WALDO ANSALDI**

MS ALL DEL MERCADO. LA CUESTIN DE LA CONSTITUCIN DE UNA CIUDADANA

DEMOCRTICA EN LA AGENDA DEL 2000* A Vernica Edwards, en Santiago.

Nuestro siglo [XX] demuestra que el triunfo de los ideales de la justicia y la libertad siempre es efmero, pero tambin que, si conseguimos preservar la libertad, siempre es posible comenzar de nuevo. (...) Es necesario conservar la esperanza incluso en las situaciones ms desesperadas.

Leo Valiani (historiador italiano).

** Investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (rea Sociologa Histrica), Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Profesor titular de Historia Social Latinoamericana en la misma Facultad. Director de la Maestra Estudios Sociales para Amrica Latina, Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Universidad Nacional de Santiago del Estero. * Retomo y amplo aqu consideraciones adelantadas en otros trabajos: Gobernabilidad y seguridad democrtica (Documento de Estudio N 1, Comisin Sudamericana de Paz, Santiago de Chile, 1991), Gobernabilidad democrtica y desigualdad social (en Estudios Sociales. Revista Universitaria Semestral, Ao 5, n 9, Santa Fe, Segundo semestre 1995, pp. 935) y Fragmentados, excluidos, famlicos y, como si eso fuese poco, violentos y corruptos (en prensa). De all que algunos pocos prrafos de ellos reaparezcan aqu. Los apartados llevan por denominacin nombres de filmes, a modo de homenaje al centenario del cinematgrafo. La redaccin de este artculo concluy a mediados de enero de 1997, siendo revisada en la segunda quincena. El brutal asesinato del reportero grfico Jos Luis Cabezas, el 25 de ese mes, impact en los medios periodsticos y en la sociedad toda de un modo sin precedentes en la violenta historia argentina de la segunda mitad del siglo XX, poniendo en un trgico plano de relieve algunas de las cuestiones tratadas en el artculo respecto de la construccin de la ciudadana democrtica; de all la necesidad de una nueva revisin y las consecuentes modificaciones al texto original. [Este artculo aparecer en Boletn de la Biblioteca del Congreso de la Nacin, Buenos Aires, 1997].

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La ley de la calle El colapso del socialismo realmente existente en Europa oriental, entre 1989 y

1991 e incluyendo la simblica cada del muro de Berln, ha servido para muchsimas

operaciones polticas e ideolgicas. Una de las primeras, pues data de 1989 rpidamente

popularizada merced a una notable operacin de difusin y propaganda de alcance

mundial montada por la norteamericana John M. Olin Foundation, dedicada a la promocin

de la derechizacin de la enseanza de las ciencias sociales, deriv de la publicacin de

un artculo (luego libro) de Francis Fukuyama proclamando con tono de case el fin de la

historia.1 El panfleto cantaba, para decirlo como el gran historiador britnico Christopher

Hill, los funerales prematuros de, entre otros, la historia, el marxismo, el socialismo, la

lucha de clases (y las clases sociales mismas)... y el triunfo definitivo de la libertad, el

mercado y el capitalismo. Acompaando la onda expansiva del neoconservadurismo

liberal, la propuesta bsica del mediocre y vacuo artculo lejanamente emparentada con

una originaria de Georg Wilhem Friedrich Hegel que vea en el mundo germnico y en las

instituciones del Estado moderno europeo el fin de la historia, y mucho ms prxima a su

resignificacin por Alexandre Kojve en los aos 1930 y a la cual se ha aadido algn

matiz nietzscheano ha servido (o ha sido utilizada) para proclamar el definitivo e

irreversible reinado universal de un nico modelo societal concebido, al mismo tiempo,

como una concepcin del mundo una Weltanschauung impuesta de modo tal que lleva

conexas la muerte de las utopas y hasta la idea misma de una alternativa. As, en el lmite,

una concepcin que se reclama, por sobre todas las cosas, afirmacin de la libertad,

desarrolla una lgica de imposicin totalitaria cuyo ncleo duro no es ms que el

disciplinamiento de la sociedad apelando a, o invocando, el principio de la libertad

individual.2

1 Tomo el dato de Josep Fontana, La historia despus del fin de la historia, Crtica, Barcelona, 1992, p. 7. 2 Por lo dems, es bueno tener presente que la negacin de la historicidad, tan cara al neoconservadurismo liberal, encuentra argumentos en la obra de Karl Popper, particularmente en La sociedad abierta y sus enemigos, en cuyo captulo 25 el autor se pregunta si la historia tiene algn significado. Su respuesta era la de negar que lo tuviese, excepto, quizs, en el plano de la subjetividad individual. Ms an, el pensamiento de Popper nutre abundantemente a la teora poltica del neoliberalismo o, como prefiero decir, neoconservadurismo liberal, tema hace ya tiempo muy bien abordado por Jorge Vergara, en Popper y la teora poltica neoliberal, y por Carlos Ruiz, en La epistemologa de Popper y el neoliberalismo, ambos en Crtica & Utopa. Latinoamericana de Ciencias Sociales, n 12, Buenos Aires, mayo de 1984, pp. 2160 y 6186, respectivamente.

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Un incisivo crtico de las sociedades capitalistas desarrolladas, el recientemente

fallecido Christopher Lasch, ha sealado muy agudamente el meollo de la cuestin: El

abandono de las viejas ideologas no anuncia una edad de oro de la concordia. Si somos

capaces de superar las falsas polarizaciones generadas actualmente por las polticas de

gnero y raza, podramos descubrir que las divisiones reales siguen siendo las de clase.

Vuelta a lo bsico podra significar una vuelta a la lucha de clases ya que es

precisamente lo bsico lo que rechazan nuestras lites como irremediablemente

anticuado o al menos a una poltica en la que las clases se conviertan en el tema

principal. No hace falta decir que las lites que orientan la poltica americana, aunque

discrepen en todo lo dems, tienen en comn el inters de suprimir toda lucha de clases.3

En trminos prcticos, la idea delirante del fin de la historia se traduce en las

polticas de ajuste estructural promovidas por el llamado Consenso de Washington, las

cuales en buena parte de la periferia del mundo capitalista (mas no necesariamente en su

centro) no slo reducen drsticamente las partidas presupuestarias destinadas a atender

demandas sociales generalmente satisfechas por el Estado de Compromiso, sino que

ahora el Estado tiende a desatenderse de la suerte de los beneficiarios de ellas. Por

contrapartida, la desatencin estatal en materia de las necesidades (tutelares, sociales,

pblicas) en salud, educacin, vivienda, previsin social, se traduce en un reforzamiento de

la atencin de las otras ms tradicionales o primitivas, si se quiere, particularmente la

seguridad interior, esto es (ms) policas e instituciones penitenciarias. La opcin por la

seguridad interior significa, por sobre todas las cosas, adoptar medidas conducentes al

control social, al control de los pobres, ms especficamente. En el caso argentino, no

obstante y como es bien sabido, hay algo ms que un matiz diferenciador: existe en el

seno de la sociedad una sensacin generalizada de ausencia de seguridad, traducida en el

incremento de violencia contra personas, bienes y propiedades, en la poca confianza que

se tiene en la polica a menudo asociada, y no por mera presuncin, con la idea y la

3 Christopher Lasch, La rebelin de las lites y la traicin a la democracia, Paids, BarcelonaBuenos AiresMxico, 1996, p 101; las itlicas son mas. Va de suyo que la reivindicacin de las clases y sus luchas es susceptible de abordarse desde varias plataformas tericas, no slo la marxista, tradicin con la cual suele estar ms identificada, en buena medida como prolongacin ideolgica de la ignorancia, la mala leche y la caza de brujas. Por cierto, Lasch no era un autor marxista. Su reconocimiento de la importancia de las clases y las luchas de clase derivaba de su condicin de historiador y, por ende, del conocimiento del pasado de las sociedades occidentales.

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prctica del gatillo fcil (cuyas principales vctimas son, obviamente, los pobres, en

particular jvenes, no necesariamente delicuentes), el narcotrfico, la corrupcin y otros

delitos, la reiteracin de los casos de justicia por mano propia, entre otras

manifestaciones. La cuestin se hace ms compleja porque, a diferencia del modelo

clsico del Estado gendarme, el nuevo Estado neoconservador, en Argentina, est incluso

renunciando a parcelas importantes de su capacidad de ejercicio monoplico de la

violencia, tal como lo indica la proliferacin de policas privadas, a menudo bajo la forma de

empresas de seguridad, una cuestin de suma trascendencia.

A propsito de ello, sorprende la poca atencin que le conceden polticos, medios de

comunicacin y cientficos sociales, toda vez que su presencia cuestiona efectiva y

prcticamente la capacidad y la facultad del Estado de ejercer el monopolio de la violencia

o la coaccin consideradas legtimas, una de las caractersticas centrales del Estado

moderno. El hecho de que muchos de los integrantes de estas fuerzas policiales privadas

sean, segn se dice, policas en actividad que realizan un segundo trabajo (como forma de

mejorar sus ingresos) o ex efectivos partcipes en las tareas de represin durante la

llamada guerra sucia, aade un componente que repugna a la moral y a la tica, pero no

es, empero, el punto estratgicamente ms importante. ste es, en cambio, la renuncia del

Estado argentino al ejercicio de funciones coactivas destinadas a garantizar el orden social

tratndose de un orden socioeconmico capitalista, ello quiere decir, obviamente,

defensa de la (gran) propiedad privada, un proceso de privatizacin de las mismas que

abre puertas a la inseguridad jurdica, a las leyes del ms fuerte y del Talin, a la

arbitrariedad, a los justicieros por mano propia, a la anomia, a la anarqua, en fin.4 Es

cierto que, como supo advertirlo en su momento Max Weber, el Estado moderno puede

delegar o conceder el derecho de la coaccin jurdica, en cierta medida, en otras

asociaciones o en personas individuales, manteniendo el Estado la condicin de fuente

nica del derecho de coaccin. Pero, como l mismo adverta, no debe olvidarse que la

coaccin considerada legtima esa que monopoliza el Estado es la base de una relacin

de dominio de hombres sobre hombres. Para que el Estado susbsista, argumentaba, es

4 Anarqua quiere decir aqu, como en la antigua Grecia, una situacin societal de incertidumbre y desorientacin (no de desorden, que en ese entonces llamaban afasia).

