BOLETIN Nº 652losgenoveses.net/Parte semanal/2012/Boletin 652... · 03. la salida de los cuidadores provoca el peor noviembre en el empleo desde 2001 04. hacienda recauda 1.200 millones

BOLETIN Nº 652

LAS OTRAS NOTICIAS DEL P. P

Del 01 al 07 de Diciembre 2012

INDICE

01. RAJOY ADVIERTE DE QUE PARA REFORMAR LA LEY FUNDAMENTAL TIENE QUE HABER UN “OBJETIVO CLARO”

02. LA CAÍDA DEL EMPLEO A NIVEL DE 2003 SECA LAS ARCAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

03. LA SALIDA DE LOS CUIDADORES PROVOCA EL PEOR NOVIEMBRE EN EL EMPLEO DESDE 2001

04. HACIENDA RECAUDA 1.200 MILLONES GRACIAS A LA AMNISTÍA FISCAL, LA MITAD DEL OBJETIVO

05. LAS PENSIONES PIERDEN MÁS EN UN AÑO CON RAJOY QUE EN TODA LA ERA ZAPATERO

06. BAÑEZ AFIRMA QUE LA HUCHA DE PENSIONES SE USARÁ SI ES NECESARIO PARA PAGAR

07. EL PP SE COMPROMETIÓ HACE UN MES A REVALORIZAR LAS PENSIONES CON EL IPC

08. WERT: “SOY COMO EL TORO BRAVO QUE SE CRECE CON EL CASTIGO”

09. LA REFORMA GIRA HACIA LA CONCERTADA

10. WERT BLINDA LA ENSEÑANZA EN CASTELLANO

11. LOS RECTORES DE TODA ESPAÑA SE UNEN CONTRA LOS RECORTES DE WERT

12. JUSTICIA PONE EL REGISTRO CIVIL EN MANOS DE LOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD

13. ABOGADOS, SINDICATOS Y CONSUMIDORES SE UNEN CONTRA LAS REFORMAS DE GALLARDÓN

14. FAES DOBLA A LA FUNDACIÓN IDEAS EN LAS SUBVENCIONES DE EXTERIORES

15. DÍAZ FERRÁN, ACUSADO DE EVADIR 50 MILLONES TRAS ‘VACIAR’ VIAJES MARSANS

16. EL 27% DE LOS ESPAÑOLES ESTABAN EN RIESGO DE POBREZA O EXCLUSIÓN SOCIAL EN 2011

17. C.A BALEARES. EL PP NOMBRA A OTRO MILITAR PARA UN CARGO POLÍTICO EN BALEARES

18. C.A CASTILLA LA MANCHA. ECHÁNIZ ACUSA A LOS MÉDICOS DE OPERAR MÁS DE LO NECESARIO PARA COBRAR PEONADAS

19. C.A GALICIA. EL PUERTO DE FERROL PAGA UN PLEITO PERSONAL A SU PRESIDENTE

20. C.A MADRID. EDUCACIÓN DA COBERTURA A LOS POLÉMICOS DOCENTES NATIVOS CONTRATADOS EN MADRID

21. C. A MADRID. GONZALEZ REBAJA IMPUESTOS Y SE RESERVA PERDONAR FALTAS MUY GRAVES A EUROVEGAS

22. C.A MADRID. EL HUNDIMIENTO DE TELEMADRID

23. C.A MADRID. EL GOBIERNO DE BOTELLA CIERRA EL ‘CASO MADRID ARENA’ SIN ASUMIR CULPA ALGUNA

24. C.VALENCIANA. LA AUDIENCIA DECLARA PRESCRITA LA CONDENA A TABARES POR EL ‘CASO IVEX’

25. C. VALENCIANA. DOS AÑOS MÁS DE INHABILITACIÓN PARA EL DIPUTADO DEL PP HERNÁNDEZ MATEO

26. C.VALENCIANA. LÓPEZ JARABA DIMITE COMO DIRECTOR GENERAL DE RTVV

01. RAJOY ADVIERTE DE QUE PARA REFORMAR LA LEY FUNDAMENTAL TIENE QUE HABER UN “OBJETIVO CLARO”

Cuando el 6 de diciembre del próximo año se celebre el 35º aniversario de la Constitución, con toda probabilidad no se habrá dado paso alguno para su modificación en ninguno de sus artículos, capítulos y títulos. Esa es la previsión de experimentados políticos de distintos partidos, incluidos el PSOE y el PP. Y no porque no estimen la conveniencia de algunas modificaciones, sino porque no se dan las condiciones necesarias para llevarlas a cabo. La fundamental: el consenso que se dio en 1978.

El clima en el que este jueves se celebró el 34º aniversario de la aprobación en referéndum de la Constitución estuvo impregnado de pesimismo por la hondura de la crisis económica y por las llamadas al diálogo para afrontar una de las etapas más difíciles de la historia de España desde el fin de la dictadura.

Los presidentes del Congreso y del Senado, Jesús Posada y Pío García-Escudero, fueron los encargados de levantar la bandera del diálogo, aunque hubo matices diferenciales entre uno y otro, ambos del PP. García-Escudero se preguntó sobre el grado de vigencia de la Constitución, para responderse que era pleno, aunque esta evidencia no excluye que se reforme, porque su “versatilidad” lo permite. No tiene dudas el presidente del Senado sobre la necesidad de abordar, por fin, el cambio de la Cámara territorial, planteada “casi desde el momento en el que nació”. Una ponencia para ese fin trabaja desde hace varios meses con discreción y sin meterse aún en los temas más espinosos. Pero en el ambiente político de este jueves planeaba la pregunta de si los males que aquejan a la vida social, política, económica e institucional del país pueden tener alivio con un cambio constitucional. “Los valores que inspiraron la Constitución de 1978 deben guiar la salida de la crisis económica”, dijo Posada, presidente del Congreso, muy unido a Mariano Rajoy. “En esta etapa de dificultades, no es momento para plantear aventuras secesionistas”, remató.

Esta advertencia no quiere afirmar ni negar ninguna posibilidad de retoques en el futuro, según apostilló después el presidente del Congreso. Pero ahora no puede haber cambios si ni siquiera hay diálogo, fue lo que explicó en charla informal con los periodistas, formato en el que continuó toda la recepción con las autoridades.

"Cambiar la Constitución, ¿para qué?", se preguntó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Tampoco dijo ni que sí ni que no; ni siquiera apuntó qué parte de la Ley Fundamental está más necesitada de ser remozada. Pero sí ve tres condiciones para abordar un posible cambio: definir con claridad el objetivo de la reforma; máximo consenso para abordarla y que el momento sea oportuno. No se ha escuchado al Gobierno, en su año de andadura, abogar por una reforma, así que caben pocas especulaciones al respecto. ¿Estaría dispuesto el PP a pactar con el PSOE el cambio constitucional para que las mujeres pudieran acceder a la Corona? Esta fue una de las propuestas del anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, junto a otras sobre las que no debería haber controversia, pero que no llegaron a parte alguna. No quiso este jueves Rajoy dar ni un paso más, salvo para decir que la Ley Fundamental “está plenamente vigente”.

No lo duda casi nadie, ni siquiera los que hablan con naturalidad de cambiarla en algunos aspectos. El afecto a la Constitución de 1978 es evidente, por más que ahora se cuestione en cuanto a su ordenamiento territorial y estructura de Estado. Pero en este aniversario de la Constitución no había interlocutores para defender un sistema diferente por la ausencia deliberada de los partidos nacionalistas en este acto. No estuvo presente ningún representante de CiU, lo que es una novedad; ni tampoco del PNV, que sí son habituales.

Cambiar la Constitución para garantizar “más igualdad, más libertad y más justicia”, sí, dice la presidenta de UPyD, Rosa Díez, pero solo para eso.

Por tanto, las objeciones que este jueves se pusieron no se dirigieron a pedir cambios constitucionales, sino respeto a la Ley Fundamental. El presidente de Andalucía y del

PSOE, José Antonio Griñán, fue al grano: “No hay que cambiar la Constitución, sino respetarla, y el PP no la respeta porque la está cambiando a través de sus leyes”. Y puso un ejemplo. La reforma laboral, “al acabar con los convenios colectivos y arrumbar el papel de los sindicatos, incumple con los derechos laborales y con el papel que la Constitución otorga a las centrales sindicales”, lanzó. Los cambios en el sistema educativo y sanitario también vulneran, según Griñán, la igualdad de oportunidades que consagra la Constitución. En suma, entiende que la Constitución se incumple en espíritu y letra.

Este hilo argumental lo sostiene con fuerza el coordinador general de IU, Cayo Lara, que para dejar en evidencia que “nada tenía que celebrar”, acudió a la puerta del Senado, hizo unas declaraciones y se fue antes de que empezara el acto. “No se puede rendir homenaje a una Constitución que se está violando cada día por unos con el consentimiento de otros”.

PP y PSOE sí se pusieron de acuerdo en agosto de 2011 para cambiar en horas la Constitución con la obligación del déficit cero.

http://politica.elpais.com/politica/2012/12/06/actualidad/1354799719_631527.html

02. LA CAÍDA DEL EMPLEO A NIVEL DE 2003 SECA LAS ARCAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La ocupación sufre hasta noviembre su peor balance desde 2009 por los recortes y la recesión

El número de personas con trabajo y pagando sus cotizaciones retrocede a niveles de 2003

El desplome de la afiliación obliga a usar otros 3.500 millones del fondo de reserva

La fatídica combinación de los recortes públicos y recesión ha devuelto al mercado laboral español a niveles de 2003 en cuanto al número de afiliados a la Seguridad Social. Según los datos que ha publicado este martes el departamento que dirige Fátima Báñez, el número de inscritos bajó en 205.679 personas en noviembre, hasta dejar la media del mes en 16,5 millones. Nunca en estos nueve años había habido en España tan pocos inscritos con un trabajo y pagando sus cotizaciones, lo que ha tenido un duro impacto en las arcas de la Seguridad Social, que por el otro lado ha tenido que seguir aumentando la partida destinada a pensiones y prestaciones por paro. Ante este descuadre de las cuentas, desajuste que el Gobierno ha vuelto a echar mano del fondo de reserva de las pensiones, de donde ayer sacó 3.530 millones para pagar la extra de navidad, según ha revelado esta mañana el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos.

Con ello, el Ejecutivo ya ha usado más de 6.500 millones en lo que va de año de la conocida como la hucha de las pensiones, que empezó el año con 69.200 millones. No obstante, si el objetivo con el que se creó fue el de hacer frente a largo plazo del envejecimiento de la población, la crisis ha obligado a recurrir a él para solucionar un eventual problema de liquidez del sistema.

Según ha justificado Burgos, la "insuficiencia" para afrontar el pago de diciembre es la causa que ha motivado esta decisión. Y por si hubiera que volver a echar mano de la hucha, también se ha suprimido el tope que limitaba la cantidad máxima de dinero que cada año se podía extraer de este instrumento.

Además de recurrir al fondo de reserva, el deterioro de las finanzas públicas también ha llevado al Gobierno a no pagar a los pensionistas por la desviación de la inflación en 2012, decisión que se traduce en dejar de recibir 436 euros de media por cada perceptor.

Pese a las medidas de ahorro y a que también ha recurrido al sobrante de la gestión de las mutuas, la Seguridad Social volverá a cerrar en 2012 su segundo año consecutivo en déficit, aunque el desfase de este año multiplicará por 15 el del pasado ejercicio y no tiene precedentes, según las previsiones del Ministerio de Empleo. El departamento de


Fátima Bánez espera acabar el año con un agujero de 10.500 millones. Fruto de ello, la relación entre trabajadores y pensionistas sigue menguando y ya está en 2 ocupados por cada perceptor de una prestación, muy lejos de los niveles que se consideran mínimamente sostenibles y en cotas desconocidas en 10 años.

El origen de este fuerte deterioro está en una caída de la afiliación también de órdago y que ha superado las previsiones del Gobierno. De hecho, la destrucción de puestos de trabajo aumentó hasta los 717.482 empleos en noviembre frente al mismo mes de 2011, según los datos de la Seguridad Social. La cifra es la peor desde 2009, cuando en el mismo periodo se dieron de baja del sistema 873.718 personas, aunque el Ejecutivo matiza que el dato está condicionado por la baja de 85.223 cuidadores de familiares que hasta ahora cotizaban pero que han salido del sistema víctima de los recortes en las prestaciones por dependencia.

La estadística, en cualquier caso, no hace sino reflejar lo que mucha gente sufre en su día a día a la hora de buscar un trabajo y que se resume en que el mercado laboral español se está comportando igual de mal que lo hizo en la anterior recesión. Lo peor es que ahora llueve sobre mojado y los nuevos parados se suman a los desempleados de entonces, uno de cada dos no ha logrado volver a trabajar, según la otra fuente que sirve para medir el desempleo y que es la Encuesta de Población Activa del INE.

Pese a que la recaída de la actividad y el impacto de los recortes en el gasto público, ajustes que han dejado sin empleo a 192.000 personas vinculadas a la administración, la educación y la sanidad, han devuelto la situación que había en la peor fase de la crisis, el Gobierno defiende que el paro no está aumentando tanto como en 2011, aunque sí admite que está en niveles de máximos históricos.

"La lectura (de los datos de paro) debe realizarse al calor de este acontecimiento puntual (de los cuidadores) y de la coyuntura económica", ha señalado la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo. Según ha añadido, el ritmo de crecimiento del paro rondaría el 10% interanual en noviembre, en línea con los últimos meses, si se descontase este efecto estadístico, frente al 12,5% que se alcanzó en mayo de este mismo año. "Esta tendencia es coherente con el hecho de que en los últimos meses el paro se está comportando en el cómputo global mejor que en 2011", ha añadido. No obstante, el ritmo de crecimiento del paro en 2011 no superó en ningún mes el 8%, que es el mínimo que se ha alcanzado en este 2012.

El gasto en prestaciones aumenta un 6% hasta octubre

El gasto en prestaciones por desempleo supuso en octubre el desembolso de 2.642 millones de euros, con lo que el saldo acumulado en los 10 primeros meses del año aumentó hasta los 26.339 millones. Esta cifra supera en un 6% al gasto realizado en el mismo periodo de 2011 y confirma lo desajustado de las previsiones del Gobierno, que estimaba un recorte del 5,5% para el conjunto del ejercicio.

Además, a tres meses de final de año, ya que el Ministerio de Empleo da los datos sobre prestaciones con un mes de retraso, el desembolso total se queda a apenas 2.500 millones del máximo previsto para todo el ejercicio. Para paliar la insuficiencia de los servicios públicos de empleo para financiarse con las aportaciones sociales de empresarios y trabajadores, el Gobierno inyectó 13.306 millones a este organismo para pagar el paro, pero el persistente auge del desempleo ha hecho insuficiente esta aportación.

