAÑOLES” 03. RAJOY, SOBRE LA CORRUPCIÓN EN EL PP: “ESAS COSAS NO DEBEN VOLVER A PASAR” 04. CASO GURTEL/BARCENAS/PP

4.1.LA AUDIENCIA CREE QUE EL PP CONOCIÓ QUE GÜRTEL LE PAGÓ SUS CAMPAÑAS 4.2.EL PP VIVE EN ESTADO DE ‘SHOCK’ EL GOTEO DE IMPUTACIONES 4.3.EL JUEZ IMPUTA A JUAN COTINO EN UNA PIEZA SEPARADA DEL ‘CASO GÜRTEL’ 4.4.LA JEFA DE LOS ABOGADOS DEL ESTADO ERA SECRETARIA DE SACYR CUANDO LA EMPRESA PAGÓ LA SUPUESTA COMISIÓN A COSPEDAL 4.5.RUZ LE RECUERDA AL PP QUE NO HA COLABORADO CON LA JUSTICIA 4.6.RUZ DA UN NUEVO IMPULSO A LOS PAPELES DE BÁRCENAS Y APUNTA A LA CÚPULA DEL PP

05. SANTAMARÍA SE DEJA QUERER COMO BALA EN LA RECÁMARA DEL PP 06. LOS ONCE CARGOS DE SÁENZ DE SANTAMARÍA 07. EL CONSTITUCIONAL ESTIMA IMPARCIALES A LOS DOS MAGISTRADOS RECUSADOS POR EL PARLAMENT 08. LOS 15 DESPROPÓSITOS QUE HAN PROVOCADO LA CRISIS DEL ÉBOLA EN ESPAÑA 09. DE GUINDOS DIRIGÍA UNA DE LAS FIRMAS QUE CREARON LA TRAMA FISCAL DE JUNCKER PARA MULTINACIONALES 10. LA SOBRINA DE GUINDOS LLEGA AL BANCO MUNDIAL CON 14.000 EUROS DE SUELDO 11. MONAGO: “VOY A DEVOLVER HASTA EL ÚLTIMO CÉNTIMO” 12. DIMITE UN DIPUTADO DEL PP POR HACER VIAJES PRIVADOS CON CARGO AL CONGRESO 13. EL JUEZ RESPONSABILIZA A BLESA Y RATO DE TODO EL GASTO DE LAS TARJETAS OPACAS 14. EL JUEZ ANDREU IMPUTA A RATO Y BLESA POR LAS 'TARJETAS B' 15. ABSUELTOS LOS SEIS ACUSADOS DE HACER UN ESCRACHE A FLORIANO 16. CARLOS FLORIANO LLEVA A JUICIO A SEIS PERSONAS POR UN ESCRACHE, AUNQUE NO HABÍA NADIE EN LA VIVIENDA 17. ESPAÑA, ENTRE LOS QUE MÁS BAJÓ EL SUELDO A LOS DOCENTES EN LA UE 18. MARHUENDA, CONDENADO POR PUBLICAR FALSEDADES SOBRE UN ALTO CARGO DE RUBALCABA Y MÉTODO 3

 

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19. EL RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DE ALICIA SÁNCHEZ CAMACHO, NUEVO DIRECTOR DE RTVE EN CATALUNYA 20. SÁNCHEZ DESTITUYE AL DIRECTOR DE MEDIOS INTERACTIVOS Y CREADOR DE RTVE.ES 21. RTVE NOMBRA A ÁLVAREZ GUNDÍN COMO NUEVO DIRECTOR DE INFORMATIVOS 22. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ, DESIGNADO PRESIDENTE DE RTVE CON LOS VOTOS DEL PP 23. LOS PROFESIONALES DE TVE PIDEN VOLVER AL MODELO DE TELEVISIÓN INDEPENDIENTE 24. EL NUEVO PRESIDENTE DE RTVE ADMITE QUE TRABAJÓ PARA EL PP 25. INTERIOR EXCARCELÓ A MATAS EN CONTRA DEL INFORME DE LA PRISIÓN 26. EL PRESIDENTE DE ENRESA INCUMPLE SU CONTRATO Y CARGA GASTOS SIN JUSTIFICAR EN SU TARJETA 27. AZNAR PACTÓ UNA COMISIÓN DEL 1% CON ABENGOA PARA CONSEGUIR ADJUDICACIONES EN LA LIBIA DE GADAFI 28.OPERACIÓN PUNICA

28.1. LA OPERACIÓN ANTICORRUPCIÓN CONTRA FRANCISCO GRANADOS, EN CIFRAS 28.2. LAS EVIDENCIAS SOBRE GRANADOS QUE AGUIRRE NO VIO 28.3. AGUIRRE PIDE PERDÓN Y DICE QUE ASUME RESPONSABILIDADES, PERO NO DIMITE 28.4. DETENIDO FRANCISCO GRANADOS EN UNA MACRORREDADA CONTRA LA CORRUPCIÓN

29. C.A. CASTILLA LA MANCHA. COSPEDAL: “GOBERNAR ES, SOBRE TODO, VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY” 30. C.A.CASTILLA LA MANCHA. CONDENADO EL GOBIERNO DE COSPEDAL POR DESPEDIR EMPLEADOS VÍA SMS 31. C.A.CASTILLA LA MANCHA. EL PP PROTEGE LOS COTOS DE CAZA DE MILLONARIOS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS 32. C.A. GALICIA. LA JUEZA ACUSA A LA MANO DERECHA DE RAJOY EN EL SENADO DE COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS 33. C.A.MADRID. EL SUPREMO RECHAZA UNA DEMANDA DE IGNACIO GONZÁLEZ CONTRA CUATRO PERIODISTAS 34. C.A.MADRID. BOTELLA Y GONZÁLEZ PONEN EN MANOS DE LA VIRGEN LA “REGENERACIÓN MORAL”, LAS SALIDAS A LA “CRISIS” O LA “UNIDAD” NACIONAL 35. C.A.MURCIA.EL VICEPRESIDENTE ESPAÑOL DEL PARLAMENTO EUROPEO OCULTA QUE RECIBIÓ DINERO DEL PP 36. C.VALENCIANA. LA AUDIENCIA DE CASTELLÓ RATIFICA LA SUSPENSIÓN DEL INGRESO DE FABRA EN LA CÁRCEL 37. C.VALENCIANA LA AUDIENCIA DE PALMA VUELVE A IMPUTAR A GRAU POR EL ‘CASO NÓOS’

 

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38. C.VALENCIANA VICENTE SANZ CUMPLE CINCO AÑOS SIN SER JUZGADO POR ABUSO SEXUAL 39C.VALENCIANA CALATRAVA DICE QUE CAMPS LE PIDIÓ UNA OBRA MÁS GRANDE EN CASTELLÓN 01. EL PP DEFIENDE A RAJOY ANTE “COBARDES QUE QUIEREN HUNDIR EL BARCO” Lo dice Cospedal y Aguirre habla del partido como una nave "que parece que se va a hundir" Crece la preocupación interna mientras el presidente del Gobierno no prevé cambios Dos frases de dos dirigentes destacadas del PP, María Dolores de Cospedal y Esperanza Aguirre, se refirieron este jueves a la situación interna de su partido con una misma idea: un barco que algunos quieren hundir, o incluso que “parece que se va a hundir”, según la expresidenta de Madrid. Ella usó esa idea para rechazar su propia dimisión en este momento. Y la secretaria general para defender a Mariano Rajoy frente a quienes piden renovación. Pero las dos mostraron públicamente lo que es una evidencia en privado: el PP vive tal vez el momento interno más tenso de la legislatura, con las elecciones locales a pocos meses y una sensación extendida de que el partido y el Gobierno son incapaces de recuperar el pulso y evitar una debacle electoral. Cospedal planteó la situación como una batalla de resistencia, el campo preferido de Rajoy y por tanto de sus fieles. Y dibujó a los dirigentes que, en privado, están pidiendo renovación como unos “cobardes” que no son capaces de capear el temporal de los escándalos de corrupción y solo se les ocurre pedir cambios en la cúpula: “Esos anónimos son los que cuando llegan momentos difíciles no dan la talla, no saben resistir y dar soluciones y quieren tirarlo todo por la borda y hundir el barco para salvarse a sí mismos”. La secretaria general acudió a una entrevista en Onda Cero con la intención de defender con uñas y dientes la gestión de Rajoy y la suya en el PP. Hasta el punto de que aseguró que tiene que volver a ser el candidato, porque “es el mejor”. El simple hecho de que Cospedal tenga que decirlo —antes que ella algunos barones autonómicos ya lo han hecho— muestra la profundidad del debate interno que la secretaria general trató de acallar con una llamada al orden. "Formaciones como Podemos son muy peligrosas", según Cospedal, también "para la democracia" Cospedal retó a esos “cobardes anónimos” a que “digan las propuestas de alguien que lo vaya a hacer mejor”. “Creo que Rajoy es el presidente del Gobierno que ha evitado la intervención de España, que está sacando a España de la crisis y que tiene que seguir siendo el candidato del PP. Creo que es el mejor, el que mejor lo ha hecho y la persona que necesitamos en estos momentos. Sin el carácter y la fortaleza que tiene Rajoy, a ver cómo nos habría ido en este país que nos lo dejaron quebrado”, remató. Rajoy no parece tener ninguna intención de cambiar nada de momento pese a las presiones internas, el hundimiento del PP en las encuestas y la pésima valoración del Gobierno y en especial de su presidente. Cospedal ya explicó este lunes que el PP, el único partido que apenas se ha renovado desde 2008, tuvo un congreso en 2012 y no tiene previsto hacer otro en 2015, un año electoral. “No veo razón para dimitir”, insistió la expresidenta y posible candidata a la alcaldía de Madrid, aunque sus opciones se han visto complicadas por el último escándalo que ha afectado al que fue su mano derecha, Francisco Granados. Aguirre asume su responsabilidad política “in eligendo e in vigilando”, pero cree que “no es para dimitir”. “Otra cosa hubiera sido si hubiera robado o me hubiera enterado de que alguien robaba, pero no fue así”.

 

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La gran inquietud ahora es Podemos, que de momento quita pocos votos al PP (un 6% según el CIS) pero sí le hace mucho daño entre los jóvenes y nuevos votantes, según el primer análisis realizado por los estrategas populares. El PP no sabe bien cómo enfrentarse al fenómeno y ha pasado del ninguneo al ataque duro para volver después al ninguneo. Este jueves, Cospedal cambió de nuevo el tercio y se mostró durísima. Dijo que partidos como Podemos “son muy peligrosos, pero no para el PP, sino para la democracia”. En su opinión Podemos es “de extrema izquierda, y tiene como modelo a Venezuela”, por lo que recomendó a los ciudadanos: “Los experimentos, con gaseosa”. Cierre de filas en Cáceres En un contexto interno de máxima inquietud, la dirección del PP ha organizado este fin de semana un encuentro para lograr una imagen de cierre de filas de todos los barones autonómicos con Rajoy. Será el sábado en Cáceres, en la clausura de dos jornadas que, bajo el título “Estabilidad y buen gobierno en comunidades autónomas”, van a ser utilizadas como un termómetro interno y sobre todo como un intento por parte de Rajoy de acallar el debate sobre la renovación. La imagen de todos los barones apoyando al presidente será un mensaje interno clave: aquí no se mueve nada. Aparte de la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, han confirmado su presencia todos los presidentes de las comunidades gobernadas por el partido salvo el riojano Pedro Sanz, que, en principio, no prevé asistir porque ya tenía programados actos de agenda en su región, informa Europa Press. Rajoy estará acompañado el sábado por Cospedal, Alberto Núñez Feijóo, Ignacio González, Juan Vicente Herrera, Alberto Fabra, Luisa Fernanda Rudi, Ignacio Diego y José Antonio Monago. Varios dirigentes coinciden en privado en que la única manera de frenar la sangría sería hacer cambios en el Gobierno y el PP, pero creen que es muy poco probable que suceda porque a Rajoy no le gusta esa idea y no hay nadie con fuerza suficiente para imponerla. Algunos reclaman que una de las primeras cosas que tendría que hacer Rajoy, además de cambios en el Ejecutivo y en la calle Génova, es entrar en tromba en el PP de Madrid para renovarlo a fondo empezando por su presidenta. Pero Aguirre, en la cadena SER, insistió en que ella no va a dimitir porque “haya unos sinvergüenzas y unos ladrones” aunque los haya nombrado, porque ella no se ha “llevado ni un duro” y por tanto seguirá al frente del PP madrileño. http://politica.elpais.com/politica/2014/11/06/actualidad/1415263885_672436.html 02. RAJOY: “PIDO DISCULPAS EN NOMBRE DEL PP A TODOS LOS ESPAÑOLES” El presidente se disculpa por los casos de corrupción. "Entiendo y comparto la indignación" Por segunda vez desde que está en La Moncloa, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha disculpado en el Senado por los casos de corrupción que afectan a su partido. La otra vez fue hace más de un año, en agosto de 2013, por el caso Bárcenas. Esta vez Rajoy se ha visto obligado a pedir excusas en nombre del PP ante la presión en todos los partidos, incluido el PP, para que el presidente reaccionara a los escándalos. Rajoy ha decidido pedir perdón en el día en que el exsecretario general del PP ha declarado ante el juez por una supuesta caja b de la formación, y 24 horas después de conocerse una nueva macro operación contra la corrupción. "En nombre del PP quiero pedir disculpas a todos los españoles por haber situado en puestos de los que no eran dignos a quienes en apariencia han abusado de ellos", ha asegurado el jefe del Ejecutivo en la Cámara Alta. Todo estaba preparado, tanto que Rajoy ha decidido obviar el contenido de la pregunta sobre desigualdad que le hacía la portavoz del PSOE en el Senado, María Chivite, y ha leído un texto que llevaba escrito para responder a los escándalos de corrupción. Si ayer era Esperanza Aguirre quien pedía perdón por haber nombrado a Francisco Granados, frente al silencio de la cúpula del PP, hoy ha sido Rajoy quien lo ha hecho. "Entiendo y comparto plenamente la

 

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indignación de los ciudadanos, lamento profundamente la situación creada. Entiendo el hartazgo de los españoles, estas consultas resultan particularmente hirientes cuando los españoles han tenido que aportar tantos sacrificios y esfuerzos para sacar al país de la crisis", ha asegurado Rajoy en tono grave. Sin embargo, el PSOE lo que le pedía es que haga una comparecencia monográfica en el Congreso sobre corrupción, y Chivite le recordó que los socialistas han pedido ocho veces a Rajoy que comparezca sin éxito. Rajoy no anunció ningún tipo de comparecencia especial y más bien dio la impresión de que la reacción se va a quedar en esa petición de excusas leída en el Senado sin más explicaciones sobre los escándalos ni nuevas medidas. Ante esta posiblidad, en el hemiciclo se armó un gran alboroto que acabó a gritos entre la bancada del PP, que recordaba el escándalo de los ERE andaluces, que afecta al PSOE, y los socialistas, que a gritos pedían la dimisión de Rajoy. Chivite le pidió que acuda al Congreso a explicar "la financiación ilegal del PP, los sobres, sus mensajes con Bárcenas, los pagos en b de las obras de la sede, y cuántos dirigentes del PP van a pasar ante la justicia". El propio presidente, en su respuesta, apunto al clásico "y tú más" cuando sacó también los ERE andaluces aunque sin mencionarlos expresamente: "no le voy a hablar de la investigación en el Supremo a diputados y senadores de su partido", dijo en alusión a Manuel Chaves y José Griñán. Rajoy insistió en que la solución es un gran pacto contra la corrupción aunque si el PSOE no quiere sumarse el PP sacará en solitario las medidas que llevan casi dos años en el Congreso. El ambiente de guerra entre PP y PSOE en el Senado augura que eso es lo que sucederá. Rajoy ha pedido pues excusas en nombre del PP por haber aupado a los implicados, algo que en él no es en absoluto habitual, pero ha exculpado al partido de los comportamientos de sus alcades. El presidente ha enfatizado que en la Operación Púnica no hay financiación irregular, sino que "responde a la codicia personal de los cargos públicos y no a las organizaciones a las que pertenecen", y ha defendido el trabajo de los cargos públicos. "Esos comportamientos extienden una sospecha generalizada", ha apuntado el presidente, "pero esa mancha ensucia injustamente la imagen y la reputación de la mayoría de las gentes de los partidos", ha remachado. El presidente ha pedido a los españoles que confíen en el Estado de Derecho, ya que los nuevos casos de corrupción se han desvelado porque la justicia y las instituciones "funcionan", y ha asegurado que su compromiso con la "limpieza de la vida pública es total". En ese sentido, el jefe del Ejecutivo ha avanzado que el Gobierno aprobará medidas "anticorrupción" incluso en solitario. Enumeró las ya conocidas pero no planteó nuevas. "La democracia no puede permitir que nadie juegue con la confianza que depositan en los políticos. Por ello vamos a aprobar las dos medidas anticorrupción pendientes, cuanto antes, el Estatuto del alto cargo y la ley del control de la actividad económica y financiera de los partidos", ha explicado. "Si es con el consenso de la oposición, mejor, pero si no es así, sacaremos adelante las medidas anticorrupción con los votos del PP", ha anunciado. El PSOE descartó ayer alcanzar un pacto global con el partido en el Gobierno sobre la corrupción. "Ni ha habido, ni hay ni habrá un pacto con el PP", dijo contundente el secretario de Organización del PSOE, César Luena. El PSOE ha venido manteniendo intensas conversaciones con el PP en la búsqueda de un acuerdo en torno a un listado de leyes contra la corrupción política. Los socialistas, con el apoyo de todos los grupos, exigen que Rajoy comparezca la próxima semana antes de poder hablar de un gran pacto. En el PP hay dirigentes que creen que sería una solución adecuada porque la indignación social se ha vuelto insoportable, explican, pero después de la petición de excusas de Rajoy la opinión más extendida es que el presidente medirá si esta reacción ha sido suficiente para bajar la presión y si es así decidirá no comparecer. Lo cierto es que algo parecido sucedió en 2013 y finalmente se vio obligado a convocar un pleno extraordinario. http://politica.elpais.com/politica/2014/10/28/actualidad/1414509245_976462.html

 

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03. RAJOY, SOBRE LA CORRUPCIÓN EN EL PP: “ESAS COSAS NO DEBEN VOLVER A PASAR” "Lo que estamos haciendo es tomar todas las medidas para evitar que estos acontecimientos se puedan producir en el futuro, espero que nunca jamás se vuelvan a producir". Eso ha respondido esta tarde el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, al ser preguntado en rueda de prensa por las últimas noticias relacionadas con supuestos casos de corrupción que afectan a su partido. Rajoy ha afirmado que trabaja para que "todas esas cosas se sepan" y "no vuelvan a producirse", y que su objetivo es "ayudar a la justicia, castigar a los culpables y reconocer a los inocentes". "Debo ser prudente y muy respetuoso con la justicia", ha dicho el presidente cuando las preguntas sobre corrupción han irrumpido en la rueda de prensa que celebraba en Bruselas tras la reunión del Consejo Europeo. Por dos veces le han pedido opinión los periodistas sobre la imputación del ex secretario general del PP Ángel Acebes en el caso Bárcenas, el escándalo de las tarjetas de Caja Madrid que afecta al exministro Rodrigo Rato o el auto de hoy del juez Pablo Ruz sobre el uso de dinero negro para pagar las obras de la sede del PP en Madrid. Rajoy no ha desmentido ninguna de esas acusaciones. Ha eludido responder directamente cuando se le ha preguntado por los 1,7 millones de dinero negro gastados presuntamente por el partido que él preside en las obras de su sede, y ni siquiera ha apelado al comunicado que el PP emitió esta semana negando la existencia de una caja b. Se ha limitado a hablar del futuro, recordando que el Gobierno trabaja en un paquete de medidas de regeneración que pretende cerrar en breve con la oposición. "¿Qué sensación tiene ante estas noticias?", le han planteado. "La única sensación es una firme voluntad de tomar las decisiones para que evitar estos hecho se puedan producir en el futuro", ha insistido. El juez Pablo Ruz tuvo que ordenar en 2013 un registro de la sede del PP ante la falta de colaboración de esta formación política en la investigación del caso Bárcenas. Como consecuencia de ese registro, en el que se incautó numerosa documentación, el magistrado ha dictado hoy un auto en el que sostiene que el PP pagó 750.000 euros “fuera de los circuitos económicos legales” para las obras de reforma en la planta baja de su sede. Esa cantidad, abonada en 2006, se suma a los 960.347 euros abonados en b desde 2008 para la remodelación de otras cuatro plantas de la sede, según el sumario. Todas esas obras se realizaron bajo la presidencia de Rajoy, que dirige el PP desde 2004. http://politica.elpais.com/politica/2014/10/24/actualidad/1414168391_203193.html 04. CASO GURTEL/BARCENAS/PP 4.1. LA AUDIENCIA CREE QUE EL PP CONOCIÓ QUE GÜRTEL LE PAGÓ SUS CAMPAÑAS La Sala de lo Penal ve indicios de que el partido se lucró con dinero de la trama El juez imputa a Juan Cotino en una pieza separada del ‘caso Gürtel’ La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cree que existen “indicios suficientes” de que el PP “se ha aprovechado” de parte del dinero que movió la trama corrupta Gürtel, por lo que se le debe considerar “partícipe a título lucrativo” de los negocios de la red. Pero la Audiencia va incluso más allá de lo que había señalado el juez Pablo Ruz en un auto de julio y advierte que el PP “tuvo que conocer” de los dispendios de la trama porque el partido “se ahorró” el dinero para financiar las campañas electorales de los municipios madrileños de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, pagadas supuestamente con dinero de Gürtel. En un auto notificado ayer, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal rechaza el recurso que los populares presentaron al auto con el que Ruz abrió una pieza separada en el caso Gürtel, y en el que el juez señaló que el PP pudo beneficiarse de 236.864 euros procedentes de comisiones de la red cobradas por los exalcaldes populares de Majadahonda y de Pozuelo, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, respectivamente.

 

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La Audiencia desecha uno por uno los argumentos empleados por el PP para impugnar la resolución de Ruz y cree que hay indicios para sospechar que el PP “se benefició” del dinero que los dos exalcaldes dedicaron a realizar “actividades propias de dicha formación política”. La Audiencia recuerda los informes emitidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que cifraron en 111.864,32 euros el importe de la campaña electoral de Pozuelo y en 125.000 euros el de Majadahonda. Los magistrados sostienen que el PP se benefició, al menos, de esa cantidad procedente de supuestos delitos de Gürtel ya que se ahorraron pagar con fondos del partido los actos de ambas campañas. Los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel, que firman el auto, comparten la decisión del juez instructor de atribuir al PP en el caso Gürtel el papel de “partícipe a título lucrativo” (artículo 122 del Código Penal), pero dan incluso un paso más. En su auto de julio, Ruz afirmaba que el PP obtuvo un beneficio del cobro de comisiones por parte de los dos exalcaldes madrileños, aunque la formación no conociera que se estaban cometiendo delitos. Pero la Sala de lo Penal sostiene que el PP no solo se aprovechó de ese dinero obtenido presuntamente de forma ilícita, sino que, además, el partido “tuvo que tener conocimiento de aquellos dispendios” porque repercutieron “en su propio peculio, de forma que dejó de abonar aquellas sumas que otros pagaron como gastos de las campañas electorales” de Pozuelo y Majadahonda. Los magistrados no comparten tampoco que, como argumentaba el PP, el Tribunal de Cuentas sea el único competente para investigar la responsabilidad civil del partido en la trama corrupta. Los populares cuestionaron en su recurso la competencia del juez Ruz en este asunto y alegaron que todos sus gastos fueron contabilizados y fiscalizados por el Tribunal de Cuentas que, según el PP, no identificó ni el daño y ni el perjudicado que justificara su responsabilidad civil. La Sala de lo Penal considera, sin embargo, que este órgano solo tiene competencia en el plano contable, “sin perjuicio de las otras jurisdicciones en la que se establece prevalencia”, en referencia a la vía penal, que, además, será “preferente e ilimitada”, dicen los jueces. Los magistrados apoyan su decisión en una sentencia del Tribunal Supremo, de octubre de 2004, que fijó que la exclusividad de la competencia del Tribunal de Cuentas para investigar las responsabilidades civiles se refiere a las cuestiones puramente contables, pero nunca a casos en los que se estén enjuiciando “hechos constitutivos de delito o falta”. “Pretender que el Tribunal de Cuentas sea quien decida, a los efectos penales, la cantidad malversada y su valoración desde un punto de vista culpabilístico, es tanto como sustraer del Poder Judicial, en este caso representado por la jurisdicción penal, una función que constitucionalmente le viene atribuida”, sostienen los magistrados. Las acciones penales, añade la Audiencia, no sufren “coto o limitación” por la “inacción” del Tribunal de Cuentas o porque este decida archivar la causa “en su particular y propio enjuiciamiento contable”. Según los jueces, será en el futuro juicio del caso Gürtel cuando se determine “con exactitud” la supuesta responsabilidad civil y su cuantía. En el auto notificado ayer, la sala respalda de nuevo a Ruz en su decisión de abrir una pieza separada del caso Gürtel para juzgar a 45 imputados de la primera fase de la investigación, entre ellos, al extesorero Luis Bárcenas. Pero la Sala de lo Penal advierte de que la nueva pieza, además del criterio temporal, debe escindirse atendiendo a las personas que cometieron los hechos perseguidos y a las “conductas” que desarrollaron. Según la Sección Cuarta, “no toda conducta de los imputados puede incluirse en la nueva pieza separada” porque eso podría llevar a una escisión de la causa “arbitraria y artificial”. http://politica.elpais.com/politica/2014/11/11/actualidad/1415720039_975727.html 4.2. EL PP VIVE EN ESTADO DE ‘SHOCK’ EL GOTEO DE IMPUTACIONES Los dirigentes se quejan de la lentitud de la justicia y esperan que acabe rápido la instrucción del caso Bárcenas creó otra caja b para pagar la sede del PP de Bizkaia

 

