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BOLETÍN “PENSAMIENTO JURÍDICO”
Volumen 1/Número 1 – Abril, Mayo Junio
SALUDO DEL DECANO Saludo a la Comunidad Universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa Sede Cali. Hoy cuando el derecho y el desarrollo del conocimiento evolucionan vertiginosamente, el reto de las universidades y en nuestro caso de la Facultad, es el de formar personas competentes para responder a las dinámicas del mundo, que contribuyan a la construcción y difusión del conocimiento, seres íntegros, con alto grado de sensibilidad al desarrollo social.
Es por esto que presento a ustedes el Boletín Informativo de la Facultad de Derecho de la Sede
Cali denominado “Pensamiento Jurídico”, que obedece a estrategias de visibilidad y posicionamiento del programa al interior y exterior de la institución, donde todos ustedes podrán participar con publicaciones resultado de investigaciones, artículos de reflexión, noticias actuales y que contará con un espacio que propicie a la comunidad de estudiantes y egresados al empoderamiento de la Facultad y la sinergia en sus actividades cotidianas.
Agradezco la noble labor desarrollada por el equipo primario de jefes de área, Coordinadores, Secretario académico, en especial, la de Jorge Alexander Barrios Medina Coordinador de este Boletín y agradezco la confianza depositada por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia. Juan Felipe González Ríos, Decano -Facultad de Derecho
“En este espacio usted va a encontrar la posición y
experiencia de académicos de la Facultad de Derecho que
motivarán a la comunidad Universitaria a reflexionar
sobre los aspectos que se presentan cotidianamente y que
generan inquietud obligando a que se analicen desde el
punto de vista académico y jurídico, permitiendo
visibilizar estrategias que le permitan enfrentar las
situaciones reales y ya no hipotéticas” Jorge Alexander
Barrios Medina, Jefe de Área de Derecho Privado
CONTENIDO Notas de Interés…………2
El Estado Social De Derecho y La
Protección de los Niños en La Jurisdicción
Indígena Colombiana………2
Análisis de la Garantía Plazo Razonable en
el Derecho Procesal Civil……… 3
Consultorio Jurídico y Centro de
Conciliación……………4
La Jurisdicción Societaria, MoDelo de
Celeridad frente a La Justicia
Ordinaria………4
Oralidad Procesal………… 5
Una Posible Mirada del Derecho Romano
Desde la Lucha Social…… 6
El Papel Del Abogado Frente a Las Nuevas
Tendencias Políticas y Sociales Del
País……7 y 8
El Panoptismo Informático Como Forma de
Dominación…………9
Crucigrama Jurídico ……..10
COMITÉ EDITORIAL Director Boletín
Jorge Alexandar Barrios
Revisores
Ana Milena Marín Arroyave
Juan Felipe González Ríos
Edición, Fotografia
Departamento Comunicaciones
Sede Cali
Boletín Pensamiento Juridico Página 2 de la 11
De Interés
La Constitución Política de Colombia en su artículo 246 protege a los pueblos indígenas para que ejerzan sus
propias reglas y procedimientos siempre que no sean contrarias a la Constitución y a las leyes de la República. Es
decir, creó la jurisdicción indígena, como reconocimiento a la ancestralidad de los pueblos nativos, buscando así
preservar su cultura. El citado artículo, en su parte final, menciona que la ley establecerá las formas de
coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional para que pueda ejercer sus funciones
jurisdiccionales y deberá tener dos requisitos, uno de carácter personal otro geográfico.
El primero hace referencia a que las partes deben pertenecer a la comunidad indígena para así ser juzgados en su
propio seno. El segundo, que estos delitos sean cometidos en el interior de su territorio. Si falta uno de estos se
permite desconocer el fuero.
Un alto número de estos delitos en la jurisdicción indígena son cometidos dentro del territorio por individuos
propios de estas comunidades contra los niños.
Colombia es un Estado Social de Derecho, situación particular que pone la Constitución por encima de todo.
Enmarca el ser humano como centro de todo y protege a los individuos menos favorecidos, uno de ellos son los
niños.
Queda un sin sabor, debido que el artículo 44 de la Constitución Nacional establece los derechos fundamentales resaltando que serán protegidos contra toda
forma de abandono violencia física, abuso sexual, entre otros.
Las penas aplicadas a los infractores en la jurisdicción son reducidas al cepo, azotes, baños de agua helada en los páramos andinos. La finalidad del
escarmiento es la "purificación" del imputado. Se ha comprobado que reinciden en estas conductas que violentan los derechos de los niños, siendo este uno
de los fines fundamentales del Estado: proteger a sus asociados. El Estado debe actuar puesto que existe una exclusión frente a los niños de comunidades
indígenas de cara a la protección de sus derechos ya que todos los métodos que aplican los pueblos indígenas a este tiempo se han quedado cortos para la
corrección de estas personas que resultan siendo reincidentes.
La Convención sobre los derechos del niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, ratificada por el
Congreso de Colombia mediante la ley 12 de 1991 trata sobre la vulnerabilidad de los niños y sus derechos.
Dentro de los principios que establece la Convención, está que "un niño puede estar adecuadamente alimentado pero si se le vulneran otros derechos entre
ellos sino se le ampara de cualquier forma de abuso, no puede decirse que esté protegido, pues se trata de derechos que conforman un todo integrado".
Los niños de los pueblos indígenas se encuentran desprotegidos de cara a la vulnerabilidad a la que están sometidos. Es por esto que los delitos de abuso
sexual cometidos contra los infantes de los territorios indígenas deberían ser juzgados por la jurisdicción ordinaria tal como lo establece el Código Penal
en su título IV, capítulo primero, capitulo segundo y capítulo tercero, logrando así una protección a los niños por parte del estado ya que la Constitución
Política y la convención de los derechos del niño al mencionarlos lo hacen de forma general sin hacer excepción entre los de una jurisdicción y otra.
Por lo tanto, no se está haciendo efectiva la aplicación de la Convención de cara a la protección de los más vulnerables.
El espíritu de la Norma de Normas en Colombia fue proteger aún más a los niños de las comunidades indígenas con la creación de la jurisdicción y nunca
permitir o fomentar abusos en su contra. Queda, entonces, un interrogante en el ambiente: ¿Cuál es la responsabilidad del Estado por la vulneración de
los derechos de los niños en las comunidades indígenas?