Para reducir el gasto en prestaciones, el Ejecutivo endureció los requisitos para beneficiarse de la renta activa de inserción y recortó la cuantía que se abona a los parados que lleven más de medio año apuntados al antiguo Inem. No obstante, confía en que el efecto de estas medidas, aprobadas en julio, se note más en 2013. Para el próximo año prevé gastar un 6,3% menos. Esto es, 26.696 millones, prácticamente lo mismo que ha abonado hasta octubre. Y eso que reconoce que se seguirá destruyendo empleo y que la tasa de paro apenas se reducirá unas décimas, proyecciones que no comparten la mayoría de analistas privados y organismos internacionales.

http://economia.elpais.com/economia/2012/12/04/actualidad/1354622667_262187.html

03. LA SALIDA DE LOS CUIDADORES PROVOCA EL PEOR NOVIEMBRE EN EL EMPLEO DESDE 2001

La afiliación cae en 205.678 ocupados condicionada por los recortes en la ley de dependencia

El paro registrado aumenta por cuarto mes consecutivo y repunta en 74.296 desocupados

El total de personas apuntadas al antiguo Inem marca un nuevo récord histórico

Los cambios en la ley de dependencia, modificaciones que han motivado la salida del sistema de 150.000 semiprofesionales que antes cotizaban, han provocado el peor mes de noviembre para el empleo de toda la serie histórica, que arranca en 2001, según los datos que ha publicado este martes el Ministerio de Empleo con medias mensuales. Durante el pasado mes se dieron de baja de la Seguridad Social 205.678 personas, lo que sitúa la cifra global de ocupados en 16.531.048, el nivel más bajo desde marzo de 2003. Del total, 85.233 corresponden a los cuidadores de personas en situación de dependencia con lo que, aun teniendo en cuenta esto y restando sus bajas, el dato se sitúa como el segundo más malo para un mes de noviembre de todo este periodo por detrás del de 2008.

Frente al conjunto de la serie histórica, el dato representa el séptimo más malo para el empleo del total y solo se ve superado por algunos meses de enero y agosto de estos años de crisis.

El hecho de que las estadísticas oficiales recojan solo 85.223 bajas asociadas a los cuidadores cuando en realidad la salida total de personas apuntadas en este sector de actividad fue prácticamente el doble se explica porque el Ministerio ofrece medias mensuales de afiliación y la fecha en la que se formalizó la medida fue el 15 de noviembre, con lo que solo se computa a la mitad de los afectados.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha justificado los resultados de noviembre en que “reflejan la corrección estadística derivada de la afiliación de cuidadores no profesionales de la Dependencia". Además, ha destacado que este colectivo "no solo no incorporaba recursos al sistema, sino que trajo aparejada un coste de 1.034 millones desde 2008 hasta ahora”.

Por su parte, el paro registrado en los servicios públicos de empleo aumentó en 74.296 personas en noviembre, un mes que junto a agosto y enero es el tradicionalmente más malo para el empleo en España, pero no tanto. Tras este repunte, que representa el cuarto mes consecutivo de subidas, el número de personas apuntadas al antiguo Inem asciende a 4,9 millones. Nunca antes había habido tantos desocupados en la lista del paro.

El balance mensual del paro registrado también está condicionado por la extinción de los convenios especiales de los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia. Sin contar con este cambio, el desempleo habría aumentado en 36.313 desocupados.

Por su parte, los datos de la Seguridad Social y los servicios públicos de empleo limpios de polvo y paja, esto es, corregidos de efectos estacionales, también arrojan resultados negativos. Del lado de la ocupación, la afiliación cae en 144.337 personas y, en cuanto al paro, aumenta en 49.450 desocupados.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha reconocido que "sin duda un mal dato" aunque ha reiterado que el Gobierno trabaja “cada día para darle la vuelta a esa situación”. Según ha declarado, el paro es "el rostro de la crisis" y también la razón para “no tirar la toalla”. Asimismo, ha asegurado que la reforma laboral "está ayudando a frenar la destrucción de empleo" y "facilitará que cuando volvamos a crecer se cree empleo establece y de calidad".


Por sectores, el paro aumenta principalmente en los servicios, que acapara el 85% de los nuevos desempleados con 63.166. Por detrás, la agricultura aporta 5.777 parados más y, la industria, 4.670. Mientras, en el colectivo de personas sin empleo anterior aumenta en 2.954 Y entre los jóvenes menores de 25 años baja en 1.014 personas.

En el lado opuesto, el desempleo entre los trabajadores procedentes de la construcción disminuye en 2.271 personas. Por sexo, el desempleo sube más entre las mujeres, ya que la gran mayoría de afectados por la extinción de los convenios por dependencia eran cuidadoras.

Por comunidades, el paro registrado solo desciende en la Comunidad Valenciana en 3.101 personas y sube en el resto, sobre todo en Andalucía (23.553) y en las Islas Baleares (9.226).


04. HACIENDA RECAUDA 1.200 MILLONES GRACIAS A LA AMNISTÍA FISCAL, LA MITAD DEL OBJETIVO

La regularización de dinero oculto promovida por el Gobierno se salda con 31.484 declaraciones Los inspectores de Hacienda tildan la medida de “fracaso”

El Gobierno había justificado la amnistía fiscal, una de sus decisiones más controvertidas, por la necesidad de lograr ingresos públicos en una “situación extraordinaria”. Basta con acudir al objetivo que se fijó el propio Ejecutivo para concluir que la recaudación ha resultado una justificación con pies de barro. Según desveló este lunes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la amnistía aportará unos 1.200 millones al fisco, menos de la mitad de los 2.500 millones presupuestados.

Tras el anuncio del ministro, Hacienda precisó algo más el resultado: bajo la amnistía fiscal, que acabó el pasado 30 de noviembre, se han presentado 31.484 declaraciones, “con un balance provisional de 1.191 millones”. De media, se ingresarán 37.830 euros por declaración.

Durante seis meses, la amnistía fiscal permitió a los defraudadores regularizar bienes y derechos por los que no habían tributado, siempre que pagaran un 10% de multa, un tipo muy inferior al aplicado en la mayoría de impuestos. Además, como es frecuente en estos procesos, Hacienda blindó a los evasores de investigaciones penales por regularizar el dinero oculto. Y adelantó que, una vez cerrada la amnistía, endurecería las medidas antifraude.

Montoro cree que “valió la pena” y Guindos se aferra a ingresos futuros

Hacienda fue más allá: extendió la amnistía al dinero en efectivo; aseguró que la Agencia Tributaria no haría comprobaciones “aisladas” de los datos suministrados en la declaración. Y, en el caso de que se acreditara que se tenía el dinero oculto desde antes de 2008 (ejercicios prescritos), limitó la multa del 10% a los intereses generados entre 2008 y 2010: una escuálida contrapartida a cambio regularizar todo el capital.

Pero las facilidades dadas a los defraudadores no han dado el fruto esperado por el Gobierno. Y ahora Hacienda tiene 1.300 millones de ingresos menos de lo presupuestado para este año, un golpe más a su pretensión de dejar el déficit conjunto de la Administración central y la Seguridad Social en el 4,5% del PIB.

Pese a la evidencia de que la recaudación ha quedado muy lejos de lo pretendido, Montoro optó por una lectura triunfalista: “Ha valido la pena hacer una operación así en un momento como el que vive España, permite recaudar mucho más en momento vital para financiar los servicios públicos y conseguir alcanzar el objetivo de déficit”, dijo en unas jornadas organizadas por el diario Sur en Mijas (Málaga). En Bruselas, el ministro de Economía, Luis de Guindos, prefirió destacar que “lo fundamental” es “lo que se recaudará en los años próximos” al aflorar unas bases imponibles de, al menos, 12.000 millones, un dato que Hacienda aún debe precisar.

Se crea un boquete de 1.300 millones en el presupuesto estatal de 2012


“Para el Gobierno, lo único que legitimaba la amnistía fiscal era la recaudación, y hasta eso ha resultado un fracaso”, opuso Ransés Pérez Boga, presidente de la organización profesional Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). Pérez Boga recalcó que “la alternativa natural, la lucha contra el fraude, obtiene resultados sin menoscabar la confianza de los ciudadanos”. Recordó que la Agencia Tributaria lleva recaudados este año 1.300 millones más de lo previsto (8.600 millones) como consecuencia de la persecución del fraude.

“Se ha demostrado que confiar en los defraudadores es mal negocio”, afirmó. Sobre la recaudación en próximos años por el capital aflorado, el presidente de IHE se mostró escéptico: “Tiene toda la pinta de que será el chocolate del loro, aunque depende de los activos aflorados”. La tributación de los intereses de una cuenta es mucho menor que si, cuando se originó esa renta, hubiese tributado por IRPF o el impuesto de sociedades. Y, en el caso de inmuebles o fondos de inversión, solo habrá una tributación significativa si se enajenan con amplios beneficios en el futuro.

“Los grandes patrimonios no se han acogido a la amnistía”, opinó Carlos Cruzado, presidente de Gestha, sindicato de técnicos de Hacienda, quien también relacionó el “fracaso” de la amnistía con las facilidades para pagar mucho menos del 10% en caso de que el dinero lleve oculto más de cuatro años. “Ha sido injusta, inútil e ineficaz”, concluyó la portavoz de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero.


05. LAS PENSIONES PIERDEN MÁS EN UN AÑO CON RAJOY QUE EN TODA LA ERA ZAPATERO

La merma de poder adquisitivo de 1,9 puntos supera a los 1,2 puntos del PSOE

Entre 2004 y 2011, las prestaciones mínimas subieron en torno al 50%

La gestión de las pensiones que hizo Zapatero quedó muy tocada por una decisión: congelar las pensiones en 2011. En los siete años de Gobierno, las prestaciones mínimas subieron a un ritmo de vértigo. El resto incluso habían ganado poder adquisitivo hasta que llegó la congelación. Pero aquella decisión se llevó por delante esa ganancia e hizo que el saldo final fuera negativo, (-1,2 puntos porcentuales). En cambio, en un solo año de Gobierno de Mariano Rajoy las pensiones ya se han devaluado más: 1,9 puntos porcentuales.

El primer Consejo de Ministros de Rajoy, celebrado el 30 de diciembre de 2011, decretó un aumento de las pensiones de un 1%. Había que esperar hasta noviembre —el mes de referencia para la revisión— para saber si el incremento era suficiente. No lo ha sido. Los precios han subido un 2,9%.

Pero el Ejecutivo no actualizará las prestaciones. Así que al final, en 2012 la pérdida de poder adquisitivo será de 1,9 puntos.

La progresividad inicial desaparecerá si en noviembre de 2013 los precios suben más del 2%

Durante los seis primeros años de Zapatero, las pensiones se habían revalorizado. Sobre todo, lo hicieron las mínimas, que al final de las dos legislaturas subieron en torno al 50% en términos nominales (sin contar inflación) y mejoraron unos 30 puntos su poder adquisitivo. Pero también lo habían hecho hasta 2011 antes el resto, gracias a la ganancia de 1,7 puntos en 2009. En enero de hace tres años el Gobierno había subido las pensiones un 2%, pero entonces el hundimiento de la demanda arrastró a los precios, que solo crecieron un 0,3%. Aquella ganancia se quedó corta con la congelación de 2011 (de la que escaparon las pensiones mínimas). Las prestaciones quedaron estancadas mientras los precios subieron un 2,9%. Así que el saldo de siete años quedó en negativo (-1,2).

Para 2013 Rajoy tampoco ha congelado las pensiones. Subirán un 1% o un 2%, pero partiendo de lo que han perdido en 2012. Evita así gran parte de los titulares que devastaron a Zapatero, aunque el efecto es similar o peor.


En su decisión, el Gobierno introduce cierta progresividad inicial. Las pensiones que superen los 1.000 euros mensuales (sin contar en este cálculo la parte prorrateada de la paga extra) subirán un 1%. El resto, la gran mayoría (un 74% del total), un 2%.

Progresividad con fecha de caducidad

No obstante, la progresividad inicial desaparecerá si en noviembre de 2013 los precios suben más del 2%; si el Gobierno (al contrario que este año) revisa las pensiones y si en la prevista puesta en marcha del factor de sostenibilidad no cambia el criterio de actualización. Según el Ministerio de Empleo, el punto de partida para la teórica revisión de 2013 sería el aumento fijado, es decir, el 1% o el 2%, respectivamente.

Además de la suspensión parcial del artículo 48 de la Ley de Seguridad Social, el que fija la actualización, el Consejo de Ministros de ayer aprobó más cambios trascendentales para el sistema de pensiones. En el decreto se cambia la regulación del Fondo de Reserva. Hasta ayer, si el sistema entraba en déficit estructural —como defiende el Gobierno que ha sucedido este año— se podía recurrir a la llamada hucha de las pensiones para pagarlas con un tope del 3% del gasto anual en pensiones contributivas y su gestión (3.063 millones en 2012). Desde hoy, este punto está suspendido en 2012, 2013 y 2014.

El desfase entre ingresos y gastos ya ha forzado al Gobierno a usar los ahorros de ejercicios anteriores. En verano usó los más de 4.000 millones de los excedentes de la gestión de las Mutuas de Accidentes laborales y en septiembre y octubre los 3.000 del Fondo de Reserva. La suspensión de la aplicación del límite para este año permite al Gobierno recurrir a otros 3.500 millones para poder pagar las pensiones en lo que falta de año. El desfase continuará. Incluso crecerá en 2013. Por tanto, el año que viene lo más probable es que la Seguridad Social tenga que utilizar más recursos del Fondo de Reserva


06. BAÑEZ AFIRMA QUE LA HUCHA DE PENSIONES SE USARÁ SI ES NECESARIO PARA PAGAR

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha señalado hoy que el sistema de pensiones es "seguro" porque está pensado para situaciones "difíciles" como la actual y cuenta con el fondo de reserva que, según ha explicado, el Gobierno utilizará cuando sea necesario para pagar las pensiones.

Antes de comparecer en la Comisión del Pacto de Toledo para explicar las últimas decisiones del Ejecutivo en materia de pensiones, Báñez ha resaltado que las pensiones están garantizadas y que todos los pensionistas cobrarán "puntualmente" las catorce pagas, incluidas las dos extraordinarias.

Al respecto, ha recordado que en el último Consejo de Ministros se tomó la decisión de acudir al fondo de reserva para que los pensionistas recibiesen la paga extraordinaria de navidad.

De esta manera, Báñez ha querido enviar un "mensaje de tranquilidad" a los pensionistas y ha indicado que la situación es de "normalidad".

La titular de Empleo ha insistido en que en 2013 subirán un 1 % las pensiones de todos los españoles y un 2 % las de aquellos que cobran hasta mil euros "en un escenario económico difícil y de recesión".

http://economia.elpais.com/economia/2012/12/05/agencias/1354707786_408037.html

07. EL PP SE COMPROMETIÓ HACE UN MES A REVALORIZAR LAS PENSIONES CON EL IPC

Báñéz apoyó una moción de ICV instando a la revalorización

“El Congreso insta al Gobierno a revalorizar las pensiones del 2012 en la cantidad resultante del diferencial entre el IPC de noviembre del 2012 y el incremento inicial del 1% aplicado en los


http://economia.elpais.com/economia/2012/12/05/agencias/1354707786_408037.html

PGE del 2012, en los términos establecidos en el artículo 48 de la Ley General de Seguridad Social. A estos efectos se abonará en un pago único el diferencial del IPC correspondiente a los 12 meses del año 2012. Y, asimismo, se incorporará este diferencial entre el IPC previsto en los PGE 2012 y el IPC real a 30 de noviembre del 2012, al incremento de las pensiones del 2013, sumándolo al incremento inicial del 1% previsto en los PGE 2013”.