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El PP vive una especie de shock interno en una de las peores semanas que se recuerdan, con dos de los grandes referentes del partido, Rodrigo Rato y Ángel Acebes, con problemas en los tribunales. “Que se acabe ya este goteo, que nos digan de una vez lo que hay, caiga quien caiga”, asegura un diputado incidiendo en una idea bastante extendida entre dirigentes del PP y en el Gobierno. Todos los consultados se quejan de la lentitud de la justicia y piden que se acabe ya la instrucción. La imagen de la política está por los suelos y estos nuevos escándalos —a los que este miércoles se sumó la imputación del exalcalde de Toledo José Manuel Molina por el caso Bárcenas— devuelven al PP a una época que creían superada, la de los peores momentos del escándalo Gürtel en 2013, cuando Mariano Rajoy se vio obligado a convocar un pleno extraordinario en agosto para explicar su apoyo al extesorero. Desde entonces, toda la estrategia está centrada en el silencio, en no responder a nada de lo que diga la justicia o la policía, y en centrar todo el objetivo en Bárcenas. Pero esa tesis se debilita con la imputación de Acebes, ya que fue secretario general entre 2004 y 2008 nombrado por Rajoy. Por eso ahora la cúpula del PP espera que esta imputación no tenga mucho recorrido judicial, y confía en que el juez lo desimpute con cierta rapidez cuando él declare. En medio del desconcierto, la dirección trató de lanzar un mensaje a la sociedad y sobre todo a los suyos a través de un brevísimo comunicado. Mantuvo la línea oficial de los últimos años, en la que niega que el partido tuviera una caja y una contabilidad paralela, algo que tanto el juez Ruz como la policía que investiga el caso ven indiciariamente probado. “En relación con el auto del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de fecha 21 de octubre de 2014”, señala el comunicado sin citar en ningún momento a Acebes, “el Partido Popular manifiesta su respeto a las decisiones de los tribunales y reitera que este partido no tiene otra contabilidad que la presentada y auditada por el Tribunal de Cuentas”. “Si hubiera otra contabilidad, desde luego no es del PP”, remata el comunicado. Si el caso Gürtel es un eterno quebradero de cabeza aunque muchos en el PP afirman que ya no tiene más coste político, más inquietante, por el fondo del asunto, es para el PP y el Gobierno el caso de Rato y en general de Bankia, el gran banco controlado por los populares. A nadie se le escapa que el PP de Aznar puso allí a Blesa y el PP de Rajoy puso allí a Rato. Fueron decisiones personales de los presidentes en ambos casos, y con este escándalo se pone en cuestión la imagen de la marca PP. Los marianistas tratan de señalar al “pasado” como origen de todos los males, esto es, la época de Aznar. Y los aznaristas recuerdan que fue Rajoy el que puso a Rato, el que eligió a Acebes como secretario general y el que aupó a Bárcenas como tesorero. Acebes, según personas que han hablado con él, está tranquilo desde el punto de vista judicial porque cree que la acusación no se sostiene, pero muy preocupado por la enorme repercusión mediática del caso y el coste que tiene para su imagen, con la posibilidad de que acabe fuera del consejo de Iberdrola, su principal trabajo. Rato también está preocupado, aunque dispuesto a defenderse donde sea, dicen los suyos, porque está convencido de no haber cometido ninguna irregularidad. Pero lo que preocupa a los dirigentes no es ya el futuro de Rato o Acebes, sino la imagen del PP, un partido que goza de la gran ventaja de no tener una alternativa fuerte en su espectro político pero teme que sus votantes se queden en casa. Rajoy, el más tranquilo siempre en situaciones así, ha decidido volver a su clásica estrategia de huir de la prensa sin decir una palabra sobre Acebes. Ni a la entrada, ni a la salida del Congreso quiso ni siquiera lanzar el habitual “buenos días” o “muchas gracias” al atravesar la nube de periodistas. Rajoy intenta de nuevo dejar pasar los días a la espera de que, una vez más, baje la presión mediática y el escándalo. Pero nadie en el PP se atreve a adivinar qué consecuencias tendrá esta vez una de las peores semanas que recuerdan. http://politica.elpais.com/politica/2014/10/22/actualidad/1413976874_361637.html 4.3. EL JUEZ IMPUTA A JUAN COTINO EN UNA PIEZA SEPARADA DEL ‘CASO GÜRTEL’

 

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El expresidente de las Cortes valencianas responderá por la visita del Papa a Valencia El juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana José Ceres imputó este lunes a Juan Cotino en el caso Gürtel. El magistrado citó a Cotino, recientemente dimitido como presidente de las Cortes Valencianas, para interrogarlo sobre el supuesto amaño que permitió a la trama Gürtel captar 7,4 millones de euros de la desaparecida Ràdio Televisió Valenciana con motivo de la retransmisión de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en el año 2006. El magistrado atendió la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción, según la cual “una pluralidad de indicios racionales” apuntan a que el veterano político del PP participó en los hechos, pudiendo haber cometido los “delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho”. Cotino guardó este lunes silencio. En los últimos tiempos ha insistido, sin embargo, en que ha metido la pata muchas veces “pero nunca la mano”. En la misma resolución, el juez Ceres imputó a otras siete personas por haber intervenido presuntamente en el fraude del que se benefició la red de Francisco Correa. Una de ellas es Vicente Sanz, ex secretario general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), procesado en un procedimiento distinto por supuestos abusos sexuales a tres trabajadoras de la corporación cerrada hace un año. El magistrado reproduce, resumidos, los argumentos esgrimidos por la fiscalía para imputar al expresidente de las Cortes Valencianas. En 2006, Cotino era consejero de Agricultura y no formaba parte de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, creada por las Administraciones valencianas y por la Iglesia para aglutinar los preparativos de los actos del Papa. A pesar de que no “ostentaba formalmente ningún cargo en la fundación”, Cotino tenía mando, señala el fiscal, llegando por ejemplo a nombrar “a sucesivos encargados” de la misma. Basándose en “testimonios y correos electrónicos” que obran en la causa, Anticorrupción sostiene que Cotino habría mantenido “directa o indirectamente contactos con Álvaro Pérez”, delegado de la red de Correa en Valencia, “con la finalidad” de que la empresa de este, Orange Market, fuera contratada por los organizadores de la visita de Joseph Ratzinger. Cotino habría participado, manteniendo “contactos y reuniones”, en la decisión de que RTVV retransmitiera a través de televisores gigantes los actos pastorales, informando al ex director general de la radiotelevisión valenciana Pedro García de que le había “tocado lo de las pantallas”. Siempre según los indicios expuestos por la fiscalía, el expresidente del Parlamento autonómico explicó al entonces responsable “del área de infraestructuras” de la Fundación V Encuentro que la empresa del presunto cabecilla de Gürtel Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, había resultado “adjudicataria” del contrato para suministrar pantallas gigantes y megafonía de los actos en una “fecha en la que no se había publicado ni iniciado la tramitación del expediente” para esas adjudicaciones. Un año después, en 2007, agrega el escrito de la fiscalía dirigido al juez, “Juan Cotino Ferrer figura en el listado de personalidades a los que Orange Market hizo regalos de Navidad donde aparece el coste. En concreto, un chaquetón de Milano por 375 euros”. Cotino ha asegurado varias veces en los últimos meses que su papel en estos actos fue menor. “Estuve colaborando en todo lo que creía que tenía que opinar y tenía que decir, aunque ni tomé ninguna decisión, ni estaba en ningún órgano para tomar ninguna decisión. La verdad es que yo trabajé de voluntario todo lo que podía, como muchos más voluntarios”, dijo en febrero. Anticorrupción apoya su tesis, además, en las grabaciones del exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas; en el análisis de la agenda de Pablo Crespo, considerado por la investigación lugarteniente de Correa, y en el informe policial de julio pasado que describe a Cotino como “elemento nuclear” en las decisiones en torno a la visita papal. Tercer vicepresidente implicado Cinco años y nueve meses después de salir a la luz, el caso Gürtel sigue haciendo estragos entre quienes fueron responsables de la Administración autonómica valenciana bajo la

 

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presidencia de Francisco Camps. Con la imputación, este lunes, de Juan Cotino, son ya tres los exvicepresidentes de la Generalitat que se han visto implicados en la misma causa judicial. Cotino presidió las Cortes Valencianas hasta hace un mes, pero previamente fue vicepresidente tercero de la Generalitat. En ese periodo, de 2007 a 2011, coincidió con Vicente Rambla, entonces vicepresidente primero del Consell, que se halla imputado en las piezas separadas del caso que investigan la supuesta financiación ilegal de los populares valencianos, y que también abandonó hace unos meses la política. Antes de que la justicia señalara a Rambla y Cotino, Víctor Campos, vicepresidente entre 2004 y 2007, fue condenado en el llamado caso de los trajes. Un procedimiento sobre supuestos regalos de la trama de Francisco Correa a cargos públicos en el que Camps fue absuelto por un jurado. Además de los tres antiguos vicepresidentes, en la rama valenciana de Gürtel han sido procesados otra expresidenta de las Cortes Valencianas y exconsejera, Milagrosa Martínez, y los exconsejeros Angélica Such, Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado. Tres diputados autonómicos más, que fueron miembros de la dirección del PP valenciano, también han sido imputados: Ricardo Costa, Yolanda García y David Serra (dimitido en septiembre). Ximo Puig, líder del PSPV-PSOE, que ejerce la acusación en el procedimiento, declaró que la imputación de Cotino demostraba “que los jueces y la justicia están haciendo efectivamente su trabajo, y que tanto la denuncia política de los miembros de la oposición como la denuncia periodística funcionan”. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/10/valencia/1415624940_098143.html 4.4.LA JEFA DE LOS ABOGADOS DEL ESTADO ERA SECRETARIA DE SACYR CUANDO LA EMPRESA PAGÓ LA SUPUESTA COMISIÓN A COSPEDAL La Abogacía del Estado no se persona en el caso de la Caja B del PP, a pesar de su “evidente interés” en la causa, según fuentes jurídicas. La jefa de los abogados del Estado es Marta Silva Lapuerta, sobrina del extesorero del PP imputado en el caso y ocupaba un alto cargo en Sacyr el año en el que sus directivos, también imputados, pagaron supuestamente 200.000 euros a Cospedal a cambio de las basuras de Toledo. Marta Silva afirma que se abstiene de cualquier decisión sobre el caso. La Abogacía del Estado no se ha personado en la causa de la Caja B del PP, que investiga el juez Pablo Ruz, a pesar del “evidente interés del Estado” según fuentes jurídicas y abogados de la acusación consultados por la SER. Un interés fundamentado desde el arranque de la investigación, en marzo de 2013, cuando tanto el juez instructor como la Sala de lo Penal advirtieron de la posible existencia de delitos fiscales atribuidos al PP o a sus responsables por el cobro de sobresueldos y la recepción de donaciones ilegales, o más recientemente por los supuestos delitos fiscales derivados de la compra de la sede de La Rioja, de los pagos a Castilla La Mancha, y sobre todo, por los presuntos fraudes al fisco imputados al arquitecto Gonzalo Urquijo por la reforma en negro de la sede central del PP. Sobrina del extesorero Lapuerta Solo en la Audiencia Nacional hay 19 letrados del Estado, pero se trata de un cuerpo jerarquizado. No pueden tomar sus propias decisiones sobre la aceptación o renuncia a un caso sino que dependen "funcional y orgánicamente", según su reglamento, del Abogado General del Estado. Y este cargo lo ocupa desde primeros de enero de 2012, al poco de llegar Rajoy a La Moncloa, Marta Silva Lapuerta. Silva Lapuerta es hija del ministro de Obras Públicas con Franco, Federico Silva, y de Rosario Lapuerta Quintero, hermana del extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, imputado en el caso de la Caja B del Partido Popular. El mismo caso que no existe para su sobrina, la Abogada General del Estado. Secretaria y jefa jurídica de Sacyr cuando supuestamente, pagó a Cospedal

 

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Pero no es el único posible conflicto de intereses de Marta Silva en la causa. En 2007, cuando supuestamente la empresa Sacyr pagó una comisión de un mínimo de 200.000 euros para la campaña de Cospedal en Castilla-La Mancha, a cambio de un contrato de basuras en Toledo, Marta Silva era secretaria general y del consejo de administración de esta empresa, y directora general de su asesoría jurídica, según la documentación remitida por Sacyr a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tanto el actual presidente del consejo de Administración de Sacyr, Manuel Manrique, como quien fichó en 2003 a Marta Silva en la empresa, Luis del Rivero, están imputados en el caso de la Caja B por estos hechos. Además, la empresa aparece como supuesta donante de fondos al Partido Popular en los 'papeles de Bárcenas'. Entre 2004 y 2006 habría aportado a la contabilidad negra del PP un total de 480.000 euros. Actuación "incomprensible" Las fuentes jurídicas consultadas por la SER consideran “incomprensible” que la Abogacía del Estado no esté personada en este caso, cuando como es su obligación, reclama formar parte de prácticamente cualquier proceso en los que se investiga un fraude fiscal relevante. Además, sí que forma parte de la pieza principal del procedimiento o 'caso Gürtel', lo que a juicio de las mismas fuentes, debería haber provocado la inmediata personación en la pieza separada que investiga la Caja B del PP. La Abogacía del Estado entró a formar parte de la Gürtel en 2009, con Joaquín de Fuentes al frente del cargo. La pieza de la Caja B se abrió en 2013, ya con su sucesora Marta Silva en este puesto clave para la representación jurídica del Estado. Marta Silva afirma que “se abstiene” de cualquier decisión sobre el caso La Cadena SER ha intentado ponerse en contacto con Marta Silva. Su gabinete ha dirigido cualquier respuesta al Ministerio de Justicia, de quien depende la Abogada General del Estado. Desde el ministerio afirman que “desde que apareció la imputación contra Álvaro Lapuerta”, su sobrina “se abstuvo formal y materialmente” del caso. Aseveran que los abogados del Estado “no le dan cuenta sobre los hechos ni ella pide explicaciones” sobre esta investigación. Las mismas fuentes sostienen además que Marta Silva ha remitido “un escrito a la oficina de conflictos de intereses”, que depende del Ministerio de Hacienda, en la que deja constancia de la situación. Respecto a las causas por las que la Abogacía del Estado no se ha personado en el proceso de la Caja B, estas fuentes concluyen que Hacienda todavía no ha determinado la existencia de un delito fiscal. Una condición necesaria para iniciar la acción judicial. No obstante, otras fuentes consultadas por la SER insisten en que los posibles fraudes al fisco se están investigando desde el inicio del caso, y que en este momento Hacienda ya ha detectado un fraude claro contra el arquitecto que ejecutó las obras de la sede del PP. http://cadenaser.com/ser/2014/11/10/tribunales/1415601534_099781.html 4.5.RUZ LE RECUERDA AL PP QUE NO HA COLABORADO CON LA JUSTICIA El magistrado rechaza modificar el término “incautados” para referirse a los documentos recogidos por la policía en la sede de Génova 13 en diciembre de 2013 El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz insiste en que el Partido Popular no ha colaborado con la justicia en la causa sobre los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del extesorero de Génova 13. La formación conservadora, a través de su gerente en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas Cañada, imputado en la causa, pretendía que el magistrado suprimiera la expresión “incautados” para referirse a los documentos recogidos por la policía en la sede nacional del PP el 19 de diciembre de 2013. Ruz había utilizado el término “incautados” en el auto –resolución razonada- del pasado 24 de octubre en el que ponía de manifiesto que el PP abonó con 1,7 millones en dinero b las obras de reforma de su sede nacional. El gerente Cañas, subordinado de la presidenta del PP castellano-manchego, Dolores de Cospedal, presentó el pasado 29 de octubre un escrito en el juzgado de Ruz con el que pretendía que el magistrado retirara la expresión “incautados” y dijera que el PP “aportó voluntariamente” los documentos sobre la reforma de su sede.

 

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El Partido Popular no ha sido aceptado como acusación en la investigación sobre los papeles de Bárcenas. Sin embargo, el gerente del partido en Castilla-La Mancha está imputado en esta causa y puede presentar escritos ante el magistrado. El término “incautados”, que pasó prácticamente desapercibido el pasado 24 de octubre, ha sido puesto en primer plano con el escrito de Cañas Cañada. Este directivo del PP manchego esgrime la definición de “incautarse” del Diccionario de la Real Academia Española: “Dicho de una autoridad judicial o administrativa: Privar a alguien de alguno de sus bienes como consecuencia de la relación de éstos con un delito, falta o infracción administrativa”. E insiste en que Ruz modifique su auto para decir que los documentos que apuntan a que el PP abonó irregularmente la reforma de su sede fueron entregados voluntariamente. Para ello invoca el artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece: “Los tribunales no podrán varias las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan”. Para contestar a esta petición, Ruz recuerda cuál ha sido el comportamiento del PP a lo largo de esta investigación. En abril de 2013, mientras el PP todavía pagaba la defensa del extesorero Bárcenas, el juez pidió documentación al partido sobre los trabajos efectuados en Génova 13 por el estudio Unifica, del arquitecto Gonzalo Urquijo. El partido se limitó a entregar al magistrado su contabilidad oficial remitida al Tribunal de Cuentas. El 30 de julio de 2013, el juez requirió al partido el “expediente completo” sobre la contratación de Unifica para las obras de Génova 13. El partido entregó al magistrado un escrito con parte de la documentación reclamada. El 2 de diciembre, el partido entregó nueva documentación al magistrado: un total de 17 folios fotocopiados sobre la facturación y pago de los trabajos a Unifica. De estos 17 folios, cinco no constaban en la remesa entregada en julio. Aunque el juez Ruz no lo menciona en su auto, el PP entregó la nueva documentación después de que las secretarias de los extesorereros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta reconocieran ante el juez que había destruido las agendas de sus jefes y de que el PP informara al juez de que se habían eliminado y borrados los discos duros de los ordenadores de Bárcenas y los libros de entrada a Génova 13. La paciencia de Ruz se colmó al constatar que el PP le entregaba datos incompletos, de modo que el 19 de diciembre envió a la policía a la sede nacional del PP con un requerimiento de entrega de la documentación completa. El requerimiento autorizaba a la policía a registrar la sede en caso de que se negaran a entregar los datos reclamados. Durante 14 horas, los agentes de la UDEF y el secretario judicial estuvieron examinando papeles en Génova 13. Ruz recuerda en su auto que la diligencia permitió constatar que el expediente de Unifica constaba en realidad de 5.067 folios frente a los 520 entregados inicialmente por el partido. La documentación que el juez califica de “incautada” en ese requerimiento es el que ha permitido concluir a los investigadores que las obras de remodelación de Génova 13 se abonó con 1,7 millones en dinero b. El magistrado responde al Diccionario con el Diccionario, y establece que su auto del 24 de octubre, en el que habla de documentos “incautados” no es “oscuro” ni contiene “error” alguno, por lo que se “mantiene íntegramente su contenido en los términos en aquel establecidos”. Es decir, incautados, y no entregados voluntariamente. http://politica.elpais.com/politica/2014/11/05/actualidad/1415189016_504948.html 4.6.RUZ DA UN NUEVO IMPULSO A LOS PAPELES DE BÁRCENAS Y APUNTA A LA CÚPULA DEL PP La presunta apropiación indebida de Acebes y la investigación en torno a Cospedal dejan atrás la prescripción del delito fiscal y la dificultad de acreditar el cohecho El instructor decidió imputar al ex secretario general sin el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, a la que la acusación popular critica su pasividad durante todo el proceso

 

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El juez pregunta por las normas de funcionamiento del partido en Castilla-La Mancha cuando ya lo presidía Cospedal y se produjo el supuesto soborno para su campaña al exalcalde de Toledo José Manuel Molina (PP) por los papeles de Bárcenas El juez Pablo Ruz ha dado en las últimas 48 horas un nuevo impulso al caso de la financiación irregular del PP con la imputación de un ex secretario general del partido, Ángel Acebes, y con nuevas diligencias sobre otros hechos que apuntan a la persona que ocupa ese cargo en la actualidad, María Dolores de Cospedal. El argumento del Partido Popular de que la responsabilidad sobre la supuesta caja B comienza y acababa en Bárcenas choca frontalmente con las últimas decisiones adoptadas por el instructor del caso. Ruz investiga la posible participación de "personas aforadas" en la entrega de 200.000 euros por parte de Luis Bárcenas al PP de Castilla-La Mancha a cambio, según el extesorero, de la adjudicación de la contrata de basuras al grupo empresarial del que procedía el dinero. Así consta en el auto dictado este miércoles por el magistrado, en el que cita como imputado al entonces alcalde de Toledo, José Manuel Molina, y requiere al Partido Popular que le entregue la normativa reguladora de la formación en Castilla-La Mancha en los años 2006 y 2007. Ese es el periodo en el que ya era presidenta del PP regional María Dolores de Cospedal. Y por los indicios existentes hasta ahora, no pueden ser más que la propia Cospedal y su número dos, Vicente Tirado –actual presidente del Parlamento autonómico–, los aforados a los que se refiere Ruz. A ambos los implicó Luis Bárcenas en sede judicial cuando describió la mecánica de la mordida. Según relató, él mismo recibió en metálico los 200.000 euros en la sede en Madrid Sacyr-Vallehermoso, de manos de su entonces presidente, Manuel Manrique. "Llamé al gerente de Toledo. El sobre lo dejé en la caja y avisé al gerente regional, que tenía que entregárselo a Vicente Tirado o a María Dolores de Cospedal", explicó al juez. Bárcenas aportó además el recibí, firmado por el gerente José Ángel Cañas. Esta es la segunda ocasión en que el juez Ruz da un impulso a la investigación del caso de los papeles de Bárcenas en menos de 24 horas. Y lo hace, de nuevo, apuntando hacia arriba. El martes citó como imputado al ex secretario general del PP Ángel Acebes por un presunto delito de apropiación indebida por omisión. El juez sospecha que Acebes pudo permitir a Bárcenas y Álvaro Lapuerta comprar acciones de Libertad Digital con dinero negro del partido. Para imputar a Acebes, Ruz cita la declaración incriminatoria de Bárcenas y los estatutos del PP, incorporados a la causa, en los que se establece que "corresponde al secretario general la decisión de todos los servicios del Partido y la jefatura de su personal". Otros tres secretarios generales distintos de Acebes coincidieron en desvincular su cargo de las funciones del tesorero y el gerente del partido en sus declaraciones ante Ruz como testigos. Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal fueron convocados por el magistrado después de que Luis Bárcenas describiera en julio de 2013 el mecanismo de financiación irregular del partido a lo largo de dos décadas. La estrategia de los secretarios generales pasó por volcar responsabilidades en sus subordinados, los tesoreros, y en aducir que no recordaban las cuestiones por las que se les preguntaba. Arenas llegó a utilizar la expresión "no me acuerdo" o "no recuerdo" en 37 ocasiones. Con los argumentos de la imputación de Acebes, estatutos del partido mediante, esa estrategia no serviría ante una eventual imputación. El reglamento del partido La diligencia número 3 del auto dictado el martes sobre la compra de acciones requiere al Partido Popular que "a la mayor brevedad, y en todo caso en el plazo de tres días, certifique las fechas en las que Ángel Acebes Paniagua ocupó el cargo de secretario general de la formación, y remita testimonio del acuerdo, acta o documento en que figure su nombramiento". Cuando lo reciba, el juez tendrá en su poder el documento que acredita a Acebes como el máximo responsable del funcionamiento del partido en la época que ocupó la Secretaría General.

 

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En el auto del día siguiente, Ruz toma un camino similar que le puede conducir al mismo destino. La diligencia cuarta reclama, "a la mayor brevedad posible, y en todo caso en el plazo de cinco días, normas de régimen interno –o normativa reguladora de la organización– de la formación en Castilla-La Mancha vigentes en 2006 y 2007", esto es, en la época del presunto cohecho, con María Dolores de Cospedal de presidenta regional. Si esa normativa se parece a los estatutos que rigen Génova, Ruz tendrá en su poder un nuevo indicio contra Tirado y, dependiendo del contenido exacto, quizá contra Cospedal. Los hechos que investiga Ruz en torno al PP de Castilla-La Mancha son presuntamente constitutivos de cohecho, tráfico de influencias y contra la Administración Pública. Ruz aclara en cualquier caso que, si aparecen indicios contra los aforados, trasladará la causa al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. El juez cuenta con un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) constatando "trato de favor" a Sufi, la empresa del grupo Sacyr. Según el organismo dependiente de Hacienda, la campaña debería haber sido anulada. Con la imputación de Acebes y los avances en el caso de Castilla-La Mancha, el juez ha abierto una brecha en el muro que impedía apuntalar responsabilidades por los papeles de Bárcenas. La argamasa de esa pared estaba formada por tres elementos: los hechos que no son constitutivos de delito, como la financiación irregular del partido; la prescripción de otros que sí son delito, como no haber declarado sobresueldos; y la imposibilidad de demostrar el cohecho, para lo que habría que poder vincular con claridad las donaciones irregulares de los empresarios y las adjudicaciones que recibían de las administraciones gobernadas por el PP. Un paso más allá de la financiación irregular Ahora el juez toma dos hechos concretos que han aflorado durante el caso –la posible compra de acciones de Libertad Digital con dinero negro y el pago de 200.000 euros al partido a cambio de un contrato en Toledo– para abrir una nueva vía en el caso, más allá de la mecánica general de la financiación irregular. Bárcenas acusó a Acebes directamente de autorizar la compra de acciones con dinero negro. Apoyándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo, Ruz le imputa por haber consentido un daño a la formación, permitiendo que Bárcenas y su antecesor, Álvaro Lapuerta, vendieran esas acciones y no reintegraran el dinero a la caja B. La Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a los magistrados pronunciarse públicamente sobre los casos que instruyen. Todo cuanto pueden y deben decir aparece en los autos que dictan, sus resoluciones razonadas. De los dos últimos que ha firmado el juez Pablo Ruz esta semana sobre el caso de la presunta financiación irregular del PP, parece emerger un punto de inflexión en la instrucción. Por una parte, se acabó el tener una responsabilidad en el Partido Popular y escudarse en el "no me consta" o el "no recuerdo". Por otra, la pasividad de la Fiscalía Anticorrupción en el caso ya no va a suponer un obstáculo o un retraso en el establecimiento de esas responsabilidades. De hecho, Ruz ha imputado a Bárcenas sin consultar a Anticorrupción. Su representante en el caso, Antonio Romeral, es blanco de las críticas de la acusación popular desde que Ruz abrió la pieza separada. Romeral propone escasas diligencias, se opone a las que solicitan las acusaciones y deja pasar los interrogatorios sin apenas formular preguntas. Los imputados sólo acceden a contestar a su abogado, a Ruz y a él, lo que hace recaer prácticamente todo el peso de los interrogatorios en el juez instructor. http://www.eldiario.es/politica/Ruz-pregunta-mandaba-PP_0_316369411.html 05. SANTAMARÍA SE DEJA QUERER COMO BALA EN LA RECÁMARA DEL PP El relevo de Rajoy por la vicepresidenta cobra fuerza en un partido que empieza a apostar por una renovación completa de sus caras, presidente incluido En lo que va de legislatura, Soraya Sáenz de Santamaría se ha cuidado mucho de separar la parcela de La Moncloa de la del partido, liderada por María Dolores de Cospedal. Cuando se pregunta a la vicepresidenta por los temas del PP -particularmente por la corrupción-, remite a

 