Es menester expresar nuestros más sinceros agradecimientos a la Comunidad Universitaria por el apoyo y
exaltación respecto de la labor impulsada y desarrollada por el área de Derecho Privado de nuestra facultad.
Son las experiencias de los profesores las que nutren la clase de sabiduría y permiten una formación integral del
estudiante, sobre todo porque las llenan de un gran valor agregado que contribuye en la formación de profesionales
de altas calidades académicas y profesionales.
En la facultad nos preocupamos por formar profesionales, teniendo en cuenta que deben salir capacitados en una
serie de competencias generales y específicas que le permitan desempeñarse holgadamente en distintas áreas
profesionales, no solo con formación de litigantes, sino también formando futuros empresarios, gerentes, asesores,
consultores, incluso auditores e investigadores que adicionalmente pueden llegar a ser hasta profesores de nuestra
facultad.
Ha sido un resultado exitoso, que hoy entregamos a ustedes este ejemplar no solo desde el área de derecho privado,
sino ya contando con la vinculación de algunos docentes de otras áreas y columnistas externos que reconocen la
grandeza a la que está apuntando nuestra facultad, razón por la cual cambia el diseño y título del mismo. Jorge
Alexander Barrios Medina, Jefe Área de Derecho Privado
El Estado Social de Derecho y la protección de los niños en la jurisdicción indígena colombiana
Por Kelly Vanessa García Hoyos, Estudiante Facultad de Derecho
Boletín Pensamiento Juridico
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Análisis de la Garantía Plazo Razonable en el Derecho Procesal Civil Por Nicolás Hurtado Belalcázar
Precisando el plazo razonable,
como parte del debido proceso y
garantía judicial, se define como
el tiempo justo, proporcionado y
equitativo que debe durar cada
proceso y sus etapas, desde que se
inicia la demanda hasta la
sentencia en firme.
La jurisprudencia de la Corte
Interamericana, plantea que el
plazo razonable no consiste en un
tiempo fijo para resolver un
proceso o cada una de sus etapas,
lo que se establece, es un que el
tiempo sea razonable para
resolver una etapa o el proceso.
El Estado Colombiano aplicando
el Derecho civil procesal
constitucionalizado, buscando
como fin la justica y la verdad, ha
establecido en su política judicial
unos tiempos, que se deben
respetar y cumplir en el proceso y
cada una de sus etapas, para que
las autoridades judiciales no
tomen decisiones apresuradas o
demoradas a la hora de aplicar
justicia, afectando Derechos
fundamentales de las partes.
El lapso del tiempo que dispongan
las autoridades judiciales para
llegar a la toma de fallos,
mediante providencias
intermedias o definitivas, debe
tener también un máximo de
tiempo, que se resume a la
aplicación de los elementos de la
garantía del plazo razonable de
acuerdo a cada caso en concreto
en materia civil, de tal manera que
no quede al arbitrio del
funcionario judicial la disposición
del tiempo para buscar la verdad y
aplicar justicia.
No es procedente exigir la tutela
del plazo razonable, en el proceso
civil, cuando las autoridades
judiciales actúen de manera
eficiente, y en un tiempo
razonable, aunque no cumplan
con los tiempos procesales, ya que
de ser así se estaría violando el
principio de autonomía e
independencia jurídica.
Solo será procedente tutelar esta
garantía, en los casos en que las
autoridades judiciales actúen de
manera negligente e irrazonable,
demorando el proceso civil,
violando la garantía del plazo
razonable que hace parte del
debido proceso.
La garantía del plazo razonable
puede violarse o salvaguardarse
La Corte Interamericana de
Derechos Humanos a través de
su jurisprudencia ha enriquecido
el concepto de la garantía del
plazo razonable que debe
aplicarse en cada proceso por
separado, para que el Estado a
través de sus funcionarios
judiciales adopten una posición
correcta en la aplicación de la
garantía del plazo razonable,
determinando que no se trata de
estipular un tiempo exacto en las
etapas del proceso civil. Para
garantizar que no se violen los
parámetros establecidos por la
Corte Interamericana de Derechos
Humanos, sino por lo contrario
un no tiempo, esto es, que todos
los actos procesales que se
realizan por parte de las
autoridades sean realizados con
eficacia, eficiencia y diligencia en
el menor tiempo posible que
conduzca a la verdad y justicia.
En materia civil, la evaluación o
el análisis de la garantía del plazo
razonable, se adopta el desarrollo
hecho por la Corte Europea de
Derechos humanos, consistente en
que este debe de considerarse o
comenzar a computarse desde día
en que se acude a la jurisdicción
civil (Caso Buchholz , 1981. A
42) Aunque dichos conceptos
ofrecen relativa precisión, los
mismos demandan un examen
cuidadoso en la tarea de
determinar las circunstancias
propias de cada caso, las cuales
son diversas o heterogéneas para
todos los casos. Precisamente del
estudio de todas ellas en conjunto
es que se obtiene la razonabilidad
del plazo que sirve de apoyo a las
autoridades y tribunales en la
evaluación de las condiciones de
jure y de facto que convergen en
la posible y eventual violación del
derecho a un proceso en un
término razonable. Este desarrollo
fue planteado por Sergio García
Ramírez en el año 2006 cuando
en un proceso civil, desde el
momento en que se radica la
demanda hasta la sentencia en
firme, lo cual le permite a la parte
víctima de la violación de esta
garantía en cada caso concreto,
saber que los tiempos estipulados
por la ley en sus formalidades, no
es lo importante para determinar
el plazo razonable, lo
significativo es que el tiempo que
se hayan prorrogado para darle
solución a un litigio sea razonable
de acuerdo a los parámetros
establecidos a través de
jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos.
Lo que pretende el orden
Internacional de los Derechos
Humanos, es que la afectación de
los Derechos de las partes, por
acción o abstención del Estado, no
se prolongue injustificadamente
hasta generar condiciones de
injusticia, inequidad o inseguridad
jurídica.
El Estado ha Constitucionalizado
el Derecho civil, permitiendo a las
autoridades judiciales que antes
de tomar una decisión en los
procesos civiles, realice un
estudio al proceso desde la
perspectiva, Internacionales de
Derechos Humanos, la
Constitución y la ley, Esto no
debe entenderse que los jueces
siempre lo haga, ya que por
omisión o acción en muchos casos
a las partes procesales se les viola
sus Derechos fundamentales del
plazo razonable.
