ANEXO 1

Carta de Presentación Director del Programa

Bogotá, Agosto de 2015 Señores BIBLIOTECA GENERAL Pontificia Universidad Javeriana Ciudad Respetados Señores, Me permito presentar el trabajo de grado titulado Seguridad y Defensa en Colombia perspectiva desde la Gestión Pública, elaborado por el estudiante Juan David Huertas Mejía, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.015.417.273, para que se incluya en el catálogo de consulta. Cordialmente, Sebastián Líppez de Castro Director de la carrera de Ciencia política

ANEXO 2

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES (Licencia de uso)

Bogotá, D.C., Agosto de 2015

Señores Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. Pontificia Universidad Javeriana Cuidad El suscrito:

Juan David Huertas Mejía , con C.C. No 1015417273

En mí calidad de autor exclusivo de la obra titulada: Seguridad y Defensa en Colombia perspectiva desde la Gestión Pública

(por favor señale con una “x” las opciones que apliquen)

Tesis doctoral Trabajo de grado x Premio o distinción: Si No x

cual:

presentado y aprobado en el año 2015 , por medio del presente escrito autorizo

(Autorizamos) a la Pontificia Universidad Javeriana para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mí obra las atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación. En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la presente licencia se autorizan a la Pontificia Universidad Javeriana, a los usuarios de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J., así como a los usuarios de las redes, bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado un convenio, son:

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO

1. La conservación de los ejemplares necesarios en la sala de tesis y trabajos de grado de la Biblioteca.

x

2. La consulta física o electrónica según corresponda x

3. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer x

4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet

x

5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la Pontificia Universidad Javeriana para efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y condiciones

x

6. La inclusión en la Biblioteca Digital PUJ (Sólo para la totalidad de las Tesis Doctorales y de Maestría y para aquellos trabajos de grado que hayan sido laureados o tengan mención de honor.)

x

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso

mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización. De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos. Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. NOTA: Información Confidencial: Esta Tesis o Trabajo de Grado contiene información privilegiada, estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de una investigación que se adelanta y cuyos

Resultados finales no se han publicado. Si No x

En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta, tal situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.

NOMBRE COMPLETO No. del documento

de identidad FIRMA

FACULTAD: CIENCIA POLITICA Y RELACIONES INTERNACIONALES

PROGRAMA ACADÉMICO: CIENCIA POLITICA

ANEXO 3

BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL, S.J.

DESCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO FORMULARIO

TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO

Seguridad y Defensa en Colombia perspectiva desde la Gestión Pública

SUBTÍTULO, SI LO TIENE

AUTOR O AUTORES

Apellidos Completos Nombres Completos

Huertas Mejía Juan David

DIRECTOR (ES) TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO

Apellidos Completos Nombres Completos

Cancelado Franco Henry Edelberto

FACULTAD

Ciencia política y Relaciones Internacionales PROGRAMA ACADÉMICO

Tipo de programa ( seleccione con “x” )

Pregrado Especialización Maestría Doctorado

x Nombre del programa académico

Ciencia política Nombres y apellidos del director del programa académico

Sebastián Líppez de Castro TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE:

Politólogo

PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial):

CIUDAD AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO

NÚMERO DE PÁGINAS

Bogotá D.C. 2015 45 TIPO DE ILUSTRACIONES ( seleccione con “x” )

Dibujos Pinturas Tablas, gráficos y

diagramas Planos Mapas Fotografías Partituras

x SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO

Nota: En caso de que el software (programa especializado requerido) no se encuentre licenciado por la Universidad

a través de la Biblioteca (previa consulta al estudiante), el texto de la Tesis o Trabajo de Grado quedará solamente en formato PDF.

MATERIAL ACOMPAÑANTE

TIPO DURACIÓN (minutos)

CANTIDAD FORMATO

CD DVD Otro ¿Cuál?

Vídeo

Audio

Multimedia

Producción electrónica

Otro Cuál?

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar estos descriptores, se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J en el correo biblioteca@javeriana.edu.co, donde se les orientará).

ESPAÑOL INGLÉS

RESUMEN DEL CONTENIDO EN: ESPAÑOL E INGLÉS (Máximo 250 palabras - 1530 caracteres)

La Política de Seguridad y Defensa del Estado Colombiano no protege el interés nacional plasmado en el preámbulo de la Constitución política de 1991, dado que responde a dinámicas de conflictos internos que si bien ponen en riesgo la seguridad del gobierno, en ningún momento pone en riesgo de existencia al Estado, dejando abierto un vacío de poder que ha sido llenado tanto por los grupos insurgentes como por intereses de actores externos; además la Política de Seguridad y Defensa en Colombia responde a intereses de otros Estados, obligando a las Fuerzas Militares a actuar como un ejército privado protegido por un entramado institucional que desvía la toma de decisiones y de acciones hacia el ejecutivo que piensa y funciona como actor político y no estatal, por lo que la misión de las Fuerzas Militares ha sido desviada y confundida con objetivos y funciones de carácter policial. Policy on Security and Defense of the Colombian State to protect the national interest expressed in the preamble of the 1991 Constitution, as it responds to the dynamics of internal conflicts that while threatening the security of the government, at any time threatening existence to the state, leaving open a power vacuum that has been filled by insurgent groups as well as by external actors' interests; also the Security and Defence Policy in Colombia responds to interests of other States, forcing the armed forces to act as a private army protected by an institutional framework that shifts decision making and action to the executive who thinks and works as an actor political and non-state, so that the mission of the armed forces has been diverted and confused objectives and functions of a police nature.

SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA PERSPECTIVA DESDE LA

GESTIÓN PÚBLICA

JUAN DAVID HUERTAS MEJIA

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE POLITÓLOGO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA

BOGOTÁ D.C.

2015

SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA PERSPECTIVA DESDE LA

GESTIÓN PÚBLICA

JUAN DAVID HUERTAS MEJIA

DIRECTOR TRABAJO DE GRADO

HENRY CANCELADO FRANCO

POLITÓLOGO, MAGÍSTER EN ANÁLISIS DE PROBLEMAS

CONTEMPORÁNEOS

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA

BOGOTÁ D.C.

2015

SEGURIDAD Y DEFENSA EN COLOMBIA PERSPECTIVA DESDE LA

GESTIÓN PÚBLICA

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE POLITÓLOGO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA

BOGOTÁ D.C.

2015

I

TABLA DE CONTENIDO

1.0 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 1

2.0 Capítulo 1. Marco Conceptual y Teórico ................................................................................ 6

2.1 Las Políticas públicas ...................................................................................................... 6

2.2 Seguridad y Defensa ............................................................................................................. 7

2.3 El Interés Nacional ........................................................................................................... 8

2.4 El Interés Gubernamental ..................................................................................................... 9

2.5 El Neo institucionalismo y el Realismo Político: Dos enfoques con miradas distintas

frente a la política de defensa. ................................................................................................ 10

3.0 Capítulo 2. Los asuntos sobre la política de Seguridad y Defensa entre las zonas

limítrofes de Colombia ................................................................................................................... 15

3.1 El interés nacional en la construcción de la Política de Seguridad y Defensa .......... 17

3.2 Fronteras terrestres ........................................................................................................ 19

3.3 Fronteras marítimas ........................................................................................................ 28

3.3.1 Asuntos Antárticos........................................................................................................ 29

4.0 Capítulo 3. Efectos de la política de Seguridad y Defensa en el territorio Colombiano.

........................................................................................................................................................... 35

4.1 ¿Por qué la Política de Seguridad y Defensa de Colombia se enfoca en la

Seguridad y Defensa del gobierno y no del interés nacional? ............................................ 37

4.2 Introspección de los Gobiernos de Colombia en su ejecución de la Política de

Seguridad y Defensa y visión como problema de política pública. (Presidencias de

1990-2002 y 2002-2012) ........................................................................................................... 39

5.0 CONCLUSIONES Y APRECIACIONES .............................................................................. 43

6.0 Bibliografía ................................................................................................................................ 46

7.0 ANEXOS ................................................................................................................................... 51

1

1.0 INTRODUCCIÓN

El Pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus

delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de

Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes

la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la

libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que

garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar

la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la

siguiente Constitución Política de Colombia.

La intervención de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y su decisión que llevó a

la pérdida de aproximadamente 250.000 km2 de área marítima con Nicaragua,

desató en Colombia preguntas frente a la Defensa nacional (DN) que hay en el

país. Estas preguntas se desataron ante la idoneidad, la fortaleza y las

debilidades de la política de Defensa Nacional (PDN) que protege al Estado

colombiano.

Investigaciones anteriores arrojaron que desde la constitución de Colombia como

Estado en 1810, la pérdida de territorio con Estados vecinos ha representado al

día de hoy 1.000.000 de km2, lo que significa que en 200 años de existencia

como Estado, Colombia ha perdido la mitad de su territorio. (Torrijos, 2010, pág.

148)

Una de las propuestas ha mostrado que, en Colombia por múltiples situaciones, la

DN ha venido en constante debilitamiento. El descuido de la PDN ha puesto al

país en una situación de vulnerabilidad frente a las amenazas que ponen en

peligro el Interés Nacional (IN), la soberanía y la autonomía del Estado

colombiano. (Esquivel Triana, 2001)

2

Mientras otros Estados en Latinoamérica se toman en serio el tema de consolidar

su territorio, de generar una PDN efectiva y de defender el IN de sus habitantes,

Colombia sigue reflejando inseguridad y falta de control en su territorio nacional.

La ausencia de Gestión Pública frente a la Política de Seguridad y Defensa en

Colombia, durante todos sus gobiernos, se ve reflejada en las problemáticas no

sólo territoriales con las que tiene que lidiar el gobierno actual, también el

abandono de la PDN tiene repercusiones serias sobre la economía nacional, la

educación, la moral, la industria, la estabilidad gubernamental, la democracia,

entre otros. (About Colombia Internacional , Septiembre de 2002 - Junio de 2003)

Este estudio sobre “Seguridad y Defensa Nacional”, tiene sus antecedentes, entre

los que se pueden destacar durante el pregrado, los cursos de Introducción a las

Relaciones Internacionales (Cancelado, 2010) y Estado Descentralización y

Desarrollo (Amaris, 2013), las cuales abren la perspectiva al tema y sientan las

bases para los interrogantes llevados a cabo en este trabajo de grado sobre la

debilidad de la PDN en Colombia y sus consecuencias dado la ausencia de su

gestión, además de la importancia que tendría una buena PDN para el Estado

colombiano. Pero también existen antecedentes prácticos, que se dieron con la

incertidumbre generada por la pérdida de mar territorial con Nicaragua en el 2012.

(Corte Internacional de Justicia , 2012)

Este trabajo tiene en cuenta la dificultad que ha tenido Colombia para poder llevar

a cabo la construcción de una PDN adecuada y las dificultades que ha tenido para

garantizar por ende la DN frente a los demás Estados. Un factor determinante de

lo anterior es el problema de integrar al país en torno a un territorio unificado; la

escasez de gobernabilidad sobre el territorio nacional es un hecho crucial que

marca la ausencia de planeación y de Gestión pública, consecuencia de un

desinterés absoluto del gobierno central frente a las regiones y los territorios

limítrofes. (Jiménez, 2004)

3

El interés nacional promueve un entorno frente al cual se señalaron preguntas a

resolver que permiten comprender el planteamiento del problema de la presente

investigación. ¿Colombia está realmente preparada para afrontar una amenaza

externa? ¿Cuál es el IN y su importancia para mantener la soberanía del Estado

Colombiano frente a otros Estados? y ¿En qué difiere con el interés

gubernamental? ¿Una política pública que esté orientada en contra del interés

nacional puede conducir a la debilidad o fortaleza de la Defensa Nacional?

Estas preguntas nos permiten resaltar las categorías de análisis centrales: la

seguridad y la defensa como conceptos complementarios pero no equiparables

que se desarrollarán más adelante.