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las respuestas que den en la calle Génova. Como si ella o el presidente del Gobierno pertenecieran a otro partido y no supieran nada de lo que acontece en los dominios de Cospedal. Sin embargo, Sáenz de Santamaría lo fue todo en el PP -a la sombra muy ejecutiva de quien hoy es presidente del Gobierno- y mantiene buenos contactos tanto con la dirección nacional como en el comité ejecutivo, del que forma parte. Está bien informada de todo y sigue siendo un referente político en el PP, a pesar del carácter pragmático y técnico que le imprimen su puesto de número dos del Ejecutivo y las múltiples tareas que Mariano Rajoy le va encargando. Esa imagen de distancia con la cúpula del PP -potenciada por la frialdad de su relación con Cospedal- está librando a la vicepresidenta de los reproches y el malestar interno que cunde entre las filas conservadoras de un extremo a otro de la Península por la reacción del núcleo del PP a los casos de corrupción: negar, esconderse y remitir a los jueces. Todos los factores confluyen en la vicepresidenta para liderar una renovación del PPAhora, cuando hasta el liderazgo de Mariano Rajoy está siendo puesto en entredicho con un desplome en las encuestas sin precedentes, Sáenz de Santamaría emerge como la figura en la que confluyen todos los factores para liderar una renovación a fondo del PP, argumentan los suyos: una generación posterior a la de Rajoy, capacidad política demostrada, conocimiento del partido y la Administración y, sobre todo, la también ministra de la Presidencia se mantiene aislada de cualquiera de los casos de corrupción en los que está implicado su partido: Gürtel, Bárcenas, tarjetas opacas o Púnica. Aunque el cobro de sobresueldos que pdorían proceder de una caja B del PP en la etapa en la que trabajó en el partido le hayan dando algún disgusto. "En mi puta vida en cogido un sobre", zanjó Sáenz de Santamaría en respuesta al PSOE, que le acusó de haber recibido 600.000 euros. La Alcaldía de Madrid, un salto cualitativo La número dos del Gobierno tampoco se libra de figurar en las quinielas de candidatos del PP para las próximas municipales y autonómicas, que tienen su mayor incógnita en la Comunidad y la capital madrileñas. Mucho se habla en el partido de que Rajoy podría hacer un "sacrificio" -por lo mucho que le resuelve la vicepresidenta- y enviar a Sáenz de Santamaría como candidata a la Alcaldía de Madrid para garantizarse un buen resultado, descartada prácticamente la posibilidad de que concurra Esperanza Aguirre tras el estallido de la operación Púnica. Aunque las encuestas que maneja el partido tampoco le dan la mayoría absoluta a ella, si Santamaría lograse el Ayuntamiento, éste constituiría una buena catapulta electoral de cara al relevo de Rajoy, pues otorga a la portavoz del Gobierno una marca territorial de la que ahora carece. En el PP subrayan que "hay banquillo" de sobra para renovar completamente el partidoPoner a la vicepresidenta al frente del PP sólo es una pata más de la estrategia de cambio que empieza a fraguarse en el partido, fundamentalmente, entre cuadros medios y dirigentes territoriales con el argumento de que el pasado de Rajoy lo vincula demasiado estrechamente a todos los casos de corrupción destapados. "Hay banquillo", subrayan los conservadores e insisten en la necesidad de que una nueva generación tome las riendas para recuperar una "credibilidad" que ya le es negada al presidente del Gobierno y para inaugurar "una nueva forma de hacer política". ¿Los nombres? Desde el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, hasta el balear, José Ramón Bauzá (el Diario de Mallorca se hacía eco ayer también de movimientos internos en este sentido en el PP de las Illes), o el extremeño, José Antonio Monago, pasando por el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón; al alcalde de Santander, Íñigo de la Serna; los presidentes del PP en Andalucía o Euskadi, Juanma Moreno y Arantza Quiroga; el dirigente vasco Borja Sémper o diputados nacionales en ascenso como Pablo Casado. "Por citar a los más conocidos", concluyen las fuentes. http://www.publico.es/553931/santamaria-se-deja-querer-como-bala-en-la-recamara-del-pp 06. LOS ONCE CARGOS DE SÁENZ DE SANTAMARÍA

 

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No hace todavía un mes que, el pasado 23 de octubre, Mariano Rajoy puso en sus manos la responsabilidad en materia de Justicia durante cinco días tras la marcha de Alberto Ruiz-Gallardón y hasta la llegada de su sustituto, Rafael Catalá. Al mismo tiempo, ostentó la Presidencia del Gobierno en funciones durante los cuatro días que el jefe del Ejecutivo pasó en China de visita oficial. Este viernes, su jefe volvía recurrir a a ella poniéndola al frente del comité interministerial e interdisciplinar que coordinará la respuesta de España al primer contagio de ébola fuera de las fronteras africanas. Con esta nueva responsabilidad, que se mantendrá hasta que Moncloa dé por controlada la alarma, son once las responsabilidades que tiene en sus manos. Se trata de un hecho que provoca recelos en ciertos sectores de su partido, el Partido Popular, y el Gobierno. A continuación, se enumeran estos puestos y las peculiaridades de algunos de ellos: 1. Vicepresidenta del Gobierno Asume las funciones de la Presidencia del Gobierno en ausencia de Mariano Rajoy y coordina las relaciones con el resto de los ministerios. 2. Ministra de la Presidencia El ministerio de la Presidencia está integrado por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, la secretaría de Estado de Comunicación y la Subsecretaría de la Presidencia. Entre sus funciones está la de la coordinación de los asuntos de relevancia constitucional, la preparación, desarrollo y seguimiento del programa legislativo y el "apoyo inmediato a la Presidencia del Gobierno". 3. Portavoz del Gobierno En su calidad de portavoz del Ejecutivo es la encargada de trasladar todos los viernes los acuerdos posteriores al Consejo de Ministros. 4. Presidencia de la Comisión General de secretarios de Estado y subsecretarios Este órgano se reúne semanalmente, los miércoles como norma general, para analizar los temas que van a ponerse sobre la mesa del Consejo de Ministros los viernes. 5. Presidenta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia Junto a ella, la integran los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Defensa, del Interior y de Economía y Competitividad. Acuden también a estas reuniones el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el Secretario de Estado de Seguridad y el Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia, que actúa como secretario. No pasa por alto que la vicepresidenta tiene bajo su control a los espías del CNI. 6. Presidenta de la Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica y Tecnológica La función de este órgano, es según figura en el BOE la de "elevar al Gobierno el Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, para su aprobación y posterior remisión a las Cortes Generales. Y la de "coordinar las actividades de investigación que los distintos departamentos ministeriales y los organismos de titularidad estatal realicen en cumplimiento del Plan Nacional". Además, debe presentar anualmente al Gobierno para su elevación al Congreso una memoria sobre el cumplimiento del plan nacional. 7. Presidenta de la Comisión Delegada del Gobierno para Política de Igualdad La acompañan en este órgano los Ministros de Justicia, de Hacienda y Administraciones Públicas, del Interior, de Educación, Cultura y Deporte, de Empleo y Seguridad Social, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

 

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8. Presidenta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Culturales La secretaría de este órgano la asume el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, una de las personas del círculo de máxima confianza de la vicepresidenta. Junto a ella, acuden a estas citas los ministros de Justicia, de Hacienda y Administraciones Públicas, del Interior, de Educación, Cultura y Deporte, de Empleo y Seguridad Social, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 9. Vicepresidenta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos Todos los cargos anteriores ya figuraban en el Boletín Oficial del Estado del 31 de diciembre de 2011. El de número dos de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos fue publicado el 1 de junio de 2013. Hasta esa fecha, Santamaría no integraba este órgano. Este gesto Rajoy fue interpretado en el Ejecutivo y en el Partido Popular como un intento de frenar en seco los movimientos tendentes a presionar para la creación de una vicepresidencia económica, un cargo que el presidente rechazó crear cuando configuró el Gobierno tras las generales de noviembre de 2011. Es el presidente del Gobierno el que preside normalmente estas reuniones. 10. Vicepresidenta de la Comisión Delegada del Gobierno para la Seguridad Nacional Este órgano fue creado en junio de 2013 en sustitución de la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis. 11. Presidenta del comité de especial coordinación para la respuesta a la crisis del ébola Es el último de los cargos que suma en base a un acuerdo del Consejo de Ministros de este viernes, 10 de octubre. Según figura en la referencia de la reunión de los ministros del gabinete de Rajoy, "dado el carácter transversal de la situación generada por el contagio de la auxiliar de enfermería y el importante número de actores institucionales, distintas Administraciones Públicas y científicos implicados en la gestión de la enfermedad por el virus del ébola, se ha adoptado también la decisión de designar un Comité Científico que ayudará en las tareas a este Comité Especial". Este órgano dará continuidad a los trabajos de la comisión de coordinación constituida entre el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid tras los evidentes fallos a la hora de gestionar la crisis. "Su tarea será coordinar medios y recursos disponibles; promover la cooperación interinstitucional e internacional; establecer protocolos de política informativa para la máxima transparencia a la sociedad española y a los profesionales de la información, y analizar, tanto la planificación existente, como toda la actuación europea e internacional en el ámbito del control de la enfermedad por el virus ébola", señalan desde el Gobierno. En el entorno de Santamaría señalan que su función no viene a enmendar la de Mato. "Se trata de complementar", aseguran. El CNI y el CIS, bajo su mando Junto a estas diez responsabilidades, Sáenz de Santamaría tiene a su cargo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Es la interlocutora del Gobierno con el Ejecutivo vasco, lideró las negociaciones de la Ley de Transparencia y también asumió las negociaciones para la renovación del Tribunal Constitucional. El poder de Santamaría provoca recelos en sectores del PP y del Gobierno. No sólo por lo cargos que acapara en sí misma, sino por los puestos que ocupan sus fieles, el grupo del que se rodeó cuando era portavoz del PP en el Congreso en la oposición. Se trata de Álvaro Nadal, hoy jefe de la Oficina Económica de Presidencia; José Luis Ayllón, secretario de Estado de

 

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Relaciones con las Cortes; Fátima Báñez, ministra de Empleo; Alfonso Alonso, portavoz del partido en la Cámara baja, y José María Lassalle, secretario de Estado de Cultura. http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/10/01/los_cargos_saenz_santamaria_22134_1012.html 07.EL CONSTITUCIONAL ESTIMA IMPARCIALES A LOS DOS MAGISTRADOS RECUSADOS POR EL PARLAMENT El Tribunal considera por unanimidad que no existen motivos para dudar de la imparcialidad de Pérez de los Cobos, exmilitante del PP, y de González Trevijano, también vinculado al partido, para fallar sobre la consulta. El Constitucional ha rechazado las recusaciones por falta de imparcialidad que el Parlament de Catalunya presentó contra el presidente de este tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, y el magistrado Pedro González-Trevijano. El pasado jueves la Mesa del Parlament acordó presentar las recusaciones dentro del procedimiento abierto por los recursos que el Gobierno central ha presentado contra la ley de consultas catalana y el decreto que la desarrolla y la convoca para el 9 de noviembre. El pleno del Tribunal Constitucional, reunido desde el pasado martes, ha estudiado este asunto y ha resuelto rechazar que existan motivos para dudar de la imparcialidad de los magistrados en un acuerdo votado unánimemente por todos sus miembros. En el caso del presidente del tribunal, el pleno recuerda que no puede volver a examinar los mismos motivos sobre los que ya se pronunció en septiembre de 2013, cuando inadmitió las recusaciones formuladas entonces por el Parlament y por la Generalitat de Catalunya, las cuales ahora volvía a reiterar la Cámara catalana. También descarta que las manifestaciones de Pérez de los Cobos en un discurso en diciembre de 2005, antes de ser magistrado del Tribunal, "puedan menoscabar su imparcialidad". TC: "No cabe la recusación de un juez por tener criterio jurídico anticipado"En este sentido, recuerda que desde 2006 el Tribunal viene sosteniendo que "no puede pretenderse la recusación de un juez por el mero hecho de tener criterio jurídico anticipado sobre los asuntos que debe resolver". "Nadie puede ser descartado como juez en razón de sus ideas", añade el alto tribunal antes de descartar que tenga sentido recusar por falta de imparcialidad a un magistrado por supuesta "enemistad ideológica", como hacen las recusaciones con González-Trevijano, hacia quien el Parlament utilizaba argumentos coincidentes a los empleados respecto a Pérez de los Cobos. El Parlament usaba como base varias manifestaciones de ambos magistrados para demostrar su falta de objetividad pero el TC responde que las declaraciones se refieren a proyectos o normas "que no son objeto de impugnación en el proceso en el que se formula la recusación". El pasado 2 de octubre la Mesa del Parlamento catalán acordó presentar un escrito de recusación contra Pérez de los Cobos y González-Trevijano para que se abstuvieran de intervenir en los recursos de la consulta del 9-N. La recusación estaba apoyada por los grupos parlamentarios de CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP y consideraba comprometida la "imparcialidad" de ambos magistrados por su militancia o exmilitancia en el PP y también por su afinidad ideológica con este partido, que fue el precursor de la sentencia que recortó el Estatut, afirmaban. Similitudes con otra recusación

 

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Se basaba en hechos similares a los que fundamentaron otra recusación que el Parlamento catalán presentó en septiembre de 2013 para que Cobos se abstuviera de participar en las deliberaciones de siete procedimientos abiertos que afectaban a la Cámara. Aquella petición ya fue desestimada por el tribunal. Pérez de los Cobos militó en el PP entre los años 2008 a 2011, algo que el Parlament considera incompatible con dictar sentencias que afecten al Estatut o a las leyes básicas que lo "despliegan", lo que incluye la ley de consultas. La respuesta del pleno del TC que ha sido votada hoy sigue igualmente los mismos fundamentos en los que se basó el auto que rechazaba aquella anterior recusación. En aquel momento el Tribunal Constitucional consideró que la obligación de "imparcialidad" que la Ley impone a sus magistrados no equivale a neutralidad. Ahora ha rechazado admitir las dos recusaciones tomando aquella resolución como base. http://www.publico.es/politica/549130/el-constitucional-estima-imparciales-a-los-dos-magistrados-recusados-por-el-parlament 08. LOS 15 DESPROPÓSITOS QUE HAN PROVOCADO LA CRISIS DEL ÉBOLA EN ESPAÑA Una cadena de errores, de descuidos, de relajación de las medidas de seguridad o de falta de ellas han marcado la gestión de la crisis del ébola en España Un resumen cronológico de los fallos tras los que hemos llegado a la situación actual: una infectada, siete posibles casos y decenas de personas en vigilancia Una auxiliar sanitaria contagiada de ébola. Trece más en observación en el hospital por sospechas de haber contraído el virus. Más de 65 identificadas y bajo seguimiento por haber estado en contacto con personas infectadas. Un protocolo que ya se ha revisado tres veces desde la repatriación del primer enfermo. Y una serie de errores cuya responsabilidad tendrá que determinar la investigación. Más allá de lo que el Gobierno debería haber hecho para atajar este problema cuando aún no había aterrizado en territorio español, estos son algunos de los fallos que se han cometido en la gestión de esta crisis. 1. El protocolo y el material 5 de agosto. El Gobierno decide repatriar al misionero Miguel Pajares, enfermo de ébola, para tratarle en España. Se activa entonces un protocolo de actuación para evitar riesgos de contagio. Un día después, Defensa prepara un Airbus medicalizado que viajará hasta Liberia. Mintras tanto, se habilita una planta del hospital Carlos III de Madrid que, hasta que la Comunidad de Madrid decidió desmantelar en noviembre de 2013, era el centro de referencia para enfermedades infecciosas. Entre el equipo elegido para atender al religioso está la auxiliar de enfermería Teresa Romero. Ahora sabemos que personal sanitario se quejó de la falta de formación para atender una situación tan peligrosa y que las medidas de seguridad no eran suficientes. 2. Una vigilancia 'pasiva' 25 de septiembre. Después de la muerte de Pajares, el 12 de agosto –y tras el fallecimiento del segundo misionero repatriado, Manuel García Viejo– la treintena de profesionales que participaron en la atención de ambos religiosos queda en "vigilancia pasiva", que consiste en que ellos mismos se tomen la temperatura dos veces al día y comuniquen si tienen fiebre al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del hospital La Paz, su centro laboral (desde que absorbió la actividad del desmantelado Carlos III).

 

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Más allá de esto, pueden hacer una vida perfectamente normal, sin tomar ningún tipo de precauciones. De hecho, Romero participa el 27 de septiembre en un multitudinario examen para intentar conseguir una plaza fija en la sanidad madrileña. La mujer lleva 14 años trabajando como interina. 3. Prevención y riesgos 29 de septiembre. Según fuentes oficiales, Teresa Romero comienza a sentir fiebre ese lunes. Un día después, a la fiebre se une la astenia (fátiga generalizada) y la auxiliar de enfermería lo comunica al Servicio de Prevención. Como la temperatura no alcanza los 38,6º grados que se establecen en el protocolo diseñado por Sanidad –no así en las recomendaciones internacionales, que no especifican una temperatura concreta–, no se toma ninguna medida. El consejero de Sanidad ha llegado a afirmar que Romero no dijo en esa conversación que había estado en contacto con un paciente con ébola. Sin embargo, no ha aclarado por qué en Prevención de Riesgos no sabían quién era la mujer si estaba bajo vigilancia. En cualquier caso, y según el relato de su entorno, la recomendación fue que descansara en casa y que fuera a su médico de familia. 4. Visita al centro de salud Al encontrarse peor, esa misma tarde Romero acude a su centro de salud, el Laín Entralgo en Alcorcón. Allí le atiende una médico que hoy está en observación en el hospital. La revisó sin ningún tipo de protección. Le diagnostica un cuadro gripal. Le receta ibuprofeno y paracetamol. La infectada ha reconocido en una entrevista telefónica que no dijo a la facultativa que había estado en contacto con un enfermo de ébola. Ha explicado que en ese momento no pensó que podía tratarse de un contagio. 5. La llamada al 112, sin alerta 6 de octubre. Las medicinas lograron mantener a raya la fiebre, pero no evitaron otros síntomas. A las 4 de la mañana del 6 de octubre, el malestar de la sanitaria ha aumentado y decide llamar al teléfono de Emergencias. Allí sí dice que es una de las personas que atendieron a los misioneros enfermos. El Summa 112 informa a Salud Pública. Un epidemiólogo hace a Romero las preguntas del protocolo y descarta el riesgo de ébola. Indica que se envíe a un médico a su casa, sin protección especial ninguna. 6. Un médico a domicilio El facultativo acude al domicilio de la mujer y la revisa. Además del malestar físico tiene décimas de fiebre y se encuentra muy nerviosa. Por eso el médico recomienda que la trasladen al hospital para que le hagan análisis. Pide una ambulancia. Como la alerta por ébola no está activada, la ambulancia que se envía no es la indicada para enfermedades infecciosas. Los profesionales que realizan el traslado tampoco llevan protección especial. 7. Traslado al hospital de Alcorcón El servicio de emergencias decide trasladar a la paciente al hospital Fundación Alcorcón, el que le corresponde por su domicilio, pero no el de referencia para ébola ni el centro al que está adscrita laboralmente, el hospital La Paz. Dado que no se ha activado el protocolo de prevención ante la posibilidad de contagio de ébola –siguiendo la recomendación de Salud Pública–, las medidas de seguridad son una mascarilla y unos guantes que ponen a la mujer. La llevan a Urgencias, a la zona en la que se evalúa la gravedad de los casos para organizar la atención médica. Allí los sanitarios que la acompañan mencionan los antecedentes de Romero, y el centro decide aislarla. El personal se coloca los trajes protectores. Sin embargo, el médico que la atiende asegura que la vestimenta protectora que había disponible no era de su talla. La paciente permanece en un box de Urgencias hasta que el primer análisis de ébola da positivo.

 

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8. Resultados del análisis a la prensa Inmediatamente se realiza una segunda prueba, que también da positivo. Pero nadie informa a la paciente. Ni al médico que la estaba atendiendo. Ambos aseguran que se enteraron por la prensa. 9. La ambulancia Mientras tanto, la ambulancia que trasladó a Teresa Romero al hospital de Alcorcón sigue en servicio. Como previamente no se ha activado el protocolo antiébola –siguiendo de nuevo la recomendación de Salud Pública–, la ambulancia que traslada a la sanitaria desde su domicilio hasta el centro hospitalario no se aísla previamente ni se desinfecta hasta 12 horas después. Durante ese lapso de tiempo hasta siete personas pasan por el vehículo. Esas personas están controladas ahora por Sanidad tras haber sido expuestas a un posible contagio del virus. 10. Rueda de prensa 7 de octubre. Cerca de las 19.00 horas, el Ministerio de Sanidad convoca a una rueda de prensa urgente para comunicar el primer caso de ébola en Europa. Son cinco responsables sanitarios –incluida la propia ministra– y 20 minutos de comparecencia en los que Ana Mato se limita a pasar la palabra a quienes la acompañan en la mesa. No hay datos sobre cómo pudo ocurrir el contagio ni explicación para el hecho de que la infectada comunicara que tenía fiebre y la dejaran continuar con sus vacaciones. 11. Búsqueda de 'contactos' Comienza el rastreo de las personas que estuvieron en contacto con la enferma y que tienen riesgo de haberse contagiado. Su marido es ingresado en aislamiento en el Carlos III para controlar su evolución, aunque sigue sin síntomas. Unas 20 personas son identificadas e incluidas en el protocolo de seguimiento (tomarse la temperatura dos veces al día). Pero la búsqueda no es lo suficientemente exhaustiva. Al menos dos empleadas de una peluquería a la que acudió la mujer llamaron al teléfono de emergencias para pedir que las incluyeran en el control médico. 12. La crisis del perro y la eutanasia 7 de septiembre. La Comunidad de Madrid decide que el perro de la familia debe ser sacrificado para evitar "posible transmisión de la enfermedad a humanos" ya que el animal ha estado en contacto directo con la enferma. El marido de Teresa Romero graba un mensaje para intentar salvarlo –niega su consentimiento a las autoridades sanitarias– y lo difunde por las redes sociales, convirtiéndose en viral en pocas horas. Decenas de personas se concentran frente a la casa para impedir que se lleven al perro. Hay enfrentamientos con la policía cuando llega la ambulancia veterinaria. A las 18:26 del 8 de octubre, la Comunidad de Madrid difunde una nota en la que habla de 'eutanasiar' al animal. 13. El 'canutazo' del guante 8 de octubre. La primera información oficial sobre la investigación acerca de cómo pudo producirse el contagio llega rozando el mediodía en boca de un médico del hospital La Paz, que hace declaraciones a las puertas del centro, donde se agolpan decenas de periodistas. Asegura que la enferma le ha contado que pudo haberse tocado la cara con un guante al quitarse el traje de protección. Este médico afirma que ella le ha autorizado a dar esa información. Horas antes, Romero había asegurado en una entrevista telefónica que no recordaba haber hecho nada mal. La explicación del guante corrobora las informaciones publicadas por El País y ABC citando "fuentes sanitarias". 14. El consejero acusador

 

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Pocas horas después, el consejero de Sanidad comparece en la Asamblea de Madrid. Allí asegura que la auxiliar de enfermería "bien pudo estar mintiendo" sobre cuánta fiebre presentó en los días previos a su ingreso. Aseguró que esa era una conclusión "de su cosecha" debido a que la mujer no había mencionado a la médico de familia que había estado en contacto con un enfermo de ébola. "Nunca lo he podido demostrar", insistió al día siguiente. 15. Puntos ciegos y limpieza improvisada 9 de octubre. Comienzan a circular informaciones que apuntan a que la formación de los sanitarios que atendían los casos de ébola no era suficiente. Y que en algunos casos tampoco había una segunda persona controlando la operación de ponerse y quitarse el traje protector, como indican los protocolos de la OMS. La explicación oficial de que no se registrara ningún incidente como el que supuestamente ocurrió con Teresa Romero es que este control se realizó desde una habitación contigua a través de un cristal, por lo que "es posible que hubiese algún punto ciego, porque el ángulo de visión no es perfecto. También comienzan a conocerse casos de gestión deficiente de los desechos generados por la atención de los pacientes con ébola. El gerente del hospital de Alcorcón dio la orden, al día siguiente de ser traslada la auxiliar infectada, para que los servicios de limpieza ordinarios actuasen en las zonas que había ocupado Teresa Romero. Se negaron. De tal manera que no fue hasta este jueves cuando una empresa especializada entró en las urgencias del centro para desinfectar. De igual manera, Consenur, la concesionaria encargada de retirar los residuos derivados de la actividad sanitaria en el Carlos III empezó a dar formación específica sobre los procedimientos en casos de enfermos de ébola este miércoles. Antes, había sancionado con 15 días de empleo y sueldo a un operario que se había negado a recoger los desechos de la habitación del misionero fallecido por ébola Miguel Pajares. Según este trabajador, no había recibido formación ni material adecuados. http://www.eldiario.es/sociedad/despropositos-ocasionado-crisis-ebola-Espana_0_311819519.html 09. DE GUINDOS DIRIGÍA UNA DE LAS FIRMAS QUE CREARON LA TRAMA FISCAL DE JUNCKER PARA MULTINACIONALES El ministro de Economía fue el responsable financiero de la consultora PwC entre 2008 y 2010, una de las cuatro firmas que ayudó a diseñar el pacto fiscal de cientos de multinacionales con Luxemburgo para reducir al mínimo su tributación Luis de Guindos, ministro de Economía, fue el socio responsable del área financiera española de la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) entre 2008 y 2010, una de las cuatro firmas responsables de diseñar la estructura fiscal que permitió a más de 360 multinacionales, 30 de ellas españolas, utilizaran Luxemburgo para eludir el pago de impuestos en países con tasas fiscales más altas. La trama, descubierta por el consorcio internacional de periodistas, el ICIJ, mediante una investigación en la que han participado 80 periodistas de 26 países durante 6 meses ha sido denominada "Luxemburgo leaks" y se ha convertido en una de las mayores filtraciones del año. Ahora, del estudio de los documentos aportados por el ICIJ, ciudadanos anónimos, a través del Buzón X puesto en marcha por Xnet con la colaboración de la Comisión Anticorrupción del Partido X y 15MpaRato, hacen notar que Luis de Guindos era el hombre de PWC en España mientras la consultora jugaba un papel clave en este pacto de evasión fiscal. Las revelaciones han puesto en el disparadero a Jean Claude Juncker, nuevo presidente de la Comisión Europea y líder del Gobierno de Luxemburgo entre 1995 y 2013, período en el que este país se convirtió en la vía para que cientos de las empresas más grandes del mundo tributaran, gracias a acuerdos secretos, a menos del 1%.

 

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"Vamos a ver lo que hay efectivamente y entonces lo analizaremos", dijo este jueves de GuindosEl ICIJ ha comunicado que PriceWaterhouseCoopers, uno de las cuatro grandes del mundo en su sector, habría ayudado a las multinacionales a negociar y obtener al menos 548 decisiones fiscales ventajosas entre 2002 y 2010 para beneficiarse de "estructuras fiscales complejas diseñadas para conseguir reducciones drásticas en los impuestos". Pepsi, IKEA, AIG, Coach, Apple, Deutsche Bank, Amazon, Fiat, Burberry, Heinz o JP Morgan habrían sido algunas de estas empresas. Los documentos en los que el ICIJ basó su investigación provienen de información que los periodistas obtuvieron de fuentes internas de la propia PrizeWaterhouseCoopers. La consultora ha explicado, en declaraciones a Público, que se limitaba a "asesorar" a estas empresas para que se acogieran al régimen fiscal beneficioso de Luxemburgo, pero no estuvo involucrada en su diseño. Por su parte, la oficina del ministro de Guindos ha subrayado en una nota dirigida a Público que el ministro ejercía la dirección del área financiera de PwC España y no tenía "ninguna relación" con el área fiscal o legal. Ante la prensa, de Guindos repudia los "acuerdos secretos" A su llegada a la reunión del Eurogrupo este jueves, de Guindos manifestó que "hay una cuestión que estamos todos defendiendo, que es el intercambio automático de información y que en el tema fiscal no puede haber ventajas, no puede haber tácticas que impliquen la erosión de bases fiscales". "Hay que analizarlo, hay que verlo de una forma independiente, y sobre todo con transparencia, no se pueden tener acuerdos que no estén a la luz pública", recalcó el ministro de Economía, que dijo necesitar más información sobre la trama para pronunciarse: "vamos a ver lo que hay efectivamente y entonces lo analizaremos". http://www.publico.es/dinero/555017/de-guindos-dirigia-una-de-las-firmas-que-crearon-la-trama-fiscal-de-juncker-para-multinacionales 10. LA SOBRINA DE GUINDOS LLEGA AL BANCO MUNDIAL CON 14.000 EUROS DE SUELDO El exsecretario de Estado Fernando Jiménez Latorre asume su puesto en el Fondo Monetario Internacional El exsecretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, y la exsubdirectora de Industria y Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Beatriz de Guindos, han asumido en Washington este mes sus nuevos puestos en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, respectivamente, para el periodo 2014-2016. Jiménez Latorre ocupa el puesto de director ejecutivo que le corresponde a España de forma rotatoria en la silla o grupo de países en que se turna con México y Venezuela. El sueldo de un director ejecutivo era en 2013 de 244.350 dólares anuales, unos 196.000 euros al año o 16.300 euros al mes. Al tratarse de organismos internacionales, los sueldos de estos puestos suelen estar libres de impuestos. Beatriz de Guindos, sobrina del ministro de Economía, Luis de Guindos, ha pasado a ser directora ejecutiva suplente del Banco Mundial, un puesto cuyo sueldo en 2013 fue de 211.370 dólares, unos 169.000 euros al año o 14.000 euros al mes, al tipo de cambio actual. Beatriz de Guindos renunció a su nombramiento como directora de Competencia, uno de los más importantes de la Comisión nacional de los Mercados y la Competencia, tras la polémica que se generó por ser sobrina del ministro y pese a su excelente currículum. En ese puesto su salario era de 75.000 euros brutos año, es decir, unos 50.000 euros netos, aunque la cifra final depende de las circunstancias personales.