El pasado 30 de octubre los diputados del Grupo Popular, incluidos la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, votaron a favor de esta moción presentada por el diputado de ICV, Joan Coscubiela. Hoy Báñez comparecerá ante la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso para explicar por qué el Consejo de Ministros del pasado viernes hizo lo contrario de lo que votó ella misma solo un mes antes. Es decir, a explicar las razones por las que el Gobierno no revaloriza las pensiones en función del IPC final de este año.

Unos días antes, el 10 de octubre, la ministra respondía a una interpelación del diputado de ICV con el mismo compromiso: “Hemos revalorizado para 2012 las pensiones y lo vamos a volver a hacer subiéndolas el año que viene”. Incluso, en el debate de la moción, la portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo, Carolina España Reina, acusó a Coscubiela de “generar incertidumbre sobre el futuro de la Seguridad Social y las pensiones” al presentar esa moción y poner en duda que el Gobierno fuera a actualizar las pensiones en función del IPC resultante.

Desde aquel debate hasta ahora se han celebrado las elecciones autonómicas catalanas y se ha conocido el dato del IPC sobre el que aplicar la revalorización que ha sido incluso mejor que el que se preveía cuando el PP apoyó la citada moción en el pleno del Congreso.

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, restó ayer trascendencia a la aprobación de aquella moción y enmarcó aquel pronunciamiento en el “juego parlamentario”, que “es muy bonito”.

“Aprobamos la moción porque reproducía el texto de la ley en vigor, y nos parecía extravagante apartarse de la ley. Es un juego parlamentario, un juego de trampas parlamentarias. Es muy interesante, muy bonito, pero al final quien lidia con la crisis es el Gobierno, que jamás tiene compañía para ninguna decisión importante o complicada. Todo lo demás es muy bonito, porque uno puede presentar una cosa u otra, pero nos gustaría sentirnos acompañados porque esta es la realidad”, aseguró ayer Alonso en rueda de prensa en el Congreso. El portavoz descartó la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca en el pleno del Congreso para dar cuenta del incumplimiento de su promesa electoral de no tocar las pensiones.

Alonso se remitió a la comparecencia de hoy de Báñez ante la Comisión del Pacto de Toledo y, en todo caso, al próximo y obligado debate sobre la Cumbre Europea que llevará a Rajoy al pleno del Congreso. “El Gobierno da explicaciones a través de sus miembros, que son los ministros, y la titular de Empleo tiene suficiente rango para explicar el presente y el futuro de las pensiones”, aseguró el portavoz del PP.

Por su parte, Coscubiela calificó de “muy grave la actitud del Ejecutivo, que ha estado engañando a la ciudadanía no concretando su posición y mintiendo de nuevo”. El Grupo Parlamentario de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha iniciado conversaciones con otros grupos parlamentarios para recabar las 50 firmas necesarias para llevar el decreto sobre las pensiones al Tribunal Constitucional. El PSOE ya anunció que lo hará. Alfonso Alonso ridiculizó ayer el recurso del PSOE y aseguró que, sumado a los que ya han presentado los socialistas, muestran como el principal partido de la oposición intenta convertir al Constitucional en una tercera Cámara que revise las leyes presentadas por el Gobierno.

El decreto se convalidará el próximo jueves en el pleno del Congreso y, previsiblemente, solo tendrá los votos del PP, frente al rechazo de todos los demás grupos.



08. WERT: “SOY COMO EL TORO BRAVO QUE SE CRECE CON EL CASTIGO”

El titular de Educación, entre los pocos que han hablado de política en la recepción en el Senado

“Soy como el toro bravo que se crece con el castigo”. José Ignacio Wert, ministro de Educación y Cultura, ha acudido a la fiesta de la Constitución cómodo en su papel de ministro pararrayos de las críticas. Ha sido de los pocos ministros que ha hablado de política en los corrillos de la recepción en el Senado. Ha dicho, por ejemplo, que es “injustificada” la reacción en Cataluña a su propuesta de reforma educativa. Y sin quitarse la sonrisa habló con el ex presidente de la Generalitat José Montilla que le hizo ver en tono de broma el “lío” que ha provocado.

En las conversaciones informales el otro tema estrella era el del cumplimiento del déficit y las explicaciones de Cristóbal Montoro y Luis de Guindos sobre la obligación de cumplir las exigencias de la Unión Europea y las dudas sobre la actuación de las comunidades autónomas. “Tendrán que relajarnos”, ha explicado Luis de Guindos sobre los objetivos fijados por Europa a España.

Quien no ha querido hablar de política ha sido Mariano Rajoy. Para él, según ha dicho, no es el día para hablar, por ejemplo, de la no revalorización de las pensiones, a pesar de que era su primera aparición pública desde que se tomó la decisión en contra de sus compromisos previos.

El presidente del Gobierno se ha limitado a hablar en charla informal con los periodistas del “ultra endeudamiento” de España que, según ha dicho, es lo que le tiene ocupado. Además, ha vaticinado que en 2014 se empezará a crear empleo y que, para ello, la próxima cumbre europea será fundamental. El único problema de esta cita, ha recalcado, es que coincidirá con el proceso electoral en Alemania.

Para todas las explicaciones sobre los demás asuntos, se remitió a una rueda de prensa que en principio tiene previsto convocar para el día 28 de diciembre y que le servirá para hacer balance del año. Tampoco ha querido hablar de política en los corrillos la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.


09. LA REFORMA GIRA HACIA LA CONCERTADA

La futura ley incluye puntos para garantizar la escuela subvencionada allá donde tenga demanda

La patronal pide aún más concreción

La dicotomía entre escuela pública y concertada (privada subvencionada, a la que asiste el 25% de los escolares) ha sido una de las grandes discusiones de la educación española desde hace tres décadas. El problema no está resuelto y por eso sale a relucir, cada vez que se plantea una reforma legal, con una especie de lenguaje en clave cuyos matices pueden dar grandes argumentos jurídicos a unos u otros. Por ejemplo, cuando se habla de libertad de elección de las familias para elegir centro se quiere decir que si hay preferencia de los padres por la enseñanza concertada, eso estará por encima de la capacidad de las Administraciones de primar a la pública. Y decir que se debe tener en cuenta “la demanda social” a la hora de programar la oferta de plazas en la etapa obligatoria persigue el mismo objetivo.

Y esto último, que las comunidades tengan en cuenta esa “demanda social”, es exactamente lo que dirá la ley si se aprueba el anteproyecto educativo que el martes presentó el ministro José Ignacio Wert a las comunidades. Tras un mes de deliberación después de que las comunidades del PP se quejaran del texto inicial, esa no es la única concesión que se hace a las peticiones clásicas de la escuela concertada: se elimina el representante del Ayuntamiento en el consejo escolar de sus centros y se pasa de un periodo máximo de cuatro años para renovar los conciertos a un mínimo de seis en primaria y cuatro en secundaria.

Ya no se dice que deben ser públicas las plazas escolares a garantizar


Al fijarse un mínimo y no un máximo, se abre la puerta a la renovación automática que reclaman las patronales mayoritarias del sector: la de centros católicos FERE-CECA y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE).

La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, admitió ayer sobre la concertada: “Hemos recibido muchas propuestas y hemos aceptado una parte de ellas”. Sin embargo, FERE, aunque admite que así ha sido, reclama “una referencia más explícita” a que se tendrá en cuenta “el número de solicitudes” en un colegio y en otro a la hora aumentar o disminuir el número de plazas o a la hora de crear centros nuevos, explica el secretario general de FERE, José María Alvira. En este caso, sin embargo, hay otra concesión a la concertada, pues donde la ley actual dice que “las administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población”, el texto de la reforma habla solo “de plazas suficientes”, sin especificar si han de ser públicas o concertadas.

En todo caso, también le gustaría a Alvira que el texto de la reforma fuese más explícito en cuanto a la renovación automática de los conciertos. De hecho, lo que ha pedido exactamente la CECE, según recordó su presidente hace poco más de un mes en el congreso de enseñanza privada, es que “el primer criterio a tener en cuenta en la programación de la enseñanza” sea “la demanda social correspondiente”, y que la renovación del concierto se haga “siempre que el centro siga cumpliendo los requisitos que determinaron su concesión y no haya incurrido en expediente administrativo”.

“Hemos aceptado una parte de las propuestas”, dice la secretaria de Estado de Educación

También a la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, le han parecido insuficientes estas referencias y ha reclamado que se incluya la libertad de elección de centro por parte de las familias entre los principios que regirán el sistema educativo. Con la redacción actual, solo se utiliza el término libertad como uno de esos principios, entre los que están también calidad, cooperación, equidad, mérito o igualdad de oportunidades.

Figar explicaba el martes, tras la accidentada conferencia sectorial de educación donde las comunidades discutieron la propuesta, que el concepto de “demanda social” le parecía demasiado etéreo, y más cuando las comunidades ya tienen un amplísimo margen para decidir entre la escuela pública y concertada.

Sin embargo, lo que hace la nueva redacción es dar argumentos legales a aquellos centros a los que, teniendo alumnado suficiente, pidan el concierto, pero el Gobierno autónomo se lo niegue aduciendo, por ejemplo, que ya hay suficientes plazas públicas en una localidad o en el barrio. Así lo explica la viceconsejera de Educación en funciones de País Vasco, María Antonia Ozcáriz.

Lucía Figar reclama que el texto apoye expresamente “la libertad de elección”

“Esta reforma apuesta claramente por la empresa privada”, se queja José Luis Pazos, desde la federación mayoritaria de asociaciones de padres Ceapa. La concertada debe ser la red subsidiaria de la pública, porque esta es la “única que puede garantizar la cohesión social y la igualdad de oportunidades”, añade. Y lo es, según el Colectivo Lorenzo Luzuriaga, porque no separa, como en el caso de la concertada católica (la inmensa mayoría de la subvencionada en España), por convicciones religiosas o por cualesquiera otras.

Frente a ellos, siguen vivos los argumentos del derecho de los padres a elegir la educación que quieran para sus hijos. “La pluralidad de proyectos educativos, que beneficia la libre elección de los padres, favorece una educación moderna y de calidad tal y como viene demostrando la experiencia internacional”, sostuvo el martes Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la asociación de padres Cofapa, tras conocer un nuevo texto de reforma que, dijo, “supone el reconocimiento expreso del papel de los padres como primeros responsables de la educación de sus hijos, y un avance importante en el derecho a la libertad de elección de centro por parte de las familias”.

La letra de la ley

Demanda Social. La norma en vigor, la LOE, de 2006, dice: “Las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de las enseñanzas que en esta ley se declaran gratuitas teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y privados concertados”. El nuevo texto añade: “Y la demanda social”.

Plazas suficientes. A continuación, la LOE decía: “Las Administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes especialmente en las zonas de nueva población”. El nuevo texto lo deja así: “Asimismo, las Administraciones educativas garantizarán la existencia de plazas suficientes”.

Duración mínima. La normativa básica de conciertos tiene más de 25 años. El real decreto sobre su reglamento, de 1985, dice en su artículo 6: “El concierto educativo tendrá una duración de cuatro años”. Ahora el proyecto dice: “El concierto educativo tendrá una duración mínima de 6 años en el caso de educación primaria, y de 4 años en el resto de los casos”.

Consejo escolar. También se cambia la ley de Derecho a la Educación, de 1985, que dice que entre los representantes del consejo escolar de la concertada habrá un “concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el centro”. Este desaparece.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/05/actualidad/1354741689_511539.html

10. WERT BLINDA LA ENSEÑANZA EN CASTELLANO

Las comunidades gobernadas por el PP calificaron de tibia hace poco más de un mes la reforma educativa que inicialmente presentó el ministro José Ignacio Wert, así que este ha dado perfecto acuse de recibo con el nuevo borrador que presentará mañana a las autonomías. Este gira hacia los postulados escolares más ideológicamente definitorios de su partido: hace guiños de apoyo a la enseñanza concertada, recupera la asignatura alternativa a la de Religión confesional (petición permanente de los obispos) y abre la posibilidad de aumentar más los contenidos mínimos que fija el Gobierno central.

Además, obliga a las comunidades con lengua cooficial a garantizar "en todas las etapas educativas obligatorias que las lenguas cooficiales sean ofrecidas en las distintas asignaturas en proporciones equilibradas en el número de horas lectivas". Si no lo hacen, dice el nuevo borrador de la reforma escolar, al que ha tenido acceso este periódico, deberán ofrecer a los padres la posibilidad de “escoger la lengua vehicular” y, si no hay oferta de la que los padres quieren en la escuela pública o en la concertada de su localidad, los Gobiernos autonómicos deberán “sufragar los gastos de escolarización” en “centros privados”.

Es decir, la norma admite que una comunidad dé “un trato diferenciado a la lengua cooficial respecto del castellano en una proporción razonable, sin que en ningún caso pueda suponer de hecho la exclusión del castellano”. Pero, si lo hace, debe ofrecer las alternativas arriba mencionadas, aunque en ningún caso establece concreción alguna sobre los elásticos términos de “proporciones equilibradas” o “proporción razonable”.

Rigau critica que las lenguas cooficiales sean relegadas como “especialidad” a un lugar “residual”

Sin nombrarla, esta normativa apunta directamente a Cataluña, cuya escuela tiene como lengua vehicular el catalán y sobre cuyo modelo pesan varias sentencias del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad que, en los últimos tiempos, han instado a la Generalitat a asegurar que el castellano sea también lengua vehicular. En el resto de autonomías con idioma cooficial, la política de distintos modelos entre los que los padres elegían se está abriendo paso con fuerza desde hace algunos años el modelo del multilingüismo, con horas repartidas entre los idiomas cooficiales y otros extranjeros.

Desde Cataluña, la consejera de Educación en funciones, Irene Rigau, ha calificado la reforma de “ofensiva contra el catalán”. "Es el mayor ataque al catalán desde 1978”, ha asegurado, apesadumbrada, en una comparecencia ante los medios de comunicación. La consejera ha criticado especialmente que las lenguas cooficiales pasen a tener la clasificación de “especialidad”, cosa que relega el catalán a un lugar “residual”, informa Ivanna Vallespín.


La nueva normativa que impulsa el Gobierno, según Rigau, también “rompe el modelo de escuela catalana”, por lo que ha rechazado el hecho de que las administraciones deban costear la escolarización en castellano en colegios privados. “A lo mejor se piensan [el Gobierno] que todos los colegios privados dan clases en castellano”, ha ironizado la consejera en funciones, quien ha dejado entrever la idea de que ello fomentará la segregación de los estudiantes. “Nosotros hemos optado siempre por no separar nunca los alumnos por razón de lengua, esto ha sido la fortaleza de nuestro sistema”, ha remachado.

