Dedicamos este trabajo a nuestra recordada compaera Liliana Siffredi.

ISBN 978-950-29-1070-3 Hecho el depsito que marca la Ley 11.723Impreso en la Argentina

Cuaderno N 10: polticas sociales en la Argentina: entre la ciudadana plena y el asistencialismo focalizado en la contencin del pauperismo / Leopoldo Halperin Weisburd...[et.al.]. - 1a ed. - Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 2008. 280 p.; 19x14 cm.

ISBN 978-950-29-1070-3

1. Polticas Pblicas. 2. Pobreza.CDD 320.6

Polticas sociales en la Argentina.Entre la ciudadana plena y el asistencialismo focalizado

en la contencin del pauperismo

Autores Leopoldo Halperin Weisburd (director)Juan Antonio Labiaguerre (codirector)Cecilia Delpech (investigadora)Marita Gonzlez (investigadora)Berta Horen (investigadora)Jose Villadeamigo (investigador)Liliana Siffredi (+)Guillermo Mller (ayudante de investigacin, becario de la FCE, UBA)

Equipo de investigacin del proyecto UBACyT E022: Transformaciones en elrgimen de acumulacin social y los cambios en las estrategias de inversinpblica y las polticas focalizadas en la dcada del 90 en la Argentina, desarro-llado en el perodo 2004-2007, en la sede acadmica del Centro de EstudiosPoblacin, Economa y Desarrollo (CEPED) del Instituto de InvestigacionesEconmicas de la Facultad de Ciencias Econmicas de la Universidad deBuenos Aires.

El captulo "Modalidades de aplicacin de las polticas sociales en la Argentinahoy, las polticas de contencin de la pobreza y el clientelismo poltico" fue rea-lizado en colaboracin con el grupo de investigacin Calidad de Vida de laFacultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a cargode la directora: licenciada Cristina Amanda Rosenthal y los investigadores:profesora Nlida Margarita Barabino, licenciado Melchor Rubn LarrosaSerrano, magster Mara Rosa Lecarotz, profesora Griselda Alicia Prandn,adscripto alumno de Geografia Gustavo Martn Giordano.

Introduccin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1. El desarrollo de las polticas sociales en el contexto del mundo capitalista. El caso particular de la Argentina. . . . . . . . 5

2. El gasto pblico social: evolucin, composicin y efectos. . . . . 63 1. Las concepciones de poltica econmica y el gasto pblico social. . . . . 63 2. Caractersticas del GPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673. Las series elaboradas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .704. Los perodos del gasto social nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

4.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714.2. Perodo 1896-1930. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734.3. La primera transicin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784.4. Perodo de industrializacin sustitutiva

(modelo del crecimiento hacia adentro). . . . . . . . . . . . . . . 794.5. La segunda transicin y el modelo de apertura comercial y

liberalizacin financiera, con desregulacin y privatizaciones. .854.5.1. El nuevo sesgo del gasto social:

una mirada al gasto social consolidado. . . . . . . . . . . . . 914.5.2. El gasto en educacin por educando. . . . . . . . . . . . . . . . 98

5. La distribucin del ingreso y pobreza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015.1 Distribucin del ingreso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015.2 Pobreza e indigencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

6. Bibliografa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

3. Introduccin conceptual a la problemtica del mercado de trabajo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1111. Breve resea de la salida de la crisis argentina. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1132. Reconstruccin del Mercado de Trabajo argentino, logros y dficits. . 1193. Las polticas laborales poscrisis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1204. El dficit del mercado de trabajo argentino.

Informalidad y precariedad laboral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1285. Los grupos de vulnerabilidad sociolaboral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1336. Bibliografa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

4. Pobreza y programas sociales de contencin. . . . . . . . . . . . . . .1371. Ministerio de Desarrollo Social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166

1.1. Plan Nacional de Desarrrollo Local y Economa Social Manos a la Obra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

1.2. Plan Nacional Familias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1691.3. Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. . . . . . . . . . . . . . . . 171

2. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. . . . . . . . . . . . . . 1722.1. Programas Nacionales de Empleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

3. Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios. . . . .1754. Algunas Conclusiones en torno al ejercicio de las Polticas

Sociales hoy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1765. Anexo - Grficos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

5. Modalidades de aplicacin de las polticas sociales en la Argentinahoy, las polticas de contencin de la pobreza y el clientelismo poltico: la percepcin de la poblacin sobre el tema. . . . . . . . . . . 1891. A modo de introduccin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1892. El universo entrevistado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194

2.1. reas de relevamiento en la ciudad de Mar del Plata. . . . . . . . 1952.2. Descripcin del universo entrevistado. . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

3. Breve anlisis del contenido de las entrevistas (cualitativas). . . . . . . . 2034. Reflexin final. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2166. Bibliografa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

6. Bibliografa General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

7. Anexo A - Grficos El Gasto Pblico Social: evolucin, composicin y efectos. . 237

8. Anexo BAlgunas desgrabaciones de las entrevistas cualitativas a los hogares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Introduccin

La presente publicacin expone, en forma resumida, los principalesresultados del proyecto UBACyT E022: Transformaciones en el rgi-men de acumulacin social y los cambios en las estrategias de inversinpblica y las polticas focalizadas en la dcada del noventa en laArgentina, desarrollado en el perodo 2004-2007, en la sede acadmicadel Centro de Estudios sobre Poblacin, Empleo y Desarrollo (CEPED)del Instituto de Investigaciones Econmicas de la Facultad de CienciasEconmicas de la Universidad de Buenos Aires.

Como sucede en la gran mayora de los procesos de investigacinsocioeconmica, sin redefinir nuestro objetivo inicial centrado en ladcada final del siglo XX, el mismo se fue ampliando e incluyendootros objetivos especficos ms abarcativos en el tiempo y en la temticarelacionada con las polticas sociales.

Dentro del enfoque multidisciplinario comprometido y a poco de inicia-do el proyecto, redefinimos el enfoque inmediatista y lo sustituimos poruna visin con una extensin del plazo del mismo, prolongando haciaatrs y hacia delante la bsqueda de datos, en tanto el acceso a las fuen-tes lo permitiese. As establecimos como punto de partida las CuentasNacionales publicadas desde 1896, en las que se desarrolla el trabajosobre educacin pblica, salud, seguridad social y beneficencia ante-cedente de la asistencia social pblica (ver punto sobre gasto socialresidual) y, como prolongacin y culminacin del mismo, los recien-tes informes del Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa de laNacin y el Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INDEC).

Entendimos que esta ampliacin de plazos era fundamental para unacabal comprensin de la estrecha relacin que presuponamos entre elrgimen de acumulacin social, las polticas sociales y el mercado de

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trabajo, tarea incompleta de no analizar las variaciones a lo largo de unproceso diacrnico de larga duracin, en el que los plazos de cada etapaestn marcados por los cambios en el modelo de acumulacin, del mer-cado de trabajo y la definicin del carcter de las polticas sociales apli-cadas en cada situacin.

Originalmente, el objetivo del proyecto era el profundizar en tres sub-sistemas propios de estas polticas, a saber: los mecanismos compensa-torios de ingresos; aquellos destinados a superar problemas de dficit yretencin educativa y los programas alimentarios-nutricionales; pero, apoco de comenzar nuestra tarea, entendimos que otros aspectos de laspolticas sociales no deban ser dejados de lado visto su rol protagnicotanto en la cobertura de la poblacin en general como en la distribucindel gasto respectivo, ya que de lo contrario el estudio se reducira a losgrupos residuales al margen de la economa de mercado vigente.

Pese a que esto estaba previsto en el planteo inicial general, en la pro-pia recopilacin de la informacin inicial, encontramos argumentos msque suficientes como para reformar el nfasis en el tema de la SeguridadSocial y analizar sus cambios en calidad de las prestaciones y poblacincubierta a lo largo del tiempo, relacionando esto especialmente con loscambios en el modelo econmico y naturalmente con las fluctuacionesdel mercado de trabajo.

Una temtica que tambin abordamos, especialmente como consecuen-cia de la tarea de recoleccin y un primer anlisis de la misma, fue lainstalacin de relaciones clientelares basadas en la estructura del subsis-tema poltico-administrativo en todos sus niveles, como consecuenciade la aplicacin de las diversas acciones de contencin de la pobreza.

Si bien el tema para nosotros no resultaba novedoso y en las diversaspublicaciones que acompaaron los UBACyT que trabajamos desde

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1998 sealamos insistentemente cmo se haba cimentado nuevas for-mas de relacin social marcadamente asimtricas entre el poder y lapoblacin carenciada, en este proyecto vimos la ocasin propicia paraabordar el tema realizando una investigacin cualitativa fuera del mbi-to tradicional de estudio del clientelismo poltico en Argentina, que hasido preferentemente el Gran Buenos Aires.

Para ello, elegimos una ciudad de porte medio con altos niveles depobreza y una serie importante de polticas de contencin de la misma,polticas cuyo origen es nacional, provincial y municipal. Esta ciudad,Mar del Plata, adems de sus condiciones sociopolticas a nuestro juicioaptas para un trabajo de este tipo, cuenta con un equipo local de inves-tigacin especialmente dedicado a estudios sobre la pobreza, con sedeen la Universidad Nacional de Mar del Plata, grupo denominadoCalidad de Vida, con ellos en colaboracin diseamos y desarrollamostodas las tareas inherentes a este punto.

As, en esta publicacin, expondremos en forma sucesiva temas quehacen a la problemtica mencionada:

- El desarrollo de las polticas sociales en el mundo capitalista, con particular nfasis en nuestro pas.

- El gasto social y la distribucin del ingreso.- Las polticas focalizadas.- Los cambios en el mercado de trabajo.- La percepcin de la poblacin sobre las polticas sociales,

su aplicacin y beneficiarios.

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1. El desarrollo de las polticas sociales en el contexto del mundo capitalista. El caso particular de la Argentina.

A nuestro criterio, cualquier intento de analizar las polticas sociales enla Argentina debe obligatoriamente enmarcarse en dos condiciones quecontribuyen a entenderla. Por un lado el modelo de acumulacin vigente,determinante en su evolucin, y por otra parte el desarrollo de las pol-ticas sociales en el resto del mundo.

