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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

6476/2016

Incidente Nº 1 ACTOR: PIZZI, LUISA Y OTROS DEMANDADO:

ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA s/INC

APELACION

///SISTENCIA, 11 de mayo de dos mil veintiuno. M.S.M

VISTOS:

Estos autos caratulados “Incidente Nº 1 ACTOR: PIZZI, LUISA

Y OTROS DEMANDADO: ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE

AGROINDUSTRIA s/INC APELACION” – EXPTE. N° FRE 6476/2016/1/CA1,

procedentes del Jugado Federal N° 2 de Resistencia; y

CONSIDERANDO:

I. Que a fs. 1/14 se presentan los actores en sus calidades de

contratados y promueven acción de amparo contra el Estado Nacional – Ministerio de

Agroindustria con el objeto de que se declare la nulidad de las rescisiones de sus contratos

de locación de servicios efectuadas en fecha 05/04/2016 (cuya vigencia era hasta el

31/12/16) y se ordene su inmediata reinstalación a sus puestos de trabajo en atención a su

carácter alimentario, por cuanto –dicen configuran un acto administrativo de nulidad

absoluta por tener como causa la discriminación por persecución política e ideológica,

violatorio de la ley, siendo que los despidos no se fundamentan en incumplimientos de los

contratos sino que carácter discriminatorio, arbitrario y sin justificación, recayendo sobre

activistas sociales y políticos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

II. El a quo, en fecha 13/03/2020 hace lugar al amparo (fs. 293 y ss.

–digital), dejando sin efecto las rescisiones contractuales y ordena a la demandada

proceda a la inmediata reincorporación de los actores a sus labores dentro de la Secretaría

de Agricultura Familiar. Impone las costas a la demandada y regula los honorarios

profesionales de los abogados intervinientes por ambas partes.

Para así decidir, en primer lugar, examina la vía del amparo elegida, a

la luz del art. 43 C.N. y del art. 2° inc. a) de la ley 16.986, entendiendo que si el amparo

puede “contener” el conflicto, la cuestión debe tramitar por esta vía si la administrativa o

judicial alternativa no son idóneas para tutelar el derecho afectado. Asimismo, y no

Fecha de firma: 11/05/2021Firmado por: SONIA GLADYS VOIQUEVICHI, SECRETARIO DE CAMARAFirmado por: MARIA DELFINA DENOGENS, JUEZA DE CAMARAFirmado por: ROCIO ALCALA, JUEZ DE CAMARA

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obstante que el plazo de caducidad previsto por la ley de amparo (art. 2) para la

interposición de la acción tiene por objeto otorgar estabilidad a los actos, lo que exige que

la impugnación sobrevenga en un determinado lapso en aras de la seguridad jurídica,

entiende que lo que la norma trató de sancionar es la negligencia, desidia o desinterés del

perjudicado, extremos que no advierte en la conducta de los actores.

Asimismo, indica que en el caso no se trata de revisar la oportunidad

o mérito de un acto para el cual la Administración Ministerio de Agroindustria cuenta con

facultades discrecionales, sino de expedirse acerca de si excedió esas atribuciones dictando

actos administrativos arbitrarios, en el caso, si las rescisiones contractuales poseen dicho

vicio.

En este sentido, en primer lugar analiza si los despidos tienen como

causa la discriminación por persecución política e ideológica –tal lo alegan los actores, a la

luz de la normativa que considera aplicable (Ley 25.164 Marco de Regulación del Empleo

Público Nacional, arts. 1, 7 y 9 y su reglamentación por medio de los Dtos. 1421/02,

214/02 y 254/15, Ley 23.592 –art. 1, LNPA 19. 549, los arts. 14, 14 bis, 16, 75 inc. 19, 22

y 23 C.N. y Tratados Internacionales), señalando que no se encuentra controvertido que los

actores prestaban servicios para la demandada conforme art. 9° de la Ley 25.164, ni que las

contrataciones datan las más antiguas del año 2010, como tampoco que el Estado tiene

facultades discrecionales para rescindir los contratos oportunamente celebrados. Que de los

legajos personales surge que al Sr. Frías le han sido reconocido servicios desde del

29/12/11, a la Sra. Pizzi desde el 01/11/10 y al Sr. Santiago desde el 01/11/15, hasta la

fecha de rescisión de los contratos los días 30/04/2016, 30/04/2016 y 31/03/2016,

respectivamente.

Entiende que resulta de aplicación la Ley 23.592 art. 1 (Ley

antidiscriminación), en tanto al ser una norma general en consonancia con los tratados

internacionales de jerarquía constitucional rige para todos los sujetos, incluyendo a los

trabajadores excluidos de la norma sin razón suficiente. Partiendo de esa base, destaca que

los actos discriminatorios plantean como problema su dificultad probatoria y que si bien los

actores alegan que los despidos tienen como génesis motivos de tal naturaleza (ideológicos,

políticos y gremiales), no han aportado prueba incontrastable para concluir de manera

terminante que la causa del despido fuera por ello, por más que hayan demostrado que

pertenecían a la Asociación de Trabajadores de Estado (ATE). Sin perjuicio de ello,

también indica que lo invocado por los accionantes, como causal de las rescisiones

contractuales, no ha sido rebatido por la demandada, quien se limitó a acompañar los

legajos de los trabajadores junto con el intercambio telegráfico respecto de las


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desvinculaciones, pero sin demostrar el carácter funcional de los despidos, amparándose en

“indicaciones de la superioridad” para la reestructuración del Ministerio y en sendas notas

que dan cuenta de la culminación de tareas, circunstancias que –dice le hubieran sido fácil

de corroborar por el propio carácter de empleador del Estado, lo cual no aconteció.

Analiza los legajos acompañados, las tareas realizadas por los actores

a lo largo de su vinculación con la Subsecretaría, la importancia y complejidad de las

actividades realizadas y el tiempo de desarrollo de los programas diseñados e

implementados por la demandada, lo que da cuenta que los mismos no revisten carácter

estacional o transitorio, por el contrario, son cruciales en los objetivos del Ministerio y no

puede desconocerse que las desvinculaciones coinciden temporalmente con la renovación

de autoridades producida en el ámbito del Ministerio. En este apartado concluye en que, si

bien no basta la sola invocación para poner en funcionamiento la inversión de la carga

probatoria propiciada en los procesos en los que se denuncia discriminación, a tenor de las

consideraciones vertidas y las pruebas aportadas, entiende que existen circunstancias que lo

inducen a considerar que las recisiones contractuales pudieron obedecer a motivos de

discriminación por persecución política, ya que la demandada, no ha logrado acreditar lo

contrario, cuando sin lugar a dudas es quien está en mejores condiciones para hacerlo.

