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CAPTULO IILOS DESC Y EL LIBRE COMERCIO

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LIBRE COMERCIO Y DERECHO AL TRABAJO

LOS DESC Y EL LIBRE COMERCIO

ENTRE LAS CAVERNAS Y LA MODERNIDAD

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A El ao 2004 fi naliz en medio de una intensa campaa dirigida a fl exibilizar el rgimen laboral vigente. El argumento central se fundament en la necesidad de adecuar nuestra normativa laboral a las exigencias de competitividad que imponen los mercados del mundo. Para lograr ello se tendra que eliminar los denominados sobrecostos laborales, lo cual supondra en la lgica de sus promotores un incremento automtico del mercado formal de trabajo, de la productividad y competitividad del sector exportador, al tiempo que nos permitira enfrentar con xito el tsunami exportador chino y el eventual Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.

En un pas con el 54% de su poblacin por debajo de la lnea de pobreza, el problema del empleo adquiere especial relevancia en la medida en que representa el principal medio para alcanzar un nivel adecuado y acceder a los servicios bsicos relacionados con el desarrollo humano. En los ltimos aos se ha insistido mucho principalmente desde esferas gubernamentales en asociar el modelo de libre mercado y la promocin de la inversin privada, con el desarrollo social, la generacin de empleo y el incremento de los ingresos. Tras una dcada de implementacin, el proceso de ajuste estructural y las reformas neoliberales no lograron revertir la difcil situacin econmica y social en la que se encontraba el pas a inicios de los aos 90. El relativo crecimiento experimentado por esos aos, no compens el dfi cit de empleo ni incidi en reducir sustancialmente los niveles de pobreza. Si se analiza la relacin entre la produccin interna y el nivel de los ingresos, el modelo econmico peruano se caracteriza por la desconexin estructural entre economa y empleo adecuado (Iguiiz 2003), lo cual explica el nivel medio-bajo que muestra el pas en trminos de empleo decente, segn estimaciones realizadas por la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) en la regin (OIT 2001; 2002).

El presente Informe busca dar cuenta de la situacin del derecho al trabajo en el Per, en el marco de los procesos de apertura comercial y fl exibilizacin laboral. De acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el Estado peruano tiene la obligacin de garantizar el ejercicio del derecho de los peruanos al trabajo, de los derechos asociativos y el acceso universal a la seguridad social. Como se desprende de los Informes DESC presentados desde 1994, el impacto social y laboral producido por las reformas laborales adoptadas en los aos 90 (y que el actual gobierno busca profundizar) afectando la realizacin de estos derechos. Veremos cmo la implementacin del esquema econmico neoliberal ha signifi cado un impacto negativo en los niveles de realizacin del empleo decente en el pas; muy a pesar de los compromisos adoptados por el Estado peruano para alcanzar los estndares contenidos en la Declaracin de Principios y Derechos Fundamentales de 1998, y en las Convenciones de la OIT. Hacia el fi nal del Informe presentaremos un balance de las polticas implementadas desde el gobierno para mejorar los estndares laborales, y cul es la posicin del mismo en las negociaciones del TLC con los Estados Unidos.

1. Las reformas laborales en los aos 90

1.1. Flexibilizacin laboral o precarizacin del empleo?

A inicios de los aos 90 el Per atraves uno de los procesos de fl exibilizacin laboral ms radicales en

la regin (OIT 2000). La rapidez con que se dieron estos cambios se explica por la incapacidad de los movimientos sociales y sindicales para oponer resistencia a las reformas impuestas por el fujimorismo y, en el mejor de los casos, para presentar una alternativa programtica que permitiera insertarnos de manera competitiva en la economa global.

En todas sus etapas1, la reforma laboral apunt a desregular y fl exibilizar el sistema de entrada y salida del mercado de trabajo, ya sea ampliando el nmero de modalidades para la contratacin de personal, posibilitando la contratacin temporal, o travs de la subcontratacin y tercerizacin de parte del proceso productivo. La aprobacin de la Carta Poltica de 1993 signifi c la eliminacin del principio que estableca el derecho a la estabilidad laboral, el mismo que fue sustituido en el texto constitucional por una adecuada proteccin contra el despido arbitrario (Verdera 2000; CEDAL 1999). Este dispositivo supuso una mayor vulnerabilidad para el trabajador, expuesto a las contingencias del mercado y a la discrecionalidad del empleador.

En el campo de las relaciones colectivas de trabajo, las reformas no slo desmontaron el carcter tuitivo del Estado en la regulacin de la relacin laboral, sino que introdujeron un conjunto de dispositivos que atentaban contra la autonoma de los sindicatos, obstaculizaban la constitucin de federaciones o sindicatos de rama. En paralelo, las reformas en el plano individual jugaron un papel fundamental para inhibir la afi liacin de nuevos miembros a los sindicatos. A su vez, las restricciones impuestas al derecho a la huelga (la reduccin de su alcance, de las causales y la excesiva burocratizacin en los procedimientos), ocasionaron que este derecho pierda vigencia e importancia como mecanismos de presin legtima con que cuentan los trabajadores para participar de las utilidades de la empresa. Como consecuencia, la negociacin colectiva se convirti en un mecanismo de redistribucin y nivelacin del ingreso sin mayor trascendencia al interior de la empresa2.

Este modelo basado en un enfoque de mercado (Verdera 2000:9-11), postulaba que los niveles de empleo y los salarios alcanzaban su punto de equilibrio en la competencia libre entre pares, en un escenario abstracto en el que las transacciones entre oferentes (trabajadores) y demandantes (empleadores) se desarrollan en igualdad de condiciones. Con las reformas, la nueva legislacin pona fi n al modelo vigente desde los aos 70, defi nido como de relaciones laborales (Verdera 2000:11-12). A diferencia de los supuestos que sostenan el nuevo modelo fl exibilizador, el anterior parta reconociendo el carcter asimtrico y de subordinacin existente en la relacin capital-trabajo, lo que daba lugar a una mayor participacin del Estado en la funcin reguladora de las relaciones sociales de produccin.

Tras una dcada y media de aplicacin, las reformas implementadas mostraron claras limitaciones para mejorar la situacin del empleo en el pas. A pesar de tener como objetivos centrales promover el acceso masivo al trabajo, crear nuevas oportunidades de empleo, fl exibilizar las modalidades de contratacin laboral incluyendo acuerdos directos de empleadores y trabajadores, as como adecuar la normatividad de la micro, pequea empresa y trabajo autnomo (Decreto Legislativo 728), en el terreno, la nueva legislacin contribuy poco a incrementar de forma sostenible los niveles de empleo, la productividad del factor trabajo e incentivar la formalizacin del mercado de trabajo. La expansin de la proteccin social, la mejora en la calidad del empleo y el respeto de los derechos laborales tampoco estuvieron entre sus logros. Todo lo contrario.

Entre los principales efectos que dejaron las reformas fue el estancamiento de los niveles de ingresos en los sectores asalariados. Si bien el empleo creci a una tasa anual de 4.5% entre 1993 y 2000, favoreciendo un ligero incremento en la proporcin de ocupados con relacin a la poblacin en edad de trabajar, el modesto avance en trminos de productividad retard el crecimiento de los ingresos reales, tanto en los sectores asalariados como en el trabajo independiente (Saavedra 1998:134-138). En la medida en que se instituyeron nuevas formas temporales de contratacin, que redujeron ostensiblemente los costos de despido, las reformas tuvieron por efecto una alta rotacin en la fuerza de trabajo, afectando principalmente a los trabajadores con menor capacitacin (menor educacin) y con menor experiencia laboral (ms jvenes). En el mediano plazo, el exceso de fl exibilizacin desincentivara la inversin empresarial en capacitacin y formacin del personal. La

1 Si bien la legislacin laboral peruana experimenta sucesivas transformaciones desde los aos 70, es en la dcada de los 90, con el gobierno de Alberto Fujimori, cuando se realizan los cambios ms drsticos en su contenido y estructura (Verdera 2000). Durante esta ltima poca la reforma atraves hasta tres grandes momentos. Uno primero se dio en 1991, con el Decreto Legislativo N 728, Ley de Fomento al Empleo, que ampliaba el nmero de modalidades de contratacin laboral temporal a nueve. El segundo momento consisti en la aprobacin de la Carta Poltica de 1993, donde se elimina del texto constitucional el concepto de estabilidad laboral (y se legitima el despido arbitrario) que exista en la Constitucin de 1979. Un tercer momento se da en el ao 1997, cuando se divide el Decreto Legislativo 728 en las leyes de Productividad y Competitividad Laboral (DS 003-97-TR) y de Formacin y Promocin Laboral (DS 002-97-TR), profundizando el carcter fl exibilizador de la norma originaria.

2 En un balance que realiza la CIOSL (1998: 105-106) sobre la situacin mundial de los derechos sindicales, analiza el caso peruano y seala que, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (N 25593), Permite que el MTPE cancele la personera jurdica de un sindicato y lo obliga a esperar seis meses para volver a solicitarla. Esta ley restringe la eleccin libre de dirigentes sindicales exigiendo que stos sean miembros activos del sindicato y empleados de la empresa por lo menos un ao. Restringe, asimismo, la afi liacin de los trabajadores al sindicato a los que se encuentran en periodo de prueba o bajo contratos formativos. Prohbe asimismo que los sindicatos participen en actividades polticas. En el caso de las huelgas, stas slo son posibles si se cuenta con la aprobacin de la mayora de trabajadores, para lo cual deben presentar una lista con los nombres de los trabajadores participantes. Adems, prohbe las huelgas por razones vinculadas a la poltica econmica y social. Por si fuera poco, la Ley no protege adecuadamente a los trabajadores en contra de la discriminacin antisindical; no existe proteccin al momento de la contratacin y los empleadores pueden interferir en las organizaciones sindicales. Esta Ley exige una mayora, tanto de trabajadores en una empresa como de empresas en un sector, para llevar a cabo la negociacin de la convencin colectiva por rama de actividad.

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consecuencia natural del nuevo rgimen fue una relativa expansin de las oportunidades de empleo, pero a costa del estancamiento de los ingresos reales y el abaratamiento de la mano de obra3.

