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Noviembre - Enero | 2015 | Edición especial de Infraestructura

4 Invertir en el sector de infraestructura colombianoEste es el momento indicado para hacerlo a través de la BVC

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FinanciaciónCrear valor a través del uso óptimo de los activos

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Clave en las etapas de los grandes proyectos de infraestructura

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El sector de la construcción, y en particular el de obras civiles, se viene consolidando como uno de los principales impulsores de la actividad productiva en Colombia. Desde 2013 ha se ha expandido por

encima del promedio de la economía, y en el primer semestre de este año su contribución al crecimiento total fue significativa. Además, de acuerdo con las proyecciones del Gobierno Nacional, en los próximos años esta tendencia puede continuar. Es así como las autoridades estiman que la ejecución de los proyectos de infraestructura puede llegar a aportar hasta 1,5% de crecimiento económico entre 2015 y 2019. Esto se debe a que, además de la magnitud del programa de concesiones 4G, la construcción de estos proyectos contribuye a dinamizar la actividad de otros sectores productivos.

En esta edición especial de la revista, buscamos entregarles más información sobre los eslabones que se requieren para cumplir estas expectativas de crecimiento, como el aumento de los límites de endeudamiento de crédito e inversiones -siempre y cuando sean para proyectos de infraestructura-, al igual que el reto que impone la implementación de las NIIF. Aspectos como estos son claves para incentivar la inversión de capital nacional y extranjero, tanto en las compañías como directamente en los proyectos a través de las sociedades concesionarias.

La financiación que se requiere en la ejecución de un proyecto de infraestructura es otro de los puntos que deben tenerse claros y definidos. En pro de la eficiencia, herramientas novedosas como el factoring y el renting pueden ayudar a optimizar el capital de trabajo y generar valor a través del uso de activos. Si bien la apuesta del sector está más enfocada en el transporte, es también necesario vincular la inversión privada para el desarrollo de infraestructura en ámbitos como la educación y la salud, con el objetivo de tener beneficios no solo económicos, sino también sociales.

En nuestro interés permanente por hacer parte de la historia del desarrollo de infraestructura de nuestro país, así como de la construcción de una Colombia más competitiva, en el Grupo Bancolombia reiteramos nuestro compromiso con las instituciones y empresas del sector para que juntos construyamos las propuestas y soluciones financieras que los proyectos requieren en cada una de sus etapas.

Gonzalo Toro BridgeVicepresidente Corporativo

de Empresas y Gobierno

Las apuestas en el sector de infraestructura

EDITORIAL

Las autoridades estiman que la ejecución de los proyectos de infraestructura puede llegar a aportar hasta 1,5% de crecimiento económico entre 2015 y 2019.

Actualidad

Jairo Julián Agudelo R.Gerente de Investigaciones en Renta Variable

Germán Zúñiga S.Analista de Infraestructura e Industria

Investigación en AccionesValores Bancolombia S.A.

Colombia va a presentar un importante salto en sus niveles de inversión en Vivienda e Infraestructura con montos totales cercanos a USD138bn en el período 2012-2020, según cálculos del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Transporte, lo cual convierte a este sector en el corto, mediano y largo plazo, en uno de los principales motores de crecimiento para la economía colombiana.

Este es el momento para hacerlo a través de la Bolsa de Valores de Colombia

Invertir en el sector de infraestructura colombiano

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Finanzas Corporativas Inversión Actualidad Financiación Riesgos Novedades

Las compañías de construcción y cemento que se encuentran listadas en la BVC tendrán un fuerte potencial de valorización en los próximos años, ya que en el caso de las constructoras, la adjudicación de concesiones tanto de

4G como de APP de iniciativa privada generará un crecimiento del Backlog (contratos firmados, pero no ejecutados); y en el caso de las cementeras, tendrán contratos de distribución de concreto y cemento para las vías, puertos, aeropuertos y vías férreas demandantes.

Los constructores, protagonistas en esta generaciónHasta el momento, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha adjudicado ocho proyectos correspondientes a la primera ola de concesiones viales de 4G, en los que la compañía más activa listada en la BVC ha sido Construcciones El Cóndor, la cual ya tiene adjudicados dos proyectos: Conexión Pacífico 2 (21%), en asocio con Grupo Odinsa y un CAPEX estimado de COP1,3bn, y Conexión Pacífico 3 (48%), con un CAPEX de COP1,29bn; además de sus propuestas APP de iniciativa privada, que ya cuentan con un importante avance en el proceso de aprobación por parte de las entidades gubernamentales.

Por otro lado está Constructora Conconcreto que, aunque no ha presentado propuestas económicas y técnicas en las concesiones de la primera ola, aún tiene varios proyectos para participar. Uno de ellos es Mulaló-Loboguerrero, el cual se considera interesante para la compañía por su nivel de complejidad; adicionalmente ha entregado varios proyectos APP de iniciativa privada con avances significativos en sus procesos de aprobación.

Los principales actores dentro de la Bolsa de Valores de Colombia en los proyectos de cuarta generación son, en el área de construcción: Construcciones El Cóndor*, Constructora Conconcreto*, ISA*, Grupo Odinsa, y Corficolombiana, y en el área de cemento: Cementos Argos* y Cemex Latam Holdings*.

*Compañías bajo cobertura por Investigaciones Económicas del Grupo Bancolombia.


Así mismo, Corficolombiana, a través de su filial Episol, fue también ganadora en el proyecto Conexión Pacífico 1 con una participación de 60% y un CAPEX estimado de COP1,79bn.

Finalmente ISA, que participa con su filial constructora Intervial Colombia S.A., precalificada en cinco concesiones, cuatro de ellas aún por licitar, encuentra los proyectos 4G como un potencial de crecimiento que complemente sus ingresos regulares de transmisión eléctrica.