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menester que los hombres dominados se sometan a la autoridad de los que dominan en

cada caso.5 Ceder tal monopolio implica, pues, en particular si los mecanismos de control

estatal sobre el poder de polica delegado en empresas privadas son laxos o, como ocurre

actualmente, no estn clara ni taxativamente normados que los dominados queden

sometidos a una doble autoridad, la privada y la estatal, se pierda la racionalizacin de la

gestin del poder y, por tanto, se erosione no slo el Estado sino la propia sociedad (en el

sentido de la societas de los antiguos romanos).6

El debilitamiento del Estado en la clave de bveda que es el monopolio del poder

coercitivo es, pues, una de las caractersticas que el nuevo orden sociopoltico est

adquiriendo en Argentina. Empero, hay todava ms. Y este ms afecta a otro de los

elementos histricamente caractersticos del Estado moderno qua Estadonacin, la

ciudadana. Los neoconservadoresliberales postulan la primaca casi irrestricta de la

ciudadana civil (slo regulada por la "mano invisible" del mercado), el encorsetamiento de

la ciudadana poltica y la virtual cancelacin de la ciudadana social (sobre lo cual vuelvo

ms adelante), al tiempo que rechazan la concepcin de la igualdad entre los hombres.

Desde su perspectiva, los hombres son naturalmente desiguales, excepto en el plano de la

ley y ello apenas por "una exigencia poltica", como dice Karl Popper y en el del

mercado, donde los hombres son igualmente libres para la adquisicin o disfrute de sus

propiedades. El fundamento del carcter irrestricto del derecho de propiedad exige la

igualdad ante el mercado y afirma la desigualdad econmica y social. En el plano poltico,

ello se traduce en una concepcin puramente instrumental del Estado: la defensa de la

5 Max Weber, Economa y sociedad, Fondo de Cultura Econmica, Mxico DF, 7 reimpresin, 1984, pp. 10561057) 6 Va de suyo que esta erosin del Estado no debe ni puede confundirse con la desaparicin o agostamiento del Estado en el sentido de las utopas anarquista y marxianoengelsiana. Por otra parte, la racionalizacin de la gestin del poder alude a la centralizacin de ste, tal como se aprecia en el proceso histrico de transicin desde el policentrismo de los seoros feudales al Estado moderno (centralizado y unitario, con capacidad o facultad de monopolizar la violencia considerada legtima y la percepcin tributaria). Hay quienes hablan de un proceso actual de refeudalizacin, pero esta expresin no me parece ajustada a una correcta apreciacin del movimiento histrico. En relacin al control estatal de las policas privadas, despus de concluido este artculo tom estado pblico la iniciativa de los diputados Miguel ngel Toma y Marcelo Stubrin en favor de su regulacin legal, como tambin una informacin respecto del nmero de efectivos de las mismas en todo pas. Segn Julio Sarmiento, presidente de la Cmara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigacin (CAESI), sta nuclea a 250 agencias con 60.000 custodios. Slo un 20 por ciento de los guardias son ex miembros de las Fuerzas Armadas o de Seguridad. Segn la informacin periodstica, Sarmiento (...) tambin sostuvo que hay en todo el pas unos 20.000 guardias privados no registrados en ninguna parte. Dijo que ellos revistan en las 200 agencias que no integran la cmara. Clarn, Buenos Aires, 12 de febrero de 1997, p. 7. Es decir, 450 agencias y 80.000 efectivos.

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propiedad privada y del mercado (de las relaciones mercantiles). De all que se le asigne a

l la exclusiva satisfaccin de las necesidades de la seguridad y de la justicia. Ms an, la

concepcin hoy dominante tal como el liberalismo inicial, fuertemente antidemocrtico

afirma la necesidad de asegurar la persistencia de las desigualdades: la lucha por reducir

stas implica la expansin de la libertad de las mayoras y de las potencialidades y

capacidades humanas, como puede apreciarse en el Estado Benefactor y en la

democracia social, igualando as (al menos tendencialmente) a quienes son naturalmente

desiguales (de donde una "teora" como la de la distincin entre masas y lites). A juicio de

los neoconservadoresliberales, tales polticas llevan al estatismo, al socialismo, al exceso

de democracia, a la ingobernabilidad. De all no tarda en saltarse a la idea de "democracia

protegida", eufemismo para designar situaciones en las cuales desaparece la competencia

poltica abierta, libre, democrtica, es decir, situaciones de dictadura. En este sentido,

como explcitamente lo ha sealado uno de sus ms destacados tericos, Gerhard Ritter,

la conviccin acerca de la gentica escisin entre liberalismo y democracia apunta al

derrocamiento de la poltica, el gran objetivo neoconservador.7 Este ataque toma, casi

invariablemente, la forma del discurso antidemaggico, antiestatista y antisocialista.8

Histricamente, la democratizacin ha sido (y es) un proceso de ampliacin del

espacio poltico, dentro del cual son incrementados los servicios pblicos que atienden la

satisfaccin de las necesidades sociales en materia de educacin, salud, vivienda,

previsin social. Polticas tales slo pueden llevarse adelante, en la interpretacin de Ritter,

"mediante una expropiacin fiscal sumamente radical de las clases superiores, es decir,

mediante la nivelacin social (...). La democracia de masas le allana el camino [al caos y,

tras l, a la tirana] en la medida en que quita al individuo su propia responsabilidad y

permite que su voluntad se sumerja en la voluntad general de las masas. (...) Quien

quiera impedir la tirana tiene que educar a los hombres en la responsabilidad personal.

Tiene que intentar desmasificar a las masas estructurndolas en grupos con

responsabilidad propia. (...). La cuestin central, desde el punto de vista de la idea liberal

7 Por esto, para los neoconservadores, Augusto Pinochet es mejor que Fidel Castro. 8 Los neoconservadores se piensan a s mismos como los defensores de la libertad burguesa amenazada por la democracia roja, como supo escribir Gerhard Ritter en El problema tico del poder, Revista de Occidente, Madrid, 1972, p. 136.

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de libertad, es la siguiente: volveremos alguna vez (y cundo) a vivir en una sociedad que

tenga como fundamento el principio de la competencia entre fuerzas que se acicatean

recprocamente en lugar de estar fundada sobre la nivelacin, la imposicin, el dirigismo, la

regulacin y los reglamentos, una sociedad en la que, al menos, importe ms el despertar

la iniciativa personal que el facilitar la lucha por la vida a los ms dbiles mediante la

previsin social?9 De all la conclusin y propuesta: la restauracin del mercado y su

afirmacin como "la autoridad social" por excelencia, desplazando as el mbito o la

instancia de la decisin final de lo poltico a lo social y consagrando la escisin entre

Estado y sociedad. Como muy bien dice Norbert Lechner: "El mercado es, segn los

neoconservadores, la autoridad social en ltima instancia. El mercado controla socialmente

a las masas restableciendo la responsabilidad individual (o sea, diferenciando y

atomizando la masa uniforme). Y desarticulando la lucha por la vida de los ms dbiles

mediante la previsin estatal, la desmasificacin permite la desestatizacin. Es decir,

controlar econmicamente al gobierno".10

Otro terico neoconservador, Friedrich Hayek, escribe: "Podemos impedir al

gobierno servir a los intereses especiales slo privndolo del poder de usar la coercin

para hacerlo, lo que significa que podemos limitar los poderes de los intereses organizados

slo limitando los poderes del gobierno". En su incisivo anlisis crtico del

neoconservadurismo, Lechner seala, a propsito de esta afirmacin: "Limitar las

atribuciones del Parlamento la democracia limitada es solamente el medio para

desorganizar a los grupos sociales. (...). Limitar los poderes de los intereses

organizados, o sea desmontar la llamada democracia de negociacin, busca eliminar la

decisin colectiva (conflictiva) sobre el modo de reproduccin material". En definitiva, la

concepcin instrumental de la poltica reduce el papel de sta a mera "normalizacin del

9 Ritter, El problema tico del poder, op. cit, pp. 141143. 10 Norbert Lechner, El proyecto neoconservador y la crisis, en Crtica & Utopa. Latinoamericana de Ciencias Sociales, n 6, Buenos Aires, marzo de 1982, p. 49.

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mercado. Normalizar significa defender la iniciativa privada contra las decisiones

colectivas".11

Hans Tietmeyer, presidente del Bundesbank (banco central de Alemania) y el gran

padre del marco alemn, declar recientemente a un periodista del diario francs Le

Monde: El objetivo hoy es crear las condiciones favorables para un crecimiento duradero y

fortalecer la confianza de los inversores. Es preciso, entonces, controlar los presupuestos

pblicos, bajar el nivel de los impuestos y de las tasas hasta que alcancen un nivel

tolerable a largo plazo, reformar los sistemas de proteccin social, desmantelar las

rigideces de los mercados de trabajo, ya que slo se podr alcanzar una nueva fase de

crecimiento si hacemos un esfuerzo de flexibilidad en el mercado de trabajo.12 He ah una

explcita declaracin de principios, objetivos y prioridades de los neoconservadores,

apuntando al desmantelamiento del Estado de Bienestar (Estado de Compromiso en

Amrica Latina) y la asiatizacin de los trabajadores, con su secuela de trabajo nocturno,

horarios irregulares, abolicin del descanso hebdomadario y de buena parte de (si no de

todos) los derechos sociales, disminucin del salario, incremento del estrs, entre otras

manifestaciones.13

La poltica neoconservadora tiene como uno de sus grandes objetivos la

privatizacin de empresas econmicas estatales. Pero no se agota all: ms

ambiciosamente requiere la privatizacin de los servicios pblicos como medio de "dejar en

el vaco a las demandas sociales". "Privatizar seala Lechner significa que el principio

de la responsabilidad colectiva es reemplazado por el principio de la rentabilidad privada.

