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Rediseño del Estado en Honduras: ¿Avances o retrocesos en la democratización?

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REDISEÑO DEL ESTADO EN HONDURAS: ¿AVANCES O RETROCESOS EN LA DEMOCRATIZACIÓN? OCTUBRE 2015

Autor del Informe:Gustavo Irías,

Director Ejecutivo del CESPAD

Equipo de apoyo de la investigación:Paola Pineda, Engels López y Dascil Velásquez.

Corrección de estilo:Claudia Mendoza

Las ideas y opiniones expuestas en este documento son responsabilidad exclusiva del CESPAD y no expresan la posición de TROCAIRE y sus

organizaciones socias.

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Tabla de contenido

Introducción ..............................................................................................................................................................................................

Resumen Ejecutivo ................................................................................................................................................................................

1) Reforma del Estado en América Latina: Una mirada panorámica. ......................................................................

2) Contexto del rediseño del Estado en Honduras ............................................................................................................

3) Reforma o rediseño del Estado hondureño ......................................................................................................................

4) Miradas desde la sociedad civil .................................................................................................................................................

Principales conclusiones y recomendaciones .......................................................................................................................

Bibliografía ..................................................................................................................................................................................................

Anexo .............................................................................................................................................................................................................

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IntroducciónHonduras a lo largo de su historia moderna ha vivido dos grandes reformas del Estado: la primera, a finales de la década del 50 del siglo pasado en el gobierno de Juan Manuel Gálvez para facilitar la transición de la dictadura de Tiburcio Carías y avanzar hacia la llamada Segunda República. Esta reforma fue coronada por el gobierno de Villeda Morales retomando las demandas de-mocráticas del movimiento de los y las trabajadoras movilizados en la huelga general de 1954.

La segunda, a inicios de la década de los noventa durante el Gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), para facilitar la implementación del mo-delo neoliberal, en un contexto del fin del conflicto político-militar en Centro-américa y de la guerra fría. Esta reforma fue complementada por el gobierno de Carlos Roberto Reina (1994-1998), en especial en el tema de la desmilita-rización del Estado (supresión del Servicio Militar Obligatorio, subordinación del poder militar al poder civil). En tal sentido, esta segunda reforma arrojó un saldo hibrido entre des-democratización y democratización.

En este informe se indaga sobre el actual proceso de rediseño del Estado hon-dureño en un contexto de inseguridad, violencia, militarización y polarización política.

De ahí que las preguntas centrales que han estado colocadas como norte orientador hayan sido:

• ¿Cuáles son las características más sobresalientes del actual proceso de rediseño del Estado y a qué intereses y lógica del desarrollo responden?

• ¿Avanzamos hacia una profundización de las conquistas democráticas de los noventa o se va en retroceso?

• ¿El actual rediseño del Estado viene a reparar los daños producidos por el golpe de Estado del 2009 en la institucionalidad estatal o es una profundización de esos desajustes a la manera conservadora?

• ¿Cuáles son los espacios o bloqueos para los ejercicios de participación ciuda-dana?

El informe que se presenta a continuación se formuló en el marco del Pro-yecto: “Fortaleciendo capacidades de los socios del Programa de Gobernabilidad y Derechos Humanos de TROCAIRE” (Fase I). El CESPAD agradece el apoyo solida-rio de TROCAIRE para incentivar el debate en torno a problemas sensibles y de interés central para el futuro democrático de Honduras.

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Resumen EjecutivoEn el marco del modelo neoliberal, América Latina en las últimas décadas ha presenciado tres generaciones de reforma del Estado: i) Estado Mínimo; ii) Es-tado racional y eficiente; y, iii) Transformación del Estado. Todas ellas han teni-do en común adecuar el ordenamiento jurídico y la institucionalidad estatal a la dinámica económica neoliberal. No han sido fases diferenciadas en el tiem-po, sino un conjunto de medidas que se han adoptado teniendo en cuenta el cambiante contexto de cada uno de los países de la región.

El actual proceso de rediseño del Estado hondureño retoma elementos de estas tres generaciones de reforma que ha vivido América Latina.

Podría cuestionarse si en Honduras se está implementando un proceso de reforma del Estado, en tanto que su signo principal es el ajuste o adecuación de la administración pública central. No obstante, en este informe se sostiene que estamos frente a un proceso que va más allá de una simple adecuación administrativa, en realidad el proceso en curso es de una reforma parcial del Estado, con una orientación políticamente conservadora, que está motivada por la necesidad de alineamiento del Estado a la profundización del modelo neoliberal y por la necesidad de utilizar el aparato estatal para el proyecto reeleccionista del partido en el gobierno.

En tal sentido, es una reforma que, por lo menos, tiene tres propósitos: i) Cen-tralizar el poder en el Presidente de la República y en Consejo Nacional de De-fensa y Seguridad para asegurar el “orden social”; ii) Adecuar el marco jurídico y la institucionalidad estatal a las necesidades del capital privado (nacional e internacional) para impulsar una nueva generación del modelo neoliberal; y, iii) Desarrollar una política social asistencialista -en base a los bonos-, encami-nada a consolidar y ampliar la base social electoral del partido de gobierno.

Para entender el proceso de reforma en curso es esencial tener presente el ac-tual contexto político y social de país. Honduras está atravesando por un difícil proceso de transición política con una profunda fragilidad institucional y el deterioro de su Estado de derecho. Así tenemos un Estado con graves déficits para hacer frente a problemas históricamente acumulados y agudizados en el presente, tales como la pobreza, desigualdad y falta de protección social, la violencia e inseguridad, la impunidad del sistema de justicia, la falta de calidad y universalidad de los servicios públicos, etc.

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Ante la profunda crisis de la democracia hondureña todas las fuerzas políticas del país desde los sectores políticamente más progresistas hasta los sectores de derecha reconocen la necesidad del cambio para hacer frente a la diversi-dad de problemas. Sin embargo, los enfoques del cambio son muy diferentes, pero todos pasan por la reforma y/ o readecuación del Estado.

Es posible identificar por lo menos tres imaginarios del cambio o reforma del Estado: i) La refundación del Estado, surgida en las calles durante las jornadas de oposición a la ruptura constitucional del 28 de junio del 2009, resumida en el llamado a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y Originaria. ii) la Asamblea Constituyente Constitucional, expresada en la convocatoria a los partidos políticos para formar una Asamblea Constituyente y redactar una nueva Constitución. Y, iii) reformas parciales, en principio re-formas constitucionales priorizando áreas críticas para la gobernabilidad (por ejemplo, seguridad, justicia, educación y salud) y áreas de interés para la elite dominante (por ejemplo, la reforma económica, aspectos de la Ley Electoral y el tema de la reelección presidencial. Este último ubicado en la categoría de los artículos pétreos).

El contenido de la reforma del Estado en curso responde a la correlación de fuerzas políticas existente en el país. Esta correlación de fuerzas favorece el enfoque e imaginario de las reformas parciales.

Las características principales del actual proceso de rediseño del Estado se resumen en los seis elementos siguientes:

• Centralización de competencias de la administración pública en la Presi-dencia de la República;

• Modificación de las estructuras de conducción del poder Ejecutivo, sobre-saliendo la emergencia de las Gabinetes Sectoriales;

• La adecuación del Estado a la promoción y facilitación de los negocios del gran capital, creando nuevas marcos jurídicos y una institucionalidad a su favor (por ejemplo, la constitución de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada COALIANZA);

• La implementación de una política pública de asistencia social como ins-trumento en la creación y consolidación de una base social de respaldo electoral;

• Bloqueo de los espacios de diálogo de las organizaciones sociales y de acceso a la información pública; y,

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• Consolidación del rol de las Fuerzas Armadas como un actor central en la conducción del Estado hondureño, situación formalizada a través de la cons-titución y funcionamiento del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Sobre esto último, es un hecho que las principales decisiones del país se cen-tralizan en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, presidido por el Presi-dente de la República pero con un papel estelar para los militares.

Esta situación constata que muy poco ha avanzado la democracia hondureña desde los años ochenta al presente, al grado que aún la elite continua recu-rriendo a los militares para el “establecimiento del orden”. En tal sentido, reto-mando a Carlos Sojo “La lógica de la política que es el centro articulador de la formación de lo estatal” sigue estando “reducida al ejercicio de la fuerza militar” y, por ello mismo, la estabilidad continúa estando definida “como autoritaria y antidemocrática”

Las recomendaciones que este informe sugiere a las organizaciones de la so-ciedad civil y a los movimientos sociales son las que siguen:

• Tener una lectura periódica de las tendencias del proceso en curso de la reforma del Estado, en especial en lo que tiene que ver con los riesgos que representan para los derechos ciudadanos.

• Formular una propuesta propia de la reforma del Estado que recoja los consensos mínimos sobre un Estado realmente democrático, multicultural, incluyente que considere una perspectiva de género y generacional, y que tenga como norte la lucha contra pobreza y desigualdad.

• Mantener la denuncia sobre los retrocesos democráticos del actual proceso de reforma, tales como: el acceso a la información pública, la profundización de la militarización, la descentralización municipal, la libertad de expresión y la infracción de derechos humanos esenciales.

• Ensayar nuevas formas de incidir desde la sociedad civil y los movimientos sociales con sus demandas y propuestas propias en un Estado altamente centralizado y poco abierto a la consulta, el diálogo y la concertación con organizaciones ciudadanas. Buscar nuevos enfoques y metodologías.

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1) Reforma del Estado en América Latina: Una mirada panorámica

Desde los años ochenta del siglo pasado, en América Latina el cuestionamiento al modelo económico basado en la sustitución de importaciones, desarrollo del mercado interno y la intervención del Estado en la economía dio paso a otro tipo de modelo económico. Este nuevo modelo se sustentó en la libera-lización de la actividad económica, es decir, una economía sin regulaciones, incluyendo la supresión del control de precios. Además, en la apertura del comercio internacional que implicó la disminución y elimi-nación de impuestos o aranceles (tratados de libre comercio). Igualmente, la promoción de la inversión extranjera, así como la reducción del papel del Estado en la economía y sociedad. Este último modelo, dicho de manera simple, es lo que se conoce como neoliberalismo.