Los proveedores, alistándose para la corridaSegún la ANI, se necesitarán cerca de 12 millones de metros cúbicos de concreto, uno de los principales insumos requeridos para la ejecución del megaproyecto, esto sin tener en cuenta que algunas vías podrían ser construidas

en concreto, en vez de asfalto, lo que incrementaría sustancialmente la demanda de este producto.

De acuerdo a lo anterior, las principales compañías cementeras se están preparando de manera proactiva para soportar el incremento futuro en la demanda, ampliando sus capacidades instaladas dentro del país. Por un lado, Cementos Argos fortalecerá con tecnología de punta su planta en Sogamoso - Boyacá, expandiendo su producción actual (BrownField) con una nueva línea de 2,3 millones de toneladas de cemento (+23% en su capacidad instalada); esta planta está localizada estratégicamente en un punto convergente de vías 4G. Por otro lado, Cemex Latam Holding desarrollará un proyecto GreenField (planta nueva) en Maceo - Antioquia, la cual


aumentará la producción de cemento de la compañía en 1 millón de ton., totalizando 5,5mn. Es importante resaltar que su localidad es equidistante de las autopistas de la prosperidad (vías pertenecientes a los proyectos 4G) y está a tan solo 180km de Medellín.

En conclusión, consideramos que la BVC ofrece vehículos de inversión atractivos para tener exposición a un sector que va a liderar el crecimiento de la economía colombiana en los próximos años, teniendo en cuenta:

La inversión de USD138bn en el período 2012-2020

La preparación de las compañías cementeras con su expansión en facilidades productivas

La participación de las compañías constructoras en los diferentes proyectos de 4G e IP.

Por estos motivos recomendamos hacer un seguimiento constante a estos activos.

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Compañías listadas en la BVC precalificadas en

concesiones 4G

Compañía Concesión Participación Inversión Ola

Conconcreto Mulalo - Loboguerrero 33% 1.47bn Primera

Conconcreto Rumichaca - Pasto 50% 2,06bn Segunda

Conconcreto Río Magdalena 1 50% 2,13bn Segunda

Conconcreto Bogotá - El Tablón 50% 2,04bn Segunda

Conconcreto Autopista al mar 1 50% 1,55bn Tercera

El Cóndor Rumichaca - Pasto 35% 2,06bn Segunda

El Cóndor Santana - Mocoa - Neiva 30% 1,2bn Segunda

El Cóndor Santander de Quilichao - Popayán 30% 1,2bn Segunda

El Cóndor Autopista al Mar 2 30% 1,56bn Tercera

El Cóndor Río Magdalena 1 17% 2,13bn Tercera

El Cóndor Autopista al Mar 1 30% 1,55bn Tercera

ISA (Intervial) Neiva - Girardot 50% 1,14bn Segunda

ISA (Intervial) Puerta de Hierro - Cruz de Viso 50% 0,468 Segunda

ISA (Intervial) Santana - Neiva - Mocoa 50% 1,2bn Segunda

ISA (Intervial) Bogotá - Villv/cio Sec 1 (Btá - El Tablón) 50% 2,04 Segunda

ISA (Intervial) Santander de Quilichao - Popayán 50% 1,2bn Segunda

Grupo Odinsa Rumichaca - Pasto 30% 2,057 Segunda

Grupo Odinsa Santana - Mocoa - Neiva 30% 1,2bn Segunda

Grupo Odinsa Santander de Quilichao - Popayán 30% 1,2bn Segunda

Grupo Odinsa Autopista al Mar 2 40% 1,56bn Tercera

Grupo Odinsa Río Magdalena 1 27% 2,13bn Tercera

Grupo Odinsa Autopista al Mar 1 20% 1,55bn Tercera

Corficolombiana (Episol) Mulalo - Loboguerrero 40% 1,47bn Primera

Concesiones Adjudicadas

Concesiones Futuras (Compañías Precalificadas Listadas en Bolsa)

Compañía Concesión Participación Inversión Ola

El Cóndor Conexión Pacifico 2 21,15% COP1,3bn Primera

El Cóndor Conexión Pacifico 3 48% COP1,29bn Primera

Grupo Odinsa Conexión Pacifico 2 25% COP1,3bn Primera

Corficolombiana (Episol) Conexión Pacifico 1 60% COP1,79bn Primera

Fuente: Bancolombia, ANI - SECOP

Andrés Giraldo V.Gerencia Jurídica Nacional de Empresas y Gobierno, Bancolombia S.A.

María Camila SilvaJefe Jurídica Bogotá de Empresas y Gobierno, Bancolombia S.A.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el 28 de abril el Decreto 816 de 2014, por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010. Para muchos, esta reglamentación es la que va a permitir al país la obtención de los recursos necesarios para sacar a Colombia del atraso en infraestructura vial que, según las cifras que maneja actualmente el Gobierno, se calcula en diez años o más.

Límites de endeudamiento e inversiones para el sector infraestructura¿Qué falta en la normatividad?

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Las modificaciones estipuladas en el nuevo decreto tienen que ver con los límites individuales de crédito, los regímenes de inversión de los recursos de fondos de

cesantías y de pensiones obligatorias, como también los del portafolio que respalda las reservas técnicas de las compañías de seguros de vida; además, el decreto modifica parcialmente la definición de fondos de capital privado.

Así las cosas, y siendo tal la necesidad de contar con diversas fuentes de financiación para los proyectos de infraestructura de gran envergadura, al Decreto 816 de 2014 lo han incluso llamado “el decreto para financiar las 4G”.