El derecho a la vida de todos queda sometido a la ley de la oferta y la demanda. La

intervencin estatal se limita a un asistencialismo in extremis". As, el nuevo rumbo implica,

como bien dice Pierre Bourdieu, un proceso de involucin, que conduce (...) de un Estado

11 Lechner, El proyecto neoconservador..., op. cit., p. 63. La cita de Friedrich von Hayek se encuentra en su artculo El ideal democrtico y la contencin del poder, en Libertad y Leviatn, n 1, Centro de Estudios Pblicos, Santiago de Chile, diciembre de 1980, p. 42; la tomo del trabajo citado de Lechner. 12 Citado por Pierre Bourdieu, La verdadera ideologa de la flexibilizacin, en Clarn, Buenos Aires, 30 de diciembre de 1996, p. 16. Las itlicas son mas. 13 Entre nosotros, el presidente de la UIA, Jorge Blanco Villegas, exalt, en una emisin del programa radial de la periodista Magdalena Ruiz Guiaz (en 1996), las condiciones de trabajo imperantes en Malasia, pas al que calific como un paraso.

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caritativo a un Estado penal, reducido a sus funciones de polica y conforme con el ideal

eterno de los dominantes.14

La lgica del mercado es la de la fragmentacin atomstica, de la destruccin del

tejido social, del "slvese quien pueda". La regulacin es concebida como natural,

resultado de la mano invisible, una mano invisible que, curiosamente, siempre regula

concentrando lo ms en los menos y desconcentrando lo menos en los ms. Es que

quienes son naturalmente desiguales no pueden tener ni aspirar a tener intereses

materiales comunes. En tanto, la intervencin poltica se ha caracterizado, al menos

durante buena parte del siglo XX, por la creciente participacin (y capacidad de decisin en

algunos casos) de las masas; ella es visualizada por los neoconservadores como

responsable del "desborde" democrtico (la soberana popular ilimitada como gran

enemiga de la libertad, de donde surge la necesidad de poner lmites o controles al

gobierno representativo). Como tal, debe ser desterrada de las prcticas sociales y

reemplazada por "soluciones tcnicas", para las cuales basta con un Estado mnimo

cumpliendo la funcin de restablecer el orden. "Restablecer el orden ya no significa

organizar la sociedad sino, al contrario, desorganizarla. Vale decir, desarticular los

intereses organizados que distorsionan la autorregulacin espontnea del mercado

(nacional y mundial)".15 Estado mnimo puede entenderse tambin como Estado capturado,

es decir, aquel que slo atiende las demandas de una nica clase social, la que detenta el

poder econmico, poltico y social.16 En este sentido, es todo lo contrario de formas de

Estado ampliado, como el de Bienestar o el de Compromiso.

Justamente, la fragmentacin de la sociedad aparece en un plano dominante y se

aprecia en la creciente importancia de las estrategias individuales de adaptacin a las

14 La cita de Lechner, en El proyecto neoconservador..., op. cit., p. 70; la de Bourdieu, en La verdadera ideologa..., op. cit., p. 17. 15 Lechner, El proyecto neoconservador..., op. cit., pp. 6667. 16 La expresin Estado capturado fue acuada originariamente por el brasileo Francisco de Oliveira para caracterizar al Estado oligrquico (circa 18801930). Por esta razn, hay quienes tienden a definir la situacin actual como oligrquica o neooligrquica. Desde mi punto de vista, en tanto oligarqua define una forma de dominacin polticosocial de clase, y no una clase social, esa caracterizacin no es adecuada. Expongo mi posicin al respecto en Waldo Ansaldi, Frvola y casquivana, mano de hierro en guante de seda. Una propuesta para conceptualizar el trmino oligarqua en Amrica Latina, en Cuadernos del Claeh, 2 Serie, Ao 17, n 61, Montevideo, julio de 1992; pp. 4348; reproducido tambin en Patricia Funes (comp.), Amrica Latina: planteos, problemas, preguntas, Manuel Surez Editor, Buenos Aires, 1992, pp. 1320.

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condiciones de aqulla. Se percibe con claridad en el caso del mercado de trabajo,

particularmente en el sector informal urbano, pero es tambin un fenmeno que, con las

obvias diferencias, atraviesa verticalmente al conjunto de la sociedad y se extiende por los

campos de la cultura y de la poltica, dentro de los cuales su farandulizacin es un smbolo

de la degradacin. Sintomticamente, la unificacin del mercado a escala mundial se

despliega pari passu la fragmentacin de la cultura y la intensificacin de la conciencia de

las diferencias tnicas y nacionales.17 A este respecto, los dramticos y ms publicitados

casos de la ex Yugoslavia y RuandaBurundi son slo la parte visible del iceberg de la

exacerbacin de tales diferencias, pero no son los nicos.

La fragmentacin social dificulta la (re)constitucin de identidades colectivas y

potencia, en el mejor de los casos, las representaciones segmentadas, puramente

sectoriales; en el peor, en cambio, abre camino a la anomia. En un contexto tal que se

yuxtapone en pases con sistemas de partidos polticos dbiles y culturas polticas

democrticas endebles, las direcciones polticas partidarias vacilan, no encuentran

respuestas nuevas, dejan de representar cabalmente los intereses de la sociedad civil y se

"oligarquizan", rompen o debilitan notoriamente sus vasos comunicantes con la sociedad y

hasta con sus propias bases.

Lo que el viento se llev Las voces crticas de las polticas neoconservadorasliberales son a despecho del

triunfalismo de sus partidarios muchas y significativas. A varios de quienes han elevado

su voz de protesta, los neoconservadores no pueden siquiera aplicarle alguno de los ahora

desactualizados y desgastados motes de los tiempos del anticomunismo y/o la guerra

fra, ni de las variantes pos cada del muro. Tal el caso del respetadsimo John Galbraith.

El ahora gran viejo (naci en 1908) ha escrito recientemente un formidable alegato en

17 Christopher Lasch, La rebelin de las lites..., op. cit., p. 86. Segn el autor, no son los mecanismos del mercado los que van a reparar el tejido de la confianza pblica. Todo lo contrario: la influencia del mercado sobre la infraestructura cultural es tan corrosiva como la del Estado. Lasch (19321994) fue profesor de historia en la Universidad de Rochester y se lo consideraba uno de lo ms distinguidos crticos de la sociedad contempornea.

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pos de una sociedad mejor que la propuesta por aqullos, del cual quiero tomar algunas

consideraciones.18

El punto de partida de Galbraith es considerar ms importante y prioritario saber qu

est mal, antes qu saber qu est bien. Dicho de otra forma, debemos comenzar por

conocer las carencias de una sociedad, de hombres y mujeres que viven en ella, y avanzar

en la direccin de su solucin. Su propuesta apunta a una sociedad factible, no a una

perfecta (utpica). Al enfatizar la idea de factibilidad, Galbraith pone la cuestin en sus

justos trminos: hay o no hay actitud poltica que apoya y sostiene las condiciones que

precisan ser corregidas. Cuando se dice que alguna medida tal vez fuese buena pero es

polticamente impracticable, debe entenderse que este es el planteamiento ms habitual

para proteger intereses antisociales.19

La antigua divisin del capitalismo, la dicotoma ltima y fundamental, capital

versus trabajo, ya no se puede seguir dando por sentado. La antigua dicotoma sobrevive

en el alma colectiva: un residual de su larga y ardiente historia. Pero en el sistema

econmico y poltico contemporneo la divisin es muy distinta y corre por igual en todos

los llamados pases avanzados. Por una parte estn ahora los ricos, los cmodamente

asentados y los que aspiran a lo mismo, y por otra los econmicamente menos

afortunados y los pobres junto con el importante nmero de los que, por inquietud social o

por benevolencia, pretenden hablar a favor de stos o de un mundo ms compasivo. Este

es el alineamiento econmico y poltico actual. (...) Es un combate desigual: los ricos y los

ms acomodados tienen influencia y dinero. Y votan. Los conscientes y los pobres tienen

dinero, pero muchos de los pobres, ay, no votan. Hay democracia, pero en no pequea

medida es la democracia de los afortunados.20 Ambos grupos, aade inmediatamente,

18 John Kenneth Galbraith, Una sociedad mejor, Crtica, Barcelona, 1996 (el mismo ao de la edicin original en ingls). Galbraith habla de una sociedad buena (a good society), pero el traductor al espaol (Antonio Desmonts) ha preferido la expresin una sociedad mejor. El ttulo original del libro de Galbraith repite el del previo de Robert Bellah et al.. The Good Society, New York, 1991, considerado un verdadero manifiesto o programa comunitarista. 19 Galbraith, Una sociedad mejor, op. cit., p. 17. 20 Idem, pp. 2021. Ms adelante (p. 172), Galbraith sostiene que los pobres y los menos afortunados podran hacer cambiar las cosas si recurrieran con confianza a las urnas electorales para remediar sus males. Su argumento exige una correccin en los casos de pases que, como Argentina, tienen un rgimen electoral en el cual el voto es obligatorio (mucho ms un deber que un derecho) y en los cuales los pobres tambin votan y a menudo lo hacen por polticos neoconservadores (o, al menos, que defienden un modelo societal de esta orientacin).