 

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Tras esa polémica, Beatriz de Guindos decidió pedir un destino fuera de España y logró uno de los más codiciados por los técnicos comerciales y economistas del Estado. Los destinos se deciden en el Ministerio de Economía por antigüedad, méritos y las preferencias manifestadas. http://economia.elpais.com/economia/2014/11/10/actualidad/1415644450_750613.html 11. MONAGO: “VOY A DEVOLVER HASTA EL ÚLTIMO CÉNTIMO” El presidente de Extremadura asume ahora que pudo cargar viajes privados al Senado El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha dado un giro de 180 grados a su estrategia de defensa. Si ayer salía a la ofensiva frente a una supuesta conspiración contra él, aseguraba haber pagado todos sus viajes privados y sostenía que no había hecho nada mal y que todos sus viajes a Canarias pagados por el Senado eran por trabajo, Monago ha asegurado este sábado que va a devolver el dinero de esos viajes. El presidente extremeño no reconoce haber mentido el jueves, pero admite que no puede demostrar con documentos que esos viajes fueran de trabajo, por lo que ante las dudas decide devolver el dinero. "Yo no estoy aquí por dinero. Por eso les anuncio que he pedido al Senado la información sobre los viajes en cuestión y voy a devolver hasta el último céntimo", ha dicho durante la clausura de la Convención que el PP celebra en Cáceres sobre Buen Gobierno en las Comunidades Autónomas. Monago ha variado en su táctica después de hablar con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de que la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, forzara al diputado del PP por Teruel, Carlos Muñoz, a dimitir, después de que saliera a la luz que viajó a Tenerife a lo largo de los dos últimos años por motivos personales, y que cargó los gastos al Congreso. Tanto Monago como Muñoz mantuvieron una relación, en distintas épocas, con la misma militante del PP de Tenerife, Olga Henao, por lo que la oposición acusa al presidente de hacer viajes privados a las islas a costa del erario público. Rudi estaba en la cena que Rajoy y Monago protagonizaron en la noche del jueves con todos los demás presidentes autonómicos y que dio paso a un cierre de filas. Sin embargo, los dirigentes extremeños no pueden ocultar en privado el malestar con Rudi, que el mismo jueves, sin esperar a que acabara la convención, forzó la dimisión de su diputado por Teruel aumentando así la presión sobre Monago. En su intervención, Monago ha pedido "a todas las personas de buena fe" sus "disculpas por mis errores, que seguro que han sido muchos", tras lo que ha asegurado es una persona "honrada y trabajadora", que "ama profundamente a mis paisanos". Mientras hablaba, en un acto que se convirtió rápidamente en un cierre de filas con aplausos constantes, subió al escenario su padre político, el exalcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, con un casco de bombero en la mano. Monago fue bombero antes de llegar a la política. "Estamos orgullosos de ti. Sé que te van a lapidar, por eso te traigo este casco. Los que estamos aquí vamos a hacer de casco protector tuyo", le espetó. Y efectivamente el acto se convirtió en una confirmación de que Monago no va a dimitir y tiene el apoyo de la dirección. María Dolores de Cospedal le trasladó un apoyo entusiasta y minutos después Rajoy plasmó su respaldo a Monago alegando que su Ejecutivo está "en plena sintonía" con el proyecto de el presidente en Extremadura y ha añadido que "el partido también" y el presidente regional "cuenta con el apoyo de todos" en el PP. http://politica.elpais.com/politica/2014/11/08/actualidad/1415444014_775945.html 12. DIMITE UN DIPUTADO DEL PP POR HACER VIAJES PRIVADOS CON CARGO AL CONGRESO La presidenta de Aragón obliga a Carlos Muñoz Obón a dejar el escaño por Teruel y el partido

 

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El diputado del PP por Teruel Carlos Muñoz Obón se ha visto obligado a dimitir, después de que saliera a la luz que viajó a Tenerife a lo largo de los dos últimos años por motivos personales, y que cargó los gastos al Congreso. La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha forzado a Muñoz a dejar el escaño. El diputado por Teruel entendía que su comportamiento era correcto y este sabado ha precisado que ha hecho algo que "ni está prohibido ni es ilegal". Sin embargo, Rudi le insistió en que debía dimitir porque los viajes podrían ser legales pero no éticos. Muñoz ha decidido también dejar su cargo del número dos del PP de Aragón y abandonar el partido. Se prevé que el próximo martes formalice su renuncia en el Congreso de los Diputados. La decisión de Rudi, que se produjo a última hora de la tarde del viernes, supone una presión añadida sobre el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, acusado de cargar al Senado viajes privados, también a Canarias. Monago se ha negado a dimitir porque no reconoce que fueran viajes personales e insiste en que eran de trabajo, aunque todavía no ha aportado la documentación para demostrarlo. En la noche de este viernes, Monago y Rudi compartieron una cena con Rajoy y todos los demás barones en Cáceres en la que, según algunos de los presentes, daba la sensación de que el presidente extremeño y la presidenta del PP aragonés hubieran hablado ya del tema en privado, porque no se hizo ninguna mención. Nacido el 30 de abril de 1969, Carlos Muñoz, además de secretario general del PP de Teruel y diputado en el Congreso, ha sido concejal del Ayuntamiento de Teruel desde 1995 a 2003 y diputado de las Cortes de Aragón, desde junio de 2011 a noviembre de 2011. http://politica.elpais.com/politica/2014/11/08/actualidad/1415440116_682661.html 13. EL JUEZ RESPONSABILIZA A BLESA Y RATO DE TODO EL GASTO DE LAS TARJETAS OPACAS Impone fianzas de 16 millones al expresidente de Caja Madrid y tres al de Bankia El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu atribuyó este jueves a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, y a Rodrigo Rato, de Bankia, la plena responsabilidad por el sistema de tarjetas de crédito opacas que permitió a 83 consejeros de ambas entidades cargar 15,5 millones de euros en gastos personales a las cuentas de la caja. Tras tomar declaración como imputados por este escándalo a ambos exdirectivos, así como al ex director general de la entidad Ildefonso Sánchez Barcoj, el magistrado impuso una fianza de responsabilidad civil de 16 millones de euros para Blesa y de tres millones para Rato. Los exdirectivos deberán depositar este dinero antes del miércoles o se les embargarán sus bienes. La fianza cubre tanto la responsabilidad civil como las posibles multas a imponer. Andreu explicó en el auto que este montante cubre el dinero cargado a las arcas de Caja Madrid, así como un 25% adicional que permite la ley por el posible ilícito. El juez les considera supuestos autores de un delito continuado de administración desleal “que sanciona a los administradores de una sociedad que realizan conductas causantes de perjuicios con abuso de las funciones propias de su cargo”. Con su fianza, el juez Andreu fue más allá de la petición del fiscal anticorrupción Alejandro Luzón y de la acusación particular que ejerce el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que tuvo que inyectar 22.424 millones de euros de origen público para evitar la quiebra de la caja madrileña. El representante del ministerio público había solicitado una fianza civil de 15 millones para Blesa y 245.000 para Rato y el abogado del Estado que representa al FROB, se adhirió a esta solicitud. La decisión del juez llegó después de un interrogatorio a los expresidentes, en el que intentaron defender que las tarjetas fantasma —cuya existencia no consta ni en los contratos laborales de

 

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los consejeros y directivos ni en los estatutos de la caja— eran un complemento salarial. Los imputados no pudieron explicar por qué nunca declararon este dinero a Hacienda. El juez y el fiscal nunca han creído que este dinero se destinara a gastos de representación de la entidad crediticia. Y los imputados no se molestaron en hacerles cambiar de opinión. No obstante, sus versiones difieren en aspectos esenciales. Según Blesa y Sánchez Barcoj, el dinero de plástico era un complemento retributivo “flexible” o “de libre disposición” que se sumaba a su salario oficial. Para Rato, en cambio, se trataba de un pago que formaba parte de su salario anual y que se descontaba de este. Los tres exdirectivos dijeron que entendían que los supervisores y los diferentes órganos de la entidad conocían estos pagos Los tres exdirectivos también dijeron que entendían que los supervisores y los diferentes órganos de la entidad conocían estos pagos, aunque no pudieron dar explicaciones que convencieran al juez o al fiscal. Blesa llegó a decir que ningún organismo de Caja Madrid, como el Comité de Medios, le dio explicaciones sobre cómo se contabilizaban las tarjetas, ante lo que el fiscal, con evidente enojo, según fuentes presentes en la sala, le respondió: “Usted era el presidente y estaba allí para dar explicaciones. Estoy convencido de que tenía que saber cómo se contabilizaban las tarjetas”. El primero en declarar fue Sánchez Barcoj, que describió a Blesa como un presidente con un poder absoluto. “Con seguridad, quién tiene tarjeta y cuánto va en la tarjeta, era decisión de Blesa”, afirmó. También comentó que él no fue el responsable de la organización de las tarjetas, ya que venía de atrás, de 1988, cuando el presidente era Jaime Terceiro. Barcoj aseguró que “las comunicaciones” sobre el otorgamiento de nuevas tarjetas las hacía el presidente, y que eran sus secretarias las que se encargaban de tramitarlas. Según el ex director general y principal usuario del medio de pago opaco —575.000 euros— “nadie declaraba ese dinero a Hacienda porque se suponía que ya lo hacía la caja”. El ejecutivo se desvinculó de la idea de las tarjetas black: “Desde luego que yo no he ideado ni las tarjetas ni nada ¿Cómo voy a decidir quién de los consejeros tenía tarjeta?”, le dijo al fiscal Luzón. Blesa, que estuvo 55 minutos declarando, coincidió en que el uso de tarjetas opacas de los consejeros era una costumbre en la entidad, y para reforzar esta tesis trajo a colación actas del consejo de Caja Madrid que se remontan al año 1988. Con estos documentos trataba de demostrar que las tarjetas opacas eran una “práctica consuetudinaria” desde los años ochenta del siglo pasado. “No pregunto por los fundamentos jurídicos de estas tarjetas. Simplemente, era costumbre”, señaló. Las manifestaciones de Blesa, inspector de Hacienda en excedencia, que sostuvo que “se pagaban retribuciones con una tarjeta para gastar” y que “nadie” le dijo que hubiera que declarar estas cantidades, causaron el enfado del fiscal. Blesa, que estuvo 55 minutos declarando, coincidió en que el uso de tarjetas opacas de los consejeros era una costumbre en la entidad Por su parte, Rodrigo Rato, el último directivo en comparecer este jueves, siguió por una senda parecida a sus compañeros. “Entiendo que la tarjeta es parte de mi retribución para gastos personales. Para gastos de representación tenía otra”, afirmó. El exministro de Economía y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional añadió: “No recibo ninguna información que me haga pensar que no estaba pagando impuestos (...), era algo que existía desde hace más de 15 años y no me planteé nada”. La gran sorpresa de la declaración de Rato fue, no obstante, la pregunta que le formuló el fiscal sobre un pago de seis millones que le realizó la banca Lazard, la entidad que lideró y cobró grandes comisiones por la salida a bolsa de Bankia en julio de 2012. Rato fichó por este banco tras abandonar el FMI. El ejecutivo señaló que el dinero corresponde a unas opciones sobre acciones de 2008 que solo podían hacerse efectivas en 2011 http://politica.elpais.com/politica/2014/10/15/actualidad/1413393602_358368.html

 

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14. EL JUEZ ANDREU IMPUTA A RATO Y BLESA POR LAS 'TARJETAS B' Los expresidentes de Caja Madrid tendrán que comparecer el jueves 16. El magistrado también ha llamado a Ildefonso Sanchez Barcoj, exdirector general de la caja Caja Madrid pagó 159.000 euros por el retrato de Blesa que guarda en un sótano Rato, Blesa y 84 exdirectivos de CajaMadrid gastaron 15 millones en tarjetas con fines privados El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha abierto una pieza separada en el caso Bankia para investigar los hechos relacionados con la existencia de las 'tarjetas b' en Caja Madrid y ha citado como imputados para el jueves 16 a los expresidentes Miguel Blesa, Rodrigo Rato y al exdirector general de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj. Según fuentes jurídicas, el juez escuchará en primer lugar a Ildefonso Sanchez Barcoj. Después será el turno del que fuera presidente de Caja Madrid Miguel Blesa y cerrará las comparecencias el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato. Los tres tendrán que comparecer acompañados de abogados a partir de las 15.00 horas. El magistrado ha abierto una nueva pieza separada sobre el escándalo de las tarjetas dentro del caso Bankia, en el que investiga la fusión y salida a bolsa de esta entidad, constituida en enero de 2011. Además, está abierta otra pieza separada sobre la comercialización de preferentes en 2009, donde están imputados Blesa y Sánchez Barcoj. Andreu cita a los tres altos directivos después de que la Fiscalía enviara un informe en el que apreciaba indicios de delito societario y de apropiación indebida en los hechos denunciados por el FROB, el principal accionista de Bankia, a raíz de un informe elaborado por este grupo. La auditoría interna de Bankia remitida al juzgado aborda los gastos fantasmas en dos etapas: a) 15.249.300 euros cargados en tarjetas negras a Caja Madrid entre los ejercicios 2003 y 2012 por 83 consejeros. b) 245.200 euros cargados a Bankia en los años 2011 y 2012 por los cuatro directivos que tenían tarjeta y que devolvieron el dinero una vez reclamado, a principios de julio. Son los casos de Rato y Sánchez Barcoj -ahora imputados- así como los de José Manuel Norniella y Matías Amat. Estos gastos se cargaron en la contabilidad de la entidad en concepto de "quebrantos". Las tarjetas negras, opacas al fisco, fueron una herencia de Caja Madrid. Circularon al margen del circuito general, con las que 86 exmiembros de la cúpula de la entidad gastaron 15,25 millones entre 1999 y 2012. La mayoría de esos gastos fueron personales y se dedicaron a restaurantes, hoteles, compras en supermercados, gasolineras e, incluso, compra de joyas y pagos de entradas a campos de golf. Entre los gastos realizados por los exconsejeros y exdirectivos destacaban 3 millones de euros en restaurantes, 2 millones en disposiciones de efectivo, más de 1,5 millones en desplazamientos y viajes, más de 1 millón en grandes superficies, cerca de 800.000 euros en hoteles y unos 700.000 euros en ropa y complementos. Entre Blesa, Rato y Sánchez Barcoj gastaron casi un millón de euros con esas tarjetas Las tarjetas estaban gestionadas directamente por Sánchez Barcoj, ex director general de Caja Madrid y de Bankia y "mano derecha" del expresidente de la entidad Miguel Blesa. En total 86 personas -65 miembros del consejo de administración y de la comisión de control y 21 consejeros ejecutivos y directivos- se beneficiaron de estas tarjetas. Blesa, Rato y Sánchez Barcoj fueron los máximos reponsables de la emisión y puesta en circulación de esos plásticos, y también los directivos que más gastaron. Las tarjetas estaban gestionadas directamente por Sánchez Barcoj, ex director general de Caja Madrid y de Bankia y "mano derecha" de Blesa.

 

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El propio Sánchez Barcoj encabeza el listado de gastos cargados a Caja Madrid con 484.200 euros. En el caso de Blesa, sus gastos asciende na 436.700 euros, mientras que los gastos de Rato fueron de 44.200 euros. La auditoría interna de Bankia fue realizada por orden de José Ignacio Goirigolzarri tras su llegada a la presidencia. Esta auditoría detectó hace meses la existencia de estas tarjetas, emitidas en un primer momento por Caja Madrid, hecho que lo comunicó el pasado 26 de junio a su principal accionista, el FROB, el fondo de rescate español. El FROB remitió la documentación a la Fiscalía Anticorrupción, en dos informes donde consta que no hay soporte contractual sobre dichas tarjetas ni tampoco autorización de órganos gubernativos. Con los informes se adjunta un CD con los gastos pormenorizados de cada directivos. http://www.publico.es/politica/548782/el-juez-andreu-imputa-a-rato-y-blesa-por-las-tarjetas-b 15. ABSUELTOS LOS SEIS ACUSADOS DE HACER UN ESCRACHE A FLORIANO Ni Floriano, ni nadie de su familia se encontraban en el domicilio en el momento del escrache Alegría entre los absueltos: "se ha hecho justicia" Absueltos de toda acusación. Acudieron a un juicio en el que tenían en frente al del vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, que acudió con su abogado. Ellos fueron sin defensa, solos frente a uno de los máximos dirigentes del Partido Popular, y sus argumentos han convencido al juez. Se enfrentaban a un juicio de faltas por coacciones por participar en un escrache a las puertas de la vivienda de Floriano. La acusación del político del PP solicitaba para los seis acusados una multa de 20 días a 10 euros por día, por una presunta falta de coacciones, injurias, calumnias y amenazas. La Fiscalía no había presentado acusación. Ni Floriano, ni nadie de su familia se encontraban en el domicilio en el momento del escrache, algo que el dirigente del PP confirmó en el juicio, que tuvo lugar el pasado 9 de octubre en los juzgados de Cáceres. La protesta había sido convocada por los Campamentos Dignidad y los asusados, junto a más personas, se acercaron hasta el domicilio del político en la capital cacereña. El tribunal justifica que no se ha probado que los acusados llegaran a tocar el timbre del portero automático del domicilio, o a intentar penetrar en el portal, ni que exhibieran bastones de forma conminatoria. En cuanto a las acusaciones de injurias, recuerda que los personajes públicos tienen que soportar las críticas dirigidas a su labor, y por lo tanto las acusaciones de “culpable de la crisis” o “no son suicidios, son asesinatos” están relacionadas con su labor de político. Además, los acusados negaron en el juicio rotundamente que llamasen asesino a Floriano. En el banquillo se sentaron dirigentes de varias plataformas ciudadanas extremeñas, en concreto Manuel Cañada, Sara Marchena, Rafael González, Manuel Rodríguez, José Luis Gibello y Abel Izquierdo. En concreto indicaron en el juicio que les movía señalar una situación de crisis y desahucio, sin intención de coartar la libertad de Floriano, algo que también recoge el tribunal. “Se ha hecho justicia” Uno de los imputados que ha quedado absuelto, Rafael González, ha valorado la sentencia. Según resalta tanto él, como el resto de sus compañeros, lo único que hicieron fue señalar a los culpables de la crisis, “algo que no es ninguna coacción”.

 

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Así recuerda que en aquella época la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) decidió retirar simbólicamente la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que presentó en el Congreso de los Diputados sobre la dación en pago porque el texto que se iba a aprobar no se asemejaba a la propuesta ciudadana. “Floriano, como dirigente del PP, tiene mucho que decir sobre los desahucios en España”. Otro de los absueltos, José Luis Gibello, ha subrayado que se ha hecho justicia. “No hicimos nada ilegal, simplemente pusimos de manifiesto la situación que vivimos en una comunidad con muchos desahucios, con gente sin casas y casas sin gente”. http://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/Absueltos-escrache-Floriano-vivienda-Caceres_0_321618170.html 16. CARLOS FLORIANO LLEVA A JUICIO A SEIS PERSONAS POR UN ESCRACHE, AUNQUE NO HABÍA NADIE EN LA VIVIENDA Los imputados se enfrentan a un juicio de faltas por coacciones Dicen ser víctimas de una ‘lista negra’: la policía contabilizó decenas de participantes y solo van a juicio 6 activistas Seis personas se enfrentan este próximo jueves, 9 de octubre, en los Juzgados de Cáceres, a un juicio de faltas por coacciones por participar en un escrache a las puertas de la vivienda del vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, en la capital cacereña. Los imputados declararán por coaccionar supuestamente a Floriano, aunque ni él, ni nadie de su familia se encontraban en el domicilio en el momento del escrache, según recoge el expediente del caso, al que ha tenido acceso eldiario.es. La denuncia interpuesta por Floriano en la Comisaría de Madrid un día más tarde de producirse los hechos señala que el 6 de mayo de 2013, en torno a las 14,00 horas, recibió una llamada de la Policía Nacional de Cáceres. En ella los agentes le avisaban telefónicamente de que un grupo de 80 personas se encontraba frente a su domicilio particular en Cáceres coreando lemas como “Floriano, no te escapas”, al mismo tiempo que pegaban pegatinas. Permanecieron allí 30 minutos. En aquella época la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) decidió retirar simbólicamente la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que presentó en el Congreso de los Diputados sobre la dación en pago porque el texto que se iba a aprobar no se asemejaba a la propuesta ciudadana. Fue en ese contexto en el que los manifestantes se acercaron hasta la puerta de la vivienda de Floriano, coincidiendo con una marcha por la renta básica de los Campamentos Dignidad en Extremadura. Los Campamentos Dignidad se trasladaron a su vivienda para pegar carteles en contra de los recortes y los desahucios y cantaron "jotas reivindicativas”. El Campamento Dignidad ha resaltado que la concentración fue “totalmente pacífica” ante el domicilio del diputado nacional y Vicesecretario de organización del PP. Un escrache que según argumenta tenía la finalidad de “visibilizar la problemática social que se vive en Extremadura, señalando a uno de sus culpables”. Fuentes del campamento han explicado a eldiario.es que los acusados no subieron a la vivienda de Floriano y no hicieron a nadie “sentirse mal”. “Sorpresa por el contenido de la denuncia” Los asesores jurídicos de los imputados han mostrado su sorpresa ante la denuncia de Floriano. Según explican no tiene sentido que, siendo doctor en Derecho y profesor de la

 

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Universidad de Extremadura, haya denunciado los hechos sin argumentar ningún fundamento que motive la existencia de las coacciones en la denuncia presentada. Según resaltan las fuentes jurídicas la denuncia está muy mal argumentada. Simplemente argumenta que había gente en la puerta de su casa --porque le avisaron por teléfono--, que pegaron pegatinas en la fachada de abajo y que pone los hechos en manos de la policía "por si pudieran derivar en otros de mayor gravedad". Así explican que el Código Penal recoge el delito o falta de coacciones en los casos en que se ejecuta violencia física o moral que obliga a una persona a realizar u omitir un acto contra su voluntad. El día de los hechos no había nadie en la vivienda y se limitaron a "realizar una pegada de carteles reivindicativos" y a corear consignas relacionadas con la renta básica, el empleo y los desahucios, "sin ejercer ningún tipo de violencia sobre nadie, y sin vulnerar el bien jurídico”, explican. "No argumenta en la denuncia coacciones porque no las hubo y porque no estaba en su casa. ¿qué clase de denuncia es esta?", se preguntan los imputados. "No se quiso perder la proclamación de Felipe VI" El 19 de junio se celebraba la proclamación de Felipe VI como rey y a Floriano se le veía en las redes sociales compartiendo selfies con compañeros de partido mientras contemplaban el acto del rey en directo. Ese mismo día estaba señalado el juicio contra los seis imputados por coacción, aunque finalmente no se celebró porque Floriano no recibió la notificación de la vista. Tras varios intentos no hubo manera de localizarlo y la vista quedó aplazada. En el expediente queda constancia de las veces que la justicia ha intentado localizar al político para hacerle entrega de la citación sin éxito. Los denunciados sostienen que Floriano era “completamente consciente” de la fecha, pero prefirió no perderse la coronación del Rey. Primero porque los medios de comunicación informaron previamente del juicio, y segundo porque ellos mismos, como imputados, hicieron declaraciones a los periodistas sobre su situación semanas antes de la vista. Al no recoger la notificación, y no ser localizado, se libró de la multa que le habría tocado pagar por no acudir, critican los imputados. Finalmente el juicio se celebra este jueves y los imputados esperan quedar absueltos de todas las acusaciones. Listas negras Otra de las cuestiones que denuncian los imputados en la presencia de una ‘lista negra de personas’ en Extremadura. En el expediente la policía detalla que la identificación de los acusados se ha hecho a través de vídeos subidos en Youtube y el Diario HOY, así como a través del visionado de una cámara instalada en el bloque de viviendas de Floriano. El expediente recoge diferentes fotogramas sacados de los vídeos utilizados por la policía para identificar a las personas que participaron en el escrache. En dichos fotogramas se rodea con un círculo y se detalla la identidad de los imputados que finalmente van a juicio. Los acusados aseguran que en las imágenes se reconoce a otros activistas y miembros de movimientos sociales que no han sido acusados. “Simplemente cogen a la gente más conocida”. De hecho resaltan, al igual que indica el expediente, que decenas de personas acudieron a las puertas de la vivienda de Floriano. Pero la policía solo identificó a tres miembros de Juventudes Comunistas, un militante de IU y otro del Campamento Dignidad. El sexto imputado es el excoordinador general de IU en Extremadura, y miembro del Campamento Dignidad, Manuel Cañada

 

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http://www.eldiario.es/eldiarioex/blog/Carlos-Floriano-participar-escrache-vivienda_6_309779049.html 17. ESPAÑA, ENTRE LOS QUE MÁS BAJÓ EL SUELDO A LOS DOCENTES EN LA UE Un informe revela que los profesores sufrieron de una disminución entre el 13% y e 17% España es uno de los países de la UE que más bajó el sueldo a sus docentes entre 2009 y 2014. Un informe de la Comisión Europea presentado este viernes revela que los profesores españoles están en el grupo de los que sufrieron una mayor disminución (entre el 13% y el 17%), con Irlanda, Rumania, Eslovenia e Islandia. “No es sorprendente que las caídas más significativas se hayan registrado en los países más afectados por la crisis económica”, señala el documento, que destaca que el mayor descenso se produjo en Grecia con un 40% de caída. Los docentes españoles están en el grupo de los que alcanzan su salario máximo a medio-largo plazo, en una horquilla que oscila de los 27 años en Turquía a 39 en España. El informe se ha hecho público para conmemorar el Día Mundial del Docente, el 5 de octubre. La comparativa incluye salarios a tiempo completo de profesores y directores de centros desde la etapa de preescolar a secundaria. Abarca 33 países. Los estados miembros, salvo Bulgaria, además de Islandia, Liechtenstein, Montenegro, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Noruega y Turquía. “A medida que la Unión Europea se recupera de la crisis económica, los estados miembros deben reflexionar con atención sobre el papel de la remuneración y las condiciones laborales para atraer a la docencia y retener a los mejores candidatos”, ha señalado hoy la comisaria europea de Educación, Andoulla Vassiliou. Hasta secundaria Los sueldos de la enseñanza pública en España, según el informe, oscilan entre un mínimo de 27.754 euros de un maestro de preescolar recién llegado a un máximo de 45.978 euros para un catedrático de secundaria al final de su carrera. Son cifras similares a las de países del entorno, como Francia (de 24.724 a 48.131 euros) o Portugal (entre 21.458 y 41.164). Finlandia, una de las naciones con mejores resultados en pruebas de evaluación como PISA, tiene una variación de 27.424 a 54.324 euros. Informes previos, como Panorama de la Educación (OCDE) sitúan a España entre los países con los sueldos más altos. La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, apuntó en la presentación de este otro estudio en septiembre a unir los salarios a un sistema de incentivos para que se “reconozca la buena labor” de los docentes. http://politica.elpais.com/politica/2014/10/03/actualidad/1412356380_375713.html 18. MARHUENDA, CONDENADO POR PUBLICAR FALSEDADES SOBRE UN ALTO CARGO DE RUBALCABA Y MÉTODO 3 Un juez acusa a La Razón de haber "imputado un comportamiento prevaricador" al exjefe de la Policía de Barcelona La información vinculaba una comida entre Narciso Ortega y el responsable de Método 3 con el archivo de una investigación sobre la agencia "El archivo del expediente en modo alguno es imputable a ningún tipo de actuación del jefe superior de Policía", dice la sentencia, que obliga a los condenados al pago de 30.000 euros Condena contra el director de La Razón, Francisco Marhuenda, por intromisión ilegítima en el honor y la dignidad del ex jefe superior de la Policía de Barcelona, Narciso Ortega, y por verter "falsedades" e imputarle un "comportamiento prevaricador" en una información. La noticia,

 

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fechada el 20 de febrero de 2013, vinculaba una comida entre el ex alto cargo de Alfredo Pérez Rubalcaba y el responsable de Método 3 con el archivo de una investigación sobre la agencia de detectives. El juez considera que el texto firmado por Jesús María Zuloaga vertía "determinadas falsedades e inexactitudes en la portada y el artículo [...] que no pueden tildarse de accesorias o secundarias". La sentencia –que obliga al periodista, a Marhuenda y a la empresa editora de La Razón al pago de 30.000 euros por intromisión en el honor del policía– se centra en la imputación de una "conducta prevaricadora" del ex alto cargo. "Un alto cargo de Rubalcaba comió con el jefe de Método 3", decía el titular en la portada, que estaba acompañado de un subtítulo que aseguraba que "meses después archivó una investigación sobre la agencia a pesar de las graves deficiencias". El juez asegura que esa decisión "en ningún modo es imputable a ningún tipo de actuación del jefe superior de Policía de Barcelona" y censura que se insinúe un "comportamiento prevaricador" por parte de Ortega, que se ve afectado en su "honor" y "proyección pública". "La falsedad de los hechos y las imputaciones que se realizan al señor Ortega, con atribución de un comportamiento corrupto por su supuesta afinidad ideológica con el ministro de Interior, son realmente graves", afirma el juez, que considera insuficiente la rectificación que publicó La Razón antes de que Ortega presentara la demanda. Además, la sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, recuerda que la comida no se produjo en el restaurante La Camarga, sino en otro restaurante. "Tiene una connotación especial identificar ese lugar –advierte el juez– por la pública y reconocida trascendencia que tuvo en otro tipo de actuaciones civiles y penales relacionadas con el espionaje a políticos, lo que de por sí supone un plus añadido o reviste el anunciado comportamiento prevaricador". También recoge el testimonio del responsable de Método 3, Francisco Marco, que aseguró que sólo comió con Ortega en una ocasión "como lo hace con todos los jefes de policía con la finalidad de dar a conocer su actividad y como forma de presentación". El Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona condena al redactor de la noticia, a Marhuenda y a la empresa editora del periódico al pago de 30.000 euros a Ortega por haber causado un "daño moral al prestigio profesional del demandante" y haber realizado una "intromisión ilegítima" en su honor y dignidad. La Razón tendrá que retirar la noticia de internet y dejar constancia de que se ha rectificado por ser una "información falsa", así como facilitar el acceso a la correspondiente rectificación. http://www.eldiario.es/politica/Marhuenda-condenado-noticia-Rubalcaba-Metodo_0_321268826.html 19. EL RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DE ALICIA SÁNCHEZ CAMACHO, NUEVO DIRECTOR DE RTVE EN CATALUNYA Eladio Jareño ya había ocupado este cargo entre 2003 y 2004, al que se incorporó después de ser jefe de prensa de la entonces delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García Valdecasas Jareño, hasta ahora asesor de la presidenta del PP de Catalunya, releva en el cargo a Ana María Bordas, quien pasa a ser la responsable de La 2 Una persona de plena confianza del PP se hace cargo de RTVE en Catalunya. Eladio Jareño pasó en 2003 de ser el jefe de prensa de la delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García Valdecasas, a la dirección de RTVE en San Cugat. Once años después, hace un recorrido similar, de nuevo de la mano de José Antonio Sánchez al frente de RTVE. En esta ocasión, el alto cargo del PP al que asesoraba hasta ahora Jareño como director de Comunicación era la presidenta de los populares catalanes, Alicia Sánchez Camacho. Releva en el cargo a Ana María Bordas, quien pasa a ser la responsable de La 2.

