ARTÍCULO POLÍTICA

Ciudadanía, cultura y sociedad en México

Diego Solís DelgadilloEl Colegio de San Luis, A. C.

El entusiasmo por la democracia en México se ha ido desvaneciendo durante los últimos

años como resultado de las enormes expectativas generadas por las transformaciones

institucionales, especialmente de tipo electoral, que llevaron al sistema político a un

régimen más competitivo. México pasó del dominio político ejercido por el partido

hegemónico a una pluralidad moderada que gira, principalmente, alrededor de tres fuerzas

políticas; sin embargo, los resultados de la democracia no han sido los esperados por la

ciudadanía y, por el contrario, las instituciones del Estado y la política enfrentan un gran

descrédito popular.

Las disfuncionalidades del régimen político mexicano pueden ser explicadas a

través de sus instituciones formales, muchas que aún conservan elementos claramente

autoritarios, esto de manera más marcada en el ámbito subnacional. Los actores que

participan en este régimen conservan las viejas prácticas del régimen priísta, como el

compadrazgo, el nepotismo, la corrupción rampante, el paternalismo o la impunidad. En

este sentido, la alternancia en el poder ha demostrado que las prácticas que se creían

exclusivas del Partido Revolucionario Institucional, están en realidad dispersas e

interiorizadas por el grueso de la clase política.

Si bien estas dos variables pueden explicar porque México no ha pasado de una

democracia procedimental o electoral hacía una democracia sustantiva, en donde el imperio

de la ley, la rendición de cuentas, el respeto irrestricto de las libertades civiles y políticas

así como la generación de oportunidades, se hagan cumplir; también, es necesario poner

atención a la fuente de estas criaturas, es decir a la sociedad y los valores que la permean.

Una sociedad que carece de una cultura cívica y donde los valores democráticos no son

asimilados enfrenta dificultades en el establecimiento y sobrevivencia de un régimen

democrático, en pocas palabras, no existe congruencia entre estructuras formales y valores

sociales.

Un país de súbditos

En 1963 Gabriel Almond y Sidney Verba analizaron a México dentro de su estudio The

civic culture: Political attitudes and democracy in five nations, al poco tiempo, esta

publicación se convirtió en un referente obligado de la Ciencia Política, y sus

clasificaciones las más difundidas al momento de evaluar las prácticas cívicas de un país.

El término cultura política, acuñado por los autores, se refiere al conjunto de valores,

creencias y actitudes que tienen la sociedad y los individuos en torno a la política. Ya sea

en la forma en que la clase política toma sus decisiones, normas y actitudes; así como las

normas, actitudes y la relación con el gobierno de los ciudadanos.1

En general se identifican tres tipos de cultura política: parroquial, de súbdito y

participativa. La primera se caracteriza por ser un tipo de cultura donde la población no

conoce los asuntos públicos y por lo tanto no tiene ningún interés en la política; la segunda

clasificación se refiere a sociedades donde existe cierto conocimiento de las instituciones

políticas, pero donde los individuos no se perciben a si mismos como agentes capaces de

influir en el Estado; finalmente, existe una cultura política participativa, donde los

1 Gabriel Almond y Sidney Verba, The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations, Princeton University Press, New Jersey, 1963.

ciudadanos conocen la política y se sienten capaces de influir en los asuntos públicos. Este

último tipo de cultura política se ha convertido en el ideal de un régimen democrático.

La cultura política es el resultado de un proceso de socialización que se transmite

principalmente a través del contacto con las estructuras primarias y secundarias del

individuo. Las primeras y más importantes son la familia, los amigos, las iglesias, las

experiencias laborales y los contactos sociales; las segundas se refieren a la relación con las

instituciones políticas, las ideas aprendidas sobre política, la exposición a procesos políticos

y los sentimientos y las percepciones de la sociedad, mismas que forman las actitudes de

los individuos para con la política.

El resultado de México dentro de las clasificaciones propuestas por dichos autores

fue la de un país de súbditos producto de la mezcla entre la cultura española, con valores

católicos, y una multitud de culturas indígenas, que produjeron un sentido aislacionista con

sentimientos de repudio al cambio. Los elementos del cristianismo se transformaron en un

sentido de misticismo y de una esperanza para que los problemas del mexicano pudieran ser

resueltos, no por el esfuerzo personal sino por intervención de algún agente externo.2

Ejemplo de ello fueron el patrón en los tiempos virreinales, el hacendado en el siglo XIX, el

presidente en el periodo postrevolucionario, los partidos o el gobierno en los tiempos

actuales; se puede ver una y otra vez el mexicano dependiendo de su “Ogro filantrópico”.

Es decir, el mexicano se ha caracterizado a través de los siglos por su pasividad,

aquella que describió Octavio Paz como “la otra cara de la religiosidad mexicana”. Esta

pasividad y aislacionismo, producto de inseguridades en sus capacidades, se refleja en la

ausencia de esfuerzos prolongados de involucramiento en la política. Esto ha llevado a los

2 Scott Mainwaring, Rethinking party Systems in the third wave of democratization: The case of Brazil, Stanford University Press, Stanford, 1999.

mexicanos a vivir los procesos políticos desde afuera y conlleva a la ausencia del elemento

ciudadano en la política, a un abandono perpetuo de los espacios públicos y a la

apropiación de estos por parte de la clase política. Así, el mexicano se caracteriza por su

sumisión ante la autoridad, pero una vez en el poder no duda en ejercerla de manera

vigorosa.

Medio siglo después de los estudios sobre cultura política y del Laberinto de la

Soledad las prácticas y actitudes hacia la política no han cambiado de manera sustancial,

como lo demuestra la presencia marginal de los ciudadanos en los asuntos cotidianos de la

vida política. A diferencia de lo planteado en estudios sobre cultura política en México,

como el realizado por Robert E. Scott,3 la modernización no trajo consigo la formación de

ciudadanos, por el contrario, las estructuras políticas democráticas, aunque insipientes, se

enfrentaron a una cultura política donde las elecciones se han convertido en el medio

aceptado para acceder al poder, pero donde el ciudadano sólo aparece cada tres o seis años

para depositar su voto. Se produjo lo que Guillermo O’Donnell califica como una

democracia delegativa, es decir, donde después de votar el elector vuelve a su papel pasivo

y las responsabilidades públicas son depositadas en una figura paternal de la que se espera

logre interpretar los intereses nacionales.