En América Latina, la modificación del modelo económico ha sido la causa más importante de la reforma del Estado durante las últimas tres décadas, buscando asegurar la reorganización de la economía y la sociedad en el nuevo imaginario de la elite dominante y de los organismos de financiamiento interna-cional. Desde los años ochenta al presente, bajo el modelo neoliberal se han producido tres generaciones de reforma del Estado (ver Cuadro # 1).

Cuadro # 1 Tres generaciones de Reforma del Estado en América Latina

Fuente: Elaboración propia, en base a los Informes de Desarrollo Mundial del Banco Mundial (1989, 1993 y 1997).

Primera generación: Estado Mínimo Estado mínimo: reducción drástica del gasto social, privatizaciones, disminu-ción de la burocracia estatal, supresión de instituciones y de sus funciones eco-nómicas y sociales.

Segunda generación: Estado racional y eficiente

Un “mejor Estado”: eficaz, eficiente y transparente que asegure el orden pú-blico y la prestación de servicios básicos a la población como educación, salud, infraestructura y redes de protección so-cial (bonos).

Tercera generación: Transformación del Estado

“Estado dinámico” promotor y regulador del desarrollo económico y social. Dos funciones son destacadas: la coordina-ción de las políticas públicas y la redistri-bución del ingreso público, siempre que no afecte los equilibrios fiscales.

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“El concepto de reforma del Estado es muy extenso ya que incluye gran cantidad de temas que perte-necen a los ámbitos de la política económica, política social, administración pública, política electoral, a la naturaleza del Estado, etc.”1 La amplitud de este concepto se presta a mucha confusión. Por ejemplo, en algunos casos, bajo la envoltura de reforma del Estado lo que se han producido son simples refor-mas administrativas.

A continuación una rápida descripción de cada una de las tres generaciones de reforma del Estado indicadas en el Cuadro # 1.

1.1 Primera generación: Estado mínimo

Esta primera generación de reformas está fundamentada en tres informes: i) Gobernabilidad Demo-crática de la Comisión Trilateral2 (1975); ii) El Consenso de Washington (1990); y, iii) Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial (1989).

En la mayoría de los países de América Latina, en esta primera generación de reformas se adoptaron las medidas siguientes:

“i) Descentralización: Transfiriendo responsabilidades de gestión y ejecución a gobiernos locales; ii) Privatizaciones: Dejando la provisión de gran parte de los servicios públicos a empresas privadas; iii) Desregulación: Desmantelando o eliminando organismos que ejercían funciones reguladoras de actividades económicas, por representar un freno al libre desarrollo de las mismas; iv) Externalización: Reemplazando la provisión de servicios e insumos (a través de unidades operativas estatales) por la ofrecida por el sector privado; y, v) Reducción de personal en la administración pública”.3

Esta primera generación de reformas tuvo un alto costo social, pues implicó la drástica reducción del gasto social y el encarecimiento de los servicios públicos. Limitándose la labor del Estado a focalizar con asistencia de emergencia a los más pobres. Por el fuerte impacto social de estas reformas no es casual que las mismas se hayan realizado bajo dictaduras militares (Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Guatemala y otros) y regímenes civiles con características autoritarias (por ejemplo, Fujimori en Perú; Suazo Córdova en Honduras).

Sin embargo, después de más de diez años de aplicación de estas reformas “comenzó a hacerse evi-dente que el nuevo modelo dejaba a una parte significativa de la sociedad fuera de la nueva dinámi-ca del crecimiento, que ésta era vulnerable a los choques externos, y que los gobiernos carecían de

1 Flores Alonso, María de Lourdes. Reforma del Estado y reforma administrativa. Sf. Pág. 1.2 La Comisión Trilateral es una organización internacional privada fundada en 1973, establecida para fomen-

tar una mayor cooperación entre los gobiernos de los Estados Unidos, Europa y Japón. Fue fundada por iniciativa de David Rockefeller, miembro ejecutivo del Council on Foreign Relations y del Grupo Bilderberg y aglutina a personalidades destacadas de la economía y los negocios de las tres zonas principales de la economía capitalista: Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. http://lexicoon.org/es/trilateral.

3 Ramírez, María. (2009, enero-junio). Las reformas del Estado y la administración pública en América Latina y los intentos de aplicación del New Public Management. Estudios Políticos, 34, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, pp. 122.

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medios para proteger a los perdedores cuando estos se veían descolgados de las oportunidades del mercado”.4 Esta situación resultaba altamente amenazadora para el sistema político en un contexto de incremento de la pobreza y desigualdad.

1.2 Segunda generación: Estado racional y eficiente

Esta segunda generación de reformas se inspiró, principalmente, en el Informe sobre el Desarrollo Mun-dial del Banco Mundial de 1993.

Más allá de los logros en términos de equilibrios macroeconómicos,5 las drásticas medidas de ajuste deslegitimaron la administración estatal y erosionaron el enfoque del Estado mínimo como solución a los problemas del crecimiento y desarrollo.

En este contexto, los organismos internacionales dejaron de hablar de “menos Estado” y comenzaron a posicionar el enfoque de “un mejor Estado capaz de garantizar condiciones de orden social”. Esta es la razón por la que se plantearon “como objetivos fundamentales la generación de condiciones para la equidad social y la reducción de la pobreza; la expansión de la infraestructura y la cualificación de la regulación estatal”.6

En esta segunda generación de reformas, la profesionalización y cualificación de los gestores estatales se planteó como esencial; la apuesta era la instalación de un Estado eficaz, eficiente y transparente. Sin embargo, “las reformas orientadas a mejorar la eficacia y la eficiencia no dieron los resultados esperados: la dispersión, la descoordinación, la ausencia de control y la falta de evaluación de la gestión pública impactaron negativamente en la calidad de las políticas públicas”.7 De manera significativa, a esto contri-buyó la histórica cultura clientelista y de corrupción de las elites gobernantes.

En todo caso, en relación al Estado Mínimo, en esta segunda generación de reformas la acción del Estado se amplió a aquellas tareas “que ni los mercados ni la sociedad civil pueden llevar a cabo: el establecimien-to de un orden jurídico necesario, el mantenimiento de un entorno eficaz de políticas macroeconómicas e instituciones financieras, la inversión en servicios sociales básicos e infraestructura, el suministro de una red de seguridad integral para los miembros vulnerables de la sociedad y la protección del ambiente”.

En esta segunda generación de reformas del Estado es que comenzó a implementarse como un ins-trumento de política pública social las transferencias monetarias (bonos) focalizadas en los grupos más vulnerables, generalmente condicionadas a la obligación del ejercicio de derechos universales como la educación y la salud. Ejemplos relevantes de esta política pública han sido: Chile Solidario, Programa Oportunidades (México), Bolsa de Familia (Brasil), entre otros.

4 Paramio, Ludolfo. Reforma política y reforma del Estado. 2004, pp. 4.5 Reducción de la inflación, estabilización de la deuda externa, disminución de los déficits fiscales y otros.6 Ramírez, María. (2009, enero-junio). Op cit. PP 125.7 Zurbriggen, Cristina. La “falacia tecnocrática” y la reforma del Estado. A 10 años del Informe del Banco Mundial.

Nueva Sociedad No 210, julio-agosto de 2000. Pág. 161.

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1.3 Tercera generación: Reconstrucción del Estado

El Informe sobre el Desarrollo Mundial de 1997 del Banco Mundial: El papel del Estado en un mundo en transformación,8 está dedicado a un replanteamiento sobre el papel del Estado en la sociedad y el desa-rrollo. Este Informe es el principal referente para la tercera generación de reformas del Estado.

De acuerdo con Flores Alonso, en este Informe existe un reconocimiento que “Las reformas estatales de primera y segunda generación no sólo mantuvieron sino que agravaron el precario bienestar social de diversos grupos de la población, obligando a identificar las áreas en las cuales era necesario fortalecer la actividad estatal, sobre todo porque la evidencia mostraba que aun cuando se registraban tasas de crecimiento positivo el grueso de la población muy poco se beneficiaba de ello”.9

En esta nueva mirada de los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Estado debería ser redefinido como un “Estado dinámico” promotor y regulador del desarrollo económico y social. En esta reconstrucción del Estado dos funciones eran destacadas: la coordinación y la redistribución. En una superación del enfoque del Estado mínimo, se exhorta a la ampliación de las tareas y capacidades del Estado con la única condición que esto se logre “sin provocar desequilibrios fiscales y financieros”.

Ante el fracaso y cuestionamiento público de las privatizaciones de las empresas estatales, se plantea la figura de las alianzas público-privadas. Ante el problema de la pobreza, la preocupación va más allá de las medidas de emergencia para hacer frente a la pobreza extrema, sin que esto implique el abordaje de sus causas estructurales. Por lo menos, se reconoce la necesidad que el Estado impulse algunas medidas de tipo redistributivo considerando las capacidades fiscales existentes. “Entre algunas de las medidas redistributivas están el incremento de becas para estudiantes de escasos recursos, subsidios familiares, programa selectivos de beneficios comprobables, como las subvenciones alimenticias, vi-vienda y obra pública en las comunidades”.10

En resumen, estas tres generaciones de reforma del Estado en América Latina han tenido en común, adecuar el ordenamiento jurídico y la institucionalidad estatal a la dinámica económica del modelo neoliberal. No son fases diferenciadas en el tiempo, sino un conjunto de medidas que se han adoptado teniendo en cuenta el cambiante contexto de la región y de cada uno de sus países.

2) Contexto del rediseño del Estado en Honduras

Si se toman los textos oficiales, el actual proceso de rediseño del Estado en Honduras no es denominado como reforma del Estado, sino como un conjunto de medidas orientadas a “optimizar la administración pública” (Decreto Legislativo No 266-2013). No obstante, en este informe se sostiene que estamos frente a un proceso que va más allá de una simple adecuación administrativa, en realidad el proceso en curso es de una reforma parcial del Estado, con una orientación políticamente conservadora, que está moti-

8 http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/09/26/000333037_20120926023923/Rendered/PDF/173000WDR0SPANISH0Box128708B00PUBLIC0.pdf.

