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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.
El tema objeto de la investigación se encuentra relacionado con la
Seguridad Social en Venezuela, existiendo trabajos precedentes que se
refieren, en forma generalizada, al alcance de la misma, su evolución y su
aplicación, siendo variados los enfoques dados, tomando particularmente
los trabajos que se citan a continuación.
Flores (1998) realizó un trabajo titulado “La Seguridad Social en
Venezuela. Evolución histórica y aplicación”, para optar al Grado de
Magíster Scientiarum en Derecho Laboral de la Universidad de Carabobo,
siendo su objeto el identificar el alcance de la seguridad social, como
responsabilidad del patrono y derecho del trabajador.
Para los efectos de lograr sus objetivos aplicó un diseño
documental con modalidad de campo y circunscribió el tema en
organismos del Estado, que aún siendo de carácter regional, por ley se
adaptan a las normas de carácter nacional, aplicando un cuestionario tipo
encuesta, al cual le fue aplicada la prueba de validez y de confiabilidad. El
instrumento en referencia fue conformado por 30 preguntas cerradas,
siendo seleccionada una población integrada por jefes de recursos
21
humanos de dependencias nacionales y regionales en el Estado Carabobo
(20 sujetos).
Los resultados de la investigación fueron sometidos a un proceso
de tabulación y análisis estadístico para su respectivo análisis y
conclusiones.
Como resultado de la investigación, el referido autor del trabajo
llegó a la conclusión que en Venezuela la Seguridad Social ha tenido una
evolución considerada positiva, garantizando seguridad integral a las
personas y los derechos respectivos de pensiones y jubilaciones, siendo
de carácter nacional, por lo que no pueden dictarse normas dentro del
Derecho Funcionarial para regir a dicha seguridad.
Pese a la importancia de la Seguridad Social, en el campo de
aplicación tiene muchos problemas por efecto de controles muy dispersos
que se llevan dentro de las oficinas de Recursos Humanos a nivel
Nacional y Regional, particularmente porque no se ha llegado a establecer
un mecanismo que evite al beneficiario tener que demostrar sus derechos,
siendo así como la responsabilidad del patrono se acoge a dicha práctica,
causando molestias en los beneficiarios y retardo en la ejecución del
procedimiento, con caso particulares de personas que dejan de percibir
sus beneficios por tiempo considerable.
22
El precitado trabajo se considera como aporte a la presente
investigación, tanto desde el punto de vista documental, como por las
referencias estadísticas y el análisis de la información, facilitando datos
que son incluidos en el desarrollo del trabajo. Particularmente se tomó en
cuenta la referencia histórica de la Seguridad Social en Venezuela.
Ramírez (1999), presentó un trabajo titulado “El derecho a la
jubilación”, para optar al título de Especialista en Derecho laboral en la
Universidad Católica Andrés Bello, con el objeto de describir lo atinente a
la jubilación que corresponde a la persona que cumpla con los requisitos
establecidos en la normativa vigente, específicamente a quienes se
encuentran sujetos a convenios colectivos, como el caso específico de los
maestros.
La investigación referida aplicó un diseño documental, partiendo del
análisis de los convenios colectivos en el sector público (Magisterio), la
Ley Orgánica del Trabajo y demás normativas que rigen las jubilaciones
en Venezuela.
Como resultado de la investigación llegó a la conclusión que los
funcionarios públicos que se rigen por convenios colectivos se ven
favorecidos en forma progresiva, tanto por los efectos de aumento de
salario, como por las condiciones previas que derivan el derecho a la
jubilación, contando con organismos dentro del Magisterio a nivel Nacional
23
que velan por la aplicación de las normas previstas, así como por la
tramitación de recaudos que faciliten a los beneficiarios disfrutar sus
derechos.
Se considera de importancia los resultados de la investigación
citada, por tratarse de un ramo de la administración pública conformado
por un conglomerado bastante numeroso, donde los maestros se rigen por
convenios colectivos, por lo que la información es pertinente y contribuye
al análisis del Régimen de Jubilaciones y Pensiones aplicados a los
funcionarios de la Administración Pública en Venezuela, habida cuenta
que son funcionarios públicos y los mismos se encuentran previstos en la
normativa como sujetos a las pensiones y jubilaciones, motivando la
revisión exhaustiva de dicha investigación a fin de conocer la relación
entre el Régimen y los convenios colectivos.
Montañez (1999), realizó un trabajo titulado “Los beneficios sociales
para los trabajadores de las Empresas del Estado”, siendo el objetivo
definir la situación del personal que labora en las referidas empresas,
desde el punto de vista de aplicación de las normas en materia de
jubilaciones y pensiones.
A tales fines, desarrolló un diseño documental y una investigación
de tipo descriptiva, tomando en cuenta lo relacionado con la
descentralización funcional que corresponde a las empresas del Estado y
24
su tratamiento conforme a las normas del derecho ordinario, acogiéndose,
a la Ley Orgánica del Trabajo y a las contrataciones colectivas, en caso de
verse favorecidos.
También definió lo correspondiente al enfoque corporativo de las
empresas del Estado, su planificación de tipo estratégico y el manejo de
los recursos humanos, fijando el criterio sobre el aporte del Estado en el
capital de las empresas, pero sin dejar de reconocer que el trabajador de
dichas empresas no toma el carácter de funcionariado debidamente
establecido en la función pública.
El resultado de la investigación se considera válido, en tanto y en
cuanto permitió conocer a fondo lo relativo a las empresas del Estado, su
ubicación dentro del contexto de la administración y la aplicación de los
beneficios sociales, con el respectivo deslinde del funcionariado y por lo
tanto la correspondencia de la normativa diferente a la de la Ley del
Estatuto sobre Jubilaciones y Pensiones a funcionarios y empleados de la
Administración Pública nacional, Estadal y municipal
2. BASES TEÓRICAS.
El tema objeto de la investigación relacionado con las jubilaciones y
pensiones en la administración pública venezolana, requiere de un
referencial teórico tomado de autores que han escrito sobre el mismo, de
teorías aplicadas en Venezuela como en otros países del mundo, Es por
25
ello que se transcriben bases teóricas y el aporte del investigador en la
conceptualización de las jubilaciones y pensiones y de la Administración
Pública, a fin de facilitar mediante el desarrollo de la investigación el
conocimiento profundo sobre la fundamentación teórica y mediante su
análisis, la conformación de las conclusiones y recomendaciones.