En promedio, durante los aos 90 el empleo experiment un crecimiento anual de 1,2%, siendo el sector informal el que aument en mayor proporcin (4,7% al ao). Esta proporcin nos indica que el empleo generado se caracteriz en su mayora por su mala calidad y precariedad en las condiciones de empleo, por su baja productividad y bajos ingresos, por la ausencia de estabilidad laboral y proteccin social. El proceso de flexibilizacin laboral contribuy poco en mejorar los ndices de productividad y competitividad, distancindonos ms de pases como Chile, Estados Unidos, Mxico y otros de la regin con los que competimos en los mercados mundiales y que mostraron avances sustantivos en este campo.

Hacia finales de los 90, diversos analistas coincidan en sealar como las reformas flexibilizadoras no estimularon los mercados de trabajo, profundizando, por el contrario, la tendencia estructural que caracteriza nuestra economa desde la dcada de los 70, definida por la desconexin secular entre economa de mercado y empleo decente. Siguiendo la evolucin de la produccin interna, el crecimiento de la inversin privada y los niveles de Poblacin Econmicamente Activa (PEA) asalariada (segmento que accede a mejores condiciones de empleo), Iguiiz (2000, 2003) observa como el PBI crece sosteniblemente (en parte, por los ingresos derivados de las privatizaciones y las exportaciones primarias), mientras los ingresos laborales se mantienen estables; al tiempo que se restringen unilateral y autoritariamente el ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo.

En el caso de Lima Metropolitana (que representa el 50% de la PEA nacional), la evolucin del PBI muestra una curva ascendente desde el 1991, crecimiento que no encuentra correspondencia en la tasa de empleo en el sector manufacturero, precisamente el que genera mayores oportunidades de trabajo e incorpora valor agregado a la produccin. La liberalizacin del comercio ocasion que sectores importantes de la industria local (calzado, electrodomsticos, etc.), se vieran perjudicados por las importaciones formales e informales (contrabando), ocasionando la quiebra de no pocas empresas del medio con la consecuente prdida de puestos de trabajo. Los despidos masivos en el sector pblico (administracin y empresas) contribuyeron a engrosar la masa laboral que se refugi en la informalidad u opt por el autoempleo para contar con una ocupacin. Esta vlvula de escape, precaria e inestable, explica en gran medida el incipiente crecimiento del empleo en los sectores comercio y servicios desde mitad de los aos 90, alentados por el flujo de inversin extranjera y la apertura comercial, pero claramente insuficientes para compensar el dficit de empleo decente en el pas.

La trayectoria de los ndices de inversin privada y de empleo decente (o debidamente adecuado) es la mejor expresin de las limitaciones del enfoque que sostiene el modelo flexibilizador. Pensadas e implementadas con el fin de fomentar la iniciativa privada y, con ello, promover la generacin de nuevos puestos de trabajo, las reformas no lograron recuperar el curso paralelo que siguieron los ndices de inversin y empleo durante el primer quinquenio de los aos 70, con posterioridad a 1978 y entre los aos 1986 y 1987; periodos en los que, paradjicamente, exista una legislacin laboral proteccionista y populista, en trminos de sus detractores.

Fuente: Tomado de Iguiiz (2003).

Grfico 1: INDICE DE EMPLEO EN LIMA METROPOLITANA Y PIB TOTAL REAL:1973-2000

Grfico N 2Sueldos Reales en el Sector Privado de Lima Metropolitana y Producto

Percapita: 1970-2001

Fuente: Iguiiz (2000)

1.2. Legislacin laboral y violacin de los derechos sindicales.

La aplicacin de las reformas en el derecho colectivo estuvieron acompaadas por una combinatoria de polticas antisindicales que fueron, desde el despido masivo de empleados y dirigentes del sector pblico (en el marco de los procesos de reforma del Estado y privatizacin de las empresas pblicas) y privado (como efecto de las estrategias de reconversin productiva de las empresas), hasta la represin abierta y encubierta contra sus principales lderes sindicales4.

En este escenario, los cambios introducidos con el Decreto Ley 25593 afectaron los mecanismos de concertacin y nivelacin de los ingresos. Los efectos sociales de esta norma fueron brutales. El porcentaje de trabajadores de empresas privadas en Lima con 20 y ms trabajadores, sujetos a negociacin colectiva, pas de 41,5% en 1992 a 35,4% en 1993, a 31,8% en 1994 y a 20,2% en 1995 (CEDAL 1999). Entre las razones que explican esta tendencia est el temor generalizado de los trabajadores a ser despedidos o rescindidos sus contratos, inhibiendo el ejercicio de sus derechos laborales, entre ellos, la negociacin colectiva, el principal mecanismo de participacin que tienen los trabajadores para participar de los beneficios de la produccin. Esta situacin se agudiz con las restricciones impuestas al ejercicio de un derecho fundamental como es la huelga. En el caso peruano, la realizacin de huelgas guard estrecha relacin con la tendencia seguida por la produccin interna durante las ltimas tres dcadas, incrementndose en pocas de bonanza (1973-74, 1978-80, 1985-87) y decreciendo en situaciones de recesin y crisis econmica. Sin embargo, desde 1993, ao que marca el inicio de la reactivacin econmica, el nmero de huelgas se redujo notablemente hasta iniciado el gobierno de Per Posible5 (Ver Grfico 2).

3 Un anlisis de la evolucin de las remuneraciones reales durante los aos 90, nos muestra que su poder adquisitivo no logr alcanzar los niveles registrados tres dcadas atrs. En 1998 el poder adquisitivo de los sueldos promedios era similar al 29,6% y al 47,6% de los de las remuneraciones promedios registradas en 1973 y 1987, respectivamente.

4 Una sistematizacin detallada de las quejas elevadas a los rganos de control de la OIT referidas a violaciones a los derechos sindicales incluidos atentados contra la integridad fsica, la vida y el libre trnsito de las personas, entre los aos 1980 y el 2002, lo podemos encontrar en Canessa (2003)

5 El ao pasado se realizaron 107 huelgas, 39 ms que las registradas en el 2003 (68). En Lima se dio el 32% de las paralizaciones laborales. MTPE. Informe Estadstico Mensual. Enero, 2005. Ao 9, N 105.

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Fuente: Iguiiz (2003).

A manera de balance, coincidimos en sealar que la transicin normativa de los noventa implic el paso de un modelo que afirmaba la estabilidad laboral absoluta, el predominio de las relaciones laborales directas e internas en la empresa, la negociacin colectiva y la proteccin laboral y social, en el marco de una poltica salarial expansiva; a un modelo en el que prima la inestabilidad en el empleo, las relaciones laborales indirectas y externas, la prctica desaparicin de la negociacin colectiva, la desproteccin laboral y social, y una poltica salarial que impide la recuperacin de las remuneraciones (Verdera 2000: 39). En suma, transitamos de un modelo de relaciones laborales con rasgos democrticos y relativamente favorable a los trabajadores, a un modelo autoritario y mayormente desfavorable a los trabajadores 6 (Verdera 2000: 5).

2. El Derecho al Trabajo como obligacin del Estado Peruano.

Uno de los puntos cruciales en el debate sobre el TLC con los Estados Unidos7 es la incorporacin de clusulas laborales que las partes firmantes estn comprometidas a respetar y garantizar su cumplimiento. Quienes se oponen a esta medida sealan que los Estados estn inhibidos de utilizar los principios y derechos contenidos en la Declaracin de Principios y Derechos Fundamentales de la OIT (1998) estndares en discusin, como mecanismos proteccionistas para restringir el flujo comercial entre sus respectivos mercados8. Desde una posicin contraria, quienes consideran necesaria la inclusin de condicionalidades que apunten a alcanzar el trabajo decente, precisan que, de acuerdo al Derecho Internacional, los derechos laborales poseen la categora de derechos humanos fundamentales y forman parte del ordenamiento jurdico interno, por lo que su cumplimiento es de carcter obligatorio para los Estados partes, al margen de su incorporacin o no en los acuerdos de integracin econmica9. En esa lnea, el carcter asimtrico del intercambio comercial entre ambos pases hace indispensable otorgar un tratamiento especial a los productores y trabajadores nacionales, puesto que el impacto que conllevara la apertura comercial y el ingreso de inversiones extranjeras incidira directamente en el desarrollo del mercado laboral interno10.

La suscripcin y ratificacin de tratados internacionales11 conlleva una serie de obligaciones que instan a los Estados partes a adoptar polticas pblicas que garanticen el respeto irrestricto de los derechos humanos en general, sin menoscabo de su integralidad, universalidad e interdependencia. En el caso del derecho al trabajo, los gobiernos estn obligados a garantizar el libre ejercicio del derecho al trabajo, en condiciones que garanticen la igualdad de trato sea cual fuere la condicin del individuo o colectivo sujeto del derecho, como tambin el cumplimiento de los derechos derivados e

implicados en toda actividad laboral, como son los derechos asociativos, la debida proteccin mediante la seguridad social, condiciones de higiene y salud ocupacional, acceso a programas de formacin, descanso semanal remunerado, entre otros derechos humanos en el trabajo.

La suscripcin de los Pactos Internacionales y las diversas Convenciones de la OIT, imponen a los Estados la obligacin de disponer de los recursos econmicos y polticos necesarios para materializar el disfrute de cada uno de los derechos humanos contenidos en estos instrumentos del derecho internacional. En lo que respecta al derecho al trabajo, los Estados debern (1) respetar y abstenerse de adoptar medidas que obstaculicen o impidan el goce efectivo de los derechos y principios fundamentales en el trabajo (erradicacin del trabajo forzoso; eliminacin del trabajo infantil; libertad sindical y negociacin colectiva; igualdad de trato y no discriminacin en la contratacin); as como (2) proteger y adoptar los mecanismos necesarios para velar por el respeto y cumplimiento de estos derechos frente a potenciales violaciones por parte de terceros. Al respecto, la transnacionalizacin de las economas, los flujos de capital financiero y los capitales golondrinos conllevan una situacin de potencial vulnerabilidad para nuestros pases, en la medida en que los flujos econmicos afectan principalmente a los mercados laborales. De ah la necesidad de establecer mecanismos de proteccin para los sectores laborales afectados por los procesos de globalizacin econmica.