El Gobierno fijará más contenidos de las asignaturas troncales; desde Lengua a Historia

Rigau también ha afeado al Gobierno del PP que tuviera esta propuesta “escondida” hasta después de las elecciones catalanas del pasado 25 de noviembre. La consejera ha asegurado que no conocían las intenciones del ministro Wert hasta este lunes a mediodía, cuando han recibido el texto de la normativa que se debatirá este martes en el marco de la Conferencia de Educación.

Así, lejos de enterrar el hacha de una polémica que ha ido creciendo en los últimos meses —Wert llegó a hablar de "españolizar" a los alumnos catalanes— esta parece que se va a recrudecer. Porque tampoco se cierra la brecha que abrió el conflicto: la propuesta inicial del ministerio decía que el Gobierno central iba a fijar más contenidos mínimos comunes, restándoles margen a las comunidades. Con el avance del nuevo borrador que dio la semana pasada la secretaria de Estado de educación, Montserrat Gomendio, parecía que Educación había buscado la manera de dar marcha atrás. Sin embargo, no son las materias instrumentales las que fijará el Estado —como dijo Gomendio, dejando las demás en manos de comunidades y de centros—, sino las troncales, es decir, buena parte de ellas, la mayoría en primaria: son Lengua, lengua extranjera, Matemáticas, Ciencias, Sociales, Biología y Geología, Física y Química, Geografía e Historia, Economía y Latín en varios cursos….

Para todas estas materias, el proyecto solo dice que corresponde a la “Administración General del Estado” determinar “los contenidos y el horario mínimo”, con lo cual, en la práctica, ese contenido y ese horario puede ser mucho mayor del que se hablaba hasta ahora en el texto inicial que pasó por el Consejo de Ministros el pasado mes de septiembre: el Ejecutivo central pasaría a fijar el 65% de los contenidos en las comunidades con lengua cooficial y el 75% en el resto (con la ley actual es el 55% y el 65%, respectivamente).

Los alumnos de FP básica podrán presentarse a la reválida de la ESO y, si la aprueban, lograr el título de secundaria

En el resto de materias (Religión, Educación física, Plástica, Filosofía en algunos cursos, entre otras) las autonomías y los centros tendrán mucha flexibilidad para fijar contenidos y horarios, pero el Gobierno central se reserva fijar los “estándares de evaluación” y de “adquisición de competencias” de troncales y específicas, es decir, prácticamente todas, así como la redacción de las reválidas en ESO y bachillerato. En estas, los alumnos se examinarán de todas las materias troncales y de una específica. La calificación será de 0 a 10, y se aprueba con un 5. En la evaluación final de primaria (que no es reválida porque no depende de ella pasar a la ESO), los alumnos tendrán que demostrar sus competencias en lengua, matemáticas, ciencia y tecnología; en este caso, "el resultado de la evaluación se expresará en niveles: bajo, intermedio y alto".

Las materias troncales deberán ocupar, dice el texto, al menos la mitad del horario, lo que, según fuentes de la Consejería de Educación vasca, es una frase vacía, pues en cualquier curso ocupan mucho más y nadie se ha planteado cambiarlo. En cuanto a la educación infantil, la FP y la enseñanza de idiomas se mantienen los porcentajes de atribuciones que existen ahora: entre el 55% y el 65% los fija el Gobierno central.

Fuentes del ministerio aseguraron hoy a Efe que los cambios intentan “conseguir una reforma con el mayor consenso posible” y atender las peticiones de la comunidad educativa en general, de los centros y de las comunidades, que han criticado la reforma porque, aseguran, atenta contra la igualdad de oportunidades al adelantar los itinerarios hacia la FP y el bachillerato y con reválidas al final de la ESO y de bachillerato.

El Ejecutivo mantiene la idea hacer públicos los resultados de los centros

Sin embargo, los cambios parecen haber escuchado únicamente —o, al menos, sobre todo— a las peticiones hechas desde el seno del PP y las comunidades gobernadas por este partido. Así, desaparece del proyecto la asignatura de Educación Cívica y Constitucional, la nueva Educación para la Ciudadanía sin contenidos polémicos que prometió Wert. Sin embargo, se recupera la idea que reclamaron los obispos durante la negociación en 2005 y 2006 de la actual ley (LOE): una asignatura evaluable sobre valores alternativa a la enseñanza confesional, igual que antes los padres podían elegir entre Religión o Ética para sus hijos. La nueva materia se llama Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria. Los obispos siempre han querido un alternativa dura que incremente el número de alumnos que eligen Religión, cuya nota no cuenta para hacer media, pero sí para repetir curso o no.

Asimismo, se han introducido guiños a la escuela concertada (privada subvencionada), una petición que los populares enuncian como apoyo a la libertad de elección de centros. Así, se prolonga el periodo la renovar lo concierto (de un máximo de cuatro años se pasa a un mínimo de seis) y se dice que las Administraciones, cuando hagan la programación de oferta de plazas, tendrán también en cuenta "la demanda social", es decir, que si hay padres que prefieran llevar a sus hijos a la concertada en vez de la pública. El PP propuso, durante la negociación del frustrado pacto de Estado por la educación en la pasada legislatura, blindar por ley los conciertos, es decir, que si un centro privado con suficiente demanda pide la subvención y cumple los requisitos mínimos, la comunidad esté obligada a concederla. Además, elimina al representante municipal obligatorio en los consejos escolares de los colegios concertados.

En el capítulo de concesiones —mínimas o casi imperceptibles según varias fuentes del PSOE— está que los alumnos del nuevo ciclo de FP básica podrán presentarse a la reválida de la ESO y, si la aprueban, obtener el título de secundaria. Esta vía alternativa para los chavales que, con 15 años, no tengan muchas posibilidades de sacarse la ESO, les da los rudimentos de un oficio y un título profesional que concede el Ministerio de Trabajo. En el proyecto inicial esta vía no daba la posibilidad de obtener la ESO, a diferencia de sus predecesores, los Programas de Cualificación Profesional. Estos, además, según la Ley de Economía Sostenible, en una parte que no ha entrado en vigor, esos programas daban también acceso directo a la FP de grado medio; ya no lo harán.

Además, se ha eliminado el punto de la ley que permitía "reordenar" los recursos humanos de tal manera que abría la puerta a posibles movimientos de profesores de un tipo de asignaturas a otras, transferencias de primaria a secundaria o FP e incluso de escuelas oficiales de idiomas a institutos.Al principoio, este punto hablaba incluso de "traslados forzosos".

El ministerio mantiene sus apuestas por las pruebas externas al final de la educación de todas las etapas que en la ESO y el bachillerato serán reválidas (si no se aprueba, no se pasa al siguiente) curso. La del bachillerato sustituye a la Selectividad. Además, se mantiene la idea hacer públicos los resultados de los centros, a pesar de las peticiones contrarias de las consejerías socialistas y de distintos colectivos educativos.


11. LOS RECTORES DE TODA ESPAÑA SE UNEN CONTRA LOS RECORTES DE WERT

Los dirigentes de todas las universidades públicas presentarán el lunes un manifiesto conjunto

Los rectores de todas las universidades públicas españolas ofrecerán el próximo 10 de diciembre una rueda de prensa de forma simultánea para hacer público un manifiesto conjunto contra los recortes en la educación. En un comunicado, la Universidad Politécnica de Cartagena ha avanzado hoy que el mensaje hará hincapié en que la falta de inversiones en la enseñanza superior y en I+D+i lastrará el funcionamiento de las universidades del país y el propio progreso del país.

Hace un mes, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ya manifiestó su oposición “a los masivos recortes en la financiación de la I+D en los Presupuestos generales del Estado para 2013”, en un comunicado en que alertaba de la difícil situación que afronta la investigación en España y recordaba que la aplicación de esos recortes “supone un freno inaceptable para el desarrollo de la innovación y el progreso económico”. Los


recursos económicos totales previstos para I+D el año que viene “son claramente insuficientes, menores de los que figuraban en los presupuestos del año 2005, lo que tendrá gravísimas consecuencias en nuestro joven sistema de ciencia y tecnología”, recalcaban en su nota los máximos responsables de las universidades.

El descontento de los rectores ha ido en aumento desde que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, comenzó a anunciar sus medidas de ahorro, hasta el punto de que el pasado mayo decidieron dejarle plantado en la reunión del Consejo de Universidades en protesta por la negativa del ministerio a debatir con ellos el decreto ley de los recortes en educación.


12. JUSTICIA PONE EL REGISTRO CIVIL EN MANOS DE LOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD

Inscribir nacimientos y defunciones seguirá siendo gratis; otras gestiones podrían pagar tasa

Jueces por la Democracia denuncia que el cambio supone una "privatización" del servicio

El Registro Civil, que desde el siglo XIX está adscrito a la administración de justicia —con un juez al frente de cada registro— y que gestiona la inscripción de nacimientos y defunciones, matrimonios y divorcios, entre otros trámites, va a pasar a manos de los 1.000 registradores de la propiedad que hay en España, según confirmó ayer el Ministerio de Justicia. A los registradores se les encomendó ya el pasado junio la gestión de las solicitudes de nacionalidad.

Un portavoz del departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón garantizó que “la gestión del Registro Civil seguirá siendo pública” y que los trámites “obligatorios” para todos los ciudadanos —básicamente la inscripción del nacimiento y de la defunción— seguirán siendo gratuitos. Pero queda en el aire si por otras gestiones como la inscripción de matrimonios, divorcios, petición de nacionalidad o cambio de apellidos el Gobierno fijará el pago de una tarifa.

La asociación Jueces por la Democracia denunció que ese cambio de gestores, recogido en un borrador de la futura Ley de Reforma Integral de los Registros, supone la “privatización” del Registro Civil, que “dejará de ser un servicio público y pasará a depender de los registradores de la propiedad y de los registradores mercantiles”. “Con esta reforma los ciudadanos van a tener que pagar aranceles por obtener un certificado de nacimiento, de defunción o sobre otros actos de estado civil”, auguró el portavoz de la asociación, Joaquim Bosch.

Los trámites “habituales”, gratis

El ministerio replicó en una nota que “los actos habituales para los que se recurre al Registro Civil, como pueden ser la inscripción de nacimientos y las actas de defunción, seguirán siendo gratuitos para los ciudadanos”, y que los registradores tampoco recibirán una “contraprestación económica” del Gobierno por hacer ese trabajo. Un portavoz sí admitió, sin embargo, que se está “estudiando” que cobren una tarifa por el resto de trámites que ahora realiza el Registro gratuitamente, aunque subrayó que los registradores, como los notarios, son “funcionarios públicos” (con estatus autónomo), y que los aranceles que cobran “los fija el Gobierno”.

Justicia alega además que la “desjudicialización” del Registro Civil es algo que ya figuraba en una ley aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, pero no llegó a llevarse a la práctica. “Es absurdo que un juez o un secretario judicial tenga que ocuparse de esos trámites”, argumentan desde el ministerio.


13. ABOGADOS, SINDICATOS Y CONSUMIDORES SE UNEN CONTRA LAS REFORMAS DE GALLARDÓN

Nace la plataforma 'Justicia para todos' para combatir la reforma de la Ley de Tasas



"Peligran los cimientos del Estado de Derecho", advierte el presidente del Consejo de la Abogacía

Las reformas en la Justicia de Alberto Ruiz Gallardón han provocado un incendio que se extiende sin descanso por todos los profesionales del sector. El descontento es tal que el Consejo General de la Abogacía, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos UGT, CC OO, USO y CSIF han dado un paso adelante y se han unido en una plataforma —bajo el nombre de Plataforma Justicia para todos— para combatir, entre otras, la nueva Ley de Tasas y el anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita. El enfado por las modificaciones legislativas es profundo: "El descalabro en los derechos fundamentales amenaza con ser de tal magnitud que peligran los cimientos del Estado de Derecho", advierte el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer.

La plataforma se presentó en público este miércoles en una comparecencia en la que sus integrantes aseguraron que la Ley de Tasas y la de Justicia Gratuita atentan contra los derechos fundamentales y la Constitución. Las reformas están enfocadas a la "protección de los poderosos", denunció el representante de UGT, Frederic Monell. El colectivo impulsará un recurso de inconstitucionalidad contra ambas normas, ya que no están legitimados para presentarlo. El PSOE, el Gobierno vasco y la Junta de Andalucía han anunciado ya que llevarán al alto tribunal el encarecimiento del acceso a los tribunales.

"Esta Plataforma se opone a la implantación de las tasas, ya que imponen graves obstáculos para que los trabajadores puedan recurrir en una instancia superior pronunciamientos judiciales desfavorables en una primera instancia. Se potencia así, a juicio de la Plataforma, la reforma laboral ya que se limita el derecho de los trabajadores a reclamar ante los tribunales frente a la arbitrariedad y lesión de sus derechos", dice el comunicado.

Jueces, fiscales y secretarios realizarán el miércoles una declaración conjunta contra el "rumbo" de la Justicia

La plataforma llevará a cabo a partir de la semana que viene una recogida de firmas, además de concentraciones frente a los juzgados. Al mismo tiempo buscará retomar el diálogo con el Gobierno: "No hay canales de comunicación, conocimos la Ley de Tasas cuando se remitió al Consejo de Estado y eso que la Ley de Colegios profesionales obliga a que se nos informe para que elaboremos un dictamen no vinculante", lamenta el presidente del Consejo General de la Abogacía, el órgano que representa a los más de 80 colegios de abogados del país.

Las movilizaciones serán intensas la semana próxima. Fuentes del sector avanzan que jueces, fiscales y secretarios judiciales realizarán el miércoles que viene una declaración conjunta contra el "rumbo" de la Justicia. "Salvo a Gallardón, ese rumbo no le gusta a nadie", concluye Carnicer.


14. FAES DOBLA A LA FUNDACIÓN IDEAS EN LAS SUBVENCIONES DE EXTERIORES

El centro de estudios de Aznar recibirá más de medio millón de euros y el del PSOE menos de 250.000 euros

El Gobierno repartirá alrededor de 900.000 euros entre las fundaciones vinculadas a los partidos políticos para subvencionar las actividades que realicen en el marco del llamado Plan Director de la Cooperación española, un reparto que otorga a la fundación del expresidente dle Gobierno José María Aznar, FAES, cocina ideológica del PP, más de medio millón de euros y a IDEAS, vinculada al PSOE, menos de la mitad.

La resolución de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica con la concesión de estas subvenciones, fechada el 30 noviembre y publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), explica que se trata de ayudas para fundaciones y asociaciones dependientes de partidos con representación parlamentaria en el ámbito estatal. Los criterios utilizados por Exteriores para conceder estas ayudas responden al cálculo de la representación parlamentaria de los partidos, a la "coherencia" del proyecto y la "calidad" de la propuesta presentada.


FAES recibirá 529.849 euros para tres programas destinados a promocionar "la libertad, la democracia y los derechos humanos en los países en desarrollo"; "fortalecer en esas regiones los partidos políticos"; y "divulgar los valores de la cooperación internacional entre los países donantes".

En cambio, la Fundación IDEAS/Instituto Pablo Iglesias, presidida por el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, recibirá 238.510 euros para dos programas de "promoción de la democracia y de los sistemas de partidos", mientras que la fundación vinculada al PSC, Rafael Campalans, percibirá 36.000 euros para un plan de "cooperación política en el Mediterráneo".