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colisionan [entre otros] en un tema central: Para los pobres el Estado puede ser capital

para su bienestar y, para algunos de ellos, incluso para su supervivencia. Para los ricos y

acomodados constituye una carga, excepto cuando, como en el caso de los gastos

militares, la seguridad social y el rescate de las instituciones financieras en quiebra, sirve a

sus intereses particulares. Entonces deja de ser una carga y se convierte en una

necesidad social, en un bien social, con la misma certeza con que no lo es cuando el

Estado sirve a los pobres.21

Pero las denuncias de los lmites y los peligros de las polticas fundadas en la

primaca del mercado no son de ahora. Hace ya medio siglo que otro gran economista, el

austrobritnico Karl Polany, escribi un libro ahora clsico, The Great Transformation, una

incisiva diseccin de las implicaciones sociales de la economa de mercado, tal como ella

se desarroll antes del Estado de Bienestar.22 Polany acotaba bueno es retenerlo que el

liberalismo econmico de comienzos del siglo XIX se convirti en una fuerza irresistible

por la congruencia de la opinin de pensadores [tan] diametralmente opuestos como

William Townsed, Thomas Robert Malthus, David Ricardo, Jeremy Bentham y Edmund

Burke.23

La nica y gran excepcin, en el albor de la economa de mercado, es la de Richard

Owen, quien ya en 1817 supo prever (o tuvo la intuicin de) la clave de su desarrollo:

evolucionando bajo sus propias leyes, ella producir los males ms lamentables y

permanentes, a menos que su tendencia sea contrarrestada por la interferencia y la

direccin legislativas.24 Segn la ajustada acotacin de Polany: La organizacin de toda

la sociedad de acuerdo con el principio de la ganancia y el beneficio debe tener resultados

de largo alcance. Owen formul estos resultados en trminos del carcter humano. El

efecto ms obvio del nuevo sistema internacional fue la destruccin del carcter tradicional

de las poblaciones asentadas y su trasmutacin en un nuevo tipo de personas, migrantes,

21 No es necesaria demasiada perspicacia para advertir que la misma constatacin puede hacerse en nuestro pas. 22 El texto se escribi entre 1940 y 1943, pero slo se convirti en libro en 1957. La edicin es espaol es tarda: La gran transformacin. Los orgenes polticos y econmicos de nuestro tiempo, Fondo de Cultura Econmica, Mxico DF, 1992. 23 Polany, La gran transformacin, op. cit., p. 133; las itlicas son mas. 24 Robert Owen, en Report to the Committee of the Association for the Relief of the Manufacturing and Labouring Poor, citado por Polany, La gran transformacin, p. 134.

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nmadas, carentes de respeto a s mismas y de disciplina: seres rudos, insaciables,

insensibles, ejemplificados por el trabajador y el capitalista. La glosa de Polany a las

observaciones de Owen nos resultan de una llamativa actualidad, pero a quien conozca la

historia social del capitalismo, puede llamarle la atencin lo que ocurre en nuestros das?

Hoy es harto frecuente escuchar referencias a la flexibilidad de la fuerza de trabajo y

de los salarios. Mas, la demanda de movilidad de la mano de obra y flexibilidad de los

salarios por parte de los empleadores no ha significado histricamente (ni significa hoy)

otra cosa que un mercado en el que el trabajo humano es una mercanca. Del mismo

modo, cuando se argumenta en favor de la libertad absoluta de los mercados y en contra

de la intervencin estatal (desregulacin) se apela a una falacia: La historia econmica

revela que el surgimiento de los mercados nacionales no fue en modo alguno el resultado

de la emancipacin gradual y espontnea de la esfera econmica frente al control

gubernamental. Por el contrario, el mercado ha derivado de una intervencin creciente y a

menudo violenta del gobierno, que impuso la organizacin del mercado a la sociedad por

razones no econmicas. Escuetamente dicho, [s]i se permitiera que el mecanismo del

mercado fuese el nico director de la cantidad y el uso del poder de compra, se demolera

la sociedad.25

En el debate ideolgico y poltico contemporneo, el mercado suele ser presentado

como el gran antagonista del Estado (y viceversa). Ms all de las incontrastables

evidencias que ofrece la historia respecto de la articulacin entre uno y otro, el historiador

norteamericano Christopher Lasch, quien se situaba en una posicin opuesta simtrica y

simultneamente a la primaca del mercado y a la del Estado, argumentaba tan sencilla

como contundentemente: Por una parte, el mercado parece la encarnacin ideal del

principio cardinal del liberalismo: que los individuos son los mejores jueces de sus propios

intereses y que por ello hay que dejarles hablar por s mismos en los asuntos que

conciernen a su felicidad y su bienestar: Pero los individuos no pueden aprender a hablar

por s mismos, y mucho menos a lograr una comprensin inteligente de su felicidad y

bienestar, en un mundo en que no hay valores distintos de los del mercado. Hasta los

individuos liberales necesitan la disciplina formadora del carcter de la familia, el

25 Polany, op. cit., pgs. 180181, 248 y 88182; las itlicas son mas.

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vecindario, la escuela, la iglesia, factores todos no slo la familia debilitados por la

intrusin del mercado. Es obvio que el mercado tiende a universalizarse. No coexiste

fcilmente con instituciones que operan segn principios antitticos de los suyos: las

escuelas y universidades, los peridicos y revistas, las organizaciones benficas, las

familias. Ms pronto o ms tarde el mercado tiende a absorberlas. Ejerce una presin casi

irresistible sobre todas las actividades para que se justifiquen en los nicos trminos que

reconoce: convertirse en una propuesta de negocios, producir beneficios, cumplir los

mnimos aceptables. Convierte las noticias en diversin, el saber en una carrera

profesional, el trabajo social en gestin cientfica de la pobreza. Remodela inexorablemente

todas las instituciones a su imagen.26

No hay que hacer ningn esfuerzo para visualizar todas y cada una de esas

proposiciones en la Argentina de nuestros das: desde el brutal agravio de un superministro

a una distinguidsima cientfica social y por extensin a toda la comunidad de

investigadores cientficos, envindola a lavar los platos, hasta el tratamiento circense del

llamado caso Cppola y su capacidad de generar un presunto nuevo verbo

(samanthizar), desde la definicin de polticas universitarias y cientficas guiadas por la

lgica del mercado (y no por la del conocimiento) hasta la estupidizacin masiva a travs

de programas televisivos que especulan, mediante el seuelo de premios diversos, con el

hambre, la pobreza y/o la desesperacin (o simplemente con el cholulismo) de la gente,

son muchsimos (demasiados) los ejemplos que pueden ilustrar la versin local del triunfo

del mercado.

Podra continuar apelando a otros crticos de la economa de mercado, pero no es

del caso extenderse aqu sobre el particular. No obstante, he querido incluir una cita ms,

especialmente significativa por la autoridad de quin es el invocado. En efecto, cuando

haca la revisin final del presente artculo apareci uno del celebrrimo George Soros, La

amenaza capitalista, publicado en el diario Magyar Hirlap, de Budapest. En l, Soros el

multimillonario hngaro a quien suele llamarse el rey de las finanzas, ahora tambin con

fuertes inversiones y negocios en Argentina sostiene que la magia del mercado ha

abierto la puerta a un vale todo, desde la elevacin del inters propio por sobre el bien

26 Lasch, La rebelin de las lites..., op. cit., p. 89; las itlicas son mas.

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Ms all del mercado. La cuestin de la constitucin de una ciudadana democrtica en la agenda del 2000

comn hasta la definicin del dinero como la verdadera medida de todo valor. Lo que era

un medio de cambio ahora usurp el lugar de los valores fundamentales. Ser exitoso no es

lo mismo que ser correcto (las itlicas son mas).

Soros exiliado en Londres desde la llegada de los comunistas hngaros al poder

sabe bien de qu se trata. No slo (o no tanto) por sus formacin como economista

(estudi en la clebre London School of Economics) y su explcita adhesin a los

postulados popperianos, sino muy especialmente por su experiencia como especulador

perfecto (como tambin suele llamrsele) y hacedor de fortuna, como l mismo dice, en

los mercados mundiales. A su juicio, la sociedad abierta se ve amenazada por los

elementos caractersticos de las sociedades occidentales desarrolladas: la competencia

exagerada y la falta de cooperacin, a tal punto que la expansin sin lmites del

capitalismo de mercado libre y el dominio de los valores del mercado en todas las esferas

de la vida se han convertido en una amenaza para el futuro de nuestra sociedad

democrtica , mucho mayor que la del comunismo. Para Soros, finalmente, la ideologa

del laissez faire bloquea la redistribucin de la riqueza.27

Para no abundar, entonces, lo que quiero destacar para decirlo brevemente y a

riesgo de simplificar es que no nos encontramos ante una situacin totalmente novedosa.

Metafricamente, la proyeccin del hipottico filme El triunfo de la economa de mercado

no es otra cosa que una remake de la versin original, cuyo final no fue ms catastrfico de

lo que efectivamente fue, tan slo porque una de las posibilidades abiertas con la crisis de

los aos 1920 y 1930, el fascismo, fue derrotada a un costo humano fenomenal.

El clima de poca que campea en nuestros das celebra el fin de la historia y la

consagracin irrestricta del reino del mercado. Quienes lo crean, recrean y exaltan no

hacen otra cosa que olvidar lo que el viento se llev: aquello que John Kenneth Galbraith

llama, de diferentes maneras pero con el mismo sentido, el empuje ms bsico de la

historia, las corrientes ms profundas de la historia, la fuerza mayor de la historia, es

la historia la que manda. Se puede, pues, acordar con l en el pronstico: una sociedad

buena (o mejor) es posible. Ella no ser la modelada por la economa de mercado y el

27 Fragmentos del artculo publicado en Magyar Hirlap fueron reproducidos en El magnate Soros ataca al capitalismo, Clarn, Buenos Aires, 29 de enero de 1997, p. 26, de donde los he tomado.

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compromiso ideolgico global (...) orientado fundamentalmente contra el Estado. En ella,

el Estado asistencial y sus programas fundamentales sobrevivirn.28 Est claro que el

retorno del Estado no nos traer otra vez la versin del benefactor o del compromiso

social. No es fcil precisar cul ser su forma y su contenido ni su base social, si bien ya

hay algunas propuestas elaboradas en pases desarrollados. Curiosamente, aunque no

siempre est claro qu Estado ser, es frecuente referirse a l como Estado Solidario.

La verdad desnuda29 En Argentina, como en buena parte del mundo, el neoconservadurismoliberal ha

producido una brutal fragmentacin social, traducida en ruptura de los lazos de solidaridad

y exacerbacin de las desigualdades sociales, es decir, en un rgimen de apartheid social,

con segregacin socioeconmica y cultural de grandes mayoras demogrficas. Este

apartheid social opera en dos registros entrelazados: el de cada una de nuestras

sociedades, consideradas en su dialctica interna, y el del mundo globalizado. En uno y

otro, las distancias que existen entre hombres y mujeres situados en diferentes planos de

la pirmide social se han tornado crecientemente mayores. El impacto es de tal magnitud

que la tendencia estructural y la lgica misma del rgimen se orienta de no mediar una

accin correctora del resto de Estado que queda hacia unas an mayores desigualdades

econmica y social.