Asimismo, los Estados partes que han suscrito estos Convenios, tienen la obligacin de (3) realizar las medidas necesarias para promover y hacer efectivo el respeto y cumplimiento de los derechos humanos. Toda vez que el derecho a trabajar comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido, los Estados partes debern tomar las medidas adecuadas para garantizar este derecho, en lo fundamental, el establecimiento de una remuneracin adecuada que permita un nivel de vida digno para el trabajador y su familia, en condiciones laborales que garanticen la integridad fsica y moral del trabajador (Texier: 2004).

De igual forma, en tanto los derechos humanos se fundamentan en su indivisibilidad, integralidad e interdependencia, los Estados debern dirigir los objetivos de sus polticas pblicas a satisfacer cada uno de los derechos humanos. En tal sentido, la promocin del empleo decente requiere de una clara voluntad poltica del Estado para cumplir con los compromisos adoptados en el marco del sistema internacional, en especial, los convenios fundamentales y prioritarios de la OIT, as como el diseo e implementacin de un Plan Nacional de Empleo orientado a promover las condiciones necesarias para el acceso mayoritario al trabajo decente.

El disfrute de los servicios pblicos de salud, educacin, alimentacin adecuada, en tanto derechos econmicos y sociales directamente relacionados con el derecho al trabajo (y los derechos vinculados con el empleo decente), forman parte de un ncleo duro de derechos indispensables para fortalecer la dignidad y la autoestima de las personas (Sandoval:2001). Los Estados partes debern poner en el centro de sus polticas nacionales la problemtica del empleo (Texier:2004), y a travs de sta, forzar una mejor distribucin del ingreso nacional para la realizacin del conjunto de los derechos humanos, sin distinciones ni menoscabo de su realizacin normativa interna.

Obviando las obligaciones asumidas por el Estado peruano en materia de derechos humanos, el modelo econmico que implementa el actual rgimen, siguiendo las lneas matrices de las reformas neoliberales (equilibrio macroeconmico, pago puntual de la deuda y proteccin a la rentabilidad del capital), presenta un conjunto de limitaciones para expandir el empleo formal, mejorar la calidad de vida y elevar los ingresos laborales. En este contexto, sectores claves dentro del gobierno, vinculados con el Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) y el equipo negociador del TLC con los Estados Unidos, con el apoyo de algunos gremios empresariales, buscan forzar una reforma flexibilizadora que apunta a incrementar la productividad y la competitividad reduciendo beneficios sociales y laborales, a pesar que una medida como la propuesta implicara una notoria merma en la realizacin de los derechos fundamentales de los trabajadores.

GRAFICO 3: PIB PER CAPITA Y NUMERO DE HUELGAS:1967-2001

6 La aplicacin de las reformas laborales de corte liberal, en el marco del rgimen autoritario fujimorista, fueron acompaadas por una sucesin de despidos masivos en el sector pblico (en el marco de los procesos de reforma del Estado y privatizacin de las empresas pblicas) y en el privado (como efecto de las estrategias de reconversin productiva de las empresas). Entre los principales afectados por los ceses colectivos estuvieron los dirigentes y trabajadores sindicalizados.

7 Una compilacin con diversos puntos de vista sobre las negociaciones del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, se puede encontrar en Farlie (2004). El captulo VI recoge la discusin sobre el impacto laboral del TLC.

8 Los que sustentan esta posicin se amparan en el numeral 5 de la Declaracin de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (OIT, 1998), que seala que Las normas de trabajo no deberan utilizarse con fines comerciales proteccionistas y que nada en la presente declaracin y su seguimiento podr invocarse ni utilizarse de otro modo con dichos fines; adems, no debera en modo alguno ponerse en cuestin la ventaja comparativa de cualquier pas sobre la base de la presente Declaracin y su seguimiento.

9 Este tema fue ampliamente discutido en el Taller Nacional Tripartito Integracin regional, libre comercio y derechos laborales, organizado por la Oficina Regional para Amrica Latina y El Caribe de la OIT, los das 8 y 9 de noviembre del 2004. Una de las conclusiones a la que llegaron los participantes seala que: Los derechos fundamentales en el trabajo tienen la categora de derechos humanos y como tal forman parte del ordenamiento jurdico de los pases, por la firma de los diferentes tratados, declaraciones y convenios. En este sentido, es importante contar con un enfoque transversal en las polticas pblicas y acciones prcticas. El enfoque, por otro lado, debe trascender el aspecto jurdico o el de las actividades de las entidades pblicas para incorporarse en los programas educativos en el mbito nacional y con carcter general, de tal forma que los derechos fundamentales sean conocidos por toda la poblacin e identificados con anticipacin a la incorporacin a un puesto de trabajo.

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3. Los cambios en la poltica laboral son insuficientes

Al margen de los cambios realizados en materia legislativa (se levantaron 14 de las 16 observaciones planteadas por los rganos de control de la OIT)12, las medidas adoptadas por el actual gobierno para mejorar los estndares nacionales de empleo han sido claramente insuficientes y, en algunos casos, muestran tendencias regresivas. En sus dos primeros aos de gobierno (2001-2003) se crearon 109 mil puestos de trabajo en Lima Metropolitana (+3,1% del total de empleos), tasa irrisoria an si se mantiene constante si consideramos que al ao ms de 200 mil jvenes pasan a engrosar las cifras del mercado laboral activo. Este lento crecimiento se refleja en la evolucin de la tasa de subempleo invisible (ingresos por debajo de la canasta bsica familiar13) que creci de 35,2% en el 2002 (trimestre abril-junio), hasta 39,3% en el mismo perodo del 2003 (Yamada 2003), a pesar de que por esos mismos aos la economa registr un importante crecimiento (4% y 5,4% entre 2003 y 2004).

La contradiccin del modelo se hace ms evidente si comparamos la evolucin que han seguido los ndices de rentabilidad empresarial y los ingresos laborales durante el perodo analizado. Campodnico (2004) llama la atencin sobre el importante crecimiento de 48% registrado por la Bolsa de Valores de Lima en el 2004 (el segundo crecimiento ms alto en Latinoamrica), y el mismo que empata con el 9,6% de rentabilidad que alcanzaron las primeras mil empresas del medio (superior al 8,1% y 8,2% registrados en los aos anteriores). En contraste, el salario mnimo vital creci un tmido 5,6% entre marzo del 2002 y noviembre del 2004, mientras que los sueldos y salarios reales lo hicieron en sendos 2,1% y 2,3% en el mismo perodo. Ante este escenario, no debe sorprendernos por qu alrededor del 70% de la poblacin limea encuentra que la situacin del empleo ha empeorado en los ltimos aos (Encuestas de APOYO).

Este pobre crecimiento tiene entre sus causas principales la falta de voluntad poltica del rgimen para encarar directamente el problema del empleo. La poltica econmica no estuvo dirigida a fortalecer aquellos sectores productivos cuya demanda de mano de obra contribuira a reducir la presin existente sobre el mercado laboral14. El carcter primario exportador del modelo econmico neoliberal, basado en la explotacin de los recursos naturales (minera y pesca), orientado a promover sectores con poco valor agregado, contribuye mnimamente a expandir el empleo decente, mientras que el famoso boom de la exportaciones no tradicionales (agroindustria y textiles) se concentra en zonas especficas del pas (Costa urbana), acentuando las desigualdades geogrficas en el acceso al empleo entre la Costa, Sierra y Selva y la ciudad-campo. Esta situacin alienta procesos migratorios que se extienden ms all de las fronteras nacionales15, lo cual no impide que los ndices de desempleo abierto puedan escapar del sempiterno10% de la PEA.

La irrisoria partida asignada al Ministerio del Trabajo y Promocin del Empleo (el 1% del Presupuesto General de la Repblica) para el ao 2005, evidencia claramente que las prioridades del actual gobierno no pasan por el problema del empleo. La lnea seguida por Pedro Pablo Kuczynski en la direccin del MEF muestra la voluntad del gobierno por mantener la ingeniera macroeconmica del fujimorismo, actuando de manera corporativa con agentes privados locales y transnacionales interesados en retomar el proceso de privatizaciones, mantener la estructura tributaria de los 90 y, recientemente, profundizar las reformas flexibilizadoras de la normativa laboral. Con relacin a este ltimo aspecto, el Ministro de Trabajo Javier Neves fue claro en sealar lo perjudicial de la propuesta presentada por el MEF y el Comit Textil de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), argumentando que su aplicacin acentuara los efectos perversos que implic la flexibilizacin normativa en la realizacin de los derechos fundamentales en el trabajo.

De otro lado, si bien la generacin de empleo como poltica de Estado exige la implementacin de polticas econmicas y sociales integradas y coherentes, y que adems involucre a un conjunto de instancias y rganos del gobierno vinculados a los sectores productivos (v.g. el MEF, MINCETUR y el Ministerio de la Produccin, adems del sector educativo, salud y agricultura, entre otros), en los ltimos aos, la responsabilidad de disear, coordinar e implementar la polticas pblicas de empleo ha recado fundamentalmente en el MTPE16. Durante el perodo peruposibilista, este ministerio se plante dos grandes retos (formalizacin de la fuerza de trabajo y promover el cumplimiento de las normas laborales), los mismos que perdieron consistencia en parte al postergarse la aprobacin

de la Ley General del Trabajo, pese a estar consensuada en un 66% al interior del Consejo Nacional del Trabajo (CNT). La incapacidad mostrada para adoptar una legislacin laboral acorde con la naturaleza y exigencias de nuestro mercado laboral, evidencia la debilidad y orfandad poltica (no slo) del gobierno para impulsar polticas sociales democratizadoras, as como la resistencia de algunos sectores empresariales para concertar mejores condiciones de empleo que favorezcan la productividad y competitividad de las empresas y garanticen principalmente el cumplimiento de los derechos humanos en el centro de labores.

3.1. Promocin de las MYPE

La gestin del ministro Fernando Villarn (2001-2003) puso especial nfasis en fortalecer a las micro y pequeas empresas (MYPES), en la lgica de que este proceso promovera la formalizacin de la fuerza de trabajo empleada en estos sectores.

Para Villarn y su equipo tcnico, el problema del empleo radicaba en el amplio contingente de trabajadores informales (principalmente en PYME17) que se encuentran al margen de la seguridad social (dos tercios de la PEA en Lima), o estn que impedidos de ejercer sus derechos laborales. Desde su perspectiva, el MTPE, al centrarse exclusivamente a atender la problemtica del segmento asalariado de la PEA, incida poco o nada en las condiciones de empleo de un porcentaje importante de la PEA (80%), empleada o auto-empleada en condiciones de precariedad y bajos ingresos.