2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
La Seguridad Social, según Romero (2000) es una parte importante
de las Ciencias Sociales y tal como se afirma con frecuencia, que "para
conocer una ciencia es preciso conocer su historia", presenta algunos
elementos claves de la evolución de esta disciplina que hoy llama la
atención de los políticos, de los financistas, de los estudiosos, de los
trabajadores y de la población en general.
El referido autor da a conocer que las formas primitivas de la
seguridad aparecen en Judea, Egipto, Cartago, Fenicia y otros pueblos de
la antigüedad, recordando las anécdotas del tiempo de las vacas gordas y
de las vacas flacas y la necesidad de tener una reserva de los granos
recolectados para los tiempos de escasez. De igual forma señala que
muchas de las cofradías religiosas operaron a lo largo de la historia como
verdaderos mecanismos de seguridad social para las poblaciones
desprotegidas, así como la revolución industrial cambia radicalmente los
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mecanismos de apoyo a las poblaciones necesitadas y sometidas a
riesgo.
De igual manera considera el autor que la lucha del movimiento
obrero incorporó rápidamente como una de sus reivindicaciones claves la
seguridad social contra las enfermedades, los accidentes de trabajo y el
desempleo, así como las mutuales y las sociedades de beneficencia
fueron surgiendo en varios países de Europa.
Una revisión histórica mas detallada sobre la seguridad social
permite conocer que en el siglo XIX En América Latina - Caribe, uno de
los precursores de la Política de Seguridad Social como fundamento de la
organización de la sociedad fue el Libertador Simón Bolívar, quien afirmó
en su Discurso de Angostura (1819) que "El sistema de gobierno más
perfecto es el que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma
de Seguridad Social y mayor suma de estabilidad política".
En el mismo siglo XIX, ante la presión sindical y política, en la
naciente Alemania, Bismarck, el Canciller de Hierro instituye el primer
régimen de seguridad social. Se creó el seguro de invalidez y vejez. Se
aplicó inicialmente a las enfermedades y luego a los accidentes de trabajo,
lo cual beneficiaba a los asalariados y era obligatoria la afiliación, con
administración y financiamiento en forma tripartita: Estado, trabajadores y
empleadores.
27
Desde su origen, la seguridad social nace con la impronta de la
solidaridad, beneficiando por igual al que aportaba más como a quien
aportaba menos, siendo una experiencia que se fue extendiendo
progresiva y paulatinamente a los demás países europeos.
Del siglo XX, se toman experiencias valiosas que convalidan la
importancia de la seguridad social, tales como la reivindicación del
derecho a la seguridad social que logran los trabajadores franceses en la
carta de Amiens (1906), la implantación del seguro de desempleo en
Inglaterra (1911), el nacimiento de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) a través de la declaración XII del Tratado de Versalles, con
significado de consolidación de las política sociales, considerando que la
OIT es una gran autoridad internacional en materia de Seguridad Social.
Desde su fundación ha destinado más de 20 Convenios y otras tantas
recomendaciones sobre la materia. Cuenta con estudios, publicaciones y
expertos que prestan asistencia técnica, tiene un juicio crítico sobre la
experiencia chilena y es una fuente de consulta permanente.
En Bélgica (1919) se constituye la Asociación Internacional de la
Seguridad Social, con el auspicio de la OIT., siendo en 1935 cuando Se
implanta en los Estados Unidos el primer sistema de Seguridad Social
para la vejez, la supervivencia y el paro forzoso. A través de esta ley, la
Social Segurity Act, es que adquiere definitivamente esta denominación.
Se aplica realmente a partir de 1938.
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La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en su
artículo 22 consagra como un derecho esencial a la Seguridad Social
estableciendo:
que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la
Seguridad Social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos
de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y
culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su
personalidad.
Fue en 1948 cuando se da la Declaración de Filadelfia, que
sustenta una Seguridad Social Integral, promueve inmediatamente la
recomendación número 67 de la OIT sobre "La Seguridad Social de los
Medios de Vida" como componente esencial de la Seguridad Social
Integral.
Continuando en la década de los años 80, coincidiendo con la
implantación del pensamiento único neoliberal, se inició la ola de
privatización de la Seguridad Social, siendo su modelo latinoamericano la
aplicada en Chile por Pinochet que hoy en día se sabe beneficia
solamente a los aportantes de buenos ingresos.
El Movimiento de Trabajadores rechaza la mercantili zación de la
Seguridad Social y considera una confiscación de la propiedad privada el
29
despojo de que son víctimas los trabajadores en sus ahorros para
constituir el Fondo de Administración de Pensiones. El modelo chileno se
ha extendido en varios países de América Latina - Caribe, como el caso
de Colombia que en diciembre de 1993 promulga la Ley 100 recreando el
sistema de Seguridad Social, pero desmejorando los derechos y
beneficios de los trabajadores.
El 08 de diciembre se aprueba en México la Nueva Ley del Seguro
Social (NLSS) que entró en vigencia el 1 de julio de 1997. En Argentina,
Perú, El Salvador y otros países se ha puesto en marcha la privatización
de los sistemas de Seguridad Social. Uruguay ha ensayado un modelo
mixto.
Se hace notar que a pesar del propósito del neoliberalismo de
privatizar todos los sistemas de Seguridad Social en la región, se dan
iniciativas importantes para preservar su carácter de servicio público y
conservar la responsabilidad de toda la sociedad y del Estado en la
articulación de políticas de seguridad social y existen: La Carta Social
Europea; La Carta Social Andina y del MERCOSUR; Varios Acuerdos de
carácter bilateral y multilateral.
En el 2000 se aprueba en el Sistema Andino de Integración el
Protocolo Modificatorio del Convenio Simón Rodríguez que trata sobre
Política Social y Seguridad Social. De igual manera se establece el
acuerdo de propender a la extensión de los beneficios fundamentales de
30
la Seguridad Social a los trabajadores de los diferentes países
miembros. Fueron revisadas las decisiones 113 y 148 sobre "Instrumento
Andino de Seguridad Social" y Reglamento del "Instrumento Andino de
Seguridad Social"; y otra de las novedades importantes es la incorporación
de los trabajadores de la economía informal a la Seguridad Social.
Se asume, conforme a lo expuesto sobre la evolución histórica de la
seguridad social que ha sido una preocupación el desarrollo y la
conciencia internacional para lograr beneficios a las personas y la garantía
de una vida mejor, pudiendo tomar el lema de la a Asociación
Internacional de la Seguridad Social (AISS) es: "No hay Paz Verdadera sin
Justicia Social, No hay Justicia Social sin Seguridad Social".