En los ltimos siete aos, los efectos de las polticas neoconservadoras han incidido

fuertemente sobre la sociedad argentina, modificndola estructuralmente. Una de sus

manifestaciones ms visible es la redefinicin de las clases sociales y de su participacin

en la distribucin de la riqueza. As lo demuestran varios indicadores y diferentes fuentes,

las que permiten afirmar que, al menos en el Gran Buenos Aires, en 1995 el 10 % ms rico

de la poblacin se apropi del 37,3 % de la riqueza, en contraposicin con el 8,4 % que

28 Galbraith, Una sociedad mejor, op. cit., passim. 29 Reproduzco en este acpite, parcialmente y con algunas modificaciones de forma, lo expuesto en Fragmentados, excluidos, famlicos y, como si eso fuese poco, violentos y corruptos, artculo en trmite de publicacin. (Se trata de una ponencia presentada originariamente en el II Congreso Nacional La democracia entre la participacin y la exclusin, Rosario, 3 a 6 de setiembre de 1996, y, en una segunda versin ampliada, en el Primer Congreso Nacional sobre Educacin y Modelos de Desarrollo, Villa Mara (Crdoba), 24, 25 y 26 de octubre de 1996).

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percibi el 30 % ms pobre. A lo largo de las dos dcadas que van de 1974 a 1995, se han

incrementado la riqueza de los ms ricos y la pobreza de los pobres, al tiempo que, toda

una novedad en la historia de la sociedad Argentina, se produjo un sustantivo deterioro de

la clase media.30

En 1974, los sectores pobres y mediobajos se llevaban un tercio de la riqueza

(11.2 + 22.4 = 33.6 %). Veintin aos despus, su participacin se ha reducido a un cuarto

de sta (8.4 + 18.5 = 25.9 %). En contrapartida, los sectores de ingresos medioaltos y los

ricos pasaron de dos tercios a tres cuartos, pero esta mayor apropiacin de la riqueza se

distribuye desigualmente entre quienes se encuentran en los niveles ms altos de la

pirmide social, pues los de ingresos medioaltos han disminuido 2.4 puntos (de 38.2 a

35.8 %), en tanto el 10 % ms rico ha incrementado su apropiacin en un tercio, pasando

de 28.2 a 37.3 % del total de los ingresos.

En un artculo periodstico, Jorge Halpern, trabajando con el asesoramiento de la

sociloga Susana Torrado, constata que observando al 10 por ciento ms rico del pas

donde 9 de cada 10 son miembros de clase media alta, se advierte que en los ltimos 15

aos se hicieron propietarios del 28 al 35 % del ingreso nacional.. Ahora bien, dentro de

ese privilegiado 10 % ha habido, a su vez, una formidable concentracin dentro de la

concentracin: el uno por ciento de la llamada clase alta esto es, para decirlo sin

eufemismo, la gran burguesa captura hoy no menos del 20 % de la riqueza o el ingreso

nacional. El otro 15 % es apropiado por la clase media alta, que es el restante nueve por

ciento del sector de los ms ricos. Vale decir, sintticamente, ha habido una brutal

transferencia de ingresos hacia esos sectores [clase media alta y burguesa] y, dentro de

ellos, otro deslizamiento notable hacia la minoritaria punta de la pirmide.31

La generalizacin de la pobreza a crecientes sectores de la sociedad se advierte

tanto horizontal cuanto verticalmente, es decir, en extensin y en profundidad o intensidad.

No slo hay ms pobres que en el pasado inmediato, sino que quienes son pobres son

30 El ao 1974 es importante para la comparacin, pues se trata del ao previo al rodrigazo, que bien puede considerarse el final del modelo de industrializacin de sustitucin de importaciones y la poltica redistributiva favorable a los trabajadores y a la clase media que haba caracterizado la versin argentina del Estado de Compromiso Social. 31 Jorge Halpern, La decadencia de la clase media, en Clarn, Buenos Aires, 18 de agosto de 1996, Segunda seccin, pp. 25; las citas, en p. 4; el resaltado es del autor. Muy atinadamente, Halpern diferencia niveles de ingreso y pertenencia de clase.

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cada vez ms pobres. Al mismo tiempo, de modo muy significativo, la generalizacin de la

pobreza se produce en una dimensin socialmente heterognea, incluyendo en su universo

a los denominados nuevos pobres provenientes de la clase media.

En efecto, todos los indicadores dan cuenta de la notable cada de la clase media.

Es bien sabido que, en el imaginario social argentino, la nuestra ha sido una sociedad

tradicionalmente considerada de clase media, particularmente por el peso cuantitativo

creciente desde el Novecientos de profesionales liberales, empleados y trabajadores de

cuello duro y por las notables facilidades de movilidad social ascendente brindadas por un

amplio sistema de acceso a la educacin. Su representacin simblica, en el imaginario

social argentino, era la familia de Mafalda, la gran creacin de Joaqun Lavado (Quino):

familia tipo, con un proveedor masculino del nico ingreso familiar ocupado en el sector

servicios, madre ama de casa, vivienda en departamento y una carrera continua y exitosa

dirigida a la provisin del confort familiar [auto, vacaciones, libros, televisin], basada en el

endeudamiento a crdito previsible y afrontable.32 La considerable presencia cuantitativa

de la clase media aliment la imagen de una sociedad caracterizada, sin mengua de las

desigualdades econmicas, por su baja desigualdad social.

La visin estereotipada del imaginario social parece confirmada por algunos trabajos

cientfico sociales, como el clsico de Gino Germani o el ms reciente de Susana Torrado,

entre otros.33 No obstante su peso histrico, esa imagen ha sido fuertemente debilitada por

los cambios de los ltimos lustros. En un artculo periodstico, Torrado quien mejor ha

estudiado las transformaciones de la estructura social argentina en la segunda mitad del

siglo XX seala que entre 1980 y 1995, la clase media ha disminuido, porcentualmente,

seis puntos: en 1980, conforme los datos censales, la clase media representaba el

cuarenta y seis por ciento de la fuerza de trabajo, no padeca desocupacin significativa y

la composicin interna de los internos se distribua aproximadamente entre un cuarto de

autnomos y tres cuartos de asalariados. En 1995, en cambio, los datos disponibles

32 Mara del Carmen Feijo, Todava resiste, en el Debate Desaparece la clase media?, diario Clarn, Buenos Aires, 19 de agosto de 1996, p. 12. La segunda intervencin es de Susana Torrado, Ahora la amenaza la pobreza, en p. 13. 33 Gino Germani, Estructura social de la Argentina. Anlisis estadstico, 1 ed., Editorial Raigal, Buenos Aires, 1955; reedicin fascimilar, Ediciones Solar, Buenos Aires, 1987, y Susana Torrado, Estructura social de la Argentina 19451983, Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1992.

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indican un descenso al 40 %, con una desocupacin interior del 10 por ciento y una

variacin en la relacin entre autnomos y asalariados en detrimento de estos ltimos. En

el mismo perodo, la clase obrera cay del 39 al 34 por ciento y la marginalidad se

increment del 14 al 25 % de la poblacin del pas.

Empero, si el impacto experimentado por la clase media es negativo, l es an

mayor entre los de abajo. La distancia entre una y otros es todava abismal, dice Mara

del Carmen Feijo. Si las desgracias de la clase media son percibidas como

incomprensibles ataques del gobierno, argumenta Susana Torrado, es slo por perder de

vista que, aun con su deterioro, ella todava tiene algo que perder. A los de abajo [en

cambio] ya no puede sacrseles nada sin poner en peligro su reproduccin poblacional.

No se dispone an de estudios ms o menos amplios y profundos sobre este

proceso, que es una de las consecuencias del desmantelamiento del Estado de

Compromiso Social. Los disponibles, parciales y an insuficientes, no permiten

aprehenderlo en toda su magnitud y complejidad. Los cambios producidos en la

distribucin cuantitativa de las clases y en la propia composicin de cada una de ellas va

mucho ms all de los porcentajes recin sealados. Hay todo un universo por develar,

dentro del cual se incluyen las dimensiones materiales, culturales, simblicas, polticas.

Pero tambin los cambios operados en el propio Estado que es un cambio en su forma,

no en su matriz de clase y en las relaciones entre l y la sociedad. El nuevo Estado se

bate en retirada precisamente en aquella reas donde su precedente haba obtenido

algunos logros nada desdeables: en el de la integracin social de vastas masas excluidas

de la ciudadana.

Si las cadas cuantitativas de las clases media y obrera son notables, el brutal

incremento de lo que suele llamarse estrato marginal o, en trminos ms amplios,

simplemente marginales es impresionante. Esa considerable proporcin de hombres,

mujeres y nios marginales uno de cada cuatro argentinos constituye un drama humano

del que ninguna autoridad quiere hacerse, ni se siente, responsable. Es tambin dicho

brutalmente un problema terico para los cientficos sociales, a la hora de nominarlos. De

all la aparicin de expresiones tales como sector informal urbano (SIU), nuevos pobres

(nupos) u otras, que son, a lo sumo, categoras descriptivas, mas no analticas.

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A propsito de ello, la sociloga britnica Rosemary Crompton se inclina como

otros autores por el trmino muy problemtico de infraclase que, en trminos muy

generales, alude a los que se encuentran en una pobreza persistente y que, por cualquier

razn, no son capaces de [yo prefiero decir: no pueden] ganarse la vida dentro de los

procesos dominantes de produccin, distribucin e intercambio. Vale decir, la infraclase se

define por su falta de relacin estructural directa con estos procesos. Quizs por ello ha

habido una tendencia constante a conceptualizarla a partir de sus supuestas

caractersticas, antes que de su relacin con otras clases, y estas caractersticas han

solido ser negativas.34 Por cierto, la infraclase no es generada por los actuales cambios

dentro del capitalismo: ella ha existido y existir siempre en el capitalismo competitivo. Es

esa dimensin temporal la que ha servido al pensamiento de derecha para sostener hoy y

en el pasado que la responsabilidad de la pobreza es exclusiva de los propios pobres.