9 Flores Alonso, María de Lourdes. Op Cit. PP 13.10 Flores Alonso, María de Lourdes. Op Cit. PP 13.

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vada por la necesidad de adecuar el Estado al proyecto económico impulsado por la elite históricamente dominante y al proyecto político reeleccionista, tanto del actual Presidente de la República como del Partido Nacional. Hasta el momento, este proyecto reeleccionista es funcional a los intereses de la elite.

Por ello mismo es una reforma que, por lo menos, tiene tres propósitos: i) Centralizar el poder en el Pre-sidente de la República y en Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para asegurar el “orden social”; ii) Adecuar el marco jurídico y la institucionalidad estatal a las necesidades del capital privado -nacional e internacional- para impulsar una nueva generación del modelo neoliberal; y, iii) Desarrollar una política social asistencialista -en base a los bonos-, encaminada a consolidar y ampliar la base social electoral del partido de gobierno. En esencia este es un proceso que combina diferentes elementos de las tres genera-ciones de reforma del Estado en América Latina. Los alcances de este proceso es difícil de entenderlo sino se contextualiza en la actual situación del país.

2.1 La reforma del Estado en la arena política

Afectada por la ruptura constitucional del 28 de junio del 2009, Honduras está atravesando por un difícil proceso de transición política con una profunda fragilidad institucional y el deterioro de su Estado de derecho. Así tenemos un Estado con graves déficits para hacer frente a problemas históricamente acu-mulados y agudizados en el presente, tales como la pobreza, desigualdad y falta de protección social, la violencia e inseguridad, la impunidad del sistema de justicia, la falta de calidad y universalidad de los servicios públicos, etc.

Ante la profunda crisis de la democracia hondureña todas las fuerzas políticas del país desde los sectores políticamente más progresistas hasta los sectores de derecha reconocen la necesidad del cambio para hacer frente a esta diversidad de problemas. Una cuestión de fondo es que el 28 de junio del 2009 se rom-pió el pacto económico-social gestado por la elite tradicional en la Asamblea Nacional Constituyente de 1980. Este pacto fue el que aseguró la gobernabilidad del país en 29 años de ininterrumpida democracia electoral (1980-2009). De ahí que una interrogante clave en esta temática sea: ¿Cómo construir un nuevo pacto económico social? O dicho de otra manera ¿De qué forma asumir la necesaria reforma o transforma-ción del Estado?

En tal sentido, en Honduras se han instalado diferentes imaginarios o enfoques de la reforma o transfor-mación del Estado.

• La primera, la refundación del Estado, surgida en las calles durante las jornadas de oposición a la ruptura constitucional del 28 de junio del 2009, resumida en el llamado a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y originaria. En otras palabras, las organizaciones sociales y la “ciudadanía de a pie” conformadas en poder constituyente para formular un nuevo pacto social, económico y político.

• La segunda, la Asamblea Constituyente Constitucional, expresada en la convocatoria a los parti-dos políticos para formar una Asamblea Constituyente y redactar una nueva Constitución. En alguna de sus variantes, esta postura ha estado abierta a considerar cuotas de representación a sectores sociales y de la sociedad civil. Esta última opción abriría espacios para un probable pacto social que podría transcender el ámbito de los partidos políticos o de las llamadas “cúpulas” partidarias.

• La tercera, reformas parciales, en principio reformas constitucionales priorizando áreas críticas para la gobernabilidad (por ejemplo, seguridad, justicia, educación y salud) y áreas de interés para

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la elite dominante (por ejemplo, la reforma económica, aspectos de la Ley Electoral y el tema de la reelección presidencial. Este último ubicado en la categoría de los artículos pétreos). También este enfoque considera la posibilidad de una reforma administrativa del Estado sustrayéndola del ámbito Legislativo y concentrándola en el Ejecutivo. En esencia, es adecuar el Estado a las necesi-dades de mantener el “actual orden de cosas” y profundizar el proyecto de dominación de la elite tradicional y sus aliados bajo la conducción del Partido Nacional.

El papel predominante que adquiera uno u otro de estos tres enfoques, está en dependencia de la co-rrelación de fuerzas a su favor en la arena político- electoral.

2.2 Las elecciones del 2013 y el proyecto del partido de gobierno

Elecciones del 2013 y una nueva reconfiguración de fuerzas

En las disputadas y controversiales elecciones el 24 de noviembre del 2013 el Partido Nacional obtuvo la victoria para la Presidencia de la República. Asimismo, el Congreso Nacional se reconfiguró transfor-mándose en un poder multipartidista, con la presencia visible de dos nuevas fuerzas políticas: Libertad y Refundación (LIBRE) y Partido Anticorrupción (PAC). Ninguna fuerza política logró la mayoría simple, quedando sujeta la posibilidad de legislar a las alianzas políticas tanto del partido en el gobierno, como de la oposición.

Hasta ahora, ha sido el partido en el gobierno el que ha exhibido la mayor capacidad en el estableci-miento de alianzas políticas, un acuerdo con el Partido Liberal, la UD y DC le aseguró el control de la Directiva del Congreso Nacional y la adopción de otras decisiones de importancia. Además, antes de la toma de posesión del actual gobierno, el Partido Nacional valiéndose de la amplia mayoría con que disponía en el Congreso Nacional (producto de la configuración de fuerzas políticas de las elecciones del 2009, ver Cuadro # 2) aprobó un decreto legislativo11 que trasladó las facultades de reforma del Es-

Cuadro # 2 Representantes de los partidos políticos en el Congreso Nacional. 2009-2013

Fuente: TSE.

Partido Político2009 2013

No % No %Partido Nacional (PN) 71 55.4 48 37.5

Partido Liberal (PL) 45 35.1 27 21.0Libertad y Refundación (LIBRE) 37 28.9

Partido Anti Corrupción (PAC) 13 10.1

Unificación Democrática (UD) 4 3.1 1 0.7

Democracia Cristiana (DC) 5 3.9 1 0.7

Partido Innovación y Unidad (PINU) 3 2.3 1 0.7

Total 128 100.0 128 100.0

11 Decreto Legislativo # 266-2013.

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tado del Congreso Nacional al Poder Ejecutivo. Abriéndose, de esta manera, el camino para impulsar la reforma del Estado con base en el enfoque de las “reformas parciales” y asegurándose el bloqueo de la participación de las fuerzas políticas y sociales de la oposición.

Teniendo este telón de fondo, es necesario contar con el conocimiento básico del contenido del pro-grama de gobierno del Partido Nacional, actualmente en el poder. Esta mirada ayudará a entender el alcance, dirección y características de la reforma en curso del Estado hondureño que es el objeto prin-cipal de este informe.

Programa de gobierno del Partido Nacional

Este programa se encuentra resumido en “El Plan de Todos para una Vida Mejor 2014-2018”.12 Este plan toma como punto de partida el Plan de Nación y Visión de país formulado por la administración de Por-firio Lobo, pero ha sido modificado en su contenido y ajustado al período de este gobierno.

Plataforma Pro-Honduras (eje del desarrollo económico)

El núcleo de la apuesta del eje de desarrollo económico es “implementar la Plataforma Pro-Honduras” concebida como un “agresivo proceso de promoción de inversiones, exportaciones y turismo” que con-sidera como sus elementos más importantes los que siguen:13

• “Creación del Consejo Nacional de Inversiones y cuatro unidades técnicas de apoyo en las áreas de: Competitividad, Imagen y Marca País, Desarrollo Competitivo de la MYPYME, y Pre inversión.

• Priorización en siete sectores claves: Agronegocios; Negocios Forestales; Ensamble Ligero y Maquila de Servicios; Turismo; Construcción; Energía, Minería y Petróleo; e, Infraestructura.

• Coordinación de acciones entre gobierno, alianzas público privadas (APP) e inversionistas nacionales y extranjeros.

• Creación de un marco de condiciones favorables para mejorar el clima de negocios en Honduras, relacionadas, entre otros, con los siguientes temas: marco regulatorio y la ventanilla electrónica para la apertura de empresas; permisos de operación; registro de propiedad; permisos de construcción; licencias ambientales; y, cumplimento de contratos.

• Promoción de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), como una instancia que permita al país su inserción en los mercados mundiales bajo reglas altamente competitivas y estables, mediante la adopción de tecnologías con alto valor agregado, en un ambiente transparente y capaz de atraer las inversiones nacionales y extranjeras que se requieren para un crecimiento económico acelerado.

• Implementar un conjunto de medidas impulsando el Programa de Reactivación del Sector Agroa-limentario de Honduras”. Con este Programa se espera generar “50 mil empleos rurales por año con una inversión total de 20 mil millones de lempiras”. (Todos las negritas anteriores son nuestras).

12 http://www.scgg.gob.hn/sites/default/files/Plan_Gobierno_16junio_Capacitacion_POA_Presupuesto_2015.pdf

13 Ídem pp. 24 y 25.

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El eje de desarrollo económico es reforzado con el eje infraestructura productiva que incluye como elementos centrales los siguientes:

• “Considerar diversas modalidades de financiamiento para atender el requerimiento de inversiones dirigidas a lograr que Honduras se posicione en la región como un centro de desarrollo logístico y con costos de transporte menores, procurando siempre salvaguardar los intereses generales del país y de los usuarios.

• Las Asociaciones Público-Privadas (APP) ocupan un espacio relevante, reconociendo que debe mejorarse el ámbito regulador, la implementación de medidas que agreguen transparencia a los procesos y la participación de empresas nacionales en los consorcios que actúen como oferentes de los proyectos.

• Impulsar con apoyo de la modalidad APP los siguientes proyectos de la red vial: Corredor Logístico; Corredores Turístico; Otros proyectos importantes como: Carretera Occidente (CA-4, CA-10 y CA-11)”.14

(Todas las negritas anteriores son nuestras).