El acceso a la información era considerado en los estudios de cultura política como

un elemento central que a la larga llevaría a la transformación de súbditos a participantes.

No obstante, en el presente el mexicano cuenta con más información que nunca en su

historia pero su inacción no es muy distinta a la del pasado. Hoy se conoce más acerca de la

vida pública de los funcionarios (por ejemplo, los casos de corrupción se exponen en los

3 Richard E Scott, “The established revolution” en Lucian W. Pye y Sidney Verba. Political Culture and Political Development, Princeton University Press, New Jersey, 1965.

medios de comunicación) pero la respuesta ciudadana es poca, porque las viejas prácticas

políticas son vistas con naturalidad y no pasan de convertirse en chistes populares.

El escepticismo acerca de la capacidad de influir sobre los asuntos públicos se

mantiene constante en México, el férreo fatalismo acerca de que el país no puede cambiar,

el pensamiento de que “así son las cosas” no desaparece del imaginario colectivo. La

indiferencia y el cinismo apático demuestran una gran capacidad para transmitirse de

manera intergeneracional. Evidencia de ello es que 23 por ciento de la población afirma que

“da igual lo que hagan” las cosas no cambiarán (cabe mencionar que este indicador es el

segundo más alto de América Latina).4

Aunado a este sentimiento se suman la opinión de aquellos que creen que pueden

cambiarse las cosas, pero que nunca hacen nada para cambiarlas. Prueba de ello es que

solamente el 9 por ciento de la población se involucra en cuestiones públicas, aquello que

Almond y Verba calificaron como un pueblo con “aspiraciones” pero con bajo desempeño

participativo. Estos elementos culturales impiden la solución de problemas de acción

colectiva; inhiben esfuerzos conjuntos por generar soluciones compartidas, y generan un

status quo que incentiva la lógica del free rider, de jugadores parásitos, no cooperativos.

En México, la confianza en las relaciones más próximas y la desconfianza del resto

de la población sigue siendo la regla. El 84 por ciento de los mexicanos afirma que de no

cuidarse a sí mismo sus compatriotas se aprovecharán de él.5 Esto, en primer lugar, refuerza

la idea de que el aislacionismo personal se mantiene vigente, el mexicano es un ser cerrado

que, como señalaba Paz, podrá “doblegarse, humillarse, agacharse, pero nunca rajarse” es

4 Latinobarómetro (2007-2008) “Latinobarómetro: Opinión Pública Latinoamericana”, Santiago.5 SEGOB, “Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) 2008”, disponible en http://www.encup.gob.mx/encup/?page=cuarta-encup-informe

decir, abrirse, permitir que penetren en su intimidad.6 Por ello resulta difícil la cooperación,

entendida como la aceptación de relaciones tanto impersonales como institucionales, y la

creación de un sentido de responsabilidad común. Sin embargo, esta cultura, por el

contrario, da paso a prácticas como el compadrazgo, el nepotismo, la recomendación y el

personalismo.

Ciertamente, México no es el mismo que hace medio siglo, pero los elementos más

distintivos del aislacionismo y la pasividad del mexicano han logrado adaptarse a un

escenario de posmodernidad. Al igual que hace medio siglo, el mexicano sigue poniendo

atención y especial interés en los resultados gubernamentales pero poco participa en los

insumos de las políticas públicas; sigue siendo una nación que exige mucho y otorga poco;

una sociedad que espera el máximo de servicios gubernamentales con el mínimo pago de

impuestos; que espera absoluta seguridad sin pagar el precio de la participación política y el

cumplimiento de los deberes ciudadanos, tal como lo demuestra el que 85 por ciento de los

delitos en el país no sean denunciados.

El mexicano quiere todos los derechos sin ninguna responsabilidad y está dispuesto

a sacrificar a la democracia con tal de obtener beneficios económicos, tal como lo afirma el

61 por ciento de la población en el estudio más reciente de Latinobarómetro. Este dato deja

entrever, en primer lugar, los pocos beneficios económicos que ha traído la democracia a

México, pero de manera más importante revela que los valores democráticos no están

interiorizados en los mexicanos, lo cual, genera una democracia endeble y bajamente

institucionalizada.

Orientaciones antidemocráticas

6 Octavio Paz, El laberinto de la soledad, Ediciones Cátedra, Madrid, 1998.

Una democracia requiere de una cultura política participativa o cívica que reconozca las

bases fundamentales de la convivencia política y garantice el involucramiento de los

ciudadanos en la política, pero al mismo tiempo requiere de ciertas orientaciones mínimas

acerca de los valores democráticos. Resultaría paradójico ser participativamente

antidemocrático, por lo que la institucionalización de la democracia requiere de la

internalización de los derechos civiles y políticos y de las responsabilidades que estos

conllevan.

En el caso mexicano sólo el 37 por ciento de la población cree que la obediencia de

las leyes es un elemento central para ser considerados ciudadanos, y sólo el 43 por ciento

considera el pago de impuestos como una dimensión igualmente indispensable de la

ciudadanía.7 Lo primero puede ser entendido a partir de una historia donde la impunidad y

el incumplimiento de la ley son la costumbre: un país donde el 98 por ciento de los delitos

no son sancionados, lo cual incentiva a la desobediencia. Por su parte, la dimensión fiscal

de la ciudadanía también presenta un rezago importante: México presenta una de las

razones de impuestos del PIB más bajas de la OCDE, con tan sólo el 11 por ciento,

comparado con una media de 36 por ciento. Estos datos prueban la desconfianza en las

instituciones: por un lado en la aplicación de la ley y por el otro en el uso eficiente de los

recursos públicos.

Por ello, la población confía más en reglas no escritas pero altamente

institucionalizadas. En México, las instituciones informales son más fuertes que muchas de

las reglas formales. La corrupción no es exclusiva de la clase política sino que se extiende

por toda la sociedad, desde oficiales de tránsito, cuerpos burocráticos hasta jueces,

diputados, senadores, gobernadores. Prueba de ello es que el 55 por ciento de los

7 Latinobarometro, 2007.

mexicanos creen poder sobornar a un policía y 45 por ciento a un juez; la corrupción

demuestra una gran adaptabilidad en la vida política mexicana.

Del mismo modo, la discriminación y la intolerancia son bien vistas en amplios

sectores de la sociedad. El 34 por ciento de la población afirma que el sector más

discriminado son los pobres, otro 22 por ciento señala a los indígenas como los más

vulnerables.8 El 78 por ciento de la población no aceptaría vivir con un drogadicto, el 46

por ciento con un enfermo de SIDA, y el 40 por ciento no podría vivir bajo el mismo techo

que un homosexual. Estas prácticas y actitudes nos muestran una sociedad en donde no se

respetan las leyes ni los derechos de terceros.

