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Ciudad y Memoria: Construcción colectiva del espacio público en Villa 15
Autores:
Fernández, Inés, [email protected]
de Sárraga, Ricardo, [email protected]
Centro de Investigaciones Hábitat y Municipios (CIHaM ) - FADU – UBA
Palabras clave:
espacio público - prácticas sociales – identidad - derecho a la ciudad - regularización dominial - servicios públicos
Esta experiencia rayana en el activismo, da cuenta de la intervención integral e
interdisciplinaria de agencias estatales en conjunto con organizaciones barriales en
procesos de regularización de las tierras y de los servicios públicos en una villa de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Villa 15, llamada también Ciudad Oculta,
respondiendo a la demanda de los vecinos: completar la transferencia de las tierras
que ocupan desde hace más de cinco décadas y regularizar la prestación de los
servicios públicos. Fue realizada con la convicción de que la producción del espacio
público es una construcción social, interactiva y permanente, que contribuye a
reafirmar la identidad cultural y la organización de las comunidades,
singularizando el hábitat y preservando sus significados. La interacción de
múltiples actores permitió poner en práctica nuevas soluciones y herramientas para
gestionar el espacio público.
De la erradicación a la radicación
La primera población en Villa 15 data de
fines de los cuarenta, en tierras
ferroviarias con servicios
complementarios al Matadero. Eran
trabajadores informales del Mercado de
Hacienda. La zona albergaba predios
industriales y agrícolas; grandes
espacios verdes y un hospital en
construcción: el malogrado ”Elefante
Blanco”. En 1949 se construye el
2
Conjunto Habitacional Los Perales sobre la Av. del Trabajo (Aboy 2005).
En 1956 la Revolución Libertadora realiza un censo en las 21 villas existentes en la
ciudad y encara las primeras políticas centradas en la “erradicación”. Éstas fueron
creciendo en violencia y violación a los derechos humanos en la medida en que las
dictaduras militares se sucedían. Se concebía a las villas como “problema” (de
Sárraga, 2013) y su población debía subordinarse a traslados y razzias (Blaustein,
2001). En su defensa se constituye en 1958 la primera Federación de Barrios y
Villas de Emergencia que articuló las comisiones vecinales de las villas.
Las respuestas del
Estado escalaron desde
la construcción de muros
perimetrales e incendios
intencionales (Verbitsky,
1967), hasta las
demoliciones con
topadora y volqueta
durante los gobiernos
militares. Hacia fines de
los 60 la resistencia
contra las erradicaciones
es tomada también como
bandera por los
sindicatos de la CGT de los Argentinos y por el Movimiento de Curas para el Tercer
Mundo. También hubo algunos intentos de mejoras en la infraestructura y de núleos
habitacionales transitorios (NHT) que se eternizaron. La Ley 17.605/67 creó el Plan de
Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE) de construcción de 8000 viviendas
transitorias de 13,3 m2 con préstamos del BID. En 1972 se instala el Fondo Nacional
de la Vivienda (FONAVI) y en 1973, se aprueba el Plan Alborada de conjuntos
habitacionales. Pero en los hechos, los planes no dieron abasto Entre el 1965 y 1976
la población en villas creció 15% anual, alcanzando en marzo de 1976 a 280.000
villeros (Yujnovsky, 1984), y las acciones se abocaron a “congelar” (impedir el
crecimiento y las construcciones en las villas), “desalentar” (romper la organización de
los barrios) y “erradicar” (entendida como la eliminación total de las villas).
