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Dirección General de Cultura

Comisión de Educación y Cultura

Comisión Bicameral de Conmemoración de los Bicentenarios

“Concurso Anual del Honorable Senado de la Nación - Legislador José Hernández – Año 2008”

Tema: Identidad Nacional: hacia “la Argentina del Bicentenario”. Reflexiones sobre el concepto de

ciudadanía.

“Ciudadanos armados” y fuerzas militares en la construcción republicana

decimonónica1

Flavia Macías2

La concepción del ciudadano como “sujeto de derecho” o como “status” jurídico articuló por

décadas los estudios historiográficos y políticos interesados en abordar los procesos de construcción

de la ciudadanía y de las democracias occidentales. Según la investigadora española Marisa

González de Oleaga, las transiciones políticas en Iberoamérica y en los países del este; los

movimientos migratorios en el sentido sur-norte; la formación de lazos cooperativos

supranacionales; las constantes acusaciones de corrupción de la clase política y la aparición de

nuevos sujetos sociales con nuevas e inesperadas demandas (mujeres, indígenas, homosexuales)

plantean en la actualidad la necesidad de revisar los conceptos de representatividad y de legitimidad

democráticas. Ineludiblemente, esto demanda formular un concepto de ciudadanía que, tanto en los

marcos referenciales nacionales como en comunidades políticas más amplias, atienda a la diversidad

cultural y a la multiplicidad de actores, cuyas necesidades y demandas modifican cotidianamente el

desarrollo de nuestra vida democrática.

La pregunta por la ciudadanía en el marco de una sociedad cambiante, donde el vínculo entre

“pueblo” y política se reformula permanentemente y donde la república representativa requiere de

constantes reajustes, no es nueva. El proceso revolucionario de la década de 1810 implicó la

adopción de la república y con ello la incorporación de los principios de “soberanía del pueblo” y de

“gobierno representativo”, que tiraron por tierra los fundamentos del vínculo colonial. Esto implicó

que sus protagonistas se preguntaran por un actor esencial, el ciudadano, cuya configuración se

erigió en tarea fundamental en tanto era el nuevo y legítimo depositario de la soberanía. Este ensayo

propone explorar la ciudadanía en su siglo de “invención”, tratando de detectar las dimensiones de

1 Tercer Premio “Concurso Anual del Honorable Senado de la Nación - Legislador José Hernández – Año 2008”. Trabajo en prensa (Ediciones del Honorable Senado de la Nación – Argentina – Año 2010) 2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Argentina

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este concepto que, como hoy, respondieron a una coyuntura política de profundo cambio y de

múltiples demandas. El voto y la opinión pública emergieron como espacios formales de conexión e

interacción entre el “pueblo soberano” y el gobierno, constituyéndose de esta manera la dimensión

política de la ciudadanía decimonónica. Sin embargo, la militarización derivada de la revolución y

de la guerra modificó tanto el nuevo escenario político como el propio concepto de ciudadanía en

construcción. Esto, combinado con el paradigma republicano y su fórmula de la “ciudadanía en

armas”, promovió la configuración de una dimensión militar que se incorporó tanto a la vida política

como al concepto de ciudadanía, proyectándose este componente por todo el siglo XIX.

Tal como lo plantea Hilda Sábato, a diferencia de las elecciones y de la opinión pública, la

dimensión militar nos resulta un referente alejado de la ciudadanía en la actualidad. Sin embargo se

constituyó en un componente central en el siglo XIX. Se propone aquí reflexionar en torno al

aspecto militar de la ciudadanía y a las funciones asumidas por el “ciudadanos en armas” en la

construcción republicana y en la posterior configuración de la nación a través de sus ámbitos

esenciales de acción: la milicia cívica y luego la Guardia Nacional. Para esto, nos referiremos

también a la organización de esas fuerzas militares poniendo especial atención en sus ámbitos de

acción: la guerra, las revoluciones, los pronunciamientos militares y las elecciones.