Para afrontar este problema se llev a cabo un proceso de reestructuracin orgnica del MTPE (reemplazando el Viceministerio de Promocin Social por el de Promocin de las PYME), e impuls la aprobacin de la Ley de Promocin y Formalizacin de la MYPE (Ley N 28015); que en trminos de la viceministra de la poca, represent el principal logro de la gestin Villarn (Vildoso 2004).

A pesar de su naturaleza temporal (vigente hasta el ao 2008), la aprobacin del rgimen especial para las PYME fue cuestionado por las centrales sindicales y diversos especialistas en la materia. Se denunci el carcter regresivo y flexibilizador de la ley, al establecer mecanismos de discriminacin en el disfrute de los derechos laborales de los trabajadores, algunos de ellos relacionados directamente con el trabajo decente18. Para los promotores del rgimen PYME, la disyuntiva que marcaba la problemtica del empleo oscilaba entre el mantenimiento del statu quo de desproteccin para los trabajadores de la microempresa para no mover el piso en trminos laborales, o buscar una frmula para ampliar el acceso a los derechos laborales atendiendo los lmites de las microempresas (Vildoso 2004:49). As visto el problema, la disminucin de los beneficios laborales y sociales 19 a los que (todava) accede un reducido sector de trabajadores peruanos, apareca como el medio adecuado para aumentar la rentabilidad del capital y garantizar el mayor acceso a los derechos laborales (Vildoso 2004:24).

A un ao de aprobada la ley, el nmero de microempresas formalizadas no super las 1,300, cifra que no cumple con las expectativas previstas, pues representa tan slo el 0,26% del medio milln de unidades productivas que operan en la informalidad. Al respecto se alega falta de informacin y la poca difusin de la nueva normativa, a lo que habra que sumar el factor sociolgico de una cultura laboral y empresarial poco afn a respetar la institucionalidad laboral. Por lo dems, la promocin de las PYME y la formalizacin de la fuerza de trabajo depende de un conjunto de factores interdependientes y complementarios (inversin en tecnologa, capacitacin, acceso al crdito, etc.), va ms all de una reforma que flexibilice an ms la normativa laboral vigente (Ver Cuadro 1)

10 En el caso norteamericano, es evidente que la inclusin de clusulas laborales tiene por objeto combatir y neutralizar el dumping social con el que compiten muchos pases en desarrollo, y frente al cual se han desplegado desde medidas gubernamentales, hasta procesos de auditora y certificacin social impulsados por las propias empresas ante la presin de sus principales stakeholders (consumidores, sindicatos, accionistas...) u otros actores de la sociedad civil organizada.

11 Entre los principales instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Per, que recogen el derecho al trabajo y otros principios relacionados con el trabajo, se encuentran la Carta Universal de las Naciones Unidas (1945), la Declaracin Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Polticos y el PIDESC (ambos vigentes desde 1976), la Convencin Americana sobre Derechos Humanos. (1969) y el Protocolo de San Salvador (1988), la Declaracin de Principios y Derechos Fundamentales (1998) y todos los Convenios Fundamentales y Prioritarios de la OIT.

12 Situacin jurdica de los Convenios Fundamentales en el Trabajo en el Per (junio 2004). Pgina Web Ministerio del Trabajo y Promocin del Empleo.

13 De acuerdo al MTPE, la lnea de subempleo por ingresos en el ao 2002 fue de S/. 382.00 a precios de 1994, monto equivalente a unos S/. 607.00 del 2004 (lvarez Rodrich 2004).

14 Mientras que los sueldos (que remuneran el trabajo de empleados) se encuentran por encima del nivel de 1994 (8% en el ao 2002), los salarios (remuneracin de obreros) se ubican 12.4% por debajo del nivel que tenan en 1994. Slo en Lima Metropolitana (que concentra el 45% de la actividad econmica del pas y el 70% de la actividad industrial), el crecimiento de la PEA total entre 1990 y el 2002 fue de 44.7%, mientras que la proporcin de desocupados dentro de la PEA creci en 65.4%.

15 Se estima en dos millones el nmero de peruanos que viven en el exterior. Mujica (2004).

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Cuadro N 1Indicadores del Sector Empresarial Peruano: el caso de las Micro, Pequeas y Medianas Empresas (PYME).

Descripcin Porcentajes DetallePYME 98,6% 3500.000 unidades

Micro empresas (1) 91,7% 467.000 en la formalidad

Pequea empresa (2) 6,9% 35.075 en la formalidad

Mediana y gran empresa (3) 1,4% 509.424 en la formalidad

Aporte a la PEA de las MYPES 83% Entre el 2002 y el 2004 este porcentaje aument en 22%.

Aporte al PIB 52% PYME del sector manufactura, servicios, comercio, agricultura, otros.

Participacin en exportaciones 1,76% En promedio US$ 133 millones (4)

Tienen acceso al crdito 15% Falta de garantas reales para el solicitante

Costo promedio del crdito 78% en soles y 30% en dlares.

Acceso a la informacin sobre comercio exterior

6,5%

Acceso a capacitacin para comercio exterior

2.7%

Evolucin de la informalidad 2000-2004

2000 58%2001 60%2002 64%2003 70%2004 80%

(1) Empresas familiares con 10 o menos trabajadores.(2) Empresas con 11 a 40 trabajadores.(3) Empresas con 41 a ms trabajadores.(4) Cifra para el ao 2002. Fuente MTPE.Fuente: CONPYMEP

En este contexto, el reciente debate sobre la reforma laboral tendra por objeto instaurar una nueva formalidad ms cercana a los estndares de la informalidad (igual subempleo), que a los del trabajo decente (Javier Iguiiz 2004). La amenaza de las exportaciones chinas como argumento para justificar la flexibilizacin laboral, pierde consistencia si consideramos que desde hace dcadas la produccin china representa un factor de distorsin del valor del trabajo en la mayora de mercados del mundo, influyendo hoy en el valor del trabajo en nuestro pas. En el plano interno, la adopcin de polticas de ajuste del mercado laboral, va la reduccin de los salarios, como se dio en los aos 80, o la desregulacin normativa durante los 90, resultaron insuficientes para incorporar a la mayor cantidad de peruanos a la formalidad, logrando, por el contrario, mantener el empleo informal con los mayores ndices de crecimiento registrados en las ltimas dcadas20.

3.2. Las buenas prcticas laborales y el trabajo decente

Durante la gestin del Ministro Javier Neves (2004-2005) en el MTPE, se llevaron a cabo una serie de iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones de empleo en el pas. La primera est vinculada con los cambios realizados en la normativa sobre inspecciones de trabajo y la adecuacin legislativa a las observaciones y recomendaciones realizadas por los rganos de control de la OIT a la reforma laboral de los 90. A pesar de habrselo propuesto como meta prioritaria para su periodo, la aprobacin de la Ley General del Trabajo qued trunca por varios factores; en lo fundamental, por la falta de voluntad de un sector del empresariado local que exhortaba al gobierno para no

introducir cambios en la legislacin laboral hasta que se haya concretado la firma del TLC con los Estados Unidos (salvo que estuvieran dirigidos a flexibilizar el rgimen vigente).

A pesar de su orientacin institucionalista, el apoyo brindado por la gestin Neves al proceso de reforma constitucional dirigida a cerrar el rgimen previsional de la Ley N 20530 (Ley de los Servidores Pblicos del Estado), provoc la ruptura del dique de contencin que garantizaba el ejercicio y disfrute de los derechos previsionales consagrados en la Constitucin Poltica, instituyndose el principio de los hechos cumplidos en reemplazo del de derechos adquiridos. Con la modificacin de los Artculos N 11 y N 103, y de la Primera Disposicin Transitoria y Final, tanto el concepto como la propia realizacin de los derechos contenidos en la Constitucin son susceptibles de revisin y eventualmente podran ser vulnerados, incluidos los laborales21.

En un sentido contrario, el MTPE realiz un conjunto de modificaciones legislativas para potenciar el sistema de inspecciones de trabajo, afirmando la autoridad de los inspectores y brindndole nuevas facultades en el ejercicio de sus funciones. En el marco de esta poltica se estableci un convenio con la Superintendencia de Administracin Tributaria (SUNAT) para acceder a la base de datos de los contribuyentes y realizar de acciones de inspeccin conjuntas. La modificacin contemplaba, a su vez, un sistema de penalidades ms drsticas que el rgimen anterior, con el que insta a las empresas a cumplir con las disposiciones legales en los plazos previstos.

En la actualidad el MTPE cuenta con slo 200 inspectores para cerca de un milln 400 mil asalariados. Segn investigaciones recientes del MTPE, las limitaciones en los sistemas de fiscalizacin permiten el abuso reiterado de contratos civiles para encubrir relaciones laborales asalariadas; el empleo de un alto porcentaje de trabajadores no registrados en planilla; el incumplimiento generalizado del pago de la Compensacin por Tiempo de Servicios, del seguro social y las gratificaciones, entre otros mecanismos de evasin y encubrimiento laboral. A pesar que el primer semestre del 2004 se registraron 1.638 multas a empresas por incumplir la normativa laboral, es muy probable que esta estimacin esconda cifras mayores de incumplimientos considerando la insuficiencia de las inspecciones de trabajo.

La estrategia adoptada por Neves durante su gestin se bas en tres pilares: a) la difusin de la normativa laboral y de toda la informacin administrativa del sector; b) la potenciacin del sistema fiscalizador o inspectivo del Ministerio; y c) el diseo e implementacin de un Programa de Fomento de las Buenas Prcticas Empresariales y Laborales22. Con respecto a este Programa, el proyecto del MTPE se plante como objetivo impulsar la creacin de una cultura de cumplimiento de los derechos laborales a travs de la capacitacin y promocin de las empresas que respetaran la institucionalidad vigente, o que lograsen certificar sus prcticas laborales a travs de auditoras independientes. Este proyecto buscaba promover un comportamiento empresarial acorde con los estndares internacionales referidos al trabajo decente, y para ello estableca un conjunto de incentivos de tipo administrativo, publicitario y eventualmente tributario, que incentivase en las empresas el inters por posicionarse en los mercados internos y externos como empresas socialmente responsables (Ver Cuadro N 2).