 

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Eladio Jareño (Barcelona, 1958) inició su carrera profesional como responsable de imagen y comunicación de la seguridad olímipica en Barcelona 92, dependiendo del Ministerio del Interior. Después, fue jefe de prensa del Gobernador Civil de Barcelona (1992-1996) y, una vez transformado el organismo en Delegación del Gobierno, hasta 2002, cuando se convirtió en jefe de Gabinete de la Delegación, a las órdenes de Julia García Valdecasas. Desde allí, dio el salto a Sant Cugat, a cuyo frente estuvo entre 2003 y 2004. Con la llegada del PSOE al Gobierno, que nombró a Joan Tapia, Jareño dejó la dirección de RTVE en Catalunya y pasó a ocupar la dirección de programas infantiles y juveniles hasta 2008 –época en la que se hicieron populares Los Lunnis–, momento en el que se incorpora al PP de Catalunya como director de comunicación y, desde 2009, también como coordinador de Presidencia. Ahora, 11 años después de dejar la dirección de RTVE en Catalunya, vuelve al cargo; de nuevo, tras trabajar a las órdenes de un dirigente del PP; de nuevo, de la mano de José Antonio Sánchez al frente de RTVE. 20. SÁNCHEZ DESTITUYE AL DIRECTOR DE MEDIOS INTERACTIVOS Y CREADOR DE RTVE.ES José Antonio Sánchez ha comunicado al Consejo de Administración de RTVE el cese de Ricardo Villa, director de Medios Interactivos de la Corporación. Se trata del último directivo relevante que permanecía en la empresa desde la llegada al poder del PP, ya que había sido nombrado en 2010, y ya en 2007 había fundado rtve.es, del que fue director de Información y Contenidos. Concluye así el desmontaje total de los responsables nombrados durante los gobiernos socialistas, precisamente en el área con mayor vinculación con las nuevas tecnologías y, por tanto, con el futuro del medio. Fuentes internas de la empresa han destacado a infoLibre la importancia de este cese, ya que "rtve.es ha dado estos últimos años un salto de gigante convirtiéndose en una de las webs europeas de referencia en Internet junto con la de la BBC, introduciendo avances que son ahora indispensables. Con Ricardo Villa al frente, fueron los primeros en lanzar la televisión a la carta, los primeros en dar series por Internet, en apostar por la participación ciudadana. Hicieron los primeros Juegos Olímpicos y los premios Goya multipantalla, el Botón Rojo para las televisiones inteligentes, +TVE, una aplicación pionera de segunda pantalla, creó el multipremiado laboratorio para innovar en la forma de contar historias en web y apostó por los documentales transmedia. En los últimos años han conseguido llevar TVE y RNE a los móviles y los televisores conectados mostrando el camino que luego han seguido las privadas". Hace tan solo dos meses, la web de RTVE había sido galardonada con el primer Premio España Digital Medios de Comunicación 2014, que concede la Fundación España Digital, “como reconocimiento a sus actividades de difusión de información, conocimiento y contenidos por medios audiovisuales digitales y la promoción del uso de dispositivos fijos y móviles para el acceso a la información y la cultura a través de Internet”. En esa ocasión, el ahora cesado Ricardo Villa destacaba "la importancia que tiene para la radiotelevisión pública abrir y explorar los nuevos caminos multipantalla". Ya cuando fue nombrado máximo responsable del área, " la Corporación insistía en que "había sido una pieza fundamental para lograr que en sólo dos años de existencia, RTVE.es se convierta en el primer portal español de un medio audiovisual, con casi ocho millones de usuarios únicos". Desde fuentes del anterior equipo se subrayaba hoy la paradoja de que "mientras en estos últimos dos años TVE y RNE languidecían en audiencia y reconocimiento, la web seguía creciendo en usuarios y prestigio internacional. RTVE cesa al máximo directivo del único medio de la Corporación que seguía funcionando con éxito, apostando por una televisión cada vez más anticuada en vez de la web multimedia más moderna de España". http://www.infolibre.es/noticias/medios/2014/11/11/sanchez_cesa_director_medios_interactivos_rtve_23815_1027.html

 

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21. RTVE NOMBRA A ÁLVAREZ GUNDÍN COMO NUEVO DIRECTOR DE INFORMATIVOS El hasta ahora subdirector de opinión de 'La Razón' sustituye a Julio Somoano El Congreso designa a José Antonio Sánchez nuevo presidente de RTVE El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, ha destituido este miércoles a Julio Somoano como jefe de los servicios informativos, uno de los cargos más sensibles de la televisión pública. Su puesto será ocupado por José Antonio Álvarez Gundín, subdirector de opinión de La Razón, diario pilotado por Francisco Marhuenda. El relevo en Torrespaña se produce una semana después de que el Congreso de los Diputados aprobara, solo con los votos del PP, la elección de Sánchez. Coincide también con la presentación de un escrito firmado por 1.500 profesionales de la cadena en el que denuncian “manipulación” y “falta de pluralismo”. En este sentido, el principal partido de la oposición confía en que la salida de Somoano “no suponga otra vuelta de tuerca al uso partidista de RTVE por el PP”. Los socialistas reclaman medidas para recuperar “la credibilidad” de los telediarios y otras formaciones consideran que la elección de Álvarez Gundín no es precisamente un signo de la regeneración. Compromís Equo augura que los informativos van a ir “de mal en peor” y desde Izquierda Plural recuerdan que tildar a los partidos progresistas de “izquierdona asilvestrada”, como ha hecho el hasta ahora subdirector de La Razón en sus columnas, no es la mejor tarjeta de visita. Álvarez Gundín (Ponferrada, 1956) obtuvo el respaldo de los consejeros nombrados por el PP y CiU mientras que los del PSOE e IU votaron en contra. “Apostamos por profesionales de la casa. La gente de TVE tiene derecho a una carrera profesional, pero en los dos últimos años los puestos clave han sido entregados a personas de fuera”, sostiene el vocal socialista, Miguel Ángel Sacaluga. Somoano —durante cuya gestión los principales telediarios perdieron el liderazgo— es uno de esos casos. Llegó de Telemadrid y seguirá en TVE al frente de El debate de La 1. Álvarez Gundín, que durante la anterior etapa de Sánchez en RTVE (2002-2004) ocupó el área de Relaciones Institucionales, ha sido un contertulio en varios programas de la cadena estatal. En su primera reunión de trabajo con el consejo de administración, Sánchez ha ratificado al director de TVE, José Ramón Díez, y al de RNE, Alfonso Nasarre, se ha comprometido a estudiar la posible marcha atrás en el desmantelamiento de la onda corta y ha confiado en que el Gobierno concederá a RTVE un crédito extraordinario de unos 130 millones. La negativa a esa concesión provocó la salida del anterior presidente, Leopoldo González-Echenique. http://politica.elpais.com/politica/2014/10/29/actualidad/1414577089_672263.html 22. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ, DESIGNADO PRESIDENTE DE RTVE CON LOS VOTOS DEL PP José Antonio Sánchez ha sido elegido este miércoles nuevo presidente de RTVE en una segunda y última votación en el Congreso de los Diputados, en la que ha conseguido mayoría absoluta gracias a los votos del PP. Sánchez había logrado el pasado jueves el respaldo suficiente en segunda votación (con mayoría absoluta) para formar parte del Consejo de Administración de la Corporación, pero le faltó el apoyo necesario en primera votación (donde tuvo mayoría cualificada) para ser elegido presidente. Tras el cambio legislativo aprobado por el Gobierno del PP en 2012, para ser elegido presidente de RTVE se necesita el respaldo de dos tercios (más de 230 escaños) en un primer intento, o al menos mayoría absoluta (176) en un segundo. En este pleno específico tras el debate de Presupuestos en la Cámara Baja, el nuevo presidente ha recabado los votos a favor del PP (182) frente a 122 votos en blanco y uno nulo. Izquierda Plural, PNV y Amaiur optaron por no participar en la votación. De los 350 diputados llamados a votar individualmente de forma secreta, mediante papeleta y urna, lo hicieron 305.

 

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Sánchez tomará posesión de su cargo en un acto en el Congreso este jueves a las 11.00 horas. De esta forma, se convierte en el cuarto presidente de RTVE que accede al cargo con el respaldo del Congreso, tras sus predecesores Luis Fernández, Alberto Oliart y Leopoldo González-Echenique. González-Echenique dimitió de su cargo el pasado 25 de septiembre al no conseguir sacar adelante los presupuestos de la entidad. Había sido elegido presidente de la corporación por el Congreso de los Diputados el 28 de junio del año 2012. UNA NUEVA DESIGNACIÓN José Antonio Sánchez, de 58 años, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y ya ocupó un cargo en la corporación como director general entre los años 2000 y 2004. Posteriormente, pasó a desempeñar la labor de director general de Coordinación Institucional de Telefónica Internacional y en el año 2011 fue nombrado director general de Telemadrid en sustitución de Isabel Linares. También ha trabajado en otros medios como la Agencia Efe, el diario ABC o Canal 7, además de ostentar la vicepresidencia de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC). Durante el periodo de interinidad, el consejero a propuesta del PP José Manuel Peñalosa, ha ocupado la presidencia en funciones. El anterior presidente, Leopoldo González Echenique, accedió al puesto con la luz verde del Congreso en segunda vuelta, con 194 votos a favor (de PP y CiU) de los 279 votos emitidos, 74 en blanco y 4 nulos. Esta designación es posible tras aprobar el Gobierno un decreto ley en el año 2011 por el cual modificaba la forma de elección del consejo de administración de la radiotelevisión pública, que exigía desde 2006 (año en que se aprobó la ley de reforma de RTVE) el consenso de dos tercios de la Cámara de los Diputados. Este decreto reformaba el anterior sistema de renovación de RTVE y fue aprobado por el Gobierno con el objetivo de "desbloquear" una negociación entre los partidos políticos que no permitía acordar un nuevo presidente. Esta situación se prolongaba en el tiempo casi cerca de un año tras la dimisión del anterior dirigente, Alberto Oliart. Antes de la aprobación de esta norma, el dirigente de la corporación debía ser elegido por dos tercios del Congreso de los Diputados, es decir, contar con el respaldo de al menos 248 diputados, según mandataba la Ley de Radiotelevisión pública estatal de 2006, lo que hacía necesario un acuerdo entre PP y PSOE. SIN RENOVACIÓN DEL CONSEJO A pesar de que se renueve la cabeza de la Pública, sigue pendiente de reforma el Consejo de Administración, con cuatro de sus miembros, en concreto, de dos consejeros propuestos por el PP, uno por el PSOE y otro por IU, que agotaron su mandato en diciembre de 2012. Se trata de Andrés Martín Velasco y Rosario López Miralles (PP), Miguel Ángel Sacaluga (PSOE) y Teresa Aranguren (IU). Todos ellos fueron nombrados por el Congreso y el Senado el 19 de diciembre de 2006. Juraron su cargo el 15 de enero de 2007. Además, según la Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal, su mandato es de seis años contados desde su nombramiento. Una vez finalizado ese plazo, la ley prevé que los consejeros salientes continuarán en sus funciones hasta el nombramiento de los nuevos, que tienen que se aprobados con al menos un acuerdo de la mayoría absoluta del Congreso y el Senado, si transcurridas 24 horas desde la primera votación en cada Cámara no se consigue una mayoría de dos tercios. La falta de acuerdo entre el PP y el PSOE provocó que la última renovación del Consejo de Administración de RTVE, prevista para 2010, se retrasara dos años, hasta junio de 2012, tras

 

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la reforma de la Ley impulsada por el Gobierno que cambió el proceso de elección y redujo el número de miembros, de doce a nueve consejeros. Las cuentas de RTVE serán el principal reto al que se enfrentará Sánchez. Las pérdidas de RTVE se cifran en 716 millones de euros desde el año 2007, cuando nació la corporación, hasta el año 2013. Asimismo, el organismo arrastra desde los últimos dos años un déficit estructural en torno a los 100 millones de euros. http://www.huffingtonpost.es/2014/10/22/jose-antonio-sanchez-pres_n_6027676.html 23. LOS PROFESIONALES DE TVE PIDEN VOLVER AL MODELO DE TELEVISIÓN INDEPENDIENTE 1.500 personas critican el hundimiento de la credibilidad de los informativos por la "manipulación y la censura" Alrededor de 1.500 profesionales de Televisión Española han firmado un escrito en el que denuncian la utilización partidista de los informativos y reclaman lo que denominan como una vuelta a un modelo que garantice la independencia. Representados por el Consejo de Informativos (CdI), los periodistas critican a través de un manifiesto titulado Ante una situación límite las “malas prácticas” y la “manipulación y censura” en el canal estatal, situaciones que han conducido, en su opinión, a una caída de la credibilidad. “Pedimos que la ley se cumpla”, reclamó ayer el presidente del CdI, Alejandro Caballero, quien recordó que TVE pertenece a la sociedad —“No es nuestra ni del Gobierno”— y que los Consejos de Informativos no son un sindicato o una asociación que va por libre sino que forman parte del entramado institucional de la corporación. En el texto —suscrito por periodistas, realizadores, técnicos de TVE y del área de interactivos, iRTVE— proclaman su compromiso con una televisión pública, unos servicios informativos y una web “al servicio de los ciudadanos, desde el convencimiento de que son una pieza fundamental para la salud democrática” del país. El CdI, que ha manifestado su protesta con coberturas como el caso Bárcenas o el veto a una entrevista a Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, considera que se ha pasado de lo que denominan censura de baja intensidad a “un grado superlativo” de manipulación. Tanto Caballero como Xabier Fortes, vicepresidente del consejo, criticaron los nombramientos realizados este verano por la dirección de informativos para ocupar puestos clave en Torrespaña. Incorporaciones que “conducen a importar el modelo de Telemadrid”. El respaldo al documento es especialmente significativo en Torrespaña, sede de los informativos, y en Sant Cugat, donde se ubican las instalaciones en Barcelona. El CdI reconoce que nunca antes había cosechado un respaldo similar. Los firmantes pertenecen a un colectivo de unos 4.200 trabajadores de TVE e iRTVE, aunque los profesionales de RNE han otorgado su apoyo a las iniciativas en defensa de la pluralidad, la veracidad y la independencia. El Consejo de Informativos teme que el cumplimiento de estos principios no esté garantizado con la llegada del nuevo presidente de la corporación, José Antonio Sánchez, cuya designación se vota hoy por segunda vez en el Congreso tras no haber obtenido el martes la mayoría de dos tercios. Los periodistas recordaron los antecedentes de Sánchez en RTVE, donde ocupó la dirección general entre 2002 y 2004. “Fue el momento más oscuro de nuestra historia, con niveles sangrantes de manipulación, como los casos del Prestige o el Yak-42”. Su designación “no invita al optimismo teniendo en cuenta lo que hizo en Telemadrid”, según Fortes. Durante su comparecencia ante la Comisión Consultiva de Nombramientos, Sánchez enfatizó que en su anterior etapa los informativos eran líderes. “No creo que todos se dedicaran a ver una información manipulada”, dijo. Sin embargo, los profesionales rechazan que se pueda equiparar credibilidad y audiencia, aunque aseguran que en ambos aspectos TVE “cae en picado”. “Según los criterios de organismos internacionales éramos medalla de oro o de plata. Ahora somos de tercera o cuarta”, apuntó Fortes. Ante este retroceso, consideran imprescindible un pacto político de todos los partidos, y liderado por el Gobierno, de respeto a

 

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un modelo de televisión pública independiente y plural. “Un compromiso de desgubernamentalización de RTVE para homologarla con las grandes empresas públicas del entorno democrático”, apuntan. De momento, el Gobierno no se ha pronunciado sobre ese modelo. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se limitó ayer a descartar “por completo” un ERE del 30% de la plantilla de RTVE (6.400 trabajadores). Su idea es que TVE debe jugar en la gran categoría, que es “prestar un servicio público a todos los ciudadanos”. http://politica.elpais.com/politica/2014/10/15/actualidad/1413374194_132987.html 24. EL NUEVO PRESIDENTE DE RTVE ADMITE QUE TRABAJÓ PARA EL PP José Antonio Sánchez defiende en el Congreso su candidatura En una intervención de apenas dos minutos, el actual director general de Telemadrid, José Antonio Sánchez, defendió ayer en la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso su candidatura a la presidencia de RTVE. Fue una presentación breve y parca, sin apenas compromisos de futuro, como el que se sabe ganador antes de empezar el partido, en la que se limitó a exponer a grandes rasgos su currículo profesional. No explicó el modelo de televisión pública por el que apuesta ni se pronunció sobre la posibilidad de que aplique un expediente de regulación de empleo (ERE) de forma inminente en la televisión estatal. En respuesta a la batería de preguntas formuladas por los miembros de la comisión, Sánchez aseguró que no tiene “ni idea” sobre la presunta aparición de su nombre en los papeles de Bárcenas, pero admitió que hace 20 años realizó trabajos para el PP. “Me autorizó el director de la empresa privada en la que trabajaba”, precisó. A excepción del PP, todos los grupos parlamentarios cuestionaron la candidatura de Sánchez. Los diputados le recordaron su pasado profesional, tanto en Telemadrid, empresa a la que se incorporó en 2011 y en la que firmó un ERE que implicó la salida de 860 trabajadores (de una plantilla de casi 1.200), como en RTVE, donde ocupó la dirección general entre 2002 y 2004, cuando el grupo audiovisual era todavía un ente público. Fue la época en la que las coberturas informativas de acontecimientos de gran calado, como el hundimiento del Prestige o la guerra de Irak, estuvieron muy cuestionadas por la falta de imparcialidad, tal y como manifestó el portavoz socialista, Juan Luis Gordo, para quien la designación de Sánchez al frente de RTVE es “la vuelta al pasado” y el regreso a la televisión “de partido”. La oposición recuerda su gestión como “liquidador” de Telemadrid Los diputados consideran que su perfil no es “de gestor sino de liquidador”. “¿Va a hacer de enterrador de RTVE como hizo en Telemadrid?”, le preguntó Gordo. Monserrat Surroca (CiU) mantuvo que el currículo de Sánchez no es “neutral” y el representante de Izquierda Plural, Ricardo Sixto, acusó al candidato de haber protagonizado la “etapa más negra de la manipulación informativa” y quiso saber si Sánchez tenía como objetivo hacer de TVE el mismo “esperpento” de Telemadrid. Para Irene Lozano (UPyD), su designación es “un mal augurio” y un premio a “los servicios prestados”. En su turno de réplica, Sánchez se limitó a defender su gestión en el ente autonómico, ofreciendo un aluvión de datos sobre audiencia, deuda acumulada y facturación publicitaria y sostuvo que el ERE en Telemadrid fue una necesidad presupuestaria. Pese al desplome de la audiencia, afirmó que “ahora es una empresa muy viable y modélica”. En defensa de Sánchez solo se pronunció el portavoz del PP, Ramón Moreno, que elogió su profesionalidad y su “acreditada solvencia” para concluir que “supera con creces” el grado de idoneidad. Ante la comisión compareció también el exrealizador de TVE Javier Montemayor, propuesto por UpyD, que defendió su independencia política y profesional y abogó por el retorno, limitado,

 

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de la publicidad a TVE. Su intervención aplaudida por los grupos de oposición mientras que el PP descalificó su candidatura por haberse acogido al ERE del ente público. Sin embargo, Montemayor no tenía ninguna posibilidad. El PP, que no necesita los votos de la oposición, había elegido a Sánchez para sustituir a Leopoldo González-Echenique, que dimitió el pasado 25 de septiembre tras negarle el Gobierno dinero para evitar que este año la corporación cierre con un déficit de 130 millones. El nombramiento de Sánchez será votado en el Pleno del Congreso la próxima semana. En la primera sesión no obtendrá dos tercios de los escaños e irá a una segunda vuelta, donde solo precisa mayoría absoluta. Además de los parlamentarios, los sindicatos y los periodistas de RNE, TVE y los medios interactivos ven con inquietud el retorno de Sánchez a Prado del Rey. En un comunicado difundido el martes, expresan que ante una situación de dificultades económicas, con niveles de audiencia y credibilidad de sus informativos en las cotas más bajas, el designado para presidir TVE no “augura apuesta alguna para enderezar el rumbo”. http://politica.elpais.com/politica/2014/10/08/actualidad/1412796386_294944.html 25. INTERIOR EXCARCELÓ A MATAS EN CONTRA DEL INFORME DE LA PRISIÓN El PSOE dice que es un indulto encubierto; UPyD pregunta al Gobierno sobre el tercer grado La Junta de Tratamiento recomendaba el segundo grado, pero el informe no era unánime El informe de la prisión: "Matas no asume la responsabilidad delictiva" El Ministerio del Interior concedió a Jaume Matas, exministro y presidente de Baleares, el tercer grado penitenciario en contra del informe de la prisión de Segovia. Fuentes oficiales del Ministerio confirmaron a este periódico que el informe preceptivo de la Junta de Tratamiento era mayoritariamente favorable a concederle el segundo grado, no al tercero. No era unánime, pero la conclusión no vinculante no era acceder a la clasificación que le permite salir de la cárcel durante el día y solo volver por la noche. Toda la oposición ha rechazado en el Congreso la decisión del Gobierno y han anunciado que pedirán explicaciones al ministro del Interior, Jorge Fernández. Interior explica que el informe tiene fecha del 25 de septiembre y el Ministerio decidió un mes después. Interior tiene capacidad plena para decidir y asegura que se le concedió porque ha cumplido un tercio de la condena de nueve meses, tiene trabajo y se presentó voluntariamente. Matas salió de prisión el día 31 de octubre. La concesión del tercer grado es potestad exclusiva del Gobierno y puede ser recurrida por la Fiscalía ante el juez de vigilancia penitenciaria, que es quien puede decidir a posteriori si la mantiene. La Fiscalía está sopesando en este momento si la recurre, porque aún se encuentra dentro del plazo legal para hacerlo. El portavoz socialista, Antonio Hernando, pidió este lunes al fiscal que recurra. El tercer grado, concedido por el Ministerio del Interior, le permite salir de la prisión y volver a dormir El PSOE pedirá en el Congreso de los Diputados la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández, para que dé explicaciones sobre la concesión del tercer grado. Según aseguró Antonio Hernando, "es un indulto encubierto”, porque se ha hecho con todos los informes de la prisión en contra. El socialista contrapuso el anuncio del PP de combatir la corrupción con la excarcelación de Matas. El Ministerio del Interior, en una decisión estrictamente administrativa, decidió darle el tercer grado que le permite salir de la prisión y solo volver a dormir, tres meses después de haber ingresado en la cárcel. También la diputada de UPyD Irene Lozano presentará en el Congreso de los Diputados una pregunta al Gobierno sobre esta decisión de Instituciones Penitenciarias.