Novedoso es, en cambio, el crecimiento del nmero de hombres y mujeres de la

infraclase, el tamao de sta. Diferentes investigaciones sociolgicas en Europa occidental

y en Estados Unidos han permitido trazar los nuevos mapas de clases, en los cuales la

infraclase aparece identificada por una serie de factores relacionados entre s, que

Crompton resume en cuatro: 1) aumento de la desocupacin de larga duracin; 2)

incremento del nmero de hogares con familias monoparentales, en las cuales el

progenitor suele ser la madre; 4) la concentracin espacial de los miembros ms pobres

de la sociedad en reas urbanas degradadas y en viviendas miserables proporcionadas

por autoridades locales; 4) la dependencia econmica de estos grupos de la provisin

pblica del Estado de bienestar. El debilitamiento, cuando no la desaparicin de ste y de

las formas emparentadas como nuestro Estado de compromiso, agrava la condicin de

vida de los hombres, mujeres y nios de la infraclase. En el caso de Estados Unidos,

estos rasgos se asocian sistemticamente con la etnicidad, lo que tambin ocurre en

buena parte de Europa occidental y, en buena medida, en el caso argentino,

particularmente con los inmigrantes latinoamericanos mestizos, para los cuales el lenguaje

tiene expresiones inequvocamente despectivas (chilotes, paraguas, bolitas, perucas e

incluso macacos).

34 Rosemary Crompton, Clase y estratificacin. Una introduccin a los debates actuales, Tecnos, Madrid, 1994, pp. 197198.

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Ms all del mercado. La cuestin de la constitucin de una ciudadana democrtica en la agenda del 2000

El nuevo orden econmico, poltico y cultural argentino es, como todos los

inspirados en los principios neoconservadoresliberales (o en el Consenso de Washington,

si se prefiere decirlo de manera ms asptica), generador de nuevas y mayores

discriminaciones y desigualdades, las cuales son reforzadas por el cierre social, esto es, el

proceso mediante el cual determinados grupos sociales se apropian de y reservan para s

mismos o bien para otros, generalmente allegados a ellos ciertas posiciones sociales. El

cierre social se aprecia tanto en niveles microsociolgicos atribuir una posicin a una

persona dada, y no a otras, por razones de discriminacin, por ejemplo cuanto en el nivel

macrosociolgico, en el cual se produce una distribucin discriminatoria de ingresos,

autoridad, poder, propiedad, empleo y privilegio a categoras especficas de individuos con

exclusin de otras.35

En resumen, la aplicacin brutal de las polticas neoconservadorasliberales ha

producido en la sociedad argentina modificaciones estructurales traducidas en la

desarticulacin y disminucin de la clase obrera, empobrecimiento de vastos sectores de

clase media, notable incremento de la infraclase, redistribucin regresiva de los ingresos y

su secuela de fuerte acentuacin de la desigualdad social (ya no slo econmica). La

precarizacin del empleo, la prdida de derechos sociales y de la capacidad de respuesta

sindical, la femenizacin del mercado de trabajo, los elevados ndices de trabajo en

negro y del desempleo como tambin la generalizacin del temor a la prdida de trabajo

, la alteracin de la estructura y de la vida familiar (en particular en los casos de

desocupacin del marido/padre y de pasaje de la esposa/madre a la condicin de jefa de

familia y/o principal o nico sustento de sta), los aumentos de la discriminacin, los

prejuicios tnicos, el individualismo, el egosmo y la corrupcin, la prdida de proyecto de

vida por parte de crecientes sectores de la sociedad perceptible no slo en la clase

media urbana sino tambin entre obreros industriales y trabajadores varios, el brutal

incremento de la poblacin con necesidades bsicas insatisfechas (cuando no por debajo

de la lnea de pobreza), el deterioro del sistema educativo y de los espacios recreativos

pblicos, la prdida de la calidad de vida (incluyendo en ella el notable deterioro de la salud

35 Sigo, para la conceptualizacin de cierre social, a Salvador Giner, Clase, poder y privilegio, en Leviatn. Revista de hechos e ideas, II poca, n 51/52, Madrid, primavera/verano 1993, p. 144.

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mental) para sectores sociales mayoritarios..., he ah un listado incompleto de las fatdicas

polticas basadas en la primaca absoluta del mercado.36

La brecha entre ricos y pobres una combinacin de desigualdad econmica y

desigualdad social se hace cada vez ms profunda, tanto a escala planetaria (entre

pases o sociedades) como en el interior de cada una de las sociedades, probablemente a

un nivel sin parangn en la historia de la humanidad. La ampliacin de la distancia entre

unos y otros es, dice Lasch, moralmente indecente y polticamente explosiva. Sin embargo,

hay concepciones, prcticas y polticas que deliberadamente evitan cualesquier accin en

pro de la abolicin de la pobreza. Histricamente, para el pensamiento conservador (o de

derecha) la desigualdad y la pobreza son naturales, no histricas o sociales. La expresin

Entre ustedes, pobres habr siempre es paradigmtica de ese pensamiento. Que los

habr presupone que los hay y que los hubo. As, la pobreza se naturaliza y adquiere una

temporalidad eterna, en definitiva ahistrica. Simultneamente, esa naturalizacin tiende

a hacer de la pobreza algo aceptable y con la cual se convive. Pobres no hubo siempre:

ellos aparecieron en la historia de la humanidad con los albores del capitalismo. Karl

Polany lo seala explcitamente: Los pobres aparecieron por primera vez en Inglaterra

durante la primera mitad del siglo XVI; luego se volvieron conspicuos como individuos que

no estaban ligados al feudo, o a ningn superior feudal, y su transformacin gradual en

una clase de trabajadores libres fue el resultado combinado de la feroz persecucin de la

vagancia y la promocin de la industria nacional, poderosamente ayudada por una

expansin continua del comercio exterior. (...) Cuando se advirti la importancia de la

pobreza, el escenario estaba listo para el siglo XIX. La divisin ocurri alrededor de

1780".37 Pero si en los comienzos del capitalismo los pobres eran necesarios e

imprescindibles, en su apoteosis son innecesarios y prescindibles. Si en el pasado

formaban parte del ejrcito industrial de reserva, hoy constituyen la infraclase. Los pobres

36 Pese a su evidencia, no es abusivo recordar que, en Argentina, la aplicacin de tales polticas no es del todo consecuente con sus principios, tal como lo prueban los varios casos de pasaje de empresas y servicios monoplicos estatales (algunos de ellos esenciales, como los de telfono, gas, electricidad y agua corriente) a monopolios privados, de los cuales los usuarios somos ms cautivos y estamos ms indefensos que antes. El escandaloso affaire de las empresas telefnicas es, al respecto, paradigmtico. 37 Karl Polany, La gran transformacin, op. cit., pgs. 112 y 118. Polany seala, asimismo, que la clase trabajadora y la economa de mercado aparecieron juntas en la historia (p. 108).

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de ayer eran parte de la sociedad, estaban integrados a ella, en cierto sentido le eran

funcionales; eran marginales, s, pero su estar en los mrgenes de la sociedad era un estar

dentro de ella. Los pobres de hoy, en cambio, estn excluidos, fuera de la sociedad.38

Este es el punto al cual quera llegar: en l se sita la cuestin de la construccin de

una ciudadana democrtica. Mas antes de entrar en l, permtaseme aadir una

dimensin poltica.

Bonnie and Clayde He sostenido en diferentes ocasiones que el sistema poltico argentino, en tanto

canal de comunicacin o articulacin entre sociedad civil y sociedad poltica/Estado, se

expresa mediante unas dobles lgica y mediacin: la partidaria y la corporatista. Ambas

son formas de mediacin poltica, siendo la segunda ms fuerte y eficaz que la segunda.

La primaca de la mediacin a travs de las asociaciones de inters y de otras instituciones

representativas de intereses sectoriales se tradujo en un fortalecimiento corporatista de la

sociedad civil, con el consecuente resultado de debilitar el proceso constitutivo de una

democracia poltica slida, en tanto expresin de la dominacin poltica de clase.39

Apelando a una distincin convencional entre la Argentina moderna (18801930) y

la contempornea (de 1930 a hoy), puede decirse que la primera se caracteriz por la

existencia de un Estado y una sociedad civil fuertes, relacin que, empero, no concluy en

38 Esta es tambin la posicin del socilogo francs Robert Castel, un especialista en el anlisis de los procesos de precarizacin del empleo y de fragilizacin y exclusin sociales: Siempre hubo una pobreza integrada. Pero los pobres no estaban excluidos, formaban parte de la organizacin social. Y puede decirse que haba ricos y pobres como dos maneras de contribuir a un equilibrio social. Era incluso la visin religiosa de lo que es una sociedad. Creo que la oposicin integracinexclusin es ms grave en la medida en que niega una participacin real en la sociedad a una parte cada vez mayor de gente. Y esto es consecuencia directa de cierta modalidad de funcionamiento econmico. Robert Castel, El ocaso de la sociedad salarial, entrevista de Olga Viglieca, en Clarn, suplemento Cultura y Nacin, Buenos Aires, 30 de enero de 1997, p. 6. 39 Entro otros artculos: "La interferencia est en el canal. Mediaciones polticas (partidarias y corporativas) en la construccin de la democracia en Argentina", en Boletn Americanista, N 44, Universitat de Barcelona, 1994, pp. 724 (y, con el ttulo ligeramente modificado Mediaciones polticas y construccin de la democracia argentina , en Estudios, N 3, Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Crdoba, otoo 1994, pp. 115135); Un caso de nomenclaturas equivocadas? Los partidos polticos despus de la ley Senz Pea, en Waldo Ansaldi, Alfredo Pucciarelli y Jos C. Villarruel (editores), Argentina en la paz de dos guerras, 19141945, Editorial Biblos, Buenos Aires, 1993, pp. 1963; y Profetas de cambios terribles. Acerca de la debilidad de la democracia argentina, 19121945", en Waldo Ansaldi, Alfredo Pucciarelli y Jos C. Villarruel (editores), Representaciones inconclusas. Las clases, los actores y los discursos de la memoria, 19121946, Editorial Biblos, Buenos Aires, 1995, pp. 2369.