Cambios en la regulación financieraAntes de la entrada en vigencia del Decreto 816 de 2014, salvo algunas excepciones legales, ningún establecimiento de crédito podía realizar operaciones de crédito para financiar proyectos de infraestructura por un monto superior al 10% del patrimonio técnico de dicho establecimiento, si la única garantía que respaldaba la operación era el patrimonio del deudor.

Frente a la anterior restricción legal en cuanto al monto máximo de financiación en proyectos de infraestructura vial, el Decreto 816 de 2014 surgió como una propuesta de

cambio normativo que permiten un mayor nivel de apalancamiento para la financiación de proyectos de infraestructura.

Así las cosas, se hace evidente el objetivo del Gobierno de garantizar la financiación de proyectos de infraestructura bajo el esquema APP, de acuerdo con el marco general establecido en los lineamientos del documento CONPES 3760 del 20 de agosto de 2013.

Sin perjuicio del importante espectro regulatorio de este marco y de la magnitud del reto que enfrenta el Gobierno, es inevitable preguntarse: ¿faltó algo?

Para responder a esta pregunta, hay que empezar señalando que resulta imposible desconocer el gran avance que representa este tipo de normas en el sistema financiero colombiano. Con una simple lectura del decreto, se evidencia el esfuerzo realizado por el Gobierno Nacional, consistente en la consecución de los recursos a largo plazo, no solo de la banca local e internacional, sino adicionalmente con el apoyo de inversionistas nacionales y extranjeros.

No obstante lo anterior, este análisis tiene como finalidad motivar la discusión de los retos que aún persisten en el desarrollo de la reglamentación bajo estudio. En el caso particular de los establecimientos de crédito, la

El nuevo decreto introdujo cambios regulatorios que se pueden sintetizar de la siguiente manera

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posibilidad de hacer uso de la cuantía máxima del cupo individual mencionada se limita a la financiación de proyectos, los cuales deben cumplir las siguientes características:

1. Debe tratarse exclusivamente de proyectos de infraestructura de la cuarta generación de concesiones viales (4G).

2. Estos proyectos deben estar estructurados bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP) descritas en la ley 1508 de 2012.

3. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) debe hacer parte de la respectiva APP.

4. Los proyectos deben estar incluidos en el listado de proyectos del documente CONPES 3760 de 20 de agosto 2013 o en el listado de proyectos de los demás documentos CONPES que se aprueben en concordancia con los lineamientos establecidos en el CONPES 3760 de 2013, tal como lo estipula el Artículo 2.1.2.1.2 del decreto 816 de 2014.

A simple vista, surgen varias inquietudes como ¿por qué dejar fuera del alcance

regulatorio a otros sectores que puedan requerir un nivel de apalancamiento financiero importante como el sector de infraestructura social (educación, justicia, carcelario, hospitalario, entre otros), e incluso a otra infraestructura de transporte como la portuaria, fluvial o la aeroportuaria?

Otra inquietud relacionada con la norma actual consiste en el requisito según el cual la Agencia Nacional de Infraestructura debe hacer parte del contrato de Asociación Público Privada para que el establecimiento de crédito respectivo pueda aumentar el límite del 10% al 25% del patrimonio técnico respecto al cupo de endeudamiento. La inclusión de este condicionante limita el monto de los recursos que pueden ser aportados por la banca local para aquellos proyectos de infraestructura en los que no participa la Agencia Nacional de Infraestructura, por ejemplo en el caso de los entes territoriales u otros órganos públicos.

Otro aspecto no menos importante dentro de la regulación financiera actual es el que impone la obligación para los establecimientos de crédito de determinar si un deudor es controlado por otra sociedad, así como el nivel de injerencia para la toma decisiones respecto a una sociedad en el deudor del establecimiento de crédito, por citar algunos eventos, todo lo anterior para que el límite individual del 10% o del 25%, según el destino de los recursos, deba ser consolidado con todas las operaciones de crédito de dicho grupo empresarial.

Para ejemplificar lo anterior, si la sociedad A celebra operaciones de crédito con Bancolombia por un monto de $100 pesos, y dicha sociedad es controlada por la sociedad B, que a su vez tiene operaciones de crédito con Bancolombia


por $250, ambas operaciones deben consolidarse para efectos de

que dicha suma no supere el límite de crédito del 25% del patrimonio técnico para proyectos de infraestructura.

Tal como se desprende de lo anterior, el límite legal del 25% no es absoluto para un determinado proyecto de infraestructura vial ya que debe sumarse con el resto de operaciones de crédito que tengan las empresas que hagan parte de su grupo empresarial.

Por lo anterior, se debe considerar en un futuro si las sociedades concesionarias de un proyecto de infraestructura vial, desde el punto de vista de los límites individuales de crédito, deben ser analizadas en forma separada de sus accionistas, de forma tal que el nivel de apalancamiento financiero pueda ser mayor, sometido

eso sí a un estricto análisis de riesgo crediticio y bajo la óptica de una financiación de proyecto o project finance.

De acuerdo con el régimen establecido por el Decreto 816 de 2014, las condiciones están dadas para que todos los actores participen de la financiación de los proyectos de infraestructura; y en el caso de los establecimientos de crédito, con participación delimitada a las concesiones viales de 4G.

No obstante, se deben continuar examinando las necesidades de recursos y los límites de la regulación financiera frente a la participación de los establecimientos de crédito en la financiación de los demás proyectos de infraestructura que no se encuentren comprendidos dentro de lo que el Gobierno Nacional ha definido como “Cuarta Generación de Concesiones Viales”


1. Los establecimientos de crédito podrán ampliar los cupos individuales de endeudamiento de sus clientes del 10% al 25% del patrimonio técnico del correspondiente establecimiento, siempre y cuando el exceso corresponda a la financiación de proyectos de infraestructura de la cuarta generación de concesiones viales (4G) bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas (APP), descritas en la ley 1508 de 2012. No obstante lo anterior, es necesario como requisito previo que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) haga parte de la respectiva APP. Adicionalmente, estos proyectos deben estar incluidos en el CONPES 3760 del 20 de agosto de 2013, o en el listado de proyectos de los demás documentos CONPES que se aprueben en concordancia con los lineamientos establecidos en el CONPES 3760 de 2013, tal como lo regula la norma mencionada.