16 Durante el ao 2004 el Ministerio de la Produccin, a cargo del entonces ministro Alfonso Velsquez, implement el Programa Hecho en el Per, con el cual se busc impulsar el consumo de productos elaborados en nuestro pas y con ello, promover la generacin de empleo. Un anlisis de las limitaciones de esta campaa se puede encontrar en Fernndez-Maldonado (2004).

17 En torno a las PYME, Carmela Vildoso plantea la siguiente precisin: El enfoque de las MYPE desde el mercado de trabajo evidencia lo inconveniente de concebirlas como una amalgama que incluye tanto a las empresas como a los trabajadores por cuenta propia, o de equipararlas con el llamado sector informal. En estos casos se dice que las MYPE abarcan tres cuartas partes de la PEA. Sin embargo, los trabajadores independientes, que son la mitad de la PEA, no forman parte del mercado de trabajo. Venden sus bienes o servicios, no su fuerza de trabajo (sic). Esta visin, por su excesiva generalidad, resulta intil para la definicin de polticas (Vildoso 2004:22).

18 Esta ley abarcaba casi todos los aspectos vinculados a una relacin laboral (remuneraciones, jornada y horario de trabajo, sobre tiempo u horas extras, descanso vacacional, por das feriados, despido injustificado, seguridad social y pensiones), fijando un estndar adicional a los regmenes ya existentes, como la Ley de Fomento del Empleo (Decreto Legislativo N 728 y D.S. N 003-97-TR) y la normativa especial para el sector agroindustrial (Ley N 27360).

19 En efecto, si nos atenemos a los estndares establecidos en la Ley MYPE, encontramos que hay una reduccin sustancial del tiempo asignado para las vacaciones anuales (una semana, antes un mes); la eliminacin del pago de una sobretasa por trabajo extra o nocturno (antes de 35%); la reduccin del monto por indemnizacin por despido arbitrario (15 remuneraciones diarias por ao laborado; antes sueldo y medio por ao); la ampliacin del margen de contratacin de hasta el 50% del personal bajo modalidades formativas; y el condicionamiento del pago de la CTS o las gratificaciones a la negociacin y acuerdo entre las partes.

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Cuadro N 2

Plan Nacional de Fomento del Trabajo Decente y la Competitividad Empresarial Cuadro de Beneficiarios, Requisitos e Incentivos a las Empresas comprendidas

Niveles de cumplimiento

Empresas beneficiadas

Requisitos Incentivo

Primer Nivel PYME Cumplimiento de la legislacin laboral vigente

Puntaje adicional en las licitaciones pblicas del Estado.Acceso a los programas de adecuacin y capacitacin del MTPE.

Segundo Nivel PYMEGrandes y medianas empresas

Cumplimiento de la legislacin laboral vigenteImplementacin de polticas proactivas para incrementar los estndares laborales

Puntaje adicional en las licitaciones pblicas del Estado.Acceso a los programas de adecuacin y capacitacin del MTPE.Ventanilla especial para los trmites administrativos en el MTPE.

Tercer Nivel Grandes y medianas empresas

Cumplimiento de la legislacin laboral vigente.Implementacin de polticas proactivas para incrementar los estndares laborales.Certificacin con la Norma SA 8000.

Puntaje adicional en las licitaciones pblicas del Estado.Acceso a los programas de adecuacin y capacitacin del MTPE.Ventanilla especial para los trmites administrativos en el MTPE.Disposicin de un logo y certificado de buenas prctica laborales.Promocin en ferias internacionales y en los consulados del Per en el exterior.

Elaboracin del autor.

La elaboracin del proyecto estuvo a cargo de una comisin tcnica compuesta por especialistas del MTPE y profesionales miembros de ONG, quienes se encargaron de disear un programa denominado Proyecto de Fomento del Trabajo Decente y la Competitividad Empresarial23, el mismo que es discutido en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT)24 para su eventual perfeccionamiento y aprobacin.

Una de las prioridades para el ministerio de Neves fue el potenciamiento de los programas de formacin y capacitacin laboral y empresarial. Recientemente anunci que su Sector destinar aproximadamente el 80% del total de su Presupuesto para el ao 2005 a impulsar tres de los programas sociales ms importantes de su portafolio: Programa de Capacitacin Laboral Juvenil ProJoven (11,36%), Comisin de Promocin de la Micro y Pequea Empresa-Prompyme (2,6%), y el Programa de Emergencia Social Productivo A Trabajar Urbano (65,72%).

4. TLC y promocin del Empleo Decente: definiendo el camino adecuado

En nuestro pas, el debate sobre el TLC est signado por la firme decisin del gobierno y sus aliados exportadores por aprobarlo s o s antes del trmino de su mandato. El argumento esgrimido es la oportunidad histrica que significa el TLC para el pas, pues permitira desarrollar el mercado laboral interno por efecto del incremento de las exportaciones y de la inversin directa extranjera.

En contraste, importantes sectores sociales, laborales y productivos del pas consideran que la firma incondicional del acuerdo, en los trminos en que se viene negociando, afectaran directamente sus intereses, y pondran en riesgo el crecimiento de la industria nacional, el desarrollo sostenible de nuestros recursos y nuestra soberana interna.

Sobre el TLC y las posibilidades que abre para la economa y el bienestar social pesan serios cuestionamientos. Bsicamente, porque su implementacin pondra en cuestin la realizacin de derechos econmicos, sociales y culturales (al incluir temas como el acceso a medicamentos genricos; la propiedad intelectual sobre los conocimientos tradicionales y la biodiversidad; entre otros), necesarios para garantizar un nivel de vida adecuado para los peruanos y peruanas. A estos aspectos se suman otros directamente vinculados con la generacin de empleo, como es el impacto de las importaciones en determinadas ramas de la agricultura e industria local; o la participacin de empresas estadounidenses en las licitaciones pblicas del Estado, al eliminar las preferencias que ostentan las PYME locales en las compras gubernamentales.

De acuerdo a un estudio presentado por el MTPE, referido al potencial impacto del TLC en la economa interna, se precisa que: a) el efecto directo sobre el empleo, al incrementarse las exportaciones, ascendera a un total de 32.552 nuevos puestos de trabajo siempre y cuando los sectores primarios respondan y constituyan encadenamientos productivos internos- ; b) si se consideran los efectos indirectos de las exportaciones, tal suma se incrementa a 85.467 empleos nuevos. Sin embargo, c) esta cantidad se reduce si contemplamos el impacto directo e indirecto de las importaciones sobre la industria local, lo que implicara 67.319 puestos de trabajo menos. Por consiguiente, una primera aproximacin al potencial impacto del TLC con Estados Unidos, sera d) la generacin de 18,148 puestos de trabajo (Seminario y Molina 2004).

De acuerdo a estas estimaciones, entre los sectores que obtendran mayores beneficios con la firma del TLC, y que a su vez aumentaran la demanda de mano de obra, se encuentran los agroexportadores (lo cual no implica que ciertos subsectores se pueden ver perjudicados, en su mayora productores agrcolas), la minera, los fabricantes de textiles y confecciones, el comercio y servicios. Quienes se veran perjudicados por la direccin del flujo comercial seran los sectores vinculados a la produccin de qumicos, farmacuticos, sector manufacturero y maquinaria.

Llama la atencin que sean los sectores con mayores probabilidades de aprovechar las ventajas del TLC, los que demanden con mayor ahnco una reforma laboral flexibilizadora. Su postura se sostiene en la relacin teleolgica que existira entre la adopcin de normas laborales flexibles, que apuntan a abaratar el costo de la mano de obra (recortando el perodo vacacional, reduciendo el costo de despido, etc.) y el incremento de la productividad laboral. Caso contrario, nuestras exportaciones perderan competitividad y correramos el riesgo de no aprovechar un mercado importante como el norteamericano.

Esta posicin, contraria a una poltica econmica y laboral que tenga por fin preservar los intereses del pas, basada en la inversin productiva y el fortalecimiento del mercado interno como base para enfrentar el comercio global, merece un conjunto de consideraciones que conviene tomar en cuenta para definir una posicin poltica frente al TLC.

En primer lugar, cabe precisar que no existen razones para suponer que una reduccin de los derechos (planteados por sus detractores como privilegios) laborales, conlleve un incremento en la productividad del trabajador; como s ha quedado demostrado su crecimiento cuando se ha invertido en programas de capacitacin, entrenamiento y formacin laboral25. Lo que lograra una medida como sta sera una mayor rentabilidad en el corto plazo (al reducir la inversin destinada al factor trabajo e incrementar las utilidades), que no es lo mismo que una mayor productividad o competitividad empresarial en el mediano o largo plazo. Por el contrario, el incremento de los dividendos por efecto

20 El empleo informal que era 57% en 1990, pas a explicar el 62% de la PEA en el 2002. Entre 1997 y el 2002 el subempleo pas de 27,5% a 31,2% de la PEA, lo cual implica que un tercio de los trabajadores capitalinos desempea sus labores en condiciones por debajo de lo que estipula la ley. El subempleo invisible representa el 70% del total de la PEA en el 2001; siendo los jvenes y las mujeres (y los que cuentan con educacin primaria, 60,9%), los segmentos de poblacin con mayor presencia en este subsector. (lvarez Rodrich 2004).

21 Al respecto ver en este Informe el punto 2.6 sobre el Derecho a la Seguridad Social.

22 Pgina Web. MTPE. http://www.mintra.gob.pe/

23 El Artculo 5 de la Ley N 27711, Ley del MTPE, atribuye al Viceministerio de Promocin del Empleo y MYPES la labor de promover normas y estndares de RSE, as como el desarrollo de ventajas competitivas basadas en la difusin y certificacin independiente de las mismas.

24 El CNT es un foro de estructura tripartita (compuesto por funcionarios pblicos, representantes de los gremios empresariales y de los laborales, asistido por una comisin tcnica que incluye a especialistas en la materia), que se cre durante el gobierno de transicin democrtica de Valentn Paniagua (2000-2001) para la discusin y elaboracin de polticas pblicas a travs del dilogo y la concertacin social.

25 Un ejemplo de empresas peruanas que entienden la productividad laboral como un efecto de mejores condiciones de trabajo y la inversin en capacitacin, se puede encontrar en Fernndez-Maldonado & Bedoya (2004).