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su consolidacin en esos trminos: se produjo un progresivo fortalecimiento de la sociedad

civil, pero se trat de un fortalecimiento corporatista, y a partir de la dcada de 1910 ms

acentuadamente desde los aos treinta el Estado comenz a hacerse ms fuerte y la

sociedad civil ms feble. En ese contexto, el sistema poltico con sus dobles mediacin y

lgica acentu la debilidad de los partidos y la fortaleza de las asociaciones de inters,

dada que, a su vez, obr en el sentido de un creciente afianzamiento del poder y del papel

del Estado. La debilidad del sistema poltico, la fortaleza estatal y la primaca del principio

nacionalestatal sobre el nacionalpopular son parte del entramado que contribuye a

explicar cmo fueron constituyndose (desde la primera presidencia de Hiplito Yrigoyen)

las bases de un Estado crecientemente partcipe en la mediacin conflictiva entre las

diferentes clases y grupos sociales y, por tanto, dispuesto a atender satisfactoriamente las

demandas de otros que no fueran exclusivamente los dominantes, funcin redistributiva del

Estado que, como es bien sabido, alcanz su momento culminante bajo el peronismo

(19461955). Las modificaciones de la forma (por las leyes electorales de 1912 y de 1947,

de sufragio universal para hombres y mujeres mayores de 18 aos, respectivamente) y de

las funciones del Estado (cada vez ms redistributivas) clausuraron definitivamente el

Estado oligrquico y abrieron paso al de Compromiso Social. Empero, la extensin del

derecho de ciudadana poltica, la paulatina consecucin de la ciudadana social y la

regulacin estatal del conflicto social no alcanzaron a afirmar la existencia de una forma

democrtica de la dominacin de clase. As, desde 1930 hasta 1982, durante la Argentina

contempornea, la inestabilidad poltica ha sido la nota dominante de nuestra historia.

Parte importante de ella, segn es bien sabido, involucra la participacin inconstitucional de

las Fuerzas Armadas en el ejercicio del gobierno.

Mirada en la perspectiva de la larga duracin, la doble lgica del sistema poltico

argentino, tal como se ha desplegado histricamente, se ha revelado ineficaz para una

adecuada gobernabilidad democrtica. En cierto sentido, ella est hoy en discusin.

Precisamente, un dato ms que significativo de la actual coyuntura poltica es, aunque de

un modo muy desigual, el fuerte retroceso de las grandes asociaciones de inters (SRA,

UIA, sindicatos obreros), esto es, una cierta descorporatizacin de la sociedad civil y del

canal de mediacin entre sta y el Estado, la cual no se traduce necesariamente en un

fortalecimiento de la sociedad civil. No obstante, esa descorporatizacin institucional

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parece desplegarse pari passu una microcorporatizacin societal en un contexto de

fragmentacin y exclusin: as, por un lado se encuentran los grandes grupos econmicos

varios de ellos dominados por una respectiva familia, cuyo apellido nomina al grupo, con

un poder real superior al ms bien simblico de la o las asociaciones de inters de las

cuales son parte.40 Por otro lado, la prdida de peso corporativo experimentada por los

sindicatos, federaciones y centrales obreras tiende a la resolucin de los conflictos en el

nivel bsico (la fbrica, la empresa, etc.), en negociaciones directas entre patronal

(incluyendo el Estado) o sus representantes y trabajadores, esto es, sin la intervencin de

las asociaciones de inters, focalizando aquellos en dimensiones microsocietales. La

sucesin temporal, o incluso la sincrona, de conflictos de diferente ndole y en distintos

lugares geogrficos del pas que no logran traducirse en una accin colectiva y quedan

confinados a su temporoespacialidad una de las formas que adquiere la ruptura de los

lazos de solidaridad, es otra muestra de la microcorporatizacin societal. Obviamente,

sta reduce la capacidad de accin de los afectados y favorece a sus contrincantes, ms

poderosos.

Tambin esta conclusin nos lleva a la cuestin de la construccin de la ciudadana

democrtica. Abordmosla, entonces.

El ciudadano Desde mediados del siglo XX, cuando se hizo pblica la ahora clsica interpretacin

del socilogo ingls Thomas H. Marshall, se ha tornado comn la distincin de la

ciudadana en tres dimensiones: civil, poltica y social.41 Basndose en la experiencia

histrica britnica, Marshall construy una secuencia que segua ese orden y se

40 As, por ejemplo, grupos Bulgheroni, Macri, Prez Companc, Pescarmona, Roggio, Soldati, Wertheim... Como se sabe, estos grupos continan una tradicin histrica de la gran burguesa argentina, la de la amplia diversificacin de sus intereses econmicos. En trminos de capacidad de poder y de negociacin, cada uno de estos grupos la tiene en una magnitud tal que no necesita del peso de una (o ms) asociacin de inters (de all la descorporatizacin institucional). Por otro lado, cada uno de ellos, a su vez, es una verdadera corporacin (parte de la microcorporatizacin societal). 41 Marshall expuso su interpretacin inicialmente en Citizenship and Social Class and Other Essays, Cambridge University Press, Cambridge, 1950, reiterndola luego en Sociology at the Crossroad, Heinemann Educational Books, London, 1963, que en su posterior edicin norteamericana fue publicada con el ttulo Class, Citizenship, and Social Development, Doubleday & Company, 1964 (edicin de bolsillo), y Anchor Books, Doubleday & Company, Garden City, New York, 1965 (con una introduccin por Seymour Martin Lipset). Esta ltima edicin es la que he utilizado.

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desplegaba desde 1688 hasta el siglo XX. La ciudadana civil incluye los derechos

necesarios para la libertad individual: libertades de expresin, de pensamiento, de circular,

de asociacin, de peticionar... La Constitucin argentina los reconoce explcitamente en su

artculo 14: trabajar y ejercer toda industria lcita, navegar y comerciar, peticionar a las

autoridades, entrar, transitar y salir del territorio argentino, publicar sus ideas por la prensa

sin censura previa, usar y disponer de su propiedad, asociarse con fines tiles, profesar

libremente su culto, ensear y aprender. La ciudadana poltica, un logro del siglo XIX, se

refiere al derecho de elegir y ser elegido (derecho de sufragio y de participar en

parlamentos soberanos). La ciudadana social, finalmente, corresponde a la fase del

Welfare State y consiste en una serie de derechos tambin llamados sociales, en su

mayora concedidos a los trabajadores: a salud, educacin, recreacin, jubilacin,

estabilidad en el empleo, indemnizacin en casos de despido/o accidente, etc.. Un conjunto

de derechos, en suma, para permitir una porcin de bienestar econmico y seguridad para

(...) participar plenamente del patrimonio social y para vivir la vida de un ser civilizado,

conforme los estndares prevalentes en la sociedad, para decirlo con las palabras de

Thomas Marshall.

La proposicin de Marshall gener una tendencia a pensar los procesos histricos de

constitucin de la ciudadana en trminos evolutivos, siguiendo la secuencia tripartita civil

poltica social, y el orden pases desarrollados (ms rpidamente) pases perifricos

(ms lentamente), luego fuerte y eficazmente objetada por el britnico Michael Mann, para

quien los procesos de constitucin de la ciudadana deben estudiarse prestando atencin a

las diferentes estrategias seguidas por los actores sociales involucrados en los conflictos

en particular, el conflicto de clase, lo cual significa que tales procesos son distintos y

tienen cierta singularidad.42

En nuestro pas donde el proceso de construccin de la ciudadana ha sido objeto

de escassimas investigaciones, la ciudadana civil la libertad civil, segn gustaba decir

42 Michael Mann, Ruling Class Strategies and Citizenship, en Sociology, vol. 21, n 37, 1987, incluido tambin en Michael Mann, States, War and Capitalism, Blackwell, Oxford, 1988. Mann es un destacado socilogo histrico o socilogo historiador autor, entre otro libros, de una obra monumental: The Sources of Social Power, vol. I, A History of Power from the Beginning to A.D. 1760, vol. II, The Rise of Classes and NationStates, 17601914, Cambridge University Press, Cambridge, 1986 y 1993, respectivamente. Resta publicarse el tercer volumen. Del primero hay edicin en espaol: Las fuentes del poder social, I. Una historia del poder desde los comienzos hasta 1760 d.C., Alianza Editorial, Madrid, 1991.

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Juan Bautista Alberdi tuvo temprana aceptacin desde que los dirigentes revolucionarios

de 1810 la pusieron en la agenda de sus demandas, pero deba pasar ms de un siglo

para que ella, por ejemplo, fuese extendida a las mujeres (todava en la dcada de 1920

consideradas incapaces para realizar algunas de las libertades normadas por el cdigo

civil). A su vez, la ciudadana poltica tambin comenz a construirse con el propio proceso

revolucionario, por ms que la efectiva concrecin del derecho de sufragio debiera esperar

hasta 1912 en el caso de los varones y hasta 1947 para el de las mujeres (siempre y

cuando unos y otras fuesen argentinos mayores de 18 aos), tras un proceso

caracterizado, en sentido estricto, por una complejidad no exenta de tortuosidad.

Finalmente, la ciudadana social inici su forja, al menos en algunas de sus

manifestaciones, a comienzos del siglo XX, cuando an no estaban plenamente definidas

las otras dos, circunstancia que ha llevado a algunos autores a mi juicio errneamente a

postular la temprana existencia de un Estado de Bienestar en Argentina. El desidertum de

los derechos sociales fue la Constitucin nacional de 1949, cuya derogacin por un

gobierno de facto, en 1955, no pudo impedir su reconocimiento con igual rango en la

reforma de 1957 (artculo 14 bis), reiterado en 1994. Esta ciudadana social es la que ha

empezado a ser abolida en los ltimos aos, marcando un retroceso histrico y un hiato en

la historia de la sociedad argentina, cuestin a la que me referir poco ms adelante.