No descartada prima facie la discriminación, evalúa si los actos que

ordenaron el cese de las contrataciones fueron dictados conforme a derecho. A dicho fin,

analiza el art. 9 de la Ley 25.164 (personal contratado), su Dto. Reglamentario 1421/02,

en lo referente a actividades “estacionales” (art. 9 incs. a y d) y el Dto. 214/02 homologa

el CCT para la Administración Pública Nacional que dispone que el personal contratado

bajo el régimen del art. 9 de la ley 25.164 carece de estabilidad y que su designación o

contratación (para prestación de servicios de carácter transitorio o estacional) podrá ser

cancelada en cualquier momento, aunque añade expresamente que ello debe realizarse

mediante decisión fundada –arts. 30 y 31. Asimismo, señala que en diciembre de 2015 se

dictó el Dto. 254/15 que, entre otras medidas, renovó hasta el 31/12/2016 las contrataciones

del personal comprendidos en el art. 9 mencionado.-

Entiende que la cláusula 13° del contrato, invocada por la

demandada, en cuanto prevé la posibilidad de rescisión por parte de la Administración con

la sola comunicación fehaciente al contratado, sin expresión de causa y sin derecho a

indemnización o compensación alguna, no puede ser interpretada aisladamente o

descontextualizada del plexo normativo y de este modo dispensar al órgano estatal de

observar en sus decisiones los requisitos esenciales que todo acto administrativo debe


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reunir, en particular la motivación, debiendo expresar en forma concreta las razones que

inducen a emitir el acto, el que además deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que

le sirvan de causa y en el derecho aplicable (art. 7, incs. b y e LPA), o que soslaye lo

dispuesto expresamente por el convenio colectivo. Y así, sostiene que la falta de

motivación no es difícil de apreciar, puesto que ésta simplemente no existe, pero en cambio

la falsa motivación es más compleja de identificar, por cuanto se esgrimen argumentos

jurídicos y fácticos que, en principio, pueden lucir ajustados a derecho. Advierte que las

cartas documentos enviadas por la empleadora utilizan una fórmula general de

fundamentación que no se condice con la motivación del acto exigida por el convenio y por

la ley 19.549 al decir “…por indicación de la superioridad…”, por lo que resulta viciada la

decisión adoptada, al no contar con una debida justificación y la remisión a formas vagas de

excesiva laxitud, sin decir en forma concreta qué se tuvo en miras al adoptar la decisión y

terminar con las prestaciones de servicios, constituyen afirmaciones dogmáticas que

otorgan un fundamento sólo aparente e implican lesiones de raigambre constitucional,

máxime que los accionantes tenían una antigüedad considerable en la Secretaría y que las

tareas por ellos desarrolladas no parecen encuadrarse en la calificación de transitorias o

estacionales por las sucesivas renovaciones. Realiza otras consideraciones a las que, en

honor a la brevedad, remitimos.

III. Contra tal pronunciamiento la demandada interpone recurso de

apelación a fs. 296/309 vta. (digital), expresando agravios en el mismo acto, el que fue

concedido a fs. 294 (digital) y contestado por la parte actora a fs. 325/343 (digital).

Radicada la causa ante esta Cámara, se llama Autos para resolver (fs.

344 digital).

IV. La apelante se agravia:

En primer lugar, por la falta de aptitud de la vía procesal del amparo:

Aduce que la sentencia dictada en autos examina las rescisiones contractuales efectuadas

por la Administración en el año 2016, pero sin análisis alguno respecto de la otra pretensión

de los accionantes, quienes en el mismo escrito solicitaran medida cautelar innovativa. Que

por un prolongado tiempo el expediente careció de todo movimiento sin que la actora

instase el proceso que justamente se caracteriza por ser expedito.

Alega que el vicio de la sentencia se proyecta tanto por abordar temas

propios de instancia ordinaria como en cuanto a las formas procesales, omitiendo

considerar la limitación que impone el marco del amparo y exigiendo a las partes ofrecer y

producir prueba fuera de los límites previstos por la propia ley 16.986, por lo que no analiza


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la totalidad de los extremos que se requieren para que la acción de amparo resulte

admisible. Agrega que existen otras vías para obtener la protección del derecho o garantía

constitucional de que se trate (art. 2 inc. a Ley 16.986), que serían los medios judiciales

más idóneo para salvaguardar útil y adecuadamente el derecho que se denuncia lesionado

por un obrar manifiestamente ilegítimo, señalando que el condicionamiento prescripto por

la norma fija al tiempo que consagra un criterio rector de admisibilidad una pauta de

exclusión si existen otros procesos que aseguren una útil y efectiva tutela judicial. En el

caso concreto –sostiene no se ha logrado destruir la presunción constitucional de eficacia

de todo el orden jurídico en la protección de los derechos, ni tampoco se ha demostrado que

la remisión a los medios judiciales regulares le podría originar un daño irreparable por lo

que la cuestión propuesta en autos va más allá del objeto procesal del amparo. Cita

jurisprudencia que considera aplicable.

Indica la necesidad de mayor debate y prueba (art. 2 inc. d) para

determinar la invalidez de un acto administrativo ya que, para eludir dicho requisito, la

ilegalidad debe manifestarse en forma notoria, siendo insuficiente alegar una conducta

estatal cuestionable sosteniendo que se afecta o restringe algún derecho constitucional, sino

que es necesario, además, que el acto se encuentre desprovisto de todo sustento normativo

que le permita tener efectos válidos. Cita jurisprudencia.

Contrariamente a lo expuesto, el juez de anterior grado se subroga en

el rol de órgano de Administración que le corresponde al Estado y desconoce el ámbito en

el cual se desarrollaran las relaciones contractuales habidas entre las partes, que difiere

sustancialmente a lo que acontece en el sector privado, en atención a la normativa aplicable

(Decreto N°254/2015; Ley N°25.164, Decreto Reglamentario N°1421/2002 y Resolución

N°48/2002).

Cuestiona que el magistrado, al analizar lo relativo al plazo de

caducidad previsto en la Ley 16.986, considere el amparo admisible, en contradicción a lo

normado, siendo ello –dice un accionar jurisdiccional contrario a derecho, por adolecer de

una errónea interpretación de las normas, en cuanto la revisión judicial de la actividad

administrativa efectuada se basa en meras afirmaciones dogmáticas que no resultan

adecuadas a las circunstancias fácticas existentes y sobrevinientes del caso de marras.