A pesar de Colombia cuenta con
jurisprudencia internacional y
nacional, para hacerle frente a
esta problemática, es importante
que se tomen cartas en el asunto
para que en su política el gobierno
le exija a las diferentes entidades
que administran justicia, el
cumplimiento de las garantías
jurídicas para que los procesos no
se alarguen en el tiempo de
manera irrazonable.
La Corte Interamericana de
Derechos Humanos a través de
su jurisprudencia ha enriquecido
el concepto de la garantía del
plazo razonable que debe
aplicarse en cada proceso por
separado, para que el Estado a
través de sus funcionarios
judiciales adopten una posición
correcta en la aplicación de la
garantía del plazo razonable, determinando que no se trata de
estipular un tiempo exacto en las
etapas del proceso civil. Para
garantizar que no se violen los
parámetros establecidos por la
Corte Interamericana de Derechos
Humanos, sino por lo contrario
un no tiempo, esto es, que todos
los actos procesales que se
realizan por parte de las
autoridades sean realizados con
eficacia, eficiencia y diligencia en
el menor tiempo posible que
conduzca a la verdad y justicia.
señaló “que no es posible
desconocer las particularidades
que cada caso puede ofrecer ni
fijar “calendarios” para
determinar los días meses y años
de la duración de cada etapa del
proceso y su finalización.
“…La garantía del plazo
razonable puede violarse o
salvaguardarse en un proceso
civil, desde el momento en que se
radica la demanda hasta la
sentencia en firme…”.
Nicolás Hurtado Belalcázar
(Asesor Jurídico, docente
catedrático)
Boletín Pensamiento Juridico Página 4 de la 11
Es una unidad académica adscrita a
la Facultad de Derecho. Su objetivo
es ejercer responsabilidad
universitaria mediante el
acercamiento de docentes asesores y
estudiantes practicantes a la
comunidad, mediante un trabajo
serio y responsable.
Por su responsabilidad social, se ha
venido posesionando en la Región
desde el año 2000. El trabajo
constante de sus miembros ha estado
encaminado a prestar un servicio de
calidad a las personas de escasos
recursos económicos.
Asimismo, desde el año 2002, con la
creación y funcionamiento del
Centro de Conciliación, ha trabajado
en la búsqueda de una solución
integral a los conflictos que se
presentan en la comunidad y que, de
acuerdo con la ley, pueden ser
resueltos mediante el mecanismo de
la conciliación, de una manera
eficiente y eficaz.
En 2013 obtuvo certificación de
calidad por parte de Icontec, por el
cumplimiento de los requisitos
generales del servicio exigidos en la
Norma Técnica Colombiana 5906.
Servicios
Asesoría jurídica y representación
judicial gratuita en los asuntos de
competencia del Consultorio
Jurídico. Tramite de Audiencias de
Conciliación orientando a la
comunidad en los mecanismos de
solución de conflictos.
Brigadas Jurídicas y de
Conciliación, con asesores y
estudiantes practicantes, en las
diferentes comunas y sectores de la
región incluyendo algunos
municipios. Capacitación en temas
como violencia intrafamiliar,
alimentos, solución de conflictos,
mecanismos de participación
ciudadana, pensiones, etc.
Trabajo coordinado con
instituciones públicas y privadas a
través de los diferentes convenios
interinstitucionales suscritos.
Impacto
Entre 2000 a 2013 se ha
brindado asesoría jurídica y
tramitado procesos a 17.644
personas y desde el Centro de
Conciliación se han tramitado
entre los años 2002 a 2013,
4.077 solicitudes de Audiencias
de Conciliación, beneficiando a
sectores desprotegidos de
nuestra ciudad y municipios
aledaños.
“...Ha brindado
asesoría jurídica y
tramitado procesos a
17.644 personas
Se han tramitado
4.077 solicitudes de
Audiencias de
Conciliación...”.
Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Por Heidy Guzmán Escobar
LA JURISDICCION SOCIETARIA, MODELO DE CELERIDAD
FRENTE A LA JUSTICIA ORDINARIA
Por Luis Mauricio Otero Hurtado
Bien vale la pena tener en cuenta para el tema que ahora nos ocupa “El principio romántico de la
economía procesal” que informa el procedimiento civil colombiano en razón a la falacia que el mismo
implica, dada la ausencia de celeridad en términos generales en los procesos que la justicia aborda,
pero no son las presentes líneas llamadas a criticar ni por mucho ni por poco el tema. Se trata aquí de
exaltar la labor del legislador y a criticar si, por bien, las tendencias hacia una pronta, eficaz y puntual
aplicación de justicia que se plasma en la Ley 1258 de diciembre 5 de 2008, misma norma creadora de
la sociedad por acciones simplificada S.A.S., cuando en el artículo 44 le otorga facultades
jurisdiccionales a la Súper Intendencia de Sociedades con fundamento en el artículo 116 de la
Constitución Política, para que tal organismo además de tal como está establecido el principio de la
economía procesal, para fraseando al maestro Hernando Devis Echandia. “debe tratarse de obtener el
mayor resultado con el mínimo de actividad procesal”. Nociones generales del derecho procesal civil
pág. 59. Hacia la misma dirección apunta la Ley 270 de marzo 7 de 1996 estatutaria de la
administración de justicia cuando reconviene al operador jurídico para que impida la lentitud procesal,
también la Ley 1564 de julio 12 de 2012. Código General del Proceso, siguiendo la misma línea - al
menos en la letra - procura porque los procesos tengan un término de duración razonable.
Advirtiendo, se itera, el legislador del 2008 dando cabal cumplimiento a este preciado principio, en
aras a satisfacer al usuario de la justicia para que su accionar no resulte inane, puso en marcha la
jurisdicción arriba indicada con los más óptimos.