En general, se trata de un programa económico que busca hacer de Honduras un espacio privilegiado para la inversión privada -extranjera y nacional- y, de esta manera, dinamizar el crecimiento económico. A diferencia de otros proyectos dominantes del pasado, este proyecto está asentado en la amplia utiliza-ción del territorio y extracción de los recursos naturales: el bosque, minería, fuentes de agua (energía) y las ZEDE o “ciudades modelo” (ver Recuadro # 1). También está planteada y en marcha una nueva modali-dad de privatizaciones de las empresas y servicios públicos a través de las Asociaciones Público-Privadas.

Sobre esto último aspecto, de hecho estamos asistiendo al más amplio proceso de privatizaciones de los servicios públicos que haya vivido el país a lo largo de toda su historia. Esto está implicando la re-conversión de las más significativas empresas estatales a favor del sector privado, creándole todas las facilidades para que vaya asumiendo el control de sus áreas más rentables. Tal es el caso de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), de la empresa de telecomunicaciones (HONDUTEL) y de la Empre-sa Nacional Portuaria (ENP). En relación a esta última empresa, el hecho más dramático lo constituye la concesión por 30 años del manejo del más importante puerto del país (Puerto Cortes) a la empresa filipina ICTSI que ha constituido la Operadora de Puerto Cortes (OPC).

Lo mismo puede decirse de la concesión por 20 años para el “corredor logístico” este “abarca tres tramos: Goascorán–Villa de San Antonio; San Pedro Sula–Puerto Cortés; y, Tegucigalpa–Villa de San Antonio, los cuales representan 391.8 kilómetros de carretera que Coalianza concesionó por 90,500,000 dólares. Los ganadores de la licitación son el Concesionario Vial Honduras S.A. de C.V. que representa a Hidalgo e Hidalgo S.A. de C.V. de Ecuador, y Construcción y Administración de Perú” (http://www.laprensa.hn/honduras/apertura/328611-98/corredor log%C3%ADstico-se-concesion%C3%B3-a-15-empresas). Estas son las mismas empresas que se han hecho cargo del mantenimiento y la ampliación de la principal carretera del país (CA-5), por la vía del cobro de peaje, medida considerada por diferentes actores como irracional y desventajosa para la ciudadanía y el Estado.

Todo esto se extiende al llamado “corredor turístico”. Según el portal de transparencia de COALIANZA, “se contempla la construcción, ampliación y mantenimiento de 122,6 kilómetros de carretera en los

14 Ídem, pp 27.

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tramos de El Progreso – Tela; San Pedro Sula – El Progreso; y, La Barca – El Progreso. El monto destinado a ese proyecto ronda los 150 millones de dólares, y estará a cargo de Consorcio Autopistas del Atlántico conformado por las empresas CI Grodco de Colombia, CI Grodco de Panamá y Profesionales de la Cons-trucción (PRODECON) de Honduras” (http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1391-corredor-tur%C3%ADstico-amenaza-con-privatizar-carreras-en-el-progreso)

Estos datos nos indican como la elite tradicional está ampliándose con nuevos grupos económicos nacionales y transnacionales provenientes de Sur América y de Asía. Y sin duda esta situación está in-troduciendo modificaciones significativas en la economía y en la estructura del Estado. De ahí que no estemos ante simples adecuaciones de la administración pública, es una reforma conservadora la que está en curso en función de los intereses de la elite tradicional y sus nuevos aliados. Es un proyecto bien delineado que busca profundizar el modelo neoliberal con una mirada regional (centroamericana) y de ahí la relevancia del llamado corredor logístico o del canal seco.

Con el apoyo de un esquema es posible tener una mirada más clara de las interacciones y el sentido de los diferentes componentes descritos en líneas anteriores. Ver Gráfica # 1.

Gráfica # 1Plataforma Pro-Honduras, elementos básicos

Fuente: Elaboración propia.

CLIMA DE NEGOCIOS:

• Marco regulatorio.

• Ventanilla electrónica.

• Permiso de operaciones.

• Registro de propiedad.

• Permisos de construcción

• Licencias ambientales.

• Cumplimiento de contratos

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES: Competitividad, Imagen y Marca de País, desarrollo competitivo de Pre -inversión

HONDURAS COMO

CENTRO DE DESARROLLO LOGÍSTICO EN

CENTRO AMERICA

7 Sectores priorizados : agro negocios; negocios forestales; ensamble ligero y maquila de servicios; energía, minería,

petróleo e infraestructura.

Programa de Reactivación del Sector Agro Alimentario

Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE)

Inversión extranjera

Asociaciones Público - Privado: Corredor logístico, corredor turístico,

carretera de occidente (CA -4, CA -10 y CA -11)

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Si observamos la gráfica indicada, se entiende que los actores beneficiarios del potencial crecimiento económico impulsado por la Plataforma Pro-Honduras serán los poseedores del capital y el conocimien-to tecnológico, es decir, las transnacionales (ahora no solamente estadounidenses, sino que también suramericanas, asiáticas y otros) y la élite económica tradicional ahora con intereses diversificados en la agroindustria, la industria, el comercio y las finanzas. A estos se suman nuevos grupos económicos que han surgido de la reconfiguración de la élite política actualmente en el gobierno.

Todo lo dicho anteriormente, no niega que el “Plan de Todos para una Vida Mejor” esté considerando a sectores de la micro y pequeña empresa pero en una posición marginal, incluso dentro del Programa de Reactivación del Sector Agroalimentario. En este punto es significativo que la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), organización que aglutina al sector terrateniente, haya denunciado que los fondos destinados por el gobierno central para la reactivación del campo no están llegando a sus manos y mucho menos a los pequeños y medianos productores (La Tribuna, 8 abril 2015. http://www.latribuna.hn/2015/04/08/atorados-fondos-para-reactivar-agro/)

En realidad este programa de reactivación agroalimentaria no está destinado al mercado interno, su orientación principal es apoyar actividades de exportación que beneficien a las grandes empresas agroindustriales. Para el caso, en su reglamento del 2014,15 del total de L 1,500.0 millones disponibles es-tablece que el 70% serán destinados para la palma africana (L 1,050 millones); 15% para el programa de

Recuadro # 1 Sobre las ciudades modelo

Fuente: Erik Halkjaer, reporter.« Politikerutfrågning – biståndet efter valet . Honduras president säljer ut sitt land ». 2 de marzo de 2014.

El gobierno de Juan Orlando Hernández, está invitando a empresas extranjeras a crear un nuevo Estado en el territorio hondureño. Ha prometido inversión en el rubro minero, privatización y duras medidas contra la delincuencia.

A inicios de febrero un grupo de surcoreanos llegó al Departamento de Choluteca en el sur de Honduras. La promesa es que este grupo -que representa el grupo de acero gigante POSCO- rea-lizará un estudio para invertir aproximadamente 26 millones de coronas (entre 3.5 y 4 millones de USD dólares) y construirá una ciudad libre del control del sistema judicial y administrativo hondureño – una “ciudad modelo”.

En enero de 2011 y bajo el liderazgo de Hernández, en el parlamento hondureño se votó en favor de una enmienda constitucional para crear áreas con privilegios especiales, de hasta 33 ki-lómetros cuadrados de territorio hondureño. Entre esos privilegios se encuentran, sistema propio de recaudación de impuestos, propia judicatura y propias fuerzas policiales, lo que implica que dichas áreas quedarán exentas de la aplicación de las leyes hondureñas.

15 Martinez, Sara. “Análisis sobre la Propuesta del Poder Ejecutivo del Gobierno de Honduras. Reactivación del Sector Agroalimentario a partir del 2014”. OXFAM. Sf.

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repoblación bovina, porcina y avícola (L 225 millones); 7.5% para el programa de Seguridad y Soberanía Alimentaria (L 112.5 millones); y, el 7.5% para otros sectores tales como café y caña de azúcar (L 112.5 millones).

Protección social y desconexión del desarrollo económico y del desarrollo social

Es importante resaltar que en un contexto de pobreza generalizada, el “Plan de Todos” considera “Forta-lecer la protección social a las familias en condiciones de extrema pobreza, mediante la ampliación de transferencias monetarias condicionadas y el mejoramiento de condiciones básicas de las viviendas y, al mismo tiempo, ampliar con visión de universalidad la cobertura y la calidad de los servicios de edu-cación y salud, a fin de potenciar las capacidades para la superación gradual y progresiva de la pobreza”.16 Esto se expresa en la Plataforma y el Programa para Una Vida Mejor.

Pero a pesar del discurso de “inclusión social”, tanto la Plataforma y el Programa Vida Mejor, lo que impul-san son acciones asistencialistas y de emergencia social para la población pobre que ha quedado “fuera” de las oportunidades de beneficiarse de la Plataforma Pro Honduras.

En realidad, asistimos a la implementación de una “nueva generación” del modelo neoliberal en el cual se continúa imponiendo la lógica de perdedores y ganadores, explicada, en parte, por la desconexión del desarrollo económico y del desarrollo social, sustituido este último por políticas públicas asistencialistas que excluyen de los beneficios del crecimiento económico a las grandes mayorías. Se trata de un de-sarrollo económico orientado al mercado internacional sin eslabonamientos internos con la micro, pe-queña y mediana empresa, lo que deja como resultado una economía deformada y desarticulada inter-namente. Inevitablemente avanzamos por la misma ruta de siempre, de concentración de la riqueza en unos pocos grupos e incremento de la desigualdad social en la mayoría de la población. Ver Gráfica # 2.

3) Reforma o rediseño del Estado hondureño

Es un hecho que el proyecto económico y social del actual gobierno requiere de una restructuración del Estado. Esto es claramente reconocido en el “Plan de Todos para una Vida Mejor” donde establece que uno de los desafíos de la actual administración gubernamental es “Consolidar los procesos de reingeniería del sector público, principalmente del gobierno central, con el fin de lograr el propósito de constituir un Estado sencillo, eficiente y transparente, al servicio de la ciudadanía”. Este programa en su conjunto y la necesidad de la reforma del Estado es respaldado por el Acuerdo Stand-by firmado el 4 de diciembre del 2014 con el Fondo Monetario Internacional (FMI).17 En este Acuerdo se apunta, entre varios aspectos, a la privatización de áreas sensibles de las empresas estatales y a la reducción del gasto vía la reducción del empleo en el sector público (ENEE, SANAA, HONDUTEL y otras).