Est de ms aclarar que las polticas sociales, como frmula de regularlas aspiraciones y conflictos que el poder utiliza lgicamente para evi-tar que stas deriven en luchas abiertas entre los diversos sectores y cla-ses sociales, existen en cualquier sociedad de mediana complejidad y noresultan ser inventos ni exclusividades del sistema capitalista en losltimos siglos. Robert Castel1, en su exhaustivo trabajo sobre el temabrinda extensos ejemplos del desarrollo de las mismas durante el pero-do mercantilista y aun en abundancia la aplicacin de polticas socialespor parte de las poliarquas en los siglos de vigencia plena del feudalis-mo europeo. Pero indudablemente nunca antes alcanzaron el grado decomplejidad y determinacin de las condiciones de vida de la poblacinque muestran acompaando el desarrollo del sistema capitalista cual-quiera sea su variada metodologa de aplicacin y resultados.

Es en las primeras dcadas del siglo XX en que las polticas socialescomienzan a incrementarse como intento sistemtico de regular con dis-tintas metodologas los desajustes en el mundo de la produccin, espe-cialmente dirigidas a los sectores asalariados. Crozier2 destaca en estesentido que los niveles de desempleo se convirtieron en preocupacin

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1 Castel, R. (1995). La metamorfosis de la cuestin social. Buenos Aires: Paids.

2 Crozier, M. (1995). Cmo reformar al Estado. Mxico: Fondo de Cultura Econmica.

para el Estado sueco ya en la segunda dcada del siglo pasado adelan-tndose a la crisis del treinta, y aplicando a este respecto acciones muyactivas dirigidas a salvaguardar la ms plena ocupacin.

Sin embargo, si bien pionero al respecto en el mundo moderno, esteaccionar del subsistema poltico-administrativo sueco se centr casiexclusivamente en este tema. Vale entonces la pena abocarse a un brevebosquejo de lo que fue referente insoslayable en la aplicacin de diver-sas polticas sociales con criterios generales y abarcativos por partedel sistema econmico capitalista, para salvar en diversos terrenos lasgraves consecuencias de la crisis general iniciada en 1929. Esto necesa-riamente remite al denominado New Deal, el cual represent una seriede estrategias llevadas a cabo por el presidente estadounidense FranklinD. Roosevelt, durante el perodo abarcado por los aos 1933 y 1937,con el propsito de reaccionar fuertemente ante lo que se considerabalos factores causales de esta gran crisis productiva que estall a partirdel crack financiero de 19293. Las medidas institucionales adoptadas alrespecto conllevaban una actitud intervencionista del Estado frente a lashipotticas leyes del mercado, basndose en la conviccin acerca dela validez de las teoras del subconsumo4.

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3 Ese papel reconvertido del Estado fue puesto en marcha al triunfar el candidato dem-crata en las elecciones presidenciales; los dispositivos socioeconmicos de dicha admi-nistracin poltica durante su mandato tendieron a regular del devenir mercantil, alpropiciar la potenciacin del marco inversionista, crediticio y consumista, con el prop-sito entre otros de fomentar la creacin de fuentes laborales.

4 Entre los procedimientos fundamentales afines a esa orientacin estatal pueden men-cionarse procurar una cotizacin devaluada del dlar, la reintegracin del poder adqui-sitivo de los productores agrcolas, una reactivacin del sector industrial que implicabaun incremento salarial al tiempo que eran acotadas las jornadas laborales y se intentabacombatir la desocupacin; adems, fue promovida un alza de los precios a efectos decompensar la deflacin generada por la depresin, junto al otorgamiento de subvencio-nes a las entidades bancarias con tropiezos financieros.

Respecto de la poltica econmica general, destinada a neutralizar lafase cclica depresiva que atravesaba EE.UU., John Maynard Keyneshaba propuesto la adopcin de un dispositivo anticclico, sobre la basede las premisas tericas de la concepcin liberal clsica, aunque fomen-tando el involucramiento gubernamental directo mientras ello fueranecesario. Dicho economista conceba que una dinmica redistributivaen la percepcin de ingresos de la poblacin, apuntalada entre otros fac-tores en la tasa de empleo creciente, sostuviera la reactivacin del apa-rato productivo5. En el contexto mencionado, se implement un conjun-to de instrumentos que abarcaban el desarrollo de los sectores agrcolae industrial, la construccin de obras pblicas, la inversin privada y lasacciones sociales; en trminos generales, se trataba de reintegrar la con-fianza a los factores del capital, mediante la redistribucin relativa delpoder adquisitivo de algunos estratos de la sociedad6.

En cuanto a la agricultura, con el propsito de sostener sus precios, setendi a reducir la oferta (Federal Farm Relief Board, vigente desde1929) y a proceder a almacenar alimentos; las cosechas fueron limita-das a travs del pago de indemnizaciones por no cultivar; adems, sefijaron precios mnimos superiores a los correspondientes al mercadomundial, subvencionndose asimismo las exportaciones del rubro. La

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5 La visin de este economista se halla expuesta en su obra Teora general del empleo,el inters y el dinero, publicada en 1936; tales mecanismos anticclicos significaban unintervencionismo del sistema pblico-administrativo, el cual participaba de maneraactiva en el funcionamiento de variables supuestamente propias de la economa.

6 Las polticas generales apuntaban a recuperar la confiabilidad de los sistemas econ-mico y bancario, con el objeto de fomentar exportaciones, corrigiendo deficienciasestructurales anteriores; para ello, fue devaluado el dlar, se acuaron monedas de plata,fue promulgada la Ley bancaria y se estableci un seguro sobre depsitos en los bancos.Por otra parte, la poltica de inversin privada demostr la desconfianza del mundo delos negocios hacia la accin gubernamental, no pudindose incrementar aqulla; sininversin pblica, la depresin hubiese sido ms grave.

poltica industrial persegua la meta de motorizar la actividad productivasectorial, aunque evitando llegar a la sobreproduccin, para lo cual seestablecieron precios mnimos; por otro lado, comenz a regir la semanalaboral de cuarenta horas y el establecimiento de remuneraciones labo-rales mnimas, frente a un escenario de potenciacin del accionar de lossindicatos de trabajadores7.

Las polticas sociales apuntaban a la asistencia de la poblacin activadesocupada, en forma simultnea y concomitante con el estmulo al cre-cimiento econmico, a pesar de que sus crticos cuestionaban el carc-ter improductivo de muchos empleos generados desde la esfera pblica,los cuales cubran, en el ao 1938, a una tercera parte de la masa sumer-gida en la desocupacin8; complementariamente, fueron ejecutados pla-nes de atencin sanitaria y salud pblica9.

En definitiva, puede decirse que el New Deal no acab con el desem-pleo y la inversin privada no aument significativamente, pero la sus-titucin de la inversin privada por inversin pblica contribuy a quela depresin no fuese aun ms grave. Este dato lo confirma el hecho deque, cuando se pensaba que la crisis estaba en vas de superarse, se reti-r el apoyo pblico a la economa y sta volvi a entrar en recesin10.

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7 Los planes de obras pblicas estaban orientados a mejorar la situacin econmica dezonas deprimidas, dentro de un escenario de reconversin de la industria de guerra: elec-trificacin rural, construccin de 122.000 edificios pblicos, ms de un milln de kil-metros de carreteras, 77.000 puentes y 285 aeropuertos.

8 Moncayo, J. (2006). La Gran Depresin en Historia y Vida N 58. Barcelona:Grupo God.

9 El Estado impuls la creacin de fuentes de trabajo, directamente por medio de la ofer-ta de empleo pblico, e indirectamente encargando a empresas la construccin de obrasen el mismo sector; adems, se estableci un seguro de desempleo a cargo de los empre-sarios y otro jubilatorio financiado entre los empresarios y trabajadores.

Frente a este intervencionismo estatal diversificado en una economacentral y liberal por definicin, las polticas pblico-sociales actuales, yla Argentina es slo un ejemplo de ello, contrastan notablemente con elpretrito abordaje de las mismas hasta comienzos de los aos setenta delsiglo XX, caracterizadas, en general, por apuntar prioritariamente aluniversalismo de las prestaciones, al interior de un marco incidido pormedidas de tinte keynesiano y apogeo del trabajo fordista, en aras delproclamado ejercicio de la ciudadana plena. Durante las ltimas cuatrodcadas, en forma paulatina, resultaron gradualmente socavados elcarcter intervencionista y el papel regulatorio del Estado respecto delas variables mercantiles, el sesgo universalista antedicho en la cober-tura socioprevisional, la promocin de estrategias inclusivas, la tenden-cia al reconocimiento de derechos colectivos, junto a la aceptacin deuna evolucin social integrada. En desmedro de tales factores, avan-z la proclividad a la adopcin de criterios privatistas anclados en unprogresivo individualismo anmico, a las atenciones focalizadas de lasnecesidades bsicas insatisfechas, al otorgamiento de prebendas com-pensatorias y a las prcticas clientelares particularizadas dedicadas amorigerar las manifestaciones agudas de la pauperizacin creciente.

Las mutaciones precitadas respondieron a alteraciones concomitantesoperadas en el campo de las relaciones de poder entre diferentes secto-res productivos y segmentos de la sociedad; en tal contexto, el eje de laseconomas gubernamentales, siguiendo los lineamientos del neolibera-lismo global, supedita las problemticas sociales a los mecanismospropios de las leyes del mercado. Coherentemente con ello, la financia-rizacin exacerbada de las actividades econmicas, encaminadas a lageneracin de bienes y servicios, desencaden la subordinacin incon-trolada del mbito sociolaboral a los requerimientos y conveniencias dela acumulacin cada vez ms concentrada del capital.

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10 Moncayo, J. Op. cit.

La situacin ocupacional en nuestro pas, al margen de los rasgos diver-sificados peculiares segn sus diferentes regiones, refleja actualmenteciertos caracteres relativamente comunes en cuanto a la transformacinmundializada del mercado de trabajo. Este proceso expresa la transicindesde la condicin previa extendida de asalariamiento masivo, estable yprotegido, acompaado de posiciones laborales autnomas dignas,hacia la precarizacin de los trabajadores, y sus ncleos domsticos res-pectivos, experimentada por grupos crecientes de la PoblacinEconmicamente Activa (PEA). Tal involucin cristaliza en la expan-sin del desempleo, las ocupaciones en negro, el subempleo horario, elrecurso forzado del cuentapropismo como quehacer refugio en trmi-nos de estrategia de supervivencia, las inserciones temporales o flexi-bles, y la terciarizacin vulnerable de las actividades econmicas pro-ductivas, es decir sintticamente la informalidad laboral entendidaen un sentido ampliamente abarcativo de expresiones alternativas variadas.