1965
3
Durante la dictadura
militar 1976-83, la
erradicación de villas
fue parte de una
política urbana que
excluía a los
sectores populares
de la ciudad (Oszlak,
1991), mediante la
liberación de
alquileres, la
demolición para la
construcción de
autopistas e
infraestructuras (CEAMSE), y la reestructuración de la normativa urbanística (Código
de Planeamiento Urbano de 1977 y Ley 8912 de ordenamiento territorial) con un
resultado de unas 300.000 personas expulsadas de la Capital Federal de las cuales
200.000 provenían de las villas (Herzer, 1995). La “erradicación” a cargo de la
Comisión Municipal de la Vivienda blanqueada en la ordenanza 33.652/77 asumió
modalidades brutales e inhumanas de represión clandestina, desalojos compulsivos y
demoliciones con tanquetas, con brutales palizas, tortura, muerte y desaparición de los
referentes barriales, los militantes sociales y los catequistas de las villas.
Ante la inminencia del Mundial 78 y encubriendo como “embellecimiento urbano”
procesos de valorización de tierras, se “eliminaron” totalmente las villas del Bajo
Belgrano y de Colegiales, la villa 40 (Córdoba y Jean Jaures, convertida en plaza),
entre otras; y en gran medida las villas 31 y Saldías. La villa 15 sufrió desalojos y a la
vez recibió familias desalojadas de otras villas. Hacia junio de 1980, la población
villera quedó reducida a 40.553 personas, incluidos unos 15.000 habitantes de NHT.
Eliminadas las organizaciones barriales, sólo el Movimiento Pastoral Villero y Cáritas
asistieron a los desalojados conformando cooperativas de vivienda por
autoconstrucción. Hacia 1979, 32 vecinos sobrevivientes de los distintos barrios
conformaron la Comisión de Demandantes que presentó un amparo contra el Estado
por las erradicaciones.
1978
4
Con el advenimiento de la democracia parte de la población desalojada regresa y
comienza a instalarse el concepto de “radicación”. En 1984, la ordenanza 39.753
derogó las anteriores que establecían la erradicación de villas proponiendo en cambio
consolidarlas mediante la provisión de infraestructura y equipamiento comunitario, la
apertura de calles y la subdivisión del suelo en lotes. En 1990 el Decreto 1001 del
PEN autoriza la venta directa a los ocupantes de inmuebles innecesarios para la
gestión estatal y para ejecutarlo, el Decreto 846/91 crea el “Programa Arraigo”.
La regularización dominial de las villas y las políticas públicas
La regularización de los asentamientos informales fue la bandera del Programa
Arraigo, creado en 1991 en el marco de la Reforma del Estado neoliberal: la Ley
23.697 de Emergencia Económica estableció la venta de inmuebles innecesarios del
dominio privado del Estado, y el Decreto 846 crea el Programa con el fin de promover
la propiedad de la tierra de sus ocupantes. Estos barrios habían sido construidos
espontáneamente por sus habitantes durante décadas, careciendo de equipamientos,
servicios y redes de infraestructura adecuados. Impulsadas por sus habitantes, se
pusieron en marcha una serie de operaciones, modificando el paradigma de
intervención en las villas de la ciudad: del desalojo compulsivo al que fueron sometidos
por décadas al arraigo y la urbanización. Pero estos procesos no fueron completados,
y los problemas y circunstancias también.
En el caso de Villa 15, se avanzó en la transferencia de tierras a los vecinos que
agrupados como Asociación Civil Barrio General Belgrano pagaron las tierras, y
obtuvieron en 1992 un boleto de compraventa (Decr. 1011/92). A los fines de
operativizar los procesos de transferencia y regularización, en marzo de 1991 se
sancionó la ordenanza municipal 44.873 que contempla la ejecución y apertura de
calles y sendas necesarias para la dotación de infraestructura, el acceso a las
viviendas y la localización de los equipamientos comunitarios (art. 10°) y encomienda
al Ejecutivo municipal el registro del Plano de Mensura y subdivisión. Dicha ordenanza
creó un Distrito de Zonificación específico en el Código de Planeamiento Urbano de la
ciudad para las villas asentadas en tierras fiscales (U31), estableciendo parámetros
urbanísticos adecuados al tejido particular de las villas a los fines de posibilitar su
regularización. Esta ordenanza fue incorporada al Plan Urbano Ambiental y
sancionada como Ley 2930/09 de la CABA.