La “reingeniería del sector público”18 se presenta íntimamente relacionada a la concepción de una “de-mocracia con seguridad y sin violencia”. Situación que conduce inevitablemente a un enfoque y práctica

16 Ídem, pp 16.17 Ver: http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2014/pr14545s.htm-18 http://www.scgg.gob.hn/sites/default/files/Plan_Gobierno_16junio_Capacitacion_POA_Presupuesto_2015.pdf-

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militarizada del Estado y la sociedad. Por lo anterior, no resulta extraño la prioridad en dos estrategias en el campo de la seguridad: por un lado, “Posicionar al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad al más alto nivel para la toma de decisiones”, y de manera complementaria, “Hacer efectiva la creación y funcionamiento de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (FUSINA), en todo el territorio nacional”.

Pero, ¿Cuáles son las características principales de este proceso de reforma parcial y conservadora del Estado hondureño?

Gráfica # 2 Programa económico-social del gobierno y roles del Estado


Estado en su rol facilitador de UN

CLIMA DE NEGOCIOS FAVORABLE al gran capital (internacional y

nacional)

Estado en su rol de promotor e implementador de una POLÍTICA SOCIAL ASISTENCIALISTA para los más pobres

PLATAFORMA PRO HONDURAS

Exportaciones

• Privatizaciones servicios públicos e infraestructura.

• Programa agro alimentario. • Turismo

PLATAFORMA Y PROGRAMA POR UNA VIDA MEJOR

Bono Vida Mejor y otros proyectos

Desconexión del desarrollo económico y del desarrollo social

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3.1 Reforma de la Ley de Administración Pública y centralización de competencias en la Presidencia de la República

La presente reforma está sustentada en el Decreto Legislativo # 266-2013: “Ley para optimizar la admi-nistración pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia del gobierno”. Mediante esta ley se reforman siete (7) instrumentos jurídicos relevantes para el funcionamiento de la administración pública: i) Ley de Administración Pública; ii) Ley de Procedimientos Administrativos; iii) Ley de contratación del Estado; iv) Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; v) Ley Orgá-nica del Presupuesto; vi) Ley Orgánica de la Procuraduría de la República; y, vii) Ley del Tribunal Superior de Cuentas.

De todas ellas, las más relevantes son las modificaciones a la Ley de la Administración Pública, en virtud de las cuales el Congreso Nacional renuncia a funciones propias delegándolas al Poder Ejecutivo, es de-cir a la Presidencia de la República. Entre estas destaca la potestad de “creación, modificación o suspen-sión de las Secretarías de Estado o de los Organismos o Entidades Desconcentradas” (reforma artículo 4 de la Ley de la Administración Pública).

La centralización de facultades en el Poder Ejecutivo es reafirmada con la modificación del artículo 6 de la misma Ley de Administración Pública que faculta al Presidente de la República “para crear las instan-cias de conducción estratégica que considere necesarias” en lo que tiene que ver con el Plan de Nación o su equivalente, igual que sus planes estratégicos, políticas, proyectos y programas. Ver Gráfica # 3.

Gráfica # 3 Reforma de la Administración Pública y Plan de Nación o su equivalente

Reforma Artículo 6 de la

Administración Pública. Presidente

de la República facultado para crear

las instancias de conducción

estrat égicas que considere necesarias

Plan de Nación

Políticas

Proyectos y Programas

Planes Estrat égicos

Organismos de derecho

privado como órganos

auxiliares


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3.2 Modificación de las estructuras de conducción del Poder Ejecutivo

Estas reformas permiten que el Presidente de la República se auxilie de un funcionario con un más alto rango que las Secretarías de Estado, este funcionario es el ahora denominado “Coordinador General del Gobierno”. Igualmente, las reformas de la Ley de la Administración Pública le entregan al Presidente de la República la facultad de crear “gabinetes sectoriales” (Artículo 15 de la Ley de la Administración Pública).

En este proceso de reforma administrativa del Estado hondureño, la normativa legislativa ha sido com-plementada por los Decretos Ejecutivos PCM # 001-2014 y PCM # 002-2014 que han operativizado la nueva estructura de la Administración Pública Central. Debe advertirse que esta estructura está aún en proceso de construcción.

Sin embargo, esta ha ido tomando forma, en principio, en la organización de la Secretaría de Coordina-ción General del Gobierno que teniendo un papel auxiliar en la conducción estratégica del Presidente de la República, asume funciones similares a la desaparecida Secretaría de Planificación en lo que tiene que ver con la “planificación estratégica, la coordinación de la formulación de las políticas públicas, el alineamiento de los planes institucionales, la asignación de los recursos y el seguimiento de la gestión”.

Esta Secretaría está compuesta por las Direcciones siguientes:19

• Dirección Presidencial de Planificación Estratégica, Presupuesto, Inversión Pública y Cooperación Externa.

• Dirección Presidencial de Gestión por Resultados. • Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma del Estado. • Programa de la Cuenta del Milenio.

El Decreto PCM # 001-2014 crea siete (7) Gabinetes Sectoriales que son los siguientes: i) Gabinete Sec-torial de Gobernabilidad y Descentralización; ii) Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social; iii) Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico; iv) Gabinete Sectorial de infraestructura productiva; v) Ga-binete Sectorial de Conducción y Regulación Económica; vi) Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa; vii) Gabinete Sectorial de Relaciones Internacionales. En Anexo ver el listado de las Secretarías de Estado y otras instituciones estatales que integran estos Gabinetes Sectoriales.

De acuerdo con este Decreto, los Coordinadores de los Gabinetes Sectoriales “Estarán a cargo del ali-neamiento de las instituciones bajo su coordinación con la planificación y el presupuesto asignado. Por medio del Sistema de Gestión por Resultados establecidos por la Presidencia de la República, serán res-ponsables del seguimiento de los objetivos y metas contenidas en los Planes Estratégicos y Operativos Sectoriales, evaluar su cumplimiento y desempeño” (artículo 11).

Con la creación de los gabinetes sectoriales se expresa la intención de superar un problema histórico y estructural de la administración hondureña: la fragmentación institucional y los bloqueos para una acción coordinada y complementaria. Sin embargo, esto es asumido por una vía no democrática, en tanto fortalece la centralización en el Ejecutivo y no considera espacios para la participación ciudadana.

19 http://scgg.gob.hn/content/direcciones-presidenciales.

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A pesar de la relevancia proyectada a los Gabinetes Sectoriales, el Consejo de Ministros integrado por las Secretaría de Estado no desaparece (artículo 14). Sin embargo, se irá transformando en ejecutor de las decisiones del Presidente de la República, del Coordinador General del Gobierno y de los/as Coordina-dores de los Gabinetes Sectoriales.

Adicionalmente, el Presidente de la República está facultado a “celebrar en cualquier lugar del país Ga-binetes Populares o sesiones de Gobierno abiertas con la participación de los Secretarios de Estado, funcionarios de las instituciones centralizadas, descentralizadas y autónomas del Poder Ejecutivo y otros funcionarios” (artículo 17).

En la Gráfica # 4 es posible tener una mirada panorámica de los cambios y dinámicas de funcionamiento de la actual administración pública central.

3.3 La institucionalidad estatal al servicio de la promoción y facilitación de los negocios del gran capital

En este proceso de reforma, el cual comienza antes del 2013, se ha emitido un amplio marco jurídico y la creación de una nueva institucionalidad para promover y facilitar los negocios del gran capital, así como para reconvertir las empresas públicas en instancias de beneficio para el sector privado. Siendo lo más relevante lo que sigue:

Gráfica # 4 Aproximación a la nueva estructura de la Administración Central


PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Coordinador General del Gobierno

Coordinador Gabinete Sectorial (7)

Secretar ías de Estado

Consejo de Ministros

CONSEJO NACIONAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD

Gabinetes populares

Gabinetes regionales,

departamentales o municipales

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• Ley de promoción de la alianza público-privada (Decreto Legislativo # 143-2010). Este instrumento es el que está permitiendo, al actual gobierno, viabilizar el “corredor logístico”, el “corredor turístico”, las concesiones del mantenimiento de carreteras, la reconversión de las empresas públicas y otras accio-nes de privatización. Esta ley faculta la participación pública-privada en las modalidades siguientes (Artículo # 4):

• Construcción, y/o operación, y/o transferencia, y/o mantenimiento de obras y/o servicios. • Ampliación de obras y/o servicios públicos existentes. • Prestación total o parcial de un servicio público, precedido o no de la ejecución de una obra pública. • Ejecución de una obra pública con o sin prestación del servicio público, para la locación o arren-

damiento por el Estado. • Administración como fiduciario de bienes, servicios, sistemas contables, sistemas de cómputo,

programas o proyectos de desarrollo, contratos de créditos, entre otros. • Otras formas.

Para la implementación de esta ley se constituye la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), concebida como un ente desconcentrado de la Presidencia de la República “con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de gestionar y promover los proyectos y procesos de las Alianza Público-Privada (APP)”. Esta Comisión estará integrada por tres (3) Comisionados(as) elec-tos por el Congreso Nacional, que durarán en sus funciones siete (7) años, pudiendo ser reelectos por igual período” (Artículo 11).

• Ley orgánica de las zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE) (Decreto Legislativo # 120-2013). Este es una herramienta jurídica donde el Estado promueve y permite la más amplia apertura al capital extranjero, cediendo cuotas importantes de soberanía (ver Recuadro # 1). En el artículo # 2 de esta Ley se establece que: “Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) pueden crearse con el objetivo de desarrollar Centros Financieros Nacionales e Internacionales, Centros Logísticos Internacionales, Ciudades Autónomas, Cortes Comerciales Internacionales, Distritos Especiales de Inversión, Distritos Energéticos Renovables, Zonas Económicas Especiales de Inversión, Zonas sujetas a un Sistema Jurí-dico Especial, Zonas Agroindustriales Especiales, Zonas Turísticas Especiales, Zonas Mineras Sociales, Zonas Forestales Sociales o cualquier otro régimen especial”.