En numerosas localizaciones territoriales argentinas, se produjo la vir-tual extincin de la figura emblemtica del obrero convencional, con-tratado formalmente, afiliado a un sindicato, cubierto por la obra socialdel gremio junto a su grupo familiar, asalariado regularmente a travs deniveles remunerativos proporcionalmente elevados, esto es el estereoti-po del llamado trabajador fordista, enmarcado en la participacin activadel Estado de Bienestar. La ruptura de las trayectorias ocupacionales deuna gran masa de jefes de hogar, luego de aos o dcadas de insercinlaboral bajo las condiciones regulares mencionadas, signific un quie-bre en las modalidades de inclusin e integracin sociales de ampliossegmentos poblacionales, ahora marginados del ncleo dinmico yestrecho del funcionamiento del aparato productivo.

El Estado capitalista podra segn ciertas interpretaciones concebirseen trminos relativamente autnomos de los partidos polticos y los grupossociales o de inters, lo cual denotara un escenario donde diferentes

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sectores despliegan sus respectivas estrategias de poder, como referentey destinatario de las mismas; no obstante ello, dicho aparato estatalcarece de una autntica libertad de maniobras a partir del embrin sus-tancial de la estructura econmico-social, de cuya conformacin resultaun emergente y de las vinculaciones interclasistas de dominacin asim-trica que lo caracterizan. Debido a este condicionamiento, las institucio-nes gubernamentales devienen parcializadas con relacin a los conflic-tos y contradicciones que eventualmente tienden a desestabilizar losfundamentos bsicos del rgimen sistmico de produccin, y de ordendistributivo, intrnseco al capitalismo; por ende, operara slo una especiede demarcacin que refleja, en cuanto parmetro formal, los contextos,lmites y connotaciones del accionar atribuible al sistema pblico-admi-nistrativo de un pas, incluyendo los entes que lo componen, desde lapercepcin de los diferentes grupos y sujetos de la sociedad nacional.

Por otro lado, en cualquier circunstancia donde mecanismos reconverti-dos de acumulacin surgen de manera alternativa, ello es proclive a laextensin del espacio en el cual intervienen variables de ndole extra-mercantil; mediante determinados procedimientos poltico-estatales seprocura alcanzar equilibrios sucesivos, y en consecuencia los interesesmateriales concretos de las fuerzas econmicamente hegemnicas inci-den sobre las medidas estratgicas del gobierno, caratuladas de modoregular en el sentido de bsqueda de metas nacionales11.

El reemplazo y/o rotacin de ciertos segmentos de los sectores capita-listas, en cuanto factores principales de la dinmica acumulativa, con-lleva la reestructuracin de las interactuaciones sociopolticas, realiza-das entre fracciones de los estratos dominantes, como as tambin entre

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11 Cabe destacar que el Estado moderno desempe un papel determinante durante losltimos siglos en la conformacin, y posterior sustento, del sistema capitalista, as comotambin su proyeccin a nivel planetario.

aqullas y capas sociales sometidas y explotadas laboralmente. En lacoyuntura mundial del presente, la participacin activa del Estado retro-cede en mbitos de intervencin microeconmica directa, al mismotiempo que incrementa su involucramiento en las decisiones macroeco-nmicas y en el diseo de las opciones cruciales que deben adoptar losactores del mercado, abandonando a su propia suerte a algunos de ellos,mientras promueven y sostienen el desarrollo evolutivo de otros. Dadosesos realineamientos, las megaempresas multinacionales, los grandesgrupos financieros hiperconcentrados, las ramas de produccin de mer-cancas y servicios correspondientes a algunos nucleamientos corpora-tivos, ms apropiados al desenvolvimiento del proceso reconvertido deoferta y demanda prevaleciente en el orbe, devienen eje del intervencio-nismo estatal.

La antedicha prctica neoproteccionista, ejecutada proclamando ladefensa de la autonoma del mercado, implica llevar a cabo medidasgubernamentales especficas, tales como la aplicacin de subsidios yfortalecimiento de los prerrequisitos inherentes al incremento de la com-petitividad, acumulacin y rentabilidad de agentes econmicos puntua-les con el objeto de potenciar su ubicacin privilegiada en los mercados.En nuestros das, por lo tanto, las pautas de la direccin, del significadoesencial y del alcance de la regulacin poltico-administrativa de la eco-noma proceden, fundamentalmente, de la mutacin de las formas pro-ductivas y de intercambio comercial transnacionalizadas.

La acentuacin del deterioro de la calidad de vida de porciones cada vezmayores de la sociedad argentina, en las esferas tanto urbana comorural, y principalmente de aquellos habitantes residentes en las localiza-ciones ms pobres del interior del pas, constituy la resultante ms pal-pable de la instrumentacin de polticas funcionales al nuevo rgimende acumulacin impuesto a mediados de los aos setenta y, sobre todo,desde la dcada de los noventa. Si bien los desequilibrios determinantes

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generados por el modelo econmico social imperante se acentuaron apartir del inicio de este ltimo decenio, su andamiaje eclosion defini-tivamente hacia el ao 1998, y los efectos aadidos y retroalimentadosentonces convergieron en la agudizacin extrema de la crisis socioeco-nmica a fines de 2001, fenmeno que impact explosivamente en elmbito poltico-institucional.

A travs de la consolidacin del diseo neoliberal, el entramado de laspolticas dedicadas al rea social, pese a su manejo eventualmente efi-ciente en determinados casos, la probable atencin adecuada respecto dela ecuacin entre costes y beneficios, junto a la idoneidad general en suimplementacin, resulta insuficiente en pos de neutralizar las connota-ciones excluyentes, desde el punto de vista econmico estructural, queobedecen al esquema bsico de produccin/acumulacin. Ello respondea que, en la configuracin de este escenario finisecular, las cuestionessociales representan en forma quiz ms decisiva que durante el augedel Estado benefactor un mero costo agregado al funcionamientoeficaz de la macroeconoma. Consecuentemente, el sesgo notablementeacentuado del neoliberalismo orientado a la realizacin de planes y lasprestaciones de servicios socioprevisionales privatizados, al interior deun marco desregulatorio extendido, signific la conversin de una serieamplia de servicios en simples mercancas, los cuales en el transcur-so de la etapa previa de intervencin pblico-estatal fueron sustradosde ese carcter, con el propsito de asistir a aquellos segmentos de lasociedad que experimentan grados extremos de vulnerabilidad econ-mico-ocupacional.

El talante esencialmente privatista, superpuesto a la proclividad hacia latercerizacin en la cobertura, vinculado al sistema de seguridadsocial, muta en mercanca aspectos referidos a la salubridad y formacineducativa, en suma al bienestar de las personas y, por ende, les asignaun determinado precio. La mercantilizacin de aquellos servicios,

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despojados de su carcter esencial originario, deriva en la incongruen-cia de los criterios de rentabilidad comercial rectores de las empresas acargo de las prestaciones, con relacin a las premisas de equidad quesupuestamente deberan presidir la planificacin de los programaspblicos; en definitiva, hasta el propio concepto de seguridad, en el sen-tido indicado, resulta cuestionado y reemplazado por el de operacincontable en aras de una ganancia capitalista privada.

En el contexto bosquejado, entidades financieras transnacionales pro-mueven esquemas de polticas sociales a partir de los dficits del erariopblico que atraviesan muchos pases, amoldadas a los giros poltico-ideolgicos de sus respectivos Estados, condicionando asimismo susayudas, las cuales equivalen a montos muy superiores a las disponibi-lidades presupuestarias de las naciones perceptoras de aqullas.Adems, esas entidades propenden al recorte de la inversin y el gastosociales, y a la descarga de sus costos sobre los mismos usuarios, al pre-sentarse en trminos de recurso alternativo que posibilitara morigerarlas consecuencias de las profundas reformas econmicas y de los reg-menes socioproductivos remodelados, al mismo tiempo que no se afec-ta el accionar de las grandes corporaciones y empresas.

La marginacin de distintas capas de la sociedad en nuestro pas consti-tuy una derivacin crucial de las polticas privatizadoras, en coheren-cia con la lgica integral del modelo econmico impuesto, el cual apun-t a la concentracin de bienes, ingresos y riqueza en manos de un gruporeducido y privilegiado del factor capital, ampliamente favorecido porlas estrategias llevadas a cabo por los representantes y defensores en elpoder estatal del sistema. En ese sentido, los mercados locales experi-mentaron una cada de la fuente principal de puestos de trabajo en diver-sas reas urbanas; mientras la fuerza laboral excluida dedicada duran-te un tiempo prolongado a ciertas actividades especficas necesitaba deun fuerte apoyo; a fin de reconvertirse en el terreno ocupacional, el

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Estado nicamente pag indemnizaciones en efectivo con el propsitode atenuar los previsibles conflictos inmediatos, crendole de este modofalsas expectativas al personal cesanteado.

Corresponde aclarar que el desarrollo de las empresas estatales, ms allde eventuales excesos burocrticos en su plantel de trabajadores y/o aciertos manejos errticos e ineficientes de su gestin, haba propiciadouna red de prestaciones dirigidas a la reproduccin de los hogares resi-dentes en sus zonas de influencia. Este ltimo componente constituyun salario indirecto adicional, complementario del percibido directa-mente por los empleados, esto mediante los aportes previsionalesempresariales, que comprendan a los miembros de sus respectivosnucleamientos familiares, aadido a la remuneracin regular de bolsillo.

Tal configuracin, vale reiterar, se corresponda con la estructura tipifi-cada del asalariamiento fordista, enmarcada en la vigencia de polti-cas del Estado de Bienestar bajo una orientacin de raigambre keynesia-na. Esta conformacin retributiva de la mano de obra contratada enforma estable y protegida, de un modo formal y jurdicamente legaliza-do, fue desmantelada a partir del proceso desregulador, dando cabida alas expresiones ms frgiles de insercin ocupacional, cobijadas en lapermisividad estatal, una de cuyas manifestaciones ms representativasremite a las continuas reformas institucionales tendientes a la progresi-va flexibilizacin de las relaciones laborales.

En consecuencia, el financiamiento externo de las reformas del sectorpblico y de las polticas sociales se lleva a cabo coaccionando finan-cieramente a los sectores de menores recursos, a travs de la consecu-cin y del refuerzo de un esquema de tributacin de carcter regresivo.Al respecto, el objetivo fctico de las erogaciones a los los entes multi-laterales de crdito internacional, concerniente a la esfera de la seguri-dad social, remite habitualmente a una perspectiva en la que predomi-

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nan argumentos y finalidades del orden financiero macroeconmico delpas asistido. Este propsito da pbulo a la delegacin de atribucionesdel Estado nacional a favor de los mecanismos propios de la economaglobal y de sus organismos rectores a escala planetaria; tal involucra-miento de los entes bancarios citados se inmiscuye en problemticas quefueron notoriamente desahuciadas por los gobiernos durante las ltimasdcadas, entre ellas el sistema previsional y el rea de la salud pblica12.