En Venezuela, según Sabino (1997) lo primero que puede decirse
en tal sentido es que a nadie interesa más su seguridad frente a las
contingencias casi inevitables que ha de sufrir (enfermedad,
envejecimiento, muerte, etc.) que al propio trabajador. No por obvia esta
consideración deja de tener un valor fundamental. Si el trabajador no se
hace cargo de su futuro, si de hecho éste queda en otras manos,
difícilmente puede exigirle que asuma una actitud responsable frente a su
trabajo, su familia y su país. En segundo lugar, delegar en las empresas
una parte cada vez mayor del bienestar social provoca que éstas
distorsionen profundamente su estructura de costos y que se haga mucho
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más difícil la entrada al mercado de nuevos competidores, estimulando así
tanto la ampliación del sector informal como la monopolización.
En función de todo lo anterior, y de un principio de subsidiariedad
bien entendido, es que se ha considerado que la seguridad social se base
en tres pilares: (a) Fondos privados de pensiones de manejo
transparente, abiertos al control de los cotizantes, que puedan ser
elegidos libremente por éstos en un mercado competitivo (b) Atención en
salud basada en un sistema de seguros generales y operado por
instituciones privadas (c) Un rol complementario del Estado destinado a
asegurar un mínimo de pensiones y una estructura de salud elemental
para quienes todavía no estén asegurados.
El Estado, además, tiene la posibilidad de ejecutar otros programas
sociales para atender núcleos específicos de población y colaborar en la
resolución de problemas sociales puntuales.
Respecto al acuerdo tripartito, Sabino concuerda con Guzmán
(1999) en que dicho acuerdo tiene la gran virtud de cortar el "nudo
gordiano" que impedía la reforma de un sistema a todas luces imposible
de continuar., siendo la ventaja principal sentar las bases para un cambio,
estimado los referidos autores que se encuentran hechos pendientes
como la transición, el fondo de pensiones y los bancos.
32
Al respecto, consideran los citados autores que la transición es
fundamental y a pesar de su coste, el nuevo acuerdo no resulte en una
pérdida de derechos adquiridos. Si esto no sucede así se debilitará el piso
político imprescindible para sustentar un sistema que, por definición, tiene
que operar en el largo plazo. El marco legal del nuevo sistema: tiene que
avanzarse en diseñarlo, y esto tiene que hacerse de tal manera que las
consideraciones de corto plazo no impidan llegar a una solución que
pueda tener vigencia por muchos años. Tengo el temor de que el
Congreso pueda actuar con lentitud o sin la necesaria sapiencia técnica,
creado un marco jurídico confuso o con peligrosas lagunas.
Sobre los fondos de pensiones: la experiencia indica que estos
tienen que competir abiertamente para dar reales alternativas al trabajador
y para reducir los costos de operación. Ni el estado ni las centrales
obreras tienen la capacidad para operar de esta manera. Por eso, aunque
no pueda excluírselos totalmente, tiene que establecerse que sólo deben
participar en igualdad absoluta de condiciones con los fondos privados.
Este punto es decisivo para que no se deforme el nuevo sistema, para que
no se reintroduzcan los vicios del anterior a través de reglamentaciones
confusas o parcializadas.
Relacionado con los bancos, es lógico pensar que varias entidades
bancarias desean crear AFP (administradoras de fondos de pensiones) o
dedicarse directamente al negocio. En principio no se objeta la
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participación de los capitales de las empresas financieras actuales en las
AFP. El problema es que éstas deben estar completamente separadas
administrativa y legalmente de los bancos, ser empresas diferentes en
todo sentido, pues su negocio es otro: no el de la intermediación financiera
sino el de fideicomisarios de cuentas mantenidas a largo plazo.
Sabino hace una acotación importante sobre la modificación del
régimen actual: todo puede perderse si la transición no se hace con la
velocidad requerida, pues no se puede mantener en el limbo a millones de
personas que no saben todavía como ellas "quedan ahí".
Se presenta en Venezuela el caso de la inflación y se estima que
ningún sistema de seguridad social puede ser viable si existe una elevada
o persistente inflación, pues no hay forma de hacer rendir fondos que se
van depreciando constantemente. Por ello el gobierno debería garantizar
que el control, o más exactamente, la eliminación de la inflación, se lleven
efectivamente a cabo.
Es así como Sabino considera que Venezuela parece estar a punto
de dar un viraje en un tema que no sólo es importante por sus
repercusiones directas sino también por las indirectas: un adecuado
sistema de AFP y de seguros de salud puede favorecer enormemente la
recuperación del deterioro social, aumentar considerablemente el ahorro y
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la inversión privadas y atraer, por su estabilidad, un caudal importante de
inversiones extranjeras.
De lo que suceda dependerá si Venezuela sigue recorriendo el
camino de la frustración nacional o se avanza —a pesar de los fuertes
intereses que se oponen— hacia la verdadera modernización del país.
2.2. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
En el marco de la administración se conoce lo referente a la
administración pública, la administración privada y la administración mixta,
conforme a la participación del Estado en lo atinente al control de la
misma, la participación del capital privado como rector de la empresa y la
participación conjunta Estado, empresa privada, mediante acuerdos que
determinan el grado de dirección, el capital, las acciones, de acuerdo a
sus objetivos.
En el caso de la Administración Pública laboran personas a quienes
se acreditan como funcionarios públicos, que Ossorio (1982) define como
Agente que presta servicios con carácter permanente mediante remuneración, en la administración nacional, provincial o municipal. Se encuentra jerárquicamente dirigido por el funcionario público, por el agente de la administración nacional o provincial o municipal que tiene la representación del órgano, al frente del cual se encuentra, con facultades de voluntad y de imperium, con el ejercicio de la potestad pública (p. 281).
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El referido concepto permite conocer que el funcionario público es
agente que presta servicio permanente y que goza de una remuneración
pagada por la Administración Pública en el nivel dentro del cual se
desempeña (Nacional, Estadal o Municipal).
De hecho, se ha de considerar en forma particular lo atinente a la
administración pública, por ser en ella donde participa el funcionario
público, del cual se hace mención en el Régimen Funcionarial, tomando
en cuenta que en la legislación venezolana se utilizan indistintamente los
términos funcionario público, empleado público y servidor público.
De igual manera la Administración Pública se cataloga como: “La
actividad administrativa de los órganos del Estado en todas sus escalas o
jerarquías ... Constituye una función típica del Poder Ejecutivo nacional o
provincial, y de los municipios. Sus actividades son las que regula el
Derecho Administrativo” (Naim, 1989, p. 252).