• Como complemento a la ley anterior el actual gobierno ha creado la nueva Secretaría de Desarrollo Económico que tiene entre sus funciones: “La formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con el fomento y desarrollo de la industria, la tecnología, promoción de inver-siones, imagen de país, de los parques industriales y zonas libres, la relación del gobierno nacional con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), el comercio nacional e internacional de bienes y servicios, la promoción de exportaciones, la integración económica, el desarrollo empresarial, la inver-sión privada” (Decreto Legislativo No 266-2013). Asimismo, estas funciones se extienden al Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico que bajo el liderazgo de esta nueva Secretaría de Estado incluye, entre varias institucionales estatales, a la Secretaría de Trabajo, Secretaría de Agricultura y Ganadería, Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, y el Instituto Hondureño de Turismo.

• Adicionalmente, el Decreto Legislativo anteriormente citado, en su artículo 53, faculta al Ejecutivo para la reconversión de las empresas estatales en “sociedad mercantil, previo Decreto del Consejo de Secretarios de Estado ordenando su transformación, indicando el destino de sus activos y pasivos”.

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3.4 Política pública de asistencia social como instrumento en la creación y consolidación de una base social de respaldo electoral

En contextos de extendida pobreza y de altos grados de desigualdad, los programas de transferencias mo-netarias condicionadas constituyen instrumentos de política pública urgentes y necesarios. Pero, a la vez, son reproductores de una cultura clientelista, con efectos negativos para la inclusión social sostenible, si no están insertos en un proyecto de sociedad que afecte las causas estructurales generadoras de la pobreza. También estos programas suelen tener efectos perversos para el sano desarrollo de la democracia electoral.

De hecho en la reforma de la Administración Pública Central otra nueva Secretaria de relevancia para el pro-yecto del partido de gobierno es la Secretaría de Inclusión Social y el Gabinete Sectorial de igual nombre.

En la “Ley para optimizar la administración pública” se le otorga las facultades de: “formulación, coordi-nación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia de desarrollo e inclusión social, de reducción de la pobreza; así como de la planificación, administración y ejecución de los programas y proyectos que se derivan de esas políticas, y los que vayan dirigidos a grupos vulnerables y los orienta-dos a la niñez, juventud, pueblos indígenas y afro hondureños, discapacitados y personas con necesida-des especiales y adultos mayores” (Artículo 26, numeral 4).

Todo esto tiene su expresión en la Plataforma y Programa por una Vida Mejor, en torno a estas iniciativas se ha creado una institucionalidad pública nacional/departamental/ local concebida para visibilizar y promocionar la figura presidencial en búsqueda de asegurar el respaldo electoral al partido de gobierno y a una eventual reelección del actual Presidente de la República.

3.5 Bloqueo de los espacios de diálogo de las organizaciones sociales y de acceso a la información pública

Es evidente que en esencia estamos ante una reforma de Estado que centraliza en el Presidente de la República funciones claves de la gestión pública, en especial en temas relacionados con la seguridad, la economía, y, la protección social

Este esquema rompe la cultura del diálogo, la consulta y concertación entre organizaciones de la socie-dad civil, movimientos sociales y las instituciones estatales que se había establecido, por lo menos, des-de el post Mitch hasta el gobierno de Zelaya Rosales. Una estructura tan centralizada, en la cual, incluso las Secretarías de Estado irán debilitando sus atribuciones en la toma de decisiones sobre sus áreas de acción. Aquí surge una interrogante: ¿a dónde podrán acudir las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales para reclamar sus derechos y plantear sus demandas?

Todo lo anterior se agrava por las limitaciones, cada vez mayores, de acceso a la información pública, no solamente por la normativa jurídica (Ley de Secretos Oficiales) que limita las funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública, sino también por acuerdos adoptados y que a futuro podrá seguir emitiendo el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad sobre áreas y aspectos que considere de “interés nacional”.20

20 Mediante la Resolución 069/2014 el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad decidió restringir el acceso a información en 18 instituciones estatales (C-LIBRE). http://clibrehonduras.com/main/noticias/con-resolución-secreta-reservan-información-de-18-instituciones-estatales-de-hondura-

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3.6 Rol central de las Fuerzas Armadas

Las reformas a la Ley de la Administración Pública (Artículo # 29) destacan cuatro áreas relevantes en la actual reforma del Estado, que son coherentes con el programa del gobierno del Partido Nacional. La pri-mera, referida a la defensa y seguridad, otras dos relacionadas con el desarrollo económico y los recursos naturales, y, una cuarta, con la protección social.

En la nueva estructura del Estado se destaca el papel central de los militares, rol que desde el golpe de Estado del 2009 se ha venido consolidando. Es un hecho que las principales decisiones del país se cen-tralizan en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, presidido por el Presidente de la República pero con un papel estelar para los militares.

Esto constata que muy poco ha avanzado la democracia hondureña desde los años ochenta al presente, al grado que aún la elite continua recurriendo a los militares para el “establecimiento del orden”. En tal sentido, “La lógica de la política que es el centro articulador de la formación de lo estatal” sigue estando

Cuadro # 3 Áreas claves de la reforma del Estado

Fuente: Elaboración propia, en base a las reformas de la Ley de Administración Pública.

Consejo Nacional de Defensa y Seguridad

Este Consejo tiene las funciones de: a) Diseñar las políticas públicas en materia de seguridad, defensa e inteligencia; b) Armonizar las acciones entre los distintos operadores en materia de seguridad, defensa e inteligencia para el mejor desempeño de sus funciones; c) Vigilar el funcio-namiento y cumplimiento de las funciones y atribuciones de la Dirección Nacional de Investi-gación e Inteligencia; d) Nombrar, suspender y sustituir al Director Nacional y Director Nacional Adjunto de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia; y, d) Elaborar las acciones estratégicas que en materia de inteligencia que sirvan para diseñar las políticas en materia de Defensa y Seguridad.

Secretaría de Desarrollo Económico

Secretaría de Energía, Recursos Naturales y

Ambiente

Secretaría de Desarrollo e

Inclusión Social:

Formulación, coordinación, eje-cución y evaluación de las políti-cas relacionadas con el fomento y desarrollo de la industria, la tecnología, promoción de inver-siones, imagen de país, de los par-ques industriales y zonas libres, la relación del gobierno nacional con Zonas de Empleo y Desarro-llo Económico (ZEDE)

Formulación, coordinación, ejecu-ción y evaluación de las políticas relacionadas con la protección y aprovechamiento de los recur-sos hídricos, las fuentes nuevas y renovables de energía, la gene-ración, transmisión y distribución de energía, la actividad minera y la exploración y explotación de hidrocarburos.

Formulación, coordi-nación y evaluación de las políticas públicas en materia de desarro-llo e inclusión social, de reducción de la po-breza; así como de la planificación, adminis-tración y ejecución de los programas y pro-yectos que se derivan de esas políticas.

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“reducida al ejercicio de la fuerza militar” y, por ello mismo, la estabilidad continúa estando definida “como autoritaria y antidemocrática” 21 en la defensa de los intereses de la elite, es decir, de los tradicio-nales grupos de poder económico y político.

Una consecuencia de todo lo anteriormente dicho, es el debilitamiento del poder legislativo, al des-pojarlo de su función de consensuar entre las diversas fuerzas políticas la orientación y el alcance de la reforma estatal, ya sea esta parcial o total. En general, sobresale la falta de debate político, consulta y con-senso democrático. No menos cierto es que este proceso se opera en el marco de una re-militarización del Estado y de la sociedad.

4) Miradas de los actores de la sociedad civil4.1 Falta de información y confusión sobre el curso de la reforma del Estado22

Diversas organizaciones de la sociedad civil coinciden en la necesidad de superar la “dispersión de las en-tidades públicas”, igualmente, “su duplicidad de funciones” lo que genera un gasto público improductivo que impacta en el deterioro de las finanzas públicas y en el ineficiente desempeño del Estado.

No obstante lo anterior, son de la opinión que es fundamental la existencia de un acuerdo nacional que defina de mejor manera el para qué y cómo se quiere rediseñar el Estado. Subrayan que en el actual proceso de restructuración del Estado, la sociedad civil no ha tenido ninguna participación, ya que el proceso “fue una decisión arbitraria del Congreso Nacional que le dio amplias facultades al Presidente de la República para recomponer la estructura estatal de una manera improcedente; ahora el Presidente pude hacer o deshacer Secretarías de Estado sin ninguna restricción. Por eso hoy existen Secretarías de Estado que ni saben qué hacer”.

Para las organizaciones de la sociedad civil consultadas, lo más destacado del proceso de rediseño del Estado es la creación de los Gabinetes Sectoriales, percibiéndose “dualidad” de funciones y “confusión” entre esa figura y la de los ministerios de línea, que en la práctica continúan desempeñando, aparente-mente, “las mismas atribuciones”. Hasta ahora, se desconoce si algún Gabinete Sectorial ya comenzó a funcionar y cuál será la dinámica a seguir.

Desde la lógica de las organizaciones de la sociedad civil, la nueva estructura estatal en proceso de cons-trucción plantea un conjunto de limitantes, tales como las que siguen:

• La fusión y/o desaparición de instituciones relacionadas con los sectores excluidos y la política social en general, está generando confusión y desarticulación de los blancos de incidencia.

• La pérdida, en la práctica, del rol rector del INAM de las políticas de promoción de intereses de las mujeres y de un enfoque de género.

• La falta de claridad e información de dónde quedaron incluidas las políticas sociales pactadas en el gobierno de Porfirio Lobo.

21 Sojo, Carlos. El traje nuevo del emperador: La modernización del Estado en Centroamérica. Sf. Pág. 13.22 Este acápite y los dos siguientes se han construido con base en las entrevistas hechas con diferentes organi-

zaciones de la sociedad civil, entre ellas, las siguientes: GSC, COIPRODEN, CIPRODEH, CDM, Movimiento Visi-tación Padilla, CEM-H, Calidad de Vida, CIARH, Kukulcan, CPTRT y Las Hormigas. Sobre las miradas de actores de la sociedad civil acerca de la Ley Marco de Protección Social se ha recurrido a una rápida sistematización periodística.