Todo esto requiere analizar la formulación institucional y la puesta en práctica de aquellos

“deberes” y “derechos” atribuidos al “ciudadano en armas” por la constitución de 1853 y

reglamentos de la Guardia Nacional, que caracterizaron el desarrollo de la civilidad en términos

militares en la segunda mitad del siglo XIX. La defensa de la república y sus leyes actuaron como

fundamento del servicio de armas ciudadano, en un contexto en el que la idea de nación se

encontraba asimilada a la de la república fundada en la constitución de 1853. En el marco de un

territorio aún fragmentado en unidades políticas que todavía reivindicaban prerrogativas particulares

la firma de la constitución de 1853 emergió como un primer acuerdo que se erigió en referente

político común de todos los “estados provinciales” y de todos los “ciudadanos de la república”. “La

defensa de las instituciones y de las leyes” también justificaron las acciones militares grupales y

autónomas de los “ciudadanos en armas” que se desarrollaron en el marco de la política

decimonónica. A su vez, la íntima relación entre “ciudadanía en armas” y “ciudadanía política” que

se desarrolló a través de los reglamentos electorales y militares del siglo XIX, estrechó los vínculos

entre las instituciones militares y la vida pública. Haremos especial referencia a estas cuestiones ya

que el ámbito militar se erigió en espacio de construcción y ejercicio ciudadano, así como de

configuración de sistemas identitarios tanto personales como locales y “nacionales” en clave

republicana y constitucional, que funcionaron como paradigmas referenciales en la cosntrucción

ciudadana.

3

Un aspecto central que tendremos en cuenta aquí es que las instituciones militares que incluían

a los ciudadanos (las milicias y la Guardia Nacional) respondieron a un modelo de organización

militar descentralizado que en la Argentina decimonónica fortaleció a los gobiernos provinciales.

Éstos controlaron las mencionadas fuerzas en las décadas previas a Caseros así como en tiempos de

la organización nacional, como consecuencia del fuerte afianzamiento de la provincia como unidad

política referencial en los años de la confederación rosista (1832-1852). Como veremos, la impronta

cívica del servicio de armas se articuló con otra de tipo local y provincial y esto influyó de forma

directa en la posterior organización de una fuerza pública de carácter “nacional”.

Para comprender este intricado escenario, nos apartamos aquí del mirador que

tradicionalmente utilizó la historiografía para analizar estas cuestiones, el poder central, y

proponemos ensayar reflexiones sobre los problemas señalados desde una óptica provincial-regional,

privilegiando el norte argentino con especial referencia a Tucumán. Escenario de la guerra de

independencia, de las guerras civiles y de los problemas derivados de la organización republicana y

luego nacional, el norte argentino se erige en espacio que aquí se privilegia para comprender los

profundos conflictos políticos con repercusión cívica y militar inherentes a provincias que adhirieron

al proceso revolucionario y más tarde a la organización nacional, pero que asimismo reivindicaban

sus atribuciones y lógicas particulares de funcionamiento político.

Nuestro relato se inicia en la etapa de la revolución y de la independencia, momento de

emergencia del vínculo entre servicio de armas, ciudadanía y política. Luego, nos concentramos en

las connotaciones que fue adquiriendo esta relación, poniendo especial atención en el

funcionamiento de las fuerzas militares durante dos etapas que revisten un particular interés tanto en

términos políticos como en términos militares: los años de la confederación rosista (1831-1852) y las

décadas de la llamada “organización nacional” (1853-1880).

Las milicias y el servicio de armas ciudadano durante la década revolucionaria

“Las milicias eran fuerzas formadas por los ciudadanos de una nación que no tenían una

actividad permanente en el ámbito militar pero podían ser convocados en cualquier momento en

defensa de la patria. El sistema incluía entrenamiento esporádico de los civiles en el uso de las

armas. Se trata de un sistema muy antiguo que todavía rige en algunos países y que por su estructura

se diferencia tanto del servicio de armas en un Ejército Profesional como de la conscripción o

servicio militar obligatorio”.3 El servicio de armas miliciano no fue exclusivo de la república.

3 Definición extraída de Hilda Sábato, Pueblo y Política, Claves para todos, Buenos Aires, 2005, p46.

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Monarquías de “Antiguo Régimen” como las de Francia o España poseían este tipo de fuerzas

auxiliares. En Hispanoamérica colonial se organizaron también milicias auxiliares y las mismas

estaban constituidas por vecinos. En su último trabajo, Marcela Ternavasio define a los vecinos

como aquellos habitantes que eran jefes de familia, tenían “casa abierta”, acreditaban ser “vecinos