Reitera la inadmisibilidad de la acción de amparo agraviándose por

cuanto el a quo advierte que no trata de analizar la oportunidad o mérito del acto, como

facultad discrecional de la Administración, sino si en su dictado (despidos) se excedió en

esas atribuciones emitiendo actos administrativos arbitrarios o ilegales y así, resalta que el

sentenciante parte de un acertado encuadre normativo aplicable a la relación del empleo


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público al expresar que los actores prestaban servicios para la demandada como contratados

en virtud del art. 9° de la Ley 25.164, que la contratación más antigua data del 2010 y que

el Estado tiene facultades discrecionales para rescindir los contratos celebrados. Por su

parte, citando jurisprudencia que considera aplicable, entiende que de las constancias del

expediente no surge arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en el proceder del Ministerio de

Agricultura, máxime teniendo en cuenta que existen actos administrativos legítimos que

respaldan el actuar procedimental de la accionada.

Se agravia del argumento expuesto por el a quo en cuanto sostiene

que si bien los actores alegan que los despidos tienen como génesis motivos

discriminatorios, los mismos no han aportado prueba incontrastable para concluir que la

causa del distracto se haya debido a ellos, para señalar luego que no puede soslayar que los

accionantes han invocado que las rescisiones conllevan un soporte axiológico de

discriminación en razón de su actividad gremial y política y que esos extremos no han sido

rebatidos por la demandada, quien sólo se limitó a acompañar los legajos de los

trabajadores, y basándose en la prueba documental de su parte (legajos) concluye en que

“existe circunstancias que me inducen a considerar que las rescisiones contractuales

pudieron deberse a motivos de discriminación por persecución política”. Critica los

fundamentos dados por el a quo, sosteniendo que debe analizarse el caso concreto a la luz

del principio de igualdad y de no discriminación en el marco de la relación laboral y la

libertad de contratar del empleador, haciendo una interpretación y aplicación de la Ley

23.592 apropiada, de modo que no se distorsione el equilibrio de derechos entre las partes,

y así –dice a los jueces no se les permite exceptuar del ámbito de la Ley 23.592 a las

relaciones laborales, pero cabe distinguir entre los actos discriminatorios que las extinguen

y los que no producen esta consecuencia. En estos últimos, es admisible reclamar el cese de

los efectos y la reparación pertinente. Por el contrario, en el caso de los primeros, como lo

es el despido, la ley requiere una aplicación que no distorsione el equilibrio de derechos al

que responde cada sector del ordenamiento jurídico: las consecuencias jurídicas que debe

tener la comprobación de un acto discriminatorio han de ser definidas en consideración del

contexto que ofrece la relación de trabajo privado y el principio de estabilidad impropia que

gobierna el derecho laboral argentino, el cual contempla una reparación agravada para estos

supuestos y no incluye la reinstalación forzosa salvo previsión expresa y siempre por un

lapso determinado. Ejemplifica este supuesto diciendo que cuando el legislador ha

sancionado despidos discriminatorios con la reinstalación del trabajador, lo ha dispuesto de

manera expresa y siempre que el despido sin causa tenga lugar dentro de un plazo

determinado por la ley respectiva, v.gr. Ley de Asociaciones Sindicales, por lo que, ante la


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ausencia de una norma expresa para otros supuesto de despidos discriminatorios, debe

acudirse a una aplicación por analogía repare debidamente los perjuicios sufridos por el

trabajador, que no incluye la reinstalación forzada.

Asimismo sostiene la legitimidad de la rescisión de los contratos,

agraviándose del análisis que hace el a quo respecto de otros supuestos vicios que entiende

se habrían configurado, lo cual –al analizar las cartas documentos que dispusieran las

rescisiones en virtud de la cláusula 13° de los contratos es una motivación falsa y aparente,

y critica el decisorio considerando que el juez desatiende el deber del Estado de satisfacer

las necesidades públicas que constituyen su razón de ser, y es su deber ordenarse de la

manera que resulte más eficaz para los administrados, y para el funcionamiento del propio

servicio, en ejercicio legítimo de su potestad de reorganización administrativa.

Cita jurisprudencia de la CSJN respecto a la reincorporación de los

actores, y la aplicación de los fallos “Ramos” e “Iribarne”, lo cuales analiza.

Afirma que la autoridad actuó en el marco de las relaciones de

coordinación y colaboración que rigen en el modelo de organización administrativa. Así, la

reestructuración de las unidades organizativas dispuesta, requirió a fin de no conculcar

principios como el de igualdad y razonabilidad, el análisis previo de la dotación de personal

existente asociado a las funciones ejercidas de acuerdo a su idoneidad y acordes a la

finalidad perseguida, lo que fuera acompañado del dictado de otras medidas positivas en el

marco de los actos institucionales, por lo que el razonamiento del a quo llevaría a impedir

una finalización encausada de cualquier vínculo previsto por el art. 9 de la ley de empleo

público modificando esencialmente una norma cuya constitucionalidad –dice no se

discute.

Alega la inexistencia de daño cierto, actual o inminente, requisito

vital para la procedencia del amparo, lo cual resulta doblemente gravoso en cuanto ordena

reincorporar a tres trabajadores que en esta instancia del proceso podrían encontrarse

cumpliendo tareas en otros lugares en atención al tiempo transcurrido, y ello justamente

porque los actores no han probado la situación de urgencia objetiva en la pretensión que

persiguen. Cita jurisprudencia de la CSJN al respecto.

Aduce que no existen derechos lesionados, restringidos, alterados o

amenazados a los actores, ya que no resultan titulares del derecho a la estabilidad que la

sentencia parece conferir, puesto que ordena la reinstalación de tres trabajadores sujetos a

las reglas del art. 9 de la Ley 25.164 mutando el régimen de empleo público originario. Tan

es así –agrega que la construcción argumentativa de la sentencia se asienta sobre la bases

de un desconocimiento del régimen propio del empleo público y de la doctrina de la CSJN


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en lo que a dicha materia refiere, siendo que la propia parte actora reconoce que no ha sido

designada mediante acto administrativo que le otorgue el derecho a la estabilidad prevista

en el art. 14 bis C.N. Hace otras consideraciones al respecto, analizando el art. 8 de la ley

de Empleo público (régimen de estabilidad), concluyendo en este apartado en que los

accionantes carecen de derecho subjetivo que pueda invocar como lesionado, lo cual

importa la desestimación de la pretensión articulada.

Por último, se agravia por los efectos de la sentencia en crisis que

resulta condenatoria y no meramente declarativa, en tanto por un lado, se condena a la

demandada a reincorporar a los actores a sus labores y, por otro, nada aclara en torno a la

vigencia de la medida ordenada, ni otras especificaciones necesarias para su ejecución,

creando una nueva relación contractual, sustituyendo las atribuciones conferidas al Poder

Ejecutivo Nacional. Lo expuesto –dice se encuentra relacionado con las limitaciones a las

facultades de los jueces para constituir con sus sentencias derechos a favor de los

administrados en los que pueda estar comprometido el interés público, que derivan del

principio de separación de poderes.

Mantiene la reserva del Caso Federal y finaliza con petitorio de

estilo.