“…Tal como está establecido EL
PRINCIPIO DE LA ECONOMÍA
PROCESAL, para fraseando al
maestro HERNANDO DEVIS
ECHANDIA. “…debe tratarse de
obtener el mayor resultado con el
mínimo de actividad procesal”…”
Luis Mauricio Otero Hurtado
Boletín Pensamiento Juridico
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A partir del año 2005 Colombia
inició el camino de ajustar todos
los procedimientos judiciales a la
oralidad, básicamente buscando el
cumplimiento de objetivos
precisos en la posible solución a
la histórica crisis de su aparato
jurisdiccional, en el que la
característica esencial es la
morosidad exagerada que sufren
la totalidad de los trámites que
deben surtirse en la solución de
los conflictos, identificando que
en ello hay una buena parte de
culpa de los exagerados
formalismos y amplísimos
términos que se han debido
atender en el procedimiento
eminentemente escrito. Puede
decirse que lo que ha buscado el
Estado colombiano al asumir el
procedimiento oral es golpear la
ineficiencia, la ineficacia y la
morosidad en la solución de los
litigios. De tiempo atrás se dieron
pasos importantes con la
implementación de los Medios
Alternativos de Solución de
Conflictos (MASC), como el
arbitraje, la conciliación, el
arreglo directo, la amigable
composición, pero no ha sido
fácil su consolidación por la
resistencia de los jueces a perder
poder (como si juzgar fuese
ejercer poder, lo que en manera
alguna puede ser confundido con
declarar el derecho) y la ausencia
de una cultura de entendimiento
entre las partes, que de tanto
padecer el sistema jurisdiccional
han adquirido mentalidad pleitera,
a lo que ayuda la formación de los
abogados, que básicamente se
educan con tal criterio.
La oralidad procesal permite, por
encima de todo, que el juez juegue
el papel estricto de serlo, sin
intervenir, sin opinar, sin
iniciativa probatoria (sólo en
casos muy excepcionales,
Oralidad Procesal
Columnista Invitado Victor Hugo Vallejo
absolutamente indispensables para
dilucidar el asunto y nada más.
El paso está dado, de alguna
manera se vuelve irreversible,
pues con ello se vislumbra el
camino de una mínima salida a los
objetivos propuestos, todos
deberán comprometerse en
aplicarlo en debida forma. Si nos
remitimos a los resultados que se
han logrado hasta ahora, no son
muy alentadores, pero es normal
cuando se trata de implementar un
cambio a unas inveteradas
costumbres de formalismos,
extensas peroraciones escritas,
maniobras dilatorias, demoras
procesales interesadas etc. Es
cambiar la mentalidad de quienes
participan en las declaraciones de
derecho frente a unos hechos que
han resultado conflictivos.
En el proceso penal se dio el
primer paso en el año 2005,
siguiendo con el laboral en el
2007, el disciplinario en el 2008,
el administrativo a partir de la ley
1285 y acabada con la ley 1437 de
2011 y en lo civil, para cerrar el
círculo, con el Código General del
proceso, ley 1564 de 2012.
El abogado de hoy se tiene que
involucrar en la oralidad procesal
y para ello debe tener en cuenta en
todo momento, como línea
constante de conducta: le queda
prohibido improvisar.
“…la oralidad se
complementa con los
Principios de
Celeridad,
Concentración y
Economía
Procesal…”.
expresamente consagrados en el
texto legal), como un evaluador
de hechos, un ponderador de
derechos y elemento de decisión,
conforme a lo que se le haya
efectivamente probado, en la
medida en que logre certeza libre
de toda duda razonable que
respalde su fallo, lo que significa
que la totalidad de la carga
probatoria se trasladó a las partes,
que en ello tienen libertad de
iniciativa, en la medida en que las
probanzas que se aporten se
ajusten al Principio de Legalidad.
Lograr que el Juez sea nada más
que Juez, es ya un extraordinario
avance en el procedimiento
colombiano. Hasta cuando se da
inicio a la oralidad en Colombia,
teníamos jueces partícipes de los
litigios, lo cual aparecía como
absurdo frente a la razón humana,
pero ajustado a derecho según la
normatividad vigente. Ahora ese
juez es un tercero, alguien ajeno al
pleito. Conoce, ve, oye, analiza y
decide. Es un espectador
calificado, dotado de autoridad
para dirigir el proceso, sin
involucrarse en el mismo, lo cual
se patentizaba en sus iniciativas
probatorias en el proceso escrito,
pues según las acreditaciones que
ordenara, ya dejaba saber el sesgo
que tenía su posición y por tanto
de alguna manera permitía
anticipar el sentido de sus
decisiones. En la oralidad, nada
de eso le está permitido.
Ese cambio esencial que se da en
el papel del juez en el proceso,
viene acompañado de lo que
puede ser el instrumento
conducente de esta clase de
procedimiento: el Principio de la
Inmediatez. Antes lo que se tenía
era un juez que se involucraba
mucho en el caso, pero que poco o
nada participaba en la práctica de
las pruebas, pues se encerraba en
su despacho, mientras sus
subalternos –algunos de ellos no
tan calificados para la tarea-
evacuaban las diligencias
probatorias. Luego se supone que
leían las actas en que constaban
esas pruebas y tomaba decisiones.
Ahora, en desarrollo del Principio
de Inmediatez el juez está
obligado legalmente a presenciar
y dirigir las audiencias de práctica
de pruebas en forma directa, sin
delegación, viendo a las personas,
escuchándolas en vivo, sabiendo
de sus reacciones afectivas cuando
deponen, pudiendo interrogar a
los peritos sobre los temas que
debe presentar como prueba
técnica, asumiendo el
conocimiento del debate sin la
intermediación del escrito. Está
obligado a saber de qué se trata el
pleito, que pruebas se van a
practicar, que pretensiones tienen
las partes, conocer las teorías del
caso que se hayan presentado o
presenten, en general a ser el más
enterado del asunto, y con el
conocimiento certero que se
forme determinar el sentido de su
fallo. Desde el derecho, no desde
los afectos o desafectos que, en el
largo transcurso del tiempo que
duraba el conflicto en su
despacho, se podía llegar a
formar.
Esta característica – en nuestro
criterio la más definitoria - de la
oralidad se complementa con los
Principios de Celeridad,
Concentración y Economía
Procesal. La celeridad permite
que se abrevien los términos, que
éstos se cumplan de manera
inmediata, que se actúe en
búsqueda de terminar el proceso,
no de dilatarlo, como han hecho
en todos los tiempos la mayoría
de los abogados colombianos que
juegan a extender temporalmente
el litigio, de tal manera que
cuando el juez va a fallar ni
siquiera se acuerda (o es otro juez,
porque el que conoció del caso ya
se jubiló) de que se trata el caso,
que las partes estén debidamente
preparadas en todo momento, que
conozcan su litigio, que
argumenten con seriedad y de
manera precisa.
La Concentración permite que
todos los trámites procesales se
cumplan mediante el sistema de
audiencias orales, evitando sus
interrupciones, sus aplazamientos,
sus dilaciones.