útiles” y a su vez, podían justificar un tiempo de residencia determinado. Por lo tanto, la historiadora

resalta que ser vecino significaba tener un estatuto social particular dentro del reino (con sus

respectivos fueros y franquicias) y representar de manera grupal a un conjunto más vasto que

excedía, naturalmente, al individuo portador de ese privilegio. Entre sus obligaciones, estos vecinos

se encontraban afectados a un servicio de armas eventual en las llamadas milicias. Estos cuerpos se

organizaron con las Reformas Borbónicas en aquellas zonas en las que no se habían instalado

regimientos del ejército regular. En el Virreinato del Río de la Plata, las diferentes regiones

respondieron a esta iniciativa borbónica a través de sus cabildos, institución encargada de organizar

en su jurisdicción los cuerpos milicianos auxiliares. En Tucumán, por ejemplo, se organizaron

regimientos milicianos en la campaña para la lucha contra el indígena calchaquí pero también se

organizaron cuerpos en la ciudad. Uno de ellos fue el “Regimiento de Voluntarios de Caballería de

Tucumán”, con dos Escuadrones de 300 hombres cada uno pero donde el sistema de excepciones

constituyó un instrumento utilizado por los vecinos que si bien buscaban exaltar su honorífico perfil

militar también requerían exceptuarse en los momentos de conflictos bélicos. De hecho, si bien

debían enrolarse “…todos lo hombres hábiles comprendidos entre los 16 y los 45 años…” podían

exceptuarse “…los comerciantes y mercaderes de conocido caudal y sus cajeros precisos, los

abogados, los escribanos los mayordomos de ciudades y capataces de las haciendas, de campo de

alguna consideración o trapiche, médicos, boticarios, cirujanos, notarios, procuradores de números,

administradores de rentas, maestros de escuela y gramática, impresores, fundidores de letras y todo

el personal adscrito al culto, los hijos únicos y legítimos de madre viuda, los padres de sexagenarios,

y el que mantuviere hermanas huérfanas…”4

Más allá de lo referido y según lo demostrado por los estudios más recientes sobre el período

colonial en Tucumán, la milicia del lugar no se consolidó como una corporación militar ni tampoco

adquirió una rígida estructura orgánica. La militarización tampoco constituyó una característica de la

vecindad colonial y ni de las prácticas vecinales.

Un rasgo diferente evidenciaron las milicias bonaerenses en tiempos de las invasiones

inglesas (1806-1807). Un gran número de habitantes de Buenos Aires se enrolaron en los cuerpos de

voluntarios y los sectores populares tuvieron allí un lugar esencial. La lucha fortaleció a la milicia

4 Ciatdo en Beverina, Juan El Virreinato de las Provincias del Río de la Plata. Su organización militar, Buenos Aires, Círculo Militar, 1992, pp. 310-318. El subrayado no pertenece al original.

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local que se amplió en número y armamento luego de la victoria contra los ingleses. Estudios

pioneros como los de Tulio Halperín Donghi o los posteriores de Gabriel Di Meglio demuestran de

qué manera esto generó novedades en las relaciones entre diferentes sectores de la población,

especialmente el estrechamiento de vínculos entre miembros de los grupos más encumbrados de la

población urbana y la plebe urbana porteña. Esto se materializó en el armado de los batallones y

particularmente en los momentos de la “elección” de los altos escalafones, dado que los oficiales de

los batallones eran elegidos por sus propios miembros. Se consolidaron así redes vinculares amplias

que en breve adquirieron formulación política. Estas milicias desarrollaron un papel central en el

proceso revolucionario iniciado en Buenos Aires, asociándose de forma indiscutible a la ruptura del

orden colonial y al nuevo proceso de construcción republicana.

En el norte del virreinato rioplatense, la militarización vecinal a través de la milicia y sus

funciones fue un proceso que se desencadenó con la revolución y la instalación del Ejército del

Norte. El servicio de armas fue un requerimiento que se extendió para todos los “habitantes”5

incluyéndose el enganche de “vagos y mal entretenidos” e incluso esclavos.6 En marzo de 1812 se

observa el enrolamiento de “pardos y morenos” y en agosto de 1813 desde Salta llegaron las órdenes

del gobierno de creación de un regimiento de esclavos a cambio de su libertad. De esta manera se

conformó el Ejército del Norte con milicianos que se convirtieron en profesionales, configurándose

una rígida estructura jerárquica.

Sin embargo, las milicias no dejaron de existir. Las mismas, organizadas por los cabildos, se

mantuvieron en el radio urbano con sus características “auxiliares”, asumiendo eventualmente tareas

de policía o bien de asistencia a la guerra. Al igual que en otras regiones, en Tucumán se

conformaron los “cuerpos cívicos” cuyo componente lo diseñó el cabildo y expresó algunas

variantes según la localidad del virreinato de la que se tratase. En Buenos Aires, los llamados

“tercios cívicos” se conformaron por varones de entre 16 y 60 años, tanto americanos como

extranjeros con residencia de cuatro años. En Tucumán, el cabildo procuró reproducir los rasgos

“exclusivos” en las milicias auxiliares vecinales de tradición colonial. De hecho, en 1810 se

reorganizó el “Regimiento de Caballería de Tucumán” y se formaron dos escuadrones de tres

compañías cada uno. La primera compañía del primer escuadrón estaba compuesta -a excepción de

veinte soldados- por “personas de distinción de la ciudad”. También se formó la “Compañía de

Comerciantes” de la ciudad- integrada por la “gente más distinguida y pudiente”.