Tanto en 2011 como en 2010, los últimos dos años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el Ejecutivo financió a las fundaciones para que realizaran estos proyectos con 2,2 millones de euros, más del doble que este año. Entonces, las subvenciones a IDEAS y a la fundación Campalans sumaban cerca de 1,1 millones y FAES recibió, entonces, una cuantía menor, en torno a un millón.

Este año, la siguiente subvención con mayor importe, de 32.909 euros, está destinada a la Fundación Catdem, de Convergencia Democrática de Catalunya, y e Institut d'Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentom, vinculado a Unió, obtiene 13.163 euros. Por encima se sitúa la ayuda a la Fundación Sabino Arana, del PNV, que recibirá 16.454 euros.

La Fundación por la Europa de los Ciudadanos, de IU, obtendrá 14.808 euros; Nous Horizonts Fundació, vinculada a ICV, percibirá 8.227 euros y la Fundació L'Alternativa, de Esquerra Unida i Alternativa, 1.645. Según la resolución, la Fundació Josep Irla, de ERC, logrará 4.936 y la Fundación Galiza Sempre, del BNG, 3.290.


15. DÍAZ FERRÁN, ACUSADO DE EVADIR 50 MILLONES TRAS ‘VACIAR’ VIAJES MARSANS

El exlíder de la patronal se valió de un ‘fondo buitre’ para salvar su patrimonio del concurso de acreedores y colocar el dinero en Suiza y otros paraísos fiscales

El fracaso empresarial del expresidente de la patronal CEOE

La supuesta venta del Grupo Marsans en junio de 2010 a Possibilitum Business, una de las empresas del fondo buitre dirigido por el empresario valenciano Ángel de Cabo, no fue más que una maniobra para vaciar supuestamente la compañía de sus activos y sus propiedades. El objetivo era que sus anteriores propietarios, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, este último fallecido el pasado julio, salvaran la mayor parte de su patrimonio del concurso en el que estaba sumida la agencia de viajes dejando sin cobrar a clientes, trabajadores, proveedores y demás acreedores, según la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional. Ayer, la policía desbarató ese plan y detuvo a Díaz Ferrán en su domicilio de Madrid. Se le imputan los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales por sacar de España con ayuda de De Cabo 50 millones que colocó en cuentas en Suiza y en otros paraísos fiscales.

La Operación Crucero, coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y el fiscal Daniel Campos, y ejecutada por la Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía, también condujo a la detención del propio De Cabo; su secretaria, Susana Mora y uno de sus principales colaboradores, Iván Lossada, además de otros cinco empleados de este.

El grupo de De Cabo, un entramado de sociedades especializadas en liquidar y sacar dinero de empresas en quiebra, es el mismo al que la familia Ruiz Mateos vendió Nueva Rumasa. Varios de sus cargos también se encuentran implicados en el fraude de los pagarés de ese grupo empresarial que investiga el juez Pablo Ruz. Durante los registros posteriores a las detenciones, los agentes encontraron en casa del expresidente de la patronal 150.000 euros en efectivo y un kilo de oro. Otro millón de euros fue hallado en el domicilio de la secretaria de De Cabo y en el de este último los agentes encontraron otros 400.000.


El sistema por el que se vació Marsans para dejar sin cobrar sus deudas a sus clientes, acreedores y trabajadores, era bastante burdo, según los investigadores. Díaz Ferrán y Pascual valoraron la venta del grupo en 600 millones, pero, en realidad, según fuentes de la Audiencia Nacional, se trataría de una operación simulada en la que De Cabo no aportó un solo euro. A partir de ese momento, los hombres de este último puestos al frente de las distintas empresas del conglomerado empezaron a extraer el dinero utilizando distintos métodos. El efectivo que pudieran tener en sus cuentas bancarias se enviaba a otras sociedades también controladas por testaferros de De Cabo o salía directamente en cheques de los que, en muchos casos, se han perdido la pista. En otros casos, los nuevos administradores vendían los bienes y activos de la compañía —a pesar de tenerlo prohibido al estar declarado el concurso— a empresas también controladas por el fondo buitre. Después, ese dinero se colocaba en distintos paraísos fiscales.

Parte de esos fondos, 4,9 millones de euros, los bloqueó el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz —el instructor de la causa de los pagarés de Nueva Rumasa— el pasado mes de julio. Se trataba de dinero supuestamente desviado desde la filial irlandesa de Marsans, Astra Worldwide International, a la sociedad Esser International. Esta última transfirió esa suma a una cuenta en Suiza cuyo titular era De Cabo. Esser International tiene el mismo domicilio social que otra de las empresas de este último, Aszienda Abogados 21, según uno de los informes policiales que obran en el sumario.

Pero el trato entre De Cabo y el expresidente de la patronal, no afectaba solo al Grupo Marsans, sino también al patrimonio personal del propio Díaz Ferrán y de su socio, Gonzalo Pascual, ambos también declarados en concurso de acreedores. Los hombres de Possibilitum se pusieron al frente de las sociedades con las que gestionaban sus bienes y empezaron a venderlos a testaferros de De Cabo, según los investigadores.

Fue así como el expresidente de Marsans trató supuestamente de sacar de España su yate Leuqar (el nombre de su esposa Raquel, al revés) mediante su exportación a una empresa de las Islas Vírgenes. El juez Eloy Velasco ordenó el pasado 5 de junio a Vigilancia Aduanera que lo mantuviera bloqueado en el puerto de Barcelona. Se trata de una embarcación de 27 metros de eslora y valorada en cinco millones de euros. Los investigadores descubrieron que estaba a nombre de uno de los hombres de Possibilitum, el grupo de De Cabo, que, a su vez, lo había traspasado a otro supuesto testaferro que debía encargarse de exportarlo a ese paraíso fiscal. Hasta ese momento, según los investigadores “era público y notorio” que Díaz Ferrán y su familia no habían dejado de utilizarlo en ningún momento.

Entre los bienes que Gonzalo Pascual intentó supuestamente salvar de la quiebra se encontraba la finca de El Sauceral, en Navahermosa (Toledo). Según declaró Ángel Sutil, uno de los excolaboradores de De Cabo en la Audiencia Nacional, Possibilitum elaboró un contrato de compraventa falso que daba la propiedad del terreno a una sociedad denominada Fulvia con sede en Barcelona. El plan era que, días antes de la subasta de la finca en un juzgado de Toledo, esa empresa se personara como legítima propietaria para evitar su venta. El único administrador de Fulvia era José Vicente Semper, un colaborador de De Cabo, según relató Sutil. Se trataba de una sociedad sin actividad real a la que se había dado una contabilidad falsa. La idea era que, una vez bloqueada la subasta de El Sauceral, Fulvia solicitara su concurso de acreedores. Y todos los acreedores de esta sociedad fantasma también eran títeres de De Cabo.

La Operación Crucero se ha puesto en marcha diez meses después de que varios proveedores de Marsans —las empresas turísticas AC Hoteles, Meliá, Pullmanutur y grupo Orizonia— pusieran una querella contra Ferrán, Pascual y De Cabo en el juzgado de Eloy Velasco el pasado febrero por un presunto delito de alzamiento de bienes al considerar que habían descapitalizado el grupo empresarial.

Semanas después de quedarse con Marsans, De Cabo cerró el negocio y despidió a sus 1.600 trabajadores. El nuevo director general, el ahora detenido Ángel Lossada, aseguró entonces que su objetivo seguía siendo reflotar el grupo en cuento la venta de activos permitiera recuperar la confianza de los proveedores y retomar la actividad. Los investigadores, sin embargo, creen que ya entonces, su único fin era vaciarla para agrandar el patrimonio de Ferrán. Y llevarse una cuantiosa comisión a cambio.

El fracaso empresarial del expresidente de la patronal CEOE

Los problemas de Gerardo Díaz-Ferrán con sus empresas comenzaron cuando todavía era presidente de la patronal CEOE y negociaba con el Gobierno una reforma laboral que, una vez aprobada, consideró excesivamente blanda. Tiene abiertas numerosas causas judiciales por la quiebra de sus empresas.

Aerolíneas Argentinas. Argentina le expropió la compañía cuando debía 800 millones de dólares, no pagaba nóminas y carecía de repuestos para los aviones. Procesado por un delito fiscal al no declarar 94 millones en el impuesto de sociedades. La fiscalía pide dos años y cuatro meses de cárcel para Díaz Ferran.

Air Comet. No pagó a 650 trabajadores; dejó 160 millones de euros en deudas y a 5.000 pasajeros sin poder volar. El juez decretó un embargo preventivo por 37,5 millones de euros.

Seguros Mercurio. Con 39.700 vehículos asegurados, el Gobierno decidió disolver la aseguradora por falta de liquidez. Un juez le declaró culpable de la quiebra, le inhabilitó por 15 años y le condenó a pagar 12,5 millones.

Viajes Marsans. Suspendió pagos y trasladó el negocio a Ángel de Cabo con unas deudas de 600 millones de euros. Está imputado en este caso por apropiación indebida de cuatro millones de euros correspondientes a reservas de viajes.


16. EL 27% DE LOS ESPAÑOLES ESTABAN EN RIESGO DE POBREZA O EXCLUSIÓN SOCIAL EN 2011

España se sitúa como el noveno país con peores tasas de la UE, según Eurostat

Crece la precariedad, hija en gran medida de la crisis. En la Unión Europea, uno de cada cuatro ciudadanos (24,2%) está en riesgo de pobreza o de exclusión social, siete décimas más que en el arranque de la tormenta económica, en 2008. Lo dicen los datos que difundió ayer la oficina estadística comunitaria, Eurostat, referidos a 2011. En números redondos, 120 millones de residentes en la UE padecen al menos alguna de estas situaciones: riesgo de pobreza, privación material severa o escaso trabajo remunerado en su hogar. De ellos, uno de cada diez está en España. El país figura en puestos de cabeza en el primer concepto, el que más pesa al establecer la clasificación: es ya el tercero de los Veintisiete con mayor riesgo de pobreza, por detrás de Bulgaria y Rumanía y ligeramente por encima de Grecia. Ha caído desde el sexto puesto de colista que ocupaba en 2008.

La secuencia de los datos españoles se tiñe de negro: 12,4 millones de personas están en situación de exclusión o vulnerabilidad por alguno de los tres motivos, cuatro puntos más que en el arranque de la crisis económica que ha arrasado casi tres millones de puestos de trabajo. Supone el 27% de la población (cuatro puntos más que la media comunitaria). Los efectos de la crisis, además, se suman a los de la pobreza estructural, una situación que apenas se redujo en la bonanza. “Esto hace que haya más personas en peor situación que en otros países”, afirma José Manuel Caballol, director de la Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (Rais, fundación que lucha contra la exclusión social). “No es que en España haya una masa ingente de personas que acaban en la calle, pero quienes están ahora en situación de pobreza forman una cantera de la que muchos acabarán en una situación dificilísima si no se hace algo para evitarlo”, advierte.

El peor indicador español es el que se refiere solo al riesgo de pobreza tras las transferencias sociales (pensiones, educación y sanidad). Padece esa situación el 21,8% de los residentes en España, 2,2 puntos más que en 2008 y por encima de la media comunitaria (16,9%). Esto quiere decir que viven con un nivel de ingresos escaso, situado en los 7.509 euros al año en el caso de un adulto que vive solo y en los 16.758 en hogares con dos adultos y dos niños menores de 14 años, detallan en Eurostat.


En cambio, en el segundo criterio que manejan las estadísticas de la UE, la privación material severa, España se maneja mejor que la media: 3,9% de población afectada frente a una media comunitaria del 8,8%. En este concepto se incluyen elementos como las dificultades para pagar la hipoteca o las facturas corrientes, afrontar gastos imprevistos o consumir carne o pescado cada dos días. En esta cuestión, la horquilla europea es amplia: del 1% de Suecia o Luxemburgo al 44% de Bulgaria.

En el tercer apartado, la proporción de personas menores de 60 años que viven en hogares en los que sus miembros disponen de pocas horas de trabajo (dedicaron menos del 20% del tiempo potencial disponible para generar ingresos), España vuelve a encaramarse por encima de la media: 12,2% de la población frente al 10% de la UE. Pero hay sorpresas cuando se mira al resto de los países: en Alemania, la locomotora económica del continente, el 11,1% de la población vive en hogares cuyos adultos disponen de pocas horas de empleo remunerado. Casi uno de cada cinco alemanes está en riesgo de pobreza o exclusión social, una proporción que se mantiene estable desde 2008. En Grecia padece esa situación el 31%.

Estos datos ponen en tela de juicio el cumplimiento de la estrategia Europa 2020 aprobada por la UE para luchar contra la pobreza y la exclusión social y que se propone reducir en 20 millones la cifra de personas en esta situación, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión (EAPN), que considera el objetivo de rebaja cada vez más lejano. “El aumento de los niveles de pobreza se debe al fracaso en el abordaje de las verdaderas causas de la crisis”, apunta Fintan Farrell, director de esta organización. “Esas causas incluyen la falta tratamiento del problema, los crecientes niveles de desigualdad que se han visto favorecidos por la evasión fiscal, las formas insostenibles de capitalismo representados por los fondos de capital riesgo, además de las posturas de competencia en vez de cooperación en materia de política social por parte de los Estados miembros”, añade Farrell. A pesar de las cifras y de sus consecuencias, destaca este experto, luchar contra esta realidad creciente no es una prioridad comunitaria. El próximo presupuesto europeo aún está sin aprobar debido a la falta de acuerdo sobre el reparto de los fondos, que nadie duda ya que se recortarán. Una de las partidas afectadas será previsiblemente la que nutre a programas como el de alimentos para la población más desfavorecida, del que se benefician 19 millones de personas.


17. C.A BALEARES. EL PP NOMBRA A OTRO MILITAR PARA UN CARGO POLÍTICO EN BALEARES

Seis profesionales de las Fuerzas Armadas fichados por Bauzá

Desde un clarinetista profesor de la banda militar hasta un general jefe del Estado Mayor. Ya son seis los militares de formación y carrera que ocupan cargos políticos de confianza en la estructura de poder de las administraciones de Baleares. El nuevo director insular del Gobierno central en la isla Menorca será el hasta ahora comandante de la base Naval de Mahón, el capitán de fragata Javier López-Cerón, que sustituirá a Antoni Juaneda, que tuvo que dimitir al resultar imputado en el caso Over M C, de supuesta financiación ilegal del PP balear.

El PP balear que lidera José Ramón Bauzá pesca en las filas de las Fuerzas Armadas para dotar puestos muy diversos del organigrama autonómico y de la Administración periférica del Estado. En la misma demarcación de Menorca, el PP incorporó a sus listas electorales de 2011 al general del Ejército Luis Alejandre, que en la vida política ejerce de vicepresidente de proyectos del Consell de Menorca. Alejandre fue jefe del Estado Mayor de la Defensa y tuvo mucha proyección en los medios

Al igual que en Menorca, en las islas de Ibiza y Formentera el delegado insular del Gobierno central es un militar, en este caso ya en la reserva, Rafael García Vila, que llegó a teniente coronel de Infantería, fue comandante militar de Ibiza y -ya retirado- presidente de la Cruz Roja en Ibiza.