En 1996 la ciudad se autonomiza y dicta su propia Constitución. En su art. 31 del
Capítulo V reconoce explícitamente el derecho a la vivienda y a un hábitat adecuado
5
dando prioridad a las personas de sectores de pobreza crítica y promueve la
integración urbanística y social de los pobladores marginados y la regularización
dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva. Y en el art. 17 promueve el
acceso a los servicios públicos a las personas con necesidades básicas insatisfechas.
Sin embargo, estos avances en lo jurídico no fueron aún implementados. Para
activarlos los representantes villeros promueven la Ley 148/98 de urbanización,
regularización dominial e integración al tejido social urbano y cultural de la Ciudad. con
la participación de las organizaciones de vecinos. Desde entonces sólo se avanzó
parcialmente con obras precarias e insuficientes de infraestructura y de construcción
de viviendas por autoconstrucción o mediante cooperativas de trabajo.
La crisis del 2001: un gran sacudón
La crisis desatada en el 2001 en nuestro país, hizo visibles las consecuencias de la
aplicación del modelo neoliberal sobre el territorio y la población, planteando la
necesidad de un cambio de rumbo. A partir del 2003, las políticas federales de vivienda
se redireccionaron bajo los objetivos de movilizar recursos hacia la actividad de la
construcción para reactivar la economía y generar empleo.
Sin embargo, estas
políticas fueron
escasamente aplicadas
en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires,
donde, por el contrario,
se redujeron y
subejecutaron los
presupuestos de los
programas públicos de
vivienda, (CELS, 2009)
y se incrementaron los
procesos de desalojo
forzoso, agravando la
crisis habitacional. A su vez, la actividad inmobiliaria ha tenido un avance sostenido al
ritmo del crecimiento económico, convirtiéndose en un espacio de inversión de
capitales con una elevada cuota de especulación, incrementando los valores del suelo
y de los inmuebles (Zaiat, 2010) y restringiendo aún más el acceso a la vivienda de los
2004
6
sectores de menores recursos, desplazándolos hacia la periferia de la ciudad. Aquellas
familias con ingresos en el mercado informal quedaron también marginadas del
mercado de alquiler formal y desplazadas a los espacios de mayor irregularidad en sus
condiciones urbanas: las villas e inmuebles deshabitados. Asimismo, el propio
crecimiento vegetativo en las villas, (Cravino, 2011), y la reinversión de los excedentes
de sus habitantes en su propio territorio, aumentaron la oferta de cuartos de alquiler
para los desplazados por el mercado formal y provocaron un proceso de densificación
por verticalización que agudiza el acceso a los ya precarios servicios urbanos1
.
Es así como la toma
del Parque
Indoamericano en
diciembre de 2010
con su saldo
dramático de tres
muertes tuvo un
fuerte impacto social
al visibilizar la
pobreza de la oferta
del mercado y de las
políticas
habitacionales
locales y la miserable especulación inmobiliaria incubada. Asimismo, el estallido del
Indoamericano reveló la necesidad de un abordaje integral de la problemática y la
parcialidad, fragmentación y desarticulación de las intervenciones aplicadas
sectorialmente (Fernández, 2011). Como respuesta, el gobierno nacional crea el
Ministerio de Seguridad a cargo de Nilda Garré y a partir de junio de 2012 implementa
el Plan Nacional de Abordaje Integral (Plan Ahí) en 6 villas de la ciudad y otras tantas
del conurbano2
. En julio de 2012 la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat
1
Cravino sostiene que “la fuerte presión en el alquiler y su imposibilidad de sostenerlo para miles de familias, hacen que se multipliquen las ocupaciones en los lugares intersticiales de las ciudades y de las villas” en una “rebelión silenciosa de inquilinos”
2
“En junio de 2012, el Plan Ahí comenzó su trabajo en los siguientes barrios: La Cárcova, Independencia y Villa Hidalgo, del partido de San Martín, provincia de Buenos Aires; y en Ciudad Oculta, Villa Cildañez y Villa 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En septiembre
2009
7
Social Padre Carlos Mugica es convocada a
participar en la Mesa de Gestión del Plan AHÍ,
a demanda de los vecinos para dar
continuidad al proceso de transferencia de
tierras. Se conforma entonces una mesa de
Tierras con vecinos y agrupaciones del barrio
y los ministerios de Seguridad, de Trabajo y de
Desarrollo Social a los fines de analizar
colectivamente la situación de tierras y del
hábitat en general en villa 15 y proponer
soluciones, herramientas y acciones para
mejorar la situación. Se realizaron
conjuntamente tareas de recopilación de información histórica –material gráfico,
bibliográfico y audiovisual-, relevamientos gráficos y asambleas participativas de
vecinos.