5 En la documentación consultada se suele utilizar esta denominación para definir al individuo que “habita” o está domiciliado en el territorio de la provincia y que por lo tanto, está afectado al servicio militar en la milicia, destacándose una íntima relación entre domicilio y servicio de armas. Sin embargo, esta categoría no refiere específicamente a ningún tipo de derecho político o “status” social. 6 Archivo Histórico de Tucumán -en adelante AHT- Sección Administrativa -en adelante SA-, Vol 19, F. 146

6

A pesar de las reticencias en torno a la asistencia a la guerra por parte de los vecinos

tucumanos y de la organización de los batallones de milicia bajo ditinciones de tipo socio-

profesionales que alejaban a ciertos grupos del enrolamiento en los cuerpos cívicos, la “vecindad” a

la que se apeló desde aquí expresó una destacada flexibilidad y ampliación en relación a los

principios coloniales. En un trabajo conjunto que desarrollamos con la historiadora tucumana Paula

Parolo, pudimos concluir que si bien los oficiales de los cuerpos milicianos tucumanos de estos años

eran en general individuos provenientes de familias distinguidas, es decir, los tradicionales “vecinos

principales”, el enrolamiento se amplió para una gran variedad de habitantes incluyéndose en los

distinguidos cuerpos de artesanos a “aprendices” y “trabajadores” de taller. Es decir, sólo quedaron

fuera los jornaleros que se enrolaron en otros cuerpos del ejército.7 De esta manera, la tradicional

milicia cívica amplió su composición social y esto se cristalizó tanto en su reglamento de

organización del año 1818 así como en las propias características socio-profesionales evidenciadas

por sus integrantes. Según el decreto de 1818, la milicia cívica y urbana tucumana debía componerse

por los “vecinos de la ciudad capital que contaran con una finca o una propiedad de cuanto menos el

valor de 1000 pesos”, los “dueños de tienda abierta” o cualquiera que ejerza “arte u oficio público”.8

En consecuencia, se enrolaron comerciantes, tenderos, pulperos, afincados (propietarios de finca en

la ciudad) y artesanos.9 Dadas las necesidades de la guerra, su componte social se fue reformulando

y extendiendo incluyéndose a otros grupos sociales mas allá de su “escaso prestigio”. Así, el servicio

de armas se generalizó como función atribuible a todo “habitante”, donde las distinciones se

configuraron al interior de las fuerzas militares.

La reconfiguración y ampliación de los cuerpos cívicos se articuló con otro proceso devenido

de la incorporación del principio de soberanía del pueblo, “la invención del ciudadano, emergiendo

aquí una temprana asociación entre “ciudadanía política” y “ciudadanía armada”. Los vecinos-

ciudadanos que teóricamente integraban las milicias cívicas coincidieron con aquellos considerados

electores por los Estatutos de 1815 y 1817, es decir todo hombre libre nacido o residente, con “oficio

útil y lucrativo o propiedad conocida”, que no se haya naturalizado en país extranjero y que no posea

pena infamante, excluyéndose explícitamente a domésticos y asalariados.

La participación conjunta de estos cuerpos cívicos y de los batallones del ejército en nuevos

espacios de acción política que convivieron con el desarrollo de la guerra esto es, las “asambleas

populares” y los “pronunciamientos cívico-militares”, permitió el contacto directo entre los

7 Padrón de milicia cívica de 1818, Tomo I, Año 1818, Fs 91 a 101; Revista de la Guardia Nacional, Tomo I, Reglamento de organización de milicias cívicas, Año 1818, Fs 91 a 101 8 AHT, Sección Actas Capitulares del Cabildo, Vol 14, 19 de Febrero de 1818, F141 (v). Revista de la Guardia Nacional, Tomo I, Fs 91 a 101. 9 Revista de la Guardia Nacional, Tomo I, Año 1818, Fs 91 a 101.