Por consiguiente la hipótesis que se plantea en el trabajo de grado es: La Política

de Seguridad y Defensa del Estado Colombiano no protege el interés nacional

plasmado en el preámbulo de la Constitución política de 1991, dado que responde

a dinámicas de conflictos internos que si bien ponen en riesgo la seguridad del

gobierno, en ningún momento pone en riesgo de existencia al Estado, dejando

abierto un vacío de poder que ha sido llenado tanto por los grupos insurgentes

como por intereses de actores externos; además la Política de Seguridad y

Defensa en Colombia responde a intereses de otros Estados, obligando a las

Fuerzas Militares a actuar como un ejército privado protegido por un entramado

institucional que desvía la toma de decisiones y de acciones hacia el ejecutivo

que piensa y funciona como actor político y no estatal, por lo que la misión de las

Fuerzas Militares ha sido desviada y confundida con objetivos y funciones de

carácter policial.

Este trabajo de grado se construye alrededor de un objetivo general y dos

específicos que guían la presente investigación. Como objetivo general se

pretende demostrar que la débil política pública de Defensa del Estado

colombiano en el periodo de estudio de 1990, tiempo en el que se enmarcó una

nueva Constitución Política, hasta el año 2012 hecho de la pérdida territorial en

disputa con Nicaragua de 250000Km2, ha venido debilitando constantemente la

4

DN. Y como objetivos específicos 1. Bajo la variable del interés nacional

colombiano, identificar como la falta de gestión pública en las zonas limítrofes del

Estado ha debilitado la Seguridad y la Defensa tanto en territorio terrestre como

marítimo. 2. identificar los efectos y consecuencias que la debilidad de la política

pública de Defensa para el territorio colombiano, y la proyección de los mismos

en un futuro a corto y mediano plazo.

En cuanto a este trabajo se refiere y su estudio conlleva específicamente al

análisis de la PDN, no se concentrará en el conflicto interno, ya que este

comprende amenazas directas a la seguridad interna; este trabajo se extiende

más allá, con miras a escudriñar la defensa externa sin entrar a medir las

fronteras internas del Estado colombiano.

Dentro de este trabajo se encontrarán características propias, ya que destaca la

PDN como una política de Estado de largo plazo, y no como una política

gubernamental o de gobierno de corto plazo; por ende se realizará una

diferenciación entre Interés Nacional e Interés Gubernamental. Por otra parte se

realizará un análisis crítico de las debilidades y fortalezas de la Política de

Seguridad y Defensa en Colombia, teniendo en cuenta los elementos claves que

se considera debe tener una adecuada PDN teniendo en cuenta la teoría del

realismo pragmático y la teoría Neo institucional.

Y finalmente se crean escenarios hipotéticos, en los que la PDN, permite explicar

cómo en efecto, las Fuerzas Militares (FFMM) por mandato constitucional son la

institución que tiene la función de proteger el territorio y defenderlo de amenazas

externas. Debido a que la PDN, es orientada por el interés nacional el cual se

proyecta a corto y Mediano plazo a través del reconocimiento de: variables según

el Realismo Pragmático como lo son: territorio, recursos, población, desarrollo

tecnológico. (Morgenthau, 1986)

Y complementariamente según el Neo institucionalismo: los actores intervinientes,

roles que cumplen, reglas de juego formales, arreglos institucionales.

5

Es importante entender además las limitantes que el desarrollo de este trabajo de

grado ha conllevado, ya que la dificultad en el acceso a la información respecto a

los temas de la seguridad y la defensa nacional se encuentran registrados como

de carácter secreto y la poca difusión de estos documentos o la reticencia de las

FFMM y de sus integrantes e instituciones agregadas a hablar de estos temas a la

población civil.

Comprender la importancia de todos los elementos anteriores, requerirá la

vinculación de dos teorías o enfoques tanto de las Relaciones Internacionales,

como de la Gestión Pública; en este orden de ideas se cruzará el conocimiento y

las bases del Realismo Pragmático con el enfoque de Gestión Pública del Neo

institucionalismo ya que estas dos teorías, de entrada no afines entre sí,

permitirán entender el desbalance que existe en Colombia entre el interés

nacional y el interés gubernamental; además de que permitirá vislumbrar un

mirada más central de la PDN relacionada con la gestión pública y no como un

enfoque exclusivo de las Relaciones Internacionales.

Se espera que este trabajo se entienda como un aporte a la Gestión Pública por

cuanto aplica una nueva posición frente al conocimiento de la políticas públicas,

debido a que la política de Seguridad y Defensa en la academia es vista desde

una posición aislada de la Gestión y más cercana a las RRII; sin embargo, este

estudio acerca de la Política pública permite la posibilidad de integrar los

conocimientos en DN, de la PDN y la SN a la institución gubernamental y a la

praxis diaria que estas políticas defienden y que por ende es esencial entender el

rol que establece la Gestión Pública en relación con DN. Además este estudio

pretende ser también un aporte al área de la DN en donde se destaca el enfoque

de este estudio, en tanto abre la posibilidad a un debate académico serio, en

donde nunca ha sido discutido desde esta perspectiva. Este estudio no se debe

tomar como una revisión exhaustiva de la Política de Defensa Nacional, ni de una

recopilación de todas las visiones existentes, sino más bien una mirada específica

en las objetivos tanto en el general como en los específicos.

6

2.0 Capítulo 1. Marco Conceptual y Teórico

En este capítulo se definen los principales conceptos que se manejan en este

trabajo y se desarrolla el marco teórico para el análisis de los efectos de la política

de seguridad y defensa en Colombia. De acuerdo con esto se definirán los

conceptos de: políticas públicas; seguridad y defensa; interés nacional; interés

gubernamental y al mismo tiempo se da conducto a la interrelación del Neo

institucionalismo y al realismo pragmático.

2.1 Las Políticas públicas

En una revisión bibliográfica de textos especializados de políticas públicas, se

pudo encontrar una veintena de definiciones del concepto. Sin embargo, la

revisión logró detectar varias fallas dentro de estas definiciones, como

definiciones muy específicas, lo cual deja por fuera fenómenos que deben ser

considerados como política pública, algunas de estas definiciones que presentan

este problema se pueden encontrar en (Kraft & Furlong, 2007), o también en

(Ocampo, 2004); también se encontraron definiciones incompletas que no

incorporan todos los elementos que constituyen a la política pública, como la

definición de David Easton “Asignaciones autoritarias de valores para toda la

sociedad” (Easton, 1979); se encontró además definiciones que por ser generales

e incompletas se considere la política pública como decisiones o actividades que

no lo son, como por ejemplo la definición de Thomas Dye: “[Política Pública es] lo

que los gobiernos escogen hacer o no hacer” (Dye, 1995)

Para el presente trabajo entenderé el concepto de política pública como: “Política

pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e

instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual

de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida

como problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado

del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener.” (Gavilanes, 2009)

7

2.2 Seguridad y Defensa

La defensa es un concepto más restringido que el de seguridad, pues sólo se

refiere a las condiciones adecuadas que permite a un Estado “asegurar sus

intereses primarios ante posibles amenazas o acciones del exterior (...) La

defensa constituye así la faceta externa de la seguridad, y por lo tanto en este

ámbito actúan los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional”

(RESDAL, 2007).

A nivel administrativo en Colombia, la seguridad y la defensa están comandados

por el Ministerio de Defensa, cuyo principal objetivo es “la formulación y adopción

de las políticas, planes generales, planes y proyectos del sector administrativo

Defensa Nacional, para la defensa de la soberanía, la independencia y la

integridad territorial, así como para el mantenimiento del orden constitucional y la

garantía de la convivencia democrática” (Congreso de la República, 2000)

Adjunto al ministerio de defensa se encuentran organizadas tanto las Fuerzas

Militares de Colombia (FFMM) como la Policía Nacional. Según la constitución de

Colombia, “la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza

civil, a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las

condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas

y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz” (Asamblea

Nacional Constituyente, 2010). Por otro lado, las Fuerzas militares de Colombia

adjuntas también al Ministerio de Defensa Nacional y representado dentro de la

institución como el Comando General de las Fuerzas Militares, la cual es la

entidad de más alto nivel de planeamiento y dirección estratégica para las

instituciones castrenses del país. Bajo su égida y faro están el Ejército Nacional

de Colombia, la Armada de la República de Colombia y la Fuerza Aérea

colombiana; bajo la directriz constitucional del artículo 217 de la Carta Magna,

“Las Fuerzas militares de Colombia tendrán como finalidad primordial la defensa

de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden

8

constitucional”. Por ende la estructura de seguridad y defensa en Colombia,

comprende un sector central y otro descentralizado.

Sin embargo, el Presidente de la República de Colombia, por mandato

constitucional en el artículo 115, es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema

autoridad administrativa; dado lo anterior y como Jefe de Estado, el Presidente de

la República, es el Comandante en Jefe, tanto de las Fuerzas Militares, como de

la Policía Nacional.

Para el presente trabajo se entenderá el concepto de Defensa como una actividad

y como una estructura. Como actividad, la defensa se va a entender como las

condiciones de seguridad externa para que el país pueda asegurar sus intereses

primarios; y como estructura, se va a entender como la organización y el conjunto

de recursos materiales y humanos destinados al cumplimiento de la actividad

antes definida (RESDAL, 2007).

2.3 El Interés Nacional

Desde la aparición, tras la paz de Westfalia (1648), del moderno sistema de

Estados, la idea de interés nacional ha sido el criterio directivo de la política

Exterior.

Durante el desarrollo del siglo XIX y los comienzos del siglo XX, el interés

nacional se convirtió en la búsqueda de la razón de los Estados, por ende este

concepto se fortaleció durante la Primera y la Segunda Guerra mundial. El

establecimiento de los Estados del mundo moderno, junto con los aspectos y

conceptos legales que rodean a este término o concepto, se figura el interés

nacional como la máxima aclamada dentro de un sistema tanto político como

jurídico en el marco de un desarrollo internacional estable con los demás Estados.

Henry Kissinger subrayó como las primeras formulaciones de la idea de interés

nacional aparecen relacionados con otros conceptos, como el de raison d’état o el

de balance of power. Para Kissinger “the balance of power reemplaza a la

9

nostalgia de la monarquía universal con el consuelo de que cada Estado, al

proseguir sus propios intereses egoístas, contribuirá de alguna manera a la

seguridad y progreso de los otros” (Kissinger, 1996)

Por lo tanto para efectos de este trabajo, el interés nacional será comprendido

como la Constitución Política de Colombia proclama en su Preámbulo, el cual por

fallo de la Corte Constitucional (Sentencia No. C-479/92, 1992), es de carácter

vinculante, y refleja el interés nacional de la República de Colombia: “con el fin de

fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la

convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz,

dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden

político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integridad de la

comunidad latinoamericana”

2.4 El Interés Gubernamental

Después de una búsqueda exhaustiva de información referente al concepto de

interés gubernamental, no se encontró referencia alguna en textos académicos.

Por tal motivo definiré personalmente el interés gubernamental como:

El Gobierno es el conjunto de órganos ejecutores del Poder Público del Estado

que realizan la voluntad de éste, ordenando y manteniendo un régimen con

arreglo a la Constitución, por ende, el interés gubernamental es la utilidad o

conveniencia, que busca tanto a nivel material como moral, el fortalecimiento del

gobierno central por encima del mandato constitucional y el aseguramiento de los

cargos públicos y posiciones sociales, dentro de la cartera del Estado,

manipulando mediáticamente la construcción de un Estado a su favor, y no en

favor del interés nacional.

10

2.5 El Neo institucionalismo y el Realismo Político: Dos enfoques con

miradas distintas frente a la política de defensa.

Dentro de la disciplina de las Relaciones Internacionales existen diversas teorías

que explican los fenómenos que se dan dentro del campo de la seguridad y la

defensa. Estas diferencias han llevado a debates académicos y teóricos, los

cuales son representados en sus diferentes teorías, en este caso acogeremos la

teoría realista como parte de la base teórica de este trabajo de grado.