El embate privatizador del pasado reciente despoj a las institucionesestatales de medios destinados a efectivizar sus capacidades de gestin,administracin, monitoreo y contralor, o al menos a efectos de frenar lasextralimitaciones y la impunidad financiera, comercial y laboral quecaracterizan el comportamiento de muchos actores del mercado, impul-sados por las prcticas ms perniciosas del capitalismo salvaje.Debido a ese afn desregulatorio, el Derecho del Trabajo, que se confor-ma en elemento vital anexado a las polticas sociales tendiente a com-pensar, a travs de la intervencin gubernamental, las desigualdades ori-ginadas en el acceso inequitativo a todo tipo de bienes, deja de cumplirla funcin de arbitraje legal igualador. Por ende, los procedimientosjurdicos en el campo laboral coadyuvan a potenciar las contradiccionesflagrantes del igualitarismo formal proclamado en los regmenes polti-cos constitucionalmente democrticos contemporneos y la inequidadsocioeconmica concreta caracterstica del mercado ocupacional.

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12 Las ciudades y localidades aledaas donde se han privatizado empresas sin ningntipo de planificacin, que previniese la adopcin de mecanismos de reinsercin en elmercado de trabajo de la mano de obra expulsada del mismo, devinieron espacios quecondensaron la cristalizacin de situaciones de elevada vulnerabilidad laboral y por con-siguiente de pauperizacin enraizada en el declive pronunciado de los ingresos salaria-les de la poblacin econmicamente activa. Ello repercuti hondamente en los recursosde supervivencia de los trabajadores precarizados y, por ende, en la composicin socio-demogrfica y en la tasa de dependencia de las unidades domsticas.

La estrategia impulsada desde el poder poltico en aras de la desregula-cin de los mercados, incluyendo en primer plano el de trabajo, signifi-c el abandono por parte del rea estatal de su injerencia en cuantocompensador parcial de las desigualdades sociolaborales. Este linea-miento se bas en la consigna acerca de la necesidad imperiosa de supri-mir las trabas burocrticas que entorpecen un accionar empresarial efi-ciente, aunque una de sus derivaciones ms prominentes, entre otrasmuchas secuelas perjudiciales, consisti en el desgarramiento de latrama socioproductiva de numerosas localizaciones del interior del pas.

La pretensin subyacente de esa orientacin debe ubicarse en la procu-racin de un extenso espacio liberado con el propsito de que el mode-lo econmico favoreciera al capital ms concentrado en su explotacindiscrecional de la mano de obra y, al mismo tiempo, disminuyese elgasto pblico con el fin de reducir las imposiciones tributarias a lasempresas privadas, elevando de esa manera sus tasas de ganancia.Corresponde subrayar el carcter acentuadamente regresivo del perfilimpuesto por la dinmica aperturista, desreguladora y privatista, cohe-rente con la eliminacin de los mecanismos de control y/o redistributi-vos atribuibles a la accin directa, o llevadas a cabo a travs de media-ciones institucionales efectivas, del Estado.

El sesgo financiero de las polticas sociales neoliberales responde, adi-cionalmente, al declive de la influencia sindical y, en general, de lasorganizaciones que hasta pocas relativamente recientes agregaban yarticulaban de manera colectiva las demandas y reclamos de los traba-jadores agremiados formalmente. En la era del hipottico fin de las ide-ologas, el nexo entre la atencin de las necesidades econmicas ele-mentales y urgentes, focalizadas hacia los casos de mayor precariedadsocioeconmica, y la vigencia de una dosis elemental de gobernabilidadconlleva de modo sistemtico el desplazamiento de las estrategias racio-nalmente legtimas de la seguridad social, alimentadas por alguna pre-

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misa elemental de equidad distributiva, y su desvo hacia el control delos segmentos ms carenciados de la sociedad con el propsito de man-tener cierto orden estable en las instituciones gubernamentales y en lacomunidad en su conjunto13.

Las prcticas desestandarizadas, en un marco alejado de la masifica-cin de los procederes, bajo el emblema supuestamente desburocrati-zador, tpicos de los nuevos tiempos poskeynesianos, acompaados delderrumbe del fordismo, propendan al reemplazo de la legislacin esta-do por el reinado de las leyes apcrifas del ente-mercado, sustrayen-do las maniobras del capital con relacin al poder poltico instituciona-lizado. Se trat entonces de encarrilar a la fuerza de trabajo potencial-mente contestataria, mediante el menosprecio del quehacer laboral, aun-que preservando simblicamente la esfera ocupacional en trminos deidentidad y pertenencia otorgante de supuestos derechos sociales, ascomo la va para el logro de autoestima y de reconocimiento recprocoen referencia a otros actores colectivos14.

Un factor crucial que enmarc el proceso de ajuste estructural en nues-tro pas, llevado a cabo en el transcurso de los aos noventa del siglo

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13 Por otra parte, la vigencia de tasas excesivamente elevadas de inters fijadas por elsistema financiero formal-legal, junto a las enormes dificultades de acceso al mercadode crditos, obedece a las estrategias ligadas al inters exclusivo del capital de ese rubro,nacional o globalizado, que afectaron profundamente la evolucin de las ramas pro-ductivas tradicionales en diferentes regiones del interior. Tales factores coadyuvaron ala segmentacin capitalista, al potenciar la hegemona de un ncleo concentrado y pro-porcionalmente reducido de agentes econmicos, frente a la tendencia a la extincin delas firmas productoras vedadas a la utilizacin de prstamos regulares para promoversus inversiones.

14 Sin embargo, el mundo real demostr la reaparicin de las manifestaciones histri-cas remotas de subproletarizacin y miserabilidad econmica vital, expresadas en laproliferacin de vagabundos y bandidos emergentes del desarrollo inicial del capita-lismo industrial a partir de finales del siglo XVIII.

pasado, consisti en la apertura externa de la economa, la cual estuvodestinada a fomentar la insercin plena de la actividad productiva nacio-nal en el mercado global, que a su vez se hallaba fuertemente condi-cionado por las directrices del capital financiero hegemnico, a escalamundializada, cuyos movimientos resultaban proclives a la fluctuacinintensa de fondos meramente especulativos15. El reacomodamiento dela economa argentina a la dinmica propia del desenvolvimiento delcomercio y de las finanzas internacionales se realiz en forma abrupta ysin haber implementado dispositivos asistidos por el Estado de recon-versin industrial extendida que posibilitaran una adaptacin gradual alnuevo escenario intercontinental. De all que se generara un aluvinimportador con efectos nefastos en trminos de la subsistencia de nume-rosas actividades productivas, sobre todo aquellas correspondientes alamplio y heterogneo segmento de las PyMES16.

La reforma desreguladora estatal suprimi, de hecho, el rol de la insti-tucin poltica encargada de equilibrar, aunque fuera de modo parcial,las desigualdades sociales inherentes al funcionamiento supuestamenteautnomo de las leyes del mercado. El nuevo sistema pblico admi-nistrativo deba ser mucho ms reducido, despojado de su rmora buro-cratizante, esto es gil y orientado en el orden hipottico a satisfacer

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15 En la Argentina, dicho aperturismo implic una reduccin sustancial de los arance-les a las importaciones y, a posteriori, la integracin comercial al Mercosur, la cual con-lleva an en la actualidad una problemtica compleja referida a la supresin de barrerasarancelarias con los pases vecinos.

16 Asimismo, el tipo de cambio fijo propio del plan de convertibilidad equiparandoel valor unitario del peso al correspondiente al dlar estadounidense aument el citadoflujo de importaciones, a la vez que implic un grave inconveniente para un sector de laactividad exportadora, que slo pudieron continuar llevndola a cabo un ncleo de gran-des empresas reconvertidas a partir de 1991, o cuya produccin presentara ventajascomparativas naturales; dicha situacin fue proclive a generar tambin una concentra-cin progresiva del mercado de exportaciones.

determinadas funciones imprescindibles (seguridad, justicia, salud, edu-cacin). No obstante, en la prctica concreta, tal emprendimiento refor-mista favoreci a los grupos dotados de un podero econmico superior,dejando de lado a las clases y estratos ms frgiles, cuyos componentesresultan abrumadoramente mayoritarios en la conformacin de la cadenaproductiva y en la configuracin general de la estructura de la sociedad.

Cabe destacar que el proceso reseado oper en un contexto reconver-tido de la divisin internacional del trabajo, al disponer el capital de unapoblacin econmicamente activa con lmites porosos entre los diferentespases y hasta continentes; ello deriv en la configuracin de una manode obra supernumeraria a nivel planetario, dado lo cual la ley globali-zada del valor tendi a predominar sobre sus manifestaciones territorialeslocalizadas nacionalmente. Este fenmeno remite a la propia visin deleconomicismo acendrado, ya que segn la prdica hegemnica posmo-derna la fuerza de la competencia sin barreras es emblematizada confrecuencia en las argumentaciones de los gobiernos, tanto conservado-res como pretendidamente progresistas, que enarbolan esa premisa entanto variable ineludible, cuyo eventual desconocimiento implica unobstculo insalvable en aras del desarrollo econmico-productivo.

Luego del inicial y ficticio boom de la economa nacional durante ellapso 1991-1993, el achicamiento del mercado interno fue generandocada vez ms restricciones, acentuadas por la necesidad de obtener divi-sas destinadas al pago de la creciente deuda externa. Tal condiciona-miento forz la orientacin de ciertas producciones regionales hacia laexportacin, impulsando en ese sentido a un ncleo de factores concen-trados del capital privado, beneficiados por el modelo en boga, procu-rando el acceso a mercados externos que sustituyesen al local17. En pos

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17 Al respecto, desde comienzos del ao 1995 y por va del Mercosur, la apertura casiirrestricta del mercado brasileo constituy un destino muy atractivo para el sector

del alcance de este objetivo, fueron implementadas nuevas formas deexplotacin laboral, al interior de un escenario incesantemente agrava-do debido a la eliminacin de fuentes de empleo y a la incapacidadfinanciera de los pequeos productores a los efectos de poder competircon eficiencia, teniendo en cuenta su imposibilidad de cubrir los costesdemandados por una reestructuracin tecnolgica requerida para ese fin.En el mbito especfico del mercado ocupacional, cundi la proclividadal estrechamiento notable de la presencia del trabajador estable y regis-trado legalmente, cuyas funciones fueron gradualmente reemplazadaspor inserciones temporales, flexibles, a tiempo incompleto, en negro,de asalariamiento oculto a travs de un cuentapropismo vulnerable,supuestamente terciarizadas, etctera18.