Dichos agravios fueron replicados por la parte actora a fs. 325/343

(digital) a lo que en honor a la brevedad remitimos. Asimismo, plantea inconstitucionalidad

del modo en que se ha concedido el recurso (en relación y con efecto suspensivo), lo que

impide –dice la efectivización de la sentencia reparatoria de derechos constitucionales,

conteste con la garantía revista en el art. 43 CN.

V. A los fines de expedirnos en el sub discussio inicialmente cabe

señalar que la parte actora promovió acción de amparo cuestionando la legitimidad del acto

administrativo que dispuso arbitrariamente la resolución de los contratos de locación de

servicios que los vincularan a la misma, solicitando su reincorporación al trabajo.

Teniendo en cuenta los hechos alegados y probados en la causa,

desde ya adelantamos que la vía escogida resulta idónea para el análisis de la cuestión

planteada pues, tratándose de una medida de la magnitud de la impuesta a los amparistas

(pérdida de sus trabajos y fuente de ingresos por rescisión de contrato), remitir su examen

al proceso ordinario –tal lo pretende la recurrente significa tornar ilusorio el eventual

reconocimiento del derecho pretendido, máxime teniendo en consideración que el deber de

la Administración en un estado de derecho de velar permanentemente por la legalidad de

su actividad, correcto desempeño de sus agentes y transparencia en el ejercicio de la

función pública, debe realizarse en el marco del orden jurídico vigente, respetando tanto los


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requisitos necesarios para la emisión de la voluntad estatal como las garantías de los

administrados. De allí que partiendo de dichas consideraciones, corresponde reiterar que

contrariamente a lo sustentado por la demandada la acción de amparo se muestra como la

vía más apta para restaurar los derechos y garantías constitucionales que se denuncian

como lesionadas.

Sobre el tema nos hemos expedido anteriormente, señalando con

apoyo en lo doctrinado por Augusto Morello, que: “Si la efectividad de las técnicas

(acciones y remedios) y de los resultados jurisdiccionales es la meta que en estas horas

finiseculares signa la eficiencia en concreto de la actividad jurisdiccional, ese propósito es

notorio y cobra novedosa presencia como exigencia perentoria del estado de derecho, en

el clásico brocárdico: ubi remedium ibi ius. Es la regla áurea, en la que se apoyan las

demás. El derecho a contar disponer con acciones y vías útiles porque siempre la

atribución o el reconocimiento de las libertades fundamentales se traduce, en el nivel

constitucional, en un reconocimiento garantido, lo que a fortiori demanda, valga la

redundancia, la asistencia de un eficaz sistema de garantías, no tanto de carácter formal,

sino representativo de una protección real. De allí que la exigencia de efectividad, según

lo evidencia la evolución de la experiencia amparista tal como enseña Comoglio

representa el común denominador de cualquier sistema de garantías. Es que la sola

efectividad, en último análisis, permite medir y verificar el grado variable de la protección

concreta que reviste la garantía tanto desde el punto de vista formal (o extrínseco) cuanto

de contenido (intrínseco) que es capaz de asegurar la situación subjetiva que

abstractamente la norma procura proteger. Nosotros, abarcativamente, predicamos la

efectividad en un doble plano concurrente. Por una parte la idoneidad específica del

remedio técnico (garantía) a utilizar; y, en segundo lugar, la materialización que a través

de la jurisdicción se debería alcanzar como manifestación de concreción de la tutela

recabada. El severo enjuiciamiento de estas horas al sistema procesal de la Justicia centra

las censuras más contundentes en poner de resalto la generalizada quiebra de ese

resultado en la experiencia de la actividad judicial y el desencanto que ello conlleva. No es

por ende suficiente, para disponer del proceso justo, contar con un "juez en Berlín"

imparcial y transparente, la debida audiencia, el ofrecimiento y práctica de la prueba

pertinente, el alegar sobre su mérito, el dictado de una sentencia adecuadamente

motivada, poder impugnarla y, firme, llevar adelante su ejecución. Es también

imprescindible que la condena, el mandato jurisdiccional, satisfaga mediante su íntegro

cumplimiento el interés específico del litigante ganador, en un plazo razonable. El ascenso

por demás destacado del derecho procesal constitucional persigue, entre sus propósitos


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diferenciadores, lo que se acaba de puntualizar, pues el reforzamiento del sistema de

garantías apunta, entre otras finalidades concurrentes, a hacer ciertos los enunciados que

han quedado subrayados".

Por ello tal autor sostiene con Palacio y Rivas, que "... el amparo es

un mecanismo de máxima eficacia tuteladora, a ejercer de manera directa y principal

cuando las circunstancias del caso así lo aconsejan, para nada la télesis del art. 43 de la

Constitución Nacional requiere enredarse con las famosas "otras vías" que notoriamente

no las hay a ser exploradas en misión comparativa. Se presume que si el actor optó por

valerse del derecho, acción, vía o procedimiento de amparo, es porque no disponía de otro

remedio mejor (más idóneo, útil y eficaz). El amparo no es un engranaje excepcional,

extraordinario, un personaje raro y mal visto por los justiciables; todo lo contrario, la

Constitución (tanto la Nacional como la bonaerense) quieren que sea utilizado con

generosidad porque ninguna otra herramienta procesal puede otorgar la protección

reclamada y debida. Y el amparo sí, la debe y puede satisfacer. Mientras no estemos en

claro acerca del peculiar rango jerárquico de que está dotado el instituto (por ser él la

máxima garantía que el sistema constitucional ofrece a los ciudadanos) cometemos un

pecado de origen que luego se amplía en las derivaciones asfixiantes de las leyes que "lo

reglamentan" (art. 28, Constitución Nacional), en el sentido de que lo restringen de

manera irrazonable derivando en una mutación de su esencia constitucional”.

Repetir que "el Tribunal (la Corte Suprema), ha señalado muchas

veces la índole excepcional del amparo, en tanto es un proceso reservado para aquellas

situaciones extremas en las que la carencia de otras vías legales aptas para zanjarlas

pueda afectar derechos constitucionales; y que, por ello, su viabilidad requiere

circunstancias muy particulares cualificadas, entre otros aspectos, por la existencia de un

daño concreto y grave que sólo pueda eventualmente ser reparado acudiendo a la acción

urgente y expeditiva del amparo(Fallos: 312:262 y sus citas; causa "Louzán, Carlos A. vs.

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación", 17/11/94, consid. 5º)

es tronchar, ab initio, las generosas y necesarias posibilidades que las Constituciones

reformadas han consagrado sin esas limitaciones al describir a la figura. Es sumar

obstáculos que la Ley Fundamental no ha establecido (art. 43) ". (Conf. Morello, Augusto,

" Las garantías del proceso justo y el amparo, en relación a la efectividad de la tutela

judicial", La Ley, LX Nº 46, 5/3/96).