Es así como en Venezuela se ha propiciado una mejor calificación
de la fuerza de trabajo en oficios compatibles con la demanda de empleo,
avanzando en la creación de un sistema de formación profesional, en el
momento cuando se tiende a la desburocratización, sin dejar de reconocer
que el Estado es el mayor empleador, con sus visos paternalistas.
Por otra parte la demanda de mano de obra de la economía será
una resultante de la expansión de los sectores productivos claves del país.
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En un plazo breve, según el Ejecutivo Nacional (2001) se apreciarán los
efectos del empleo generado por los programas específicos dirigidos a la
construcción de viviendas, a la reactivación y modernización de la
pequeña y mediana industria y al fomento de la economía solidaria,
produciéndose los efectos del programa de reestructuración del sector
público, los cuales mantendrán el nivel agregado de empleo, pero pueden
requerir reubicaciones apoyadas en programas de reentrenamiento, de
contratación de empresas asociativas para la prestación de servicios, y la
producción de bienes y servicios desestatizados.
En sentido general, el Funcionario Público tiene deberes y derechos
debidamente acreditados en la normativa vigente, los cuales se deben
considerar al momento de caracterizar el Régimen Funcionarial y
particularmente conocerlo para establecer parámetros de comparación
con el Régimen Funcionarial Municipal y el alcance de las respectivas
Ordenanzas, como instrumento legal que rigen dicha función, respetando
las Leyes nacionales en materia específica como el caso de las
jubilaciones.
2.3. LA FUNCIÓN PÚBLICA.
La Función Pública en Venezuela se considera de data reciente, la
cual ha suplantado conceptos como el de administración de personal,
funcionariado de servicio civil y tiene el sustento principal en la
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Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) que en el
contenido del Artículo 144 contempla: “La ley establecerá el Estatuto de la
función pública mediante normas sobre el ingreso, ascenso, traslado,
suspensión, y retiro de los funcionarios de la Administración Pública y
proveerá su incorporación a la seguridad social” , del cual se toman los
supuestos de ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro, debidamente
establecidos en la Ley de Carrera Administrativa y lo atinente a la
Seguridad Social.
Para tal efecto la misma norma establece lo referente a la
determinación de las funciones que deben cumplir los funcionarios
públicos, así como los requisitos para ejercer sus cargos, todo lo cual está
previsto en el Estatuto de la Función Pública al igual que lo atinente a
cargos de carrera que se le atribuyen a los cargos de la Administración
Pública, previendo las excepciones para los cargos de elección popular,
de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los
obreros y las obreras de la Administración Pública y los demás que
determine la Ley.
La citada norma determina una estabilidad para aquellos que no se
incluyan dentro de sus excepciones, así como la inestabilidad misma para
los incluidos en sus excepciones, particularmente los obreros, contratados
y contratadas remitiéndolos a las normas establecidas en la Ley Orgánica
del Trabajo.
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También la Constitución contempla en el contenido del Artículo 146,
parte de los derechos individuales, tales como el ingreso, el ascenso, el
traslado, la suspensión y el retiro, conforme a su desempeño. Establece
también lo referente al salario que debe estar incluido en el presupuesto, y
la reglamentación de la escala de salarios, las jubilaciones y las pensiones
de acuerdo a la ley nacional.
Así mismo, al definirse la Organización del Poder Público en: Poder
Nacional, Poder Estadal y Poder Municipal, se aprecia que no existe una
homogeneidad en el régimen de Función Pública en Venezuela,
particularmente cuando se considera la división del Poder Público en sus
respectivas Rama del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo,
consideradas como tales hasta diciembre de 1999, cuando se establece el
Poder Moral y el Poder Electoral, de reciente nombramiento cuyas leyes
especiales determinarán el régimen funcionarial de los mismos.
Para conocer su respectivo Régimen Funcionarial se acude al
contenido de la Ley del Estatuto de la Función Pública que en el
contenido Parágrafo Único del Artículo 1 establece
Parágrafo Único: Quedarán excluidos de la aplicación de esta Ley:
1. Los funcionarios y funcionarias públicos al servicio del Poder
Legislativo Nacional;
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2. Los funcionarios y funcionarias públicos a que se refiere la Ley
Orgánica del Servicio Exterior;
3. Los funcionarios y funcionarias públicos al servicio del Poder
Judicial;
4. Los funcionarios y funcionarias públicos al servicio del Poder
Ciudadano;
5. Los funcionarios y funcionarias públicos al servicio del Poder
Electoral;
6. Los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública;
7. Los funcionarios y funcionarias públicos al servicio de la
Procuraduría General de la República;
8. Los funcionarios y funcionarias públicos al servicio del Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT);
9. Los miembros del personal directivo, académico, docente,
administrativo y de investigación de las universidades nacionales.
El contenido del referido Artículo define la condición de Régimen
Funcionarial para las Ramas del Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder
Moral y Poder Electoral.
Para el Poder Legislativo se debe considerar al personal de
Congresantes y al personal de empleados o funcionarios técnicos y
administrativos al servicio de la Asamblea Nacional. Los Congresantes no
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tienen estatuto propio y se rigen por las normas constitucionales, por los
respectivos reglamentos de la Asamblea y en lo atinente a sus beneficios
sociales se rigen por la Ley de Previsión Social de dicha Asamblea.
Para el Poder Judicial existe su propio régimen funcionarial, al
quedar exceptuados de la Ley del Estatuto de la Función Pública por
efecto de lo pautado en su artículo 1. Sobre el particular, rige para este
Poder lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de
Carrera Judicial (1987). Sobre el particular se han presentado problemas
de interpretación que se dirimieron en el Órgano Judicial competente
sobre la condición de funcionarios judiciales, por no quedar clarificado en
la Ley la totalidad de los que trabajan en Tribunales, así como los
Defensores Públicos de Presos, los Médicos Forenses, entre otros.
Los problemas planteados evidencian la dificultad de establecer
diferentes tipos de régimen funcionarial, cuando dentro de una institución
existen diferentes clasificaciones de personal que aspira recibir los
beneficios establecidos en el régimen y gozar de sus derechos
individuales, colectivos y atenerse también a sus obligaciones. También se
plantea una especie de desigualdad ante la Ley por la notoria diferencia
en materia de régimen funcionarial, definida en casos como el de las
Fuerzas Armadas Nacionales.