Por otro lado dentro del campo de la Gestión Pública es importante aclarar el

amplio debate que se ha llevado a cabo sobre el desarrollo de políticas públicas,

su construcción, el análisis y la aplicación de las mismas; por ende existen

también varias posiciones académicas que identifican postulados claros sobre el

desarrollo del Estado y las políticas públicas. Para efectos de este trabajo de

grado se desarrollará el Neo institucionalismo y sus postulados.

Entre los autores que se identificaron para determinar los postulados del realismo

en las Relaciones Internacionales está Edward Hallett Carr, Paul Karl Reinhold

Niebuhrs, y Hans J. Morgenthau. Las obras sobre el realismo político entre estos

autores presentan La visión realista como una escuela de pensamiento dentro del

campo de las Relaciones Internacionales, como respuesta al Idealismo Político; el

Realismo percibe al Estado como una entidad suprema; sin embargo, identifica el

Interés Nacional como un concepto clave en el poder que ostenta el Estado. Se

pueden identificar seis presupuestos en los cuales confluyen estos autores:

1) Racionalidad de los actores y universalidad de las leyes: se parte del

supuesto que “la política, al igual que toda la sociedad, obedece a leyes objetivas

que arraigan en la naturaleza humana” (Morgenthau, 1986, pág. 12) así como en

la “factibilidad de elaborar una teoría racional que explique […] estas leyes

objetivas”. El autor afirma que la política logra separar la verdad de la opinión y su

“teoría consiste en la verificación de los hechos y darles sentido a través de la

razón”(ibíd., 1986:12-13), luego, es esta comprobación de los hechos reales y sus

11

consecuencias lo que da “sentido teórico a los hechos de la política internacional”

(ibíd., 1986:13).

2) Interés en términos de poder: “el elemento principal que permite al

realismo político encontrar su rumbo en el panorama de la política internacional es

el concepto de interés definido en términos de poder” (ibíd., 1986:13). Éste

articula la relación entre la razón y los hechos que define la política como una

esfera autónoma de acción y comprensión, como portadora de una lógica propia

que distingue entre la política y el político (estadista), específicamente entre “su

deber oficial, que consiste en pensar y actuar en función del interés nacional, y su

deseo personal, que tiende a la corporización en todo el mundo de los propios

valores morales y principios políticos” (ibíd., 1986:15). Así, la Realpolitik

comprende no sólo elementos teóricos sino también factores normativos: “sólo

una política exterior racional minimiza los riesgos y maximiza los beneficios, […]

cumple simultáneamente con el precepto moral de la prudencia y el requerimiento

político del éxito” (ibíd., 1986:18-19).

3) Importancia del contexto y sus cambios en el tiempo y espacio: “el

realismo supone que su concepto clave de interés definido como poder es una

categoría objetiva de validez universal, pero no otorga al concepto un significado

inmutable” (ibíd., 1986:19), en el sentido en que “el equilibrio de poder, por

ejemplo, es indudablemente un elemento constante en todas las sociedades

pluralistas” (ibíd., 1986:20).

4) Tensión entre los valores morales y la acción política: “El realismo político

[…] tiene conciencia de la inevitable tensión entre los preceptos morales y los

requerimientos de una exitosa acción política. Tampoco pretende eludir

rápidamente ese conflicto"(ibíd., 1986:21). De ahí que el autor considere la

prudencia como el valor de “suprema virtud política” (ibíd., 1986:21) en tanto a

que logra concretar esta tensión.

12

5) El enfoque de análisis no debe centrarse en las ideas: “El realismo

político se niega a identificar las aspiraciones morales de una nación en particular

con los preceptos morales que gobiernan el universo” (ibíd., 1986:22). Aquí el

autor resalta la noción de lógica propia una cosa es la afirmación “naciones están

sujetas a la ley moral y otra muy distinta pretender saber qué es el bien y el mal

en las relaciones entre las naciones” (ibíd., 1986:22).

6) Autonomía de los estudios de la política internacional: el realismo político

mantiene, por un lado “la autonomía de su esfera política […] piensa en términos

de interés, definido como poder” (ibíd., 1986:22), por el otro lado, “no ignora la

existencia y relevancia de otros parámetros de pensamiento distintos a los

políticos. Pero como realista político no puede subordinar esos parámetros a los

políticos” (ibíd., 1986:23) y finalmente, se “apoya en una concepción pluralista de

la naturaleza humana” (ibíd., 1986:25) y los comprende “cada uno de ellos dentro

de sus propios términos” (ibíd., 1986:25).

Por su parte la visión Neo institucionalista, nace como un concepto dentro de la

Ciencia Política que considera a las instituciones como “un conjunto de normas y

tradiciones que tienen su origen en la rutinas organizacionales. Los actores

organizacionales las obedecen porque representan mecanismos eficaces para

simplificar la realidad y facilitar procesos de toma de decisiones que lleven a

resultados satisfactorios” (March y Olsen, 2006)

El enfoque o visión Neo institucionalista en sus diferentes variantes, coinciden en

tres aspectos esenciales:

1) El comportamiento de los actores está determinado por un marco

institucional expresado en reglas de juego, costumbres y organizaciones (conjunto

de arreglos institucionales entre actores).

13

2) Las instituciones determinan la actividad política y están constituidas por

elementos de identidad, poder y estrategia que estructuran el comportamiento de

los actores políticos y determinan los resultados.

3) Las instituciones están determinadas por la historia, al incorporar una

trayectoria que pesa en la definición del futuro compartido.

“El análisis neo institucional ofrece argumentos para entender (...) el cambio

institucional como un proceso permanente en donde las instituciones formales -

normas que idean los humanos - pueden sufrir modificaciones abruptas como

consecuencia de decisiones políticas, mientras que las instituciones informales -

código de conducta - siguen una senda evolutiva debido a la resistencia al cambio

que las caracteriza” (Gómez, 2010).

Desde la perspectiva Neo institucional, los procesos de toma de decisiones tienen

en cuenta tres elementos. Primero, que la decisión se tome con base en el uso

sistémico de la información; segundo, que corresponda con las perspectivas y

necesidades del contexto y, finalmente, que el sistema político sea “coordinado”

por el tomador de decisiones en todo el proceso (March y Olsen, 2006)

Luego para comprender esta dinámica de las organizaciones es necesario

comprender: Actores, roles e intereses, arreglos institucionales, marco

institucional, cambio institucional:

Por actores se entenderán como los cuerpos que materializan las instituciones,

también se puede entender como la distribución estable de individuos, roles,

procedimientos y recursos, con el fin de cumplir una tarea. Para North (North,

1990), la organización estaría constituida por los jugadores; las instituciones son

las reglas de juego.

Los roles e intereses “alude a un intercambio de cosas deseadas que tienen lugar

entre dos o más personas. Una persona tiene algo que la otra desea y por el cual

14

esta ofrece algo en intercambio. Más exactamente, se designan los costos en que

incurre cada uno de los actores del intercambio para definir los términos del

mismo, monitorear el proceso de intercambio y asegurar, aun mediante el recurso

a sanciones, el cumplimiento del acuerdo” (Losada L. y Casas C., 2010)

15

3.0 Capítulo 2. Los asuntos sobre la política de Seguridad y Defensa

entre las zonas limítrofes de Colombia

Las zonas de frontera en Colombia son zonas abandonadas, cruzadas por el

fuego y poco estudiadas. Las zonas fronterizas en Colombia están siendo cada

vez más sacadas al olvido por la guerra. Lo que para el gobierno colombiana eran

zonas lejanas y de poco conocimiento, que simplemente cumplían un papel de

límites de soberanía, se están transformando cada vez más en un asunto

netamente de seguridad y defensa nacional.

En el año 2000 con el inicio del Plan Colombia, el debate sobre los riesgos del

desbordamiento del conflicto colombiano hacia los Estados fronterizos, dio lugar a

que los Estados que rodean a Colombia redoblaran el pie de fuerza para proteger

la soberanía y el interés nacional de sus habitantes. (Vargas, 2009)

Para Colombia la situación en las fronteras se ha convertido en un problema que

desborda la capacidad accionaria de las Fuerzas Militares, ya que el enfoque de

seguridad que le da el gobierno nacional, no se considera por muchos (entrevista)

el adecuado para el interés nacional; el gobierno colombiano trata las fronteras

como un problema de corredores del narcotráfico, del tráfico de armas, o como los

lugares preferidos de descanso de los grupos insurgentes al margen de la ley.

Pese a la vasta realidad del conflicto, ahí allí cuestiones, como en el resto del

país, aplazadas hace muchos años.

En Colombia se realizaron una serie de foros en los Departamentos limítrofes del

país, de los cuales nació un documento elaborado por la ESAP a mediados del

2001, con la participación de la Cancillería, y el Departamento Nacional de

Planeación, el cual resume las grandes demandas de las zonas de frontera

“Quejas por el cierre de oficinas de los bancos privados y el retiro de aerolíneas;

dificultades inauditas para asumir los costos de salud que suponen áreas

selváticas y sin comunicación; acusaciones contra un proceso de

16

descentralización que sigue manteniendo en Bogotá demasiados canales de

decisión con inmensas dificultades de acceso; corrupción escandalosa a todos los

niveles del Estado local; baja participación política; índices de desarrollo con

mucho inferiores a la media nacional; problemas de transporte, de educación...”i

Más de la mitad de los municipios tenían déficit presupuestal en el 2001, y no

pocos, estaban quebrados. El PIB per cápita departamental promedio es inferior

al nacional en un 23%. Desde Chocó, donde la población analfabeta es un 18,6%

y la esperanza de vida está más de 5 años por debajo del promedio nacional

hasta Boyacá, donde la primera es un 9,9% y la segunda un 70,7%, ninguno

alcanza los promedios nacionales en esas áreas. Las necesidades básicas

insatisfechas son el doble de la media nacional y, en muchos municipios,

alcanzan el 100%. Pese a que tienen apenas un 13% de la población nacional,

27% de los hogares del país en situación de miseria y 24% de los hogares con

NBI está en los departamentos fronterizos. Mientras el índice Desarrollo Humano

nacional es de 0,771 (y el de Bogotá 0,817) el de estos territorios es de 0,726.

Avanzando hacia el este, a partir de una línea imaginaria desde Arauca (Arauca),

a lo largo del piedemonte de la cordillera Oriental, hasta Puerto Asís (Putumayo),

hay más de la mitad de Colombia. Se trata a menudo de territorios sin otra vía de

comunicación que la aérea y donde el control y la presencia del Estado son

mínimos. Si bien regiones urbanas y con un activo comercio fronterizo como

Maicao (La Guajira) Cúcuta (Norte de Santander) o Ipiales (Nariño), introducen

diferencias importantes, una inmensa parte de las fronteras está en esas regiones

remotas, con escasa comunicación y, salvo el rio Orinoco, pocos lazos con el país

vecino. En la misma situación -aunque difícilmente atribuible a la distancia

geográfica— se encuentran el sur del Pacífico y las poblaciones en ambos

océanos fronterizas con Panamá.

En la Amazonia la distancia supone un costo de vida escandaloso. En Mitú

(Vaupés), donde no se produce casi nada localmente, productos como la gasolina

17

o el cemento sólo pueden llegar en avión. Resultado: un galón de la primera vale

9.000 pesos; un bulto del segundo, 83.000. Esa es la constante a lo largo de la

frontera amazónica con Brasil y Perú. La Orinoquia, los Santanderes y La Guajira,

por el contrario, son estrechamente dependientes del combustible venezolano,

más barato que el colombiano, lo cual no sólo genera formas de vida que bordean

la ilegalidad sino que hace extremadamente vulnerables a esos departamentos de

los vaivenes políticos y económicos de Venezuela.