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“habitantes” movilizados y el naciente escenario republicano. En 1814, el importante jefe militar

Bernabé Aráoz fue designado gobernador intendente por el gobierno central revolucionario. Más allá

de que esto fue ratificado por el cabildo de la ciudad, Aráoz convocó a una “asamblea popular”

integrada por una amplia variedad de “habitantes”, en su mayoría “comandantes y sus tropas” así

como milicias, para ratificar su nombramiento y para designar desde allí los tres diputados que

asistirían al congreso que se desarrollaría en Tucumán en 1816. Al parecer esta asamblea reunida en

1815 contó con una numerosa concurrencia (4.000 personas) a la que asistieron no sólo vecinos de

distinta condición social, sino también jueces, sacerdotes y jefes militares acompañados por sus

tropas.10 Esta convocatoria se dio como consecuencia de los desacuerdos entre el gobernador

intendente y las facciones capitulares respecto de la elección de los representantes al congreso que se

realizaría en Tucumán en 1816. En esa oportunidad se cuestionó tanto el doble voto de los

capitulares así como la excesiva representación de la ciudad en el cabildo, restándose importancia a

la campaña.

Es interesante notar aquí cómo los jefes militares incorporaron prácticas que se generalizaron

luego de la década revolucionaria y acompañaron a los procesos de organización de la provincia,

reformulándose los comportamientos políticos coloniales, el “exclusivismo vecinal”, estrechándose

el contacto entre los diferentes grupos sociales. Sin poner en cuestión las futuras instituciones

provinciales y republicanas así como la vía electoral como instancia fundamental de acceso al poder

político, se incorporaron prácticas que reivindicaban el principio de soberanía popular en términos

militares, que canalizaban el contacto entre “pueblo” y “política” y la legitimidad devenida del

apoyo del “pueblo en armas”. El asambleísmo emergió en Tucumán como espacio plebiscitario, de

proclamación de candidaturas y de participación directa, promoviéndose el contacto entre el

“habitante movilizado” y la naciente vida política independiente en el espacio local. Si bien esta

práctica asambleísta se reprodujo en otras regiones del ex virreinato, las asambleas tucumanas no se

constituyeron en espacios deliberativos como sí ocurrió en Buenos Aires, según lo demuestran las

últimas investigaciones. Más allá de estas diferencias, se inauguró con la revolución una práctica que

revelaba la importancia política que irían adquiriendo los altos escalafones y sus redes político-

militares que incluían a grupos subalternos y que integrarían facciones que incursionarían en la

política junto a actores legalmente excluidos de la “ciudadanía” por los Estatutos de 1815 y 1817.

Otra de las prácticas que se afianzó en tiempos de la guerra de independencia y que

acompañó y modificó los inicios de la construcción republicana fue la del pronunciamiento militar.

Esta práctica se inauguró en Tucumán 1819, cuando una sublevación armada derrocó al último

10 Dato extraído de Tío Vallejo, Gabriela Antiguo Régimen y Liberalismo, 1770-1830, op cit, p 238.

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gobernador intendente designado por el Directorio, el coronel catamarqueño Feliciano Mota Botello.

Éste reemplazó a Bernabé Aráoz, quien retornó al poder en calidad de gobernante provisorio,

mediante una designación del cabildo exigida por oficiales amotinados del Ejército del Norte. Este

tipo de prácticas militares de participación ampliada y directa que se articulaba con convocatorias a

los “habitantes” y sus armas, constituyeron espacios de acción conjunta de comandantes disidentes y

sus tropas. La milicia sublevada era reunida por jefes militares en combinación con las acciones de

algunos vecinos, poniéndose en movimiento una importante red de vinculaciones cívico-militares

para lograr el éxito de la asonada. Así, se articulaba la acción de comandantes, hacendados y

comerciantes junto a sus milicianos, peones, soldados y empleados. La contribución con armas y

dinero era otra de las funciones atribuidas a los líderes revolucionarios tanto militares como civiles

respectivamente. Tanto el ejército revolucionario así como la milicia se erigieron en ámbitos de

configuración de una nueva dirigencia político militar que apeló constantemente al “pueblo en

armas”. Allí, se gestaron también liderazgos menores que funcionaron como instancia intermedia en

la configuración de lealtades. De esta manera, y tal como lo plantea Maurice Agulhon, la violencia,

especialmente las revoluciones y los pronunciamientos, pueden asociarse con ámbitos de transmisión

de prácticas sociales y culturales vinculadas con las ideas republicanas y con el principio de

“soberanía del pueblo”, donde los individuos y las armas adquieren un vínculo esencial.