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del ajuste salarial o del recorte de beneficios sociales sera tan frgil y estara expuesto a efectos colaterales (desgano, corrupcin, conflictividad social), que pondra en peligro la propia viabilidad de la empresa a futuro.

En segundo lugar, abordando el problema del empleo desde una perspectiva integral, la firma del TLC con los Estados Unidos no garantiza un impacto relevante sobre la dramtica situacin laboral del pas. Por el contrario, puede obstaculizar los esfuerzos que realicen futuros gobiernos para hacer efectivo el derecho al trabajo. En lo fundamental, porque restringe la capacidad del Estado para implementar polticas pblicas dirigidas a potenciar o proteger aquellos sectores que por su naturaleza, favorecen el incremento del empleo y la dinamizacin de los mercados internos.

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Las MIPYME del Per: balance y perspectivas con el TLC

Rmulo Fernndez Medina

En nuestro pas, la pequea empresa es reconocida como tal desde el ao 1976, y experimenta un crecimiento importante durante los aos 90, alimentado por los despidos masivos de trabajadores tanto estatales como privados, en un contexto de apertura, libre comercio y desregulacin laboral.

Asimismo, el cierre de importantes ramas de la industria nacional produce una abrupta expansin del sector informal. Este escenario dio lugar a que muchos polticos impulsaran, con fines electoreros, la formacin de un gremio nacional de PYME, anunciando la puesta en marcha de varios proyectos para crear fondos rotatorios y otros ofrecimientos incumplidos hasta hoy.

El ao 2003 se aprob la Ley N 28015, Ley de Promocin y Formalizacin MYPE, promovida por el entonces ministro Fernando Villarn. A dos aos de su promulgacin cabe preguntamos, cunto ha contribuido a formalizar y desarrollar las MIPYME?

Para comenzar, esta ley se aprob en un contexto laboral en el que el sector informal creci en 22% entre el ao 2000 y el 2004. Frente a este escenario, el establecimiento de una normativa especial para las MYPES muestra magros resultados, pues slo 1300 MYPE el 0,26% del total de unidades productivas del pas pasaron a la formalidad y se acogieron al nuevo rgimen laboral.

Ante esta situacin, los gremios agrupados en torno a la MIPYME, conjuntamente con dirigentes, gremios e instituciones de 20 regiones, nos hemos reunidos para analizar la herencia del rgimen fujimorista (gastaron USD $ 1700 millones en sus ltimos aos de gobierno) y las polticas adoptadas por el actual gobierno, a fin de dar cuenta de los malos manejos que se han venido realizando tanto en la administracin de los recursos de Prompyme, como de los fondos provenientes de la cooperacin internacional.

Cmo est la economa de las MIPYME?La mayora de las MIPYME son negocios de sobrevivencia, por lo que tienen que afrontar las serias dificultades para competir en mercados competitivos. Entre las razones que explican estas dificultades se encuentra la ausencia de reglas de juego claras; las normas antitcnicas como el ITF, la detraccin del Sistema de IGV, percepciones; el acceso al crdito y los altos intereses (5 al 7% mensual), etc. En suma, no existe una poltica de Estado clara, que apunte al desarrollo del sector, y facilite el acceso a tecnologa de punta (la maquinaria utilizada tiene una antigedad de entre diez y 40 aos); que implemente programas de capacitacin y asistencia tcnica especializada para los pequeos y micro productores.

El Empleo ProductivoLas MIPYMES generan el 83% del empleo, el mismo que en su mayora se desarrolla en el mbito familiar. Las unidades con 10 o menos trabajadores son denominadas Micro Empresas y representan el 91% de las unidades productivas del pas. Por lo general, estos trabajadores no cuentan con contratos laborales, por lo que no acceden a derechos laborales como vacaciones pagadas, seguro de salud, CTS, horas extras, entre otros beneficios sociales, pues se asume este empleo como una actividad domstica que contribuye a la subsistencia familiar. Esta situacin se origina en el bajo nivel de productividad de estas unidades productivas. Nuestro Balance 2004

Este ao hemos sealado los estragos que produce la corrupcin en el sector. Denunciamos las maas de COMPYMEP en las licitaciones pblicas y compras gubernamentales; especficamente el caso del Decreto de Urgencia N 042, referido a la compra de uniformes y calzados para la Polica Nacional. Estamos en contra de la impunidad con que acta el contrabando en nuestro pas, y las denuncias a PROMPYME por el mal uso de los recursos del Estado destinados a fomentar el sector MYPE.

El sector est conformado por 110 gremios y 82 mil asociados en veinte regiones. Se han realizado misiones comerciales a once pases de la regin y del mundo, para identificar oportunidades de negocios, canalizar tecnologa de punta y ampliar los mercados de exportacin. Hemos desarrollado nueve asambleas de lderes y dirigentes a nivel nacional, como tambin el II Encuentro de Lderes y Dirigentes en el que participaron de 16 regiones.

En lo que se refiere a negocios estratgicos, los socios de COMPYMEP han acordado compromisos de exportacin a EE.UU., Ecuador, Venezuela y Bolivia, al tiempo que se concreta la compra de inmuebles por ms de US$ 5 millones en Lima, Arequipa y Cusco.

Se ha construido y presentado nuestra posicin referida al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Al respecto, nuestra posicin es que el TLC slo beneficiar al 7% de las empresas peruanas y afectar a ms del 91% de las MIPYMES y sus trabajadores. Esta situacin se agrava ms an ante la ausencia de una Agenda Interna y polticas de Estado que garanticen la competitividad de estos sectores.

El TLC sin agenda interna incrementa las amenazas y reduce las oportunidades

Entre los puntos de nuestra propuesta se encuentra lo referido a los proyectos de competitividad,

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productividad, mercados, parques industriales, cadenas productiva, clusters, consorcios, certificacin de calidad, financiamiento, programas de promocin y fortalecimiento institucional, uso de tecnologas, produccin limpia, entre otros.

Sin embargo, un tema fundamental es el del financiamiento. A diferencia de las PYME de los Estados Unidos, en donde stas paga un inters anual del 5%, en nuestro pas las PYME deben pagar una tasa que oscila entre el 5% y el 7% mensual, con lo cual hace prcticamente imposible el acceso al crdito y la dinamizacin del sector.

Otro tema a considerar es el consular. Mientras que un ciudadano americano puede ingresar al Per cuando lo crea conveniente, un peruano tiene que gestionar su visa con un promedio de 60 das de espera, a lo que se suma el pago por derecho a una entrevista con los funcionarios del consulado, sin la seguridad de aprobar los requisitos para acceder a la visa. En el plano del comercio, la particularidad del sistema federativo norteamericano condiciona a los gobiernos de cada uno de los Estados decidir si autoriza o no el ingreso de productos peruanos para competir en las compras gubernamentales. Por el contrario, en nuestro pas los productos provenientes de cualquiera parte de los EE.UU. podrn participar hasta en un 40% de las licitaciones pblicas sin mayores condicionalidades.

Ante esta situacin hemos solicitado que el equipo del MINCETUR encargado de las negociaciones, informen y expongan los beneficios y desventajas que implica el TLC para las PYME, aclaraciones que nunca han hecho llegar. Estos desplantes nos obligaron a retiramos de la IV Ronda de Negociaciones llevada a cabo en Guayaquil, Ecuador, en octubre del 2004, y a presentar las siguientes exigencias: 1) contar con una ley marco para las negociaciones internacionales; 2) presentar una Agenda Interna para fortalecer el sector; 3) formar un consejo consultivo para los TLC con la participacin de los colegios profesionales, universidades, gremios empresariales, MIPYME, Iglesia, sector agrario, laboral y otros, con la ms amplia participacin de las regiones.

Hemos instalado el Consejo Consultivo Pblico y Privado integrado por 25 instituciones de prestigio con quienes se ha desarrollado la primera parte de la prospectiva MIPYMES Per, en pos de construir el Plan Estratgico a ejecutarse en los prximos 20 aos

Se ha efectuado el anlisis de las normas tributarias antitcnicas referidas al Sistema de Detraccin del IGV y Percepciones (Decreto Legislativo 940), para lo cual se ha puesto en marcha una campaa nacional de recoleccin de firmas, las mismas que sustentarn nuestra solicitud de derogacin de la norma en cuestin.

Hemos presentado al Poder Ejecutivo y Legislativo nuestra propuesta referida a la fusin del Viceministerio de PROMPYME, Consejo de la Competitividad y otras PYME, en la medida en que permitira racionalizar y aprovechar de mejor manera el gasto pblico, evitara la duplicidad de esfuerzos. Veamos algunos indicadores: A la fecha no existe un Plan que apunte a fortalecer el desarrollo del Sector MIPYMES, por parte de las entidades

estatales antes mencionadas. Las compras estatales han beneficiado a menos de un 15% de las MYPE (la ley establece una cuota ascendente al

40%). Los reportes presentados por el Ministro de Trabajo, que sealan que las compras del Estado a las MYPE, durante el 2004, representaron el 38%, carece de mayor sustento.

Abogamos por la defensa del derecho al trabajoLa Federacin de Lima y Callao del Comercio Ambulatorio ha presentado al Ministerio de Vivienda el Proyecto Mi Tienda Propia y el programa de salud MIPYME, dirigido a mejorar las condiciones de empleabilidad de los pequeos negocios.

Denunciamos los continuos abusos que realizan las municipalidades contra los trabajadores del comercio ambulatorio, quienes en el afn de llevar un pan a su casa, se arriesgan hasta la vida y soportan con frecuencia maltratos de las autoridades municipales. Invocamos al Poder Judicial para que vele por el cumplimiento de los derechos humanos de los trabajadores ambulatorios; de igual forma a la Defensora del Pueblo, a instituciones por los Derechos Humanos y a la Iglesia, a que se pronuncien por la situacin de miles de trabajadores del sector ambulatorio. Formalizacin s, pero con programas que sean implementado por instancias descentralizadas, como los gobiernos municipales y regionales.

A manera de conclusin

El 2004 nos ha obligado a disear el Plan COMPYMEP 2005, el cual contempla los 12 primeros ejes temticos, basados siempre en el fortalecimientos de capacidades, impulso a negocios estratgicos, defensa al sector y la construccin de propuestas tcnicas con las que se garantice la conclusin de la construccin del Plan Estratgico MIPYMES Per (20 aos).