Como señalara Pablo Federico Padula ("El regreso de los muertos

vivos...", La Ley Litoral Juris, octubre 1997, p.847 y sgtes.), la mayoría de las situaciones

que han dado históricamente lugar a la promoción de acciones de amparo encierran


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cuestiones contenciosas administrativas. Es la relación administrado administrador la que

ha suscitado frente a los excesos estatales la necesidad de solicitar ante los tribunales la

protección constitucional procesal que significa promover el amparo, nacido y consagrado

con el afán de brindarle al ciudadano común una herramienta de protección frente a

eventuales avasallamientos de derechos y libertades constitucionales por parte del Estado.

(Cita extraída de la Sent. Nº 87/01 Sala Cuarta de la Cámara Civil y Comercial de

Resistencia Provincia del Chaco, voto de la Dra. María Delfina Denogens).

Dentro de esta lógica supralegal, el remedio del amparo –si bien no

como un vademecum para solucionar todos los problemas ha sido reconocido como un

medio de tutela prima facie hábil para asegurar derechos que gozan de un plus de

protección constitucional como son los derechos de carácter laboral y alimentario. Así, bajo

tal perspectiva, considerando lo alegado por la apelante, en cuanto a la improcedencia de la

acción por la posible existencia de otra vía más idónea, no aparece de modo objetivo y

palmario como para negar que se transite el camino elegido por los amparistas. Y más allá

de la sustentabilidad del reclamo sobre lo que haremos ciertas precisiones, la vía elegida

se presenta como apta para garantizar el derecho constitucional que se denuncia como

conculcado.

VI. Tal lo señala la recurrente, la acción de amparo tiende a obtener

una sentencia declarativa de derecho, no condenatoria, de allí que, para hacer cesar un

estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica,

puede prescindirse válidamente del nomen juris utilizado por los actores, atendiendo a la

real sustancia de la pretensión ejercida, es decir con primacía de la realidad.

Así, el Máximo Tribunal de la Nación admitió expresamente que:

“parece evidente que la acción declarativa que, como el amparo, tiene una finalidad

preventiva y no requiere necesariamente la existencia de daño consumado en resguardo de

los derechos, es un medio plenamente eficaz y suficiente para satisfacer el interés de la

actora que, en las actuales circunstancias, se agota en una mera declaración de

certeza…” (CSJN, “Provincia de Santiago del Estero c/ Nación Argentina”, 1985, Fallos

307:1379) lo que faculta a los jueces para que declaren la existencia y el alcance de los

derechos controvertidos y, consecuentemente, garantizar la seguridad jurídica allí donde

están en peligro los derechos y garantías constitucionales.

Y en este sentido, considerando que “el caso presenta ciertamente

características singulares. Y es propio de tales situaciones la obligación de los jueces de

ponderar con mayor rigor la aplicación de los principios jurídicos pertinentes, a fin de no

incurrir, con


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daño para la justicia, en una aplicación sólo mecánica de esos principios”, siendo

“condición de validez de un fallo judicial que él sea conclusión razonada del derecho

vigente, con particular referencia a las circunstancias comprobadas en la causa…”, pero

“no se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de

procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva, que es su

norte” y “si bien es cierto que para juzgar sobre un hecho no cabe prescindir de la

comprobación de su existencia…. la ley acuerda a los jueces la facultad de disponer las

medidas necesarias para esclarecer los hechos debatidos. Y tal facultad no puede ser

renunciada cuando su eficacia para determinar la verdad sea indudable. En caso

contrario la sentencia no sería la aplicación de la ley a los hechos del caso, sino

precisamente la frustración ritual de la aplicación del derecho”. (CSJN, “Domingo

Colalilllo v. Compañía de Seguros de España y Río de la Plata”, 18/09/1957 Fallos

238:550). Bajo dichas directivas es que debe resolverse la presente causa, bajo el más

estricto sentido de justicia para todas las partes.

VI.1 En primer lugar procede establecer el real encuadre jurídico de

la relación que vinculara a los actores con el Estado Nacional Ministerio de Agroindustria:

En el caso, no se encuentra en discusión la naturaleza de empleo público que revistió la

vinculación habida entre las partes, así como tampoco la calidad de organismo de derecho

público de la demandada. Efectivamente, se trata de una típica relación regida por el

derecho público y por lo tanto, la regulación referida a ella está comprendida dentro del

derecho administrativo y así, sentado lo que antecede y en punto a las particularidades

planteadas en el caso, la relación mantenida entre las partes debe ser analizada bajo el

prisma del mencionado principio de primacía de la realidad.

A dichos fines debemos apartarnos de las figuras jurídicas utilizadas

(contratos de locación de servicios) por entender que con ellas la Administración obró "con

una evidente desviación de poder que tuvo como objetivo encubrir una designación

permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado, figura ésta


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autorizada legalmente para casos excepcionales”, por lo que podemos afirmar que con ese

obrar, el Estado Nacional generó en el trabajador "una legítima expectativa de

permanencia laboral que merece la protección que el artículo 14 bis de la Constitución

Nacional otorga al trabajador contra el despido arbitrario" (conf. CSJN in re “Ramos”,

06/04/2010, Considerando 6° –Fallos 333:311).

La doctrina establecida en la causa “Ramos” es de indiscutible

aplicación al caso de marras, de modo tal que a la luz de sus enunciados deben ser

valoradas las circunstancias del caso, considerando que quienes desempeñen sus tareas de

manera subordinada y permanente a favor de la Administración Pública (en el caso,

Ministerio de Agroindustria), gozan de la mencionada protección conferida por el art. 14

bis C.N..

VI.2 El fundamento constitucional de dicha protección ha sido

desarrollado en los Considerandos 7° y 8° del voto conjunto de los Dres. Fayt, Maqueda y

Zaffaroni del citado fallo “Ramos” de la CSJN, al puntualizar: “Que durante su desarrollo,

el vínculo entre las partes exhibió varias de las características típicas de una relación de

dependencia de índole estable…. empero, la relación fue sucesivamente renovada en claro

exceso a las previsiones normativas que la autorizaron. Mediante este procedimiento, la

demandada se valió de una figura legalmente permitida para cubrir necesidades que,

conforme las circunstancias relatadas y el tiempo transcurrido, no pueden ser calificadas

como transitorias. De esta manera, en su condición de contratado, el actor quedó al

margen de toda protección contra la ruptura discrecional del vínculo por parte de la

Administración (artículo 14 bis de la Constitución Nacional)”. Y así, “Que, en las

condiciones expresadas, la conducta asumida … pugna con la normativa constitucional

recientemente referida, cuyo principio protectorio, comprende, por un lado, al trabajo "en

sus diversas formas", incluyendo al que se desarrolla tanto en el ámbito privado como en

el público (Fallos: 330:1989, 1999) y reconoce, por otro, derechos "inviolables" del

trabajador que el Congreso debe asegurar como deber "inexcusable" ("Aquino", Fallos:

327:3753, 3770; "Milone", Fallos: 327:4607, 4617). A iguales resultados conducen

diversos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional que enuncian el

"derecho a trabajar" …., el cual debe ser considerado "inalienable de todo ser humano" ...