41
Los demás casos establecidos en el contenido del Artículo 1,
Parágrafo Único de la Ley del Estatuto de la Función Pública, como los
funcionarios del Servicio Exterior, personal de las Universidades
Nacionales, que se rigen por Regímenes Funcionariales Especiales, los
cuales también han presentado problemas de interpretación
Tal como establece el contenido del referido artículo 1 de la Ley del
Estatuto de la Función Pública, regula los derechos de los funcionarios
públicos en sus relaciones con la Administración Pública y se orienta
sobre la estructura técnica y sobre la base de méritos, redundando en lo
que respecta a exclusión de discriminaciones, cuando existe la igualdad
ante la Ley y la norma Constitucional que prohíbe cualquier discriminación
por sexo, edad, religión, credo y política.
La Ley contempla los derechos que le corresponden al funcionario
público, siendo los mismos de carácter individual y colectivos, quedando a
expensas de su respectiva reglamentación, siendo conocida la tendencia a
dicha reglamentación, como por ejemplo el tiempo de las licencias, los
requisitos para el ascenso, las condiciones para los permisos, los
requerimientos para las jubilaciones, todo lo cual dentro de un régimen
funcionarial debe estar plenamente identificado a fin de evitar errores en la
interpretación e injusticias en la aplicación.
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Debe considerarse que no determina la Ley la división en derechos
individuales y colectivos, sino que los engloba, pudiendo dificultar, en
casos, su interpretación y aplicación, ante vacíos posibles de encontrar
cuando se aplica la norma por parte de la oficina de personal o por mala
interpretación del funcionario público.
De igual forma no se establece la Ley derechos de remuneraciones
especiales ni otras bonificaciones por alimentación, vivienda, viajes al
exterior, todo lo cual se considera incluido en los derechos individuales del
funcionario público.
Sobre la Administración de Personal se contemplan las normas
relacionadas con el ingreso, nombramiento, juramento, sistema de
clasificación de cargos, sistema de remuneración, calificación de servicios,
sistema de adiestramiento, retiro de la administración pública,
responsabilidad y régimen disciplinario.
Respecto a los requisitos, la Ley los establece muy superficiales,
como: ser venezolano, buena conducta, requisitos mínimos
correspondientes al cargo, no estar sujeto a interdicción civil y los demás
establecidos por la Constitución y las leyes.
Estos requisitos no llenan las expectativas para el ingreso a la
Administración Pública, quedando sujetos a medidas reglamentarias y a
las disposiciones de la Oficina de Recursos Humanos en lo atinente a
43
perfil profesional. De igual manera el ingreso queda establecido por el
sistema de concurso a los cuales se les dará la mayor publicidad posibles,
sin definir la condición de los mismos como: de credenciales, por
oposición, por pruebas, dejando el campo abierto a la reglamentación que
en tal sentido establezca, posiblemente la Oficina de Personal en cada
organismo en el cual funciones como encargada de la Administración de
Personal.
El nombramiento corresponde a quienes tienen la competencia de
la Función Pública, debidamente señalados en la Ley del Estatuto de la
Función Pública Ley. Para ser nombrado se requiere estar en la lista de
elegibles llevada por la Oficina de Personal, así como se puede considerar
el nombramiento provisional cuando no existieran candidatos elegibles
para el cargo.
El Juramento se considera como requisito para posesionarse en el
cargo y este juramento corresponde al sostenimiento y defensa de la
constitución y Leyes de la República y al cumplimiento exacto de los
deberes inherentes al cargo y debe prestarse ante el funcionario que haga
el nombramiento o ante quien delegue para tal fin.
La clasificación de cargos comprende el agrupamiento de los
mismos en clases definidas para lo cual se denominará la clase,
descripción de las atribuciones y deberes inherentes a la clase o cargo, los
44
requisitos mínimos exigidos para el desempeño del cargo. En el Capítulo
correspondiente a la clasificación de cargos se remite de nuevo al
Reglamento respectivo.
La calificación de servicios comprende las normas y procedimientos
para la evaluación y calificación de la eficiencia y conducta del funcionario,
la cual se hará, por lo menos una vez por año, debiendo ser comunicado
el resultado al evaluado.
El adiestramiento será dirigido a los funcionarios públicos para su
mejoramiento técnico, profesional, moral y cultural de los funcionarios, por
parte de la Oficina Central de Personal y por las Oficinas de Personal, a
través de cursos permanentes u ocasionales, otorgando credenciales de
certificación de adiestramiento a los funcionarios que reciban y aprueben
los cursos.
Del retiro de la administración pública procede, según la Ley del
Estatuto de la Función Pública, Artículo 78:
1. Por renuncia escrita del funcionario o funcionaria público debidamente aceptada.
2. Por pérdida de la nacionalidad.
3. Por interdicción civil.
4. Por jubilación y por invalidez de conformidad con la ley.
5. Por reducción de personal debido a limitaciones financieras, cambios en la organización administrativa, razones técnicas o la supresión de una dirección, división o
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unidad administrativa del órgano o ente. La reducción de personal será autorizada por el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros, por los consejos legislativos en los estados, o por los concejos municipales en los municipios.
6. Por estar incurso en causal de destitución.
7. Por cualquier otra causa prevista en la presente Ley.
Una situación especial se presenta con el retiro por reducción de
personal, para lo cual se debe considerar la reubicación del funcionario
público en un cargo de carrera en el que cumpla los requisitos
establecidos en la Ley. Cuando no se realice la reubicación, el funcionario
será retirado con el pago de todas sus prestaciones sociales.
Conforme a lo pautado en la Ley del Estatuto de la Función Pública,
el funcionario debe responder civil, penal y administrativamente por las
irregularidades administrativas cometidos en el ejercicio de sus funciones,
sin excluirlos por las que corresponden por la aplicación de las leyes.
Lo expuesto constituye una consideración general referente a la
Función Pública y al Régimen funcionarial, que se debe conocer para los
efectos de aplicación del Régimen de Jubilaciones y Pensiones previsto
para la Administración Pública, pues se constituye en derechos cuando
haya cumplido las formalidades de ingreso, permanencia, antigüedad y
demás requisitos que se estudiarán en el aparte siguiente.
46
2.4. JUBILACIONES Y PENSIONES.
Desde el punto de vista teórico se considera, según Ossorio (1982)
la jubilación como el retiro del trabajo particular o de una función pública,
con derecho apercibir una remuneración calculada según los años de
servicio y la paga habida, lo cual no sólo afecta a los empleados públicos,
sino también a quienes prestan servicios a empresas particulares, siendo
la tendencia general la de extender los beneficios de la jubilación a todos
los trabajadores mediante fondos constituidos o integrados por aportes de
los patronos, obreros y del Estado.