2. En el caso de la Financiera de Desarrollo Nacional, se incrementa la cuantía máxima del cupo individual del 10% al 40% de su patrimonio técnico, cuando el exceso corresponda a la financiación de proyectos de infraestructura. Este aumento solo aplicará si la Financiera de Desarrollo Nacional no

tiene en sus balances depósitos simples, certificados de depósito a término, depósitos de ahorro, cuentas de ahorro especial, bonos hipotecarios, depósitos especiales, servicios bancarios de recaudo y depósitos electrónicos.

3. Para facilitar la inversión de los fondos de cesantías y de los fondos de pensiones obligatorias, se adiciona el régimen de inversiones aplicable de algunos de los portafolios (moderado, mayor riesgo y largo plazo) en fondos de capital privado locales, con el fin de destinar parte de los aportes de sus inversionistas a proyectos de infraestructura bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas (APP) descrito en la ley 1508 de 2012, de acuerdo con las limitaciones contempladas en este decreto.

4. De igual manera, se incluye dentro de los activos que conforman las reservas técnicas de las compañías de seguros de vida aquellas inversiones que se realicen en fondos de capital privado locales, cuya finalidad sea la financiación de proyectos de infraestructura bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP) descrito en la ley 1508 de 2012, dentro de los límites establecidos en decreto 2555 de 2010.

5. Se amplió el espectro de inversión de los fondos de capital privado cerrados locales. Conforme a lo anteriormente expuesto resaltamos los siguientes puntos:

• Permite invertir los aportes de sus inversionistas en activos emitidos para la financiación de proyectos de infraestructura bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP) descrito en la ley 1508 de 2012, incluyendo aquellos registrados en el Registro Nacional de Valores y Emisores.

• Estos pueden, a su vez, invertirse en deuda emitida por el concesionario para desarrollar proyectos de infraestructura bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP) descrito en la ley 1508 de 2012, en forma directa o indirecta.

• Adicionalmente, los fondos de capital privado pueden adquirir cartera u otorgar créditos siempre y cuando la finalidad de dichas operaciones sea la financiación de proyectos de infraestructura bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP) descrito en la ley 1508 de 2012.

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Principales cambios en la regulación financiera

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APP: Un nuevo camino para el desarrollo

de la educaciónJuan Fernando Ospina L.

Gerente Estructurador - Infraestructura y GobiernoLeasing Bancolombia S.A.

Compañía de Financiamiento

Financiación Riesgos Novedades


Los recursos públicos son muy limitados para hacer frente a los rezagos históricos, y apremia acelerar la velocidad de desarrollo debido a las exigencias de la globalización de la economía,

la competitividad del país y la movilidad en las ciudades, entre otras. Además, existen rezagos que, de no atenderse, ponen en riesgo el tejido social, y es necesario dirigir los presupuestos públicos para fortalecerlo.

En este contexto, se presenta entonces una oportunidad única para fortalecer este tipo de proyectos educativos basados en las Asociaciones Público-Privadas (APP).

Esta es, además, una de las áreas de más oportunidad en consultoría en el futuro, pues requiere fortalecer la capacidad instalada en las empresas para afrontar con éxito el reto futuro. El desarrollo de proyectos en APP se ha constituido en una nueva disciplina que requiere integrar los procesos de enseñanza y aprendizaje para responder, eficazmente, a las demandas del mercado.

El sector privado en la educación cuenta con una

larga historia; el concepto de las APP actual está más relacionado con la ola ideológica de las últimas tres décadas, es decir, la de dar cada vez mayor oportunidad al sector privado en la adjudicación de contratos de servicios públicos y en el uso de los fondos públicos.

Los motivos pueden ser diferentes según el entorno económico y político de cada país, pero el resultado es generalmente que el sector privado tiene un papel cada vez mayor en la adjudicación de contratos de la educación pública.

Es muy común escuchar que los sistemas educativos están en crisis o que necesitan una intervención inmediata. La pregunta es si las APP son realmente una amenaza o más bien una oportunidad para el futuro de nuestros sistemas educativos, ya que como afirma la investigadora Patricia McAdie, experta en Asociaciones Público Privadas para la educación, tanto el capital privado para la educación pública, como el capital público para la educación privada, forman parte del movimiento hacia la privatización de la educación.

Las experiencias internacionales han demostrado que las inversiones privadas en proyectos de infraestructura pueden ser muy atractivas para el sector de la educación. Sin embargo, Colombia muestra rezagos en materia de competitividad global si se compara con economías latinoamericanas y otras de tamaño similar.


Estas son algunas experiencias

Las asociaciones entre las entidades públicas y las entidades privadas en la educación ya existían en algunos países antes de que se popularizara el término APP. Reflejaban la historia y los procesos políticos de cada país. Sin embargo, en estos últimos 30 años se han visto marcadas por la aparición de un tipo diferente de APP: una estrategia alternativa para responder a los retos que enfrentan los sistemas educativos.

Esta alternativa, nacida en los países industrializados, se está promocionando también en los países en desarrollo de la mano de los organismos de ayuda y las instituciones internacionales, como el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esta promoción está teniendo efectos importantes en la posición del Estado respecto al sector privado como proveedor de servicios públicos, incluidos los sistemas educativos.