 

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Izquierda Plural se ha sumado a las peticiones de explicaciones al ministro del Interior y exige también su comparecencia. También Pedro Azpiazu, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, ha asegurado que “los discursos por sí solos no son suficientes” en la lucha contra la corrupción y ha añadido que “los hechos, que debería ir en la misma dirección, demuestran lo contrario”, en referencia a la salida de prisión de Jaume Matas este pasado viernes. Sobre este mismo hecho, Azpiazu ha denunciado que “las salidas de prisión por la puerta de atrás restan toda credibilidad” a este asunto. El portavoz del PP, Alfonso Alonso, ha defendido en el Congreso la concesión del tercer grado porque es legal. Así, ha asegurado que en la concesión del tercer grado tiene que aplicarse la ley, "sean los presos los que sean", y que la decisión debe adoptarse con arreglo a derecho. "Espero que con el señor Matas haya ocurrido eso", ha dicho. El exministro del PP ingresó en prisión el pasado 27 de julio. Cumple una condena firme de nueve meses por un delito de tráfico de influencias por los contratos ilegales a su redactor de discursos, Antonio Alemany, condenado también a dos años y tres meses de reclusión. Matas tiene otra pena por otro caso, una multa de 9.000 euros por un cohecho de 41.000 euros, que no es firme. El Gobierno le denegó el indulto. La sentencia corresponde a una de las más de 20 piezas del caso Palma Arena, sobre hechos relativos a su último mandato autonómico balear, entre 2003 y 2007. Está encausado en otros sumarios por los sobrecostes en las obras. http://politica.elpais.com/politica/2014/11/03/actualidad/1415044721_628410.html 26. EL PRESIDENTE DE ENRESA INCUMPLE SU CONTRATO Y CARGA GASTOS SIN JUSTIFICAR EN SU TARJETA Una auditoría interna en la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos destapa que su presidente, Francisco Gil-Ortega, cobró gastos de viaje sin aportar las correspondientes facturas, como exige su contrato El secretario del consejo avisó en julio de la "incompatibilidad" entre el cobro de dietas y el abono de esos gastos "de difícil justificación": fue despedido de inmediato Cuando fue nombrado, Francisco Gil-Ortega no tenía experiencia en el sector nuclear y era alguien de la máxima confianza de Cospedal; antes fue senador y alcalde de Ciudad Real con el PP El presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), Francisco Gil-Ortega, cobró de la empresa pública gastos cargados previamente a su tarjeta de crédito Visa en viajes "tanto nacionales como al extranjero" sin presentar las correspondientes facturas, una conducta que supuso un incumplimiento de su contrato y que el entonces máximo responsable jurídico de la compañía, Jesús Moreno, calificó de posible "enriquecimiento injusto" en un informe interno al que ha tenido acceso eldiario.es. Tras redactar ese informe el 15 de julio, que avisaba de la "incompatibilidad" entre el cobro de dietas por parte de Gil-Ortega y el abono de esos gastos, Moreno, que en ese momento era uno de los siete miembros del Comité de Dirección de Enresa, fue destituido de forma fulminante. Gil-Ortega, que fue alcalde de Ciudad Real, senador y vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, es una persona que carecía de experiencia en el sector nuclear en el momento de su designación. Fue nombrado en junio de 2012 al frente de Enresa, que actualmente promueve a contrarreloj la mayor obra pública de la presente legislatura, el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad de Villar de Cañas (Cuenca). Es también alguien de la máxima confianza de la presidenta castellano-manchega y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

 

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El documento de Moreno, entonces secretario general y del Consejo de Administración de Enresa y máximo responsable de las direcciones del Servicio Jurídico y Recursos Humanos, fue remitido al director financiero de la empresa, Enrique Cerezo, que le había reclamado un informe jurídico después de que la dirección de Auditoría Interna de Enresa introdujera el 3 de junio una "observación" a su análisis sobre los "gastos de representación" abonados en 2013 a Gil-Ortega. "Se ha puesto de manifiesto que al Presidente de la empresa se le abonan gastos de bolsillo por los viajes que realizó tanto nacionales como al extranjero", unos "pagos en especie" de los que, avisaba, el político del PP estaba "excluido, de acuerdo con la normativa vigente", señaló esa auditoría, que planteó "la duda razonable de si la percepción de ese concepto ha de computarse o no para el importe máximo de retribuciones" que establece la legislación para los directivos de empresas públicas: "Dicho abono está sujeto, como los conceptos retributivos, al IRPF, por lo que su percepción podría conculcar dicho precepto por lo que a importes máximos se refiere". La retribución de Gil-Ortega, que no es pública, ronda los 105.000 euros brutos anuales que fija como límite máximo un real decreto de 2012. El 23 de junio, Jesús Moreno informa al director financiero de la empresa pública de que prepara un informe "sobre la necesidad de identificación de los comensales y/o la motivación o finalidad de las comidas en las facturas de dichos gastos de representación" presentadas por Gil-Ortega, así como la "consistencia y consecuencias de los reintegros de los gastos de representación en los casos que se acredita (se entiende el gasto) sólo a través del resguardo de la tarjeta de crédito VISA". Entonces, Moreno ya recuerda que la Ley General Tributaria señala "de forma categórica" que "los gastos deducibles y las deducciones que se practiquen, cuando estén originados por operaciones realizadas por empresarios o profesionales, deberán justificarse, de forma prioritaria, mediante la factura entregada", algo que Gil-Ortega no hizo. "En caso de no acreditar el gasto contable de compra mediante la correspondiente factura, sino mediante un simple documento de entrega de la mercancía (resguardo VISA) o una fotocopia del correspondiente medio de pago, le corresponderá al sujeto pasivo justificar la no tenencia y conservación de la factura que respalde la correspondiente operación de compra, y la realidad de la operación". Gasto "improcedente" y "de difícil justificación" Moreno, que entendió que ese gasto no era deducible "por improcedente", añadía que, "dejando de lado el tratamiento fiscal de los gastos de difícil justificación, si se tratara de una mera liberalidad de la empresa o de un gasto en beneficio exclusivo de la persona que ha realizado el gasto, no de la empresa, debería tener el oportuno tratamiento como remuneración del perceptor". "Cuestión distinta sería que el gasto no estuviera autorizado, ni fuera autorizable, en ningún caso y se hubiera realizado en beneficio exclusivo del perceptor [Gil-Ortega]. En tal caso a nuestro juicio daría lugar a su reintegro so pena de incurrir en un alcance de caudales" en Enresa. "Para deducir facturas de gastos por comidas hay que contabilizarlo y justificar en alguna medida la vinculación real con la empresa", resumía Moreno: "Se impone por tanto diligencia –si se quiere que la factura sea deducible– de explicitar al dorso de la factura datos que permitan valorar la utilidad de la misma". En su informe final, Moreno acabó concluyendo que "la asignación de gastos de bolsillo no ha de computarse a los efectos del importe máximo de retribuciones" que fija la ley, si bien advirtió de que "existe incompatibilidad entre la percepción de dietas (gastos de bolsillo) y el abono de los gastos en que incurra el máximo responsable" de la empresa "por cuenta de la sociedad para el desempeño de sus funciones". En el caso de que esos pagos "compensen un mismo concepto", se estaría "originando un enriquecimiento injusto excepto que se consideren tales como una remuneración o liberalidad", advertía.

 

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El entonces secretario del consejo, que poco después de redactar su informe fue cesado y sustituido en septiembre por otra abogada del Estado, Fabiola Gallego, consideró "especialmente relevante" lo recogido en el punto IV (retribución total a percibir) del contrato firmado el 9 de octubre de 2012 entre Gil-Ortega y Enresa. "Literalmente", ese contrato dispone que "todas aquellas cantidades o gastos, en concepto de dietas, desplazamientos y demás análogos, en que incurra por cuenta de la sociedad para el desempeño de sus funciones" le serán abonados "contra la presentación de las correspondientes facturas". De lo contrario, "el tratamiento de los gastos como remuneración requeriría el adecuado soporte jurídico que lo reconozca a través de la novación del contrato", advirtió. Enresa no ha querido hacer ningún comentario sobre estos informes, que ponen en tela de juicio la legalidad de las retribuciones de su máximo responsable. http://www.eldiario.es/economia/Enresa-enriquecimiento-presidente-cargados-tarjeta_0_319518563.html 27. AZNAR PACTÓ UNA COMISIÓN DEL 1% CON ABENGOA PARA CONSEGUIR ADJUDICACIONES EN LA LIBIA DE GADAFI Befesa, filial del grupo Abengoa, contrató al expresidente del Gobierno para interceder con el Gobierno de Gadafi y conseguir adjudicaciones de cuatro nuevas desaladoras en Libia, un negocio que Abengoa calculaba en 950 millones de euros Aznar firmó una comisión del 1% de todos los contratos que cerrara la empresa en Libia hasta un máximo de 250 millones de euros de facturación, y de 0,5% a partir de esa cifra. Además, cobró un adelanto de 100.000 euros En total, José María Aznar habría ganado una comisión de seis millones de euros si Abengoa hubiese construido las desaladoras, pero la guerra civil en Libia y la muerte de Gadafi frustraron el negocio DOCUMENTO: El contrato tiene fecha del 8 de septiembre de 2010, sólo unos meses antes de la operación militar internacional en Libia a la que José María Aznar se opuso públicamente Para José María Aznar, Muamar el Gadafi era "un hombre extravagante, un hombre raro", pero también "un amigo". La buena relación entre el expresidente del Gobierno con el dirigente libio era algo conocido; incluso cenaron juntos en Sevilla, en 2007, cuando Aznar ya había dejado La Moncloa. El presidente de la fundación FAES y presidente de honor del PP fue uno de los pocos líderes europeos que, en marzo de 2011, se opuso a la intervención militar en Libia contra Gadafi, argumentando que era "muy difícil entender una política que deja que los amigos caigan y que los enemigos permanezcan en el poder". Lo que no se sabía es que José María Aznar, al mismo tiempo que intercedía en público a favor de Gadafi, hacía negocios en privado con empresas españolas que querían conseguir contratos con el Gobierno libio. El 8 de septiembre de 2010, unos meses antes de la guerra civil y posterior intervención militar internacional que acabó con Gadafi, José María Aznar firmó un contrato de intermediación con Befesa, una filial del grupo sevillano Abengoa dedicada a la construcción de desaladoras, depuradoras y otras obras públicas medioambientales. Befesa estaba interesada en conseguir las adjudicaciones de cuatro grandes desaladoras que quería construir el Ministerio de Servicios Públicos de Libia: en Tobruk, Misurata, Sirte y Yarafa. En total, las cuatro desaladoras sumaban una inversión de 950 millones de euros, según los propios cálculos de Abengoa, que figuran en este documento para inversores (página 94). Para conseguir esas adjudicaciones, Befesa contrató a Aznar como intermediario. Según el contrato, al que ha tenido acceso en exclusiva eldiario.es, José María Aznar es “una persona con reputada experiencia en el mercado internacional y en particular el libio”, que

 

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cuenta con “conocimiento de las instituciones públicas, así como de la legislación local reguladora de las ofertas, programas de promoción público privada y concursos públicos”. La remuneración que Aznar firmó con Befesa es muy generosa: una "comisión de éxito" –como la define el contrato"– del 1% "hasta que la cifra de adjudicación acumulada de proyectos dentro del programa llegue a 250 millones de euros". A partir de esta cifra –es decir, después de que Aznar se llevase los primeros 2,5 millones de euros–, la comisión se reduciría al 0,5%. En total, si Befesa hubiese conseguido los 950 millones de euros en adjudicaciones que esperaba en Libia, Aznar habría cobrado una comisión de seis millones de euros: alrededor del 0,6% de los 950 millones esperados. Además de esa comisión, Aznar consiguió otro 0,25% adicional del precio convenido por Befesa con el Gobierno libio por administrar las desaladoras cuya gestión se incluya también en el contrato de construcción. Esta comisión se recibiría durante los cinco primeros años de mantenimiento de las instalaciones. El contrato con Befesa incluía también un adelanto de 100.000 euros más IVA. José María Aznar facturó esa cantidad cinco días después de firmado el contrato, el 13 de septiembre de 2010. Eldiario.es ha tenido también acceso a esa factura, que tiene sello de entrada en la contabilidad de Befesa el 30 de octubre. En el documento, con la firma del propio Aznar, consta también su número de cuenta de Caja Madrid. Por parte de Befesa, el contrato está firmado por Javier Molina Montes, presidente de Befesa. En el momento de la firma, la filial de Abengoa "tiene identificados" cuatro proyectos de desaladoras en Tobruk, Misurata, Sirte y Yarafa. El primero de ellos consiste únicamente en la construcción de las instalaciones, mientras que los otros tres incluyen la gestión de éstas. No obstante, la empresa especifica que "la colaboración se extiende a todos los proyectos de desalación que adjudique el Ministerio bajo el programa". En julio de 2010, según la información que daba Abengoa a sus inversores, Befesa ya tenía firmado un memorándum de entendimiento con el Gobierno de Gadafi por tres de las cuatro desaladoras. En el acuerdo también se especifican las obligaciones del expresidente del Gobierno, "el prestador", según el contrato. Entre ellas, el "prestador" se compromete a "suministrar a Befesa toda la información necesaria tendente a que ésta pueda presentar oferta"; "asistir y prestar todo apoyo comercial necesario durante el curso de las negociaciones con clientes con el objetivo de obtener la adjudicación del contrato"; "realizar gestiones para dar a conocer los productos y soluciones" de la empresa, y "apoyarla en las demostraciones de productos, preparación y presentación de ofertas, visitas al territorio, etc.". Además, la filial de Abengoa establece que "su actuación deberá regirse en todo momento por los principios de corrección, licitud y buena fe". Por ello, prohíbe "influir o inducir, directa o indirectamente, sobre cualquier acto, decisión u omisión" de funcionarios y autoridades locales, así como "realizar cualquier tipo de pagos a cuenta de aquellas personalidades mediante cuentas no registradas oficialmente". Eldiario.es ha intentando ponerse en contacto con José María Aznar a través de la FAES para recabar su versión de los hechos. No ha habido respuesta. Un portavoz de Abengoa ha confirmado a eldiario.es que Befesa contrató a Aznar "como asesor", pero que la guerra civil y posterior intervención militar en Libia frustraron las adjudicaciones. La ejecución de Gadafi el 20 de octubre de 2011 –un año después de la firma de este contrato– y el cambio de Gobierno dejaron a José María Aznar y a Abengoa sin un negocio millonario. En 2013, Abengoa vendió Befesa a un fondo de inversión. El amigo "extravagante" de Aznar José María Aznar no tardó mucho tiempo en convertirse en padrino de Gadafi en el intento del líder libio de recuperar sus relaciones con Occidente tras años de aislamiento. El régimen libio había sufrido los efectos de las sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU a causa del atentado de Lockerbie en el que murieron 270 personas en 1988. Cuando Gadafi

 

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aceptó la responsabilidad y prometió indemnizar a los familiares de los supervivientes en 2003, las sanciones fueron levantadas, lo que dio vía libre a Aznar. El entonces presidente del Gobierno fue el primer líder occidental que visitó Libia tras la decisión de la ONU. Lo hizo en septiembre de 2003, es decir, sólo un mes después de que el embajador libio en las Naciones Unidas admitiera oficialmente con una carta la responsabilidad de su país. Para justificar tal premura, Moncloa destacó entonces que, después del 11S, Libia se había comprometido a colaborar en la lucha contra Al Qaeda. Los países europeos aún veían a Gadafi con prevención, incluso después de resolverse el asunto del atentado de Lockerbie, pero Aznar decidió en seguida que Libia era un campo abierto para los negocios entre ambos países y que Gadafi valoraría su actitud. En su visita a Trípoli, Aznar aceptó jugar la carta propagandística que más le gustaba al líder libio: visitar las ruinas convertidas en museo de su antigua residencia, destruida por aviones norteamericanos en 1986 por orden de Reagan en represalia por un atentado cometido en Alemania. Las relaciones entre España y Libia se intensificaron cuando meses después Gadafi aceptó clausurar su incipiente programa de armas de destrucción masiva. Libia dejaba de ser un Estado paria a ojos de Occidente. Tony Blair llegó a Libia en marzo de 2004, también con la vista puesta en hacer negocios con Libia. Gadafi visitó España en 2007, ya con Zapatero en el poder. Está claro que Gadafi le estaba agradecido a Aznar y que eso abrió a este último posibilidades de intervenir como mediador en contratos millonarios. Tampoco Aznar dejó tirado a su amigo libio. En abril de 2011, se mostró en una conferencia en una universidad de Nueva York completamente en contra de la intervención militar de EEUU y Europa contra el régimen libio. Gadafi era "un amigo extravagante (de Occidente), pero un amigo", una vez que aceptó destruir sus armas químicas y ayudar a EEUU en la guerra contra Al Qaeda, dijo Aznar. Lo que no dijo es que esa guerra le iba a hacer perder mucho dinero http://www.eldiario.es/economia/Aznar-Abengoa-contratos-Libia-Gadafi_0_318469113.html 28. OPERACIÓN PUNICA

28.1.LA OPERACIÓN ANTICORRUPCIÓN CONTRA FRANCISCO GRANADOS, EN CIFRAS Los principales detenidos, las pesquisas en bancos y los vehículos embargados Detenido Francisco Granados en una redada anticorrupción La operación contra la corrupción que se ha saldado con el arresto de medio centenar de personas se ha llevado a cabo de manera simultánea en varias ciudades. Aquí se recogen los principales datos de una operación ordenada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Eloy Velasco, y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Las detenciones y los numerosos registros los está realizando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Al menos 51 detenidos. Hasta el momento, la operación se ha saldado con 51 detenidos. Entre ellos hay políticos, como Francisco Granados, ex número dos de Esperanza Aguirre cuando presidía la Comunidad en Madrid, o el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, del PP. Martínez sustituyó hace cuatro meses a la fallecida Isabel Carrasco, que murió asesinada a tiros en León mientras caminaba por la calle. Seis alcaldes entre los detenidos. Entre los arrestados, hay seis alcades. De momento ha trascendido que son José Carlos Boza (PP) de Valdemoro y el socialista José María Fraile de Parla. También han pasado a estar bajo custodia policial los máximos responsables del consistorio de Torrejón de Velasco (Gonzalo Cubas Navarro, del PP), Casarrubuelos (David

 

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Rodríguez San, PP), Collado Villalba (Agustín Juárez , PP) y Serranillos del Valle (Antonio Sánchez Fernández., UDMA con el apoyo del PSOE). Actuaciones en Madrid, Valencia, León y Murcia. Las actividades investigadas se desarrollaban en Ayuntamientos y comunidades autónomas de Madrid, Valencia, León y Murcia. Entre los consistorios donde ha entrado la Policía están el de Collado Villaba, gobernado por el popular Agustín Juárez, o el de Móstoles. Múltiples delitos. Los delitos que se investigan son: blanqueo de dinero, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal. Obras por 250 millones. los empresarios implicados habrían logrado, mediante el pago de "comisiones ilegales" a ediles municipales y funcionarios, la adjudicación de obras por unos 250 millones de euros en los últimos dos años. 259 Mandamientos a Registros de la Propiedad. Estas eran peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos. 400 Mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras. En estas, las autoridades han acordado bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos. 30 Embargos preventivos de Vehículos. Los coches, destaca la Fiscalía, son de alta gama y pertenecen a los principales investigados. Un operativo de 150 agentes. La Guardia Civil ha desplegado un total de 150 efectivos entre agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de las unidades de Seguridad Ciudadana territoriales para llevar a cabo la macro operación http://politica.elpais.com/politica/2014/10/27/actualidad/1414403987_804155.html 28.2. LAS EVIDENCIAS SOBRE GRANADOS QUE AGUIRRE NO VIO La presidenta del PP madrileño dijo el lunes que de haber tenido "la más mínima sospecha" habría llevado a su ex número dos ante la Justicia La realidad es que las sospechas se fueron acumulando desde 2006 y Aguirre mantuvo a Granados como secretario general del PP hasta 2011 Granados no abandonó el PP de Valdemoro hasta abril de 2014, dos meses después de que se conociera que tenía una cuenta en Suiza Consciente quizá de que el PP de Madrid queda duramente tocado por la investigación abierta a los ayuntamientos de Valdemoro, Collado-Villalba, Móstoles y Torrejón de Velasco, Esperanza Aguirre intentó este lunes sacudirse cualquier tipo de responsabilidad. Dijo sobre Granados que ya había perdido su confianza en él "hace tiempo". Y que en "ningún momento" tuvo la menor sospecha de que estuviera utilizando sus cargos para el enriquecimiento personal. "No tengan la menor duda de que si hubiera tenido alguna sospecha, la más mínima sospecha, hubiera actuado con prontitud y lo hubiera puesto inmediatamente en conocimiento de la Justicia como he hecho siempre y como hice en el caso Gürtel", dijo la presidenta del PP madrileño. La realidad es que las sospechas sobre Granados se han ido acumulando desde el año 2006, y a pesar de ello Aguirre lo mantuvo como secretario general del partido hasta 2011. Y, pese a sus declaraciones, no consta que Aguirre haya puesto jamás un caso de corrupción en manos de la Justicia. En 2006, cuando se descubrió que la mujer de Francisco Granados conducía un coche que estaba a nombre de una constructora de Valdemoro, el político ahora encarcelado era consejero de Presidencia. En los años sucesivos, Aguirre le amplió las atribuciones adjudicándole también las carteras de Interior (2007) y Justicia (2008). Mantuvo también el cargo de secretario general del PP de la Comunidad de Madrid, puesto en el que sustituyó a partir de noviembre de 2004 a Ricardo Romero de Tejada, hombre ligado a la deserción de dos diputados del PSOE tras las elecciones de 2003 que auparon a Aguirre a la presidencia de la Comunidad, el llamado Tamayazo.

 

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Tampoco fue apartado cuando en 2009 estalló la trama del espionaje y se descubrió que la misma inmobiliaria le estaba construyendo una mansión en el pueblo del que había sido alcalde entre 1999 y 2003. El 16 de junio de 2011 fue descartado para formar el nuevo equipo de Gobierno, pero Aguirre le ofreció la portavocía del PP en la Asamblea –él la rechazó– y también le guardó uno de los cinco puestos en el Senado que correspondían a los conservadores madrileños. Granados no abandonó los dos cargos –diputado raso en la Asamblea y senador– hasta el 21 de febrero de 2014, después de que el diario El Mundo desvelara que tenía 1,5 millones de euros en una cuenta en Suiza. El 19 de febrero se supo que Granados mantuvo abierta una cuenta en Suiza cuando ya estaba en política. La información apuntaba a que esto había ocurrido entre 1996 y 2000, años en los que fue sucesivamente concejal y alcalde de Valdemoro. La reacción de Aguirre por entonces fue la de exigirle la entrega de las actas en la Asamblea y en el Senado. Y el hombre que lo fue todo en sus gobiernos y en su partido accedió. Lo que no hizo ni se le exigió por entonces fue abandonar la presidencia del PP de Valdemoro y, por extensión, solicitar su baja en el partido. Ni él lo hizo ni nadie se lo pidió. El partido no se encargó de informar por entonces. Pero fuentes del PP de Madrid aseguran que Granados renunció por carta a presidir el PP de Valdemoro el 21 de abril, dos meses después de conocerse la existencia de esa cuenta en Suiza que hizo que las autoridades tirasen de la manta dando origen a la Operación Púnica. EL MINI A NOMBRE DE UNA INMOBILIARIA La primera de las evidencias del comportamiento sospechoso de Granados que Aguirre no vio se remonta a 2006. En octubre de ese año alguien incendió un coche modelo Mini Cooper descapotable que estaba aparcado en una de las plazas de garaje de la vivienda que Granados y su familia ocupaban en Valdemoro (71.000 habitantes). Nunca se supo si el coche se incendió de forma fortuita o si su calcinación fue intencionada, pero el incidente sí obligó al entonces consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid a dar unas incómodas explicaciones. Aunque era su mujer, Nieves Alarcón, la que solía utilizarlo y su supuesta propietaria, en la documentación del coche incendiado no aparecía ni su nombre ni el de Granados. El vehículo estaba a nombre de una de las principales constructoras del municipio, Obras y Vías, con la que Alarcón no tenía ningún vínculo laboral ni societario. Según informó la revista Interviú, esta compañía estaba a nombre de Ramiro Cid Sicluna, el principal operador inmobiliario del municipio madrileño, y dueño a su vez varias firmas que se entrelazaban con empresas que tenían a David Marjaliza en su accionariado, amigo de la infancia del consejero Granados y también detenido en la operación Púnica. Ramiro Cid, por su parte, figura entre los imputados. Granados explicó entonces a El País que su mujer había comprado el vehículo de segunda mano y que el hecho de que todavía no se hubiera hecho el cambio de titular era consecuencia del "retraso burocrático". No obstante, ese mismo periódico publicó después que la Dirección General de Tráfico no había recibido petición alguna de cambio de titularidad. El 17 de julio de 2008 Alarcón fue nombrada consejera de Caja de Madrid de Pensiones, SA, entidad gestora de fondos de pensiones. Allí representaba a la Comunidad, es decir, a la institución en la que su marido era consejero y que presidía Aguirre. Profesora de Economía Política en el Centro Universitario Villanueva, de titularidad privada y adscrito a la Complutense, Alarcón percibía al mes 1.803 euros brutos (1.175 netos) en dietas por asistencia al consejo. LA MANSIÓN DEL MILLÓN DE EUROS El nombre de Ramiro Cid Sicluna también está relacionado, al menos, con una vivienda del ex número dos de Aguirre. En febrero de 2009 el diario Público destapó que, por encargo de Granados, una promotora inmobiliaria estaba construyendo desde 2006 en Valdemoro una casa de lujo de 1.000 metros cuadrados. Pues bien, la licencia de obras la había obtenido en 2006 una inmobiliaria que formaba parte de Obras y Vías, el grupo empresarial con intereses urbanísticos en Valdemoro a cuyo nombre figuraba el coche Mini Cooper que en 2006 conducía Nieves Alarcón. Aunque no estaba a su nombre, la mujer de Granados visitaba de forma asidua las obras. A la oposición no le cuadraba que una promotora optara por construir en Valdemoro –ciudad de la que Granados había sido alcalde entre 1999 y 2003–, y sin tener comprador asegurado, una casa de lujo sobre seis parcelas donde el planeamiento le permitía levantar otros tantos chalés estándar. El PSOE dio entonces un plazo de 24 horas para que Granados hiciera público su

 