La relación del mexicano con el poder resulta también peculiar y marcadamente

autoritaria. El poder es reverenciado, lo que dificulta la rendición de cuentas ya que el

ciudadano no se asume como un actor con autoridad en el régimen político. La política es

vista como un mecanismo de asenso social, por lo general de tipo darwinista donde el más

fuerte, frecuentemente el que conoce mejor las mañas del sistema político, es el que logra

llegar a la cima, en lugar de concebir a la política como una actividad de servicio público

que necesita de sus mejores elementos.

Si bien la parte más importante de la socialización, que produce los valores

ciudadanos, proviene de las estructuras primarias, al mismo tiempo la educación tiene una

función importante. En un país en el que el énfasis del civismo se pone en el nacionalismo

(basado en historias de victimización en las que los valores difundidos no son precisamente

cívicos/institucionales, sino de exaltación de caudillos, de la violencia como método

legítimo para solucionar las diferencias políticas, de xenofobia, y de la inmolación ante la

8 Latinobarómetro 2008.

adversidad), el sistema educativo que se fomenta coadyuva en la formación de súbditos en

lugar de motivar ciudadanos.

Un ser que se cierra y se preserva

La construcción de la ciudadanía en México presenta serios retrasos, en parte por la

ineficiencia y disfuncionalidad del Estado y de los pocos incentivos que ha generado para

solucionar dilemas de acción colectiva, aunado al bajo rendimiento económico, la mala

distribución de recursos y la ausencia del imperio de la ley. Pero al mismo tiempo no puede

desconocerse que los viejos valores sobre la política se siguen arrastrando; valores de

súbdito y en algunos casos parroquiales; el pesimismo sobre la política se traduce en

inacción. La ciudadanía enfrenta problemas con este concepto, porque implica tanto la

habilidad para gobernar como para obedecer, la capacidad de crear reglas y cumplirlas. En

un país donde la mayoría de las personas evitan su participación en la política y al mismo

tiempo incumplen la ley se demuestra el enorme déficit de ciudadanía.

Los pocos mexicanos participativos parecen ser excepcionales, en medio de un

panorama de resignación general ante las condiciones actuales, ante la creencia de que

México no puede avanzar, de que la clase política nunca cambiará, que las reglas son

inamovibles, y que los mexicanos nunca serán capaces de cooperar. Sin embargo, si la

democracia ha de avanzar y enraizarse en México, se requiere de la transformación de

súbditos a ciudadanos, es decir, de la interiorización de las reglas del juego democrático;

porque como señala Scott Mainwaring9 un régimen puede subsistir en el corto plazo a una

crisis de legitimidad pero es impensable que se mantenga así al largo plazo.

9 Mainwaring, op. cit.

El 77 por ciento de los mexicanos se sienten insatisfechos con la democracia pero

poco hacen para hacerla funcionar, un gobierno democrático sin supervisión ciudadana

tiene pocos incentivos para rendir cuentas. La transformación institucional que espera el

mexicano sólo puede llegar en la medida que este se abra a sus conciudadanos y realice

esfuerzos conjuntos por construir instituciones más eficientes, transparentes y

meritocráticas. Mientras se siga delegando el poder, difícilmente se obtendrán los

resultados deseados; mientras se sigan utilizando mecanismos informales para relacionarse

al poder, la realidad política se mantendrá estática; mientras no se denuncie en la sociedad

los males que se producen en la clase política, el mexicano seguirá reproduciendo

intergeneracionalmente estas prácticas y seguirá siendo, como Paz lo señalaba, un ser que

se cierra y se preserva.

Bibliografía

Almond, Gabriel y Verba, Sidney, The civic culture: Political attitudes and democracy in

five nations, Princeton University Press, New Jersey, 1963.

Latinobarómetro (2007-2008) “Latinobarómetro: Opinión Pública Latinoamericana”,

Santiago

Mainwaring, Scott, Rethinking party Systems in the third wave of democratization: The

case of Brazil, Stanford University Press, Stanford, 1999.

Paz, Octavio, El laberinto de la soledad, Ediciones Cátedra, Madrid, 1998.

Scott, Richard E., “The established revolution” en Pye, Lucian W y Verba, Sidney.

Political Culture and Political Development, Princeton University Press, New

Jersey, 1965.

SEGOB, “Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2008

(ENCUP)”, disponible en http://www.encup.gob.mx/encup/?page=cuarta-encup-

informe .

¿Son los ciudadanos activos un ingrediente indispensable para una administración pública eficiente?

Luis F. Fernández CIDE

Jaqueline Peschard, presidenta consejera del IFAI, afirma que es necesario que los

ciudadanos se involucren en los asuntos de interés común para dotar de legitimidad,

eficacia y eficiencia a la gestión gubernamental.10 En 1886 Woodrow Wilson escribía que

la administración pública es un terreno de negociación, es el gobierno en acción, es el

ejecutivo y el operativo de todas las decisiones y organizaciones del gobierno que busca

eficiencia en sus resultados;11 y Luther Gulick argumentaba en 1937 que la eficiencia es un

objetivo per se de la administración pública que se logra por medio de una división de

trabajo y de intereses que es inherente a la naturaleza humana, pues es natural que dos

personas tengan tanto habilidades como intereses distintos.12 Este último supuesto plantea

un escenario plural en el que la suma de intereses y la interacción entre seres humanos con

habilidades y capacidades distintas llevan a resultados más eficientes y eficaces en la

administración pública, y si a esto se compara con el supuesto de Peschard, entonces

tendremos que es necesario que los ciudadanos se involucren para lograr mejores

resultados.

10 Andrew D. Selee y Leticia Santín del Río (coords.), Democracia y ciudadanía. Participación ciudadana y deliberación pública en gobiernos locales mexicanos, Woodrow Wilson International Center for Scholars / Agora, Washington DC, 2006.. 11 Frederick C.Mosher, Basic Literature of American Public Administration 1787-1950, Holmes & Meier, Nueva York, 1981.12 Ídem.