Tipo de

Objetivo

Plan de Ampliación de la Cobertura de la Educación Secundaria Colombia

Vale de servicios

Incrementar el acceso a la educación entre niños de escasos recursos

Resultados Positivo: Mejoras en las tasas de graduación y resultados de exámenes estandarizados

Diseño FinanciamientoConstrucción Mantenimiento

Fortalecer la infraestructura y calidad educativa

Mixto: Avances en el desarrollo de infraestructura con retos en la ejecución

En proceso de implementación

APP

Tipo de

Objetivo

Building Schools for the Future (Construyendo Escuelas para el Futuro) Reino Unido

Resultados APP

Diseño FinanciamientoConstrucción

Fortalecer la infraestructura educativa e incrementar el acceso a la educación

Tipo de

Objetivo

PPP for School Infrastructure Project (Proyecto de APP para la Infraestructura Educativa) Filipinas

Resultados APP

En proceso de implementación

Diseño FinanciamientoConstrucción

Fortalecer la infraestructura educativa e incrementar el acceso a la educación

Tipo de

Objetivo

Model School Scheme (Esquema de Escuela Modelo) India

Resultados APP


a. Permite cinco licitaciones para incrementar la competencia privada en el programa.

b. Promueve mayor transparencia en el programa, incluyendo los niveles de rendimiento del capital.

c. Permite reducciones en los tiempos para la adquisición pública de unidades.

d. Flexibiliza los términos de contrato para la provisión de servicios.

e. Introduce revisiones periódicas al desempeño del programa y requiere propuestas de mejora continua.

En Inglaterra, las lecciones aprendidas representan una mejora sustancial para las APP; allí se planteó remodelar 261 escuelas, proyectos de los cuales 215 se realizarán mediante subvención de capital y los 46 restantes se financiarán con recursos privados (APP).

De esto, podemos hablar de dos tipos de mejoras:

Modelo de mejoras en las condiciones de financiamiento

Modelo de mejoras en el modelo de contratación

1 2 a. Mantiene la participación privada

en el diseño, financiamiento, construcción y mantenimiento de escuelas.

b. Mantiene centralizado el esquema de compras para maximizar economías de escala.

c. El esquema de compras se lleva a cabo por personal capacitado.

d. Asume una mayor participación de capital público y permite al gobierno la adopción de una mayor proporción de riesgos.

e. Introduce competencia para el financiamiento de la deuda del programa.


APP’s para la educación en ColombiaEn Bogotá se ha introducido el programa de colegios en concesión, según el cual instituciones privadas de alta calidad se hacen cargo de la gestión de algunas escuelas públicas. Dicho programa fue desarrollado a finales de 1990 y los primeros colegios empezaron en el año 2000.

Se tienen aproximadamente 25 escuelas (que ofrecen sus servicios a unos 26.000 estudiantes) en manos de directores privados que actúan de acuerdo con el modelo de la concesión.

Lo anterior se diseñó con el objetivo de corregir los problemas de las escuelas públicas (como una dirección débil, selección inadecuada de personal, falta de flexibilidad laboral, falta de dotación, la politización/sindicación del sector educativo, entre otros). Con este programa, las escuelas privadas y las organizaciones educativas compiten por tomar la dirección de escuelas nuevas en barrios de bajos recursos en la capital.

El ganador puede dirigir una o varias escuelas, las cuales reciben alrededor de $1.000.000 por estudiante tiempo

completo al año (muy por debajo del gasto medio anual de un estudiante que asista media jornada a una escuela pública), deben proporcionar servicios educativos a niños de bajos recursos y están obligadas a aceptar a todos los estudiantes.

Los contratos de administración tienen una duración de 15 años. El proveedor tiene autonomía sobre la dirección escolar y es evaluado de acuerdo con sus resultados. Si no logra satisfacer los objetivos educativos, como las puntuaciones de los exámenes y los índices de abandono escolar durante dos años consecutivos, corre el riesgo de que se interrumpa el contrato.

Aunque todavía es muy temprano tener un dato exacto sobre el impacto de esto, los primeros resultados muestran que al parecer el programa ha traído consigo varias mejoras en la gestión, además de una reducción en la parte del presupuesto invertida en el recurso humano (del 90% al 55% en el sistema público), que ha liberado capital para el apoyo nutricional, así como para la compra de implementos educativos tanto para los estudiantes como para el cuerpo docente.


En algunas experiencias de alianzas que han trabajado en pro de mejorar la gestión de las instituciones educativas se ha visto que una de las prioridades es identificar un grupo de personas que estén dispuestas a promover y generar las transformaciones.

Este grupo de trabajo debe aprender la forma de funcionamiento de las alianzas, las cuales se constituyen en motor y aliciente para su trabajo; de una parte porque sienten un respaldo institucional que los hace sentir privilegiados, y de otra, porque les sirve de ejemplo para sumar esfuerzos y disponerse favorablemente a los procesos. La apertura de la alianza a hacer las cosas cada vez mejor se verá reflejada en los procesos y los logros de trabajo con los grupos beneficiarios

Colombia tomó una excelente decisión al comenzar la búsqueda para implementar este tipo de prestación del servicio público de la educación, pero debe encaminar esfuerzos en diferentes frentes, como:

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Crear un programa de APP amplio que permita expandir la cobertura, calidad y equidad de los servicios educativos.

Asumir una participación relevante en la inversión y riesgos asociados con las APP.

Promover la transparencia en la gestión de APP.

Estandarizar los procesos de APP para maximizar su impacto en el desempeño educativo.

Establecer controles de calidad y eficiencia en la implementación de proyectos de APP.

Fortalecer la participación del sector público en los procesos de financiamiento e implementación de APP.

Fortalecer los esfuerzos de profesionalización de servidores públicos a cargo de la gestión de APP.