Desde las ltimas dcadas de la centuria pasada, el desempleo aument,tanto en las naciones centrales como en las perifricas e industrialmentesubdesarrolladas, al margen de los vaivenes cclicos de la evolucin par-ticular de los indicadores productivos. Adems, en forma paralela ysimultnea a la expansin del nmero total de trabajadores desocupados,tienden a prolongarse los perodos en los cuales tales personas se man-

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exportador, por lo cual la estrategia de las empresas que lideraron dicho proceso consistien incrementar la productividad abaratando costos; este propsito se concret mediantela reconversin tecnolgica en aras de compensar la desventaja implcita en la vigenciadel tipo fijo de cambio, acompaada del ahorro de fuerza de trabajo y de la reduccinde la nmina salarial.

18 Sobre todo en zonas pertenecientes a espacios perifricos, el fenmeno denominadoglobalizacin tendera a diluir las demarcaciones, ms o menos ntidas, entre posicionesclasistas, puesto que algunos sectores dirigenciales representan, subordinadamente, losintereses de los fragmentos concentrados del capitalismo en la esfera mundial; asimis-mo, incluso los segmentos sociales populares, constituidos por operarios industriales,campesinos pequeos -entre otros actores colectivos- suelen ver socavada las bases desu pertenencia identitaria, al confundirse en una especie de magma con delimitacio-nes internas ambiguas y borrosas, hecho que cristaliza en la formacin de molculasestratificacionales en las estructuras de la sociedad contempornea.

tienen involuntariamente inactivas; los economistas ortodoxos atribu-yen esa realidad al decrecimiento operado en la creacin de empleos,debido al progreso tecnolgico aplicado a la produccin. No obstante,pese a tratarse hipotticamente de una cuestin en rigor comercial y,sobre todo, tcnica, los mismos portavoces del ideario liberal recomien-dan en tanto panacea universal, la flexibilizacin a ultranza de lasrelaciones laborales, medida equivalente a la concrecin de un retroce-so secular de los derechos sociales conquistados histricamente por elmovimiento obrero, proyectados al conjunto de la fuerza de trabajo.Esto es sostenido mediante un planteo estratgico de profunda raigam-bre ideolgica poltico-social, ntidamente favorecedor de los interesesy conveniencias de los sectores capitalistas y empleadores en general.

En el rgimen de acumulacin vigente, la valorizacin del capital sinlimitacin alguna constituye el fundamento del proceso de produccin,debido a lo cual la cuestin tecnolgica referida a la generacin de bien-es de uso queda supeditada a los caracteres bsicos de la estructurasocial propia del funcionamiento adecuado de aquel modelo acumulativo.El incremento sostenido del desempleo, y fundamentalmente de la vul-nerabilidad e informalidad sociolaborales, representa un procedimientoafn al restablecimiento de la tasa de ganancia por va de la restriccinrecurrente y sistemtica de los niveles salariales, de modo directo o atravs de la prolongacin e intensificacin de la jornada laboral.

La precarizacin ocupacional en aumento, que implica a partir de sumasividad y extensin una desvalorizacin gigantesca de la fuerza detrabajo, incluye la ruptura de las rigideces contractuales caractersti-cas de las condiciones generales fordistas de su utilizacin; ello signifi-ca, a la postre, la tendencia a la reduccin del salario efectivo, as comola de su componente indirecto (obras sociales, cobertura previsional,indemnizacin en caso de despido o accidente laboral, etctera).Adems, los susodichos ajustes abarcan la puesta en prctica de la lla-

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mada polivalencia funcional, la temporalidad contractual, las ocupacionesde tiempo parcial y los efectos degradantes de la tercerizacin de las rela-ciones productivas adjudicables a la evolucin de la nueva economa19.

Los efectos socioeconmicos del rgimen de acumulacin potenciadoen la Argentina durante los aos noventa, a travs de la aplicacin depolticas estatales neoliberales, presentan secuelas cristalizadas unadcada despus a escala nacional. En este sentido, hace ya una dcada,un informe estadstico publicado por el Banco Mundial20 consignabaque los ndices de poblacin urbana por debajo de la lnea de pobreza[LP] alcanzaba el 48,8% en el Nordeste, 46% en el Noroeste, 36% enCuyo y 24,9% en el Gran Buenos Aires, y el promedio del conjunto delpas equivala a un 29,4%. Ulteriormente, en el perodo comprendidoentre los aos 1998 y 2002, la situacin econmico-social asumi uncariz an ms grave que condujo al colapso, incluso poltico-institucio-nal, de fines de 2001; en esta instancia, se haba acumulado un enormedficit fiscal y externo, con la consiguiente imposibilidad de enfrentarlos compromisos financieros internacionales.

Al interior de un marco gradualmente deteriorado en las condicionessocioeconmicas generales, los inconvenientes en el mercado laboralfueron acentundose, dejando a ms de 4,5 millones de personas conproblemas de desocupacin, subempleo o precariedad laboral. A ellodeben aadirse componentes suplementarios que empeoraron la situa-cin experimentada por los sectores de menores recursos, pues los mis-mos no slo tuvieron los ms agudos niveles de desempleo, sino que

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19 Los casos emblemticos de esa vulnerabilizacin integral de la situacin de los tra-bajadores, a escala intercontinental, se ven reflejados en el funcionamiento productivode las zonas francas y de los establecimientos fabriles maquiladores instalados enfrica, Amrica Latina y Asia.

20 Banco Mundial: Pueblo pobre en un pas rico. World Bank. Annual Report. 1998.

adems quienes lograron permanecer en el mercado de trabajo lo hicie-ron a travs de ocupaciones informales sumamente inestables y frgiles.Tal coyuntura era reflejada en el incremento sostenido del nmero dehogares perceptores de ingresos por debajo de la lnea de pobreza: pocodespus de iniciado el presente milenio, existan alrededor de quincemillones de habitantes del pas en ese estado, lo cual representaba cercadel 30% de hogares pobres entre los residentes en reas urbanas21.

De acuerdo a lo previamente expuesto, el abandono por parte del Estadode las funciones y responsabilidades en el campo social, asumidas dealgn modo durante dcadas, junto a las transformaciones del aparatoproductivo vinculadas en gran medida a esa mutacin del papel esta-tal degradaron sustancialmente las condiciones materiales de vida,laborales, socioculturales y educativas de la mayora de la poblacin endiversas regiones de la nacin.

En los ltimos aos se ha profundizado el debate acerca de la legitimi-dad y relevancia de los procedimientos viables actuales tendientes a laproteccin social, sobre todo la cuestin de la denominada renta uni-versal. Este planteo conlleva apreciar de una manera ms acabada elsignificado, junto a su alcance, del efectivo cumplimiento de los dere-chos sociales, frente a las amenazas recurrentes de precariedad laboraly consecuente marginacin socioeconmica, en el contexto contempo-rneo hegemonizado por el neoliberalismo, y sus polticas excluyentes,fragmentadoras de la sociedad.

Recordemos que en muchas sociedades capitalistas, a partir de la pos-guerra, el Estado Benefactor oper a travs de una serie de institucio-nes y prestaciones sociales, verbigracia educacin y salud pblicas, pen-siones, subsidios varios, subvenciones a la vivienda o al transporte,

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21 Ibdem.

etctera. Algunas de dichas medidas se conectan prioritariamente conlas ocupaciones laborales, mientras que otras lo hacen en mayor medi-da con las rentas; adems, ciertos tems presentan un carcter ms uni-versal, al tiempo que otros se aplican de modo focalizado. Tales polti-cas procuraron la materializacin concreta de la ciudadana social; porejemplo, en numerosas naciones occidentales, respondiendo a determi-nado paradigma cohesivo entre los diferentes sectores que integraban lasociedad, al pretender la inclusin del conjunto de sus clases o estratos22.

Es preciso diferenciar interpretaciones variadas acerca del significadoesencial de los mencionados derechos sociales, de acuerdo a diversasescuelas poltico-ideolgicas. Al respecto, la corriente neoliberal, quepuede llegar a aceptar la conveniencia de satisfacer las necesidades bsi-cas de aquellas personas que as lo requieren, rechaza estimar esa pres-tacin pblica bajo la categora autntica de derecho propiamentedicho, al atribuirle tal funcin pertinente a la beneficencia. De acuerdoa ello, a los sectores sociales con mayor grado de carencias materiales,resultara admisible asignarles un ingreso mnimo de sobrevivenciaeconmica en trminos particulares; sin embargo, ello no implica reco-nocerles el status de beneficiarios legales de determinados programascuya realizacin deviniese pasible de demanda colectiva, ajustada alordenamiento jurdico vigente. Las condiciones materiales de tales seg-mentos de la sociedad seran visualizadas en tanto injustas, pero noexisten dentro de ese esa concepcin responsabilidades especficamen-te puntuales tendientes a generar obligaciones legales de las institu-

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22 La argumentacin legitimadora del Welfare State se apoy bsicamente en un criterioconsensuado a escala internacional, sostenido por los agrupamientos polticos liberalesy socialdemcratas, junto a los gobiernos del rea sovitica, con respecto a laDeclaracin Universal de los Derechos Humanos promulgada por las NacionesUnidas durante el ao 1948, la cual propenda al respeto al derecho al goce de una vidadigna, correspondiente al conjunto de la Humanidad, principio de contenido tico queremite a temticas como las de justicia y equidad sociales.

ciones en general23.

Por otro lado, el denominado liberalismo social representa una posturaque acepta el derecho a una vida digna, esto es concerniente a la per-cepcin de alguna renta bsica, que permita la adquisicin de elementosmnimos, suficientes en aras de la mera subsistencia; en este caso sonreconocidos algunos derechos sociales, aunque fundamentalmente bsi-cos, cuyo objetivo consiste en dotar a las personas y grupos desfavore-cidos de un sustento elemental, partiendo del cual puedan actuar conlibertad. El propsito de ese estipendio consiste en proporcionar unaespecie de plataforma comn, a travs del abastecimiento de suminis-tros indispensables para aquellos segmentos de la sociedad impedidosde obtenerlos por cualquier medio econmico-productivo, a fin de acce-der potencialmente a una menor inequidad distributiva, promovida porcierta mayor igualdad de oportunidades y posibilidades de eleccin24.