La militarización devenida de la década revolucionaria, así como la propia estructura del

ejército y de la milicia cívica promovieron la emergencia de la dimensión militar que comenzó a

erigirse en componente central tanto de la política republicana como de la ciudadanía en

construcción. El ciudadano al que apelaban los Estatutos del 1815 y de 1817 fue el integrante de la

milicia cívica, articulando entre sus derechos y compromisos el voto y el servicio de armas. A su

vez, pronunciamientos y asambleas manifestaron a un “pueblo en armas” que iba más allá de los

límites con que se recortaba la ciudadanía de la década revolucionaria que conservaba aún algunos

registros de la vecindad.

El fracaso del gobierno central revolucionario y el surgimiento de nuevas unidades políticas de

referencia, las provincias, llevó a que el proceso de construcción ciudadana se incorporara al

funcionamiento y a la dinámica de la política local. La definición de la ciudadanía fue objeto de las

leyes electorales y de los reglamentos militares provinciales. Allí, los derechos políticos y el deber-

derecho de armarse en defensa de la “patria” (en un sentido provincial) y de la república se vieron

mediatizados por la configuración de sistemas referenciales de base local-personal, donde la figura

del gobernador y del comandante militar detentaron un papel central. En términos políticos, se

constituyó una noción de ciudadanía amplia como lo expresa la ley electoral provincial bonaerense

del año 1821. En otros casos como el de Tucumán, la ley electoral de 1826 vigente sin

9

modificaciones hasta 1856 especificaba que podía votar todo habitante de la provincia nacido o

residente en la misma con “oficio útil y lucrativo o propiedad conocida”. Si bien la referida ley de

elecciones tucumana no explicitaba la restricción de votar para domésticos y asalariados como si lo

habían efectuado los Estatutos de 1815 y 1817, si refería a la necesidad de “oficio útil y lucrativo o

propiedad conocida” para constituirse en elector, alejándose tácitamente del universo electoral a los

mencionados trabajadores. Esto demuestra los niveles de autonomía con los que funcionaron las

provincias en relación a la definición ciudadana sin por esto descartarse en cada caso una amplia

base social que definía a tal concepto.

Los “ciudadanos en armas” de la provincia

Las fuerzas militares revlucionarias residuales fueron subsumidas por las provincias que en la

década de 1820 comenzaron a organizar sus propios ejércitos. La consolidación de los “estados

provinciales” en los años de la confederación rosista (1831-1852) se articuló con el afianzamiento de

estos ejércitos locales, constituidos en pilares del poder ejecutivo provincial. La guerra, las tensiones

entre unitarios y federales y el principio de “unanimidad” como criterio de “orden” y de

“legitimidad”, la lógica política regional y los vínculos con los gobernadores de las provincias

vecinas también constituyeron elementos centrales en la configuración del poder político-militar de

los ejecutivos provinciales y de control de las fuerzas militares fuertemente articuladas al juego

político.

Las fuerzas provinciales conservaron en general la estructura de mando de los ejércitos

revolucionarios. En Tucumán, el ejército provincial se organizó sobre la base de dos fuerzas: las

milicias cívicas o urbanas y las departamentales o rurales. Estas últimas estaban conformadas por los

“habitantes” de la campaña y al mando de un comandante departamental. Al igual que el ejército de

línea bonaerense liderado por Rosas, los cuerpos departamentales eran de existencia permanente y

estaban organizados en cada distrito de la provincia, conservando la estructura, escalafones y armas

así como la amplia convocatoria de los ejércitos de la independencia.11 Las milicias cívicas,

mantuvieron la estructura evidenciada en el reglamento de 1818 citado en páginas anteriores. Así,

más allá de las distinciones internas y del formato socio-profesional conservado en la milicia cívica,

el ejército provincial expresó como herencia de la década revolucionaria, una amplísima

11 Cada regimiento debía integrarse por cuatro escuadrones de dos compañías cada uno con 62 individuos. Más allá de la fragmentada información para el período, puede estimarse una composición aproximada de 200 a 300 individuos por regimiento en cada año. AHT, SA, Revista de la Guardia Nacional, 7 Tomos, (1816-1880). Hasta 1832 la provincia estuvo dividida en seis partidos. A partir de 1832 pasaron a denominarse departamentos y se constituyeron ocho agregándose unos más en 1843. Esta división política se mantuvo hasta el año 1888.

10

convocatoria social y la configuración de una sociedad constantemente movilizada, que acompañó y

se articuló a los procesos políticos provinciales no sólo mediante las elecciones sino también a través

de las armas.