El proceso desembocó en la redacción de una propuesta de Ley de afectación a vía
pública y el registro en Catastro de las calles y pasajes de la villa comprendidos en el
Distrito U31d del Código de Planeamiento Urbano y afectados al compromiso de
transferencia del Programa Arraigo. Los vecinos de cada pasaje eligieron
denominaciones para las mismas en honor a luchadores históricos del barrio por los
servicios y la urbanización. El 1 de octubre de 2014 presentaron a la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires un proyecto de Ley para que las calles o pasajes existentes
en la Villa 15 denominada “Ciudad Oculta”, pasen a conformar parte del trazado barrial
e integren los mapas de la Ciudad de Buenos Aires con su correspondiente registro
catastral.
La mesa de Tierras: un espacio interactoral
“poner en común” y “poner en contacto” las experiencias, intereses y necesidades de
los diferentes habitantes como manera de ampliar la participación y apropiación de los
procesos de transformación habitacional (C+D, 2006)
del mismo año, el abordaje se amplió a barrios de los municipios de Avellaneda, Lanús y Quilmes, todos de la provincia de Buenos Aires; y a la Villa 1-11-14, Villa 21-24 y Villa Zavaleta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” (Informe Plan Ahí, 2014).
8
El Plan Nacional de Abordaje
Integral (Plan Ahí) en la villa 15 fue
encarado en conjunto por los
Ministerios de Educación, Desarrollo
Social, Seguridad, Interior y
Transporte, Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios,
Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
Salud y Defensa para ejecutar
políticas articuladas con los
habitantes en una mesa de gestión
barrial donde se analizan sus
necesidades y demandas. Se
realizaron conjuntamente actividades
de diagnóstico, relevamiento de las distintas problemáticas planteadas. Participaron
semanalmente en la mesa de gestión unas 30 organizaciones comunitarias
(comedores, grupos recreativos, culturales y deportivos, etc.), instituciones de la
vecindad (escuelas, centro de salud, mesa de seguridad, etc.), organizaciones
políticas y organizaciones externas que realizan trabajo voluntario en el barrio
(investigadores universitarios, pasantes, ONG´s).
En la Mesa de Tierras del Plan AHÍ participaron vecinos de los distintos barrios de la
villa que aportaron información para la caracterización de las problemáticas de hábitat
de los distintos sectores: Scapino, San Pablo, Santa Lucía, San Cayetano, Elefante
Blanco, manzana 28, los módulos, etc. Participaron asimismo integrantes de la
Asociación Civil Barrio Gral. Manuel Belgrano conformada en 1991 en representación
de los vecinos para adquirir las tierras (Plan Arraigo). Por parte del Gobierno Nacional,
se involucraron los Ministerios de Seguridad, de Desarrollo Social y la Comisión
Nacional de Tierras para el Hábitat Social Padre Carlos Mugica, que a partir del 2014
se denominó Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat.
En una primera instancia, la Mesa de Tierras se ocupó de recibir demandas puntuales
en relación al hábitat deficitario. A partir del análisis del proceso de construcción del
hábitat de la villa y de los relevamientos globales encarados por la mesa de gestión del
plan AHÍ (encuestas y cuantificaciones censales) se realizaron colectivamente
diagnósticos de los distintos sectores en relación a la situación dominial y de
9
regularización de los servicios públicos, así como de las prácticas sociales que se
generaban para enfrentar las distintas problemáticas.