En la presidencia ejecutiva de la relevante empresa de la Autoridad Portuaria de Baleares –que gestiona los negocios de los puertos clave y de interés general- Bauzá situó a un capitán de navío del Cuerpo General de la Armada, José María Urrutia, que era comandante del Sector Naval de Baleares. A su vez un alférez de fragata en la reserva voluntaria, Antonio Deudero Mayans, está la dirección general autonómica de Puerto y Aeropuertos, dependiente de la consejería de Turismo.

El gerente del Consorcio de la Orquesta Simfònica de les Illes Balears Ciutat de Palma es Marcelino Minaya, profesor de clarinete, que fue integrante de la banda militar a lo largo de doce años y además profesor del conservatorio. Minaya es de la misma quinta (1971) que el presidente José Ramón Bauzá, a su vez hijo de un músico militar.


18. C.A CASTILLA LA MANCHA. ECHÁNIZ ACUSA A LOS MÉDICOS DE OPERAR MÁS DE LO NECESARIO PARA COBRAR PEONADAS

El consejero de Salud de Castilla-La Mancha y portavoz de Sanidad del PP afirma que el sistema implantado por el PSOE para reducir las listas de espera es “perverso”

El consejero de Salud de Castilla-La Mancha y portavoz del PP de Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, ha incendiado –aún más- los ánimos de los trabajadores de su servicio. En unas declaraciones hechas el miércoles en las Cortes castellanomanchegas para explicar el aumento de las listas de espera quirúrgicas de la comunidad (un 118% desde 2010 según los cálculos que hizo este periódico) dijo que el sistema anterior, puesto en marcha por el PSOE, “era perverso porque el sistema de retribuciones premiaba no cumplir los objetivos; los servicios que tenían una lista de espera muy grande tenían el premio de las peonadas”. El consejero, además de decir que los objetivos de la ley regional, eran “imposibles” de cumplir, señaló que plan para reducirlas fomentaba que hubiera “indicación quirúrgica por encima de lo necesario” por “los altos incentivos para peonadas”. Echániz dijo que los datos indicaban que el rendimiento por la mañana era inferior al de la tarde, y que las peonadas representaban un sobresueldo de hasta 300.000 euros para los médicos que no cumplían su trabajo en horario de mañana, y aprovechaban para cobrar extras trabajando de tarde.

Las reacciones a estas palabras fueron inmediatas. La primera, en el tiempo, la del portavoz del PSOE en el Parlamento regional, Fernando Mora, que aun admitiendo que podía haber aspectos a mejorar en el sistema de retribuciones, pidió al consejero los nombres de esos médicos.

Mucho menos comedidos han sido los organismos representativos de los profesionales. José Luis Grau, presidente del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM), ha dicho que pone “la mano en el fuego por la profesionalidad de los médicos”. El personal “ha actuado correctísimamente y, si se ha intervenido, ha sido porque lo necesitaba el paciente”, ha añadido, y ha indicado que “las peonadas se hacían para disminuir las listas de espera y en aquellos momentos no eran altas y ahora [que se han eliminado como parte de la política de recortes de la comunidad] sí son muy altas”.

El secretario general de la Organización Médica Colegial, Serafín Romero, en un comunicado, ha solicitado al consejero “una rectificación inmediata de sus declaraciones”. Sus acusaciones “se dirigen contra la profesión médica en general, sin definir quién, quienes y en donde se producen estas irregularidades, dejando entrever que la situación por la que atraviesa la sostenibilidad del modelo sanitario que tantas satisfacciones nos ha dado es debida a una mala práctica de todos los profesionales de la medicina”, se queja Romero.


19. C.A GALICIA. EL PUERTO DE FERROL PAGA UN PLEITO PERSONAL A SU PRESIDENTE

La entidad abonó 9.270 euros al abogado de Del Real por una querella que presentó contra una subordinada con la que mantuvo una relación



La batalla judicial que el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, Ángel del Real, ha librado desde 2010 con una empleada de la entidad con la que mantuvo una relación ha sido financiada por el Estado. Además de los gastos judiciales de la defensa de Del Real y otros directivos del Puerto, acusados de acoso por la trabajadora, las arcas del Puerto ferrolano abonaron unos honorarios de 9.000 euros al abogado que le llevó a Del Real la querella que este presentó contra su subordinada por injurias y calumnias.

La empleada a la que Del Real denunció por injurias fue jefa de Personal del Puerto de Ferrol durante seis años. Lula González fue contratada en 2004 cuando Del Real ya era presidente del Puerto (lo fue entre finales de 2002 y 2005, durante el último mandato de Fraga, y luego Feijóo volvió a colocarlo al frente de esta entidad en 2009), tras una entrevista y un concurso de méritos. Presidente y trabajadora mantuvieron en esa época una breve relación sentimental que Del Real definió en su declaración ante el juez como “amistad íntima”. Cuando en 2009 Del Real volvió a la Autoridad Portuaria de Ferrol de la mano de Feijóo estalló la batalla judicial con la que había sido su pareja.

En 2010 la jefa de Personal de la entidad le puso una denuncia por acoso sexual y laboral que incluía como codemandados a otros miembros de la cúpula de la Autoridad Portuaria ferrolana. En aquel momento, la defensa de Del Real y los demás cargos demandados fue financiada con dinero público, como reconoció en su día la conselleira de Mar, Rosa Quintana.

Como contraataque a su expareja, Del Real presentó el 1 de septiembre de 2010 una querella por injurias y calumnias contra Lula González porque, afirmó, detrás de su demanda por acoso había “un intento de acabar con su carrera profesional”. Según las facturas a las que ha tenido acceso este periódico, los gastos de esa querella personal también fueron pagados con dinero público. La Autoridad Portuaria realizó en noviembre de 2010 un primer abono al abogado José Ignacio Santaló por una cuantía de 6.180 euros. El segundo pago se realizó en septiembre de 2011 por 3.090 euros. En total, 9.270 euros.

El presidente del Puerto ferrolano fue absuelto de acoso en 2011 y, justo después de salir esa sentencia, despidió de forma improcedente a la mujer que lo había demandado y con la que había mantenido una relación. La justicia obligó a Ángel del Real a readmitirla.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/06/galicia/1354820104_226076.html

20. C.A MADRID. EDUCACIÓN DA COBERTURA A LOS POLÉMICOS DOCENTES NATIVOS CONTRATADOS EN MADRID

La reforma educativa establece que las comunidades "podrán excepcionalmente incorporar expertos como profesores bilingües o plurilingües"

La ley educativa dará cobertura a la contratación de profesores nativos para la enseñanza pública sin que pasen antes por una oposición, como ha hecho este curso la Comunidad de Madrid, según un nuevo punto incluido en el anteproyecto de ley para la reforma escolar que discutirán esta tarde las comunidades y el ministerio que dirige José Ignacio Wert. El Gobierno madrileño contrató a principio de curso a 26 docentes de Reino Unido e Irlanda, lo que ha suscitado una gran polémica: el sindicato UGT llegó a denunciar a la expresidenta Esperanza Aguirre y a la consejera de Educación, Lucía Figar, por posible prevaricación.

Ahora, la disposición adicional trigésimo séptima del anteproyecto de ley educativa dice: "Para cada curso escolar, las Administraciones educativas podrán excepcionalmente incorporar expertos como profesores bilingües o plurilingües, atendiendo a las necesidades de programación de la enseñanza para el desarrollo del plurilingüismo [...] Dichos expertos deberán ser habilitados por las Administraciones educativas, que determinarán los requisitos formativos y en su caso experiencia que se consideren necesarios; en cualquier caso, los expertos deberán estar en posesión de la titulación requerida para cada especialidad”.

La Comunidad de Madrid ya le había pedido en varias ocasiones al Ministerio de Educación vía libre para hacer estas contrataciones, y la expresidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, llegó a quejarse públicamente de que no lo hicieran y habló, incluso, de "insumisión". De hecho, sin permiso ni cambio legal alguno, la Consejería de Educación hizo las 26 contrataciones de docentes de Educación Física, Plástica y Tecnología al principio de este curso.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/06/galicia/1354820104_226076.html

Desde la consejería siempre han asegurado que se trató de cubrir huecos, es decir, que esos docentes nativos han cubierto vacantes para las que no encontraron profesores (funcionarios ni interinos) acreditados en idiomas dispuestos a cubrirlas. Sin embargo, el sindicato UGT denunció estas contrataciones porque aseguran que no se convocaron esas plazas y que se saltaron el proceso que han de seguir todas las demás personas que quieran dar clase en la escuela pública: las oposiciones.

La propia Consejería de Educación prepara una norma de ámbito autonómico para dar cobertura legal a esas contrataciones. Figar ha incluido un artículo calcado de la Ley de Educación de Andalucía (LEA) en la Ley de Acompañamiento de la Comunidad de Madrid. "La Administración educativa podrá incorporar, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca, profesorado de otros países, con la misma titulación que la requerida para el personal funcionario, tanto para la enseñanza de idiomas como para impartir otras materias cuyos currículos se desarrollen en una lengua extranjera”.


21. C. A MADRID. GONZALEZ REBAJA IMPUESTOS Y SE RESERVA PERDONAR FALTAS MUY GRAVES A EUROVEGAS

El Gobierno regional se reserva el derecho a modificar las sanciones previstas por la ley

Podrá perdonar además los antecedentes penales a sus empleados

El macrocompleo de Adelson apenas tendrá que pagar impuestos regionales

Hasta ahora, si un casino cometía una falta muy grave, por ejemplo, no pagar al jugador que acaba de ganar a la ruleta o coaccionarlo para abandonar la sala cuando la suerte está de su lado, o colocar una ruleta no reglamentaria, se arriesgaba a recibir una multa de hasta 600.000 euros por parte de la Comunidad de Madrid, que además podía cerrar el local hasta cinco años o incluso para siempre. Esa norma no se aplicará a Eurovegas, después del cambio introducido en la Ley 6/2001 del Juego por el Gobierno regional de Ignacio González (PP). A partir de la entrada en vigor de esta modificación (incluida en el paquete legislativo de los Presupuestos para 2013), la Comunidad se reserva el derecho a no aplicar esos castigos cuando considere, subjetivamente, que son desproporcionados. Y no es el único caso en el que el Ejecutivo regional se reserva la capacidad para indultar a los casinos por sus desmanes.

El Gobierno autonómico ya anunció que tejería un traje legal y fiscal a medida para que el magnate estadounidense Sheldon Adelson (o cualquier otro) construya en la región el macrocomplejo de ocio y juego bautizado informalmente como Eurovegas. Adelson promete invertir 6.000 millones de euros a partir de finales del año que viene para levantar (probablemente en Alcorcón) cuatro hoteles, dos casinos, restaurantes, auditorios, campos de golf y otras instalaciones de ocio. Asegura que se generarían 72.000 puestos de trabajo directos de aquí a 2016 en el sector servicios, más otros 15.000 en la construcción del complejo. Para 2025, habría puesto en marcha una pequeña sucursal de Las Vegas en suelo español, capaz de convertir Madrid en foco del turismo de congresos y convenciones de Europa.

El Gobierno central ha cursado una modificación legislativa para permitir que los Ayuntamientos perdonen sus principales impuestos

“Las autoridades esperan que les presentemos nuestros planes con cierto grado de detalle a principios de enero. Será entonces también cuando nosotros tendremos más información sobre qué leyes son las que se van a aprobar a nuestro favor”, aseguró la empresa de Adelson, Las Vegas Sands, el mes pasado. El Gobierno central ya ha cursado una modificación legislativa para permitir que los Ayuntamientos perdonen sus principales impuestos cuando lo crean conveniente. A estas bonificaciones, de hasta el 95% en el Impuesto de Bienes Inmuebles y en el de Actividades Económicas, se suma otra similar que ya es posible en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Además, la Comunidad ha aprobado una más, también del 95%, para el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

No es el único incentivo fiscal pensado para Eurovegas. El Gobierno regional ha modificado el Real Decreto Ley 16/1977, que regula los aspectos fiscales de los juegos de azar, para relajar al máximo la tasa que tienen que pagar los casinos. Hasta ahora, la base imponible era el dinero que los jugadores dedican a apostar. Ahora, a esa base se le restará la cantidad dedicada a premios y los créditos concedidos a jugadores acreedores que se consideren imposibles de cobrar. Además de la base imponible, también baja el tipo impositivo, desde el 45% al 10% para casinos con ingresos superiores a los 4,4 millones de euros. Por si Eurovegas afrontara todavía el riesgo de tener que pagar la tasa, se incluye una bonificación del 9% de las inversiones en edificios o material; y una bonificación anual de 9.000 euros por cada trabajador que integre la plantilla. El único límite a estas ayudas es que Eurovegas deberá pagar al menos un 1% de la base imponible. Pero no hay problema en esto tampoco: si por culpa de este límite le sobran bonificaciones, las podrá aprovechar durante los siguientes 18 años; se computarán además antes de las correspondientes al ejercicio en vigor, de forma que no corran el peligro de caducar.

La Comunidad ha creado una figura bautizada como Centro Integrado de Desarrollo (CID) para definir a Eurovegas y sus posibles versiones, y la ha incluido entre los Proyectos de Alcance Regional, que hasta ahora afectaban a infraestructuras, hospitales o vivienda protegida. Eurovegas quedará así eximida de ser regulada por los instrumentos de ordenación del territorio.

Entre otras ventajas, el suelo en el que se levante podrá ser expropiado por la Administración en beneficio de un particular, lo que evitaría a Adelson tener que negociar con los propietarios de los terrenos donde quiera levantar el complejo.

Además, si el proyecto es incompatible con la ordenación urbanística del municipio en el que construya, tendrá prioridad sobre esta; el Ayuntamiento recibirá a cambio las ayudas económicas que el Gobierno regional considere oportunas. La construcción y las modificaciones urbanísticas deberán contar con licencia municipal, pero si el Ayuntamiento no la concede en un mes, quedará en manos de la Comunidad su otorgamiento.

La ley prevé que los directivos y los empleados de Eurovegas no puedan tener antecedentes penales. Pero solo por delitos de falsedad, contra Hacienda o la Seguridad Social, y similares, o por infracciones relacionadas con el juego. “No obstante”, la Comunidad “podrá valorar las alegaciones del interesado, así como la relevancia de la infracción y, en consecuencia, resolver positivamente si lo estima oportuno”. Es decir, que el Gobierno regional se reserva el derecho a perdonar esa inhabilitación, pese al riesgo de reincidencia que pueda acarrear.

Los cambios legales permitirán además a los casinos abrir las 24 horas del día; e inventarse cualquier juego de azar y ponerlo en marcha antes de recibir el aval de las autoridades. Y solo se pedirá el DNI a los jugadores que quieran cambiar fichas por valor de más de 2.000 euros.

"¿Por qué esperar a Adelson?"