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• El amplio número de leyes emitidas y la modificación de la configuración institucional dificulta enten-der el norte que sigue este gobierno, así como las respuestas que hay que generar desde la sociedad civil para darle continuidad a la agenda y los procesos que se han venido construyendo desde años anteriores.

Este conjunto de cuestionamientos, según las organizaciones de la sociedad civil consultadas, no inva-lidan la necesidad de contar con un aparato estatal más eficiente y eficaz en la prestación de servicios públicos de calidad, pero reclaman una mayor participación en esta nueva arquitectura del Estado.

Por otro lado, existen miradas de las organizaciones de la sociedad civil que sostienen que el actual rediseño del Estado consiste en la producción de “parches” a una institucionalidad profundamente de-teriorada, que ya no funciona y que requiere de su refundación por medio de la constitución de una Asamblea Nacional Constituyente, que cimente las bases de un nuevo pacto económico, social y políti-co para gobernar el país.

4.2 Diseño de la política social y la participación ciudadana

Existe un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, ubicadas en diferentes imaginarios políticos, que en la administración de Lobo Sosa participaron en la construcción de la política de protección social. A estas organizaciones les preocupa que los sectores sociales considerados vulnerables como niñez, juventud, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, discapacidad y otros, estén quedando en la nueva institucionalidad estatal, en una posición más que marginal dentro de entidades con menor categoría (ejemplo, el INAM y SEDINAFROH), en otros casos, fusionadas (ejemplo, discapacidad y adultos mayores) y con menor capacidad de ejecutar recursos.

Para estas organizaciones la actual administración gubernamental “ha abandonado el seguimiento de las políticas públicas sociales y, con ello, el diálogo con la sociedad civil”. Asimismo, reconocen carecer de información sobre el proceso de rediseño del Estado y se sienten excluidos de la toma de decisiones relacionadas con este proceso. Destacan que esas decisiones se han tomado “a lo interno de quienes hoy están al frente del poder de la nación”.

En la administración Lobo Sosa se crearon instancias mixtas que aseguraban la participación del sector de la sociedad civil interesado en incidir en las políticas públicas, en función de los intereses de los secto-res socialmente excluidos. Entre estas instancias mixtas destacan dos: i) El Comité Técnico de Protección Social (CTPS); y, ii) El Consejo Consultivo Ciudadano de Derechos Humanos.

En general, el CTPS desde enero del 2014 “debido al proceso de transición de cambio de gobierno y de rediseño del Estado” ha registrado un relativo estancamiento, con pocas reuniones y sin aspectos relevantes puestos en la agenda para decidir. Organizaciones de la Sociedad reconocen que este es un espacio “determinante porque es el que vigila la implementación de la política de protección social”.

Algunas organizaciones ciudadanas que participaron en la creación del CTPS, consideran que en la pre-sente administración gubernamental se está viviendo un retroceso en la implementación de las políticas públicas sociales, debido a que se están estableciendo “otro tipo de estrategias y políticas que no son de Estado, sino de gobierno, que a la larga son transitorias y no tienen un enfoque de derechos humanos que les permitan la sostenibilidad en el tiempo”.

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En cuanto al Consejo Consultivo Ciudadano de Derechos Humanos, las ONGs abordadas para este infor-me reconocen que en la Administración Lobo Sosa este fue un organismo muy importante en la formu-lación de la Política Nacional de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Acción. Sin embargo, destacan que en el actual gobierno no han encontrado “un tan solo punto en común para coordinar”, al grado que lo que existe es una “desarticulación” de los sectores que originalmente lo conformaron y, por lo tanto, tampoco existe un organismo mixto: Estado y sociedad civil que “vigile o de seguimiento a la implemen-tación del Plan Nacional de Acción” de derechos humanos.

Por otro lado, el “Pacto por Honduras”, un espacio de encuentro instalado por el actual gobierno y pensa-do como una mesa más amplia de diálogo y acuerdos entre el gobierno, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, no paso más allá de la reunión de instalación.

Esto explica porque para la generalidad de las organizaciones de la sociedad civil el nivel de participación en interacción con instancias gubernamentales es considerado “muy bajo”, en tanto “las decisiones polí-ticas públicas más importantes no se consultan”. Sobre este punto algunos informantes concluyen que “en definitiva se ha ido menoscabando la participación de la sociedad civil y de los movimientos sociales”. “Participar es ser parte de las decisiones, sino no hay participación a ese nivel; el pueblo está excluido de las decisiones y lo que existe es imposición”.

En este punto, algunas organizaciones de mujeres denuncian los esfuerzos desde el gobierno central por crear estructuras paralelas a nivel local, por ejemplo, “grupos de mujeres por una vida mejor”. Esto se interpreta como un intento por “evitar que la sociedad civil proteste, que haga auditorias sociales y trabaje por la transparencia del uso de los recursos públicos”.

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Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones:

Del análisis precedente se derivan las cinco conclusiones siguientes:

i) La actual reforma del Estado se focaliza principalmente en el rediseño de la administración pública central, otorgándole amplios poderes al Presidente de la República para dirigir y ges-tionar este proceso. Esto se está traduciendo en una fuerte centralización de las instancias de toma de decisiones (Gabinetes Sectoriales) y en la disponibilidad de amplios espacios para la promoción de la figura presidencial con fines político-electorales en los ámbitos municipales, departamentales y regionales. Esto último facilitado por la política social basada en las transferencias monetarias condi-cionadas y no condicionadas (bonos) destinadas a la población en situación de pobreza.

ii) El rediseño estatal en curso está asegurando la consolidación del rol protagónico de las Fuerzas Armadas en la conducción del Estado. Esto se expresa en el papel relevante del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad como instancia de toma de decisiones sobre aspectos esenciales en la vida del país, tanto en temas de defensa y seguridad, pero también en justicia, acceso a la información, educación, salud y otros.

iii) Una de las preocupaciones centrales del actual proceso de reforma es adecuar la estructura del Es-tado a las necesidades de la actual versión del modelo neoliberal, conducente a la privatización de los servicios públicos -energía eléctrica, telecomunicaciones e infraestructura vial y portuaria-, a la extracción de los recursos naturales y a la generación de energía hidroeléctrica a través de amplias y generosas concesiones de los recursos naturales. Además, la promoción del turismo, maquila y desa-rrollo de ciudades modelo.

iv) Por su naturaleza es una reforma parcial del Estado, focalizada en áreas críticas tales como la crea-ción de un ambiente facilitador para asegurar los negocios del gran capital nacional e internacional, la seguridad, la justicia, educación, salud y protección social. Por ello mismo, no es un proceso orientado a la transformación democrática del Estado, más bien es adecuar el Estado para mantener el “actual orden de cosas”. Siendo en esencia una reforma conservadora del Estado.

v) Es una reforma del Estado carente de los clásicos atributos democráticos. El Congreso Nacional ha renunciado a su facultad de dirigir este proceso, depositándola en el Poder Ejecutivo. En tal sentido, es una reforma centralizada en un pequeño sector de la burocracia central, sin ninguna participación de las fuerzas políticas y sociales que asegure un proceso de transacciones: diálogo, negociación y acuerdos.

vi) La reforma estatal en curso está rompiendo con la cultura del diálogo y la concertación entre coaliciones de la sociedad civil e instancias públicas. Esta situación plantea fuertes limitaciones a las organizaciones de la sociedad civil en su trabajo de incidencia en las políticas públicas y de segui-miento de sus resultados e impactos.

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Recomendaciones:

Estas cuatro recomendaciones son sugeridas, por este informe, a las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales.

i) Tener una lectura periódica de las tendencias del proceso en curso de la reforma del Estado, en especial en lo que tiene que ver con los riesgos que representan para los derechos ciudadanos.

ii) Formular una propuesta propia de la reforma del Estado que recoja los consensos mínimos sobre un Estado realmente democrático, multicultural, incluyente que considere una perspectiva de género y generacional, así como ampliamente participativo.

iii) Mantener la denuncia sobre los retrocesos democráticos del actual proceso de reforma, tales como: el acceso a la información pública, la profundización de la militarización, la descentralización municipal, la libertad de expresión y la infracción de derechos humanos esenciales.

iv) Ensayar nuevas formas de incidir desde la sociedad civil y los movimientos sociales con sus demandas y propuestas propias en un Estado altamente centralizado y poco abierto a la consulta, el diálogo y la concertación con organizaciones ciudadanas. Buscar nuevos enfoques y metodologías.

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Bibliografía1) Arenas García, Nahuel. Post-neoliberalismo en América Latina: en busca del paradigma perdido.

Diciembre 2012.2) Flores Alonso, María de Lourdes. Reforma del Estado y reforma administrativa. Sf.3) García Delgado, Daniel. Repensar el Estado en un contexto postneoliberal. Comentarios al Código

Iberoamericano de Buen Gobierno, CLAD. Sf.4) La Gaceta. Decreto Ejecutivo Numero PCM 001-20145) La Gaceta. Poder Legislativo. Decreto No 266-2013. Ley para optimizar la administración pública,

mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el gobierno.6) Ludolfo Paramio. Reforma del Estado y reforma política. Unidad de Políticas Comparadas (CSIC,

Madrid). Julio 2004.7) Martinez, Sara. “Análisis sobre la Propuesta del Poder Ejecutivo del Gobierno de Honduras. Reacti-

vación del Sector Agroalimentario a partir del 2014”. OXFAM. Sf.8) PNUD. Estado, democracia y construcción de la ciudadanía en América Latina. 2008.9) Ramírez Brouchoud, María Fernanda. Las reformas del Estado y la administración pública en América

Latina y los intentos de aplicación del New Public Management. 2004.10) Rivera, Roy. La descentralización en Centroamérica: entre el discurso de la modernización institucional

y las resistencias del centralismo. FLACSO, 2005.11) Svampa, Maristella. Neoextractivismo en América Latina. El «Consenso de los Commodities» y len-

guajes de valoración en América Latina. Mayo 2013.12) Secretaría de Coordinación General del Gobierno. El Plan de Todos Para una Vida Mejor. Plan estra-

tégico de gobierno 2014-2018.13) Sojo, Carlos. La reforma democrática del Estado en Centroamérica. Revista NUEVA SOCIEDAD No

210, julio-agosto de 2007.14) Sojo, Carlos. El traje nuevo del emperador: La modernización del Estado en Centroamérica. Marzo

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Banco Mundial. Revista NUEVA SOCIEDAD No 210, julio-agosto de 2007.