Bajo tal enfoque se presentan requisitos que deben cumplirse para
lograr el derecho a la jubilación y en tal sentido la edad, que varía de
acuerdo a las legislaciones de cada país, no existiendo un estándar al
respecto, exigiéndose cono norma un cómputo de edad y años de servicio.
Sobre la materia de jubilaciones y pensiones, Venezuela cuenta
con un instrumento, conocido como La Ley del Estatuto sobre el Régimen
de Jubilaciones y Pensiones de los funcionarios o empleados de la
Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios y su
Reglamento, el cual en el contenido del Artículo 1 establece que el mismo
regula los derechos a jubilaciones y pensiones de los empleados y
funcionarios de los distintos organismos que la misma ley señala en el
Artículo 2, siendo tales:
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1. Los Ministerios, Oficinas Centrales de la Presidencia y demás organismos de la Administración Central de la República.
2. La Procuraduría General de la República.
3. EI Consejo Supremo Electoral.
4. EI Consejo de la Judicatura.
5. La Contraloría General de la República.
6. La Fiscalía General de la República.
7. Los Estados y sus organismos descentralizados.
8. Los Municipios y sus organismos descentralizados.
9. Los Institutos Autónomos y las Empresas en las cuales alguno de los organismos del sector público tengan por lo menos el 50% de su capital.
10. Las Fundaciones del Estado.
11. Las personas jurídicas de derecho público con forma de sociedades anónimas.
12. Los demás entes descentralizados de la Administración Pública Nacional y de los Estados y los Municipios.
El contenido del precitado Artículo corrobora lo estudiado sobre la
Función Pública, en el sentido de existir en Venezuela diferentes
regímenes funcionariales, aunque no se contemplan normas sobre
jubilaciones y pensiones que no se encuentren acreditadas por una Ley
Nacional.
También contempla la Ley lo atinente al derecho a la jubilación,
adquirido mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos:
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1. Cuando el funcionario o empleado haya alcanzado la edad de 60 años,
si es hombre, o de 55 años si es mujer, siempre que hubiere cumplido, por
lo menos, 25 años de servicios; o,
2. Cuando el funcionario o empleado haya cumplido 35 años de servicios,
independientemente de la edad.
En el mismo artículo se contempla que Para que nazca el derecho a
la jubilación será necesario en todo caso que el funcionario o empleado
haya efectuado no menos de 60 cotizaciones mensuales. Se estima que
de no reunir este requisito, la persona que desee gozar de la jubilación
deberá contribuir con la suma única necesaria para completar el número
mínimo de cotizaciones, la cual será deducible de las prestaciones
sociales que reciba al término de su relación de trabajo, o deducible
mensualmente de la pensión o jubilación que reciba, en las condiciones
que establezca el Reglamento.
Edad, antigüedad y cotizaciones son requisitos imprescindibles, los
cuales son acreditados por el sistema de retención previsto dentro del
sistema integral de salud, correspondiente al subsistema de pensiones en
Venezuela., encontrándose previstas dichas cotizaciones en el
Reglamento de la Ley, específicamente en el contenido del Artículo 2 que
prevé: para sueldos hasta de 3000 Bs. Mensuales, el 1 %; de 3001 hasta
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6ooo, un 2 %, de 6001 en adelante un 3 %, debiendo cada organismo
aportar igual porcentaje al que se deducirá a cada funcionario o empleado.
Sobre el particular, Núñez (1999) refiere que en Venezuela se
encuentran plenamente definidos los requisitos para optar a la jubilación o
pensión por parte de los funcionarios de la Administración Pública, pero
que el manejo no ha logrado los objetivos trazados, particularmente
cuando se llega la fecha de hacerlos efectivos, en virtud de presentarse
retardos considerables en su acreditación, por lo cual se ha normalizado el
procedimiento de que el jubilado continúe cobrando su sueldo o salario
hasta el momento en el cual le sea entregado el monto de su jubilación.
Señala la Ley el procedimiento para ser acordada la jubilación5,
partiendo de una solicitud que puede se de parte del interesado o de
oficio, lo cual según Núñez (ob.cit), constituye una norma favorable al
interesado, cuando particularmente se procede de oficio, siendo que la
Administración Pública a través del órgano competente debe tener
tabulados los datos y conocer la fecha que corresponde a cada funcionario
para optar al beneficio, pero.
De nuevo, la praxis es distinta, pues generalmente es el interesado
quien tramita la solicitud, siendo lamentable cuando la persona padece de
enfermedades que le imposibilitan su pleno desenvolvimiento y tiene que
acogerse a normas burocráticas que desdicen de la Administración
50
Pública por trabas que deberían solucionarse si los órganos competentes
llevaran actualizados los historiales del funcionario.
La Ley del Estatuto sobre Pensiones y Jubilaciones, presenta una
excepción para los efectos de aplicación de sus normas y al respecto,
Morales (1999), que dicha excepción es compatible con la diversidad
funcionarial, siendo que el Artículo 4 prevé dicha excepción a los
organismos o categorías de funcionarios o empleados cuyo régimen de
jubilación o pensión esté consagrada en Leyes nacionales y Empresas del
Estado y demás anónimas que hayan establecido sistemas de jubilación o
de pensión en ejecución de dichas Leyes.
Aparece una figura que se considera importante analizarla para
evitar equivocaciones en materia de jubilaciones y pensiones y se refiere a
la administración descentralizada, es decir, a las Empresas del Estado. Al
respecto, considera Pardo (2001) que dentro del ámbito de la normativa
vigente, la descentralización funcional encuentra de manera expresa su
fundamento constitucional en el artículo 300 de la nueva Carta Magna, el
cual establece:
La ley nacional establecerá las condiciones para la creación de entidades funcionalmente descentralizadas para la realización de actividades sociales o empresariales, con el objeto de asegurar la razonable productividad económica y social de los recursos públicos que en ellas se inviertan.
51
Como puede observarse de la norma precedente, la intención del
constituyente ha sido que fuera el legislador quien estableciera las
condiciones para la creación de los entes descentralizados
funcionalmente, en otras palabras el mandato constitucional es que la
regulación sobre la creación de los entes descentralizados funcionalmente
sea materia de la reserva legal.
La norma en referencia, también permite deducir que la razón de
ser de los entes descentralizados funcionalmente descansa en la
realización de actividades sociales o empresariales que pueden o no ser
lucrativas, a fin de asegurar la razonable productividad económica y social
de los recursos económicos que en ellas se inviertan, lo que se traduce en
coadyuvar mediante la creación de entes con formas jurídicas especiales
al mejor cumplimiento de los fines del Estado.