Las cinco fronteras terrestres del país son jóvenes. Los tratados que las delimitan

fueron firmados entre 1907 (Brasil) y 1941 (Venezuela). Durante décadas, fueron

un estricto asunto de soberanía para el Estado bogotano, sin que eso se reflejara

en una preocupación por llegar hasta allí. Sólo hasta el gobierno de Belisario

Betancur, en 1983, se promulgó un Estatuto de Fronteras y se creó la Secretaria

de Fronteras, pero, aún a partir de ahí, el tema siguió siendo objeto de escasa

atención por parte de los sucesivos gobiernos.

La Constitución de 1991, que introduce tres artículos relacionados con las

fronteras, y la promulgación de la Ley 191 en 1995, o ley de fronteras, marcan un

cierto giro en la atención oficial. En abril del 2001 se crea la Comisión

Intersectorial de Integración y Desarrollo Fronterizo (Cu-DEF), y la Cancillería,

DNP y la ESAP llevan a cabo entonces los foros fronterizos mencionados.

No deja de ser insólito que la ley de fronteras de un país tenga ocho años de

existencia y el organismo encargado de aplicarla apenas dos y medio. Tiene,

empero, plena lógica que, con semejante atención del Estado, las fronteras estén

hoy día como están.

3.1 El interés nacional en la construcción de la Política de Seguridad y

Defensa

“Desde un punto de vista etimológico, podemos definir interés, como una

preocupación natural y/o general, así como tener un derecho objetivo sobre algo.

18

El interés nacional, puede definirse entonces de forma genérica, como la defensa

y promoción de objetivos naturales y esenciales de un Estado en el área política,

económica, social y cultural.

El interés nacional esencial, sería garantizar la supervivencia, seguridad del

propio Estado y la defensa de su población. Inmediatamente después cabría

situar la búsqueda de poder, riqueza y crecimiento económico. Todo ello, por sí

mismo y para servir a la satisfacción del nivel esencial.” (Centro Superior de

Estudios de la Defensa Nacional , 2010)

Como uno de los teóricos más prominentes en la teoría realista, Hans Morgenthau

señala que el interés nacional es como una brújula que debe guiar a los dirigentes

y fuentes de legitimidad de la política exterior de los Estados. (Morgenthau, 1986)

Eso quiere decir que el interés nacional es el eje rector de toda política que

desarrolle el Estado, por ende la política pública de seguridad y defensa no es la

excepción; por otro lado cabe resaltar la importancia que el mismo autor le da al

Estado como autoridad máxima, y que es este el que debe llevar a cabo bajo la

primicia del interés nacional, políticas de carácter estatal, que permitan trascender

en el tiempo y fortalezcan las estructuras institucionales, que se tienen que

enfrentar a sistemas anárquicos.

El interés nacional de un Estado está expresado en términos de supervivencia y

de poder. Supervivencia porque es el fin último, por lo que se tiene que luchar; y

en términos de poder, porque es al mismo tiempo la razón de ser y de existir de

un Estado. El interés nacional a la final es el pacto máximo que realiza el gobierno

con la población de un territorio, con el fin de expresar ese deseo de subsistir y de

existir en un modelo estatal.

En cuanto el enfoque neo institucionalista, el Estado es el encargado de crear

instituciones formales e informales, que permitan salvaguardar el fin último de la

existencia del Estado, el interés nacional en el neo institucionalismo, como en el

realismo se convierte en el dogma de un Estado.

19

Habiendo ya el Estado dado poder institucional a un actor como son las Fuerzas

Militares de Colombia, que su misión máxima es de mantener la supervivencia del

Estado y de engrandecer su poder, de esta manera se da paso al desarrollo

gubernamental de la política pública de seguridad y defensa que se transforma

finalmente en la necesidad de encontrar una solución al factor problema de

proteger el interés nacional.

Cabe recordar que tanto el enfoque realista de las relaciones internacionales,

como el neo institucionalismo, consideran que no existe una moral universal, no

existen amigos o enemigos en el sistema, existen intereses entre actores, y la

búsqueda por el poder para lograr la supervivencia.

En cumplimiento al mandato constitucional, definido en el artículo 9° de nuestra

Carta Magna, el cual reza textualmente “las relaciones exteriores del Estado se

fundamentan en la Soberanía nacional”, así como en los objetivos de la política

del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección de Soberanía Territorial y

Desarrollo Fronterizo, vela por el cumplimiento de los tratados internacionales de

límites y garantiza el ejercicio público, pacífico y permanente de nuestra

soberanía, en coordinación con otras entidades del Estado, competentes en la

materia.

3.2 Fronteras terrestres ii

Las fronteras terrestres fueron las primeras que definió el país para establecer la

dimensión de nuestro territorio, en ese proceso que tardo más de cien años, se

determinaron los limites internacionales con las repúblicas vecinas: Brasil,

Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.

Esta labor fue iniciada por la antigua “Oficina de Longitudes” del Ministerio de

Relaciones Exteriores, la cual posteriormente dio origen al Instituto Geográfico

Agustín Codazzi.

20

En la determinación de los límites de la República se utilizan tanto accidentes

naturales y como líneas imaginarias. Las fronteras naturales o arcifinias se dividen

en cursos o fuentes de agua, divorcios de aguas o divisores, en tanto las fronteras

imaginarias corresponden a las líneas geodésicas, que a su vez están divididas

en paralelos y meridianos geográficos y líneas con direcciones diferentes a las

señaladas por los puntos cardinales.

3.2.1 Venezuela

Colombia comparte con Venezuela una frontera de más de 2.219 kilómetros. De

las negociaciones para definir los límites con los países vecinos, las llevadas a

cabo con esta República fueron, indudablemente, las más complejas y dilatadas;

al día de hoy siguen existiendo negociaciones diplomáticas sobre el territorio

fronterizo.

El conflicto de la delimitación marítima entre Colombia y Venezuela en el Golfo de

Venezuela, se desarrolló desde 1939 como una ampliación de un antiguo conflicto

de frontera terrestre que se inició en tiempos coloniales.

Después de la independencia de Colombia y Venezuela a principios del siglo XIX,

empezaron ambos países con negociaciones sobre una frontera terrestre para

dividir la península de la Guajira en dirección longitudinal. Cuando las

negociaciones fracasaron reiterativamente por causa de exigencias incompatibles,

los interesados solicitaron un fallo de la Corona Española, el cual se hizo público

en 1891, pero que no se pudo delimitar en el terreno debido a sus indicaciones

geográficas imprecisas. Una larga serie de negociaciones bilaterales, la solicitud

de un segundo fallo al Consejo Federal Suizo (1922) y otra ronda de

negociaciones llevaron, apenas en 1941, hacia un arreglo fronterizo definitivo, el

cual sin embargo ha sido puesto frecuentemente en duda. (Bushnell, 1996)

21

La expansión de la problemática fronteriza hacia el espacio marítimo se inició por

medio de un decreto venezolano de septiembre de 1939; Colombia reaccionó a

finales de los años cuarenta con la solicitud de calcular una línea media según el

derecho del mar y con reclamos sobre las Islas Monjes.

Colombia reconoció la soberanía venezolana sobre estas micro islas en 1953,

pero no obstante el problema de una línea que marque el límite exterior del Golfo

y la fijación del mar territorial, ante todo en la región fronteriza de Castilletes,

como también entre las Islas Monjes y la península de la Guajira, continúa en la

discusión política.

En los años 60 se agregó un nuevo componente por causa de concesiones para

prospección petrolera adjudicadas por Colombia directamente frente a Castilletes.

Después de largas negociaciones los presidentes de ambos países acordaron en

1975 delimitación marítima y un uso conjunto de las zonas fronterizas

potencialmente ricas en petróleo. (Mejía, 1998)

Con esto se inició una «golfización» no solamente en las relaciones bilaterales

entre ambos países, sino también en la discusión política interna y las disputas

partidistas en Venezuela, que en épocas electorales, especialmente en 1988,

adquirió formas histéricas. Sin embargo, una vez terminado el período electoral,

se intentó fuertemente a nivel gubernamental desescalar la situación y comenzar

negociaciones bilaterales sobre el complejo integral de la problemática fronteriza,

incluyendo los problemas urgentes del comercio de drogas y del contrabando

(«desgolfización»).

No obstante, todo acercamiento hacia un compromiso fue bloqueado en

Venezuela por fuertes reacciones nacionalistas hasta llegar a una intervención

militar (golpe militar en febrero de 1992 en relación con la problemática del Golfo).

22

Una solución pacífica de esta disputa amarga se ha impedido hasta hoy, sobre

todo porque el lado venezolano ha sido incapaz de imponer políticamente

soluciones de compromiso. Aquí tienen gran fuerza corrientes nacionalistas con

constante referencia a presuntos perjuicios históricos, con palabras como

«intereses vitales» o «integridad nacional» que piensan en dimensiones terrestres

(soberanía-territorio-frontera) y con el rechazo absoluto de llevar este diferendo

ante la Corte Internacional. (Liévano., 2000)

La delimitación se acordó por una serie de instrumentos que incluyen el Laudo

Español en 1891, el arbitramento del Consejo Federal Suizo de 1922 y,

finalmente, el Tratado López De Mesa-Gil Borges de 1941, el cual puso fin a la

larga negociación territorial.

Debe tenerse en cuento que si bien los límites territoriales con la República de

Venezuela han llegado a un punto estable, las reacciones nacionalistas por parte

de los venezolanos y la posibilidad de reabrir capítulos que aún no han sido

sellados, se convierte en una constante hacia el desarrollo de nuevas discusiones

bilaterales, o peor aún, una lucha por la frontera, dada la negativa del gobierno

venezolano de acudir ante los tribunales internacionales, y la inestabilidad política

que vive el Estado venezolano hoy en día.

3.2.2 Brasil

La frontera con la República Federativa del Brasil abarca una longitud cercana a

los 1645 kilómetros. El arreglo de límites fue complejo dado que, desde la época

de la Colonia, la delimitación entre las Coronas de España y Portugal, en sus

territorios coloniales en América, no era lo suficientemente clara y, al momento de

lograr su independencia, las nuevas Repúblicas heredaron esa situación.

23

En 1826 se iniciaron gestiones para dar solución al problema de límites, pero fue

sólo hasta 1907 cuando se logró un acuerdo de delimitación y ello únicamente

para el tramo norte, comprendido entre la Frontera con Venezuela (río Negro

frente a la “Piedra del Cocuy”) y la confluencia de los ríos Apaporis y Caquetá.

Para el trayecto final hasta el río Amazonas, fue necesario esperar hasta 1928, y

lograr el arreglo de delimitación con Perú, toda vez que en 1851 Brasil y Perú

habían suscrito un Tratado de Comercio y Navegación Fluvial mediante el cual se

reconocían como límite, entre ellos, la línea geodésica Tabatinga-Apaporis, en un

área que Colombia reclamaba como propia. Dicha línea, a la postre, fue aceptada

como frontera entre la República de Colombia y la República Federativa del

Brasil.

En el Tratado de 1928 los dos países se reconocen, recíprocamente y a

perpetuidad, el derecho a la libre navegación por los ríos Amazonas, Yapurá o

Caquetá, Izá o Putumayo y todos sus afluentes y confluentes.

Los instrumentos que fijan la frontera entre Colombia y Brasil son:

“Tratado de Bogotá entre Colombia y el Brasil”, suscrito en Bogotá, el 24 de abril

de 1907 por el Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, ALFREDO

VASQUEZ COBO y el Ministro Residente en Misión Especial de Brasil ENEAS

MARTINS.

“Tratado De Límites y Navegación Fluvial entre Colombia y el Brasil”, suscrito en

Río de Janeiro (Brasil), el 15 de noviembre de 1928, entre el Enviado

Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Colombia en Brasil, LAUREANO

GARCIA ORTIZ, y el Ministro de Estado de las Relaciones Exteriores de Brasil,

OCTAVIO MANGABEIRA.