En la audiencia están todos los
interesados en el caso y cada
quien debe conocer el papel que
juega en ella. Debe buscarse que
en una misma audiencia se hagan
desarrollos probatorios y
argumentales y de una vez se
anuncie el sentido de la decisión.
Las partes saben a qué atenerse y
no deberán estar pendientes de
que se cumplan los eternos
términos en que cada quien hacía
uso de ellos para luego presentar
extensos escritos, que para
poderlos conocer el contrario,
debían someterse a los engorrosos
trámites de copias, autorizaciones,
disposición de los citadores etc.
La Economía Procesal se dirige a
que en todo proceso se deben
señalar estrictamente las
diligencias necesarias, las pruebas
pertinentes, concurrentes y
procedentes y desechar todo
aquello que aparezca como la
vanidosa demostración de
sapiencia de alguna de las partes,
que se practiquen los trámites
Victor Hugo Vallejo
Catedrático universitario
Abogado Litigante, asesor
jurídico y consultor
Boletín Pensamiento Juridico Página 6 de la 11
Una posible mirada del derecho romano desde la lucha social.
Por Sacha Javier Tafur Mangada
“…La En la mirada al
derecho romano que
propongo hoy podemos
identificar como los
problemas del ser humano
y su existencia generan
una lucha permanente en
busca de la justicia…”
¿Se pueden enfrentar las
instituciones jurídicas romanas
con otras realidades
colombianas. Más allá de su
influencia en el Derecho Civil?
“… Que para reprimir toda
violencia
Se inventaron las leyes,
De los siglos pasados la
experiencia…”
Horacio, Sátira III, Libro I, 99.
Desde hace un tiempo para acá se
plantea en comités curriculares,
consejos de facultad y reuniones
de trabajo de muchas instituciones
universitarias la discusión sobre la
presencia del Derecho Romano en
sus planes de estudio. Sus
contradictores señalan que este
curso no debería impartirse pues
es viejo y anticuado, además los
más puritanos señalan que aviva
un antivalor teniendo en cuenta
que surge de un imaginario que
mescla el placer y el hedonismo;
y como si fuera poco es reflejo de
una sociedad soportada en una
cultura política corrupta, clasista,
machista, violenta y militarista.
Otros detractores, plantean que
tanto el Derecho Romano, como
el Derecho Canónico, son rezagos
de instituciones históricamente
cuestionadas como la iglesia
católica y del propio derecho
europeo continental impuesto a
sangre y espada en “Nuestra
América” y que aún hoy, casi tres
mil años después,
geopolíticamente, sigue
subyugando al derecho propio y a
los habitantes de esta región en
nombre de un occidente
globalizado, llegando a causar no
solo un choque de jurisdicciones,
sino de pensamiento y
cosmología.
Puesto de esta forma pareciere
que hablamos de nuestra propia
sociedad colombiana en la cual
todos los vicios antes señalados de
la Antigua Roma se pueden
observar a simple vista. Ni que
decir de nuestro derecho creado e
impuesto por una “camarilla”
cuestionada, y no menos
interesada que cualquier senador o
emperador romano. Solo hay que
mirar a nuestros honorables
padres de la patria.
En un artículo de un estudiante
universitario, se recordaban a
Calígula, quien nombro a su
caballo senador y señalaba que
posiblemente ese animal tendría
mejor desempeño que muchos de
los congresistas actuales. Incluso,
hace poco un docente me recordó
a Jaime Garzón, quien dijo en
alguna oportunidad que en el
congreso se podrían encontrar
personas, animales y cosas.
Es este momento en el cual se
debe hacer claridad y recurrir a la
historia, en especial a la Historia
del Derecho, pues hemos de
recordar que el derecho siempre
ha sido y será una imposición, una
lucha entre lo instituido y lo
instituyente, como sucedió en
tiempo de la republica Romana
con la plebe.
Sacha Javier Tafur
Secretario Académico Facultad
de Derecho de la Universidad
Cooperativa de Colombia
Otros detractores, plantean que tanto el Derecho Romano, como el Derecho
Canónico, son rezagos de instituciones históricamente cuestionadas como la iglesia
católica y del propio derecho europeo continental impuesto a sangre y espada en
“Nuestra América” y que aún hoy, casi tres mil años después, geopolíticamente,
sigue subyugando al derecho propio y a los habitantes de esta región en nombre de
un occidente globalizado, llegando a causar no solo un choque de jurisdicciones,
sino de pensamiento y cosmología.
De interés
“... ¿estamos
preparados para
perdonar, indultar, o
ver en la vida pública y
política a personajes
representativos de
grupos insurgentes con
condenas por delitos de
lesa humanidad? ...”.
Boletín Pensamiento Jurídico
Página 7 de la 11 Página 7 de la 11
El pueblo sigue en pie de lucha contra ese poder injusto y busca la forma de obtener derechos para satisfacer sus
necesidades. Reclamos validos en sociedades injustas e imperfectas.
En este punto, superado el modus maiorum que sigue la costumbre instituida y “la monarquía” se multiplican las
fuentes del derecho. El choque de realidades es el que plantea los cambios. Los problemas sociales son el motor que
promueve las transformaciones. Ni la política, ni la justicia, son ajenas a la lucha social en ciudades y Estados.
Por lo tanto, el Derecho Romano y sus instituciones se pueden leer desde otros puntos de vista posibles y aunque no
pudimos ver lo acontecido en tiempos de Eneas. Tampoco lo podríamos hacer hoy con los mismos ojos, ya que en ese
tiempo, la mujer estaba sometida, no existían los derechos humanos, y la esclavitud estaba permitida, entre muchas
otras circunstancias.
En la mirada al derecho romano que propongo hoy podemos identificar como los problemas del ser humano y su
existencia generan una lucha permanente en busca de la justicia.
En su tiempo lograron la ley de las XII tablas y el desarrollo normativo que le siguió, no fue una transición pacífica,
pero se dio el reconocimiento de derechos y obligaciones, para que los pueblos pudieran convivir y progresar,
superando los intereses particulares y económicos, de los corruptos.
Quienes hablan que el Derecho Natural Romano no debería impartirse en las universidades se equivocan pues no solo se le debe dar importancia al
pensamiento racional moderno planteado desde Augusto Comte o los padres de ciencia. Estos detractores serían necios, blandos y poco profundos, pues hay
que entender por parte de la comunidad académica que como se ha transformado las propias disciplinas y no quedar como unos neo-oscurantistas.