Si se toman estas premisas como ciertas, entonces un ciudadano que se involucre en

los asuntos de interés común – ciudadano activo – buscaría influir en los procesos de

decisión de la administración pública con el fin de conseguir resultados eficaces de las

acciones y actividades del gobierno que afectan su entorno inmediato. Esto crearía un

círculo virtuoso, pues la administración pública buscaría ser eficiente y eficaz con el fin de

satisfacer las demandas de la ciudadanía y los ciudadanos guiarían y participarían en los

procesos de ejecución para lograr resultados eficaces. Enrique Cabrero lo calificaría como

cogestión gobierno-ciudadanía.13 Así pues, es válido preguntarse si los ciudadanos activos

son un ingrediente indispensable para una administración pública eficiente.

El primer paso es definir qué es un ciudadano activo y qué es una administración

pública eficiente para después desprender dos posibles respuestas a esta pregunta: 1) los

ciudadanos activos son sólo un ingrediente en la receta, pero no son indispensables para

asegurar una administración pública eficiente, y 2) los ciudadanos activos son

indispensables, ya que son quienes analizan, juzgan y evalúan los resultados del gobierno

que los afectan directamente. Sin esta retroalimentación, calificar a la administración

pública de eficiente o eficaz pierde todo su sentido si no involucra a los ciudadanos.

Finalmente, la conclusión se plantea en relación con el círculo virtuoso entre la

administración pública eficiente y eficaz y los ciudadanos activos.

Un ciudadano es un miembro de pleno derecho de una comunidad con derechos y

obligaciones. El ciudadano activo es aquel que ejerce tanto los derechos como obligaciones,

que participa y se involucra en su entorno social, en los procesos de decisión y en las

actividades afines y relacionadas con su comunidad y con las organizaciones

13 Alicia Ziccardi, (coord.), Participación ciudadana y políticas sociales del ámbito local, INDESOL / COMECSO, México, 2004.

gubernamentales.14 Según Dwight Waldo, la administración pública eficiente es aquella

separada de la política e institucionalizada, de forma que cuente con un cuerpo técnico

profesionalizado, especializado y jerarquizado. Asimismo, Waldo explica que la eficiencia

debe estar en todo y debe satisfacer todas las funciones y áreas del gobierno.15

Ahora bien, si se parte del supuesto de que los ciudadanos activos son sólo un

ingrediente de la receta, mas no indispensable, entonces esto significaría que los ciudadanos

no pueden influir para asegurar ni eficiencia ni eficacia. Si con una retroalimentación entre

ciudadanos activos y administración podría generarse un círculo virtuoso, este modelo

respondería a un círculo vicioso que actúa para satisfacer intereses o idearios que sólo

quienes dirigen la administración comparten. Gullick, Waldo e incluso Harold Lasswell, en

cierto sentido, podrían respaldar está aseveración, pues argumentarían que la

especialización es necesaria para asegurar eficiencia.16 Este carácter técnico de la

administración dejaría de lado a los ciudadanos activos que, a pesar de su participación, no

podrían satisfacer los requerimientos de especialización para responder a las necesidades

sociales. Su interacción se limitaría a transmitir eficazmente las demandas ciudadanas con

la esperanza de que el gobierno, con las herramientas disponibles, atienda los deseos

ciudadanos y logre resultados eficaces. En el mejor de los casos participarían en los

procesos de ejecución o en la recepción de servicios, pero los ciudadanos no serían

indispensables para asegurar una administración pública eficiente.

Con base en el supuesto de que los ciudadanos son los receptores de los bienes y

servicios que brinda el Estado, de las políticas públicas que genera la administración y,

14 Azis en Rolando Cordera, Patricia Ramírez Kuri y Alicia Ziccardi (coords.), Pobreza, desigualdad y exclusión social en la ciudad del siglo XXI, Siglo XXI / UNAM, México, 2008.15 Véase a Waldo en Mosher, op. cit.16 Véase a Gullick y Waldo en Mosher, op. cit. y Harold Lasswell, “La orientación hacia las políticas” en Aguilar V., Luis (ed.), El estudio de las políticas públicas, Vol.1, Miguel Ángel Porrúa, México, 1971.

sobre todo, de los resultados que generan las acciones de los funcionarios y representantes

públicos, ¿quién puede conocer y evaluar mejor lo que necesita que los mismos

ciudadanos? Peter Bardach, en su artículo Two Faces of Power, describe la creación de los

Comités de Acción Ciudadana (CAC) en una población de Estados Unidos. Los CAC

tenían como objetivo promover la participación ciudadana organizada por grupos de

interés. La intervención ciudadana asegura una comunicación más efectiva de las demandas

ciudadanas, de forma que pueden definirse distintos objetivos y contribuir con la

administración pública en el proceso de políticas públicas. Si los ciudadanos participan en

la definición de problemas puntuales, en el diseño de cómo atacarlo y en la

implementación, entonces la administración pública puede, en los procesos de planeación,

programación y presupuestación, asignar recursos eficientemente con miras a objetivos

claros y a lograr resultados eficaces. La ciudadanía activa se convierte en un instrumento

indispensable de comunicación que, a pesar de no tener las herramientas técnicas, genera

eficiencia en la administración pública. Por tanto, es posible afirmar que el ciudadano

activo se convierte en un ingrediente indispensable para una administración pública

eficiente y eficaz.

Si los ciudadanos no son activos y se limitan a transmitir las demandas ciudadanas y

la administración pública considera el criterio técnico como una herramienta imprescindible

para conseguir la eficiencia, entonces el ciudadano es visto más como un objeto y deja en

manos de la administración pública toda decisión que puede afectarle sin siquiera

inmutarse. Así, los ciudadanos no son indispensables para una administración eficiente. Sin

embargo, el círculo virtuoso presenta un escenario más alentador, pues sí los ciudadanos

intervienen para influir en los procesos de decisión, la administración pública buscará ser

eficiente y eficaz con el fin de satisfacer las demandas de la ciudadanía y los ciudadanos

participarán en los procesos de ejecución para lograr resultados eficaces. Por ende, el

ciudadano activo sería un ingrediente indispensable para una lograr una administración

pública eficiente.

Bibliografía

Cordera, Rolando, Patricia Ramírez Kuri y Alicia Ziccardi (coords.), 2008, Pobreza,

desigualdad y exclusión social en la ciudad del siglo XXI, México, Siglo XXI /

UNAM.

Mosher, Frederick C., 1981, Basic Literature of American Public Administration 1787-

1950, Nueva York, Holmes & Meier.

Lasswell, Harold, 1971, “La orientación hacia las políticas” en Aguilar V., Luis (ed.), El

estudio de las políticas públicas, Vol.1, México, Miguel Ángel Porrúa.