En este mismo orden de ideas, se observa que mediante la Ley
Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 37.305, de fecha 17 de octubre de
2001, se establecieron los principios y bases que han de regir la
organización y funcionamiento de la Administración Pública; los principios
y lineamientos de la Administración Pública Nacional y de la
administración descentralizada funcionalmente.
52
Igualmente, el referido instrumento legal consagra en su artículo 29
el “Principio de Descentralización Funcional”, señalando que "Los titulares
de la potestad organizativa podrán crear entes descentralizados
funcionalmente cuando el mejor cumplimiento de los fines del Estado así
lo requiera, en los términos y condiciones previstos en la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela y en la presente ley."
Dentro de esos entes descentralizados funcionalmente a que hace
referencia la Constitución y la ley se encuentran, precisamente, las
empresas del Estado. Así lo ratifica el artículo 15 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública al establecer que estos entes con personalidad
jurídica propia e independiente de la República, de los Estados, Distritos
Metropolitanos y de los Municipios, pertenecen al aludido sector de la
Administración Pública Descentralizada Funcionalmente, principio el cual,
se perfecciona por lo establecido en el artículo 29, que califica a las
empresas del Estado como entes descentralizados funcionalmente con
forma de derecho privado y con fines empresariales.
Siendo las empresas del Estado, formas jurídicas que se rigen por
la normativa del Derecho Privado, la relación que las mismas puedan
tener con sus trabajadores debe ser conducida en el ámbito del derecho
laboral, específicamente, bajo el marco de la Ley Orgánica del Trabajo. Es
decir, que aquel empleado que preste sus servicios a una empresa del
Estado, no lo está haciendo directamente a una persona pública de la
53
Administración Central o Descentralizada, sino que está prestando sus
servicios a una compañía anónima de derecho privado.
En Venezuela ya existían precedentes sobre la determinación de la
legislación por la cual debían regirse las empresas del Estado. Así, por
ejemplo, en el Proyecto de Ley Orgánica de Institutos Autónomos y
Empresas del Estado de 1968, como en el Proyecto de Ley Orgánica de
Entidades Descentralizadas de 1971 y el Proyecto de la Administración
Descentralizada de 1976, se establecía de manera expresa que las
empresas del Estado debían regirse por las disposiciones del derecho
mercantil, civil y laboral, salvo expresa determinación en contrario o salvo
las derogaciones previstas en dichos proyectos.
Las tendencias seguidas en estos proyectos fueron recogidas por la
Ley Orgánica de la Administración Pública que en su artículo 106 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública, establece que las empresas
del Estado se regirán por la legislación ordinaria. Queda así clarificada la
relación del personal de las empresas del Estado con las misma y por lo
tanto su acogimiento a las normas del derecho ordinario.
En el orden de ideas que se viene refiriendo el procedimiento para
la obtención de la jubilación y en tal sentido establece el Reglamento de la
Ley del Estatuto sobre el Régimen de jubilaciones o pensiones para
funcionarios y empleados de la Administración Pública que la solicitud se
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debe realizar con seis (6) meses de anticipación a la fecha indicada para
hacerse efectiva, ante la Ofician de Personal respectiva , por escrito y
debidamente acompañada de los siguientes recaudos:
1. Copia certificada de la partida de nacimiento o del documento que
la supla de acuerdo a lo pautado en el Código Civil.
2. Constancia de los cargos desempeñados.
3. Relación de los sueldos devengados por el funcionario o empleado
en los dos (2) últimos años al servicio del sector público, expedida por la
respectiva Oficina de Personal.
4. Estado de cuenta individual de cotizaciones, expedida por la
respectiva Oficina de Personal.
Refiere el Artículo 7 del citado Reglamento, además de lo señalado
que, en caso de no poder el funcionario aportar la documentación
requerida, la Oficina de Personal la solicitará ante las Oficinas de Personal
de los organismos o entes que el funcionario o empleado hubiese
prestado servicio, contando con amplias facultades para verificar las
pruebas aportadas por el interesado.
Luego de consignados los documentos señalados en el
Reglamento, la Ofician de Personal sustanciará el expediente en lapso de
30 días y lo elevará al Órgano Superior (Oficina de Recursos Humanos)
para la decisión respectiva, que de ser afirmativa procederá a la
55
incorporación del funcionario al Registro Nacional de Jubilados,
devolviendo la documentación al entre respectivo para el pago de la
pensión y en caso de no encontrar conforme la documentación presentada
por el solicitante, será devuelto el expediente al órgano solicitante .
Se encuentran prevista en la Ley del Estatuto de Jubilaciones y
Pensiones para funcionarios Públicos y su Reglamento, dos circunstancias
muy especiales, como lo es la suspensión del pago de la pensión y las
pensiones especiales.
Sobre la suspensión del pago de la pensiones, lo considera en caso
de que el jubilado ingrese a ocupar cargo en la Administración Pública que
no sean de libre nombramiento y remoción, para lo cual establece el
procedimiento que deriva de la comunicación del organismo al cual
ingrese, al organismo que otorgó la jubilación, el cual procederá a
suspenderla, debiendo restituir el pago al egreso del funcionarios del
cargo ocupado (Artículo 13 del Reglamento)
Relacionado con las pensiones especiales, corresponde la facultad
al Presidente de la República, su concesión, conforme a lo pautado en el
Artículo 6 de la Ley del Estatuto, cuando el funcionario haya cumplido más
de quince años de servicio y en los casos en los cuales no cumpla con los
requisitos de edad y tiempo de servicios establecidos. Las pensiones
especiales serán otorgadas, tal como fue señalado, por el Presidente la
56
República, quien recibirá el expediente de la solicitud y estampará su
firma.
Sobre las jubilaciones, será analizado un expediente de jubilación,
desde el punto de vista documental, certificación de documentos y
decisiones tomadas, a fin de conocer en la realidad la forma como se
tramitan las jubilaciones y los cálculos respectivos, cuyos resultados se
darán a conocer en el capítulo correspondiente a Resultados de la
Investigación.
Las pensiones, según Ossorio (1963), “son una cantidad
(corrientemente anual o mensual) que se asigna a una persona por
méritos o servicios propios o extraños, o bien por una gracia de quien la
concede”. Al respecto, establece una diferencia en lo que considera
pensiones graciables y no graciables y en tal sentido corresponde a las
primeras como un derecho administrativo asistencial, de contenido
alimentario, concedido graciosamente por el Congreso, por un período
determinado, en personas que reúnan mediante un acto formalmente
legislativo.