Creando valor a través del uso óptimo de los activos

Jaime Andrés TorresGerente Especialista en Sector InfraestructuraRenting Colombia

Un elemento clave para el desarrollo de las etapas de construcción, operación y mantenimiento de los grandes proyectos de infraestructura del país será la adecuada orientación de recursos hacia esquemas de servicio que aporten valor a la operación y que contribuyan a la potenciación y eficiencia en el uso de los activos.

Actualidad Inversión Financiación Riesgos NovedadesFinanzas Corporativas

Inversión Financiación Actualidad Finanzas Corporativas Riesgos Novedades

Teniendo en cuenta la compleja estructuración de los cierres financieros en los frentes de acción propios del desarrollo de los megaproyectos de

infraestructura, se hace necesario el análisis profundo de las alternativas disponibles y de las mejores prácticas utilizadas en la destinación de recursos y adquisición de activos relevantes para la ejecución de cada proyecto.

Aspectos como el análisis de la conveniencia de la propiedad de los activos, el impacto tributario, los efectos de las Normas Internacionales de Contabilidad, el manejo administrativo y operativo de los inventarios y demás consideraciones inherentes a la tenencia serán variables que requerirán una evaluación detallada y el conocimiento claro de las posibilidades que el mercado ofrece para hacer un uso inteligente de los activos productivos en los diversos proyectos.

Un ejemplo claro se puede observar al analizar el impacto en los activos de transporte, necesarios para el desarrollo de las obras en cada una de las etapas: las implicaciones que puede generar el manejo de las flotas de vehículos reflejadas en los estados financieros de cada compañía, el efecto en el nivel de endeudamiento y la estructura necesaria para el adecuado mantenimiento y control de los activos hacen que la elección del mecanismo de adquisición, uso o tercerización, así

como el análisis de las alternativas tradicionales de financiación, deban ser objeto de estudio y evaluación.

De lo anterior se generan diversos cuestionamientos sobre la mejor opción para garantizar el uso óptimo de los requerimientos en materia de flota de transporte y maquinaria. ¿Cuál será el tamaño de flota óptima?, ¿qué estructura física y de personal se necesita para garantizar su permanente operación?, ¿cuál será la masa crítica de activos que debo adquirir con recursos propios?, ¿cuál será su tiempo ideal de uso?, ¿qué implicaciones tendrán al finalizar su vida útil?

Es claro que para dar respuesta a estos interrogantes, serán las variables de disponibilidad óptima, eficiencia administrativa y aporte a la productividad del proyecto los elementos que deberán tomarse en cuenta para el análisis de

Es importante considerar la validez del paradigma de la tenencia de los activos como fortaleza patrimonial de las compañías, y trascender al concepto de su uso óptimo.

Inversión Financiación Actualidad Finanzas Corporativas Riesgos Novedades

generación de valor y para la definición de la opción adecuada.

Siendo así, es importante considerar la validez del paradigma de la tenencia de los activos como fortaleza patrimonial de las compañías y trascender al concepto del uso óptimo bajo figuras que permitan acceder a los activos sin comprometer recursos castigados por la tasa de retorno que esperan los accionistas, o por las tasas tradicionales de financiación.

Hoy en día es posible trasladar algunos riesgos inherentes a la operación y al manejo de los activos bajo esquemas que asuman dentro de sus servicios

aspectos como el demérito, el riesgo residual, la comercialización final y la fluctuación de los costos de mantenimiento, lo que permite visualizar costos de operación conocidos, estables y permanentes en los plazos de uso óptimo de las diversas flotas requeridas.

La evolución de servicios de renting como generadores de soluciones de productividad complementa los beneficios tradicionales de las figuras de Leasing Financiero y Arrendamiento Operativo, dando respuesta a las necesidades y a los retos que en materia de adquisición y uso estratégico de activos requieren estos proyectos.

El reto está planteado y las consecuencias de la elección adecuada

de alternativas generadoras de valor -en todos los escenarios que impliquen

eficiencia en el uso de los activos- serán variables de alto impacto que

determinarán el éxito de la ejecución de las etapas cruciales de los proyectos.

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Factoring: una solución para la gestión financiera

Luz Adriana González R.Gerente Nacional de ProductosAndrés Salinas G. Gerente Comercial de EmpresasFactoring Bancolombia

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Un asunto clave para el desarrollo de los proyectos de infraestructura en los que se embarcará el país en la próxima década es el de las fuentes para su financiación. El factoring ofrece un potencial prometedor a medida que aumente su penetración en el país, y aunque Colombia aún se encuentra rezagada en comparación con otras naciones de la región como Brasil, México y Chile, este mecanismo viene en ascenso como alternativa para la gestión del capital de trabajo.

El sector Infraestructura a través de los años se ha consolidado como uno de los más importantes para la economía nacional, y es una de las prioridades del actual Gobierno Nacional. Uno

de los componentes críticos para el éxito de los proyectos de este sector es la evaluación y selección de las herramientas apropiadas para la mitigación de los riesgos asociados a cada uno de los proyectos, así como su impacto dentro de la estructura financiera.

Algunos errores comunes como los de pagar proveedores a un tiempo mayor al acordado, incrementar los inventarios de materiales por un mal control de los pedidos o por dificultades en las relaciones con los proveedores, inversiones en activos fijos con recursos para capital de trabajo o el distribuir los dividendos a los accionistas antes de tiempo pueden llevar al fracaso cualquier proyecto de infraestructura.

Ante esto, el factoring se convierte en una solución eficiente para la gestión administrativa y financiera de las cuentas por cobrar y por pagar de cualquier proyecto, siendo una excelente herramienta para el

manejo del capital de trabajo. Por medio del descuento de documentos crediticios,

en los cuales la empresa puede ser emisora o deudora, es posible obtener menores tiempos de recaudo, ingresos por descuentos al pronto pago y mayores plazos para cumplirles a los proveedores, dada la variedad de modalidades que existen en el mercado colombiano del factoring.