En Tucumán, el gobernador filo rosista Alejandro Heredia (1832-1838) dio verdadera

organicidad a las fuerzas residuales de la década revolucionaria y fortaleció a los cuerpos

departamentales, dado el estado de guerra casi permanente con provincias vecinas y con los

“emigrados” unitarios.12 Una importante particularidad es que el servicio de de armas se consolidó

sobre la base de una noción de patriotismo erigida sobre parámetros fuertemente personales y

locales, donde el gobernador y el comandante de campaña ocuparon un lugar central. Esto

caracterizó todo el período de la confederación.

Los comandantes, elegidos por el gobernador estaban dotados de un variado número de

atribuciones que les otorgó capacidad de acción y de resolución frente a diferentes situaciones “que

hicieran peligrar el orden provincial. En Tucumán, los decretos del gobernador detallaban que los

mismos podían elaborar pasaportes, capturar desertores, levantar inventarios, ejecutar confiscaciones

de bienes, levantar información sumaria y ejecutar penas dispuestas por los jueces o por ellos

mismos. A su vez, podían proponer al gobernador vecinos “capaces y leales” para cargos civiles,

seleccionar los soldados para la escolta del gobernador, remitir ganado, armas y dinero para el

sustento de tropas. Todas estas atribuciones, a las que se sumó la de poder integrar las mesas

electorales, no estaban previstas por un reglamento sino que provenían de decretos del gobernador

derivados de situaciones que así lo demandaban. De esta manera, los comandantes se erigieron en

una pieza clave tanto en la configuración del poder del gobernador como en el afianzamiento y

centralización del ejército provincial y especialmente en la articulación de un sentido de patriotismo

de tipo provincial y personal.

Las revoluciones y pronunciamientos no fueron instancias de acción cívico-política

abandonadas en estos años. Sin embargo, la fuerte presencia militar del gobernador a través de fieles

comandantes, la consolidación de un fuerte sistema de lealtades político-militar configurado en torno

a su persona y las garantías de “orden” que el mismo representaba frente a diferentes grupos sociales

permitió al mandatario controlarlos. La frustración de levantamientos cívico-militares como el

liderado por Javier López y Ángel López en contra de Heredia en 1834 confirma esta hipótesis. Sin

embargo, también demuestra la vigencia de la revolución entendida como vía “legítima” de acción

12 Se denominan emigrados a los exiliados de la provincia por cuestiones políticas, tanto a provincias vecinas como a regiones ubicadas fuera del radio confederal determinado luego del Pacto de 1831. En este caso, los emigrados fueron los del llamado “bando unitario”. Con el fracaso de la Liga del Interior, muchos de ellos se vieron obligados a abandonar sus provincias.

11

ciudadana frente a gobiernos o a decisiones gubernamentales que se consideraba que “atentaban

contra la república y la libertad”.

Los conflictos del años 1834 se desarrollaron una vez que Heredia intentó poner en marcha

una sólida política impositiva para garantizar desde allí la recuperación del fisco provincial luego de

la guerra contra la Liga del Interior y la promoción de los rubros como el cultivo de la caña y la

ganadería, especialmente el procreo de mulas vinculado al negocio del transporte.13 El objetivo del

primer mandatario era reactivar la economía tucumana con orientación hacia el tradicional circuito

altoperuano, imponiendo productos tucumanos y monopolizando el transporte en la región. Si bien

estos impuestos no habían sido aprobados por la comisión nombrada por la sala para expedirse al

respecto, el gobernador presionó a la institución legislativa hasta lograr la aceptación y aprobación

del asunto. Ángel López y Javier López, en coordinación con otros integrantes de la comisión de

hacienda de la sala (Pedro Garmendia y Juan Pablo Figueroa) se opusieron a las acciones de Heredia

y reunieron a militares retirados y marginados de la órbita de Heredia para organizar un

levantamiento contra el gobernador. Entre esto militares se encontraban Gerónimo Helguera

(“guerrero de la independencia”, ayudante de Belgrano en las batallas de Tucumán y Salta y

tendero); el Coronel José Ignacio Murga, y el Comandante de Boltígeros (cuerpo urbano) José

Manuel Medina. A estos los acompañaron los militares de la familia López, entre ellos José Álvarez,

José Francisco López y Manuel López.14 A su vez, se rodearon de comerciantes-propietarios como

Calixto Pérez, Gerónimo Helguera y Felipe Posse y de pequeños abastecedores que reclamaban

injustas recargas a los derechos que pagaban en el ramo del abasto.15 La apelación a una importante

red de vinculaciones que incluía amistades, parientes, dependientes y milicianos implicó entonces la

reunión de vecinos de la ciudad, comandantes urbanos, viejos militares de la independencia y de

raigambre unitaria, con sus aportes de hombres (peones y milicianos), de dinero y de armas. La

conspiración buscó diferenciarse de una instancia de desorden que revivía el tradicional conflicto

entre “unitarios” y “federales”. Por esto, para justificar el levantamiento se acusó a Heredia de

“tirano”, situación que legitimaba según los protagonistas la acción armada del “pueblo” en defensa

de las instituciones republicanas.