Desconociendo hasta la propia esencia del derecho ya que no podemos eliminar de la historia los valiosos aportes de la luchas de secesión entre patricios y
plebeyos, las XII tablas, el Corpus iuris civilis de Justiniano, o los aportes de San Agustín, Santo Tomas, o incluso del Imperio Romano Germánico.
En este sentido he de rescatar a Horacio, quien desde la sencillez plantea en su poema Sátira III, Libro I, 99. Como surgen, el lenguaje, las murallas, la
escritura, las leyes y las penas.
“…Los pueblos mal seguros,
Se rodearon de elevados muros,
Y la ley atacada
Al adúltero y ladrón señaló pena…”
Horacio, Sátira III, Libro I, 99.
1 Recuérdese que las personas y las cosas, son la base de las obligaciones, y razón de ser del derecho civil, planteado desde el propio derecho romano. 2 Asignatura que en muchos planteles universitarios asume únicamente uno o dos módulos de derecho romano. A mi parecer se debe diferenciar Historia del Derecho (Carácter general) de
Instituciones Jurídico Romanas (Carácter específico) teniendo en cuenta el impacto e importancia del derecho civil y el derecho público romano en el derecho occidental, creo que el D.R. se
les debe tratar de forma específica. 3 El gobierno de uno. Del Rex (Rey) 4 La realidad de los Ricos y la realidad de los pobres) 5 No solo como un elemento formal que soporta una tradición conservadora y tradicionalista como es el derecho mismo.
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“El derecho se transforma
constantemente. Si no sigues sus
pasos serás cada día menos
abogado.” Eduardo J. Couture.
Actualmente, en todo el país
observamos sucesos políticos,
cambios normativos, fenómenos
sociales; que afectan el acontecer
diario de la nación y modifica
conductas sociales que antes se
consideraban permanentes, tal es
el caso del contrato solemne
celebrado entre parejas del mismo
sexo; las disputas políticas y
jurídicas como lo sucedido en su
momento frente a la destitución
del alcalde de Bogotá, señor
Gustavo Petro, donde instancias
internacionales como la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos podría aprobar medidas
cautelares que de alguna forma,
colocaban en entredicho la
seguridad jurídica de la nación y
sus instituciones; o el actual
proceso de paz y diálogos en la
Habana, el marco jurídico para la
paz y la justicia transicional, o
porque no el fraude electoral en
las pasadas elecciones a Congreso
de la Republica.
Como ciudadanos Colombianos,
estudiantes, profesores y
abogados, algunos otros como
servidores públicos debemos
preguntarnos cosas como
¿estamos preparados para
perdonar, indultar, o ver en la vida
pública y política a personajes
representativos de grupos
insurgentes con condenas por
delitos de lesa humanidad?; lo que
nos lleva a otro cuestionamiento
¿esta nuestro país preparado para
afrontar mediante todos los
mecanismos necesarios un
fenómeno posconflicto?; o ¿está
la sociedad y la familia
colombiana lista para compartir
espacios públicos con parejas
afectuosas del mismo sexo, o
porque no, con niños resultado de
procesos de adopción
conformando familias con este
tipo de parejas?
El desarrollo y evolución del
derecho garantizan la inmersión
de estas nuevas tendencias en el
acontecer de la nación y de su
población, las políticas públicas
adoptadas por el gobierno aspiran
alcanzar a suplir todos los
requerimientos de los distintos
sectores involucrados; las
víctimas por otra parte conservan
esa condición y la heredan a las
nuevas generaciones,
generaciones de desplazados, o
quizás de resentimiento de una
sociedad cada vez más fría, de un
sistema de salud más empresarial
que humano, o una justicia que
Atraviesa por un momento crítico
de pérdida de credibilidad, o un
modelo de contratación pública
permeado por la corrupción, o
incluso por unas fuerzas militares
que no se sienten del todo
representadas por la comisión
negociadora en la Habana.
El abogado, tiene el deber de
conocer la norma y representar los
derechos de nuestros clientes,
además, de estar siempre
actualizado en los cambios
sociales y las tendencias del
derecho y las corrientes
jurisprudenciales; es por esto que
nuestra profesión nos imprime
mucha más responsabilidad que
algunos otros profesionales de
diferentes áreas del conocimiento;
por que soportamos la intensidad
del cliente, la presión del medio,
la competencia desleal y en
algunas ocasiones somos objeto
de la frustración del otro cuando
pagamos con nuestras vidas; el
abogado es un profesional de 24
horas siempre dispuestas al
servicio de la comunidad, del
derecho y de la sociedad.
Hoy en el país es fuente de
expectativa el resultado jurídico
que pueda generar el caso del
Alcalde Gustavo Petro, donde el
Derecho Público hoy para
algunos, se ve amenazado por las
instancias internacionales, para
ser preciso por la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos, instancia ultima donde
recurrió el alcalde de Bogotá con
la esperanza de que emita una
medida cautelar que le permita
continuar en el ejercicio de su
cargo y a su vez pueda generar en
el país un ambiente de inseguridad
jurídica y una tormenta de
demandas contra el Estado por
indemnización a miles de funcionarios de elección popular
hoy destituidos por la misma
entidad de control. La
Procuraduría actuando en derecho
hizo uso del control
administrativo y disciplinario,
control que le otorga la Carta Constitucional del 91 y que legaliza su actuación; lo que está
por definirse es si también
legitima esta decisión, toda vez
que quien otorga el poder es el
pueblo a través del voto popular
directo, y aquí la discusión, de si
es posible, que una entidad
destituya a quien fuera electo por
el pueblo o constituyente
primario. La Tutela campea por
todas las instancias y estrados
judiciales como herramienta de
protección de derechos
fundamentales del alcalde y hasta
cierto momento, sirvió para
retrasar lo que hoy pareciera
inminente; el Consejo de Estado
determino dejar sin fuerza esta
estrategia y hoy no solo los
estrados están pendientes, sino el
mismo presupuesto nacional al
aprobar como salvavidas jurídico
la única herramienta de
participación ciudadana “La
Revocatoria Del Mandato”
mecanismo creado por la
Constitución Política y
reglamentado por la ley 134 de
1994, como un derecho político
del ciudadano para dar por
terminado el mandato que fuera
conferido a través del acto
democrático de la elección.