Particularmente en las fases iniciales de los proyectos de infraestructura, las altas necesidades de caja para pagar a proveedores o subcontratistas no conversan con los plazos acordados para el pago por parte de la entidad contratante; situación que se ha hecho más crítica en los últimos años, con los cada vez menores porcentajes de anticipos en los contratos. Por lo tanto, solo un minucioso manejo del Flujo de Caja Libre (FCL) permitirá operar sin contratiempos.

A través del factoring, tanto proveedores como contratistas pueden obtener ingresos de forma anticipada a cambio de un descuento por pronto pago, realizando una operación de este tipo con una compañía especialista.


Así mismo, el contratista o la entidad contratante, en su posición de deudores, pueden solicitar a la entidad de factoring un mayor plazo de pago para las facturas descontadas como consecuencia del descuento por pronto pago ofrecido por sus proveedores. Lo anterior tendría un efecto positivo en sus indicadores de capital de trabajo, como producto del aumento en los días de cuentas por pagar, sin que esto afecte la relación comercial entre ellos, la cual es clave para el desarrollo del proyecto.

Este impacto positivo en su balance general para empresas dentro de la cadena del sector de infraestructura podría ser determinante para la presentación de sus estados financieros, no solo en las licitaciones, sino también frente a la solicitud de operaciones de crédito a las entidades financieras para apalancar sus proyectos.

La anterior figura podría representar, tanto para proveedores como para contratistas, ahorros importantes en costos y gastos administrativos derivados de la menor gestión de cobranza; y en el caso del deudor, la consolidación de sus pagos a un solo acreedor, que sería el factor.

Finalmente, todas las mejoras antes mencionadas generarán una mayor rentabilidad del activo neto, es decir, que las empresas requieran una menor inversión en capital para contar con activos que generen ingresos. Y al tener que aportar un menor capital por cada peso de ingreso que se genera, se está aumentando la riqueza para el dueño, siendo éste el objetivo básico desde el punto de vista financiero.

Gráfica 1. Efecto en el Flujo de Caja Libre con el descuento de facturas

Proveedor/Subcontratista

Reduce tiempo de cuentas por cobrar

Reduce tiempo de cuentas por cobrar

Entidad contratanteContratista


Si bien Colombia aún presenta niveles muy por debajo de paises en la region como Brasil, Mexico y Chile viene presentando niveles de crecimiento bastante significativos.

En conclusión, vemos el factoring como una herramienta financiera poderosa para la gestión financiera y administrativa de las empresas que desarrollan su actividad dentro del sector de infraestructura. Sus beneficios son amplios y están orientados hacia facilitar la gestión del capital de trabajo, controlar pagos y recaudos eficientemente, mejorar el balance general de las compañías y lo más importante: incrementar el valor generado al accionista.

Evolución del volumen total de Factoring por país en América

durante los pasados 7 años

(Cifras en millones de euros). Fuente: FCI – Factors Chain International

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var

AMERICAS

Argentina 362 355 335 350 475 614 856 39%

Bolivia 18 18 35 35 31 -11%

Brasil 21,060 22,055 29,640 49,050 45,623 43,627 31,552 -28%

Canadá 4,270 3,000 3,250 3,723 5,284 7,100 5,680 -20%

Chile 14,620 15,800 14,500 16,422 21,500 24,000 25,500 6%

Colombia 2,030 2,100 2,392 2,784 4,990 4,562 7,076 55%

Costa Rica 160 30 180 115 -36%

México 9,200 9,550 2,120 14,538 21,074 26,130 28,061 7%

Panamá 483 460 500 600 700 852 724 -15%

Perú 648 875 758 2,712 2,461 2,310 8,163 253%

Estados Unidos 97,000 100,000 88,500 95,000 105,000 77,543 83,739 8%

Uruguay 61 58 -5%

Total Américas 149,673 154,195 142,013 185,357 207,172 187,014 191,555 2%

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El reto de la implementación de las NIIF en el sector de infraestructura

Guiovanna María Silva D.Gerente Comercial de Empresas y GobiernoFiduciaria Bancolombia


Ante una economía globalizada, en la que diariamente los inversionistas toman decisiones sobre cómo y dónde invertir sus recursos, se hace necesaria la adopción de herramientas modernas que les permitan contar con información financiera oportuna, transparente y comparable, que sustente la selección de sus inversiones y de los proyectos en los cuales invertir.

Por esta razón, la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF-IFRS cobra relevancia para el sector de infraestructura, en el que se están llevando a

cabo los proyectos viales de Cuarta Generación (4G), el más ambicioso programa vial llevado a cabo en la historia de nuestro país y que, por consiguiente, tendrá trascendencia en la economía nacional e internacional.

Y es que el desarrollo y la construcción de estos proyectos van a necesitar de inversionistas con suficiente y probada solidez financiera, marcados criterios de transparencia y alto nivel técnico, que ayuden a apalancar, financiar y ejecutar los casi $60 billones que, de acuerdo con cálculos de la ANI y la DEE (Dirección de Estudios del Departamento Nacional de Planeación), se requerirán en los próximos cinco años para hacer realidad el que la infraestructura vial avance y así se eleve el crecimiento de la economía de 4,6% a una senda de entre 5% y 5,3% (según lo previsto en el Marco Financiero de Mediano Plazo); además, la ANI y la DEE-DNP estiman que se reduzca el desempleo a niveles de 7,6%.