Los ms de 500 dirigentes que integramos los 110 gremios defenderemos al sector con firmeza, decisin y sin prebendas, presentando propuestas viables y sustentadas. Nuestro trabajo se desarrollar de manera coordinada con las centrales y comits gremiales de cada regin. Por otro lado, hemos solicitado al gobierno declare a las Mipymes tema de inters nacional y el Ao de las Mipymes, otorgue amnista tributaria a las deudas de hasta 40 UIT referidas a intereses y gastos administrativos, para el cual deber establecerse el pago del tributo adeudado; refinanciacin de las deudas a SUNAT, ESSALUD, Municipalidades, ONP, AFP y Banca Comercial aplicando el reclculo a la fecha. Que el pago de las deudas cuente con un perodo de gracia de un ao, tasas de inters LIBOR y la suspensin de todo proceso y ejecucin judicial.

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1. UNA CUESTIN PREVIA: EL AGRO Y EL LIBRE MERCADO

Uno de los temas centrales de anlisis y debate del actual escenario poltico, econmico y social del Per es, sin lugar a dudas, el proceso de negociacin entre los gobiernos de Bush y de Toledo para la fi rma del Tratado de Libre Comercio (TLC). Por su propia naturaleza y diseo, el TLC involucrar y afectar inevitablemente, al conjunto de sectores productivos que conforman la economa peruana y al comn de actores sociales, es decir, a todos los ciudadanos y ciudadanas del pas.

Desde esta perspectiva, nos parece indispensable que evaluemos con objetividad la lnea de base econmica y social, con la que la agricultura peruana entrar a este proceso, en particular la pequea produccin agropecuaria. Segn las estadsticas del CENAGRO de 1994, este sector constituye la gran mayora y representa el 84.2 % del 1750.000 productores que, aproximadamente, existe en el pas. Tambin debemos incluir en nuestra evaluacin, los 14 aos (1990-2004) en los que el Per y su agricultura, han estado enmarcados bajo los parmetros del libre mercado, fundamento medular del TLC. En ese sentido, analizaremos someramente dos aspectos que nos parecen relevantes: el perfi l del libre mercado en el Per y los impactos del neoliberalismo en la agricultura peruana.

1.1 El perfil del libre mercado en el Per y su incidencia en la agricultura peruana

Las polticas que se desarrollaron en la dcada de los aos 90 y que se siguen aplicando en el primer lustro del tercer milenio, son las que han forjado los principales rasgos del Per ofi cial y neoliberal. Las caractersticas ms destacadas de estas polticas son:

a) 1991- 1992: Las polticas de ajuste y las reformas estructurales en el agro

Son conocidas tambin como las polticas del Consenso de Washington (CW). En el Per tienen como hecho ms ilustrativo el Fujishock de agosto de l990. Como seal de los nuevos tiempos neoliberales, entre el ao de 1990 y fi nes de 1991, se eliminaron las empresas comercializadoras del Estado (ENCI y ECASA) y desaparecieron las dbiles polticas de precios de refugio y garanta que se haban mantenido hasta ese entonces. Tambin se derogaron las cuotas de importacin y en el ao de 1992, se cerr de un plumazo el Banco Agrario, dejando sin fi nanciamiento a importantes sectores de productores, sobre todo de la Costa. Asimismo, se inici el desmontaje acelerado de los aranceles, sin importar que el Estado perdiera recursos por concepto de estos impuestos. Como consecuencia, segn estadsticas de Aduanas, mientras que en 1990 el arancel promedio nacional era de 26.3 %, en el ao 2002 lleg a ser del 11%, reducindose en un 58.2% en doce aos (REBOSIO: 2004).

SOBRE EL DERECHO A LA ALIMENTACIN

LOS AGRICULTORES Y EL TLC

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LOS DESC Y EL LIBRE COMERCIO

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Slo algunos productos como el arroz, lcteos, azcar, maz amarillo duro y trigo siguen estando por encima de este promedio nacional arancelario, en virtud de que, desde 1991 se aplican los Derechos Especfi cos Variables (DEV-Franja de Precios), que ms que aranceles son en realidad estabilizadores de los costos de internamiento de los productos que se importan. En resumen, podemos sealar que la consecuencia ms notable de esta fase, tras la cada violenta de la capacidad adquisitiva de la poblacin, fue el desplome de los precios de los productos agropecuarios que, junto con la sequa de esos aos, trajo consigo una gran depresin de la economa agraria y campesina. De hecho, casi todos los analistas agrarios, sealan al ao de 1992, como el ms nocivo del siglo XX.

b) 1993: Ley de Preferencias Arancelarias Andinas - ATPA

El gobierno de los Estados Unidos adopt el acuerdo ATPA en 1991, pero se implementa recin a partir del ao de 1993. Esta ley tiene la fi nalidad de conceder a las exportaciones peruanas preferencias arancelarias de acceso al mercado estadounidense, pagando un arancel tope del 21% (REBOSIO, Op. Cit) Sin embargo, debemos recalcar, que estas concesiones se otorgaron con la obligatoriedad de que el gobierno de Fujimori, apoyase decididamente la lucha contra el narcotrfi co del gobierno de los Estados Unidos. En realidad, el ATPA, es una versin limitada de lo que posteriormente sera el ATPDEA.

c) 1995: La Organizacin Mundial del Comercio - OMC

Este es un ao fundamental para consolidar en el Per las polticas de libre mercado. Al ingresar el pas a este organismo supranacional, el gobierno de Fujimori estaba pactando las condiciones ms adversas para el agro y la economa peruana. Por ejemplo, se impuso el arancel consolidado ms bajo del rea andina (30%), se pact la decisin de no otorgar ayuda interna a la agricultura, se renunci voluntariamente a la aplicacin de la Salvaguardia Agropecuaria Especial y, adicionalmente se reafi rm la eliminacin de las cuotas de importacin.

En la OMC, aquellos Estados considerados como Pases Importadores Netos de Alimentos (PINA), como es el caso del Per, podan poner techos arancelarios para algunos productos llamados sensibles, pudiendo estar por encima del arancel consolidado que cada pas se haba comprometido a establecer (en el caso del Per de 30%). La OMC, desde esta lgica permitira que las importaciones que llegaran al Per, bajo estas condiciones, pudiesen tener un techo arancelario. Para el caso del trigo es del 105%, del arroz el 185%, del azcar el 130%, del maz amarillo duro el 141% y de los lcteos el 97%. Adems, la OMC seal que estos topes, dentro del compromiso de rebajas arancelarias, podan mantenerse por encima del 68% hasta el 2004, fecha en la que se volvera negociar estos temas.

Frente a este tipo de ventanas que ofreca la OMC, el gobierno de Fujimori slo escogi a los productos que desde 1991 eran objeto de los DEV. Es decir, no slo se neg a ampliar la lista de productos para ubicarlos en esta condicin, sino que, adems, desde ese mismo ao, los aranceles de estos productos sensibles, los ubic cerca o debajo del 68%, sin esperar llegar al 2004, como se haba establecido en la OMC. Ms an, en 1998, en un acuerdo dudoso, entre Montesinos y Dionisio Romero (el dueo de ALICORP y BCP), se elimin el DEV al trigo, causando un impacto enorme en las economas campesinas.

d) 2002: Ley de Preferencias Comerciales Andinas y Erradicacin de las Drogas - ATPDEA

Esta ley fue fi rmada en agosto del 2002, despus de la visita de Bush hijo a Lima. El ATPDEA es una versin ampliada del ATPA y permite que un universo de 6,100 partidas arancelarias gocen del acceso libre (Arancel Cero) al mercado de los Estados Unidos. Los productos ms destacados que se benefi cian con el ATPDEA son: minerales, petrleo y sus derivados, textiles, pesca, esprragos, menestras y frutas (uvas y mangos).

Sin embargo, para que el Per goce de estos benefi cios arancelarios debe aplicar en estricto la estrategia de la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos en la lucha contra el narcotrfi co, apoyar la poltica de Estados Unidos en el combate al terrorismo, cumplir los acuerdos pactados en la OMC y, fi nalmente, dar las garantas y confi anza a las inversiones extranjeras, en especial a las estadounidenses.

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1.2 Los impactos del libre mercado en la agricultura peruana

Analizadas brevemente las principales caractersticas de los hitos en la poltica agraria neoliberal, corresponde hacer un balance de sus impactos en al agro peruano.

a) Se ha profundizado la dependencia alimentaria y nuestra condicin de Pas Importador Neto de Alimentos

Es una paradoja que esta situacin suceda en un pas considerado megadiverso con una amplia variedad de cultivos andinos originarios con alto valor proteico. Por ejemplo, el Per produce los cuatro alimentos bsicos de la humanidad: papa, trigo, maz y arroz. Tambin es el primer criador mundial de camlidos sudamericanos. La dependencia alimentaria tiene como causa primordial a la lgica importadora, que sostiene que el primer eslabn de nuestras cadenas alimenticias subyace en los mercados externos de potencias agroexportadoras, dominadas por transnacionales agroalimenticias. Podemos ilustrar esta tesis en base a algunos indicadores:

Segn estadsticas del Ministerio de Agricultura (MINAG 2000), en la dcada de los aos 80, el promedio anual de las importaciones de alimentos fue de $ 527 millones de USD, con un valor per capita de 107 Kg./hab./ao. En la dcada de los aos 90 la cifra de importaciones se increment en 121%, llegando a $ 1,166 millones de USD, incrementndose el valor per capita hasta 147 Kg. /hab./ao.

Es necesario aadir que el producto importado que ms dao hace a la agricultura peruana, y el que mayor dependencia genera (la importacin cubre el 90% de la demanda aparente interna), es el trigo duro que viene de Estados Unidos y de Argentina afectando a cerca 140 mil pequeos campesinos que cultivan este cereal en diferentes valles del Per. A los pases de donde se importa, como promedio anual se transfiere la suma de cerca de $ 200 millones de USD, de los cuales el 50% van para las transnacionales de Estados Unidos. Adicionalmente, desde el 1 de enero del 2004, el gobierno de Toledo ha disminuido el arancel del trigo, pasando del 25 al 17%. Podemos aadir que con un dlar depreciado (favorecido por la banca criolla), no slo las importaciones se vuelven ms baratas, sino que se promueven y facilitan las importaciones, en especial las del trigo.