Partiendo de esa instancia idealsticamente igualadora, la antedichaposicin terica tiende a legitimar, de manera implcita y latente, lasdesigualdades provenientes de las ocupaciones de diversos estratos de lapoblacin, y fundadas en los desnivelados salarios, ganancias empresa-riales y eventuales rentas generadas por la posesin de patrimoniosvarios. En consecuencia, los derechos sociales seran de carcter ele-mental, correspondientes a un Estado social mnimo, no reconocidos

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23 Por el contrario, el neoliberalismo se opuso frontalmente al ejercicio de polticassociales masivas, regulares e institucionalizadas sistemticamente, aprecindolas entanto incompatibles con los derechos civiles y polticos, al interpretarse que la concre-cin de aquella ciudadana plena, enfocada como forma de redistribucin de la riqueza,propendra al quiebre de la espontaneidad del mercado, por lo cual el reconocimientolegal de los mismos subvertira el ordenamiento socioeconmico liberal impuesto por laglobalizacin econmica [Antn, A. (2001, diciembre). El salario social, exclusin yrentas sociales. Revista Pgina abierta. Madrid.].

24 dem.

colectivamente en forma sistemtica, sin responder por ende a un ver-dadero criterio redistributivo de la riqueza25.

Una tercera perspectiva conceptual, dentro de este esquema muy simpli-ficado, concierne a las vertientes marxista y socialdemcrata, con susrespectivas y diferenciadas graduaciones, las cuales evalan los dere-chos sociales en el sentido de complejo reivindicatorio llevado a cabopor parte del ente pblico-estatal respecto de una serie extendida debienes, portadores de una acepcin que conlleva grados superiores desolidaridad e mpetu estructuralmente transformador dirigido a un igua-litarismo colectivo integrado y real. El propsito del reconocimiento delos mencionados derechos no equivale slo a brindar una asistenciaimprescindible y acotada a los fragmentos ms vulnerables de la socie-dad, sino socializar de manera concreta los ingresos y productos de lasociedad generados colectivamente.

Dentro de de la ltima visin tratada, es tenida en cuenta, en mayormedida que las situaciones de marginalidad y pobreza, la necesidad dela existencia de una clase trabajadora homognea, situacin intrnseca alfactor ocupacional, adquiriendo en una primera instancia la funcin decrucial relevancia de cumplimiento estricto del derecho al trabajo, esdecir a una insercin laboral estable, digna y protegida desde el puntode vista socioprevisional. Los derechos sociales entonces, a la vez que

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25 De tal modo, teniendo en cuenta el precitado ideario liberal-social, tambin su dis-curso contiene principios contra la exclusin y la marginacin, que sostienen el deber decontrarrestar el desempleo y la consecuente pauperizacin de los grupos menos favoreci-dos por el funcionamiento del sistema econmico; la finalidad de este planteo apuntara ala meta de lograr la insercin laboral e integracin sociales en el ordenamiento institucio-nal dado. Este abordaje de la cuestin social remite a la tradicin histrica inglesa, a par-tir de la promulgacin de la Ley de Pobres hasta la propuesta elaborada por Beveridge,a comienzos de la dcada de los aos cuarenta del siglo pasado, donde se soslayan los fac-tores causales, de ndole estructural, promotores de las inequidades socioeconmicas y elpauperismo, y tampoco propugna algn tipo de reformismo fiscal o tributario slido.

en la condicin de ciudadana plena, se apoyaran dentro de sta sobretodo en la contribucin a travs del empleo y las cotizaciones socialese impuestos, que constituirn un componente salarial complementario,por va del pago de un salario indirecto o social compensatorio en situa-cin de riesgo o necesidad, por ejemplo en los casos de enfermedad,desocupacin y retiro del mercado de trabajo, entre otras coberturas26.

El britnico Marshall27 ya a fines de la dcada del cuarenta, enrolado enla socialdemocracia, articul una sntesis de las dos ltimas posiciones,al margen de las divergencias con frecuencia sustanciales entre ambas;su propuesta consisti en justificar los derechos sociales sobre la basedel concepto amplio de ciudadana ya mencionado, en cuanto piso mni-mo igualitario, propulsando un accionar reformista social que apunta asolidificar cohesivamente a las sociedades capitalistas occidentalesdurante el perodo de vigencia del pleno empleo, al creer en la com-patibilidad de este proceso con el progreso econmico-productivo y latendencia a la estabilidad sistmica poltico-institucional.

A fines del siglo pasado los planteos de algn modo regulacionistas fue-ron puestos en tela de juicio por la coercin del neoliberalismo, en con-comitancia con la dinmica contempornea propia de la economa-mundo globalizada, dado que en tal instancia las polticas desregula-torias resultaron predominantes. En dicho contexto, algunas culturasnacionales, expresadas en sus gobiernos, continan tendiendo a reconocerel respecto hacia ciertos derechos sociales, si bien los ms elementales;all perdura todava, a pesar de los supuestos efectos de la globalizacin,

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26 Un antecedente histrico que representa relativamente una manifestacin peculiar deperspectiva socialdemcrata podra ser el esquema contributivo alemn, puesto enmarcha por la gestin bismarckiana, tendiente a la construccin de un Estado social,estrategia incluida, y de algn modo perfeccionada, por la Segunda Internacional.

27 Marshall, T.H. (1950). Citizenship and social class and other seis. Londres: CUP.

una gran legitimidad del derecho universal a una vida digna y, portanto, adems de otros bienes bsicos, de la disponibilidad de una rentasuficiente, al menos en aras de la subsistencia material, lo cual propendea la defensa de las conquistas esenciales alcanzadas merced al Estado deBienestar, mientras que tambin en determinados casos puntuales sondemandados alcances ms extendidos del mismo28.

En aras del entendimiento panormico de ese proceso evolutivo, es precisoestimar los antecedentes histricos acerca de las condiciones socioeco-nmicas del grueso de la poblacin mundial, as como de las diferentespolticas pblico-sociales llevadas a cabo hasta fines de la dcada deltreinta de la centuria prxima pasada, y ulteriormente en el transcursode la posguerra, cuando efectivamente fue creado el denominadoEstado Benefactor, interpretado en sentido estricto. A travs de la afir-macin y de la propagacin del capitalismo tardo regulado se habanampliado, en un grupo pequeo de pases sobre todo los ms desarro-llados econmicamente los derechos sociales, por medio de la desmer-cantilizacin de las polticas en el rea, admitindose entonces la existen-cia de bienes colectivos de acuerdo con las necesidades ciudadanas29.

A raz de la internacionalizacin de los profundos cambios sociolabora-les, luego de las crisis econmicas de la dcada de los setenta, que deri-varon en un aumento de la desocupacin y del trabajo precarizadodeterminantes del gran aumento de los segmentos pobres de la socie-dad, operan dinmicas nuevas de desestructuracin, marginalidad y

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28 Antn, A. Op. cit.

29 De manera simultnea, fue generada una situacin de empleo pleno, acompaada decotizaciones sociales crecientes, junto al incremento de la riqueza y del poder adquisiti-vo de los ingresos de la poblacin; esta ltima evolucin permita eventualmente cubrirotra parte de necesidades bsicas ms mercantilizadas, como parte de la alimentacin,los artculos domsticos y dems componentes mobiliarios de las viviendas, y otrosobjetos de consumo, enseres sumados ocasionalmente al gasto familiar en ocio y cultura.

exclusin. En ese sentido, desde comienzos de los aos ochenta, seviene debatiendo, teniendo en cuenta perspectivas divergentes, la cues-tin de los procedimientos adecuados en la actualidad a los efectos delograr algn tipo de integracin. Al respecto, han surgido polmicasacerca de la viabilidad (y eventual eficacia) de la implementacin deingresos mnimos de insercin, como as tambin respecto de otorgarsalarios sociales o una renta bsica; tal heterogeneidad de denominacio-nes conlleva nfasis distintos con relacin a los caracteres y finalidadesde los programas y planes sociales propuestos30.

La idea histrica de una asignacin universal revivi con renovadovigor durante los ltimos treinta aos, aproximadamente, en respuesta alavance arrollador de la denominada globalizacin, eufemismo con elque se conoce a una verdadera contrarreforma poltico-econmica delcapitalismo, y que es tambin un nuevo proceso gigantesco y aceleradode desposesin a escala mundial; ello signific que los derechos socialesconquistados por seis generaciones de trabajadores en gran parte delmundo han sido abolidos, incluso en las naciones ms industrializadas31.Cabe mencionar que Van Parijs, en tanto filsofo y activista poltico,

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30 Antn, A. Op. cit.

31 Domnech, A. (2007). Prlogo. En D. Ravents, Las condiciones materiales de lalibertad. Madrid: El Viejo Topo. [(2007). The Material Conditions of Freedom. Londres:Polity Press.]. Ello implic la desposesin y puesta en almoneda por doquier de losbienes y los servicios pblicos acumulados merced al sacrificio y al ahorro de variasgeneraciones de poblaciones trabajadoras; de desposesin neocolonial y apropiacinprivada del agua, de los combustibles fsiles, de los bosques y del conjunto del patrimo-nio natural (incluidos los cdigos genticos de especies vegetales y animales) de lospueblos del Sur; de desposesin y aun capitalizacin, en fin, de formas y mundos devida social ancestrales o simplemente tradicionales. Todo ello acompaado, como nopuede escapar ya a nadie que tenga los ojos medianamente abiertos, del recrudecimien-to de las guerras de pillaje y expropiacin y del regreso de una mentalidad expresa y des-carnadamente belicista como no se conoca desde el final de la II Guerra Mundial.Antoni Domnech es catedrtico de Filosofa de las Ciencias Sociales y Morales en la

revigoriz, sostuvo con argumentaciones slidas y difundi la propuestade una renta bsica de ciudadana incondicional y universal32, conside-rado un componente central de lo que urgentemente se precisa para sal-var el modelo europeo avanzando un paso ms33; corresponde destacarque desde los aos noventa la situacin socioeconmica se deterior anms; en este sentido, el capitalismo ya no es lo que era34. A lo largode las ltimas dos dcadas, en trminos generales, se han aplicado en elmbito europeo algunos programas pblico-sociales con resultados bas-tante acotados, a pesar de que tuvieron una importante repercusinmeditica en cuanto a sus hipotticos impactos a favor del combate alpauperismo y a la marginalidad35.

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Facultad de Ciencias Econmicas de la Universidad de Barcelona. Su ltimo libro es Eleclipse de la fraternidad. Una revisin republicana de la tradicin socialista.Barcelona. Crtica. 2004. Es el editor general de SINPERMISO.