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patrimonio y explicara cómo lo había obtenido. El entonces consejero de Presidencia, Justicia e Interior respondió con un escrito de dos folios en el que admitía tener un patrimonio inmobiliario de 351.000 euros, correspondientes a un piso de 110 metros cuadrados y un dúplex de 164 metros, ambos en Valdemoro. También declaró que en 2007 había comprado una vivienda por 450.760 euros de los que todavía debía 330.000 euros. En cualquier caso, dijo que "todas" sus adquisiciones se había realizado "sin ningún trato de favor". Pero las cuentas de la mansión siguieron sin cuadrar. El coste del proyecto (incluyendo el proyecto de ejecución, los equipamientos de lujo o los honorarios del arquitecto) ya superaba en 2006 el millón de euros que, según Granados, le pidió la promotora para construirla. Alcanzaba los 1.036.713 euros, según la información revelada por Público. No obstante, cargos del PP salieron entonces a defender a Granados. El entonces portavoz conservador en la Asamblea de Madrid, David Pérez, dijo que el chalet en cuestión no era "propiedad" de Granados ni existía "ningún vínculo para su adquisición" por lo que consideró que "sería el colmo venir a dar explicaciones sobre una propiedad que no le pertenece a Granados". Asimismo, acusó al PSOE de de divulgar “ignominias”. LA TRAMA DEL ESPIONAJE El caso de los seguimientos a políticos del PP de Esperanza Aguirre tiene a Francisco Granados como uno de sus protagonistas. Aunque no el único. Siendo él consejero de Interior estalló una trama de espionaje en la que intervenían antiguos agentes de la policía y de la Guardia Civil a sueldo del Gobierno autonómico. Él era, por lo tanto, el jefe orgánico de los supuestos espías imputados. En enero de 2009, El País publicó que en la Comunidad de Madrid se habían hecho trabajos de inteligencia e información sobre tramas corruptas o escándalos en ayuntamientos socialistas y conservadores para el consejero madrileño Francisco Granados. El "servicio de espionaje" estaba dirigido por el ex inspector de policía Marcos Peña, fichado por Granados en julio de 2008 como asesor para asuntos de seguridad, e integrado al menos por tres ex guardias civiles. Las investigaciones abarcaban desde políticos o tramas de corrupción en ayuntamientos, como Ciempozuelos o Coslada, hasta las "supuestas mafias" que controlan la seguridad en las discotecas madrileñas. Entre ellos supuestamente se sometió a seguimiento al vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo, y al exconsejero Alfredo Prada. Desde que se abrieron las diligencias, en 2009, a instancias de una denuncia presentada Cobo a la que se unió Prada, dos veces la jueza Carmen Valcarce ha intentado dar carpetazo a la investigación con el razonamiento de que es imposible cuantificar el dinero público malversado para los hipotéticos seguimientos. Pero la Audiencia de Madrid ha forzado la reapertura en sendas ocasiones. Los denunciantes, entre los que está el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, alegaron que se utilizaron teléfonos y vehículos para espiar y que, por lo tanto, hubo malversación de fondos públicos. El pasado 16 de septiembre la jueza llamó a declarar como testigo a Granados para que explicara una serie de reuniones en las que los guardias civiles imputados en el proceso le comentaron que les estaban obligando a realizar los seguimientos. El ahora presidente Ignacio González siempre ha sostenido que Granados organizó una trama para espiarle. Sin embargo, uno de los espías imputados, el guardia civil José Oreja, envió el pasado enero un escrito a la jueza en la que aseguraba que en realidad vigilaban a aquellos políticos en cuyos movimientos y actuaciones tenía “especial interés” el hoy presidente de Madrid y entonces vicepresidente primero con Aguirre. El asunto todavía se investiga en los tribunales. Menos recorrido tuvo la investigación política. A raíz de las informaciones publicadas, la Asamblea de Madrid constituyó el 6 de febrero de 2009 una comisión de investigación parlamentaria para analizar los hechos. Sus trabajos comenzaron el 4 de marzo y finalizaron siete días después, tras comparecer sólo once de las 29 personas que había aprobado la Mesa de la Asamblea. El 16 de marzo de ese mismo año la comisión de investigación aprobó el dictamen propuesto por el PP –que exculpó al Gobierno regional de cualquier responsabilidad–, frente a los informes del PSOE e IU, que señalaron a la presidenta madrileña como "máxima" responsable y exigían el cese del consejero Francisco Granados. Aguirre lo mantuvo a su lado. http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/10/31/las_evidencias_sobre_granados_que_aguirre_vio_23312_1012.html

 

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28.3. AGUIRRE PIDE PERDÓN Y DICE QUE ASUME RESPONSABILIDADES, PERO NO DIMITE "No quiero eludir mi responsabilidad porque la tengo. Estoy muy abochornada" ha dicho la presidenta del PP de Madrid. Pide a todos los cargos institucionales implicados que dimitan Esperanza Aguirre ha comparecido en rueda de prensa para excusarse ante los ciudadanos por la operación Púnica, que ha llevado hoy a prisión a numerosos cargos del PP y del PSOE, entre ellos su exnúmero 2, Francisco Granados. "No quiero eludir mi responsabilidad porque la tengo. Estoy muy abochornada", ha confesado Aguirre. "Los ciudadanos tenemos muchas razones para estar hartos", ha expresado la presidenta del PP en Madrid, que ha querido pedir "perdón a los madrileños y a los militantes honrados y sacrificados". Lo ha anunciado en la sede del PP madrileño, en la primera planta de la sede nacional de la calle Génova. Además de Francisco Granados, varios alcaldes del PP en el marco de la operación Púnica, que desarrolla la Audiencia Nacional. Entre ellos cuatro son del Partido Popular, José Carlos Boza (Valdemoro), Gonzalo Cubas (Torrejón de Velasco), David Rodríguez (Casarrubuelos) y Agustín Juárez (Villaba). "Pensé que Granados era adecuado para el PP", ha confesado Aguirre"Hay que pedir perdón por este y otros casos de corrupción", ha continuado en referencia al caso Gürtel, asegurando que el PP "está haciendo todo lo posible" por destapar los casos de corrupción. Pese a todo, la conservadora ha pedido más celeridad a la justicia. "Llevamos con el Gürtel seis años y ni siquiera se ha abierto el juicio oral". Dice que los ciudadanos están "hartos" de la "coletilla" de la "presunción de inocencia" porque lo consideran "excusas". Se siente "muy abochornada" por lo ocurrido e insiste en que "no quiere eludir" su "responsabilidad" porque asegura que la tiene. "No conocía" a los detenidos Aguirre ha declarado que no conocía a los alcaldes detenidos en el marco de la operación, refiriéndose a que ella no los eligió para ocupar puestos de responsabilidad en las instituciones al ser ésta una designación que le corresponde a los comités electorales locales. "A esos alcaldes no les conozco", ha declarado para matizar, a renglón seguido, que su designación le correspondía al comité electoral local. Lo que sí ha asegurado es que a todos con puestos institucionales "se les pedirá que dejen ese cargo". "No quiero eludir la responsabilidad que me corresponde en el nombramiento de Francisco Granados para cargos de alta responsabilidad en el partido y en el Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha manifestado con respecto a uno de sus antiguos colaboradores más próximos. De Granados ha señalado que era "una persona destacada", nacida y criada en un municipio del sur como Valdemoro, con una "carrera universitaria brillante" a sus espaldas y que procedía de "un puesto de responsabilidad en la banca", es decir, que "no venía de ser militante desde jovencito". http://www.publico.es/politica/552767/aguirre-pide-perdon-y-dice-que-asume-responsabilidades-pero-no-dimite 28.4. DETENIDO FRANCISCO GRANADOS EN UNA MACRORREDADA CONTRA LA CORRUPCIÓN Agentes de la Guardia Civil, a las órdenes del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, desarrollan en este momento una macrorredada y registros en empresas y domicilios particulares durante los que han sido detenidos el exnúmero dos del PP de Madrid y exconsejero autonómico de la Comunidad de Madrid Francisco Granados (PP) y varios constructores por el pago de dinero a cambio de favores políticos. De momento han sido detenidas 51 personas en cuatro comunidades autónomas. El PP ha anunciado que va a suspender de militancia en el partido tanto a Granados como a los cargos de la formación que resulten implicados en la operación Púnica, según ha informado Esteban González Pons, vicesecretario general de Estudios del Partido Popular. Entre los arrestados están los alcaldes de las localidades madrileñas de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga (PP), de Parla, José María Fraile (PSOE), y el presidente de la Diputación de

 

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León, Marcos Martínez Barazón, del PP. Además, la Guardia Civil ha entrado en la sede del Ayuntamiento de Móstoles, también en Madrid, para un registro. La Fiscalía Anticorrupción asegura que en la llamada Operación Púnica se ha golpeado una "trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías, principalmente de la provincia y comunidades autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia". La nota añade que los empresarios implicados habrían logrado, mediante el pago de "comisiones ilegales" a ediles municipales y funcionarios, la adjudicación de obras por 250 millones de euros en los últimos dos años. La detención ha sido ejecutada por miembros de la Unidad Central Operativa (UCO). La operación anticorrupción sigue abierta y no se descartan más detenciones, así como varios registros. Los delitos que se investigan son: blanqueo de dinero, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal. Durante la operación ha sido imputado un agente de la Guardia Civil que supuestamente avisó a Granados de que estaba siendo investigado, informa Efe. El agente ha sido imputado por un delito de revelación de secretos, aunque no se encuentra entre los detenidos. Los investigadores han efectuado casi 600 diligencias antes de promover la operación de este lunes, en el que, además de los registros, se ha ejecutado al menos 30 embargos preventivos. Granados, que fue secretario general del PP de Madrid entre 2004 y 2011 y durante años la mano derecha de la expresidenta Esperanza Aguirre (senador, consejero de Presidencia, Justicia e Interior y Transportes, también fue presidente de la comisión del Tamayazo), dispuso de una cuenta en Suiza de 1,5 millones de euros entre 1999 y 2013, según informaron las autoridades del país helvético a las españolas. Al ir a sacar de golpe el dinero a finales de 2012, Suiza informó a España de que exsenador Granados había dispuesto de una cuenta millonaria en uno de sus bancos. El juez Velasco se encargó de investigar la procedencia de este dinero. Velasco sospecha que los 1,5 millones ocultados por Granados, quien fue senador del PP y alcalde de Valdemoro (localidad de unos 72.000 habitantes situada al sur de Madrid) entre 1999 y 2003, tiene un origen ilícito fruto de comisiones recibidas de constructores por recalificaciones fraudulentas de terrenos y adjudicaciones de obras en la época en que fue primer edil de esta localidad. En concreto, la investigación la han estado desarrollando desde hace un año el juez Velasco y la Fiscalía Anticorrupción. Las pesquisas iniciales, que ya han propiciado su detención y la de varios constructores esta mañana, revelan la existencia de una trama corrupta de empresarios que pagan a políticos a cambio de recalificaciones y adjudicaciones de obras públicas. La cuenta descubierta en Suiza estaba a nombre del propio Granados, sin personas interpuestas. La creó en 1999 y desde entonces fue realizando aportaciones hasta acumular, al menos, 1,5 millones de euros. Los registros en casa de Granados y de empresas se han iniciado a primera hora de la mañana y se prolongarán durante parte del día, según fuentes jurídicas. El primer ingreso de fondos de Granados en un banco radicado en Suiza, el BNP Paribas, se efectuó a los pocos meses de acceder este a la vida pública como alcalde de Valdemoro y tras abandonar su actividad bancaria como comisionista de bolsa. Inicialmente, Granados negó al citado diario madrileño que hubiese tenido una cuenta en Suiza, pero luego acabó admitiéndolo. Reconoció que tuvo esa cuenta entre 1996 y 2000, si bien negó tajantemente que hubiera realizado depósitos en ella durante sus años de dedicación a la política. Tras el escándalo de su dinero en Suiza, Granados dimitió de sus cargos públicos. http://politica.elpais.com/politica/2014/10/27/actualidad/1414399445_044122.html

29. C.A. CASTILLA LA MANCHA. COSPEDAL: “GOBERNAR ES, SOBRE TODO, VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY” Asegura que el Partido Popular “siempre, por encima de sus intereses, va a velar por el interés general de España”

 

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En su discurso en la clausura de las Jornadas Estabilidad y Buen Gobierno en Comunidades Autónomas, Cospedal ha dicho a “aquellos que no saben dónde mirar porque se sienten huérfanos de algunos partido políticos” y que “no saben si tienen que hablar de un modelo de España o de otro”, que el Partido Popular “siempre, por encima de su interés, va a velar por el interés general de España, de los españoles y por la unidad de nuestro país”. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores Cospedal, ha afirmado hoy que “gobernar es, sobre todo, velar por el cumplimiento de la ley” y ha afirmado que tenemos un Gobierno que así lo asegura. En este sentido, ha explicado que “la democracia se identifica por muchas cosas, pero hay una que es esencial: estamos todos sometidos al imperio de la ley. La ley es igual para todos y cuanto más alto esté uno, más sometido está al imperio de la ley”. La dirigente popular ha lamentado que haya “algunos que se creen que están por encima” y ha subrayado que “por encima de la ley no está nadie”. “La ley es igual para todos, para lo bueno y para lo malo –ha proseguido–. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí y lo que no podemos hacer ahora es consentir que, a golpe de demagogia y de populismo, algunos quieran echar por tierra lo que el pueblo español ha conseguido después de más de 30 años”. FORTALEZA EN MOMENTOS DIFÍCILES En su intervención, Cospedal ha asegurado que “en los momentos difíciles es cuando se demuestra la fortaleza” y ha destacado que “la responsabilidad, el compromiso, la estabilidad y el trabajo son nuestra carta de presentación y lo son donde vamos”. De este modo, la secretaria general del PP ha querido mostrar su apoyo al presidente de Extremadura y le ha recordado que aunque algunos le difamen “los ciudadanos saben la verdad de las cosas y, por mucho que algunos la quieran manipular, la verdad siempre es la verdad y al final sale”. “España se está recuperando y no podemos dejar que la demagogia y el populismo entierren la recuperación que ya ha empezado a conseguir nuestro país gracias al esfuerzo de muchos”, ha reiterado. “España se juega mucho en los próximos meses. No se lo juega el PP, se lo juega España y se lo juega la democracia –ha advertido–. A pesar del esfuerzo de algunos por llevarnos otra vez al principio de la crisis, estamos saliendo de ella y no podemos mirar atrás, tenemos que mirar hacia adelante y tenemos que estar orgullosos del partido que tenemos”. Cospedal ha explicado también que a los gobiernos del PP les ha tocado adoptar algunas decisiones “muy difíciles e ingratas” pero que, gracias a ellas, “poco a poco nos estamos recuperando, con mucho esfuerzo” y aunque “a muchos no les gusta oírlo” lo cierto es que “hoy España está de otra manera”. “Este gran país, que es el nuestro y que se llama España, está recuperando su futuro gracias el esfuerzo de los españoles y gracias a una guía, que es, a pesar de que a algunos no les guste, el Partido Popular y el presidente Mariano Rajoy”, ha recalcado. LUCHA CONTRA CORRUPCIÓN En cuanto a los casos de corrupción, la secretaria general del PP ha sido tajante: “No se puede tener ni una sola duda. Hay que actuar con el peso de la ley, no con populismo barato sino con la ley, de verdad. Frente a corrupción hay que tener firmeza y decisión y eso es lo que está haciendo el Gobierno del Partido Popular”. “Vamos a seguir escuchando muchas cosas que no se corresponden con la realidad de lo que es nuestro partido y hay muchos que quieren acusar con carácter general al PP de cosas que han hecho muy mal algunos que han traicionado nuestra confianza. Pero el hecho de que algunos hayan traicionado la confianza que en ellos puso el partido y que algunos hayan traicionado la confianza que en ellos pusieron sus vecinos o todos los españoles, no quiere decir que este partido no haya hecho todo lo que tenía que hacer para luchar contra la corrupción. Y lo vamos a seguir haciendo”, ha aseverado.

 

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Cospedal ha concluido diciendo que “contra la demagogia y el populismo la mejor receta es trabajo, estar con los ciudadanos y demostrar que este partido es un partido orgulloso de trabajar por España”. “La inmensa mayoría de políticos de este país –y, desde luego, de los políticos del PP–, son gente honrada, honesta, trabajadora, que lucha por sus vecinos, y que lo hace muchas veces sin recibir nada a cambio”, ha finalizado http://www.pp.es/actualidad-noticia/cospedal-gobernar-es-sobre-todo-velar-por-cumplimiento-ley 30. C.A.CASTILLA LA MANCHA. CONDENADO EL GOBIERNO DE COSPEDAL POR DESPEDIR EMPLEADOS VÍA SMS El Ejecutivo autonómico debe pagar 120.000 euros a dos chóferes por despido improcedente El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha ha condenado al Gobierno de María Dolores de Cospedal a indemnizar con 68.924 euros y 49.523 euros respectivamente, a dos conductores de la institución por despedirlos de manera improcedente. La Junta de Castilla La Mancha deberá abonar además 1.000 euros derivados de las costas de las dos demandas. Los dos trabajadores prestaban servicio como personal laboral de la Comunidad hasta que el pasado 18 de febrero de 2013 recibieron un SMS en sus teléfonos móviles para que al día siguiente acudieran al puesto de trabajo a firmar su cese, que les fue comunicado verbalmente. El 8 de marzo, los dos chóferes recibieron cartas certificadas en las que se le notaban sus despidos con la fecha 19 de febrero y en las que se argumentaba "la amortización" de esos puestos de trabajo. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha sostiene que el Gobierno de María Dolores de Cospedal vulneró los derechos de los trabajadores por no comunicar oficialmente y por carta -tal y como obliga la legislación laboral- los despidos, los despidos, que considera improcedentes. Hace unas semanas el Ejecutivo que preside la número dos del Partido Popular ya recibió otro varapalo judicial del mismo Tribunal Superior de Castilla La Mancha que condenó al Gobierno de esa comunidad por vulnerar la negociación colectiva en el cese de 400 interinos durante agosto de 2012. De esta manera el Gobierno de Cospedal vuelve a recibir un nuevo varapalo judicial por incumplir el derecho de sus trabajadores, reflejando la prepotencia de la Junta a la hora de tramitar los ceses de su personal, que al ser realizarlos de forma ilegal acaba suponiendo un importante desembolso de dinero público. Lo que viene a demostrar la incompetencia del Director General de Función Pública, máximo responsable de personal en la Junta, en el desempeño de sus funciones, que ya ha sido condenado por el TSJ-CLM por vulneración de la negociación colectiva en el cese de los 400 interinos en agosto de 2012. El sindicato STAS de Castilla La Mancha exige "que se depuren las responsabilidades políticas oportunas" en el Gobierno de Cospedal y alerta del "elevado coste" para los ciudadanos que tienen sus decisiones "arbitrarias". La central califica al director general de Función Pública, Juan Manuel de la Fuente como "el más nefasto de la historia de la Comunidad". http://politica.elpais.com/politica/2014/11/10/actualidad/1415642404_002884.html 31. C.A.CASTILLA LA MANCHA. EL PP PROTEGE LOS COTOS DE CAZA DE MILLONARIOS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS La motivación del movimiento del Partido Popular con la ley de Parques Naturales la ha dejado clara la portavoz escogida por Génova para defender la enmienda presentada por los populares en el Senado, María Luisa Soriano: "Dará seguridad jurídica tanto a los ayuntamientos como a los particulares con terrenos dentro de un parque nacional". Tras la redacción del proyecto y su presentación, el PP incorporó in extremis en la Cámara Alta un cambio que parece hecho a medida para proteger los cotos de caza que cubren casi la

 

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mitad del terreno del Parque Nacional de Cabañeros (Ciudad Real y Toledo). Las cacerías podrían proseguir indefinidamente. Los dueños de las 15 fincas privadas que quedan dentro de Cabañeros trasladaron al Ministerio de Medio Ambiente su preocupación al reunirse con sus representantes en el patronato del parque. El texto legal presentado consagraba el fin de los cotos para 2017. "Entendemos que es necesario que se regule la caza dentro del parque nacional", cuenta a eldiario.es uno de los representantes de este grupo, Ildefonso Sánchez Camacho. Entre los titulares destacados de fincas están Alejandro Aznar (finca Cabañeros), Alberto Cortina (Las Cuevas) o Alberto Alcocer (El Avellanar). Cortina y Alcocer están al frente de la Corporación Alcor, dueña entre otras empresas, del 7% de ACS. Alejandro Aznar dirige la naviera Ibaizábal Management Services y está casado con la presidenta del Círculo de Empresarios, la polémica Mónica Oriol. La nueva propuesta del PP busca prolongar la actividad de los cazaderos sin fecha de caducidad. Las palabras de defensa de Soriano no son las de una senadora. Ni de un miembro del Ministerio, responsable de la ley. Soriano fue presentada como "secretaria ejecutiva de Agricultura y Medio Ambiente" del PP. Aunque Soriano es, sobre todo, consejera de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por María Dolores de Cospedal, comunidad donde se encuentra Cabañeros. Su departamento es el competente en materia de caza en esa región. Tanto que la Dirección General de Montes y Espacios Naturales que dirige sentencia: "La actividad cinegética tiene una gran importancia en Castilla-La Mancha no limitándose al mero carácter deportivo o de ocio, sino que genera actividad empresarial y tiene una enorme influencia en la socioeconomía castellano-manchega". Sin caza habría un "desastre ecológico" Tras la enmienda, la intención del Partido Popular es que no exista límite temporal. Que clausurar un coto necesite el acuerdo voluntario de los dueños o el pago por parte del Estado de una indemnización. La enmienda presentada en el Senado en el último momento el lunes pasado "cubre nuestras inquietudes", cuenta Sánchez Conde. Este abogado argumenta que de no ser así "se produciría un desastre ecológico por la superpoblación de las especies cinegéticas" como el venado o el jabalí. A su juicio, permitir organizar monterías "evita un sobrecoste al Estado que tendría que pagar a cazadores para eliminar ejemplares." De igual manera asegura que la Administración debería "pagar indemnizaciones a los dueños por no dejarles ejercer un derecho que data de tiempo inmemorial". También apunta que "lo lógico sería que el Estado expropiara y pagara justamente el terreno. Pero si lo que hace es prohibir un uso, hay que indemnizarlo". La petición de los dueños, atendida por el Partido Popular, abarca toda las maneras de montar cacerías en el terreno protegido: hay fincas que venden su caza mediante alguna empresa dedicada a estas actividades. Es el caso de, por ejemplo, Inmobiliaria el Bullaque, que administra los intereses de Alejandro Aznar, dedicada a la "caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas". Hay cotos que, como indica Sánchez Conde, "son disfrutados de manera particular, como un lujo". Y están los cazaderos a nombre de ayuntamientos que "dan una dimensión más social a la caza mediante sociedades cinegéticas", remata. María Luisa Soria ha repetido el argumento del interés de terceros para justificar la modificación legal al incidir que se deja sin efecto la pérdida de derechos sin ofrecer "mecanismos correctores en favor de los particulares y municipios". En el caso de la caza en Cabañeros, según Sánchez Conde, "las fincas no habían tenido ningún problema. Las poblaciones de animales hay que controlarlas, eso no lo discute nadie". Y luego añade que "los grupos ecologistas parece que quieren cargar ese gasto de control al erario público".

 

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"La protección empezará cuando lo digan los dueños" Estos grupos ecologistas (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) entienden que la intención de la enmienda es proteger los intereses de "grandes propietarios con gusto por la caza". Inciden en que no se trata de un interés económico relacionado con el abatimiento de presas sino "social o de estatus". Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción, cuenta que varios de los cotos se solapan parcialmente con el límite del parque, por lo que las monterías se excusan en que "no se hacen en el terreno protegido". Pero, prosigue, "aunque se colocan los puestos de tiro más allá de la linde del parque, las rehalas conducen a los animales desde otros lugares. Las poblaciones son las mismas a un lado que al otro". Pero, además, estas organizaciones analizan el nuevo texto presentado por el PP con más amplitud. Según su criterio, la ley permitirá que la entrada en vigor de la protección que se debe otorgar a los parques nacionales se paralice "hasta que el propietario titular de los terrenos lo decida", ya que podrán alargarse explotaciones comerciales, cotos de caza o pesca mientras los particulares no accedan a terminar con ellas. Y luego lanzan un aviso pues, dicen, "se ampara cualquier derecho real que pueda existir a futuro sin ningún tipo de limitación. Si mañana aparece petróleo en Doñana, se podrá explotar; y si pasado mañana un Ayuntamiento recalifica medio Picos de Europa, se podrá urbanizar". En este sentido, aunque desde una perspectiva que pone en términos de igualdad lo económico y lo medioambiental, María Luisa Soriano subrayó que la idea del PP es hacer "compatibles el desarrollo de una economía sostenible y el cuidado del medio ambiente" http://www.eldiario.es/sociedad/particulares-PP-Parque-Nacional-Cabaneros_0_317068906.html 32. C.A. GALICIA. LA JUEZA ACUSA A LA MANO DERECHA DE RAJOY EN EL SENADO DE COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS De Lara, instructora del caso Pokemon, envía una exposición razonada al Supremo para que decida si imputa a Barreiro por el presunto cobro de un soborno y el enchufe de un afín en la empresa que gestó la trama corrupta. Un soborno de 5.000 ó 6.000 euros y la colocación de un conocido en la empresa Vendex, investigada por el diseño de un completísimo sistema de mordidas a políticos y funcionarios para conseguir contratos públicos. Ésos son los hechos -constitutivos de los delitos de cohecho y tráfico de influencias- que la jueza instructora de la operación Pokemon, Pilar de Lara -respaldada por el fiscal jefe de Lugo-, quiere que el Tribunal Supremo investigue en la persona de José Manuel Barreiro, portavoz del PP en el Senado, presidente del PP de Lugo y exvicepresidente de la Xunta de Galicia con Manuel Fraga. Así lo hace constar De Lara en una exposición razonada que ha elevado al Alto Tribunal esta semana, a la que ha tenido acceso Público, y en la que la jueza pide la imputación de Barreiro. El portavoz conservador, que niega los hechos que se le imputan, es un acompañante fijo del presidente del Gobierno en sus visitas a Galicia y en sus comparecencias en el Senado, por lo que la trayectoria de este caso está siendo seguida con mucha preocupación en las filas del Partido Popular. Si se produce, la imputación de su portavoz en la Cámara Alta por el Supremo llegaría en el peor momento para el partido del Gobierno, muy tocado con los casos de la tarjetas opacas de Caja Madrid y la crisis del ébola y a las puertas de unas elecciones autonómicas y municipales. El PP de Galicia (PPdeG) es partidario de que sus diputados o dirigentes imputados, como mínimo, pongan sus cargos a disposición de la dirección conservadora. En su exposición, De Lara considera probado mediante las declaraciones de los directivos de Vendex, los seguimientos de los agentes de Vigilancia Aduanera o los pinchazos telefónicos que Barreiro (El Chino o El Oriental para la trama corrupta) cobró de Véndex 5.000 ó 6.000 euros por intermediar para lograr contratos públicos a la misma empresa. Además, el dirigente

 

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del PP habría enchufado a un conocido de Antas de Ulla (Lugo) en Véndex, según el escrito de De Lara. La jueza, además y después de examinar las cuentas del PP remitidas al juzgado de Instrucción núm. 1 de Lugo, concluye que el pago de los 5.000 euros o más se le habría hecho a Barreiro "a título particular", ya que no hay ni rastro del dinero en la citada documentación. http://www.publico.es/espana/551007/la-jueza-acusa-a-la-mano-derecha-de-rajoy-en-el-senado-de-cohecho-y-trafico-de-influencias 33. C.A.MADRID. EL SUPREMO RECHAZA UNA DEMANDA DE IGNACIO GONZÁLEZ CONTRA CUATRO PERIODISTAS El presidente de la Comunidad de Madrid había presentado una demanda de protección de derecho al honor por informaciones del diario 'Público', que detallaban su papel en adjudicaciones públicas sospechosas González vio una campaña de 'mobbing periodístico' en 15 informaciones de Manuel Rico y dos artículos de opinión de Ignacio Escolar El político del PP reclamaba 600.000 euros a los periodistas El Tribunal Supremo ha rechazado una demanda del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, contra cuatro periodistas por informaciones publicadas en el diario Público y que detallaban su papel en determinadas adjudicaciones públicas sospechosas. González vio una campaña de "mobbing periodístico" en 15 informaciones de Manuel Rico –ahora director de infoLibre– y dos artículos de opinión de Ignacio Escolar –ahora director de eldiario.es–. El político del PP también demandó a Jesús Maraña –actual director editorial de infoLibre y tintaLibre– y a Félix Monteira, que cuando se publicaron las informaciones eran los máximos responsables del diario Público. González pedía a los periodistas 600.000 euros. Ignacio González presentó ante el Supremo un recurso contra la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que ya desestimó su demanda de protección de derecho al honor. El Alto Tribunal destaca la primacía de la libertad de información y la "veracidad" de las noticias. En la sentencia de la Sala Primera del Supremo, que lleva fecha de 30 de septiembre y cuyo ponente ha sido el magistrado José Ramón Ferrándiz Gabriel, se considera relevante para los ciudadanos la información relativa a la contratación pública. "El correcto funcionamiento del sistema democrático exige que la ciudadanía conozca cómo gestionaron en el pasado los asuntos públicos quienes lo hacen en el presente", reza el auto. En relación con los artículos de opinión, la sentencia considera que la usual dificultad de separar los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información, en los casos en los que se entremezclan opiniones con narración de hechos, deviene trascendente para determinar la legitimidad en su ejercicio, "pues mientras los hechos son susceptibles de prueba, no sucede lo mismo con las opiniones o juicios de valor, que no se prestan a una demostración de exactitud". Las consideraciones anteriores, "unidas a la actuación diligente llevada a cabo por el periodista en la utilización de datos que habían sido comprobados a través de determinados expedientes, en su ejercicio de la libertad información, y la ausencia de expresiones innecesarias para la exposición de los hechos, en el ejercicio de la libertad de expresión, llevan a la Sala a confirmar que estos derechos fueron ejercitados de forma legítima conforme a los requisitos constitucionales", añade el Supremo. La primera de las informaciones se titulaba "Los informes que alimentan la guerra del PP". Y estaba basado en un 'dossier' sobre el número dos de Aguirre que tenía 69 páginas y detallaba patrimonio, adjudicaciones y relaciones de Ignacio González.