Estos debates particulares y específicos fueron concluyendo en una caracterización
general del barrio, los problemas de integración al resto de la ciudad, las actitudes
discriminatorias y la brutal diferencia en la cobertura de servicios públicos,
equipamiento urbano e infraestructura básica. Esta diferencia se ve reforzada por la
falta de vinculación de sus calles con la trama de calles de los barrios circundantes.
TRAMA DE PASAJES EXISTENTES Y TRAMA RECONOCIDA POR EL CATASTRO DE LA CIUDAD
A partir de este diagnóstico, se decidió trabajar en el reconocimiento de la Ciudad de
este espacio físico, social e identitariamente diferenciado que son las villas, con una
perspectiva de integración. La hipótesis es que el reconocimiento de las calles y
pasajes en una declaración como vía pública y su registro en el Catastro de la ciudad
son cruciales para el proceso de urbanización y regularización. Si bien las calles y
pasajes tienen más de cinco décadas de existencia, al no estar reconocidas como vías
públicas los prestadores de servicios públicos no están obligados a beneficiarlos y sus
habitantes se ven privados del acceso a los servicios urbanos de provisión de agua,
redes cloacales y pluviales, red de suministro eléctrico, recolección de residuos,
iluminación de calles, atención de emergencias, distribución de correspondencia,
ingreso de transporte público, e instalación de equipamientos de atención de salud,
educación hoy negados en este territorio.
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ANÁLISIS REALIZADO COLECTIVAMENTE: SITUACIÓN DOMINIAL Y ACCESO DE SERVICIOS PUBLICOS
Dichos servicios son prestados hoy de forma irregular y altamente costosa con
frecuentes pérdidas materiales y humanas por la ineficacia en su prestación. La
declaración de vía pública y el registro en catastro de estas calles y pasajes
posibilitará a las empresas prestadoras de servicios a prestarlos en este territorio de
manera regular, segura y acorde a los standards que los servicios requieren.
Asimismo, se posibilitará la subdivisión del suelo en parcelas en concordancia a la
efectiva ocupación de larga data que los habitantes ejercen en forma pública y
pacífica, habilitando el completamiento del proceso de transferencia de tierras
comenzado en la década del 90 y asegurando la tenencia a sus habitantes de la
vivienda que han construido y que habitan, así como un domicilio legal para sus
habitantes, la habilitación legal de sus actividades y el asentamiento de actividades por
parte de proveedores externos al barrio.
11
Para efectivizar este reconocimiento la Mesa conformada por vecinos del barrio y
organismos oficiales relevó las calles y pasajes analizando cuales son las que
cumplen con la normativa municipal de vías públicas de acuerdo a la zonificación
establecida en el Código de Planeamiento urbano: el distrito U31 establecido por la
Ordenanza 44873 antes mencionada.
En los meses subsiguientes se sucedieron asambleas participativas por pasaje en las
que los vecinos propusieron denominaciones para las mismas. El 15 de diciembre de
2012 los vecinos votaron y proclamaron en Asamblea Pública los nombres propuestos,
que reflejan la memoria y la historia de lucha del barrio en la prosecución de un hábitat
adecuado. Más de 1500 vecinos del barrio firmaron su apoyo a esta iniciativa.
Acerca de la constitución del espacio público
Una de las cuestiones que se impuso indagar es acerca del porqué de las
discontinuidades y resistencias a la constitución del espacio público en las villas,
siendo que se trata prácticamente de una operación administrativa registral de los
organismos de planeamiento de la ciudad. Al respecto, Oriol Bohigas (2000) afirma
que ciertos urbanistas y teóricos sociales celebran la tendencia explosiva,
desordenada y discontinua de un sistema urbano de la modernidad privado del control
urbanístico, en síntesis, de un “anti-urbanismo” sin calles ni preexistencias, sin
12
identidades, cuyos fundamentos provienen de un sistema de uso del suelo impuesto
por los intereses particulares del mercado por encima de las necesidades colectivas.