“Colombia comparte con Brasil la que constituye su segunda frontera en

extensión, pero, a diferencia de la más extensa, que lo separa y comunica con

Venezuela, a esa colindancia no se le ha otorgado en el país la relevancia que

24

merece, pese a estar ubicada en una región tan estratégica como la Amazonia ,

no obstante el enorme peso geopolítico y económico de su vecino y a pesar de

que algunas áreas de esa frontera han estado y siguen estando articuladas, de

una u otra manera, a flujos internacionales y globales. La historia ha incidido para

que los dos centros políticos, Brasilia y Bogotá, se comporten como vecinos

distantes, desconocidos y temerosos, y que sólo en los últimos años se acerquen

mutuamente, urgidos por los problemas de seguridad y motivados por el interés

comercial o geopolítico global.” (Ramirez, 2006)

3.2.3 Perú

La frontera entre las Repúblicas Colombia y Perú tiene una longitud aproximada

de 1.626 kilómetros. Las conversaciones para la suscripción de un Tratado de

límites se iniciaron muy poco tiempo después de la liberación de España y se

dieron durante un período muy largo, que concluyó únicamente en 1922.

El Tratado, además de fijar el límite entre Colombia y Perú, contempla:

Que Colombia declara como peruanos los territorios comprendidos entre la

margen derecha del río Putumayo hacia el oriente de la boca del río Cuhimbé. y la

línea establecida y amojonada como frontera entre Colombia y Ecuador en las

hoyas de los ríos Putumayo y Napo en virtud del Tratado de límites celebrado

entre ambas Repúblicas en 1916.

Que los países se reconocen recíprocamente y a perpetuidad la libertad de

tránsito terrestre y la libre navegación por los ríos comunes, sus afluentes y

confluentes.

Los instrumentos que fijan la frontera entre Colombia y Perú son:

“Tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial entre la República de Colombia y

la República del Perú”, suscrito en Lima, Perú, el 24 de marzo de 1922 por los

25

Plenipotenciarios FABIO LOZANO T. de Colombia y ALBERTO SALOMON del

Perú.

“Acta Tripartita de Límites y Navegación entre Colombia, Perú y Brasil”, firmada

en Washington D.C., el 4 de marzo de 1925, por los Plenipotenciarios CHARLES

E. HUGHES, conciliador por Estados Unidos, HERNAN VELARDE, por Perú,

ENRIQUE OLAYA HERRERA, por Colombia y SAMUEL DE SOUZA LEAO

GRACIE, por Brasil.

“Protocolo de Amistad y Cooperación entre la República de Colombia y la

República del Perú”, firmado en Río de Janeiro el 24 de mayo de 1934, junto con

un “Acta Adicional” firmada el mismo día.

De la relación diplomática de Colombia con Perú, es posible distinguir tres

momentos claves; la primera que va desde 1821 hasta la segunda mitad del siglo

XX, la cual está marcada por el enfrentamiento y el recelo, tan solo existiría un

breve período de armonía en el segundo lustro de la década del 30, en el siglo

XX, que conduciría a la firma de convenios aduaneros y culturales, y hasta la

elevación de nuestras representaciones diplomáticas en Lima y Bogotá, a la

categoría de Embajadas. (Credencial Historia, 2005)

La segunda etapa se inicia en la década del 60 hasta el primer lustro de la década

de los 80. Se trata de un período de transición, en el que comienzan a mejorar las

relaciones con Colombia, aunque sin percibirse aún como futuros socios

estratégicos.

La tercera etapa, se inicia con los Presidentes Alan García del Perú y Virgilio

Barco de Colombia, en la segunda mitad de la década de los 80, y se extiende

hasta nuestros días. En esta se produce un giro radical en nuestras relaciones

diplomáticas, dejándose atrás el marasmo y la indiferencia imperante por la

26

búsqueda de la cooperación y de mayores niveles de intercambio, hasta

establecer como meta en los últimos años, la construcción de una asociación

estratégica y de una integración profunda. (Novak & Namihas, 2011)

3.2.4 Ecuador

La frontera terrestre con Ecuador tiene una longitud cercana a los 586 kilómetros.

Las negociaciones para el arreglo de límites siguieron, al igual que con otros

países, un largo proceso que se inicia en 1830 con la disolución de la antigua

República de Colombia que conformaban Colombia, Ecuador y Venezuela y

termina en 1916, cuando se llega a un acuerdo sobre la delimitación.

Dado que Colombia y Ecuador arreglaron sus límites sin haberlo hecho con la

República del Perú, país con el que ambos mantenían diferencias por amplias

zonas de la Amazonía, la frontera fijada en el Tratado de 1916, sufrió variaciones

en función de acuerdos posteriores entre Colombia y Perú, en 1922, y entre

Ecuador y Perú, en 1942.

Los instrumentos que fijan la frontera entre Colombia y Ecuador son:

“Tratado de Límites entre la República de Colombia y la República del Ecuador”,

suscrito en Bogotá Colombia, el 15 de julio de 1916 por los Plenipotenciarios

MARCO FIDEL SUAREZ de Colombia y ALBERTO MUÑOZ VERNAZA del

Ecuador.

Los lazos que unen a Ecuador y Colombia trascienden las fronteras que los

delimitan; en el caso del Ecuador, esta frontera ampliada incluye las provincias de

Orellana e Imbabura, además de Esmeraldas, Sucumbíos y Carchi. En Colombia

serían considerados, además de los departamentos de Putumayo y Nariño, los de

Caquetá y Cauca.

27

De esta manera, se observa que la interrelación entre ambos países no se limita a

aquella que se produce en la línea de 640 km que divide a Ecuador y Colombia;

se trata de un territorio mucho más extenso, que vive día a día las dinámicas de

dicha interrelación y, asimismo, se ve afectada por las políticas y medidas que se

toman en cualquiera de las dos naciones, puesto que el nivel de interdependencia

es bastante alto. Es por esto que territorios ecuatorianos también se ven

afectados en gran medida por el conflicto que vive Colombia. (Lauret, 2009)

3.2.5 Panamá

La frontera terrestre con la República de Panamá se extiende por 266 kilómetros,

aproximadamente. La negociación con éste país (1906-1924) se inició algún

tiempo después de la separación del Departamento de Panamá en 1903, y el

acuerdo definitivo se alcanzó en 1924.

“Tratado de Límites entre la República de Colombia y la República de

Panamá”, suscrito en Bogotá, el 20 de agosto de 1924 por los Plenipotenciarios

JORGE VELÉZ de Colombia y NICOLÁS VICTORIA J. de Panamá.

Con la pérdida del Departamento de Panamá en 1903, los Estados Unidos

asumieron no solamente el control del canal de Panamá, sino también asumieron

la responsabilidad de cuidar y proteger el istmo bajo la premisa de sus intereses

comerciales y militares. Sin embargo, la salida de los Estados Unidos luego de

caducar el tratado que le confería a Estados Unidos el control del canal, Panamá

se encontró con una autoridad cívico-policial y no militar, que lo dejó en

condiciones de vulnerabilidad frente a sus vecinos inmediatos.

La frontera entre Colombia y la República de Panamá se ha convertido en una

línea o puerta para el transporte y carga de las bandas criminales en Colombia de

productos ilícitos, como drogas y armas; además según informe de las Naciones

Unidas, Panamá es uno de los sitios preferidos para la trata de blancas de

28

colombianas, y es uno de los llamados paraísos fiscales, lo que permite la

expansión del narcotráfico y la guerra cruenta en Colombia. (Bushnell, 1996)

3.3 Fronteras marítimas

Colombia fijó sus fronteras marítimas con los países vecinos mediante seis (6)

acuerdos en el Mar Caribe (Costa Rica, Haití, Honduras, Jamaica, República

Dominicana y Panamá) y tres (3) en el Océano Pacífico (Costa Rica, Ecuador y

Panamá).

Los tratados en materia de fronteras marítimas tanto en el Mar Caribe como en el

Océano Pacífico, en orden cronológico de su suscripción, son los siguientes:

1. En 1975 el Convenio Liévano -Lucio con la República del Ecuador.

2. En 1976 el Tratado Liévano -Boyd con la República de Panamá.

3. En 1977 el Tratado Fernandez - Facio con la República de Costa Rica (en

el Caribe)

4. En 1978 el Acuerdo Liévano -Jiménez con la República Dominicana.

5. En 1978, el Acuerdo Liévano -Brutus con la República de Haití.

6. En 1984 el Tratado Lloreda -Gutiérrez con la República de Costa Rica en

el Océano Pacífico.

7. En 1986 el Tratado Ramírez -López con la República de Honduras.

8. En 1993 el Tratado Sanín-Robertson con Jamaica.

Paralelamente el país siguió avanzando en la ruta del mar expidiendo la Ley 10

de 1978 por medio de la cual se dictan normas sobre Mar Territorial, la Zona

Económica Exclusiva y la Plataforma Continental, incorporando con ello a la

legislación nacional material del nuevo derecho del mar. Posteriormente, se emitió

29

la Ley 1436 de 1984 que fijó las Líneas de Base Rectas, a partir de las cuales se

miden las áreas marítimas consagradas en el Derecho del Mar.

3.3.1 Asuntos Antárticos

Colombia adhirió al Tratado Antártico mediante Ley 67 de 1988 y actualmente se

encuentra revisando su posición en el mismo, respecto del cual hemos

mantenido el estatus de observadores. En tal sentido, el Ministerio de Relaciones

Exteriores se ha propuesto posicionar la participación de Colombia en el Sistema

del Tratado Antártico por lo que se encuentra trabajando con otras instituciones

del orden nacional para generar las condiciones que permitan el cambio de

estatus de Colombia a miembro consultivo del Tratado Antártico, entre las que se

consideran a nivel legal, la modificación del Decreto 1690/90 que creó la Comisión

Nacional sobre Asuntos Antárticos para establecerlo como un órgano

intersectorial, de carácter permanente del Gobierno que preste asesoría,

orientación y coordinación con los temas antárticos. A nivel científico, definir y

establecer un Programa Nacional de Investigación sobre la Antártida y a nivel

Internacional, la ratificación por Colombia del Protocolo al Tratado Antártico sobre

Protección del Medio Ambiente “Protocolo de Madrid”.

3.3.2 Costa Rica

Con la República de Costa Rica, Colombia cuenta con fronteras marítimas tanto

en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico, las cuales se establecieron

mediante dos Tratados, el primero aún sin ratificar.

MAR CARIBE: “Tratado sobre Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas y

Cooperación Marítima entre la República de Costa Rica y la República de

30

Colombia”, suscrito en San José, Costa Rica, el 17 de marzo de 1977 por los

Plenipotenciarios HERACLIO FERNÁNDEZ SANDOVAL de Colombia y

GONZALO J. FACIO de Costa Rica. (Pendiente de ratificación por Costa Rica).

OCÉANO PACÍFICO: “Tratado sobre Delimitación de Áreas Marinas y

Submarinas y Cooperación Marítima entre la República de Colombia y la

República de Costa Rica, adicional al firmado en la ciudad de San José, el 17 de

marzo de 1977”, suscrito en Bogotá, Colombia el 6 de abril de 1984 por los

Plenipotenciarios RODRIGO LLOREDA CAICEDO de Colombia y CARLOS JOSÉ

GUTIÉRREZ de Costa Rica.

3.3.3 Ecuador

“Convenio sobre Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas y Cooperación

Marítima entre las Repúblicas de Colombia y del Ecuador”, suscrito en Quito,

Ecuador, el 23 de agosto de 1975 por los Plenipotenciarios INDALECIO LIÉVANO

AGUIRRE de Colombia y ANTONIO JOSÉ LUCIO PAREDES de Ecuador.

En este Tratado se estableció más allá de las 12 millas, una zona común (franja)

de 10 millas náuticas de ancho a cada lado del paralelo que constituye el límite

marítimo entre los dos países, para tránsito de embarcaciones dedicadas a la

pesca artesanal.

En la historia diplomática de Colombia con Ecuador, un hecho resalta sobre los

demás; la crisis diplomática que se dio en febrero de 2008 en territorio

ecuatoriano cuando las fuerzas militares y policiales de Colombia incursionaron

allí sin dar aviso a las Fuerzas Militares Ecuatorianas de las acciones planeadas.