En efecto, el citado derecho a trabajar, … comprende inequívocamente, entre otros

aspectos, el "derecho del trabajador a no verse privado arbitrariamente de su empleo"

("Vizzoti", Fallos: 327:3677, 3690)”.

A diferencia del anterior, el fallo “Sánchez, Carlos c/ Auditoría

General de la Nación s/ Despido” (Fallos 333:335), resuelto por la CSJN en la misma


http://www.saij.gob.ar/hugo-roberto-mansueti-corte-extiende-proteccion-contra-despido-arbitrario-para-trabajadores-contratados-precariamente-administracion-publica-analisis-preliminar-una-decision-acertada-dacf100035-2010-04/123456789-0abc-defg5300-01fcanirtcod#CT000

http://www.saij.gob.ar/hugo-roberto-mansueti-corte-extiende-proteccion-contra-despido-arbitrario-para-trabajadores-contratados-precariamente-administracion-publica-analisis-preliminar-una-decision-acertada-dacf100035-2010-04/123456789-0abc-defg5300-01fcanirtcod#CT000

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fecha, rechaza las pretensiones indemnizatorias, por entender que el ordenamiento que

autorizaba la modalidad de la contratación no preveía límite de plazo alguno (en “Ramos”

el plazo máximo de renovaciones era por cinco años), dejando en claro que no todos los

casos eran igual, es decir, que había que analizar específicamente en cada uno de ellos los

extremos fácticos y jurídicos aplicables a fin de concluir en la procedencia o improcedencia

de una indemnización. Es decir, la nueva posición adoptada por el Alto Tribunal no

significaba que, de por sí y automáticamente, todo cese de una relación en que la utilización

de figuras no permanentes hubiera sido distorsiva generaba derecho a una indemnización,

sino que eso iba a depender del exhaustivo análisis casuístico. (Conf. Benítez, Oscar

Eduardo, El caso de los contratados algo más que un reflejo de un país al margen de la

ley, en Revista de Derecho Laboral 20181, Contratación Laboral y Despido – I, Rubinzal

Culzoni, p. 226/227).

Frente a estas dos posturas del Alto Tribunal, y a los fines de evitar la

inequidad o incongruencia generada por la diferencia que establecía que una persona tenía

derecho a ser indemnizado sólo si la Administración con su proceder violó una normativa

en su contratación, normativa que en muchas oportunidades era fijada por ella misma, un

año después la CSJN falla in re “Cerigliano, Carlos Fabián c/Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Bs.As. U. Polival. de Inspecciones ex Direc. Gral de Verif. y Control”

19/04/2011 (Fallos 334:398). En tal oportunidad sostuvo que la doctrina del precedente

"Ramos" encuentra sustento en dos circunstancias fundamentales: “por un lado, la relativa

a que la naturaleza jurídica de una institución debe ser definida, fundamentalmente, por

los elementos que la constituyen, con independencia del nombre que el legislador o los

contratantes le atribuyan; y por otro, la atinente a que resulta una evidente desviación de

poder la contratación de servicios por tiempo determinado con el objeto de encubrir

vinculaciones laborales de carácter permanente”, reiterando que “… el mandato

constitucional según el cual "el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de

las leyes", incluye al que se desarrolla tanto en el ámbito privado como en el público

("Madorrán", Fallos: 330:1989). También lo es que "el derecho a trabajar", comprende,

entre otros aspectos, "el derecho del trabajador a no verse privado arbitrariamente de su

empleo" ("Vizzoti", Fallos: 327:3677). Tales exigencias se dirigen primordialmente al

legislador, "pero su cumplimiento atañe, asimismo, a los restantes poderes públicos, los

cuales, dentro de la órbita de sus respectivas competencias, deben hacer prevalecer el

espíritu protector que anima a dicho precepto" (Considerando 7°). Es decir, la CSJN en

vez de centrar su análisis exclusivamente en el cumplimiento de la normativa, lo hace en las

circunstancias fácticas en que se desarrollaba cada contrato.


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Ahora bien, partiendo de dichas directivas marcadas por el Alto

Tribunal y evaluando que la enunciada amplitud que consagra la protección constitucional

reconocida a toda forma de trabajo dependiente, es que la acreditación de los extremos que

habiliten la contratación de agentes sin permanencia, habrá de ser examinada con criterio

restrictivo, atendiéndose en cada caso en particular a la transitoriedad y especificidad del

requerimiento (Fallos: 311:2799), “De no ser así, se llegaría a un resultado inaceptable:

que el Estado estaría habilitado a contratar servicios personales tanto integrando al

prestador en sus cuadros permanentes, como en los no permanentes o transitorios, cuando

no bajo modalidades como las ahora controvertidas, todo ello sin razones serias y

objetivas que justifiquen y expliquen el uso de la modalidad elegida y su compatibilidad

con la Constitución Nacional”. (Considerando 9° “Ramos” del voto conjunto).

VI.3 En tales precedentes la CSJN se expidió acogiendo la

reparación a los trabajadores contratados bajo dicha modalidad irregular. Así sostuvo en el

citado precedente “Cirigliano”: “… la ratio decidendi de "Ramos" alcanza a todos los

trabajadores que se encuentran ligados por un vínculo como el considerado en ese

precedente en su caso y de corresponder, el modo de reparar los perjuicios que se

hubiesen irrogado al actor ha de encontrarse en el ámbito del derecho público y

administrativo (doctrina de los considerandos 9° del voto de la mayoría y 10 del

concurrente de la causa "Ramos"). Al respecto, es del todo propicio remarcar que la

finalidad reparadora de la indemnización dentro de ese marco específico—conviene

enfatizarlo— exigirá un riguroso apego a pautas razonables que garanticen el principio de

suficiencia” (Considerando 8°).

El precedente “Ramos”, indica que: “…a fin de determinar el

régimen jurídico de la reparación, ante la ausencia de una respuesta normativa

singularizada a la cuestión, es menester recurrir a los principios de leyes análogas, toda

vez que la regla de interpretación prevista en el artículo 16 del Código Civil excede los

límites del ámbito del derecho privado, los trasciende y se proyecta como un principio

general, vigente en todo el orden jurídico interno (Fallos: 325:662). Al respecto, el examen

de las normas que fijan pautas indemnizatorias por pérdida del empleo y que guardan

mayor analogía con la situación discutida en autos, conduce a encontrar una solución

razonable y equitativa en el régimen indemnizatorio previsto en la Ley Marco de

Regulación de Empleo Público Nacional,… ley 25.164, ….el quinto párrafo del artículo 11

de la citada ley ("un (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres

meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida

durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor)".