El trigo representa una competencia desleal, no slo por los subsidios que recibe y su precio dumping, pero tambin como fuente de carbohidratos, desplazando a la papa, a la quinua, al camote, a la yuca, al pltano o al arroz, cultivos que adems estn principalmente en manos de pequeos productores.

b) Se ha producido una cada sistemtica de los precios en chacra de los productos agropecuarios

El MINAG, en su documento Lineamientos de Poltica Agraria para el Per (MINAGc. 2002), reconoce la cada de los precios en chacra, sealando que el nivel del ndice de los precios agropecuarios que se registr en el ao 2000 representa apenas el 40% del registrado en el ao 1985.

Este deterioro se observa claramente con la papa -que constituye el principal cultivo de la agricultura andina-, que ocupa el primer lugar en trminos del Valor Bruto de la Produccin Agrcola (CONGRESO DE LA REPUBLICA: 2003), comprometiendo a cerca del 39% del total de productores. CEPES, en su documento Una Visin del Agro Peruano de agosto del 2003, seala que el precio real de la papa en 1990 era de cerca de S/. 35/ton., mientras que en el 2002, lleg apenas a S/. 15/ton.

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c) Ha disminuido el financiamiento y la inversin pblica en el agro

Segn la Superintendencia de Banca y Seguros (2002), el promedio anual de las colocaciones en el sector agropecuario en la dcada del 80 fueron aproximadamente de $ 1,068 millones de USD, pasando a $ 378 millones USD cuando se liquid el Banco Agrario en el 92. Este valor pas a ser canalizado por bancos privados para pocos medianos productores y casi exclusivamente para los grandes empresarios agrarios.

El gobierno de Toledo supuestamente para atenuar la sequa financiera, desde el ao 2002, viene implementando Agrobanco, que a la luz de los hechos constituye todo un fracaso. Segn un reporte de la revista Agronoticias N 294 de noviembre del 2004, Agrobanco slo ha atendido a 14,192 productores, que representan apenas al 0.81% del total que existen en el pas. En trminos de hectreas, este banco ha cubierto 45,564 hectreas que representan el 1.5% de un total de 3 millones de hectreas que se cultivan en cada campaa agropecuaria (OIA/MINAG).

Como seala el Consejo Unitario de Gremios Agrarios (CUNGA), el Agrobanco acta con una lgica privada y funciona como una banca de segundo piso, entregando prstamos a cajas rurales y cajas municipales, en lugar de atender a la pequea produccin y a las comunidades campesinas. Su capital asciende a S/. 265 millones de soles frente a los casi S/. 6,500 millones que se requiere para la campaa agropecuaria anual.

En cuanto a la inversin pblica, el Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) inform que, para el ao del 2003, el total de inversin pblica fue apenas de $ 974 millones de USD (Gestinb. 21/05/04) que, segn el BCR (El Comercio 24/02/04), constituye la inversin pblica ms baja de los ltimos 30 aos. De este total, el promedio anual que se destina al agro es slo el 20% (MINAGb 2002), lo que significa $ 195 millones de USD, ejecutados por el MINAG, el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) y FONCODES. Tomando en cuenta que el gasto total del Estado fue de cerca de 11.000 millones de USD, podemos concluir que la inversin pblica en el agro slo representa el 1.7% del gasto total. Es decir, de cada 100 soles que gasta el gobierno, slo 1.7 soles van para el agro.

d) La agricultura ha perdido importancia en la economa del pas

El desarrollo de este conjunto de factores ha conllevado a la prdida de importancia de la agricultura con relacin al Producto Bruto Interno (PBI) nacional. En realidad, se ha producido la desvalorizacin y descapitalizacin de la produccin del sector agropecuario. Segn las ponderaciones del Instituto Nacional de Estadsticas e Informtica (INEI), en la actualidad, la agricultura representa apenas el 7.6 % del PBI nacional, cuando representaba cerca del 14% hace tres dcadas. Las consecuencias han sido nefastas en las regiones del interior del pas en donde la agricultura sigue siendo la principal actividad productiva generadora de riqueza.

e) Se ha generado un cuadro de gran inseguridad jurdica sobre la tierra y territorio de los pequeos productores y de las comunidades campesinas

En paralelo al fenmeno anterior que afecta a la tercera parte de la poblacin del pas, y en la medida que el modelo neoliberal consolida una economa primaria minera, se ha producido tambin un cuadro de inseguridad jurdica sobre la tierra y territorio de los pequeos productores y de las comunidades campesinas, para dar paso a los intereses de grandes capitales mineros, de empresas nacionales y extranjeras. Los procesos ms connotados de este fenmeno es la disputa de la tierra y del agua, entre las comunidades campesinas y la industria minera. Los casos emblemticos que revelan estos hechos son Tambogrande, en Piura y el Cerro Quillish, en Cajamarca.

f) Se ha extendido la pobreza y extrema pobreza en el mbito rural

En Per y en Amrica Latina, aun cuando el modelo neoliberal puede hacer uso a favor suyo de indicadores de crecimiento macroeconmico, no se puede decir lo mismo con indicadores sociales. El sistema poltico y econmico criollo ha tenido la capacidad de romper la ley de la gravedad, ya que la riqueza chorrea de abajo para arriba.

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Como consecuencia de estas polticas se ha incrementado la pobreza rural, como lo confirma la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO: 2001) aplicada por el INEI. Podemos ver que en 1985 la pobreza en la Sierra rural era de 49.2% (INSTITUTO CUNTO: 1986), mientras que en el cuarto trimestre del ao 2001 esta pobreza se haba incrementado hasta el 83.4%. Para el mismo perodo, en la Selva rural la pobreza se ha incrementado de 68% hasta 74%, en tanto que en la Costa rural ha pasado del 50% al 62%.

g) Pocos productores se benefician de las exportaciones agrarias

A pesar de que las exportaciones agrarias han crecido, podemos comprobar que, al mismo tiempo, slo ha beneficiado a un minsculo grupo de empresarios exportadores. En efecto, este sector es el que goza de la Ley de Promocin Agraria que contempla un paquete de beneficios, tales como el descuento del 50% en el pago del Impuesto a la Renta, el drawback o devolucin anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV), la exoneracin del pago del Impuesto a la Solidaridad, y contar con todas las facilidades para la importacin de los insumos y maquinarias que requiere.

Segn informacin de PROMPEX de junio del 2004, en el perodo de 1993 al 2003, las exportaciones se han duplicado, pasando de $ 4,424 millones de USD a $ 8,986 millones. Este incremento se debe principalmente al crecimiento de los siguientes sectores: minera (el 58% del total), textiles (9.3%), agro (8.7%) e hidrocarburos (el 5%).

En cuanto a las exportaciones agrarias, el incremento se debe principalmente a productos no tradicionales como esprragos (frescos y en conserva) y frutas (mango y uvas). Sin embargo, estos cultivos generan un alto valor monetario que va principalmente a los eslabones superiores de las cadenas agroexportadoras en manos de grandes empresarios, con escaso impacto en el desarrollo del conjunto de la agricultura peruana. Segn los resultados del CENAGRO, en 1994 haban cerca de 21.000 hectreas sembradas con esprragos (0.7% del total de la campaa agropecuaria anual). En cuanto a mango, haban 11.000 hectreas (0.36 % del total de la campaa). Ambos cultivos ubicados slo en cuatro departamentos: Ica, Piura, La Libertad y Lima. De acuerdo a las cifras del 2002 del CUNGA, el crecimiento en estos sectores slo ha beneficiado a 3 mil productores, que representan apenas al 0.17 % del total de productores del pas.

Primera conclusin

Despus de 14 aos de apertura comercial y de polticas para favorecer a la industria extractiva y deprimir el agro, podemos decir que la agricultura destinada al mercado interno ha perdido considerablemente peso en la economa nacional, como consecuencia de un agudo proceso de desvalorizacin y descapitalizacin del sector. Este resultado, sumado a un centralismo disgregador, ha llevado a que las economas agrarias regionales cuenten con mercados incompletos, lo que produce una relacin distorsionada con el conjunto de la economa regional.

En el caso de la Sierra peruana, algunas economas agrarias regionales han consolidado su carcter de mercados restringidos precapitalistas, donde priman ms las dinmicas y relaciones comerciales que las dinmicas productivas. La economa campesina ha sido expoliada, marginada y excluida, acentuando as las tendencias hacia el autoconsumo. En la Sierra se encuentra el 70% del total de productores agrcolas del Per con un 90 % de predominancia de la pequea economa campesina.

Las polticas neoliberales, que tienden a adecuar al mercado agrario e interno a los requerimientos de un mercado mundial excluyente y, sobre todo, el abandono del Estado peruano a la agricultura -en especial la pequea agricultura campesina- han sido los responsables de la prdida cotidiana de rentabilidad agraria y de la reduccin drstica

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de los ingresos de los productores, de la prdida de capacidades productivas, democrticas, polticas y sociales -sobre todo en la pequea produccin campesina-, la agudizacin de la pobreza en zonas rurales llegando al 78.4% (ENAHO-2001), y la consecuente prdida de la seguridad y soberana alimentarias de la nacin y de los pueblos regionales y locales.

La preocupacin de los sectores campesinos peruanos es que el marco jurdico y poltico del Tratado de Libre Comercio (TLC) en negociacin con Estados Unidos pueden agudizar la precaria situacin vigente.

LA PAPA NUESTRA DE CADA DA

Ren Torres Chipana

Victor Torres Lozada

ltimas dcadas, se ha producido una cada permanente de la produccin per capita de la papa. Segn las estadsticas del MINAG, en el ao de 1950, la produccin era de 175 Kg./hab./ao, mientras que en el ao del 2002 baj a 120 Kg./hab./ao.Tambin se ha visto una sistemtica cada de los precios reales en chacra a tal punto que estos, en la gran mayora de los casos, no recuperan los costos de produccin. Enrique Mayer y Manuel Glave, ilustran muybien esta situacin en su ensayo Papas regaladas y papas regalo: Rentabilidad, Costos e Inversin (III SEPIA.1990.).

El Tratado de Libre Comercio-TLC con Estados Unidos representa un nuevo riesgo para los cultivadores de papa, as como para la conservacin de la rica b