Luego de bombardear un campamento guerrillero de las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia (FARC) en donde murió Raúl Reyes, segundo líder

de este grupo, 18 guerrilleros y 4 estudiantes mexicanos más, el gobierno

ecuatoriano es informado y en ese momento estalla realmente la crisis. El 1 de

marzo el gobierno ecuatoriano al enterarse del ataque reclamó al gobierno

31

colombiano la violación de la soberanía de su país, al haberse hecho esta

incursión sin autorización y violando lo establecido por la Convención de Viena de

1961. (Bonilla, 2010)

El gobierno colombiano, por su parte centró su atención en justificar el ataque,

destacando la importancia que tenía en el proceso de lucha interna el golpe dado

al segundo cabecilla de este grupo armado. Se enfatizó en el la información

encontrada en las computadoras de los guerrilleros en donde se identificaron

documentos que comprometían a los gobiernos ecuatoriano y venezolano de

colaborar con la FARC. Mientras tanto el gobierno ecuatoriano insistía en su

reclamo de intervención territorial. (Bonilla, 2010)

Ecuador solicitó de forma vehemente la convocatoria del Consejo Permanente de

Seguridad de la OEA y de la CAN para estudiar la intervención, ese mismo día

Ecuador movilizó tropas hacia la frontera norte.

Finalmente y en esencia, cada país buscó diseñar una estrategia de

comunicación que le permitiera conservar su imagen pública y evitar el

enfrentamiento militar. La estructura de los discursos mantuvo un doble juego: por

un lado estaba diseñada para los públicos internos siendo los voceros de la

nación, la voz de su país que reclamaba justicia. Por otro lado, se buscó

evidenciar públicamente al contrario para justificar los hechos y las acciones

tomadas por cada uno. (Bonilla, 2010)

Si bien se evitó el conflicto armado y se presentaron las disculpas

correspondientes por los hechos, los abrazos y saludos entre los mandatarios

dejaron entrever que las cosas no terminaban allí y que esto era solo un paño de

agua tibia, en un conflicto que aún se sigue. (Bonilla, 2010)

3.3.4 Haití

“Acuerdo sobre delimitación de fronteras Marítimas entre la República de

Colombia y la República de Haití”, suscrito en Puerto Príncipe, República de Haití,

32

el 17 de febrero de 1978 por los Plenipotenciarios INDALECIO LIÉVANO

AGUIRRE de Colombia y EDNER BRUTUS en representación de Haití.

3.3.5 Honduras

“Tratado sobre Delimitación Marítima entre la República de Colombia y la

República de Honduras”, suscrito en la Isla de San Andrés, Colombia, el 2 de

agosto de 1986 por los Plenipotenciarios AUGUSTO RAMIREZ OCAMPO de

Colombia y CARLOS LOPEZ CONTRERAS de Honduras.

3.3.6 Jamaica

“Tratado sobre Delimitación Marítima entre la República de Colombia y Jamaica”,

suscrito en Kingston, Jamaica, el 12 de noviembre de 1993 por los

Plenipotenciarios NOEMI SANIN DE RUBIO de Colombia y PAUL DOUGLAS

ROBERTSON de Jamaica.

3.3.7 Panamá

Con la República de Panamá, además de frontera terrestre, se comparte una

extensa frontera marítima que abarca límites en el Mar Caribe y en el Océano

Pacífico, los cuales se establecieron en el Tratado suscrito en 1976.

“Tratado sobre Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas y Asuntos Conexos

entre la República de Colombia y la República de Panamá”, suscrito en

Cartagena, Colombia, el 20 de noviembre de 1976, por los Plenipotenciarios

INDALECIO LIÉVANO AGUIRRE de Colombia y AQUILINO E. BOYD. Incluye la

delimitación en el Mar Caribe y el Océano Pacífico.

3.3.8 República Dominicana

“Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas y Cooperación Marítima entre la

República de Colombia y la República Dominicana”, suscrito en Santo Domingo,

República Dominicana, el 13 de enero de 1978 por los Plenipotenciarios

INDALECIO LIÉVANO AGUIRRE, por Colombia, y RAMÓN EMILIO JIMÉNEZ, por

la República Dominicana.

33

3.3.9 Nicaragua

“Tratado sobre Cuestiones Territoriales entre Colombia y Nicaragua”, suscrito en

Managua, Nicaragua, el 24 de marzo de 1928 por los Plenipotenciarios MANUEL

ESGUERRA de Colombia y JOSÉ BARCENAS MENESES de Nicaragua.

ACTA DE CANJE: Firmada en la ciudad de Managua, el día 5 de mayo de 1930.

El 24 de Marzo de 1928 se firmó el tratado Esguerra-Barcenas como bien aparece

anteriormente, con el que se buscó poner fin al litigio ente ambos países; este

documento es el mayor antecedente que existe históricamente sobre el diferendo

entre Colombia y Nicaragua. En este tratado se le reconoce soberanía a

Nicaragua sobre la Costa de Mosquitos y sobre las Islas Mangle Grande y Mangle

Chico; por el otro lado a Colombia se le reconoce soberanía sobre la Isla de San

Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las islas, islotes y cayos que conforman el

Archipiélago de San Andrés y Providencia. Roncador, Quitasueño y Serrana se

encontraban en litigio entre Colombia y Estados Unidos. Finalmente EEUU cedió

sobre su pretensión, por lo cual la Asamblea Nacional de Nicaragua dio anexo,

mediante una declaración de soberanía sobre los mismos cayos que fueron dados

a Colombia; por lo cual Nicaragua dio paso a declarar nulo el tratado de 1928.

(Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2013)

Para el 2012 la Corte Internacional de Justicia entró a dirimir sobre los cayos que

no se habían incluido dentro del tratado de 1928 ya que consideraba que era de

su competencia definir claramente la línea divisoria. (Ministerio de Relaciones

Exteriores de Colombia, 2013)

Nicaragua argumentó que, habiendo sido parte de la Capitanía General de

Guatemala, tenía en su jurisdicción las islas en disputa con Colombia, con base

en la Cédula Real del 28 de junio de 1568, confirmada en 1680 por la Ley VI de la

Recopilación de las Indias y posteriormente en la Novísima Recopilación de 1744

(Corte Internacional de Justicia, 2012, pág. 26, párrafo 58). Adicionalmente, con

base en el principio uti possidetis iuris, Nicaragua argumentó soberanía pues las

34

islas son adyacentes a su costa, y el hecho de que Colombia tenga soberanía

sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina responde a un cesión por parte

de Nicaragua en el Tratado de 1928, pero no significa que las demás islas no

estén bajo su jurisdicción. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia,

2013)

Colombia, por su parte, reclamó su soberanía con base en la Orden Real de

1803, donde el Archipiélago se encontraba bajo jurisdicción del Virreinato de

Nueva Granada. Colombia afirmó que las autoridades de la Capitanía General de

Guatemala nunca rechazaron la jurisdicción sobre el Archipiélago por parte del

Virreinato.

La Corte finalmente falló a favor de Colombia en cuanto a la soberanía sobre las

islas, con base en el comportamiento de las autoridades posterior a la

independencia.

No obstante, Nicaragua solicitó a la Corte pronunciarse sobre la delimitación

marítima, con el interés de crear una zona de enclave marítimo de no más de 12

millas náuticas sobre las islas colombianas. Debido a que las partes estuvieron en

desacuerdo sobre qué método usar para la delimitación marítima, la Corte optó

por aplicar el método de línea media provisional. Sin embargo, esa línea estuvo

sujeta a modificaciones con base en diferentes consideraciones, como la

aplicación de seguridad y defensa sobre la zona por ambas partes, el tamaño de

las costas de cada país, la búsqueda de un acceso equitativo a recursos naturales

y las delimitaciones marítimas preexistentes en el área.

Tras la modificación de la línea, la Corte cambió la delimitación marítima,

concediendo a Nicaragua zonas que se extienden al oriente del meridiano 82 que

anteriormente había sido el punto de referencia sobre el cual finalizaba el

archipiélago de San Andrés como límite occidental del mismo. (Corte

Internacional de Justicia , 2012)

35

4.0 Capítulo 3. Efectos de la política de Seguridad y Defensa en el

territorio Colombiano.

La política de Seguridad y Defensa se considera una política compleja, ya que no

es equiparable a las demás políticas producidas por el gobierno, la formulación de

esta no se da al azar, ya que se necesita de un conocimiento previo profundo, que

permita abarcar todo lo que una política de Seguridad y Defensa necesita para

cumplir su mandato constitucional.

En la política de Seguridad y Defensa Nacional, los antecedentes son

fundamentales para que en la formulación tenga congruencia con los fines

esenciales del Estado, eso quiere decir, que tenga congruencia con el interés

nacional. El desarrollo de un estudio previo sobre las debilidades, oportunidades,

fortalezas y amenazas (DOFA) permite con antelación dar con el principio de

oportunidad para el desarrollo de la PDN.

La debilidad de Colombia en este asunto tan importante se ve reflejada en el

hecho de que no se conocen a ciencia cierta el DOFA de la PDN con respecto a

los países vecinos. Esta debilidad se refleja en los intensos esfuerzos del

gobierno colombiano encaminados a mantener el orden territorial bajo el

comando de las Fuerzas Militares para poder prevalecer la soberanía nacional a

nivel interno, lo que socaba el sentido real de la PDN. Lo anterior se vislumbra

claramente en la medida en que el gobierno de Colombia, confunde la PSN con la

PDN, encaminando erróneamente, confundiendo y malinterpretando la PDN con

una política gubernamental, lo que produce un vacío en el desarrollo de la PDN.

En Colombia se ha venido perdiendo el norte del interés nacional, que

constitucionalmente debe prevalecer por encima de los demás intereses, ya que

el interés nacional ha sido reemplazado por necesidades que afectan de manera

inmediata a los ciudadanos y que vulneran el territorio nacional, pero que no

amenazan la supervivencia de los mismos.

36

La PDN en Colombia está encaminada en seis puntos: (Ministerio de Defensa

Nacional, 2015)

1. Desarticular los GAML y crear condiciones suficientes de seguridad para

la consolidación del Estado.

2. Crear condiciones de seguridad para la convivencia ciudadana

3. Llevar a un mínimo la producción nacional de narcóticos

4. Avanzar hacia un sistema de capacidades disuasivas creíble, integrado e

interoperable.

5. Fortalecer la institucionalidad y el bienestar del sector seguridad y defensa

nacional.

6. Contribuir a la atención oportuna de desastres naturales y catástrofes

Lo anterior muestra, que en Colombia solamente se ha propugnado por el

desarrollo de una política interna de Seguridad institucional, más no una PDN que

apunte a la defensa del interés nacional. Como se puede observar, la PDN que

pregona el Ministerio de Defensa está encaminado a la lucha contra el

narcotráfico, las drogas ilícitas y el conflicto interno como los principios

fundamentales que apoyan su implementación, bajo los objetivos de “consolidar el

control del territorio nacional y fortalecer el Estado de Derecho”

Lo anterior muestra la incongruencia con el objetivo de una PDNiii, descuidando

objetivos de supervivencia y de poder como lo resalta el realismo pragmático;

además se deja de lado el interés nacional, punto de encuentro entre el Neo

institucionalismo y el realismo pragmático. Claramente la PDN encaminada,

dirigida y ejecutada por el gobierno nacional, está enfocada sólo en amenazas

internas, y deja de lado las amenazas externas que deben ser la base de toda

PDN.

