Legajo 15891/2014 Antua, Juan Guillermo; Fraccaroli, Carlos Nicols;

Blanco, Toms Andrs; Knop, Miguel ngel; Quintriqueo, Carlos Enrique;

Godoy, Rul Eduardo; Muoz, Hctor Germn s/perturbacin del ejercicio

de las funciones pblicas y dao calificado

NEUQUEN, 5 de marzo de 2015.-

AUTOS Y VISTOS:

Los presentes para resolver el caso que gira bajo nmero de

legajo fiscal 15891/2014 Antua, Juan Guillermo; Fraccaroli, Carlos

Nicols; Blanco, Toms Andrs; Knop, Miguel ngel; Quintriqueo, Carlos

Enrique; Godoy, Rul Eduardo; Muoz, Hctor Germn s/perturbacin del

ejercicio de las funciones pblicas y dao calificado en el que fuera

solicitada audiencia para formular cargos contra los nombrados y

CONSIDERANDO:

Que se presenta el Sr. Fiscal Dr. Ignacio Di Maggio quien

solicit con carcter urgente que se suspenda la audiencia fijada con fecha 6

de marzo de 2015 a las 8.30hs y promueve el sobreseimiento de las personas

individualizadas en el epgrafe.-

El requirente brinda -entre otras cuestiones- como

fundamentacin la circunstancia que al no haberse verificado con anterioridad

a la entrada en vigencia de la ley 2789, actuacin jurisdiccional alguna, el

plazo de dos aos para adecuar los procesos anteriores, conforme lo ha

dispuesto el Tribunal Superior de Justicia, no resulta aplicable, habiendo

vencido los trminos de la averiguacin preliminar en exceso a la fecha en la

que se efectu el pedido de audiencia para formular cargos.

Agrega adems que al leer detenidamente las actuaciones, la

nica evidencia que vincula a los imputados con el hecho investigado es un

informe tcnico policial, recepcionado en Mesa de Entradas de Fiscala el 5 de

diciembre de 2013. Muestra a stas personas en el lugar de los hechos,

describiendo nicamente la vestimenta que llevaba en tal oportunidad, pero

que no detalla que acciones relevantes desde el punto de vista penal pueden

serles atribuidas de modo individual a cada uno ellos, como para permitirles

debidamente el ejercicio de la defensa en juicio, en orden a la imputacin penal

de dao calificado (art.184 inc.5 y 45 del CP).

Por ltimo aduna, que toda vez que la Honorable Legislatura

Provincial pudo sesionar sin ningn inconveniente en el interior del recinto el

da 28 de agosto de 2013, aprobando o autorizando el acuerdo entre YPF S:A y

la Sociedad Chevron para la explotacin de yacimientos no convencionales,

entiende que la adecuacin formal de la conducta en los trminos del art.241

inc.1 del Cdigo Penal, no logr poner en situacin de riesgo al bien jurdico

tutelado por la norma de prohibicin, resultando por tal motivo carente de

lesividad, lo que obsta y/o dificulta adecuadamente continuar con la

persecucin penal a su respecto, en tanto la lesividad es un imperativo de

orden constitucional, que de no verificarse torna atpica la conducta

examinada.-

En consecuencia solicita la suspensin de la audiencia

sealada e impetra el dictado del sobreseimiento definitivo de Antua, Juan

Guillermo; Fraccaroli, Carlos Nicols; Blanco, Toms Andrs; Knop, Miguel

ngel; Quintriqueo, Carlos Enrique; Godoy, Rul Eduardo; Muoz, Hctor

Germn en los trminos del art.160 inc.6 del CPP.-

Puesto el pedido a estudio de la suscripta, entiendo que las

particulares circunstancias del caso hacen innecesaria la celebracin previa de

audiencia pues considero se debe resolver sin ms trmite lo solicitado por el

requirente, ello toda vez que conforme el art.75 del CPP se resolvern en

audiencias orales y pblicas aquellas peticiones o planteos de las partes que

deban ser debatidas. Aqu nada podr debatirse pues no existe controversia

bsicamente- porque no se trabar el conflicto para que el sistema adversarial

y acusatorio corra por sus carriles normales.-

Si bien es cierto y as lo he sostenido en los precedentes

Seplveda (10763) y Huenupay (17258) entre muchos otros, el art.129 del

cdigo de rito no sanciona con la extincin de la accin el vencimiento del plazo

de averiguacin preliminar, tal como lo hace en otros casos en los que el

legislador ha querido fijar esa consecuencia, por ejemplo en los arts.158 y 87

del digesto mencionado (plazos con indiscutible carcter perentorio), lo cierto

es que la evaluacin de la alongacin de los plazos desvirta la razonabilidad

de los mismos, tal como acertadamente lo ha entendido la fiscala.-

Tambin es cierto lo que seala el Dr. Di Maggio en cuanto a

que el Art.56 de la ley orgnica n2891 establece que para las causas iniciadas

bajo el rgimen de la ley 1677 que continen su trmite bajo la nueva

modalidad del rgimen previsto en la ley 2784, los plazos totales comenzarn a

computarse ntegramente desde la entrada en vigencia de esa ley y en los casos

de causas elevadas a juicio o en aquellos en que la instruccin haya durado

ms de tres aos tendrn un plazo de dos aos para su adecuacin al proceso

y finalizacin de los mismos. Aqu ciertamente no ha habido causa al menos

con carcter o estado jurisdiccional.-

Dems est aclarar que los plazos comienzan a correr a

partir de la apertura de la investigacin penal preparatoria y el momento de esa

apertura es en la audiencia prevista en el art.133 del CPP es decir cuando el

fiscal deba formalizar esa investigacin respecto de un imputado que no se

encontrare detenido. Es en esa audiencia en la que se indicar el hecho que le

atribuye, la fecha y lugar de comisin, su calificacin jurdica, el grado de

participacin si fuere posible y la informacin en que lo sustenta.