Selee, Andrew D., y Leticia Santín del Río (coords.), 2006, Democracia y ciudadanía.

Participación ciudadana y deliberación pública en gobiernos locales mexicanos,

Washington DC, Woodrow Wilson International Center for Scholars / Agora.

Ziccardi, Alicia (coord.), 2004, Participación ciudadana y políticas sociales del ámbito

local, México DF, INDESOL / COMECSO.

ARTÍCULO ECONOMÍA

El trabajo infantil limita el desarrollo de capital humano

Yadira Elizabeth Peralta Torres

CIDE

En términos económicos, se denomina capital a los recursos utilizados para producir bienes

y servicios. Generalmente, al escuchar hablar sobre capital, lo más común es que se

relacione con el capital físico que son los edificios, las máquinas, los equipos técnicos, las

existencias de productos y la materia prima utilizados para producir bienes y servicios; pero

además de la necesidad de utilizar maquinaria e infraestructura, para llevar a cabo un

proceso de producción, también se requiere de un factor que es más importante aún: la

experiencia y el conocimiento que posee un individuo para realizar el proceso productivo

de manera más eficiente.

Las aptitudes y conocimientos de los seres humanos deben ser resultado de una

educación sólida y de calidad, en este contexto surge la teoría del capital humano. Pero el

proceso de adquisición de la educación también puede verse afectado por algunos factores,

entre ellos destaca el trabajo infantil. Éste surge, por el lado de la oferta, cuando la unidad

familiar requiere tener mayores ingresos y, por el lado de la demanda, cuando existe la

necesidad de contratar mano de obra barata o no calificada.

El objetivo de este ensayo es demostrar que para poder tener un mayor cúmulo de

capital humano se debe erradicar el trabajo infantil. Para sustentar esto se presenta una

introducción a la teoría del capital humano, se expone la importancia de la educación y se

argumenta que el trabajo infantil es un fuerte distractor para la formación de capital

humano, con la ayuda de algunos artículos que han analizado este problema.

La teoría del capital humano fue desarrollada, entre otros, por el economista

estadounidense Gary Becker. En general, el capital humano puede ser definido como los

conocimientos, las aptitudes y la experiencia en las que intencionadamente los individuos

invierten recursos con objeto de disfrutar de un flujo de beneficios futuros, mismos que

pueden ser económicos o de otra índole. Las características que poseen los individuos que

invierten en la formación de su capital humano los hacen económicamente productivos y

les permite ser parte fundamental del crecimiento de la economía. El capital humano puede

incrementarse, principalmente, invirtiendo en educación, en atención a la salud y en

capacitación laboral.17

La teoría del capital humano deduce que es más conveniente que los individuos

dediquen parte de su tiempo a adquirir educación formal a edades tempranas, ya que en esa

etapa de la vida sus costos de oportunidad son muy bajos o nulos; por lo que los padres

tienen la posibilidad de maximizar la formación del capital humano de sus hijos al

educarlos desde pequeños. De esta forma, esta teoría concluye que un proceso eficiente

para maximizar el ingreso de los individuos consiste en la adquisición de educación formal

durante los periodos de niñez y adolescencia.18

El análisis del capital humano asume que la educación incrementa ganancias y

productividad; dando conocimiento, habilidades y una forma diferente de analizar y

resolver problemas. Probablemente, la mayor evidencia de esto es que las personas que

poseen un mayor nivel educativo cuentan con mayores ingresos que otras.19 Estudios

recientes revelan que cada año adicional de educación básica otorga un 4% extra de

ingresos, de enseñanza media un 10%, y cada año en la universidad un 20% adicional.

La riqueza, calidad y el ritmo de aumento del capital humano son cruciales para el

desarrollo de un país, principalmente, porque este es el factor más importante que

determina la capacidad de un país para producir y para implementar nuevas tecnologías.

Esto se refleja en los países que han tenido un crecimiento económico significativo gracias

a grandes inversiones en educación y capacitación de su fuerza laboral.20 Por esta razón, los

17 Gary Becker, Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, The University of Chicago Press, Chicago, 1993, p. 22.

18 Íbidem, p. 31.19 Ídem.20 Gary Becker, op. cit., p. 67.

gobiernos invierten en educación, ya que es el eje fundamental para alcanzar la realización

personal y de contribución a un mayor desarrollo del país.

Sin embargo, a pesar de las enormes ventajas que ofrece la educación, muchas

personas no pueden completar ni siquiera su educación básica, éste es un problema que se

presenta en muchos países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como es el caso de

México. Por ello, uno de los principales problemas a los que se enfrenta el área de la

“economía de la educación” es tratar de identificar los factores que más influyen en la

inasistencia escolar; uno de éstos, y de gran importancia, es el trabajo infantil.

En general, el trabajo infantil es perjudicial para el desarrollo integral de los niños, ya

que afecta no sólo su presente, sino también sus posibilidades de desarrollo pues limita sus

oportunidades en el futuro. En el largo plazo, conduce a estos individuos al retraso escolar

o al abandono del sistema educativo, a obtener menores ingresos en la vida adulta,

restringe su acceso sólo a trabajos poco calificados, y a la reproducción de condiciones de

pobreza. Por ello, esta pérdida de años de educación se traduce en una calidad inferior del

capital humano disponible en una sociedad. El trabajo infantil no es una vivencia que

contribuya al desarrollo personal de los niños, pues entra en conflicto con la educación y

sus logros en el aprendizaje; así como con el juego y el esparcimiento. Esto sucede porque

el tiempo que los niños utilizan para trabajar es tiempo robado a esas actividades educativas

y recreativas.

Durante las etapas iniciales del desarrollo o del proceso de industrialización, de países

ahora altamente industrializados, los niños fueron activos económicos de las familias;

desafortunadamente todavía lo son en países de ingresos bajos y medios, como es el caso de

México. Los niños pueden ser empleados por sus propias familias si el hogar funciona

como una unidad económica, o pueden compartir sus ingresos laborales con su núcleo

familiar, o bien, el trabajo infantil puede servir como amortiguador en las reducciones

repentinas del ingreso paterno.21 En la gran mayoría de los casos, el ingreso temprano en el

mercado laboral guarda estrecha relación con la problemática de pobreza y con las

estrategias de supervivencia a que deben recurrir algunos grupos familiares que no

disponen de los medios necesarios para asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas.