Esta idea de “terrain vague” permite “hacer una arquitectura autónoma, liberada de
condiciones, sin la obligación de responder a la realidad de una ciudad exigente, una
arquitectura grandilocuente y más fácil de proyectar”.
El concepto de “espacio público” tiene una base política y legal en la democracia
liberal y la formación del Estado nacional moderno. La dicotomía dialéctica planteada
en la separación del espacio público y el espacio privado es un proceso que se inicia
en el siglo XVII en Inglaterra y poco después en Francia, y que caracteriza el
desarrollo del urbanismo moderno y la aparición del concepto de propiedad privada.
Habermas (1981) explica que el espacio público fue creado por los burgueses
capitalistas para proteger y expandir sus intereses comerciales contra la aristocracia y
otros regímenes no democráticos, definiendo y controlando el espacio público de
acuerdo a principios “igualitarios”. Les permite ocupar la esfera pública hasta entonces
controlada por la autoridad y ejercer la crítica contra el poder del Estado. Es decir que
el surgimiento de lo público depende de la capacidad de autoconciencia de un grupo
para actuar conjuntamente ejerciendo su voluntad política. El concepto amplio de
“publicidad” instituido en la modernidad abarca tanto los conceptos de espacio público
como el de opinión pública, constituyéndose el espacio público como escenario donde
grupos pueden alcanzar visibilidad pública, buscar reconocimiento, realizar sus
demandas, participar y apropiarse del conflictivo proceso de gestión de la ciudad. Así,
el espacio público es redefinido constantemente con valores y demandas en disputa.
Asimismo, Low (2000) afirmó que los espacios públicos se constituyen como espacios
significativos donde se visibilizan los conflictos sociales habilitando a los individuos
para su participación en su resolución. La producción y construcción social del espacio
público es por tanto interactiva y se genera continuamente a través del tiempo. Se
trata de una interacción dialógica y dialéctica políticamente transformadora, ya que
une puntos de vista y perspectivas contrastadas. El autor sostiene que “… la
necesidad de hacer y re-hacer espacios públicos y la lucha implacable por la
disponibilidad social y política del espacio público pueden ser vistas como una
precondición para cualquier tipo de política democrática.” Los ciudadanos perciben a la
plaza como un espejo cultural a través del cual pueden verse a sí mismos. Las
personas intentan reafirmar su identidad cultural a menudo en términos territoriales,
“movilizándose para lograr sus demandas, organizar sus comunidades y singularizar
13
sus lugares para preservar el significado, para restaurar todo lo que limite el control
que ellos puedan tener sobre su trabajo y residencia.
Elaboración colectiva de la historia del barrio y de las villas en la ciudad
Durante 2013 se recopiló información acerca de las trayectorias de los nominados
para presentar el proyecto de Ley a la Legislatura de la Ciudad. En esta etapa se
profundizó colectivamente el diagnóstico y la historia del desarrollo urbano de la villa y
de los movimientos villeros en general. Se realizaron entrevistas a familiares y vecinos,
se recopilaron artículos en revistas y periódicos acerca de la temática. Asimismo se
recopiló material audiovisual en entrevistas televisivas acerca de la temática. El mismo
fue proyectado en sesiones de debate y discusión, fueron elegidas colectivamente las
partes más relevantes acerca de la historia de las villas en la ciudad de Buenos Aires y
los momentos claves de la historia del movimiento villero y se elaboró un cortometraje
documental para difusión de la problemática3
.
3
El documental denominado “De villa a barrio: la lucha por las tierras”, está disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=I71_C7neCaE
14
Posteriormente en 2014 se comenzó el relevamiento y medición de las manzanas y los
lotes junto a los vecinos involucrados a los fines de avanzar en el dibujo de un plano
base que facilite el trabajo de los agrimensores.