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(Considerando 10° del voto conjunto). “De ahí que se considera que la aplicación de la

indemnización prevista por el artículo 11 … resulta una medida equitativa para reparar

los perjuicios demostrados por el actor en este caso” (Considerando 9°).

Y así, en esta instancia, frente al reconocimiento de derechos,

procede la reparación de esos derechos conculcados a los trabajadores y sólo cabe admitir

el amparo deducido por los mismos en lo que atañe a la declaración del derecho o

reconocimiento “… pues las circunstancias fueron aptas para generar en el actor una

legítima expectativa de permanencia laboral que merece la protección que el art. 14 bis de

la CN otorga al trabajador contra el despido arbitrario, y rechazarlo en tanto procura la

reincorporación, por ser aplicables al respecto y por analogía las razones dadas en el

precedente "Ramos" (Fallos:333:311), en el sentido de que si se atribuyera estabilidad a

quien no ha sido incorporado con los requisitos y medios de selección previstos para el

ingreso a la carrera administrativa, no sólo se estaría trastocando el régimen previsto por

la ley 25.164, sino que también se estaría alterando el monto autorizado por el legislador,

en forma diferenciada, para financiar gastos correspondientes a personal contratado y

personal permanente”. (Mayoría: Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Petracchi,

Zaffaroni, CSJN I. 192. XLIV; RHE. “Iribarne, Rodolfo Antonio c/Estado Nacional

(Honorable Senado de la Nación) 22/05/2012 T. 335, P. 729, en el mismo sentido,

A.482.XLII.RHE “Aude, María Candelaria c/Estado Nacional – Honorable Congreso de la

Nación s/despido” 25/2/2014).

Como puede observarse entonces, con la nueva doctrina del Máximo

Tribunal Nacional sentada en la referida “tríada”, se puede decir que ya no existen dos

grandes grupos como clásicamente se entendía al dividir al empleo público y trabajo

privado, con sus pertinentes regímenes estatutarios y contractuales, sino tres, pudiendo

observarse ciertas reglas de un régimen pretoriano en la experiencia jurídica: 1° Que la

utilización de figuras contractuales en violación a la normativa vigente, ya sea por no

cumplirse en el caso los requisitos previstos en la legislación que la autoriza o por tratarse

de tareas propias del personal de planta permanente, implica una irregularidad o desviación

de poder que no puede ser aceptada por el sistema normativo. 2° Que dicho proceder de la

administración no puede ser aceptado en el estado constitucional y antropocéntrico del

derecho, y constituyendo un ilícito que debe ser reparado, pues dicho comportamiento

afecta la legítima expectativa de permanencia que se ha generado en la persona que trabaja

en esas condiciones y encuentra su debida justificación en el sistema normativo. 3° Que

dicha reparación debe hacerse en el marco del derecho público. 4° Que no corresponde la

reinstalación del contratado, sino la determinación de una indemnización pues, caso


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contrario, se afectaría el principio constitucional de la división de poderes conforme lo

entendiera el máximo tribunal en los referidos precedente (Cf. Benítez, Oscar E., ob. cit., p.

228/229).

No se nos escapa que existen otros autores que sostienen que “…si el

trabajador fuera contratado para desempeñarse en tares que no reúnan los requisitos de

eventualidad o transitoriedad exigidos por la leu y, en definitiva, lo que se pretendiera es

excluirlo arbitrariamente del régimen general de estabilidad en el empleo que, por

mandato constitucional, es el que, en principio, debe regir en el empleo público, operaría

en contra del Estado –empleador por aplicación del principio protectorio– la nulidad

relativa de la contratación transitoria y debería aplicarse a la relación las normas

tutelares de los trabajadores permanentes y estables”, y así “la demostración por el

trascurso del tiempo –o por cualquier otra circunstancia de que las tareas efectuadas por

el empleado público son permanentes no podría ser dejada de lado y resultaría

insoslayable la aplicación de la norma de estabilidad” (conf. Simón Julio César y Recalde,

Mariano en Los trabajadores contratados en la administración pública a la luz de las

últimas disposiciones legales y convencionales, en D.T. 2001B, La Ley, p. 2237).

No obstante: “La ausencia de una Corte Nacional de Casación

indica la conveniencia, por un principio de seguridad jurídica imprescindible, que los

criterios doctrinarios no sólo en materia estrictamente constitucional sino aquellos que

posibilitan un modo de entenderse pacífico en el comercio de todos los días, se acaten por

los distintos tribunales de modo que revistan fuerza vinculante las sentencias del Alto

Tribunal de la Nación que aún en materia de derecho común o procesal muestren el torso

de una doctrina. Sin perjuicio, obviamente, de los replanteos que, fundadamente, impiden

la cristalización do inmovilización del sentido evolutivo que históricamente experimenta el

derecho frente a la vida” (con cita de Gelsi Bidart, Alternativas de la casación, en Temas

de Casación y recursos extraordinarios…. en MorelloSosaBerizonce, Códigos

Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, Ed.

Platense – Abeledo Perrot, 1982, Tomo I, pág. p. 228).

VII. Sentado lo que antecede, resulta de aplicación la ley 25.164

como régimen propio de los empleados públicos en su vinculación –sea ésta regular o

irregular con la Administración central. Por lo demás, no está cuestionada por la

demandada la existencia de su vínculo con los actores por medio de reiterados contratos de

locación de servicios, cumpliendo tareas que, bien lo señala el a quo, no parecen

encuadrarse en la calificación de transitorias o estacionales del Dto. Reglamentario N°

1421/02 (que aclara que las actividades de carácter estacional responden a tareas que se


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realizan periódicamente y sólo en determinadas épocas del año, así como también prevé

que el personal alcanzado por ese régimen carece de estabilidad y que los contratos deben

contener una cláusula de rescisión a favor de la Administración), siendo propias del

régimen de carrera y que pueden ser cubiertas por personal de planta permanente (conf. art.

9 Ley 25.164). Asimismo, surge de autos las sucesivas renovaciones que obran en los

legajos adjuntados a la causa por la propia Administración.