Se han realizado numerosos estudios sobre el trabajo infantil, pero sólo se

mencionarán algunos a manera de ejemplo. En 1979 dos economistas, Becker y Tomes,

propusieron el modelo de riqueza, cuyo resultado principal fue que un nivel eficiente de

educación puede no ser alcanzado debido a las restricciones monetarias que presenta el

hogar para financiar la educación del niño. En ese mismo año, Tienda realizó estudios con

niños peruanos de entre 8 y 18 años de edad. Entre sus resultados obtuvo que los niños

hombres tienen una mayor probabilidad de trabajar, especialmente en las últimas edades de

la infancia, y que el nivel educativo que tenga el padre de familia tiene un gran efecto sobre

el trabajo infantil.22

Rosenzweig y Evenson analizaron datos de distritos rurales de la India en 1960 y

concluyeron que los salarios de los niños y los jóvenes que trabajan influyen negativamente

en su asistencia escolar.23 Por otra parte, Bonnet (1993) determinó que la razón por la cual

los niños no asisten a la escuela es porque la familia no puede financiar la educación de sus

hijos, ya sea porque el costo de la educación es muy alto o porque los ingresos familiares

son muy bajos.24 Patrinos y Psacharopoulos analizaron datos de Perú y concluyeron que el

21 Hector Robles, El Trabajo Infantil en México 1984-2000, UNAM, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, México, 2004, p. 19.

22 Patrinos, Harry & George Psacharopoulos, “Family Size, Schooling and Child Labor in Peru -An Empirical Analysis”, Population Economics no. 10(1997), p. 389.

23 Rosenzweig, Mark & Robert Evenson, “Fertility, Schooling and the Economic Contribution of Children in Rural India: An Econometric Analysis”, Econometrica, vol. 45, no. 5 (1997), p. 1066.

24 Michel Bonnet, “Child Labour in Africa".International Labour Review vol. 132, no. 3 (1993), p. 382.

tamaño de la familia es importante ya que al tener un mayor número de hermanos menores

esto implica un menor grado de estudio y una mayor probabilidad de trabajar; además, se

confirman tentativamente la hipótesis de que los niños tienen que trabajar para cuidar a sus

hermanos menores (en apoyo a su familia).25

Los estudios mencionados refuerzan la idea de que el trabajo infantil está

estrechamente relacionado con la pobreza. Este problema parece ser un círculo vicioso,

pues se reducen las oportunidades de que el menor tenga una mejor calidad de vida al

reducirse su nivel de educación.

Es importante notar que a medida que la sociedad adquiere una mayor preocupación

por el bienestar de los niños y valora cada vez más la educación, los padres disminuyen el

tiempo que los niños dedican a auxiliar a su familia y aumentan los recursos y el tiempo

asignados al desarrollo de su capital humano. La teoría del capital humano señala un

mecanismo económico que refuerza este proceso. Cuando los padres obtienen mayores

ingresos, deciden tener menos hijos e incrementar la inversión en educación y salud de los

mismos; de esta manera el trabajo infantil tiende a disminuir.26

En conclusión, el trabajo infantil es un fuerte obstáculo para la formación de capital

humano del menor; así que si el niño lograra acumular conocimientos, éstos no serían

formados con la calidad deseada. Además, en presencia de trabajo infantil aumentan las

posibilidades de abandono escolar, lo que conlleva a una sociedad con un menor nivel de

educación, reduciendo sus posibilidades de desarrollo y crecimiento económico. Por ello

deberían existir políticas que en verdad hagan una fuerte penalización y reprueben

totalmente el trabajo infantil. Por último, en lugar de que la política económica se enfoque

25 Patrinos, Harry & George Psacharopoulos, op. cit., p. 403.26 Gary Becker, op. cit., 47.

más en la creación de nuevas y mejores tecnologías se debería apostar por una inversión en

la educación del país, y en el asegurar que ésta sea de calidad.

Bibliografía

Becker, Gary, Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special

Reference to Education, The University of Chicago Press, Chicago, 1993.

Bonnet, Michel, “Child Labour in Africa", International Labour Review vol. 132, no. 3

(1993). p. 382.

Ministerio de Educación de Chile, “Capital Humano Avanzado”.

http://www.mineduc.cl/capital_humano/ (Fecha de consulta: 10 de enero de 2007).

Patrinos, Harry & George Psacharopoulos. “Family Size, Schooling and Child Labor in

Peru -An Empirical Analysis”. Population Economics no. 10 (1997), pp. 387-405.

Robles, Hector, El Trabajo Infantil en México 1984-2000, UNAM, Centro Regional de

Investigaciones Multidisciplinarias, México, 2004.

Rosenzweig, Mark & Robert Evenson, “Fertility, Schooling and the Economic Contribution

of Children in Rural India: An Econometric Analysis”, Econometrica, vol. 45, no. 5

(1997), pp. 1065-79.

ARTÍCULO JURÍDICO

Restricciones a las libertades de Expresión y de Información

Felipe García Cuevas

CIDE

A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Revolución Francesa,

el mundo ha visto a la libertad como un derecho inherente al ser humano, como un derecho

fundamental que, junto al derecho a la vida, a la igualdad y a otros que también se

consideran fundamentales, el Estado siempre debe de garantizar.

La libertad en México, en teoría, inició su consagración a partir de 1810. A partir de

este momento, la sociedad ha conquistado nuevas modalidades de la libertad, pero también

ha tenido tropiezos con gobiernos que han dificultado no sólo el progreso de este derecho,

sino lo han retrasado, ejemplo de ello fue el gobierno de Porfirio Díaz.

En la actualidad, México vive en un contexto de globalización, donde las barreras

culturales, lingüisticas, políticas y por su puesto económicas se están desvaneciendo. Lo

que pasa en un lugar muy lejano puede afectar a México. Por lo tanto, resulta relevante

preguntarse: ¿cómo se desenvuelve la libertad en este contexto? La globalización nos

podría hacer pensar que las restricciones para conseguir una completa libertad en todos los

aspectos desaparecieron, sin embargo, ¿cuál es la realidad? ¿subsisten o no? y si subsisten

¿cuáles deben ser esas restricciones? ¿bajo que argumentos tendrían que justificarse?

Empero, debido a la amplitud de este tema, es necesario centrarse en un área que por lo

menos logre reflejar una parte del todo en cuanto a las restricciones a libertades

constitucionales, en este caso las que ocupan la libertad de expresión y de información.