La batería de ventajas fiscales que el Gobierno madrileño ha diseñado para atraer a Madrid los dólares de Sheldon Adelson han sido recibidas con reservas por el sector del juego que ya opera en la región, donde cohabitan el casino de Torrelodones y el de Aranjuez. “¿Por qué tenemos que esperar a que Eurovegas se haga realidad para no poder disfrutar de todas las medidas que se están adoptando?”, plantea José María Paredes, director comercial del Casino Gran Madrid. “Agradecemos que se escuchen reclamaciones que venimos haciendo desde hace tiempo, valoramos alicientes como el tributo único al juego del 10% frente al 45% actual, o las bonificaciones de 9.000 euros por cada empleado que integre la plantilla, pero lo lógico es que nos las aplicasen ya, no cuando Las Vegas Sands abra... ¿Y sin finalmente no hay Eurovegas? Para aguantar el impacto que tendrá en el sector necesitamos coger el músculo necesario antes”, observa Paredes.

Con una caída del 40% en la actividad por la crisis, la ley antitabaco y la competencia del juego ilegal, el casino de Torrelodones ha decidido renovarse o morir. A la sala satélite que abrirá en la capital se añade desde finales de noviembre la emisión en directo de la ruleta desde Torrelodones por televisión.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/02/madrid/1354461218_181280.html


22. C.A MADRID. EL HUNDIMIENTO DE TELEMADRID

El Consejo de Administración advirtió hace ocho años a Aguirre del descontrol en la gestión

Ahora se dispone a suprimir el 80% de la plantilla, reducir la programación propia y externalizar los principales programas

Telemadrid lo define como una “reestructuración”, los trabajadores lo llaman “desmantelamiento” y el ex director general de la radiotelevisión autonómica Francisco Giménez-Alemán (nombrado por Alberto Ruiz-Gallardón) lo califica de “vergüenza”. El plan para despedir a 925 empleados del ente público (en torno al 80% de la plantilla) implica la liquidación de Telemadrid tal y como ha sido en las dos últimas décadas. La empresa insiste una y otra vez en que el modelo actual es obsoleto e insostenible y que es necesaria una nueva estructura adecuada a la situación económica general y a la del sector audiovisual en particular.

Es el mismo discurso que ha voceado la televisión valenciana, espejo en el que se mira Telemadrid, para despedir al 70% de sus trabajadores. Ambas cadenas tienen vidas paralelas: paradigmas de la manipulación informativa, han sido (todavía son) un instrumento al servicio del poder político. Han acumulado deudas colosales (1.300 millones de euros la valenciana y 260 la madrileña) y han inflado las plantillas para dar entrada a periodistas ideológicamente afines.

“La plantilla de Telemadrid se hinchó hasta reventar”, dice Jorge Martínez Reverte, que dirigió Onda Madrid cuando en la Comunidad gobernaba el socialista Joaquín Leguina. “Esperanza Aguirre empezó a intervenir en los informativos y cada vez que algún periodista de la cadena le podía molestar, no lo echaba sino que lo sustituía por alguien afín. Se duplicaron puestos allí donde había periodistas molestos. Así es como se ha disparado la plantilla y como se ha elevado radicalmente el coste de los informativos”.

■En noviembre 2012 la audiencia de la cadena pública madrileña ha caído al mínimo histórico, con el 4,8% de cuota de pantalla. La media de las autonómicas ha sido del 9,4%.

■Entre 2005 y 2011, los ingresos comerciales de Telemadrid han descendido un 64%. De 75 millones de euros se pasó a 26. Este año rondará los 30 millones y para el próximo se calcula que la facturación publicitaria rondará los 15 millones de euros.

■La Comunidad se ha visto obligada a inyectar dinero extra para evitar la quiebra de la compañía, a la que ya no se le conceden créditos.

La jibarización de Telemadrid que ahora propone la consultora Deloitte Cuatrecasas, en un informe que ha costado más de 140.000 euros, dejará la televisión autonómica bajo mínimos. La parrilla quedará reducida a telediarios, series, películas y un par de programas históricos (Madrileños por en el mundo y Madrid directo) que podrían pasar a ser producidos por empresas privadas. Es la parrilla ideal para Ignacio González. “El presidente no tiene el carisma de Esperanza Aguirre ni goza de su popularidad. Necesita de los Telenoticias. Tienen que sacarlo a todas horas porque ha de crearse una imagen”, reconocen fuentes cercanas al Gobierno regional.

No es algo nuevo. Telemadrid ha estado al servicio del PP durante las dos legislaturas y media de Aguirre. Los noticiarios dieron la espalda a la pluralidad de la que habían presumido hasta entonces, como se pudo ver en momentos tan críticos como las manifestaciones contra la guerra de Irak. “Gallardón nunca se metió en los informativos. Jamás me dio una instrucción política”, confiesa Giménez-Alemán.

Las cosas cambiaron en 2004, cuando llegó a la dirección general Manuel Soriano, que había sido jefe de prensa de Aguirre en el Senado. Con sonrojo se recuerda la nota que el periodista envió al Gobierno regional informando de que un documental sobre el 11-M había quedado “bastante bien cinematográficamente e ideológicamente”. La difusión de este tarjetón fue considerada por su remitente como un “atentado contra su intimidad”.

Que todo cambió en Telemadrid con la llegada de Aguirre al Ejecutivo regional lo dice la oposición política y los trabajadores del ente público, que en más de una ocasión han denunciado manipulación y falta de pluralismo. Lo ratifica Martínez Reverte: “Con el nombramiento de Soriano, los informativos del canal público se convirtieron en una especie de vertedero de sectarismo, mal tono y amarillismo”.

Tampoco la gestión ha sido modélica. Desde 2006, la compañía ha tenido que ser rescatada por la Comunidad. Ese año tuvo que pedir un crédito extraordinario de 20 millones para terminar el ejercicio. El grito de socorro se convirtió en algo habitual. En 2009, por ejemplo, necesitó 31 millones, lo que da una idea de hasta qué punto erraron los gestores a la hora de ajustarse al dinero presupuestado.

Informes encargados por Telemadrid —que nunca vieron la luz— ya diagnosticaban en 2004 graves fallos de gestión. Citaban, por ejemplo, una “falta de optimización económica del presupuesto anual”, una “escasa eficiencia en la coordinación” entre departamento y una “falta de evidencia en el proceso de selección y evaluación de programas”. Este catálogo de deficiencias generaba riesgos preocupantes. La auditora percibía riesgos como los siguientes: “ausencia de objetivos económicos”, “no existe la mentalidad de ahorro de costes”, “toma de decisiones sin la transparencia adecuada”, “dificultades en la rentabilidad de los medios propios, técnicos y humanos”.

El ex responsable de Onda Madrid se refiere a Soriano como “un tipo nefasto” para el ente. Pero su mandato no es cuestionado solo por la oposición. Dentro del PP encontró duras críticas. El Consejo de Administración de Telemadrid transmitió por escrito al Ejecutivo determinados aspectos de su gestión aparentemente opacos. Incluso le hizo saber a la presidenta Aguirre la poca transparencia con la que se actuaba en el ente. El Consejo aludía a métodos de contratación en la televisión pública, que, según denunciaba, vulneraban la ley.

Concretamente, en uno de los informes ponía el dedo en los procesos de adjudicación de tres programas: la serie de ficción Capital, el concurso Metro a metro y el programa espectáculo Alcalá Club. Se le exponía a Aguirre cómo desde la dirección general se había favorecido a productores muy señalados contratando series —por las que se pagaban hasta 500 millones de pesetas (tres millones de euros) más al año— sin que se solicitara presupuestos detallados, o cómo se había sustituido el concurso Madrid reta —que costaba 9.500 euros por edición— por Metro a metro —que salía por 23.300—. Advertía también del “altísimo coste” para las posibilidades de la cadena del programa Alcalá Club, que salía por 72.800 euros la entrega. La dirección de Telemadrid se ha limitado a negar que haya habido irregularidades en la gestión o falta de transparencia. “Estamos absolutamente monitorizados por la Asamblea”, dijo un portavoz.

Para justificar los ajustes, el informe encargado por el ente público echa mano a los datos macroeconómicos del sector: el aumento de la oferta de canales, la caída de la publicidad y el coste de los derechos audiovisuales. La empresa insiste en que la situación financiera es insostenible por las pérdidas continuas y la Comunidad afirma que no está dispuesta a destinar más fondos a la televisión. “En necesario ir a un modelo nuevo, viable y que cumpla la ley, que nos obliga a no tener déficit”, subraya el ente. La consultora plantea que “la construcción del nuevo modelo de televisión aplicable a Telemadrid ha de plantearse necesariamente desde un enfoque ex novo”.

Con los votos del PP y la oposición de PSOE e IU, el Consejo de Administración aprobó el pasado miércoles el informe, que supondrá un hachazo a la plantilla, además de una sustancial rebaja en los costes de programación y la externalización de un alto porcentaje de los servicios de producción. El plan lo ejecutará José Antonio Sánchez, al mando de la autonómica desde hace poco más de un año.

Sobre la plantilla, el informe especifica: “Para un total de 1.169 empleados, existen 51 tipos distintos de categorías profesionales, un número evidentemente exagerado”. Su receta es una nueva estructura con 182 trabajadores, cuyo coste supondría 14,5 millones de euros. El presupuesto de 2013 sería de 85,8 millones de euros (casi la mitad que este año), contando las indemnizaciones a los trabajadores, que supondrían 26,8 millones. Una parte importante se destinaría a la compra de derechos (películas y series) y a las productoras a las que se les

encargaría las partidas externalizadas. Secuoya, que tiene como consejero a Miguel Ángel Rodríguez, secretario de Estado de Comunicación con Aznar, ha admitido su intención de optar a las licitaciones en aquellas autonómicas que decidan externalizar paquetes de programas o servicios.

Para sostener Telemadrid es necesaria la inyección de dinero por parte de la Comunidad. El actual equipo directivo había calculado que en 2013 ingresaría por publicidad unos 15 millones, pero con una parrilla plagada de repeticiones es muy probable que la audiencia caiga aún más y eso arrastre a la baja a la publicidad. En este mes de noviembre, Telemadrid ha registrado un 4,8% de cuota de pantalla, el mínimo histórico, que contrasta con la audiencia de la televisión de Aragón (11,4%) que cuenta con un presupuesto muy inferior.

El Consejo dio luz verde a la composición de la plantilla, la programación, el presupuesto y el organigrama. “Ahora”, dice Telemadrid, “se abre un proceso de negociación con los sindicatos” antes de elevar la propuesta definitiva a la Comunidad. De momento, los sindicatos han llevado a cabo un paro esta semana, que llevó a negro la pantalla, como protesta por el estudio de la consultora, “una auténtica burla” que “contempla el despido de 925 trabajadores mientras deja en sus puestos a todos los directivos, jefes y enchufados a dedo de la redacción paralela”. Según el comité de empresa, el objetivo es hacer “una limpieza ideológica” en la cadena pública.

Para Giménez-Alemán “la pavorosa destrucción de empleo es una gran inmoralidad”. Añade que si el 80% de la plantilla sale de la cadena, el 20% restante “solo podrá acudir a encender las luces, mantener la continuidad y lanzar vídeos, uno detrás de otro, porque será imposible cualquier intento de programación propia y variada”. Por eso reclama a la Comunidad que reflexione y “detenga el atropello”.

Agustín García Matilla, que a principios de los noventa coordinó los programas de servicio público de Telemadrid, critica la manera en que la cadena se ha puesto al servicio “de intereses partidistas”, “colocando a los amigos” y “repartiendo prebendas”. “Cuando lo público se utiliza”, explica García Matilla, “al servicio del interés privado de políticos concretos, no hay ningún ciudadano que pueda defender el expolio y asumir ese modelo prostituido de televisión pública”. Más gráficamente, Martínez Reverte considera que Telemadrid “ya no es un medio público, sino un basurero”. Y pronostica: “La maniobra es malvender la cadena a un precio ruinoso y que se la quede algún amigo”.

La nueva parrilla

El informe de Deloitte y Cuatrecasas da pistas sobre la nueva parrilla de Telemadrid. La premisa inicial es que sea más barata. Sugiere “que pivote sobre la programación propia en informativos y otros programas de interés público emblemáticos” como Madrileños por el mundo y Madrid directo, que serán externalizados.

En el caso de los Telenoticias (dos ediciones diarias, la de mediodía y la de las 20.30) y de Diario de la noche (se suprime la edición de los viernes), se propone un modelo de producción propia mixta.

Madrid directo pasará a ser un producto de los llamados “llave en mano”. La dirección, presentadores, redactores, productores y realizadores procederán del sector privado.

El resto de la parrilla estaría alimentada de programas de espacios de producción ajena y redifusiones. El 48% de las horas de emisión será ajena, si bien el objetivo es acudir fundamentalmente a “la utilización del catálogo disponible”.

Por las mañanas se emitirán dibujos animados para niños y series de ficción. El resto de las franjas del día se cubrirán con documentales, series y telefilmes.

El cine se reserva para el horario de máxima audiencia. Entre la una de la madrugada y las siete de la mañana habrá solo redifusiones, que en total coparán el 28% de la oferta diaria.

El coste de Telemadrid pasará así de 129 millones de euros a 59 (no se contempla presupuesto para La Otra, condenada al cierre). La cuestión es si la audiencia resistirá.


23. C.A MADRID. EL GOBIERNO DE BOTELLA CIERRA EL ‘CASO MADRID ARENA’ SIN ASUMIR CULPA ALGUNA

Lissavetzky exige la dimisión de la alcadesa “porque ha fallado en muchas cosas”

El PP da carpetazo a la comisión tras cuatro sesiones y 12 comparecientes

“No suelo tener mucho apego a los cargos que ostento, y a este en concreto es al que menos. Pero solo dimitiría si me imputara la justicia o lo decidiera la alcaldesa”. Con estas palabras cerraba ayer el delegado de Seguridad, Medio Ambiente y Movilidad, Antonio de Guindos, su comparecencia en la comisión que investiga en el Ayuntamiento la fiesta de Halloween en el pabellón municipal Madrid Arena en la que murieron cinco jóvenes. Apenas una hora y media después, el Partido Popular hacía uso de su mayoría absoluta para zanjar la comisión.

Ha durado cuatro días, y han dado explicaciones una docena de personas, en su inmensa mayoría cargos de confianza de la alcaldesa, Ana Botella; entre ellos, cinco miembros (uno de ellos, recién dimitido) de su Gobierno. El PP ha vetado la comparecencia de técnicos municipales y miembros de otras Administraciones (la oposición había requerido a la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, encargada de la Policía Nacional; y al consejero regional de Presidencia Salvador Victoria, responsable de la Ley de Espectáculos). También ha impedido escuchar a la alcaldesa, Ana Botella, y a la concejal de Hacienda, Concepción Dancausa, autora de la investigación interna del Ayuntamiento sobre la tragedia.

Así las cosas, Izquierda Unida decidió descolgarse de la comisión apenas unos minutos antes de su inicio. Serán pues el Partido Socialista, liderado por Jaime Lissavetzky, y Unión Progreso y Democracia, con David Ortega, quienes elaboren las conclusiones junto al portavoz del PP, Enrique Núñez. Tanto si se acuerda un texto conjunto como si la oposición se descuelga con documentos particulares, las conclusiones se votarán en el pleno municipal que se celebrará en dos semanas.