Y uno de los cambios más relevantes a los cuales se ve abocado hoy el sector de Infraestructura en Colombia es la adopción de las NIIF, no solo porque afectará significativamente la forma de presentar la información económica financiera, sino también porque exigirá un cambio gerencial en todas las organizaciones, tanto en la forma de pensar como en las modificaciones que deben llevarse a cabo a nivel tecnológico, contable, de control interno, funcional, transaccional, de procesos, gobierno corporativo, indicadores de desempeño y hasta en la forma de compensar a los empleados; todo esto para que su implementación sea exitosa.

¿Cuáles son los cambios?Los principales cambios que afrontarán los gerentes y directivos de las empresas pertenecientes al sector de infraestructura, así como los usuarios de este nuevo lenguaje financiero, son:

a. Presentación de estados financieros anuales a precios de mercado, es decir, se pasará de presentar registros históricos contables a exhibir el valor de la compañía a precios de hoy (valor de mercado).

b. Cambio cultural en la forma de revelar la información para los accionistas, terceros, bancos, entidades de control, Gobierno, acreedores y público en general.

c. Implementación de robustas normas de gobierno corporativo y de sólidas prácticas de administración y gestión de riesgos.

d. Actualización de sistemas de información que permitan emitir información oportuna, confiable y sobre todo, comparativa con periodos anteriores o con empresas del mismo sector.

e. Revisión de la estrategia de las compañías en la forma como generan valor, entregando a sus accionistas utilidades reales basadas en flujos de caja disponibles, y no en utilidades contables.

f. Separación completa de la información contable respecto de normas tributarias, cuya esencia solía estar en la forma y determinación de los tributos nacionales, más que en la realidad económica de las organizaciones.

g. Medición de resultados de la gestión administrativa y financiera con la emisión de estados financieros bajo NIIF.

Otro reto que se le presenta a las empresas adjudicatarias de los proyectos 4G y al sector de la Infraestructura para la emisión de sus estados financieros es la selección, adecuación e implementación de las políticas contables bajo NIIF-IFRC, rigurosamente estudiadas y validadas con las juntas directivas y alineadas con el nuevo esquema de la contratación de las concesiones viales, definido por el Estado colombiano bajo las condiciones especiales amparadas en la Ley 1508 de 2012 (Asociaciones Público Privadas – APP), de las cláusulas derivadas del contrato de concesión y del modelo de Project Finance sobre el cual se estructuraron.


Pero el desafío no está solamente en el entendimiento de esta nueva forma de presentar la información financiera, de cómo establecer las políticas contables bajo NIIF-IFRC o de la forma de asumir la gerencia; los inversionistas y gestores de los proyectos 4G tienen además la responsabilidad de atraer los mercados, fortalecerse patrimonialmente, crear confianza entre el público en general con el manejo de los recursos que les serán asignados, así como la tarea de contribuir al crecimiento y expansión de los mercados de capitales mediante la emisión de los tan mencionados bonos de infraestructura, que se espera dinamicen la economía.

Las NIIF (o IFRS según sigla en inglés) equivalen a un nuevo lenguaje global que contribuirá al posicionamiento y acceso a los mercados internacionales, no solo para el sector de infraestructura, sino también para todas las empresas del país, las cuales deben iniciar el proceso de convergencia hacia su implementación, según lo establecido en la Ley 1314 de julio de 2009 y los Decretos Reglamentarios 2784 de diciembre de 2012 y 3022 de diciembre de 2013.

¿Tiene claro el cronograma de aplicación?Según la mencionada legislación, las normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información deben aplicarse de manera diferencial a tres grupos de preparadores de estados financieros: Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3.

El artículo 1º del Decreto 2784, modificado por el artículo 1° del Decreto 3024 de 2013, establece que el Grupo 1 de los preparadores de información financiera está conformado por:

Emisores de valores: Entidades que tengan valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores –RNVE– en los términos del artículo 1.1.1.1.1. del Decreto 2555 de 2010.a.

b.c.

Entidades y negocios de interés público, entendidas como entidades que captan, manejan o administran recursos del público.

Entidades que no estén en los incisos anteriores y que cumplan con los siguientes parámetros:1. Planta de personal mayor a doscientos (200) trabajadores o 2. Activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y3. Que cumplan con cualquiera de los siguientes requisitos:

i. Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF plenas.ii. Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF plenas.iii. Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen

NIIF plenas.iv. Realizar importaciones o exportaciones que representan más del cincuenta por ciento (50%)

de las compras o de las ventas, respectivamente.


El cronograma establecido por el Gobierno Nacional es el siguiente:

Las entidades que se clasifiquen dentro del Grupo 1 deberán preparar un Plan de Implementación de las Normas de Información Financiera –NIF, el cual deberá ser aprobado por la junta directiva, consejo directivo u órgano que ejerza funciones equivalentes en la entidad, y ser informado en la próxima reunión de su máximo órgano social.

En conclusión, la implementación de las NIIF-IFRC en el sector de infraestructura permitirá contar con lenguaje global que propenda por el mejoramiento en la calidad de la información financiera para hacerla comparable y útil, así los usuarios públicos y privados podrán tomar decisiones con mayor conocimiento y confianza.

ETAPAGrupo 1

NIIF Plenas obligatorio

Grupo 2NIIF Pymes obligatorioNIIF Plenas voluntario

Periodo de preparación obligatorio 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Fecha de transición 1 de enero de 2014 1 de enero de 2015

Estado de situación financiera de apertura

1 de enero de 2014 1 de enero de 2015

Periodo de transición 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 1 de enero de 2015

Últimos estados financieros bajo COLGAAP

31 de diciembre de 2014 31 de diciembre de 2015

Fecha de aplicación 1 de enero de 2015 1 de enero de 2016

Primer periodo de aplicación 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Fecha de reporte 31 de diciembre de 2015 31 de diciembre de 2016

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