El nuevo mapa electoral del
Congreso y de las regiones es otro
tema de alta actualidad, a puertas
de una elección presidencial que
marcara el rumbo de la sociedad
colombiana en los próximos 20
años, el panorama no es del todo
alentador; para algunos, esperanza
de cambio con la llegada del
nuevo grupo político Centro
Democrático y los partidos que
podrán sumarse a esta bandera de
renovación que garantice segunda
vuelta presidencial y porque no, la
posibilidad de ver la primera
mujer en cabeza de la Rama
Ejecutiva en la historia de
Colombia. Para otro grupo, la
posibilidad de afianzar un
proyecto político que lleve a la
paz, la entrega de armas, la
reinserción a la vida civil de los
miembros de los grupos alzados
en armas, que permita devolver a
las víctimas de este conflicto de
más de 50 años, la sonrisa en los
rostros y el perdón a los
victimarios.
El nuevo mapa electoral del
Congreso y de las regiones es otro
tema de alta actualidad, a puertas
de una elección presidencial que
marcara el rumbo de la sociedad
colombiana en los próximos 20
años, el panorama no es del todo
alentador; para algunos, esperanza
de cambio con la llegada del
nuevo grupo político Centro
Democrático y los partidos que
podrán sumarse a esta bandera de
renovación que garantice segunda
vuelta presidencial y porque no, la
posibilidad de ver la primera
mujer en cabeza de la Rama
Ejecutiva en la historia de
Colombia. Para otro grupo, la
posibilidad de afianzar un
proyecto político que lleve a la
paz, la entrega de armas, la
reinserción a la vida civil de los
miembros de los grupos alzados
en armas, que permita devolver a
las víctimas de este conflicto de
más de 50 años, la sonrisa en los
rostros y el perdón a los
victimarios.
Indiscutiblemente, hoy más que
en otras épocas, el papel del
abogado frente a las nuevas
tendencias políticas y sociales del
país, marca la diferencia y la
necesidad de dignificar nuestra
profesión y legar a esta sociedad
la resolución del conflicto desde
una mirada más humana y más
liberadora.
Dr. Juan Felipe González Ríos.
Decano Facultad de Derecho
Universidad Cooperativa de
Colombia Especialista en
Derecho Penal y Constitucional;
Maestría en Educación Ambiental
y Desarrollo Sostenible
El papel del abogado frente a las nuevas tendencias políticas y sociales del
país.
Por Juan Felipe González Ríos
“...Indiscutiblemente, hoy
más que en otras épocas, el
papel del abogado frente a
las nuevas tendencias
políticas y sociales del país,
marca la diferencia y la
necesidad de dignificar
nuestra profesión y legar a
esta sociedad la resolución
del conflicto desde una
mirada más humana y más
liberadora…”.
Recuperada el 18 de Marzo de
2015, de
http://www.semana.com/nacion/arti
culo/el-nuevo-tour-de-los-
magistrados/362915-3
Boletín Pensamiento Jurídico
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En el presente ensayo me propongo demostrar como la internet y los medios de comunicación lejos de ser un
mundo virtual de libertad sin límite para el individuo como lo han querido mostrar los que ostentan el poder,
no es más que el gran enemigo de la civilización humana, Como el propio Assange dice en su introducción, “y
por mucho que nos pueda costar entenderlo a los que amamos la red como herramienta de libertad, Internet en
su expresión actual se ha convertido en una amenaza para la civilización humana” (Cypherpunks, Deusto,
Barcelona, 2013, p. 14).
Para poder comprender esta teoría debemos empezar por preguntarnos ¿si la modernidad informática es un
panóptico creado por el estado big brother para tener un mayor control sobre las masas?
Enrique Dussel en su ensayo titulado El Panóptico y la Democracia Participativa afirma que algunos estados
han organizado su dominación en el planeta para cumplir sus intereses metropolitanos a través de políticas
secretas que afectan a millones de seres humanos de países dependientes o neocoloniales cuyas
comunicaciones burocráticas por el mundo se hacen a través de la red y que solo de este modo es que se han
podido filtrar a la opinión mundial trayendo las consecuencias que ya conocemos.
Nombrados ya estos dos puntos de vista puedo comprometerme a dar una respuesta a la pregunta inicialmente
planteada que surge de la unión de estos dos pensamientos que se sintetizaría en la aceptación de que la era de
la modernidad informática y los medios de comunicación son un panóptico creado por las potencias mundiales para conocer hasta los pensamientos
más íntimos del pueblo y dirigirlos, y que además usan estos mismos medios para comunicar y coordinar directrices a sus entes burocráticos
esparcidos por el mundo cuyo objetivo es mantener el poder.
Recordemos que el panóptico fue creado por el pensador inglés Jeremy Bentham (1748-1832), por encargo de Jorge III. Es una figura central para
comprender lo que hoy está sucediendo. El panopticon es un punto desde el que se ve la totalidad sin ser visto tal como lo describe Foucault en su
obra Vigilar y castigar. La díada ver-no ser visto constituye tanto al panóptico como al espionaje informático. El sujeto centralizado no sólo espía a
los restantes sujetos sino que los coloniza con su aparato de propaganda mediática, solo necesito apoderarse de casi todos los grupos económicos
dueños de las grandes cadenas de noticias.
Carl Schmit en su obra conceptualiza la dicotomía amigo/enemigo hallando su significado no en la eliminación del enemigo sino en el control de
su fuerza, en la defensa respecto de él y en la conquista de un confín común
José pablo feinmann afirma que “el mundo está constituido en tanto imagen del big brother panóptico que todo lo ve y todo lo espía y a quien
nadie ve, este busca conquistarlos por medio del entretenimiento idiotizante, la verdad deformada y construida de acuerdo con sus intereses o la
mentira lisa y llana”.
De acuerdo a lo anterior podemos retomar la pregunta si la modernidad informática es un panóptico creado por el estado big brother para tener un
mayor control sobre las masas y podríamos afirmar que sería ilógico y un poco cándido pensar que esto no es así. La modernidad informática es
el perfecto panóptico para aquellos que ostentan el poder informático porque controlan la razón de las masas de manera inconsciente tal como lo
llamaba horkheimer la razón instrumental a través de un bombardeo mediático incesante, con la opción de poder identificar a aquel que se salga de
los parámetros de la razón por ellos establecidos.