Respecto a las pensiones no graciables, Ossorio las divide en
contributivas y no contributivas. Son no contributivas aquellas a cuya
formación no han contribuido, ni los beneficiarios ni terceras personas,
pero a las cuales se tiene un derecho legalmente establecido que las
57
diferencia de las graciables. Respecto a las no contributivas, considera el
citado autor las que reconoce el Estado a sus servidores, tanto civiles
como militares, cuando llegan a una determinada edad y que se pagaban
con cargo al presupuesto de la nación, sin que previamente se les hubiese
hecho descuento alguno.
Las contributivas son aquellas pensiones que integran el régimen
jubilatorio y que se perciben por razón de la edad o de la invalidez para el
trabajo, las cuales se forman mediante aporte de los beneficiarios, o de
éstos y sus patronos, y a veces también con los aportes del Estado.
En Venezuela, conforme a lo previsto en la Ley del Estatuto sobre
Jubilaciones y Pensiones y su Reglamento, se aplicaría el tipo de
pensiones contributivas, de acuerdo a lo pautado en el Artículo 2 del
Reglamento que señala el monto de las cotizaciones, con razón al
porcentaje del sueldo respectivo, hasta un 3 % para los que devengan
más de 6001 bolívares, así como el aporte de cada organismo igual al que
se deducirá a cada funcionario empleado.
En el Reglamento de la Ley del Estatuto sobre Jubilaciones y
Pensiones, específicamente en el contenido del Artículo 20 establece lo
referente a la pensión por invalidez, la cual será declarada por el Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales, en conformidad con lo que prevé la
Ley del Estatuto en el contenido del Artículo 14:
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Los funcionarios o empleados sin derecho a jubilación recibirán una pensión en caso de invalidez permanente, siempre que hayan prestado servicios por un período no menor de tres años. EI monto de esta pensión no podrá ser mayor del 70 por ciento ni menor del 50 por ciento de su último sueldo. Esta pensión la otorgará la máxima autoridad del organismo al cual preste sus servicios. A los efectos de este artículo la invalidez se determinará conforme al criterio establecido en el artículo 13 de la Ley del Seguro Social.
El contenido del artículo citado permite apreciar que para ser
beneficiario de la pensión por invalidez debe cumplir con el requisito de no
tener el derecho a jubilación, se le otorgará un máximo del 70 % del último
sueldo percibido y la declaratoria de la invalidez deberá producirse cuando
el trabajador pierda las 2/3 partes de su capacidad para trabajar, a causa
de una enfermedad o accidente, en forma presumiblemente permanente o
de la misma duración, siendo pagada después de tres (3) meses, de que
se inició el estado de invalidez y durante todo el tiempo que ésta subsista.
Existe también la pensión de sobreviviente, debidamente
contemplada en el Artículo 15 de la Ley del Estatuto, se causará por el
fallecimiento de un beneficiario de jubilación o de un empleado que a la
fecha del fallecimiento llenare los requisitos para tener derecho a la
jubilación.
Sobre los beneficiarios de la pensión de sobreviviente establece la
Ley del Estatuto:
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Artículo 16:
Tendrán derecho por partes iguales a la pensión de sobrevivientes los hijos y el cónyuge del causante que a la fecha de la muerte de éste, cumplan las condiciones que a continuación se especifican:
1. Los hijos de edad inferior o catorce años en todo caso, o inferior a dieciocho años si cursaren estudios regulares, o de cualquier edad si se encuentran totalmente incapacitados.
2. EI cónyuge varón si fuere totalmente incapacitado o mayor de sesenta años de edad.
3. EI cónyuge hembra cualquiera que sea su edad. Iguales derechos y obligaciones tendrá la concubina del causante.
Relacionado con el monto de la pensión prevé la Ley del Estatuto
que será igual al 75 por ciento de la jubilación correspondiente y se
distribuirá por partes iguales entre los beneficiarios. EI hijo póstumo se
beneficiará de la pensión desde el día del fallecimiento del causante.
Los derechos de los hijos a la cuota correspondiente de pensión de
sobreviviente cesarán cuando hubieren cumplido catorce años, o
dieciocho si fueren estudiantes, o cuando se emancipen o se recuperen de
su incapacidad. Perderá igualmente el derecho a la pensión el cónyuge
que contraiga nuevas nupcias o establezca vida concubinario.
Se aprecia que las normas establecidas sobre pensiones, pese a
su contenido, dejan parámetros difusos en su alcance, como la
estimación del monto que, aparentemente, se somete a discrecionalidad
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de la autoridad competente, solo fijando el mínimo y el máximo, todo lo
cual se verificará en el estudio de expedientes ya resueltos por la
autoridad competente, cuyo resultado corresponde al Capítulo IV del
presente trabajo.
3. SISTEMA DE CATEGORÍAS
Categoría:
Régimen de Jubilaciones y Pensiones.
Definición Conceptual:
El régimen de jubilaciones es el establecido a efecto de que los
trabajadores, o todos los ciudadanos, según el régimen aplicado, al llegar
a una edad determinada y variable, en que se supone que no pueden
trabajar o que han cumplido su deber social, en la materia, o cuando sin
llegar a esa edad se invalidan para el trabajo, disfrutan de una renta
vitalicia que les permite atender a sus necesidades vitales (Ossorio, 1987,
p.401)
El régimen de pensiones es el que establece una cantidad
periódica, corrientemente mensual o anual, que se asigna a una persona
por méritos o servicios propios o extraños, o bien por pura gracia del que
la concede (Ossorio, 1987, p.562)
Definición operacional:
El régimen de jubilaciones y pensiones es el establecido en la
normativa relacionada con la seguridad social, a través del cual, logra su
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disfrute las personas que habiendo cumplido una determinada edad o
tiempo de servicio, se supone que no puede trabajar o que sin llenar los
requisitos citados de edad, se encuentran incapacitados para el
desempeño laboral, percibiendo una cantidad debidamente asignada para
satisfacer sus necesidades personales. El régimen requiere el
cumplimiento de trámites administrativos que se inician en la oficina de
personal de cada dependencia pública y se tramita ante la Oficina de
Recursos Humanos, tal como lo pauta la ley del Estatuto sobre
jubilaciones y pensiones, para efecto de su verificación y concesión
respectiva.
Mapa de Categorías:
(ver anexo A)