32 Parijs, Philippe van. Libertad real para todos. Barcelona. Ed. Paids. 1996. Segneste autor, resulta evidente que se trataba de defender algo que estaba sometido a inten-so fuego cruzado enemigo la ciudadana social y con la esperanza de contribuir a lareorganizacin de una contraofensiva.

33 Han pasado ms de diez aos desde que van Parijs escribiera ese libro y ms de vein-te desde que publicara su primer alegato a favor de la renta bsica (un artculo coescri-to con el economista holands Robert van der Veen con el sorprendente subttulo deUna va capitalista al comunismo) [Domnech, A. Op. cit.].

34 El de ahora es mucho ms parecido al capitalismo depredador y desatado anterior ala Primera Guerra Mundial que al socialmente reformado y polticamente embridado dela segunda posguerra. No slo la izquierda europea no ha conseguido pasar a la ofen-siva como era la esperanza van Parijs, sino que ha seguido retrocediendo ella y avan-zando con botas de siete leguas el programa neoliberal de destruccin de la ciudadanasocial en Europa: despus de los acuerdos de Maastricht (1993), vino la llamada estra-tegia de Lisboa (2000); y luego, la ampliacin de la UE a los pases del antiguo Esteeuropeo que, vctimas ellos mismos de un atroz y despiadado despojo expropiador enlos 90 sin apenas precedentes histricos, son usados ahora como demoledor ariete de undumping social en el seno de la propia Unin [Domnech, A. Op. cit.].

35 No obstante, frente al malestar reinante en determinados estratos populares, junto a

Teniendo en cuenta el escenario precitado, de un lado son liberadas lasfuerzas del mercado, accin proclive a incrementar las desigualdadessociales, de la cual "se desresponsabilizan", estimando a estas ltimasen cuanto proceso natural; por otra parte, los diferentes gobiernos pro-curan aparentar una gran preocupacin social, mediante la incorpora-cin a su gestin de medidas levemente progresivas, con el objeto delograr, o acrecentar, cierta legitimidad poltico-institucional entre lamayora de la poblacin; pese a ello, los sistemas pblico-administrativosno encaran reformas trascendentes que afecten el ncleo bsicamentedesigualitario de las sociedades capitalistas del presente36.

Con la finalidad de aclarar las divergencias entre varios gobiernos euro-peos, es posible identificar dos posturas ideolgicas fundamentales entresectores progresistas y de izquierda, caracterizadas por sus interpretacio-nes heterogneas de cara a la aplicacin de polticas sociales. La primeraperspectiva, de cuo mayormente convencional, inspirada en el modelokeynesiano de estado de bienestar con pleno empleo, propone la protec-cin social y, en lo esencial, los subsidios por desocupacin, que impli-can un ingreso elemental, durante fases temporarias, hasta la reinsercindel beneficiario en el mercado de trabajo. Aqu se contempla la necesidadde las personas, junto al deber, de emplearse y producir, y una apreciacindel desempleo como una situacin anormal; de modo que dichas presta-ciones sociales deberan ir acompaadas de obligaciones, verbigracia

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la proclividad hacia la disgregacin encarnada a travs de una fractura de la sociedad,las instituciones gubernamentales, y correspondientes a otras esferas, acometieron unagran campaa de legitimacin del orden social vigente, sin modificar las orientacionesneoliberales de fondo que guan las polticas econmicas, hecho potenciado a partir delas consecuencias globales del desarrollo de las estructuras econmico-productivasdel mundo actual.

36 Dentro del marco del viejo continente, varios Estados se oponen a la promulgacinde una Carta de Derechos Sociales de la Unin Europea, mientras resultan solapadosdiversos mecanismos de proteccin social viejos y nuevos.

reconversin profesional, adecuacin de otras actividades, registro y con-trol para aceptar los empleos que se ofrezcan, etctera37.

El segundo enfoque, fundado en un discurso ms renovador, evala conmayor nfasis la realidad sociolaboral contempornea debida a la vulne-rabilidad de las inserciones en el mercado de trabajo; esa postura pro-pugna la erogacin de un ingreso mnimo, salario social o renta bsicacomo una prestacin para existir, sin obligacin de aceptar o prepararsepara un nuevo empleo y, por lo tanto, para entrar en la produccin38.Aqu es defendido, en tanto exigencia a la sociedad, el derecho indivi-dual al sostenimiento de condiciones de existencia digna de todas laspersonas, al margen de su aporte productivo, articulndose ello con lapropuesta de una nueva ciudadana social, a partir de un sentido abar-cativo de corresponsabilidad colectiva.

Coexisten dos versiones respecto del tratamiento precitado; una de ellaspresenta un carcter limitado, al estimarse una realizacin mayormenteconectada a la insercin social, en cuanto fase transicional hacia la inte-gracin socio-laboral: esta eventual medida procura la instalacin deingresos mnimos de insercin, cuyo objetivo consiste en combatir laexclusin social, resultando bastante restrictivos en referencia a losrequisitos impuestos a la poblacin-objeto. Por otro lado una concep-

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37 Tal abordaje de la problemtica remite al funcionamiento del mercado laboral, cen-tralmente a la cobertura de las situaciones particulares de los trabajadores desocupados,dentro de ese enfoque, un punto de vista ms radical se aproxima al reclamo emble-mtico por parte de posiciones ideolgicas de izquierda tendiente a la implementacinde subsidios de desempleo indefinidos, que cubran totalmente a la poblacin econmi-camente activa sin insercin ocupacional [Antn, A. Op. cit.]. Asimismo, una varianterenovada es la del segundo cheque, como compensacin por la disminucin de salarioante la reduccin del tiempo de trabajo o de la jornada laboral y que es defendida poralgunas corrientes e intelectuales como Gorz.

38 dem.

cin, de amplitud relativamente superior a la anterior, considera el pagode una renta social no slo para el pequeo sector de excluidos, sinopara el alto porcentaje de personas pobres, precarias o vulnerables, afec-tando a la distribucin de la riqueza en su conjunto, y contemplando laposibilidad de su generalizacin en una fase posterior39.

Los programas indicados se caracterizan por su nexo con el mbito ocu-pacional; adems, deben tenerse en cuenta temticas diversas, en referen-cia a las metas y representaciones discursivas ligadas a las mismas, ascomo la distincin entre sus premisas tericas y su realizacin concreta.En otro orden, opera un entrecruzamiento respecto de cuestiones trans-versales, las cuales inciden sobre los criterios previamente reseados, yque incluyen los siguientes factores: alcance creciente gradual de los gru-pos y sujetos beneficiarios de los planes con el objetivo ltimo de unatotal universalizacin de las prestaciones, los montos de las asignacionesy la opcin hacia tendencias moderadas o verdaderamente reformistas; aello debe aadirse el vnculo con las estrategias en el orden fiscal, los fun-damentos conectados estrechamente a la cosmovisin basada en el libera-lismo o, por el contrario, en ideologas radicales, las predisposiciones yvaloracin del mbito socio-ocupacional, los grados de eventual relevan-cia reconocidos a las relaciones y el nivel cohesivos existentes en la socie-dad, los propsitos ms igualitaristas centrados en la puesta en tela de jui-cio de la esencia del capitalismo, frente a los intentos de mero manteni-miento del statu-quo, entre otras variables suplementarias40.

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39 dem. Esta perspectiva, sostenida por pensadores como Offe, entre otros, no con-templa tanto la situacin de desempleo, sino la falta de recursos, para garantizar el acce-so de todas las personas a la integracin social y cultural. La justificacin como derechosubjetivo basado en la cualidad de ciudadana, por la pertenencia a esta sociedad, sercomn a diferentes versiones de rentas sociales o bsicas [...]; una de ellas, es la recien-te propuesta del PSOE llamada renta bsica de ciudadana, que est por desarrollar ysobre la que habr que volver por su repercusin en la opinin pblica.

40 Ciertas propuestas alternativas consideran que desde las prestaciones tradicionales

La finalidad de combatir la pauperizacin que afecta a amplios segmen-tos de la poblacin, apuntando al logro de una nueva ciudadana social,en nuestros das, responde a una serie de premisas fundamentales: enuna sociedad segmentada, con fuerte precarizacin y con una distribu-cin desigual del empleo, la propiedad y las rentas, se debe reafirmar elderecho universal a una vida digna, el derecho ciudadano a unos bienesy unas rentas suficientes para vivir; son necesarias unas rentas socialesbsicas o mnimas para todas las personas sin recursos, para evitar laexclusin, la pobreza y la vulnerabilidad social; al mismo tiempo, sedebe garantizar el derecho a la integracin social y cultural, respetandola voluntariedad y sin la obligatoriedad de contrapartidas, siendo incon-dicional con respecto al empleo y a la vinculacin al mercado de traba-jo; se trata de consolidar y ampliar los derechos sociales y la plena ciu-dadana social con una perspectiva igualitaria41.

Partiendo de un esquema simplificado, desde el punto de vista macroi-deolgico, con raigambre en filosofas polticas histricamente antag-nicas, se manifiestan dos corrientes opuestas con relacin a las alterna-tivas del sistema pblico-administrativo orientadas a la resolucin de laagravada cuestin social. La primera de ellas afirma que es necesario

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se puede plantear la exigencia de la ampliacin de los subsidios de desempleo, prctica-mente hasta ser indefinidos y con total cobertura para todos los desempleados y desem-pleadas, o la generalizacin de las pensiones no contributivas; desde las rentas mnimas,a una justificacin ms avanzada como derecho subjetivo o la ampliacin de los bene-ficiarios, como en el caso de la reforma de las Rentas mnimas de insercin (RMI), trasla gran movilizacin de solidaridad con la gente parada en Francia en 1996 [dem].

41 dem. Incluso la propia Comisin Europea -en su informe de este ao 2.000 a lasinstituciones europeas- ya ha desarrollado un lenguaje ms avanzado, aunque sin gran-des cambios prcticos. Los nuevos planes contra la exclusin social como la nueva leysobre la Renta Bsica en la Comunidad vasca (con el agravante del componente desac-tivador de la iniciativa legislativa popular por una Carta de derechos sociales) y deRentas Mnimas de Insercin, en la Comunidad autnoma de Madrid, se inscriben enesta corriente, de pequeas mejoras pero con un discurso ms renovado.

fortalecer, ampliar y completar la funcin redistribuidora clsica delEstado de Bienestar en beneficio de los sectores ms necesitados, evi-tando los riesgos de exclusin, con una nueva dimensin de los dere-chos sociales 42. Mientras tanto, la posicin contrapuesta obedece a lapresin neoliberal hacia un reparto ms desigual de rentas y del deterio-ro de los derechos colectivos -o simplemente priorizando los recursosdel mercado- en beneficio de las clases medias y ricas43.