Teniendo en cuenta lo señalado, no existen dudas del derecho a

una reparación económica que asiste a los actores, considerando que, más allá de que el

actuar de la Administración al disponer la rescisión contractual pueda deberse a

motivaciones discriminatorias (de índole ideológicas, políticas y/o sindicales), lo que aquí

se evidencia es la manera irregular con que se originó el vínculo de trabajo (contratos de

servicio para cubrir funciones que son de evidentes rasgos permanentes y propios de la

Secretaría de Agricultura Familiar) y lo arbitrario de la desvinculación de los actores de

manera intempestiva, invocando la demandada sólo la cláusula 13° del contrato, en cuanto

a la posibilidad de rescisión por su parte con la sola comunicación fehaciente al contratado,

sin expresión de causa y sin derecho a indemnización o compensación alguna, lo que esta

magistratura reprocha, ya que no puede ser interpretado aisladamente o descontextualizado

del plexo normativo y fáctico, y de este modo dispensar al órgano estatal de observar, en la

decisiones administrativas que adopta, los requisitos esenciales que todo acto

administrativo debe reunir.

En este sentido, se declara el derecho de los actores, si bien no a la

reinstalación, sí a percibir la indemnización prevista en el art. 11, último párrafo de la Ley

Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, y se tiene por ciertas las

fechas de ingreso y egreso de los mismos a la Secretaría de Agricultura Familiar

dependiente del Ministerio de Agroindustria a los fines del cálculo indemnizatorio, la que

podrán hacer efectiva ocurriendo por la vía pertinente: la Sra. Pizzi con ingreso el

01/11/2010 y egreso el 30/04/2016 (6 años de antigüedad); el Sr. Frías el 29/12/2011 y

egreso el 30/04/2016 (5 años de antigüedad) y el Sr. Santiago ingreso el 01/11/2015 y

egreso e 31/03/2016 (1 año de antigüedad), tomando como base de cálculo la mejor

remuneración mensual, normal y habitual percibida en el último año o durante el tiempo de

prestación de servicios si éste fuere menor y salvo el mejor derecho que estableciere el

Convenio Colectivo de Trabajo aplicable y las indemnizaciones especiales que pudieren

regularse por dicha vía , con más los intereses correspondientes desde el distracto.

Consecuentemente –y tal lo adelantado corresponde

modificar la sentencia obrante a fs. 293 –digital , declarando el derecho que asiste a los


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actores con fundamento en lo expuesto supra al tratar el marco jurídico y constitucional de

la cuestión debatida en autos, y la aplicación de los principios previstos por los arts. 15 y 16

CC (vigente a la fecha de los hechos señalados en los arts. 1, 2 y 3 del CCC) y principio

iura novit curia, lo que deriva en la aplicación de la normativa señalada (Ley Marco de

Empleo Público N° 25.164).

VIII. En relación a la costas, atento a la arbitrariedad del

acto cuestionado por los actores y el reconocimiento de derechos que en esta instancia se

hace a los mismos, es criterio del Tribunal que, más allá de las particularidades del caso, no

le quitan a la demandada su calidad de vencida a los efectos de las costas. Es por ello que el

hecho de que la acción no haya prosperado tal cual lo planteado, no justifica la liberación

de costas a quien no se allanó ni parcialmente, y obligó a litigar al acreedor para obtener el

reconocimiento de su derecho (Cfr. Morello, Sosa y Berizonce, “Códigos…” Ed. Platense

Abeledo Perrot. Año 1985, T. IIB, pág. 61.

En este sentido y atento el resultado del litigio, las costas de

esta instancia se imponen a la recurrente vencida, por aplicación del principio objetivo de la

derrota prescripto por el art. 68 del CPCCN (art. 70 t.o. Ley 26.939). Los honorarios

profesionales de los abogados intervinientes por la parte actora, se regulan conforme lo

dispuesto en los arts. 16, 20, 30 y 48 de la ley 27.423, partiendo del valor equivalente a 20

U.M.A. (Unidad de Medida Arancelaria) y teniendo en cuenta que el valor de la misma

asciende a la suma de $ 4.152,00 conforme Acordada N° 7/2021, por lo que se los fijan en

las sumas que se determinan en la parte resolutiva. No corresponde regulación al apoderado

de la demandada, en virtud del art. 2 de la ley arancelaria.

Por lo que resulta del Acuerdo que antecede, SE

RESUELVE:

1. MODIFICAR la SENENCIA obrante a fs. 293–digital y

DECLARAR el DERECHO que asiste a los actores a percibir la indemnización por

rescisión de sus contratos de locación de servicios, prevista en el art. 11, último párrafo, de

la Ley 25.164, respecto de la cual deberán ocurrir por la vía pertinente, conforme lo

considerado supra.

2. IMPONER LAS COSTAS de esta instancia a la

recurrente vencida y REGULAR los honorarios profesionales por sus actuaciones en el

doble carácter de apoderados y patrocinantes de los actores a los DRES. MIRIANS B.

SERIAL y JULIO CÉSAR GARCÍA en las sumas de PESOS CATORCE MIL


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NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($14.956,00) equivalentes a 3,6 U.M.A. como

y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON OCHENTA CENTAVOS ($5.812,80) –

equivalentes a 1,4 U.M.A., a cada uno de ellos, con más I.V.A. si correspondiere.

3. COMUNICAR al Centro de Información Judicial,

dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conforme Acordada Nº 5/2019

de ese Tribunal).

4. REGÍSTRESE, notifíquese y oportunamente devuélvase,

debiendo estarse a lo dispuesto por la Ac. 31/2020 de la CSJN y su Anexo II.

Rocio Alcalá María Delfina Denogens

Jueza de Cámara Jueza de Cámara

NOTA: De haberse dictado el Acuerdo precedente por las Sras. Juezas de Cámara que

constituyen la mayoría absoluta del Tribunal (art. 26 Dto. Ley 1285/58 y art. 109 Regl.

Jus. Nac.) por excusación del Dr. Enrique J. Bosch (art. 30 y art. 17 inc. 7 CPCCN) y,

suscripto en forma electrónica por las mismas (arts. 2 y 3 Ac. 12/2020 CSJN). CONSTE.

SECRETARIA CIVIL N° 2, 11 de mayo de dos mil veintiuno.


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NOTA: Dres. Serial, Mirians B. – García, Julio César …………………(por la parte ACTORA) se notificó en forma electrónica el día…..../05/2021 a las ..….…hs., de la …SENTENCIA… deFs. …353/……. de autos. Conste.Secretaria Civil N° 2, ………….. de mayo de 2.021.

NOTA: Dres. Chávez, Hugo Marcelo – Regueiro, Pedro Alfredo – Serrano Giménez, Juan Francisco……………………………………. .. . (por la parte DEMANDADA) se notificó en forma electrónica el día…..../05/2021 a las ..….…hs., de la …SENTENCIA… deFs. …353/……. de autos. Conste.Secretaria Civil N° 2, ………….. de mayo de 2.021.

NOTA: Dr. Carniel, Federico.. .. . …. .. ……………………………. ….(FISCALÍA) se notificó en forma electrónica el día…..../05/2021 a las ..….…hs., de la …SENTENCIA… deFs. …353/……. de autos. Conste.Secretaria Civil N° 2, ………….. de mayo de 2.021.


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