En cuanto al desarrollo de la PDN, el Ministerio de Defensa, según su misión y

visión, es el encargado de la formulación y ejecución de la PDN del país, sin

embargo, este actor encuentra una grave inconsistencia con dicha política. Esta

37

inconsistencia se encuentra en los objetivos que tiene como actor bajo medidas

institucionales y las funciones que le son otorgadas por el ejecutivo a la cabeza

como comandante en jefe; el Ministerio de Defensa Nacional debe garantizar “la

soberanía del territorio, la independencia, la integridad territorial y el orden

constitucional, el mantenimiento de las condiciones democráticas, la contribución

de la paz y el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los

derechos, obligaciones y libertades públicas” (RESDAL, 2015). Dado lo anterior

es claro que estas funciones no se llevan a cabo, confirmando que los objetivos

del Ministerio de Defensa, así como la Misión y la Visión del mismo, se

direccionan a la política gubernamental dictaminada por el comandante en jefe

designado constitucionalmente, dando preferencia a una política gubernamental, y

no a la directriz del Estado, que es la protección del interés nacional.

4.1 ¿Por qué la Política de Seguridad y Defensa de Colombia se enfoca

en la Seguridad y Defensa del gobierno y no del interés nacional?

Según el gobierno nacional y su política de defensa y seguridad democrática, “la

necesidad de atender la seguridad interior no implica un descuido dela defensa

nacional, a la que se otorgará la debida prioridad. Colombia seguirá siendo fiel a

su tradición de país respetuoso del derecho internacional, pero mantendrá una

capacidad disuasiva, con la proyección necesaria para asegurar el respeto a su

soberanía nacional e integridad territorial, dentro de una postura estratégica

defensiva” (Ministerio de Defensa Nacional, 2003). Sin embargo, la formulación de

la estrategia y táctica militar aplicada por el Ministerio de Defensa y de la

Presidencia de la República, desobedece la institución y la directriz constitucional

dictaminada, además su formulación en táctica real, pone en entredicho tanto la

seguridad como la defensa del Estado. Esto se corrobora al analizar el

posicionamiento de las bases de las Fuerzas militares a través de todo el territorio

nacional, el cual parece obedecer más a una política de protección gubernamental

y de una política de seguridad y defensa para la industria extractiva y de

hidrocarburos. (Anexos de mapas)

38

Por otro lado es importante resaltar las manifestaciones del gobierno nacional por

medio del Ministerio de Defensa, en cuanto aceptan que “Sin embargo, la

naturaleza de las amenazas que aquejan a la Nación, en particular el terrorismo, y

el negocio de las drogas ilícitas, ha llevado a que en el caso colombiano […] se

desdibujen los límites entre la seguridad interior y la defensa nacional” (Ministerio

de Defensa Nacional, 2003). Lo anterior no se puede constituir como una excusa

del gobierno colombiano hacia sus deberes constitucionales con la nación y por

encima de estos, el deber con el Estado.

Con la implementación de la Seguridad Democrática en Colombia, a partir del

primer mandato del Expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) la PDN se

enfocó en recuperar el control territorial en muchas zonas del país, que para el

momento eran casi inaccesibles para el gobierno nacional, e incluso para las

Fuerzas Militares, territorios comandados por los grupos armados ilegales al

margen de la ley. Para esta política gubernamental, ya que fue planteada como

una estructura institucional para cuatro años, la defensa nacional ocupa un aparte

ínfimo dentro del plan de acción de las Fuerzas Militares, por orden del presidente

de la República, ya que solamente menciona la Misión y la Visión de las Fuerzas

Militares, más no proyecta esta misión y visión sobre los objetivos y funciones que

deberían tener las Fuerzas Militares de Colombia, ya que le es encargado tareas

policiales y de carácter civil, lo que deteriora en gran medida aún más la

protección del interés nacional.

Ya para el segundo periodo de Álvaro Uribe (2006-2010), el Ministerio de Defensa

de Colombia, publica en el 2007 el documento oficial que dictamina la política de

seguridad y defensa del Estado, bajo el nombre de “política de consolidación de la

seguridad democrática”, en este documento es imperante la falta absoluta de la

PDN, ya que la segunda ola de la política de seguridad democrática se dedica

únicamente al conflicto interno, no da directriz alguna frente al desarrollo de la

39

PDN, dejando de lado la demanda entablada por Nicaragua ante la CIJ, los

constantes arremetimientos del gobierno de Venezuela por la conquista de la

península de la Guajira colombiana, la instalación de bases militares de Estados

Unidos y de Brasil en la frontera de la amazonia colombiana, la instalación de

bases militares de Estados Unidos y de Ecuador en la frontera que delimita el

Estado de Ecuador con el Departamento de Putumayo, la cada vez más insegura

frontera entre Colombia y Panamá (Esquivel Triana, 2001); lo que es una falta

absoluta a la misión de las Fuerzas Militares de Colombia, llegando a utilizar las

mismas como un ejército propio del gobierno nacional, y no del Estado

Colombiano (Ministerio de Defensa Nacional , 2007)

4.2 Introspección de los Gobiernos de Colombia en su ejecución de la

Política de Seguridad y Defensa y visión como problema de política

pública. (Presidencias de 1990-2002 y 2002-2012)

En Colombia la política de seguridad y defensa nacional se puede establecer en

dos etapas; la primera etapa está construida bajo las bases de la nueva

constitución política, que da la entrada a Colombia a ser un país de carácter más

liberal, y que acepta todas las recomendaciones relacionadas por el Plan de las

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual envío a Colombia varias

misiones de carácter diplomático y económico para desarrollar una apertura de

mercado (Bushnell, 1996). Esta etapa está marcada además por el rápido

crecimiento de las guerrillas de Colombia y una escalada crítico del terrorismo

llevado a cabo por los carteles de la droga.

En esta primera etapa la política de seguridad y defensa de Colombia, se vio

coaptada por el narcotráfico, en primera medida, con la llegada de Pablo Escobar

a la Cámara de Representantes por el Departamento de Antioquia, situación que

de inmediato llamó la atención tanto de la comunidad nacional como internacional,

ya que se conocía muy bien la procedencia de la inmensa riqueza y poder de este

40

personaje, que llevó a transformar toda la cultura de un país, y llevó a cabo la

transformación institucional de todo un sistema político. (Legarda, 2005)

Para aquel entonces los actores tanto políticos como jurídicos se vieron atados de

manos, la institucionalidad del Estado se vio frenada y coaptada por el cartel de la

droga de Medellín, el miedo subyugó el desarrollo de la búsqueda por el interés

nacional, quedando un Estado débil, a la deriva y con una mancha institucional y

política, que aún hoy en día genera crisis en el sistema político y en el desarrollo

de políticas públicas; lo anterior debido a que la cultura institucional se transformó,

y con ello la capacidad y la toma de decisiones de los actores dentro del Estado.

El Ministerio de Defensa junto con la Fuerza Pública tuvo que lidiar con uno de los

enfrentamientos más cruentes desde la proclamación de la nueva constitución

política. (Semana, 2013)

Para la llegada a la Presidencia de la República de Ernesto Samper (1994), la ola

de coaptación institucional llega a su punto más alto, el llamado proceso ocho mil

se convierte en la mayor vergüenza política hasta el momento llevada a cabo por

el Jefe de Estado y de Gobierno, además de ser la máxima autoridad

administrativa, deja entrever la debilidad institucional.

Siendo las instituciones las que determinan la actividad política y están

constituidas por elementos de identidad, poder y estrategia que estructuran el

comportamiento de los actores políticos y determinan los resultados con el fin de

desarrollar la estructura que permita la búsqueda del interés nacional, el contexto

colombiano que se desarrolló bajo la primicia y autoridad de los actores, y con un

esquema institucional abrumado por el terrorismo (Vargas, Lesmes, & Téllez,

1996), la PND y el interés nacional se vieron relegados a la inmediatez de la

protección de los más altos rangos del Estado, proceso que hay que tener en

cuenta fue propiciado por los mismos actores que juraron proteger los intereses

del Estado, y que utilizaron la Fuerza Pública como ejército privado para cubrirse

de quienes en algún momento sirvieron a los intereses privados.

41

Ya posteriormente con la llegada de Andrés Pastrana a la presidencia (1998) se

da la firma con el gobierno de los Estados Unidos del llamado Plan Colombia, el

cual es un plan primeramente de ayuda militar al gobierno colombiano, cuyo

propósito declarado es el contribuir al desarrollo de Colombia a través de la lucha

contra el narcotráfico. Según el plan Estados Unidos ofrecerá medio billón de

dólares de ayuda militar a Colombia para la lucha antisubversiva. (Embajada de

los Estados Unidos de América , 2000) Aunque el plan incluye componente de

ayuda social y reforma institucional, estos demuestran una falta de entendimiento

de las causas reales de los problemas colombianos, que los harán totalmente

inefectivos. La política de seguridad y defensa del Plan Colombia, representa

claramente una intervención de los Estados Unidos a la política de Colombia,

reflejando claramente los intereses de los norteamericanos referentes a su política

de seguridad y defensa, encaminada y descrita en su documento oficial.

(Department of Defense, 2008 )

Para varios autores (Torrijos, 2010) (Esquivel Triana, 2001) es claro que la política

de seguridad y defensa del plan Colombia, es una política que amenaza el interés

nacional, las instituciones militares, el desarrollo del país, ya que las medidas que

se llevan a cabo en este plan, solamente encrudecen el conflicto interno y no

buscan la estabilidad. Para (Morgenthau, 1986) no existen vacíos de poder;

Colombia se vio enfrentada a una de sus peores crisis de estabilidad política y

gubernamental, a tal punto que cedió frente a los intereses de otro Estado,

doblegando la capacidad de toma de decisión de los actores y la importancia del

carácter institucional y moral que esto conlleva.

En la segunda etapa (2002-2012) la llegada de Álvaro Uribe al poder marcó la

transición de una política de defensa coaptada por los Estados Unidos, a una

política, que sin dejar de ser coaptada, permitió el realce de la Fuerza Pública; sin

42

embargo, lo anterior nunca significó el contraste entre el interés de los Estados

Unidos, y el interés nacional del Estado colombiano.

La implementación de la política de seguridad democrática permitió un realce

moral de los actores de la fuerza pública y la reestructuración de las instituciones

que comandan la política de seguridad nacional, pero no significó el

empoderamiento en la toma de decisiones, ya que la política gubernamental de

seguridad democrática, es la continuación del plan Colombia adaptada al Plan

Nacional de Desarrollo del año 2002 hasta el año 2012.

Si bien este enfoque que se le da a la política de seguridad nacional, responde a

la necesidad de seguridad nacional, no responde a las necesidades de defensa

que tiene Colombia; la cuestión se complica en la medida en que si se le da

prioridad únicamente a la seguridad interna de la nación, la existencia del Estado

se pone en peligro, ya que se genera un grado de vulnerabilidad frente a las

amenazas externas que influyen directamente en la pérdida de soberanía,

territorio, he institucionalmente se estaría cometiendo un crimen de Estado, ya

que las Fuerzas Militares de Colombia están obviando su deber constitucional, lo

que para el sector público significa la pérdida del sentido de ser de la institución,

generando un vacío de poder que de inmediato es absorbido, ya sea por los

grupos armados ilegales o por actores externos al Estado.

La consolidación de la seguridad democrática es exactamente eso, el olvido de la

defensa en territorio nacional. Esta política de Seguridad y Defensa confunde los

roles que juegan los actores armados de la Fuerza Pública en Colombia, distraen

la atención de la misión de las Fuerzas Militares, genera inestabilidad y confusión

dentro de las instituciones, empobrece la actividad de crear un sistema de

defensa que permita controlar el territorio y de esta manera poder reclamar

soberanía.

43

5.0 CONCLUSIONES Y APRECIACIONES

El estudio realizado partió de la premisa de que en Colombia si existe una

política de seguridad y defensa, sin embargo, el desarrollo de la misma no

concluye con el deber ser constitucional que le es encomendado, la

protección del interés nacional. A su vez, se ha afirmado que lo anterior ha

causado un aumento en la pérdida de territorio soberano en los 200 años de

existencia del Estado colombiano, lo que ha representado un 50% de pérdida

territorial; en segundo lugar, este trabajo intenta relacionar lo anterior con la

capacidad de respuesta del Estado Colombiano ante una eventual

confrontación, y si las Fuerzas Armadas de Colombia están preparadas para

defender la soberanía del Estado; además la estructura institucional

presentada en la constitución política de Colombia de 1991, que antepone al

jefe del ejecutivo como comandante de la fuerza pública, reduce la toma de

decisiones de los actores a cero, lo que representa la perdida en la misión, la

visión, los objetivos y las funciones constitucionales de las fuerzas militares.