Circunstancia que no se dio an en este caso.

En el sistema acusatorio la investigacin se define por s

misma, desde que no tiene otra finalidad que lograr averiguar si existen

elementos para poder acusar por el hecho investigado a determinada persona a

fin de que sea juzgada, en otros trminos es slo una preparacin del juicio

oral o desechar esta posibilidad en razn de haberse verificado su inviabilidad

y en consecuencia resolverse el archivo o el sobreseimiento segn

corresponda.-

En este caso se da una particular situacin pues se

prescinde del ejercicio de la accin penal pblica, impetrando el sobreseimiento

por los motivos a los que me remito nuevamente brevitatis causae, deviene

necesario el dictado de una decisin que de manera definitiva ponga fin al

proceso causando estado, es decir con carcter de cosa juzgada.-

Destaco en ese orden de ideas que la Corte Suprema de

Justicia de la Nacin, al fallar en la causa Quiroga, Edgardo Oscar, resuelta

el 23/12/04 (Fallos: 327:5863), consider que la defensa en juicio requiere la

existencia de una acusacin efectuada por una parte distinta del Juez, quien

debe estar revestido de imparcialidad, por lo cual no es posible que sean los

jueces quienes obliguen al Fiscal a requerir [en el caso] la elevacin a juicio.

As, seal que la exigencia de acusacin, si es que ha de salvaguardar la

defensa en juicio y la imparcialidad como condiciones del debido proceso,

presupone que dicho acto provenga de un tercero diferente de quien ha de juzgar

acerca de su viabilidad, sin que tal principio pueda quedar limitado a la etapa

del debate, sino su vigencia debe extenderse a la etapa previa, de discusin

acerca de la necesidad de su realizacin. Que ello es as por cuanto en el marco

de un sistema procesal regido por el principio de legalidad procesal, en el cual la

pretensin penal pblica es llevada adelante por dos representantes del Estado

(el fiscal y el juez), la exigencia de que las funciones de acusar y juzgar se

encuentren, al menos formalmente, en cabeza de funcionarios distintos queda

completamente diluida si tambin el tribunal de alzada puede, en contra del

criterio del Ministerio Pblico, decidir, por s solo, que se produzca la acusacin y

la apertura del debate.

As las cosas entiendo que la imparcialidad del juzgador se

vera seriamente conculcada si el rgano decisor se arroga facultades

requirentes mandando al acusador a impulsar la accin. En consecuencia, si

los modos de iniciacin del proceso son -en el nuevo sistema procesal-

conforme establece el art.131 inc.5 la apertura de la investigacin preparatoria

y de acuerdo a la interpretacin realizada del caso Quiroga, el Juez no puede

obligar al Ministerio Pblico Fiscal a acusar, no queda otra alternativa que

concluir que cuando el acusador pblico en forma razonada y lgica insta un

sobreseimiento sta deviene ineludible, siempre que ste hubiera dado

fundadamente sus razones.

Es decir que lo que el Juez debe realizar es un control de

legalidad y razonabilidad del dictamen fiscal, pues en el supuesto en que el

criterio liberatorio sea arbitrario y no constituya una derivacin razonada del

derecho vigente, el Juez est facultado para declarar la nulidad de esa pieza

procesal. Todo ello en procura de brindar una tutela judicial efectiva. En ese

orden de ideas debo destacar que no se trata de una mera diferencia de criterio

en cuanto a si el hecho constituye o no delito por ejemplo, sino justamente, a

controlar que el dictamen del Ministerio Pblico sea razonado y fundado en

ley.-

En el caso sub examine el Dr. Di Maggio ha dado

motivadamente sus razones y con prudencia y acierto ha adoptado el criterio

liberatorio que impulsa.-

Que en orden a lo expuesto, corresponde sobreseer a los

encartados por imperio de la ley procesal en base a los argumentos de hecho y

de derecho expuestos por el titular de la accin penal, en el dictamen

referenciado, dndolos en este acto por reproducidos, conforme lo normado por

los arts. 160 inc 6 y cc del Cdigo de forma.-

Por ello, corresponde y as;

RESUELVO:

I.- Ordenar la suspensin de la audiencia fijada para el da 6

de marzo del corriente ao en el marco del presente legajo.-

II.- SOBRESEER a Antua, Juan Guillermo

DNI.13.254.900; Fraccaroli, Carlos Nicols DNI.30.784.423; Blanco,

Toms Andrs DNI.25.298.985; Knop, Miguel ngel DNI.25.298.913;

Quintriqueo, Carlos Enrique DNI.21.749.860; Godoy, Rul Eduardo

DNI.16.717.389; Muoz, Hctor Germn DNI. 14.993.498, en orden a los

hechos descriptos en el dictamen fiscal y en virtud del art.160 inc 6 del Cdigo

de forma.-

II.-Regstrese, notifquese y firme que sea, comunique el

Ministerio Pblico Fiscal a los organismos respectivos y oportunamente

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