Recientemente, se discutió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación las acciones

de Inconstitucionalidad 45/2006 y 46/2006 que versaron acerca de la inconstitucionalidad

del artículo 55 de la Ley Electoral de Zacatecas: “el Consejo General supervisará que el

contenido de los mensajes reúnan los requisitos que señale la presente Ley y el propio

Consejo; de existir contravención a las disposiciones de este ordenamiento en su difusión,

el consejo ordenará la suspensión en su difusión”.

De esta discusión se derivan muchos temas relevantes, uno de ellos es: cuál debe ser

la restricción de la libertad de expresión, o, en su caso, de la libertad de información. Al

debatir este asunto, los ministros centraron su atención en resolver si el caso actualizaba la

censura previa o si la sanción era posterior a la difusión (si había censura previa o no),

aunado a que se cuestionaban si los partidos políticos debían gozar de las garantías

fundamentales consagradas para los seres humanos.

De lo expuesto anteriormente resulta relevante analizar cuáles son y deben ser las

restricciones a la libertad de expresión y en su caso, a la libertad de información. Aunque

este tema no resulta toral para resolver la acción de inconstitucionalidad mencionada, si

resulta de importante trascendencia en el Constitucionalismo mexicano. Analizaré, junto

con la libertad de expresión, la libertad de información debido a que de un análisis

sistemático se desprende que estos derechos se complementan y que hasta cierto punto se

hacen posibles el uno al otro pues de la información a la que se tiene acceso se derivan las

ideas que son reflejadas en la libertad de expresión.

Es necesario comenzar con lo consagrado en al artículo 6º constitucional:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado.27

Lo que el anterior numeral esta consagrando es la manifestación de ideas sin que esta sea

coartada por alguna autoridad judicial o administrativa (nótese que no se refiere a la

autoridad legislativa), aunque como dice Miguel Carbonell esta norma se extiende a la

autoridad legislativa debido a que México ha suscrito tratados internacionales en donde se

27 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

establece esto.28 Asimismo, en este artículo se establece que el Estado garantizará el

derecho a la información, pero lo interesante es que a mitad del párrafo señala los casos en

los que se restringirá la manifestación de ideas. Estos son: ataque a la moral, derechos de

terceros, que se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Respecto a la moral y el derecho, los análisis más interesantes han sido elaborados por

la filosofía del derecho. Neil Mac Cormick elaboró un escrito titulado Sobre las relaciones

necesarias entre derecho y moral, en este expone un debate sobre si el Estado debe

imponer una moral a la sociedad vía el derecho, resulta necesario hacer referencia a este

texto debido a que un enunciado normativo como: “la manifestación de las ideas no será

objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la

moral” necesariamente impone una moral a la sociedad vía el derecho, de hecho la

jurisprudencia mexicana sostiene que el juez deberá valorar la moral vigente en la sociedad,

así resulta que se deja a discrecionalidad de una autoridad del Estado la elaboración de una

norma que impone moral, pues según la doctora Carla Huerta el proceso de subsunción, que

es el proceso en el que una norma de derecho se aplica a un caso concreto, crea una nueva

norma, es decir, una sentencia constituye una norma que forma parte del derecho mexicano.

Así MacCormick, sostiene que el Estado debe de imponer restricciones sólo en el

caso de que se afecten derechos de terceros, el Estado no puede imponer una moral a la

sociedad porque esta es tan importante para el ser humano, que debe regirse por el mismo

individuo, la esfera de lo bueno o malo lo debe ejercer el individuo mismo; de ahí su

importancia, la verdadera moral es la que el mismo humano se impone sin la intervención

de actos coactivos o de normas que regulen este ámbito. Asimismo, el que el Estado

imponga valores a la sociedad impide que el ser humano pueda conocer, según John Stuart

28 Carbonell, Miguell, Los derechos fundamentales en México, UNAM, México, 2005, p. 563.

Mill, la verdad, debido a que no puede experimentar ni discutir sobre los valores que deben

existir.29

Por lo tanto, este autor, tomando en consideración ideas de Hart, señala que el estado

debe imponer restricciones en los actos de las personas solamente cuando se ajustan al

concepto del principio del daño, este concepto precisa que: el Estado debe de evitar que una

persona dañe a otra intencionalmente mediante embargo de propiedad privación de la

libertad o muerte.30

De esta manera, si existe algún valor fundamental inviolable para el ser humano, el

mejor candidato es el respeto a las personas en tanto seres autónomos, pero aunado a ello es

de primordial importancia que el Estado proporcione bienestar general, educación e

intervención para prevenir daños privados (tomando en consideración el principio del

daño).31

Siguiendo las premisas de lo expuesto suena coherente sostener que el Estado no

puede imponer una moral a las personas, si no se daña a terceros, no obstante de que

muchas de las restricciones constitucionales se quieran justificar con el interés público.

Pues definir el concepto del interés público incluyendo valores morales sería acoplarse a

lo que MacCormick considera que el Estado no debe hacer, imponer valores a la sociedad,

ya que estos deben ser descubiertos y respetados por los mismos individuos.

Por lo tanto, es justificado que en el caso de causar un daño a terceros o cometer un

delito el Estado imponga restricciones a la libertad, pues, aunado a la teoría de

MacCormick, bajo la teoría del Contrato social los individuos han dado parte de sus

derechos a un ente, el Estado, para que este los proteja; y una de estas protecciones es el

29 Neil MacCormick, Es posible fundamentar una moral limitada, p. 35, véase en Rodolfo Vázquez, Derecho y Moral, Editorial Gedisa, Barcelona, 2008. 30 Ibídem, p. 3831 Idem.

abuso de una persona hacia otra en cualquier aspecto. Pero no encuentro la justificación de

imponer una moral a la sociedad restringiendo la libertad de expresión.

Siguiendo con el análisis del 6º numeral constitucional, en cuanto imponer una

restricción en el caso de perturbar el orden público, resulta que el enunciado es un tanto

ambiguo. Por un lado, se podría pensar que la interpretación de esto es que se debe evitar

la violación a la paz y armonía de las personas; por el otro, la interpretación sería que se

debe evitar transgredir lo que dicte el interés público. En el caso de que se considere la

primer interpretación como la más acorde, entonces podría tomar sentido esta restricción,

pues en realidad una de las atribuciones que tiene el Estado es la de garantizar una vida en

paz y armonía en la medida de lo posible. Sin embrago, en el caso de la segunda

interpretación es relevante analizar que se busca el interés público.