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Anexos:El Decreto Ejecutivo PCM -001-2014 ajusta el listado de las Secretarías de Estado quedando de la manera siguiente (Artículo # 16):

i) Coordinación General del Gobiernoii) Derechos humanos, justicia, gobernación y descentralizacióniii) Secretaría de la Presidenciaiv) Desarrollo e inclusión socialv) Saludvi) Educaciónvii) Desarrollo económicoviii) Trabajo y seguridad socialix) Agricultura y ganaderíax) Energía, recursos naturales y ambientexi) Seguridadxii) Defensaxiii) Obras públicas, transporte, vivienda y empresas públicasxiv) Relaciones exteriores y cooperación internacional yxv) Finanzas (reforma del artículo 29 de la Ley de la Administración Pública).

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Gabinete Sectorial Secretarías de Estado

Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización.

1) Secretaría de Estado en los despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.2) Instituto de la Propiedad (IP).3) Instituto Nacional Agrario (INA)4) Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial (CONOT).5) Empresa Nacional de Artes Gráficas.6) Cuerpos de Bomberos.7) Comisión Ejecutiva de Descentralización del Estado (CEDE)

Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social.

1) Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social.2) Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.3) Secretaría de Estado en el Despacho de Educación.4) Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento.5) Centro Nacional de Educación para el trabajo.6) Patronato Nacional de la Infancia (PANI).7) Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA).8) Instituto Nacional de la Mujer (INAM).9) Programa Vida Mejor.10) Fondo Especial de Protección Social11) Instituto Hondureño de Infraestructura Física Educativa (INHIFE)

Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico.

1) Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico.2) Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social.3) Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería.4) Secretaría de Estado en los Despachos de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas.5) Institutito Hondureño de Turismo (INT)6) Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO).7) Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA).8) Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR).9) Instituto de Formación Profesional (INFOP).10) Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH)

Gabinete Sectorial de infraestructura productiva.

1) Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP).2) Fondo Vial.3) Comisión para las Alianzas Público-Privadas (Co Alianza).4) Empresa Nacional Portuaria (ENP).5) Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).6) Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL).7) Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR).8) Comisión de Control de Inundaciones del Valle de Sula.

Integración de los Gabinetes Sectoriales (Decreto Ejecutivo PCM -001-2014, Capitulo # 1: De la Secretaría General de Gobierno y de los Gabinetes Sectoriales)

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Integración de los Gabinetes Sectoriales (Decreto Ejecutivo PCM -001-2014, Capitulo # 1: De la Secretaría General de Gobierno y de los Gabinetes Sectoriales)... continuación

Gabinete Sectorial Secretarías de Estado

Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica

1) Banco Central de Honduras.2) Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.3) Comisión Nacional de Bancos y Seguros.4) Instituto Hondureño de Cooperativas (IHDECOOP).5) Banco Hondureño de la Producción y Vivienda (BANHPROVI).6) Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA).7) Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).8) Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados del Poder Ejecutivo (INJUPEM).9) Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).10) Instituto de Previsión del Magisterio (IMPREMA).11) Instituto de Previsión Militar (IPM).12) Superintendencias de Alianzas Público-Privadas.13) Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS).14) Comisión Nacional de Energía.

Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa.

1) Secretaría de Seguridad.2) Secretaría de Defensa.3) Dirección de Migración y Extranjería.4) Dirección de Marina Mercante.5) Dirección de Aeronáutica Civil, a excepción del Servicio de Meteorología que pasa a la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO).6) Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).7) Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)

Sector de Relaciones Internacionales. 1) La Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.2) Los programas y proyectos que desarrolle el Gobierno de la República para promover las inversiones, las exportaciones, el turismo y la imagen de país.

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Los principios de la participación ciudadana23

“La participación ciudadana va más allá del ejercicio de los derechos civiles y políticos. Es más abarcadora que la participación política, porque significa involucrarse de manera activa y consciente en la elimina-ción de los obstáculos a la igualdad, en la tarea de garantizar la plena vigencia y protección de los dere-chos humanos y la vida en democracia, así como en la construcción de una igualdad real para todas las personas que integran la sociedad...

La participación ciudadana, al igual que todas las formas de participación, se basa en los siguientes principios:

La transparencia

Permite que todos estamos al tanto de las acciones de nuestros compañeros y compañeras, de nuestra dirigencia vecinal, comunal, barrial o sindical, así como de las autoridades locales, regionales o naciona-les de nuestro gobierno.

La transparencia consiste en que todas y todos estamos informados de cómo y porque se tomas las decisiones antes y después de ejecutarlas; o sea, desde que son planificación en la que se basan esos proyectos o decisiones. Si no exigimos y practicamos la transferencia, será como querer cruzar un río en el cual, por las aguas turbias, no podemos ver el fondo. Ahí podríamos resbalar, golpearnos y ahogarnos. Por eso es tan im portante estar informados y saber por qué se toman las decisiones.

La comunicación

Antes de tomar decisiones, es necesario tomar en cuenta, escuchar e incorporar las ideas, propuestas y opiniones de quienes integran las organizaciones y de la población en general, en el caso de los go-biernos. Si la dirigencia o autoridades no están en una constante y coordinada comunicación con la población, con otras organizaciones y dependencias del Estado, se desperdicia una valiosa información.

La población o las personas miembros de una organización tienen derecho a ser consultadas y debida-mente comunicadas de la decisiones que se tomarán. La comunicación permite que ninguna de ellas se sienta excluida y que todas participen en la toma de decisiones.

El respeto a la diversidad

Supone reconocer que entre las personas existen diferencias. Por ejemplo, debido a su sexo, edad, clase social, grupo étnico, nacionalidad, por discapacidad o preferencias religiosas y políticas. Sin embargo, estas diferencias no disminuyen a las personas ni justifican un trato discriminatorio por parte de las au-toridades, dirigencias y miembros de organización.

23 Este texto fue extraído de la “Serie Módulos Educativos. Nº 2 Participación Ciudadana” publicados por el Insti-tuto Interamericano de Derechos Humanos. San José de Costa Rica, agosto 2002.

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El respeto a disentir

Respetar las opiniones de otras personas, aun cuando no la compartamos, favorece la participación. Cual-quier persona tiene el derecho de pensar diferente o sostener posiciones contrarias a lo que opina la mayoría. No porque se piense diferente, se deja de tener el derecho a participar y opinar.

La integración de todas y todos a los procesos de participación ciudadana,sin exclusión de ningún tipo

Sin integración plena, no puede haber igualdad de oportunidades para participar y hacer efectivos los derechos que pertenecen a toda persona humana. Sin lugar a dudas, actuarán mejor quienes integran

las organizaciones, dirigencias o autoridades que sean responsables y transparentes, que aprovechen la información que da la población y respeten las diferencias. Hay otras ideas fundamentales que debemos tener presente para impulsar la participación ciudadana.

• La mayoría manda. Sin embargo, se deben respetar los derechos humanos de las minorías. Una socie-dad democrática debe brindar especialmente cuidado a la protección de los derechos de las minorías. Aunque ya se sabe que no lograrán tener mayoría, las minorías también tienen derechos que siempre deben ser respetados. De ahí la importancia de que se establezcan un sistema de revisión judicial que garantice el respeto de las disposiciones que protegen los derechos de las minorías.

• De lo anterior se desprenden que todas tienen derecho a pensar deferente y a expresarse de acuerdo a sus convicciones y creencias.

• Las diferencias entre las ideas y opciones de los grupos deben solucionarse de manera pacífica, por medio del diálogo y la negociación. No debe recurrirse a la violencia física ni verbal.

• El poder debe estar distribuido de tal manera, que las personas deben contar con mecanismos para contarlo y canales para expresarse sin temor de ninguna clase.

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El contenido de la reforma del Estado en curso responde a la correla-

ción de fuerzas políticas existente en el país.

Las características principales del actual proceso de rediseño del Esta-

do se resumen en los seis elementos siguientes:

• Centralización de competencias de la administración pública en la

Presidencia de la República;

• Modificación de las estructuras de conducción del poder Ejecutivo,

sobresaliendo la emergencia de las Gabinetes Sectoriales;

• La adecuación del Estado a la promoción y facilitación de los nego-

cios del gran capital, creando nuevas marcos jurídicos y una insti-

tucionalidad a su favor (por ejemplo, la constitución de la Comisión

para la Promoción de la Alianza Público-Privada COALIANZA);

• La implementación de una política pública de asistencia social como

instrumento en la creación y consolidación de una base social de

respaldo electoral;

• Bloqueo de los espacios de diálogo de las organizaciones sociales y

de acceso a la información pública; y,

• Consolidación del rol de las Fuerzas Armadas como un actor central

en la conducción del Estado hondureño, situación formalizada a

través de la constitución y funcionamiento del Consejo Nacional de

Defensa y Seguridad.

Sobre esto último, es un hecho que las principales decisiones del país

se centralizan en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, presi-

dido por el Presidente de la República pero con un papel estelar para

los militares.

Esta situación constata que muy poco ha avanzado la democracia

hondureña desde los años ochenta al presente, al grado que aún la

elite continua recurriendo a los militares para el “establecimiento del

orden”. En tal sentido, retomando a Carlos Sojo “La lógica de la política

que es el centro articulador de la formación de lo estatal” sigue estan-

do “reducida al ejercicio de la fuerza militar” y, por ello mismo, la estabi-

lidad continúa estando definida “como autoritaria y antidemocrática”.

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