En esta sección, se esbozarán las conclusiones referentes al estudio de la

política de Seguridad y Defensa en Colombia y sus efectos sobre la perdida

de territorio soberano, para corroborar o no los puntos de la hipótesis central.

Se presentarán una serie de apreciaciones provenientes de los resultados

del estudio frente a los aportes del neo institucionalismo y del realismo

pragmático en función de analizar una institución nacional como el sector de

Seguridad y Defensa en Colombia. Estas apreciaciones no son más que un

aporte de nivel teórico bajo fundamentos prácticos al debate sobre la validez

de las miradas neo institucionalista y realista en el estudio de la Gestión

Pública y de las Relaciones Internacionales.

Efectivamente como se mencionó en la primera parte de la hipótesis, la

Política de Seguridad y Defensa en Colombia está enfocada en la búsqueda

y protección de intereses de otra índole o extranjeros, y no en la protección

44

del interés nacional como la Carta Magna lo manda, en consecuencia la

misión y la visión de las Fuerzas Militares, que constitucionalmente se

deberían enfocar en la protección de la soberanía nacional y la integridad del

territorio nacional, están siendo destinadas a cumplir objetivos y funciones

que si bien ponen en peligro la seguridad de los habitantes del territorio

colombiano, en ningún momento han puesto en peligro la existencia del

mismo, refiriéndonos al conflicto interno, tanto del narcotráfico como la lucha

contra las organizaciones armadas al margen de la ley. Sin embargo,

contrario a lo que se podría pensar, el deslinde de las fuerzas militares con

su principal objetivo que es la protección del interés nacional, no se debe a

un problema de organización institucional, sino que se debe a que no tienen

capacidad de toma de decisiones por sí mismas, ya que son comandadas

por el poder ejecutivo, el cual está representado por un personaje de nivel

político, que atiende primero a intereses políticos y no nacionales.

Política Pública de Seguridad y Defensa Nacional

Fuerza Aérea Ejército Nacional Armada de Colombia

Actor Político Obedece a Interéses Políticos

Presidencia de la República y Ministerio de Defensa

Toma de desiciones

Comando General de las Fuerzas Militares

Jerarquía Castrence, obedece ordenes

Funciones y Objetivos no

concuerdan con Misión y Visión

Ejecutan una PSYDN del gobierno, pero no protegen

el interés nacional

45

Finalmente se ha demostrada en este estudio que una Política de Seguridad y

Defensa orientada en contra del interés Nacional solamente genera la pérdida de

soberanía nacional, integridad territorial, concentración excesiva de recursos tanto

políticos como económicos, pobreza, desigualdad, abandono de zonas

territoriales, aumento de la inseguridad, pérdida de poder y generación de vacíos

de poder.

La Política pública de Seguridad y Defensa debe estar orientada a la protección

del Interés Nacional, no solamente como obligación constitucional, sino como un

factor mismo de la existencia del Estado; dentro de la organización del Estado

colombiano, la capacidad de toma de decisión sobre la Seguridad y Defensa de

Colombia recae sobre el Presidente de la República, por ende, en la medida en

que este actor político no desee proteger el Interés Nacional, las Fuerzas Militares

de Colombia no van a poder cumplir con su Misión de proteger la soberanía del

Estado y la integridad territorial, por lo que Colombia seguirá perdiendo territorio y

soberanía frente a los demás Estados limítrofes.

46

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51

7.0 ANEXOS

En la siguiente sección se encuentran algunos planos que ilustran los principales

cambios fronterizos en algunos de los casos del presente estudio.

Anexo 1. Caso Colombia y Nicaragua

Fuente: Caso Limítrofe Nicaragua contra Colombia, Corte Internacional de

Justicia, Fallo final.

52

Anexo 2. Territorio perdido por Colombia desde 1717 hasta el presente.

Fuente:http://www.semana.com/nacion/articulo/infografia-una-historia-

perdidas/268399-3

53

Anexo 3. Bases de la Fuerza Aérea en Colombia

Fuente: https://www.fac.mil.co/

54

Anexo 4. Bases de la Armada de Colombia

Fuente: https://www.armada.mil.co/

55

Anexo 5. Bases del Ejército de Colombia

Fuente: Archivo propio

56

Anexo 6. Mapa de oleoductos y gaseoductos en Colombia

Fuente: www.ecopetrol.com.co

57

Anexo 7. Entrevista almirante de la Armada de Colombia

Introducción:

Siendo las 10:20 de la mañana del día 15 de Mayo de 2015, me encuentro con el

Almirante……….. Quien ha excedido a ser entrevistado sobre temas de

Seguridad y Defensa en Colombia, con aras de un desarrollo académico, que

permita la elaboración de la tesis planteada. En esta entrevista participarán

únicamente el Almirante (AL), y Juan David Huertas Mejía (JD) como

entrevistador.

Entrevista:

JD: Almirante muy buenos días y gracias por acceder a la entrevista.

AL: Muy buenos días.

JD: En primer lugar Almirante quisiera que me comentara sobre ¿qué entiende

usted por Seguridad y Defensa?

AL: La Seguridad y la Defensa primero que todo no son conceptos aislados, no se

puede considerar la defensa sin tener que hablar de seguridad; por defensa

estamos hablando de la capacidad que tiene un Estado de defenderse de actores

o situaciones externas que puedan llegar a menoscabar la soberanía de un

Estado; y por seguridad entiéndase el conjunto de elementos necesarios para

poder desarrollar las complejas actividades que los habitantes de un territorio

cualquiera necesitan, por medio de dos factores, percepción y situación real de

seguridad, y que les permite un patrón de estabilidad y desarrollo.

JD: ¿Qué entiende usted por Política de Seguridad y Defensa?

AL: Una política en primera medida es la respuesta de un gobierno a un problema

dado por el transcurrir de una sociedad, por ende una política de seguridad y

defensa no es otra cosa que la respuesta que le da el gobierno para proteger al

Estado de lo que le pueda hacer daño.

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JD: ¿Almirante, entonces usted considera que la política de seguridad y defensa

en Colombia responde a un problema?

AL: Por supuesto, la política de seguridad y defensa en Colombia responde a los

complejos problemas que vive por el narcotráfico y la lucha contra los actores

armados ilegales

JD: Almirante ¿Cuál es la Misión de las Fuerzas Militares de Colombia y como se

diferencia esa Misión de la Fuerza Pública policial?

AL: La Misión de las Fuerzas Militares es proteger la integridad del territorio

nacional, a sus habitantes y la soberanía del Estado de Colombia; la Policía

Nacional de Colombia tiene como Misión la protección de los habitantes de

Colombia, su patrimonio, su honra y la vida de los mismos.

JD: ¿Usted cómo define interés nacional?

AL: El interés nacional es el punto culmine donde toda institución pública debe

apuntar, es el fin del Estado mismo, es el deber ser.

JD: ¿podría entonces afirmar que la Misión de las Fuerzas militares de Colombia

es proteger el interés nacional y como visión hacer lo posible para alcanzarlo?

AL: El interés nacional es una visión, es una hoja ruta que permite a las Fuerzas

Militares cumplir sus fines.

JD: ¿Almirante quién es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares?

AL: El Presidente de la República

JD: ¿Quién es el que diseña la política pública de seguridad y defensa de

Colombia?

AL: Quien diseña la política de Seguridad y Defensa de Colombia es el Ministerio

de Defensa quien a la cabeza se encuentra el Ministro.

59

JD: ¿Almirante, quien nombra el Ministro de Defensa en Colombia?

AL: El Presidente de la República bajo sus facultades está elegir el gabinete de

Ministros, por ende el Ministro de Defensa es elegido por el Presidente de la

República.

JD: Almirante, dentro de las Fuerzas Militares existe una formación bien estricta

sobre la institución castrense, ¿Cómo funciona la cadena de mando dentro de la

organización de las Fuerzas Militares?

AL: Las Fuerzas Militares de Colombia están divididas en tres especialidades, el

Ejército de Colombia, La Fuerza Aérea y la Armada; cada una de estas

organizaciones tiene su propio comandante, sin embargo, existe en Comando

General el Comandante de las Fuerzas Militares, quien es la persona encargada

de toda la Fuerza Pública Militar de Colombia, y por encima del Comandante

General está el Presidente de la República.

JD: Dentro de la institución castrense el factor de una orden es una orden, ¿sigue

existiendo?

AL: Claro que sí, dentro de las Fuerzas Militares la cadena de mando es muy

clara, si no, no existiría.

JD: ¿Entones todo el accionar de las Fuerzas Militares es comandado por el

Presidente de la República?

AL: En efecto, Las órdenes se imparten desde la Presidencia al Ministro de

Defensa, quien a su vez, nos informa en Comando General de las acciones a

tomar y se diseñan las estrategias y las tácticas para que la orden se cumpla.

JD: Una última pregunta Almirante, sé que es una persona con muchas

obligaciones. ¿Por qué las Fuerzas Militares se dedican a combatir problemas

internos, como el narcotráfico y las guerrillas?

60

AL: Desde hace muchas décadas la política de Seguridad y Defensa en Colombia

dio un giro muy fuerte debido a la amenaza que las guerrillas estaban

representando para el Gobierno de Colombia, lo que llevó al Presidente a tornar

esa responsabilidad que en principio era de la Policía Nacional, a las Fuerzas

Militares, debido al tipo de armamento utilizado por las guerrillas y por los

narcoterroristas, armas que eran más parecidas a las utilizadas por las Fuerzas

Militares.

JD: Almirante, solo me queda agradecerle por su tiempo y su conocimiento y

experiencia en el tema.

NOTAS

i Departamento Nacional de Planeación es uno de los pioneros de los estudios fronterizos. Desde 1973 ha producido documentos sobre el tema, que condujeron a un documento Conpes en 1986, y a otro más en enero de 2002. Entre la lista de estudios de la Dirección de Desarrollo Territorial del DNP están: Conpes 3155, Bogotá, 2002; Tres décadas de políticas fronterizas en Colombia, Bogotá, 2001; Colombia y sus fronteras política: de frontera, caracterización regonal socioeconómica comparada por países y departamentos fronterizos. Documentos para el desarrollo territorial No. 42, Bogotá, 2001; Conpes 2244, Plan fronteras: consolidación de ¡apolítica de desarrollo fronterizo, Bogotá, DNP, 1986; Conpes 1247, Hacia una política nacional de desarrollo de las áreas de frontera, DNP, 1975. En la página web de la Dirección de Desarrollo Territorial del DNP íwww.dnp.gov.co/01 cont/des terr/D REG-.HTM) puede accederse a amplia información técnica y legislativa sobre el tema de fronteras. ii En el desarrollo de esta sección del trabajo de grado, se tomaron los artículos y apartes encontrados en: http://www.cancilleria.gov.co/politica/asuntos-bilaterales donde se encuentra toda la información institucional concerniente a los tratados que se han realizado en cuestión de las fronteras con los países vecinos; tanto tratados terrestres como marítimos son tomados de ésta página web, por la razón de que es la información más verás que se pudo encontrar en la revisión del estado del arte. Por otra parte la información consignada en el Instituto Geográfico

61

Agustín Codazzi aportó todos los mapas históricos que respaldan la información de la Cancillería de Colombia; esa información puede ser consultada y ampliada en: http://www.igac.gov.co:10040/wps/portal/igac/raiz/iniciohome/MapasdeColombia/Mapas/Historicos iii La PDN es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La PDN hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende proteger el interés nacional. Además la defensa son las condiciones de seguridad externas para que el país pueda asegurar sus intereses primarios, que por medio de una estructura, y una organización aprovecha el conjunto de recursos materiales y humanos destinados al cumplimiento de la actividad antes definida.