El objeto de la comisión, cuya constitución fue propuesta por Lissavetzky, era depurar las responsabilidades políticas que pudieran existir y tomar las medidas normativas u operativas necesarias para que una tragedia semejante no pudiera repetirse. Así lo explicó la alcaldesa antes de enmudecer ante la prensa.

Respecto a ese segundo punto, Botella ya ha adoptado por su cuenta algunas decisiones: ha prohibido que se celebren fiestas o conciertos en recintos municipales con el público en pie, y también evitará, pese a que su Gobierno ha defendido insistentemente su legalidad, que las empresas municipales firmen contratos con empresas que mantengan deudas con Hacienda o con la Seguridad Social (tal era el caso de Diviertt, la organizadora del evento).

Respecto a lo primero, es decir, a depurar responsabilidades políticas por errores cometidos, difícil será, puesto que el PP no ha desaprovechado oportunidad estos días para exculparse completamente y en todos los planos. Hasta el momento, solo ha dimitido Pedro Calvo (como delegado de Economía; mantiene el acta de edil), y lo hizo tras ser imputado por el juez. Sin embargo, ayer defendió su inocencia en su comparecencia, que cerraba la comisión.

“El exclusivo motivo por el que me he visto imputado es que yo ejercía aquel día y desde hace nueve meses la presidencia del Consejo de Administración de Madrid Espacios y Congresos [la empresa municipal que gestiona el pabellón], una función representativa y sin funciones ejecutivas. Entiendo que me concernía la responsabilidad política, y a eso me atuve pese a no tener culpa alguna. Hay reglas que hay que aceptar, y a veces se las tiene que marcar uno. Dimitir es una regla personal, allá cada uno. Hay que confiar en los tribunales. Se hará justicia”, concluyó.

Calvo, además, definió lo ocurrido de la misma forma que, palabra arriba palabra abajo, habían hecho antes el vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, y el portavoz del PP, Enrique Núñez. “La tragedia se debió a la voracidad económica de una empresa que vulneró la ley y su contrato con el Ayuntamiento. Asumió un riesgo de seguridad que ha causado un daño humano irreparable”, dijo.


El PP ha repetido estos días que Madrid Espacios y Congreso (Madridec) podía legalmente firmar contratos con empresas morosas. A última hora, Calvo ha descargado en cualquier caso esa responsabilidad sobre los gestores de Madridec, José Rivero y Jorge Rodrigo. “Yo no conocía que la empresa tuviera deudas con la Seguridad Social, y eran quienes contrataban los que tenían que averiguarlo”, ha dicho.

Tanto Rivero como Rodrigo fueron cesados hace dos semanas por la alcaldesa de forma fulminante por “ocultar” el trato preferente otorgado a Diviertt, que permitía a esta empresa contar con el pabellón prácticamente en régimen de exclusividad para organizar sus fiestas. “Es habitual en el sector que quien te arrienda los espacios con mayor asiduidad tenga unas ventajas tendentes a su fidelización”, explicó ayer Calvo.

El concejal defendió también la seguridad del Madrid Arena. “El problema no estuvo en el recinto sino en el uso inadecuado”. Así se había pronunciado horas antes también la concejal de Urbanismo, Paz González, y antes que ella los dos altos cargos de su departamento. Una de ellos, Beatriz Lobón, señaló ayer que, una vez construido el pabellón, entre 2002 y 2005, “el único deber del Ayuntamiento era el de su conservación, y esto solo a partir de los 30 años. No hay que adaptarse a los cambios de normativa. La única obligación es usarlo para lo que fue construido”.

Se defendía así de un informe de técnicos de Urbanismo que, en 2010, detectaba deficiencias de seguridad en el recinto. En opinión de la oposición, no se trata sin embargo de una cuestión técnica sino de solvencia política. En otras palabras: aunque el Ayuntamiento no tuviera la obligación legal de arreglar esas deficiencias, debería haberlo hecho por responsabilidad. Además, tal y como ha desvelado EL PAÍS, el recinto no solo tenía fallos respecto a la ley vigente en 2010, sino también desde el momento mismo de su construcción. “La seguridad de un edificio puede ser considerara en abstracto una cuestión técnica, pero no cuando tiene que ver con las personas. ¿Por qué se archivó el informe que denunciaba deficiencias en lugar de tramitarlo para solventarlas?”, preguntó Lissavetzky.

“Me gustaría hacer una defensa, aunque no lo necesita, del vicealcalde, sobre el que se ha desencadenado un juicio injusto, con actitudes deplorables”, concluyó ayer su intervención Calvo. Pocas horas antes había comparecido el propio Villanueva, que negó haber otorgado trato de favor alguno a la empresa que organizó la fiesta, tal y como han querido insinuar algunas informaciones periodísticas. El vicealcalde explicó: “Dado que yo no he adjudicado nunca nada a su empresa, no soy responsable de lo que haya hecho; si ha hecho algo malo, que recaiga sobre sus responsables todo el peso de la ley. Este empresario [Miguel Ángel Flores, imputado por el juez, y que presuntamente sobrepasó el aforo permitido por el Ayuntamiento para la fiesta] ha ejercido varios cargos de representación, incluido el de vocal de la Cámara de Comercio, y mi grado de conocimiento es fruto de esos puestos, dado que yo he sido responsable del área de Economía durante ocho años. Casé a un hermano suyo, es cierto, pero hacerme responsable de él es excesivo; he celebrado 17 bodas, y por lo general no conocía a los contrayentes. Ni he estado nunca en casa de este señor, ni este señor ha estado nunca en la mía”, zanjó.

Otros siete imputados

El titular del Juzgado de Instrucción 51 de la capital imputó ayer a siete personas más por el caso Madrid Arena, tal y como había solicitado el fiscal. Son el hermano y socio del organizador, José María Flores; cuatro responsables de la empresa Madrid Espacios y Congresos; y dos de Seguriber, la empresa que vigilaba el recinto. Ya estaban imputados el edil Pedro Calvo (PP); el organizador, Miguel Ángel Flores; y los responsables de Seguriber y Kontrol 34, la empresa de los porteros de discoteca que debían controlar el aforo. Las familias de las víctimas han solicitado también la imputación del delegado de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad, Antonio de Guindos, pero la Fiscalía lo ve “prematuro”.

Ayer, Guindos criticó que, en su opinión, se intenten trasladar responsabilidades individuales al Ayuntamiento, y negó que fuera a cesar a la edil de Seguridad, Fátima Núñez pese a los errores de descoordinación entre su área y los servicios de emergencia que se han destapado en la comisión. “La apariencia de descoordinación nace de esa autonomía que le es propia al Samur”, explicó.

La oposición no ha quedado satisfecha con el cierre de la comisión, que considera prematuro; el portavoz socialista, Jaime Lissavetzky, pidió ayer la dimisión de la alcaldesa, Ana Botella. “Vamos a exigir altas responsabilidades porque han fallado en muchas cosas”, añadió el portavoz de UPyD, David Ortega.


24. C.VALENCIANA. LA AUDIENCIA DECLARA PRESCRITA LA CONDENA A TABARES POR EL ‘CASO IVEX’

El exalto cargo de la Generalitat huyó tras ser sentenciado a cinco años de prisión

La Audiencia de Valencia ha declarado prescrita la pena de cinco años de prisión que se le impuso en 2005 al exdirector del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) José María Tabares por un delito continuado de estafa y falsedad al utilizar esta entidad pública como avalista en operaciones privadas.

Con esta decisión, hecha pública hoy por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la Sección Quinta anula la orden de detención europea que se dictó sobre él por encontrarse en paradero desconocido.

Las penas se declaran prescritas, tal y como prevé el Código Penal, al haber transcurrido más de cinco años desde que la sentencia fue declarada firme, en octubre de 2006.

Según declaró probado la Sala, Tabares y el empresario francés Jean Luc Lagier, condenado a idéntica pena y también en paradero desconocido, iniciaron en 1995 unas operaciones de compra-venta para que la compañía Ford obtuviera derechos de compensación para exportar vehículos a Túnez empleando al Ivex por avalista.

Estas operaciones provocaron que a principios de 1997 la empresa pública, sin tener conocimiento, hubiese contraído una deuda con el Arab Bank cercana a los 3,2 millones de euros.

Intentando reducir esta deuda, Tabares y Lagier pusieron en circulación más de 30 efectos cambiarios en los que la empresa tunecina Sonotube actuaba como librador, y la sociedad belga Graficom -bajo la titularidad de Lagier y sin solvencia económica, al igual que Sonotube- como librado y el Ivex como avalista.

Los avales, que según establece la sentencia no respondían a ningún movimiento de mercancías, quedaron en poder del empresario francés, quien las fue presentando para su descuento al KBC Bank, el BSCH, el Fortis Bank y el BBVA hasta el cese de Tabares como director general del Ivex a finales de 1999, con lo que quedó interrumpida la rueda de letras.

A juicio del tribunal, los condenados cometieron delito de estafa en virtud de un negocio de descuento bancario ficticio, mediante "cambiales" de "aparente autenticidad" y cuya naturaleza ficticia ocultaron a estas entidades bajo el pretexto de "ir tapando la deuda generada en el Arab Bank, a cargo del Ivex, en ruinosas, descabelladas y ficticias operaciones", establece el texto.

Como consecuencia de las actuaciones de Tabares en connivencia con Lagier, el capital social del Ivex se redujo a menos de la mitad y se inició un proceso de disolución legal que sólo pudo ser evitado mediante una operación "acordeón" de aumento y reducción de capital, que redundó en unos costes para la entidad pública de unos 60.000 euros.

El exalto cargo de la Generalitat se encuentra en paradero desconocido desde que fue condenado a cinco años de prisión, en una sentencia dictada en mayo de 2005 por la Audiencia de Valencia, que luego confirmó el Tribunal Supremo en 2006.

Por este motivo, el tribunal valenciano ha declarado prescrito el delito y ha acordado dejar sin efecto la orden europea de detención contra él y las requisitorias practicadas para localizarle y obligarle a cumplir la pena.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/04/valencia/1354615148_544350.html



25. C. VALENCIANA. DOS AÑOS MÁS DE INHABILITACIÓN PARA EL DIPUTADO DEL PP HERNÁNDEZ MATEO

El tribunal eleva a nueve años la prohibición para que ocupe cargos electivos locales

El exalcalde de Torrevieja ha sido condenado ya a tres años de cárcel

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano elevó ayer en dos años, hasta un total de nueve, la pena de inhabilitación para ser alcalde o cargo electivo local de Pedro Ángel Hernández Mateo, diputado del PP en las Cortes Valencianas y exregidor de Torrevieja. Hernández Mateo fue condenado la semana pasada a tres años de prisión y a siete de inhabilitación por haber prevaricado y cometido un delito de falsedad en documento público en la adjudicación de la mayor contrata del municipio —el servicio de basura, que implicaba un desembolso de cerca de 100 millones de euros en 10 años por parte del Consistorio— a la unión de empresas formada por Necso Entrecanales Cubiertas-Grupo Generala de Servicios en 2004.

La Sala Civil y Penal del TSJ emitió ayer un auto en el que corregía una omisión en la sentencia: la pena de inhabilitación por la falsedad en documento público, que se concreta en dos años. El castigo definitivo —a expensas del posible recurso al Tribunal Supremo del exalcalde— queda en siete años de inhabilitación por la prevaricación, más dos años de inhabilitación por falsedad, más tres años de prisión por este mismo último delito.

Los Verdes de Torrevieja, que denunciaron los hechos, se felicitaron ayer del fallo que vino a respaldar su postura. La sentencia “deja en evidencia a todos aquellos que a lo largo de estos años han tratado de confundir a los ciudadanos descalificándonos hasta la saciedad y tratándonos de todo lo peor, e incluso dañando nuestra imagen, patrimonio y seguridad”, añadieron en un comunicado.


26. C.VALENCIANA. LÓPEZ JARABA DIMITE COMO DIRECTOR GENERAL DE RTVV

Abandona su cargo menos de un mes después de que el consejo de administración le otorgara todos los poderes para liquidar la empresa

El director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), José López Jaraba, ha dimitido de este cargo tras algo más de tres años en el mismo y cuando aún no ha acabado el proceso de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el ente público, que contempla el despido de 1.198 trabajadores (un 70% de la plantilla). Esta decisión deberá aprobarla el pleno del Consell, pero en la reunión celebrada este viernes no se ha abordado. López Jaraba dimite cuando todavía no ha transcurrido un mes desde que el consejo de administración, pese a las protestas en contra de los representantes de la oposición, le otorgó todos los poderes para liquidar la empresa pública.

El pasado 16 de noviembre el consejo de administración de RTVV aprobó delegar facultades en López Jaraba para "agilizar" el procedimiento de fusión y absorción de las empresas del ente, como paso previo a su liquidación, así como las operaciones necesarias para su "reequilibrio patrimonial", entre las que se encuentra el despido colectivo.

La dimisión de López Jaraba deja en el aire quién se encargará de este procedimiento, ya que aunque la abogada Rosa Vidal Monferrer fue elegida directora general de la nueva RTVV el pasado mes de octubre en el pleno de las Cortes, está previsto que asuma el cargo en una nueva etapa de la televisión y radio públicas que ya no tenga que ver con la anterior empresa.

José López Jaraba, de 45 años, comenzó en el cargo de director general de RTVV en 2009, tras haber dirigido el Canal 24/9 Notícies. Asimismo, ha sido responsable de las áreas de política, sociedad y Madrid en el periódico ABC (2006-2009) y fue delegado de este medio en la Comunidad Valenciana entre 2003 y 2006.

El sustituto de Jaraba, caso de que sea posible su sustitución, ya que la ley de creación de la antigua RTVV está derogada, tendrá que continuar con el ERE en el ente público valenciano,


del que ya se han iniciado los primeros despidos. Así, el pasado viernes RTVV comenzó a notificar los despidos a 53 personas afectadas, en concreto a los trabajadores que se han acogido voluntariamente al ERE, y a personas con excedencia y sin reserva de plaza, así como a los interinos que les están sustituyendo.

Pese a la renuncia del director general, las notificaciones continuarán la próxima semana con la comunicación a trabajadores del ente —servicios centrales— y a los de Ràdio 9. En el caso de Canal 9, se notificarían en enero.

Los socialistas han anunciado la petición de una reunión urgente del consejo de administración de la antigua RTVV para abordar una situación tan confusa como la que se ha creado al dimitir el cargo en el que se había delegado todo el poder para la liquidación de la sociedad. Una empresa que tiene pendientes también problemas judiciales como el de la denuncia por acoso sexual de tres trabajadoras contra el que fue secretario general y jefe de recursos humanos, Vicente Sanz.



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BOLETIN Nº 652losgenoveses.net/Parte semanal/2012/Boletin 652... · 03. la salida de los cuidadores provoca el peor noviembre en el empleo desde 2001 04. hacienda recauda 1.200 millones