En aras de reforzar la inclusin sociolaboral, las atribuciones caracters-ticas de la concrecin de la ciudadana plena y la redistribucin de lariqueza, en el contexto de sociedades fragmentadas, es preciso articularel seguimiento de las argumentaciones universales de los derechos socia-les con su puesta en prctica particularizada, dada la composicin hete-rognea de la poblacin en su conjunto. Apuntando al logro de aquellosobjetivos, deben evaluarse las respectivas posiciones econmicas y con-diciones generales de vida diferenciadas de los distintos segmentos de lasociedad, as como tambin la realidad dual reflejada en la proclividad ala precariedad y/o marginacin de algunos sectores frente a la tendenciaa la integracin sociocultural de otros. Por ende, las medidas institu-cionales alusivas a esta problemtica, y dentro de las mismas el resguardode la ciudadana en el sentido expuesto, debieran dirigirse a los sectoresmayormente carenciados, que se encuentran bajo la amenaza de desafi-liacin, al encontrarse disgregados de la comunidad. Ello implica ope-rar contra el desmantelamiento de los derechos pertinentes al ciudada-

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42 Tal planteo conlleva sostener el trabajo estable, formal y protegido, las prestacio-nes contributivas, adems de mantener aquellos atributos todava vigentes del WelfareState tradicional, los cuales aun permanecen en trminos de elementos distribuidoresde renta y de integracin ciudadana, repotencindolos a efectos de compensar la prdi-da de derechos, cada de los ingresos y marginalidad que afectan a los sectores conmayor vulnerabilidad.

43 dem.

no social, mediante la provisin de rentas y medios necesarios paravivir dignamente, sobre todo en los casos crticos puntuales que presen-tan posibilidades acentuadas de resultar excluidos44.

Dentro del marco general consignado, la manipulacin ladina y obscurade las polticas sociales en nuestro pas se asentara en el accionar de unamplio aparato estatal, montado sobre todo a partir de mediados de ladcada de los setenta del siglo pasado, de manera deliberada y sinies-tra; adems, el esquema perverso entramado por los organismos inter-nacionales de crdito, excusndose en la asistencia financiera orientadaal desarrollo econmico, habra coadyuvado a preservar y expandir, losniveles elevados de pauperizacin, propendiendo a su perpetuacintemporal. Cabe agregar que tambin existe una gran responsabilidad dedichos entes respecto del incremento de los indicadores de indigencia;asimismo, las funciones desempeadas por ciertas ONGs, junto a otrosactores colectivos, tras la fachada de ayuda social, operan en beneficioeconmico propio45. Tanto en estos casos, como en el de los preceden-temente citados entes transnacionales, la finalidad del proceder asisten-cialista consiste -por lo general- en cooptar y manipular a la poblacinsocioeconmicamente ms frgil, con la finalidad de conservar el orden

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44 dem. Al respecto, la consolidacin de la ciudadana ha ido ampliando los derechosdesde las minoras propietarias del siglo XVII hasta las amplias mayoras en los moder-nos Estados de Bienestar. Ahora estamos en un periodo de presiones neoliberales parael retroceso de condiciones, derechos y prestaciones sociales y, por lo tanto, de la ciu-dadana, sobre todo social, pero tambin la civil y poltica. Hay que avanzar en la ciu-dadana social y en la igualdad, en los derechos y en el bienestar social ya que son para-lelos y se influyen mutuamente en las modernas sociedades occidentales. No se trata desustituir el derecho al trabajo por el derecho a la asistencia pblica, o al revs, sino desaber combinarlos adecuadamente, sin subordinar el uno a lo otro, participando en laconstruccin de la sociabilidad y de la propia comunidad, y en la oposicin a desigual-dad, la precariedad y la exclusin.

45 Dinatale, M. (2004). El festival de la pobreza. El uso poltico de planes sociales enla Argentina. Buenos Aires: La Cruja. Pg. 14.

establecido por el rgimen de acumulacin imperante46.

En contraposicin frente a las coberturas clientelares parciales, sobresa-le la propuesta de una renta incondicional y universal, dado que elingreso de existencia constituira la oportunidad que ofrece la grantransformacin del sistema capitalista contemporneo a fin de incorporarcriterios de justicia social que posibiliten una libertad real de todos47.Mediante la concesin de tal renta bsica, se procura revertir las situa-ciones inequitativas aunque sin fundarse en el mero objetivo, utilizadocomo pretexto argumental, de incremento del Producto Bruto Interno,proclive a la meta cuasi unilateral de aumento de la productividad. Deacuerdo a este planteo, la solucin justa radica en la organizacin delconjunto de instituciones sociales a los efectos de garantizar el mxi-mo de libertad compatible con un desarrollo socialmente sostenible, quepuedan ejercer la totalidad de las personas ms sometidas en la conduc-cin de su existencia, segn sus deseos, vocaciones e ideales48.

La renta mencionada es concebida en tanto ingreso otorgado por lacomunidad poltica a todos sus miembros, individualmente y sin contra-partida; ese estipendio ciudadano presenta un carcter al mismo tiempo

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46 Los planes sociales destinados a Jefas y Jefes de Hogar Desempleados, creados en2002 como paliativo frente a la fuerte crisis iniciada el ao anterior, constituira el msgrande de la historia argentina por sus tamao y alcance, al configurar una especie demegaplan que incidi en el desarrollo de cambios multifacticos en la sociedad a esca-la nacional [Dinatale, M., ob. cit., pg. 15]

47 Van Parijs, Philippe. Renta Bsica y Estado de Bienestar. Cosma Orsi entrevista enIl Manifesto, miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO 14/01/07. Aquel autorbelga es especialmente conocido por sus propuestas de una renta bsica o ingreso ciu-dadano, elaboradas hace veinte aos y refinadas en el transcurso del tiempo. Una trayec-toria de investigacin que alterna textos de filosofa social e incursiones en la historiadel pensamiento econmico, condensada en innumerables ensayos y libros.

48 Van Parijs, P. Op. cit.

individual, universal e incondicional, atributos que lo distinguen radi-calmente de las polticas basadas en la evaluacin de los medios econ-micos de que disponen las personas, como el ingreso mnimo de inser-cin49. En este sentido, resultara imposible separar los argumentostico-filosficos de los econmicos, ya que debido a motivaciones de esandole cunde la atencin de cuestiones tales como la del desempleo y delpauperismo; aunque, asimismo, es imprescindible partir del fundamentoeconmico-social, a fin de planificar las medidas institucionales, de caraa su eliminacin por va de la estrategia de neto carcter poltico50.

No se tratara, entonces, de que la fase actual del capitalismo sea procli-ve a generar una demanda de trabajo gradual y relativamente inferior,sino que el mismo tiende a distribuir el poder derivado de las ganan-cias de un modo cada vez ms asimtrico, llegando a reducir los sala-rios del grueso de quienes se hallan por debajo de un nivel de vidadecente 51. La generacin de grupos sociales y personas residuales,excedentes y superfluas obedece estrictamente a la evolucin delmundo moderno; este proceso constituye un efecto secundario de la

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49 Este ltimo, con vigencia en varias naciones, entre otras la francesa, fue puesto en mar-cha por los socialdemcratas, los demcrata-cristianos o los liberales representaron unsignificativo progreso respecto del sistema de apoyo a la renta que se basaba en la seguri-dad social de base contributiva y asistencia social discrecional [Van Parijs, P. Op. cit.].

50 En consecuencia, aquello que legitima especficamente, en el contexto del denominadocapitalismo cognitivo del presente la implementacin de la renta bsica obedece amotivaciones orden tico, mientras que en el anlisis econmico lo que hay que buscares el modo de introducirla. Un sistema capitalista crecientemente asentado en el cono-cimiento refuerza la exigencia de combinar trabajos de baja remuneracin con el bene-ficio derivado de una forma universal de renta de existencia [Van Parijs, P. Op. cit.].

51 Van Parijs, P. Op. cit. La trampa de la desocupacin creada por las medidas focali-zadas deja de ser un fenmeno marginal. Para evitar que la mayora de la poblacincaiga en esta trampa se hace entonces necesario extender el beneficio quienes trabajanremuneradamente.

construccin del orden y del progreso econmico en funcin del des-arrollo del sistema capitalista contemporneo52. La condicin de super-fluidad implica un estado permanente de supuesta prescindibilidad de lafuerza de trabajo, conllevando el carcter sustancial, comn u ordinario,de una nueva forma de normalidad -del presente - de la situacinvigente destinada a continuar tal como existe hoy53.

Habitualmente, las condiciones sociolaborales de aquellos individuos ycolectivos calificados en tanto superfluos remiten a cuestiones sobretodo financieras, ya que los mismos deben ser provistos, pues nocuentan con medios elementales de sobrevivencia material. Entonces, larespuesta ante ello deriva en la concesin de limosnas legisladas, ava-ladas o promovidas estatalmente; esas prestaciones devienen variablesen funcin de la investigacin de los recursos econmicos en cadacaso, por ejemplo subsidios de asistencia social, deducciones tributa-rias, desgravaciones impositivas, subvenciones, etctera54.

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52 Bauman, Z. (2006). Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias. BuenosAires: Paids. Pg. 16. Al respecto, la propagacin global de la forma de vida actualliber y puso en movimiento cantidades ingentes, y en constante aumento, de sereshumanos despojados de sus hasta ahora adecuados modos y medios de supervivencia,tanto en el sentido biolgico como sociocultural del trmino [dem, pg. 17].

53 dem, pg. 24. Ser superfluo presentara entonces ciertas connotaciones semnti-cas alusivas al rechazo de la basura; mientras que el destino fijo de los desocupados queintegraban el ejrcito industrial de reserva en la era correspondiente a las sucesivasrevoluciones industriales consista en su reincorporacin a la poblacin econmicamen-te activa y efectiva, el de los residuos es el vertedero.

54 Tambin se alude, en forma cuestionadora desde ciertos segmentos de la sociedad, alpeso de la carga financiera impuesta a los contribuyentes debido a la aplicacin del con-junto de esas medidas. Por otro lado, Dentro de la llamada sociedad no existira espacioadecuado para los residuos humanos; por ello, incluso si la amenaza que se cierne sobrela supervivencia biolgica es abordada y combatida eficazmente, tal logro distar muchotodava de las garantas de sobrevivencia social, dado que resultar insuficiente en aras dereadmitir a los superfluos dentro de la comunidad de la cual resultaran marginados 54.

Result