En realidad la Constitución Mexicana nunca aclara que es el interés público, sin

embargo, de menciones a través del texto constitucional se puede deducir el sentido que se

le debe dar a este concepto:

Artículo 25. […] Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente […].

Artículo 27.[…] La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.

Artículo 28. […]El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público

Artículo 36. […]La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley, […]

De los anteriores artículos se puede identificar como factor común que el interés

público busca beneficiar a la sociedad, es decir dotarla de las posibilidades que mejoren en

cualquier aspecto su bienestar. Por lo tanto, podríamos estudiar al interés público como la

búsqueda del mayor beneficio social, para lo cual resulta de gran ayuda acudir a las

herramientas objetivas que brinda el Análisis económico del derecho. Robert Cooter en su

libro The strategic constitution considera, retomando ideas de John Rawls, que la primera

meta del Estado es el máximo equilibrio de la Libertad, aunado a que las desigualdades sólo

se justifican en la medida en que mejoran el bienestar de la peor clase.32 Así muestra el

siguiente modelo bajo el que los sociólogos analizan la libertad:

En la parte vertical de la gráfica se muestra el nivel de riqueza de las personas

(dividida en tres áreas: pobreza, moderada y afluencia), en la parte horizontal se muestra el

grado de libertad de libertad (dividida en dos áreas: libertad básica y libertad marginal). Las

32 Robert Cooter, The strategic of constitution, Princeton University Press, Princeton, 1999, p. 234.

II III

I IV

básica marginalLibertad

afluenciarique za moderado

pobreza

curvas delineadas dentro de la gráfica muestran el beneficio que las personas tendrán

dependiendo de la zona en la que se encuentren.

En el caso de la zona I y IV, en la medida que estás personas estén dentro del área

considerada como pobreza su bienestar solo cambiará cuando su riqueza aumente sin

importar que se goce de libertades básicas o no. En el caso de la zona II, en la que las

personas ya pasaron la zona de pobreza su bienestar mejorara en la medida que se les

otorguen libertades. En la zona III el bienestar dependerá del aumento o disminución que se

haga de riqueza y de libertad, según el autor, es en esta zona donde la libertad es

negociable.

En el caso de México, según estadísticas del Fondo Monetario Internacional, el PIB

per cápita de México en 2008 fue de 13532.114 dólares. Por lo tanto, podríamos colocar al

mexicano promedio en la zona de riqueza moderada, lo que nos llevaría a reflexionar que el

tipo de libertades que gozan los mexicanos son básicas o marginarles. Bajo el supuesto de

que las libertades básicas son el no ser esclavo, ni privado de la libertad arbitrariamente,

tener libertad de conciencia, de religión y expresión, nos encontraríamos que el mexicano si

goza de todas las libertades básicas y está en el área III con libertades marginales. Con

tener el derecho a la libre expresión o información se satisfacería tener esa libertad básica

pero el alcance que ésta podría alcanzar se tendría que analizar como libertad básica, es

decir, las restricciones tendrían que ser resultado de qué tanto este dispuesto a dar el

individuo a cambio de menor restricción. Así, el mexicano querría menor restricciones

cuando después de hacer un análisis costo beneficio lo que tendría que dar o dejar de recibir

le diera menor beneficio que lo que le daría eliminar determinada restricción

En cuanto a la restricción referente a la información cabe analizarla también desde un

aspecto económico. Según Robert Cooter en Law and Economics la información imperfecta

genera un problema en la eficiencia del mercado; esto sucede regularmente en la

información privada. Cabe destacar que existen dos tipos de información privada la

productiva y la redistributiva, la primera hace que el bienestar para la sociedad aumente y la

segunda sólo hace que la distribución del bienestar se traslade de un individuo a otro, pero

sin aumentar el bienestar social. Lo relevante de esto resulta que el Estado debe de ocuparse

de este tipo de información y promover que los individuos expongan información que

resulta productiva para lo sociedad para evitar costos de búsqueda y brindarle a la sociedad

el mayor bienestar posible pues así sería ineficiente que las personas invirtieran en

búsqueda de información cuando la realidad con la que se podrían encontrar seria una

información meramente distributiva.

Bajo lo expuesto es preciso aseverar que nuestro supremo tribunal constitucional

debe encargarse de garantizar que las personas revelen información distributiva, pues eso

lleva al mercado a generar contratos de eficiencia, ya que esta asimetría en la información

es una de las causas de ineficiencia en contratos privados que forman parte del mercado.

En conclusión, el Estado mexicano, vía sus diferentes órganos, en este caso la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe de garantizar las libertades que logren

satisfacer las necesidades de los individuos mexicanos dejando a un lado las concepciones

ideales de lo que debe ser el derecho a la libertad de expresión y al derecho a la

información. El análisis económico podría acercar a nuestro Supremo Tribunal

Constitucional a una situación de eficiencia para la sociedad mexicana y las concepciones

filosóficas pueden ser otra arma que le puede dar al análisis económico límites o

consideraciones que debe tomar en cuenta cuando se está tratando sobre derechos

fundamentales en los que, a pesar de hablar de criterios de eficiencia y bienestar, no se debe

perder de vista que no se puede violar otro derecho fundamental por otorgar mayor

beneficio a la sociedad.

Así, se concluye que lo establecido en el artículo 6º constitucional erróneamente trata

de imponer una moral a la sociedad violando así otro derecho fundamental que contendría a

la moral de las personas: libertad de conciencia. Aunado a eso se debe reinterpretar la

teleología que se le ha dado a este artículo y estructurar, como anteriormente se describió,

lo que buscaría el interés público y las restricciones que de éste se derivarían, tomando en

cuenta el bienestar que le da a las personas y el que se le daría a la sociedad, considerando

todo esto también para el derecho a la información, pues establecer limites bajo un criterio

de clasificación de la información distributiva y meramente redistributiva sin dudad traería

como consecuencia una mayor probabilidad de tener una eficiencia en el mercado.

Es cierto que la Suprema Corte no suple el papel que desempeña el legislador ,sin

embargo, es evidente que debido a los cambios que la sociedad ha vivido y a el rol que

poco a poco se le ha dado a este órgano hoy en día es una institución con una participación

muy activa, de la cual derivan decisiones que cambian de un momento a otro el ritmo del

país; este es el momento, en el que las decisiones no se deben tomar sólo bajo criterios de

derecho, sino bajo una visión de política pública que implica la responsabilidad de las

consecuencias que una buena o mala decisión desencadenará en el desarrollo del país.