La ciudadana cuyo significado ha variado histricamente desde Aristteles hasta

nuestros das, tanto que a juicio de algn autor, Ricar Zapata Barrero, el problema debe

ser planteado en trminos no de un concepto sino de concepciones de la ciudadana

remite hoy, inter alia, a pertenencia e identidad nacional, participacin, comunidad... Se

refiere a derechos y est inextricablemente ligada a la cuestin de la igualdad. Dicho de

otro modo, la ciudadana no puede entenderse fuera de su articulacin con la inclusin y la

exclusin. En los mrgenes de este artculo, slo quiero hacer aqu algunas pocas

reflexiones sobre la relacin entre ciudadana, derechos y, especialmente, igualdad.

En el mundo moderno [escribe la sociloga espaola Soledad Garca] la ciudadana

constituye prcticas legales, econmicas, polticas y culturales que definen la participacin

social y que contrarrestan las desigualdades sociales. En este sentido, la prctica de la

ciudadana proporciona a las personas que difieren en edad, sexo, creencias o color de piel

los mismos derechos bsicos. Es este aspecto de la ciudadana el que ha contribuido a

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legitimar el Estado moderno. Ms all de las varias acepciones y de los distintos modos

de entender la ciudadana, es fundamental la distincin de los significados formal y

sustantivo: formalmente, la ciudadana alude a pertenencia a una determinada comunidad

poltica (un Estado), esto es, tener una determinada nacionalidad; sustantivamente,

significa posesin de derechos especficos y observancia de ciertas obligaciones dentro de

dicha comunidad o Estado. Las decisiones acerca de quin es ciudadano las toma el

Estado, pero la cualidad de la ciudadana, es decir, los derechos y obligaciones que sta

conlleva, son el resultado de conflictos y de negociaciones entre las fuerzas estructurales

polticas y sociales de un pas.43

La asociacin ciudadanaderechos se resume brillantemente en una concisa

proposicin: la ciudadana es el derecho a tener derechos.44 En ese sentido, todo recorte

de derechos es una mutilacin de la ciudadana. La cuestin es de suma importancia,

pues, en primer lugar, no es igual tener derecho a algo, que tener ese algo: por caso, tener

derecho a la vivienda o, como dice el artculo 14 bis de la Constitucin nacional, el acceso

a una vivienda digna, no es lo mismo que tener una casa, de igual modo que tener

derecho al trabajo no se traduce necesariamente en tener un empleo. En segundo lugar, a

todo derecho corresponde un deber: afirmar (...) que alguien tiene un derecho implica

afirmar que alguien distinto de l tiene un deber. Un deber de hacer o de no hacer, o de

respetar lo que haga quien tiene el derecho. La garanta jurdica del cumplimiento de ste

corresponde al Estado, encargado de ejercer la coercin sobre quien no cumple con el

deber correspondiente a ese derecho. As, todo ciudadano (particular) afectado en un

derecho por el incumplimiento del deber correspondiente de otro ciudadano (tambin

particular) debe ser atendido de manera tal que el primero sea resarcido y el segundo

reciba la sancin del caso. Mas para que el principio sea efectivo, es necesario que el

43 Soledad Garca, Ciudadana en Espaa, en Anna Alabart, Soledad Garca y Salvador Giner (comps.), Clase, poder y ciudadana, Siglo Veintiuno Editores, Madrid, 1994, p. 226. 44 Aunque la expresin suele encontrarse a menudo en trabajos de ciencias sociales sobre el tema, su cuo original es un fallo judicial en los Estados Unidos.

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Estado ejecute su decisin de aplicar la coercin sobre quien ha incumplido con su

deber.45

El problema se complica cuando inquirimos sobre quin tiene el deber

correspondiente a un derecho de libertad? A diferencia de otros derechos, los de

libertad son irrenunciables: un hombre o una mujer puede renunciar, por ejemplo, al

derecho de propiedad, mas no puede consentir convertirse en un esclavo. Es cierto que,

recuerda Capella, los derechos de libertad son generales y todos los ciudadanos tienen el

deber de respetarlos. Pero esa observancia es insuficiente. De all que se requiera algo

ms, de una diferencia. La diferencia consiste [segn argumenta el autor cataln] en que a

los derechos de libertad les corresponde, adems, un deber del Estado. Es sobre todo el

Estado quien tiene el deber de respetar tales derechos. (...) Los deberes del Estado que

garantizan los derechos de libertad (y los sociales, etc.) de los ciudadanos son... de

naturaleza poltica, lo cual significa que la existencia de derechos de libertad no est

jurdicamente garantizada porque la constitucin que los proclama no est jurdicamente

garantizada. Los famosos deberes del Estado estn impuestos, pura y simplemente, por

una correlacin de fuerzas de naturaleza poltica, esto es, por los diferentes poderes

reales con pretensiones polticas existentes tal como aparecen en la situacin actual de

la pugna entre ellos. (...) Los frgiles derechos de libertad de la poca moderna se

basan, pues, en la convencin de respetar los derechos de libertad. Dependen, pues, de

[a] quienes convienen.46

El asesinato del reportero grfico Jos Luis Cabezas una evidente violacin de un

derecho de libertad puso en un brutal primer plano la cuestin de los deberes del Estado,

que no pueden ser confundidos con, ni reducidos a, los deberes de los funcionarios del

45 Esta cuestin est muy bien planteada por el cataln Juan Ramn Capella en Los ciudadanos siervos, Editorial Trotta, Barcelona, 1993, a quien sigo aqu; la ltima cita, entrecomillada, en p. 140; las itlicas son del autor. Un caso interesante de analizar, en Argentina, es el de la aplicacin de la ley n 24.240, llamada de Defensa del consumidor, y de su decreto reglamentario (parcialmente) n 1798/94, de la cual no siempre resulta que el reclamo legtimo del particular damnificado en su derecho es satisfecho adecuadamente, aun cuando el otro particular (sea un individuo o una empresa o firma comercial) pueda llegar a ser sancionado. Esa situacin se aprecia muy bien cuando el Estado aplica una multa o impone otro tipo de castigo al infractor, pero el demandante no obtiene la satisfaccin de su reclamo (un pago abusivo, un trabajo mal realizado, un servicio de menor calidad del ofrecido y pactado, etc.). La sistemtica violacin de las leyes y disposiciones de trnsito en buena medida inobservadas por agentes del propio Estado ofrece otro formidable campo de anlisis sobre la cuestin aqu comentada. 46 Capella, Los ciudadanos siervos, op. cit., pp. 141143; las itlicas son del autor.

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Estado (distincin que tambin remarca Capella). La reaccin para muchos inesperada

de buena parte de la sociedad argentina en un corte vertical, su movilizacin y su

reclamo de esclarecimiento y justicia puso de manifiesto un cierto aprendizaje de la

trgica historia de los aos 1970, cuando el Estado no slo no garantizaba los derechos de

libertad sino que l mismo, particularmente durante los aos de la dictadura militar, los

conculcaba. No puede predecirse cun larga ser esta reaccin y hasta dnde alcanzar a

resolver la correlacin de fuerzas polticas, pero no debe desdearse su presencia.47

As, el crimen de Cabezas pone en un plano harto relevante la importancia de los

deberes del Estado y de los derechos de los ciudadanos y su carcter irremisiblemente

poltico. Por extensin, algunas de las hiptesis respecto de sus eventuales autores aluden

a la participacin de ex represores de los aos de la dictadura y/o ex policas de la Polica

de la Provincia de Buenos Aires separados de la fuerza por actos delictivos, esto es, a la

prdida de capacidad monoplica de la violencia legtima concedida al Estado. Va de suyo

que una y otra cuestin deber del Estado de asegurar las libertades polticas y

privatizacin de la violencia estn estrechamente entrelazadas.

Cuando los derechos de libertad se recortan tan gravemente, la ciudadana es

erosionada y el sentimiento de pertenencia a una comunidad, dentro de la cual se tienen

que observar ciertos derechos y deberes, se enerva, afectando la solidez del lazo o del

tejido social y abriendo paso a la anomia. Ello se aprecia ms dramticamente en los

casos que toman la forma periodstica de la crnica policial por ejemplo, los de justicia

propia, pero no son los nicos ni los ms graves.

En efecto, si la ciudadana es el derecho a tener derechos, la privacin de stos es,

simultneamente, la amputacin de la ciudadana y la negacin de los derechos humanos.

Norbert Lechner lo ha expuesto con su habitual lucidez: El hombre es privado de sus

derechos humanos cuando se le priva de su derecho a tener derechos [itlicas de

Lechner]; esto es, cuando se le priva de aquella relacin por la cual recin acceden a lo

pblico sus opiniones y adquieren eficiencia sus acciones (la pertenencia a un orden

47 Esa reaccin estuvo ausente cuando comenzaron los crmenes polticos en los aos setenta. Un importante indicador del grado de la reaccin actual pudo apreciarse, por ejemplo, en los estadios de ftbol durante, al menos, los encuentros disputados inmediatamente despus del crimen, como tambin en el caso de los turistas en las playas de Pinamar, el lugar del crimen. (Recurdese que este artculo fue concluido, en su versin actual, en la primera quincena de febrero de 1997).

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poltico). Ahora bien, este derecho a pertenecer a una comunidad poltica no est incluido

en el heterogneo listado de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos ni puede

ser concretizado a travs del conjunto de las normas positivas. El derecho de

ciudadana, sin el cual ninguno de los otros derechos sera realizable, trasciende los

derechos del ciudadano [itlicas mas, WA].48 En el lmite, la abolicin del derecho de

ciudadana implica la desaparicin de todos los derechos. Mas no es necesario llegar a tan

tremenda situacin: todo ataque a, toda limitacin de derechos de ciudadana en

cualesquiera de sus formas es un ataque a y una limitacin de los derechos de los

hombres y las mujeres, de los derechos humanos.

Un principio elemental de la ciudadana es el de la igualdad o, al menos, orientacin

en pro de la disminucin de las desigualdades. En efecto, la larga lucha por la construccin