 

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Antecedentes En junio de 2012, la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la desestimación de la demanda planteada contra el diario Público por el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid que consideraba vulnerado su derecho al honor por el contenido de 17 artículos, publicados en el periódico entre el 18 de enero y el 17 de marzo de 2009. Esta sentencia venía a confirmar la desestimación acordada en mayo de 2010 por el Juzgado de Primera Instancia número 55 de Madrid. http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/10/30/el_supremo_rechaza_una_demanda_ignacio_gonzalez_contra_publico_23325_1012.html 34. C.A.MADRID. BOTELLA Y GONZÁLEZ PONEN EN MANOS DE LA VIRGEN LA “REGENERACIÓN MORAL”, LAS SALIDAS A LA “CRISIS” O LA “UNIDAD” NACIONAL La tradicional renovación de votos de la ciudad a La Almudena se convirtió de nuevo en un mitin-oración del PP Este 9 de noviembre fue un día muy especial en Cataluña con la consumación de la consulta de Artur Mas pero también en Madrid, ya que es el día de la patrona de la ciudad, la Virgen de La Almudena. La festividad incluye una “renovación de los Votos de la Villa” con la Virgen, un acto tradicional en el que el PP suele incluir mensajes políticos y en esta ocasión no fue una excepción. En las redes se está hablando mucho de la petición que la alcaldesa Ana Botella hizo a la Virgen por la “unidad” de España, pero la oración-mitin no tiene desperdicio en ninguno de sus aspectos, ya que puso en sus manos hasta la regeneración política del país. Se emitió en directo por Telemadrid y por la cadena episcopal 13TV. Oración con aroma a FAES Botella se presentó emotivamente a la Virgen como portavoz de “la esperanza” del pueblo madrileño y tuvo cariñosas palabras para el que ha sido hasta el mes pasado el arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela. Tras elogiar la labor de las familias durante la crisis y las dificultades económicas, la alcaldesa reivindicó la antigüedad de la nación española y alertó contra los riesgos de secesión: “el futuro lo tenemos que construir todos juntos (…) la soberanía nacional ni se parte ni se reparte, es una y es del conjunto del pueblo español”. “Virgen de La Almudena os ruego que nos brindéis la fuerza necesaria para superar cualquier amenaza a la libertad y unidad de nuestro país” También aludió a los numerosos casos de corrupción del presente al pedir a la Virgen una “regeneración moral” basada en “el esfuerzo” y en el ejemplo “de las generaciones que nos precedieron, que sentaron las bases de la mejor España de todos los tiempos”, que según ella han marcado el rumbo de su mandato como alcaldesa. Salidas para la crisis en manos de la Virgen Por su parte y según recoge Telemadrid, el presidente de la Comunidad, Ignacio González, oró a la Virgen para que la recuperación económica “llegue a todos los madrileños” y que “el futuro sea mejor que lo que hemos vivido todos estos años atrás”. Mientras, el exalcalde y presidente de IFEMA José María Álvarez del Manzano, quien recientemente fue investido como “esclavo de honor” de La Almudena, declaró que le había reclamado “trabajo para todos los madrileños y que hubiera convivencia en la ciudad”. http://www.elplural.com/2014/11/11/botella-y-gonzalez-ponen-en-manos-de-la-virgen-la-regeneracion-moral-las-salidas-a-la-crisis-o-la-unidad-nacional/ 35. C.A.MURCIA.EL VICEPRESIDENTE ESPAÑOL DEL PARLAMENTO EUROPEO OCULTA QUE RECIBIÓ DINERO DEL PP

 

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Rajoy tiene 'mala suerte': "su" candidato a comisario, Cañete, con problemas por la declaración de bienes; "su" candidato para la mesa de la Eurocámara, Valcárcel..., también 'olvidó' incluir los sobresueldos De entre la lista de eurodiputados elegidos de la lista del PP, Mariano Rajoy hizo dos selecciones para ‘colocar’ en las instituciones europeas. Decisiones suyas. Uno, el más importante, Miguel Arias Cañete, al que ‘señaló’ como el candidato de España para ocupar una comisaría. El otro, para ocupar una de las vicepresidencias del Euro Parlamento, la que corresponde al PP español por su peso en el PP europeo; elección de Rajoy que recae en el expresidente murciano, Ramón Luis Valcárcel. El tiempo ha venido a demostrar que las elecciones del presidente eran ‘temerarias’, porque con los dos ha sucedido exactamente lo esperable teniendo en cuenta sus ‘historiales’. De lo que pasó con Cañete les hemos venido informando: ha sido el candidato más rechazado por los parlamentarios, que desconfían de su imparcialidad al frente de la cartera de Energía y Medio Ambiente, teniendo en cuenta sus intereses y precedentes. El ejemplo Cañete Pero es que además, Cañete tuvo que rectificar dos veces su declaración de bienes, primero porque ‘olvidó’ los sobresueldos que le pagaba el PP; y después porque olvidó incluir que había vendido, al menos eso dijo, sus acciones en las empresas petrolíferas familiares. Mala elección ésta de Rajoy. O eso parece, tal y como fue recibido Cañete, acusado de lobista por organizaciones internacionales, como les contamos en este periódico. Pero es que la otra elección del presidente, la del ‘segundo cargo’ de más relieve, más de lo mismo: el expresidente murciano, relacionado en tantos casos de corrupción que resulta difícil agruparlos, ha hecho mal su declaración de bienes ante la Unión Europea. Vacárcel, la repetición de la historia ¡También Valcárcel ha olvidado incluir los sobresueldos que le pagaba el PP… eso sí, en su caso bajo el epígrafe gastos de representación! Tiene difícil Valcárcel decir que lo ‘ha olvidado’. Y eso por una razón… En la declaración que hizo ante la asamblea de Murcia hace tres años, él mismo reconoció que ese era un ingreso que debía incluir. Sin embargo, esa partida… “asignación PP gastos de representación de la Presidencia”, porque Valcárcel además de presidir Murcia, también presidía el PP murciano, ‘se olvida’ en su declaración ante la Unión Europea. Ahora falta por saber si, como su amigo y compañero, Miguel Arias Cañete, también Valcárcel va a rectificar su declaración… o va a mantener ‘el olvido’ protegido en que no tiene que pasar el mismo examen. http://www.elplural.com/2014/10/07/el-vicepresidente-espanol-del-parlamento-europeo-oculta-que-recibio-dinero-del-pp/ 36. C.VALENCIANA. LA AUDIENCIA DE CASTELLÓ RATIFICA LA SUSPENSIÓN DEL INGRESO DE FABRA EN LA CÁRCEL El tribunal rechaza los recursos presentados por la Abogacía del Estado y la Fiscalía Anticorrupción La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castelló se reafirma en su posición y mantiene en libertad a Carlos Fabra hasta que el Gobierno resuelva la petición de indulto, desestimando los recursos de súplica de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, que reclamaban el ingreso inmediato en prisión del exdirigente popular. La Sala coincide con la defensa de Fabra al señalar que el criterio de la Audiencia de denegar suspensiones de

 

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condenas no es vinculante y, además, no es aplicable a este caso. Los magistrados defienden su independencia y desoyen al presidente de la institución judicial, José Manuel Marco, quien se mostró crítico la semana pasada y manifestó que apartarse de la doctrina de la Audiencia daña el prestigio de la entidad. El tribunal ratifica su decisión de congelar el ingreso en prisión mientras se tramita el indulto. En esta ocasión, sin embargo, se emplea a fondo para explicar por qué no aplica a Fabra el acuerdo unánime de la Audiencia de rechazar suspensiones de condena por tramitación de indulto cuando la pena sea de tres o más años. Los tres jueces admiten que cuando paralizaron la ejecución de la condena no hicieron ninguna referencia al acuerdo interno, al considerar que era «irrelevante». Dicen que este tipo de pactos «no son jurídicamente vinculantes», por lo que «difícilmente puede alegarse infracción». «Tienen naturaleza de 'meras recomendaciones', no siendo obligatorias». El tribunal hace suya la tesis del abogado de Fabra al afirmar que éste no podrá cumplir más de tres años en prisión (no se puede exceder el triple de la pena correspondiente a la infracción más grave, que es de un año), por lo que la suspensión de la condena no vulnera el criterio de la Audiencia Provincial. Por último, la Sala niega haber beneficiado a Fabra por rebajarle la pena(de 8 a 4 años) y ahora por esta suspensión. http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/10/04/audiencia-castello-ratifica-suspension-ingreso/1170254.html 37. C.VALENCIANA LA AUDIENCIA DE PALMA VUELVE A IMPUTAR A GRAU POR EL ‘CASO NÓOS’ El tribunal ve al vicealcalde de Valencia "impulsor de la concertación" con Urdangarin El tribunal estima los recursos de apelación de los socialistas de Valencia y Manos Limpias El archivo de la imputación a Camps y Barberá se habría revisado si se hubiese pedido La Audiencia de Palma de Mallorca ha vuelto a imputar al vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, por el papel desempeñado en la rama valenciana del caso Nóos como "impulsor de la concertación" entre la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) -cuyo patronato preside- y el Instituto Nóos y en la medida en que trasladó las "bondades del proyecto" a los patronos. El tribunal acepta así el recurso de apelación presentado por el Grupo Socialista en Valencia y el sindicato Manos Limpias contra la decisión del juez José Castro de sobreseer la causa contra el número dos de la alcaldesa Rita Barberá y presidente de la fundación municipal de turismo. El tribunal ha querido subrayar que no ha revisado el papel jugado por el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá -máximos responsables políticos cuando se suscribieron los convenios con Urdangarin, que costaron a las arcas públicas cerca de tres millones de euros- porque ninguna de las partes ha recurrido el archivo decretado en su día por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), único competente al tratarse de dos políticos aforados. La Generalitat Valenciana, a través de la sociedad pública Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA) y el Ayuntamiento de Valencia, a través de la fundación municipal de turismo, pactaron con el instituto de Urdangarin la organización de tres certámenes de los Summit -feria sobre eventos deportivos y promoción turística de las ciudades- entre 2004 y 2006. Según la instrucción, los convenios de colaboración con Nóos se firmaron de espaldas a la ley de contratos públicos. La rama valenciana del caso Nóos, también conocido como caso Urdangarin, se cierra con cinco imputados: el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, y de otros cuatro ex altos cargos del Gobierno valenciano de entonces: el ex secretario de Turismo de la Generalitat Luis Lobón, los ex directores generales de la sociedad pública Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA) José Manuel Aguilar y Jorge Vela, y la ex directora de Gestión de CACSA Elisa Maldonado.Todos se encuentran a un paso del banquillo de los acusados.

 

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Según argumentaron los socialistas en su recurso de apelación, "la decisión de que la FTVCB financiara tres ediciones de los Valencia Summit fue exclusivamente del señor Grau, que simplemente se limitó a informar a los patronos de la fundación de una decisión que él ya había tomado". Asimismo destaca que la conducta del vicealcalde "desprende indicios de supuesta malversación de caudales públicos". La Sección Segunda despeja las dudas sobre la naturaleza jurídica de la fundación municipal -argumento que el gobierno local de Barberá ha utilizado hasta ahora de parapeto- y concluye que su naturaleza es pública y, por tanto, sujeta a la normativa de contratación. También advierte la sala de que aunque el número dos de Barberá no firmó los contratos con Nóos "su descarte es imposible" y añade que Grau sabía además que la alcaldesa "avalaba, respaldaba y se mostraba conforme" con que se celebraran estos certámenes. En el Ayuntamiento, la resolución ha causado sorpresa. La alcaldesa Rita Barberá ha reconocido que le ha sorprendido que se haya imputado a su número dos y ha añadido que lo lamenta profundamente. "La verdad es que no lo esperaba y lo siento profundamente, no puedo añadir nada más", ha declarado. Según Barberá, ha sabido del auto cuando bajaba de la alcaldía a la sala de exposiciones donde ha inaugurado una muestra sobre el terrorismo y ha confirmado que, "efectivamente, se ha reabierto la imputación" de su vicealcalde "sin practicarse ninguna nueva prueba ni aportarse nada más", ha apuntado. Revisar el papel de Barberá y Camps La audiencia constata además que han quedado el margen del escrutinio judicial la “posible participación que en los hechos enjuiciados [relacionados con los convenios suscritos para la celebración del Valencia Summit y de los Juegos Europeos], hubieran podido tener la alcaldesa de Valencia [Rita Barberá] y el que fuera presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps". Según recuerda el auto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no admitió dirigir la imputación contra estos aforados, si bien dejó la cuestión abierta. “Pensamos que, tal vez, esa decisión podría haber sido nuevamente revisada a la luz de la conclusión de la investigación, por cuanto el TSJ [valenciano] indicó que en ese momento procesal no había indicios para dirigir una imputación contra los citados aforados, pero tal declaración no fue terminante, ni dejó ya definitivamente cerrada o juzgada la cuestión”, recoge el texto. La Audiencia entiende que se pudo haber aprovechado la vía del recurso para solicitar nuevamente la imputación de Camps y Barberá, si es que alguna de las partes estimaba que, de alguna manera, podrían haber ilícitamente participado en las contrataciones controvertidas. “Una solicitud que nos hubiera hecho replantearnos nuestra competencia, pero ninguna parte acusadora ha suscitado esta cuestión y por tanto hemos de estar y pasar por lo dicho por el tribunal valenciano al denegar la imputación por insuficiencia de indicios contra Barberá y Camps, porque tal decisión se presenta ya inatacable”, dice el tribunal. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/07/valencia/1415363171_926121.html 38. C.VALENCIANA LA CORRUPCIÓN AGOBIA A BARBERÁ Grau, imputado en Nóos, estudia dimitir para salvaguardar a la alcaldesa Las pesquisas en Feria Valencia y el ‘caso Emarsa’ afectan al entorno de la regidora A estas horas Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia, sopesa si dimite de su cargo como número dosde Rita Barberá después de que la Audiencia de Palma de Mallorca lo haya dejado a un paso del banquillo de los acusados por los convenios suscritos entre 2004 y 2006 por la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, cuyo patronato preside, y el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin.

 

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Lo hace poco después de jactarse en un pleno de que la alcaldesa y su gobierno llevaban más de 20 años al frente del Consistorio sin un solo caso de corrupción. Grau acusó a los grupos de la oposición de “vendedores vulgares de ideas, como los del viejo oeste”, cuanto exigieron explicaciones por la responsabilidad de Barberá en los escándalos de las jornadas Valencia Summit organizadas por Urdangarin, la gestión de la depuradora de la pedanía de Pinedo a través de la empresa pública Emarsa o los sobrecostes de Feria Valencia, de cuyo patronato es presidenta. Grau, que medita su renuncia para salvaguardar a la regidora de la presión política, no ha podido evitar, sin embargo, que el auto de la Audiencia de Palma, echase en falta en la causa al expresidente valenciano Francisco Camps y a la alcaldesa, exonerados por el Tribunal Superior de Justicia valenciano. “Constatamos que ha quedado al margen del escrutinio judicial la posible participación [de los dos políticos] en los convenios de los Valencia Summit”, dice el auto. La Audiencia considera que los dos aforados podrían haber “ilícitamente participado” en “contrataciones controvertidas”. Y alude a la alcaldesa que “impulsó la contratación” del evento. “De ahí los contactos previos y personales” que mantuvieron Urdangarin y Torres con ella “y con el presidente de la Generalitat”, recogen los magistrados. “Estamos avergonzados de la manera en que los dirigentes del PP han gestionado el dinero de los valencianos”, denunció ayer el portavoz municipal socialista, Joan Calabuig, cuyo grupo está personado en el caso Nóos. El edil subrayó la influencia determinante de Barberá en las principales instituciones de la capital. Y no se paró solo en el caso Urdangarin. Siguió con otro de los casos más onerosos para las arcas públicas valencianas: el saqueo de 31 millones de euros a Emarsa, la sociedad pública que gestionaba la depuradora de Pinedo. Las investigaciones que empañan la imagen de la ciudad Caso Nóos. Las irregularidades en la contratación de las jornadas Valencia Summit, impulsadas en las reuniones mantenidas entre el expresidenteFrancisco Camps, Rita Barberá, Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, han colocado al vicealcalde Alfonso Grau a un paso del banquillo, al igual que otros tres ex altos cargos de la Ciudad de las Artes. Las jornadas Valencia Summit, de 2004 a 2006, y un convenio para organizar unos Juegos Europeos costaron casi cuatro millones de euros, que se contrataron sin observar la ley de contratos públicos. El ‘caso Emarsa’. Un total de 24 millones de euros es lo que calcula el juez que se saqueó en la depuradora de la pedanía valenciana de Pinedo a través de la empresa pública Emarsa. Entre los 24 acusados que están a la espera de que se fije la fecha del juicio oral figura el exgerente Esteban Cuesta, que era presidente del PP en el distrito de Poblats de l’Oest. El saqueo de la depuradora permitió la colocación de militantes populares como asalariados. Los gestores se apropiaron de cantidades millonarias y agasajaron con regalos caros a los principales cargos del PP. Feria Valencia. La Fiscalía ha iniciado las investigaciones para esclarecer si los sobrecostes de la ampliación del recinto y algunos gastos desorbitados se realizaron dentro de la legalidad. Las actuaciones tienen lugar después de un informe de la Intervención de la Generalitat que cuestiona la gestión realizada, fundamentalmente bajo la presidencia de Alberto Catalá y la dirección de la hoy diputada nacional, Belén Juste. Dos personas que mantienen una relación de amistad personal con la alcaldesa de Valencia, que preside el patronato de la institución ferial. Fue una coincidencia pero el mismo día que la Audiencia de Palma imputaba de nuevo a Grau, el juez instructor Vicente Ríos abrió juicio contra 24 acusados por el saqueo de la depuradora, algunos de ellos de la órbita del PP de la capital e incluso del Gobierno local de Barberá. Es el caso de Esteban Cuesta, expresidente del PP en la Agrupación de Poblats de l’Oest y exalcalde pedáneo de Benimàmet. O Santos Peral, ex secretario general del PP de Patraix e Ignacio Martínez Maiques, ex secretario general del PP en el distrito de Trànsits. La propia Barberá recibió del gerente de Emarsa y principal imputado regalos pagados por la depuradora. La secretaria de Cuesta declaró como testigo en el juzgado que en dos ocasiones

 

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llevó a la regidora bolsos de la marca Loewe. También declaró que el desembarco en Emarsa de uno de los personajes más turbios de la trama, Sebastián García, fue gracias al actual concejal de Hacienda de Barberá, Silvestre Senent. Ni Barberá ni el resto de su gobierno ha aceptado vínculo alguno con el saqueo, pero Senent fue relevado de la presidencia del PP local a principios de 2013 tras 20 años en el cargo y con la investigación de Emarsa abierta. Un tercer escándalo ha salpicado de lleno a Feria Valencia, otra institución cuyo patronato preside Rita Barberá. La Generalitat admitió hace unos días que la Fiscalía de Valencia investiga los sobrecostes de la ampliación del recinto, que puede suponer para la Generalitat el desembolso de 1.027 millones de euros al no poder la institución hacer frente a los pagos de la deuda. Los órganos de gobierno de la institución, que presidía en este controvertido periodo Alberto Catalá —persona de confianza de Barberá— se gastaron en 11 años 142 millones de euros en dietas y viajes. Como recoge un informe de la Intervención de la Generalitat, realizado recientemente por Hacienda y en poder de la fiscalía, la ampliación de la feria se hizo sin controles del patronato ni de la Generalitat. La regidora ha defendido siempre que se le ha preguntado por los hechos que es una institución de carácter privado y no está sometida a la fiscalización pública. Un criterio que no comparte la Intervención. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/08/valencia/1415478543_089526.html 39. C.VALENCIANA. VICENTE SANZ CUMPLE CINCO AÑOS SIN SER JUZGADO POR ABUSO SEXUAL El exdirectivo de Canal 9 se valió de su cargo para presionar a empleadas Circunspecto, cabizbajo, con la mirada huidiza, Vicente Sanz esperaba hace un año su turno para entrar en el juzgado de Paterna. Fue la última vez que se le vio en público. Nada hacía pensar que unos años atrás este jubilado de 69 años había sido el todopoderoso secretario general y jefe de recursos humanos de RTVV, el hombre extrovertido que hacía y deshacía en los años de despilfarro, manipulación y clientelismo. Fue en ese periodo, entre 2007 y 2010, cuando Sanz se prevalió de su puesto de trabajo para solicitar favores de naturaleza sexual a tres trabajadoras de la casa, según el auto de procesamiento. El próximo mes de febrero se cumplirán cinco años desde que las tres exempleadas denunciaron los hechos en un escrito, profuso en el relato de vejaciones sexuales, obscenidades y amenazas proferidas por el que fuera el máximo responsable de personal. Y todavía no se ha abierto el juicio contra el que fuera también presidente del PP provincial de Valencia y secretario general del grupo parlamentario popular en las Cortes. Su carrera política se truncó al trascender unas declaraciones suyas relativas a que estaba en política para “forrarse”. Fue entonces cuando fue a parar a RTVV. La Audiencia Provincial de Valencia debe resolver, previsiblemente en noviembre, un recurso contra la inclusión de una prueba que presentó la defensa de Sanz, que en su última aparición en público volvió a negar los hechos que se le imputan, supuestamente cometidos en su despacho y en un apartamento en Canet d’En Berenguer. Entonces prefirió que no se le leyera el auto de procesamiento. Salió escoltado por la policía y bajo una lluvia de insultos de acosador proferida por extrabajadores de RTVV. Detrás del retraso están los cambios en el juzgado y una laboriosa instrucción La apertura del juicio se ha atrasado, según fuentes jurídicas, por los cambios en el juzgado de Instrucción de Paterna, por los recursos de la defensa y la dificultad de la trabajosa instrucción. También, añaden las fuentes, por la petición de las acusaciones de que se analizasen cerca de 25.000 registros telefónicos entre llamadas, mensajes de texto y documentos adjuntos de varias terminales vinculadas a Sanz. Una labor que el juzgado remitió a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la división policial encargada entre otras investigaciones del caso Gürtel.

 

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La ingente documentación incluye múltiples mensajes de texto, fotografías, grabaciones de vídeos, conversaciones telefónicas o testimonios, entre otro tipo de material. La instrucción suma ocho tomos. Con la instrucción concluida y una vez resuelto el recurso pendiente, se abrirá el plazo de las calificaciones de las acusaciones y de la defensa. Luego se abrirá el juicio, que arrancará más de un año después de que el presidente de la Generalitat decidiera cerrar la televisión en la que ejercía su poder Vicente Sanz. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/18/valencia/1413652679_618652.html 40.C.VALENCIANA. CALATRAVA DICE QUE CAMPS LE PIDIÓ UNA OBRA MÁS GRANDE EN CASTELLÓN El entorno del expresidente niega que aprobara el sobrecoste de las obras Santiago Calatrava: “Hay una campaña de descrédito contra mí con fines electorales” El arquitecto Santiago Calatrava dijo ayer que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps le pidió un proyecto de grandes dimensiones, al testificar como imputado sobre los sobrecostes derivados de su proyecto para el Centro de Convenciones de Castellón, que finalmente no llegó a ejecutarse, según la acción popular que ejerce el grupo Esquerra Unida (EU). La defensa, consultada, niega que la declaración de Calatrava suponga una implicación de Camps, pero confirma la existencia de una llamada y la reunión entre el arquitecto y el entonces presidente. La esperada declaración judicial de Calatrava como imputado en una causa que investiga posibles irregularidades en su contratación para la obra no arrojó demasiada luz sobre qué organismo o quién le autorizó oficialmente a sobrepasar las características iniciales de la obra. Hasta en dos ocasiones, sin embargo, apuntó hacia el expresidente como la persona que, indirectamente, respaldó el proceso. En la declaración desveló una llamada telefónica y una reunión con Camps en la que autorizó un diseño que superaba los 60 millones “orientativos” estipulados por contrato. Esquerra Unida considera “crucial” la llamada de Camps al arquitecto La llamada de Camps se produjo antes de la presentación oficial de la maqueta y en un momento en el que no se habían definido aún las dimensiones del proyecto. La empresa pública que encargó la obra había remitido al arquitecto un programa de necesidades que implicaba construir el edificio en un solar de 17.000 metros cuadrados. El Ayuntamiento de Castellón lo eleva a 62.000 metros. Unos días después, el despacho del arquitecto dice que recibe un tercer proyecto de 48.000 metros. Finalmente, presentó un plan basándose en la última opción. “La maqueta expuso públicamente un proyecto grandioso que excedía todos los números citados anteriormente (…) Son requerimientos asumidos unilateralmente”, recoge el informe del técnico de la SPTCV emitido días después de la presentación del proyecto básico en noviembre de 2008. Desde entonces, la sociedad inicia una batalla epistolar con el arquitecto para que rectificara porque estimaron en 180 millones (cien en una primera fase) el coste de un edificio que se había presupuestado en 60. Camps llamó a Calatrava antes de la presentación de la maqueta y le pidió que se volcara en la obra porque quería algo “emblemático” que pusiera a Castellón en el mapa. Según ha explicado el diputado de EU Ignacio Blanco, el arquitecto entendió con esta llamada que su proyecto no debía ajustarse a los 17.000 metros iniciales. De hecho, acabó presentando una obra mayor que implicaba un coste mayor. “Nos parece una llamada crucial, uno de los grandes misterios era saber quién estaba detrás”, dijo. Su defensa asegura por su parte que el arquitecto presentó un proyecto que podía ajustarse a posteriori al presupuesto de 60 millones ante la indefinición de las dimensiones. Calatrava sostiene que cumplió en todo momento con el contrato.

 

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Desde noviembre de 2008 hasta justo un año después existen varios documentos de la SPTCV en la que se le requiere insistentemente para que rectifique y se ciña a los 60 millones. El proyectista, por su parte, exige cobrar los últimos 1,35 millones por la redacción del proyecto básico (el Consell pagó un total de 2,7 millones) y amenaza con demandar por enriquecimiento injusto a la empresa pública. El consejo de administración de la SPTCV celebrado en marzo de 2009 acordó “no abonar” dicho importe “hasta la modificación y adecuación del mismo”. Pero Calatrava acabó cobrando a finales de ese año tras un cambio en la cúpula de la sociedad. El arquitecto desveló ayer que días después del pago Francisco Camps se reunió con representantes de su despacho. Según EU, Calatrava habría admitido ante el juez que el político ratificó en ese encuentro el proyecto de tres fases que implicaba un coste de cien millones iniciales y 180 en total. Su defensa lo niega y aseguran que Camps se limitó a escuchar las características de la obra y que el propio proyectista le dijo que en el proyecto de ejecución podía hacer solo la primera fase y adecuarlo a los 60 millones. El entorno de Camps, por su parte, aseguró que ni el expresidente, ni el Consell, ni nadie de la Administración autorizaron “sobrecostes” en la obra. El proyecto se paralizó poco después por la crisis y porque los tribunales anularon el plan urbanístico que le iba a dar cabida. El Tribunal Superior de Justicia valenciano informó de que el juez no ha acordado nuevas diligencias tras la declaración de Calatrava. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/28/valencia/1414488866_368953.html