Algunos pensaran que la era de la información actual es un nacimiento de la utopía de una sociedad trasparente y libre que nos fue dada para que
nos comunicáramos, para jugar, hasta para hacer revoluciones, y es verdad para esto también sirve pero el peligro que trae consigo la información
virtual y la capacidad de dominación global que trae consigo ya se ha dejado ver ejemplos como los de SNOWDEM y ASSANGE confirman mi
teoría.
El panoptismo Informático como forma de dominación
Por Gustavo Eduardo Botero Bravo, estudiante Facultad de Derecho
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UCC UCC UCC
UCC UCC UCC
UCC UCC UCC UCC UCC UCC UCC UCC UCC UCC UCC
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UCC UCC
UCC UCC UCC UCC UCC
UCC
HORIZONTALES
1. Código hijo de la ley 1564 de 2012
2. Jueces que tendrán como principal
función dirimir los conflictos en
materia de tierras.
Vocal. Orlando Puentes. Si es Populli, es la del pueblo, inv.
3. Es un derecho innominado de la
tercera edad. Vocal. Pronombre
personal
4. Es tu identificación estudiantil.
Consonante. Es una confederación
sindical.
5. Puro sodio. En administrativo es un
silencio. Regla para dibujar. Este
nombre aparecerá en tu T.P.
6. Vocal. Obtener la adquisición del
dominio por la prolongada posesión,
en concepto de dueño. Entidad
gringa que capacitó nuestros
estudiantes en derecho penal
7. Consonante. Este docente
nuestro escribe para este medio.
Tercera persona del verbo izar.
Sin cuentos y sin ventajas.
8. Consonante. Cincuenta. Cien.
Diez. A este le encanta mirar el
examen del compañero.
9. Inteligente y elegante docente de
la facultad. Nota musical. Otorgar.
Fósforo.
10. Vocal. Vale: 3.14.16. Rosita
Torres. Gordas. Erbio.
11. Reglamentación Tributaria
Americana. Cobalto. Unidos, en
inglés. Consonante. Uno
12. Renio. Nota musical.
Pronombre de tercera
persona. Calcio. Cinco
13. Si es de nulidad, solicita la
invalidez de alguna
actuación o providencia.
Descanse en Paz.
Inteligencia gringa que
también chuza.
14. Conjunción. Sodio.
Escuchar. Ritmo gringo.
Interjección de sorpresa.
Quinientos.
15. El precedente judicial se
hace con base en estas.
Este Consejo fue creado por
Bolívar.
CRUCIGRAMA JURÍDICO Por Eliecer Gordillo Mafla
(Jefe de Área de Derecho Privado)
VERTICALES 1. Así se llamaba antes a los niños, que
por indolencia del Estado, deambulan
por las calles. Director de esta
revista.
2. Es el mismo amparo o protección,
Nota musical. Imperativo del verbo
tener. Vocal.
3. Norma Reglamentaria Nacional.
Universidad Gran Colombia. Estas
normas son las que debes usar para
escribir artículos científicos. Maduro
la sacó de Venezuela
4. Eugenia Álvarez Iriarte. Número
Social Obligatorio. Pronombre
personal. Carro italiano.
5. Rosita Rosero Moreno. Escuela
Universitaria Mexicana. Consonante.
Centro Administrativo Distrital. Vocal.
6. Asociación de Investigación Oficial.
Gabriela Casas Estrada. Vocal. Vocal.
Terminación de las cosas eternas.
7. Apocope de amor de la inglesa.
Asociación de Artesanos y Zapateros.
Zoila Rojas. Nomenclatura Internacional
para Colombia.
8. Derechos Sociales Inembargables. Te la
entregan después de obtener el título de
abogado. Pronombre personal. Prefijo
que multiplica.
9. Vocal. Implante uterino. Tercero. Mil.
Norte. Punto Cardinal. Vocal.
10. Hágalo a diario para que sea un buen
jurista. Vocablo. Instituto de Fomento
Industrial. Fósforo y Azufre.
11. Consonante. Cincuenta. Indígena de la
Patagonia. Ilustre docente del área de
derecho privado.
12. Letra griega. Vale mil. Nuestro decano.
Consonante.
13. La procesal es para presentar los
diferentes medios de prueba.
Repetido es José. Huele a diablo.
14. Vale cien. Futuro de tercera
persona del verbo ser. Carbono.
Organización Tributarista.
15. Permite verificar si una sentencia
judicial de otro Estado, puede ser
reconocida u homologada en
Colombia. Es el nuevo secretario
académico de la facultad.
16. Según la ley 640 de 2001, hay que
buscarla para los conflictos.
Vocal. Uno. Quinientos.
17. Olga Vivas. Tratadistas y
Comentaristas de Derecho. El área
creadora de este Boletín.
Boletín Pensamiento Jurídico
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Hemos llegado una vez más a la meta propuesta este semestre con la publicación del presente ejemplar, el cual
busca dar una mayor visibilidad a nuestra facultad, logrando el aporte de escritores y columnistas destacados
no solo en la facultad sino también contando con la participación de un columnista invitado reconocido en el
mundo jurídico.
Una vez más queremos invitar a la comunidad académica a participar en esta propuesta, que lo único que
busca es incentivar el proceso de investigación, lograr que nuestros estudiantes se arriesguen a escribir, sin
querer esto significar que el público y la misma comunidad académica no puedan hacerlo, esperamos sus
comentarios y artículos en el correo abajo señalado.
Una vez más hacer el reconocimiento a los docentes del área de Derecho privado que han creído y apostado a
esta propuesta así mismo a las directivas de la Universidad y todos aquellos que contribuyeron de una manera
u otra para poder hacer realidad un sueño, anhelo, propuesta e ideal académico permitiendo que el presente
documento circule libremente en nuestra comunidad académica y en nuestros estrados judiciales.
“…El valor del conocimiento adquiere sentido cuando encontramos el valor que tiene el conocernos a
nosotros mismos. Cuando no se conoce la historia que hemos vivido, estamos condenados a repetirla, pero
cuando tenemos el conocimiento que nos han brindado nuestros maestros, los mismos libros y las experiencias
de la vida, podemos decir que tendremos las herramientas necesarias para enfrentar los nuevos
acontecimientos que harán posible que construyamos historia…” (Jorge Alexánder Barrios Medina).
Universidad Cooperativa de Colombia
Carrera 73 No. 2 A – 80
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