Todas las actividades realizadas fueron amplificadas y difundidas en el barrio al
conjunto de los vecinos, mediante boletines y volantes, reuniones específicas y la
convocatoria a participar en manifestaciones colectivas, como la marcha por la tierra
realizada el 12 de octubre de 2013 recorriendo las calles y homenajeando a los
nominados.
15
Finalmente, el 1 de
octubre de 2014 el
proyecto de Ley fue
presentado en la
Legislatura por los
diputados Kito Aragón y
Aníbal Ibarra (Proyecto
de Ley N:2707-D-2014).
Ante la demora en su
sanción, los vecinos
avanzaron en realizar
pintadas con los
nombres de las calles en
las esquinas del barrio
que prontamente
reemplazaran con
placas metálicas.
Los nombres elegidos
no sólo reflejan la lucha
de este barrio sino que
son referentes de la
lucha histórica villera en la ciudad.
Pastoral Villera: El Equipo Pastoral en Villas de Emergencia actuó junto con los
vecinos en la resistencia al proceso de erradicación de la dictadura cívico militar.
Movimiento de villas: el Movimiento de Villas y Barrios Carenciados de la Capital
Federal fundado en 1987 como continuidad del Movimiento Villero Peronista, la
Comisión de Demandantes y otras organizaciones sociales de los 70, logró con sus
reivindicaciones desterrar el concepto de erradicación y transitoriedad, e instalar el de
radicación.
La arboleda: Este pasaje conmemora las acciones de forestación de los pasajes del
barrio y la canalización de pluviales, realizadas por la Comisión vecinal en procura de
mejorar las condiciones ambientales.
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Juan Cymes: Fue un gran articulador del movimiento villero tanto en Capital Federal
como en La Matanza. Fue representante del mismo en la Estatuyente de la Ciudad en
1996. Vivió en la villa 15 hasta su muerte el 11 de noviembre de 2003.
El ferroviario: Conmemora a Antonio Vega, presidente de la Comisión de
demandantes durante la dictadura y primer presidente de la Comisión Vecinal de la
Villa 15 en 1986 y posteriormente presidente de la Asociación Civil Barrio Gral. Manuel
Belgrano que firmó el boleto de compra venta de las tierras.
Miguel Reyes Barbosa: Participó en la Comisión Vecinal del barrio desde los 70 en la
apertura de calles, y en el tendido de cañerías de agua y de electricidad.
El electricista: Nicasio Federico Bustamante es apreciado por los vecinos por su
trabajo voluntario en el tendido de la red de luz del barrio, y por su disposición cada
vez que con frecuencia se suscitaban cortes de suministro.
Manuel Sequeira: Fue presidente del barrio, participó en el proceso de adquisición de
vivienda, en el Plan Alborada de 1973.
Carlos Armando Bustos: Padre franciscano que vivió en la villa. El 8 de abril de 1977
fue detenido-desaparecido en la Iglesia de Pompeya y torturado en el centro de
detención clandestino “Club Atlético”.
Daniel Bonifacio Chanampa: trabajador del subte y militante del Movimiento Villero
Peronista desaparecido el 14 de abril de 1978.
Ovidio Gómez: Fue miembro activo de la Comisión de Demandantes, miembro
fundador de la Asociación Civil “Barrio General Belgrano” y su presidente en el año
1999.
Simón Guerrero, ciudadano paraguayo en el exilio y referente de su comunidad en el
Equipo Pastoral Paraguayo Argentino (EPPA). Formó parte de la Asociación Civil que
firmó el boleto de compraventa en 1992.
17
El 3 de diciembre del 2015, el proyecto de Ley fue aprobado en primera lectura p
or la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los vecinos celebraron colocando carteles con los nombres de las calles
confeccionados por una cooperativa de trabajo. Se espera que los próximos carteles
los coloque el Gobierno de la Ciudad.
18
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Universidad Nacional de General Sarmiento