13 En septiembre de 1834 se gravan la exportación de mulas y burros con lo cual no sólo se busca engrandecer el fisco provincial sino retener los animales en la provincia. 14 La incorporación de los López y de algunos resabios unitarios en la sala tucumana en 1834 se explica en el marco de una incipiente tolerancia practicada por Heredia luego de dos años de gobierno y de demostradas garantías de control del ejército provincial. 15 Gerónimo Helguera aparece pagando patente por tienda entre los años 1828 y 1829. Evidentemente, no pudo recuperarse luego de la guerra como consecuencia de los controles y fuertes impuestos que Heredia impuso a ese ramo. Los casos de Felipe Posse, antiguo tendero y el de José Ignacio Murga, tropero hasta 1826, son similares. Véase la nueva Ley de Patentes del 14 de Septiembre de 1832 en AHT, SA, Vol 40, F245.

12

Es importante destacar que la vinculación entre “armas”, “ciudadanía” y “política” no siempre

se planteó en un contexto de disputa entre diferentes grupos políticos locales o como vía de

impugnación del gobierno de turno. Los debates en torno a la constitución provincial de 1835

respaldan esta afirmación. Mediante la misma se planteó la posibilidad de ampliación de la

ciudadanía política a través del rango militar en el marco de los cuerpos de línea de origen

departamental. Si bien mediante la mencionada constitución se había decidido restringir el voto a

“criados a sueldo”, “peón jornalero”, “simple soldado de línea” o persona “notoriamente vaga”, se

explicitó y aprobó que la prohibición de votar no debía extenderse a todas las clases de tropa,

aceptándose el voto de los puestos más bajos en los cuerpos militares, es decir, sargentos y cabos. De

todas maneras, la constitución nunca entró en vigencia dada la guerra con Salta, manteniéndose los

principios de la ley electoral de 1826. Más allá de esto, se debatió por primera vez en la provincia a

extensión de los derechos ciudadanos a aquellos que integraban los cuerpos de línea en sus

escalafones más bajos. 16

Por otra parte, a los cuerpos cívicos urbanos tucumanos, erigidos en la expresión más acabada

de la “ciudadanía en armas” de la provincia, se los observa en algunos casos actuando como brazo

armado del gobernador en respaldo de decisiones institucionales. Luego del asesinato de Alejandro

Heredia y de la asunción del gobernador filo unitario Bernabé Piedrabuena a fines de 1838, el

pronunciamiento de la sala tucumana en contra de Rosas que terminó por retirarle la delegación de

las relaciones internacionales se constituye en un valioso ejemplo.

En el marco del clima antirrosista que crecía en el norte a fines de la década de 1830, la sala

tucumana se pronunció contra el gobernador bonaerense. El acontecimiento que desencadenó este

pronunciamiento institucional fue la llegada de Gregorio Aráoz de Lamadrid con una escolta de 50

hombres encabezando la misión de recuperar las armas que habían sido cedidas por Rosas para la

guerra contra Bolivia y que debían ser utilizadas para hacer frente a los franceses. El objetivo real de

esta misión era el de apoderarse del gobierno de Tucumán reinsertando a esa provincia así como al

resto de las norteñas en la órbita rosista. Ante la negativa de la provincia, Lamadrid decidió reunir su

escolta en el cabildo de la ciudad y establecer presión. Esto fue entendido por las instituciones

tucumanas como una “amenaza de revolución” y la sala, en profundo desacuerdo con los usuales e

“ilegales” avances de Rosas sobre las autonomías provinciales amparándose en la necesaria “defensa

y mantenimiento del orden interno”, se pronunció contra el gobernador bonaerense. Además de estos

16 El proyecto de ley fue debatido por una legislatura que en esos años se destacó por una importante presencia de abogados formados en la Universidad de Buenos Aires que luego no sólo lideraron la oposición a Heredia sino que algunos de ellos como Marco Avellaneda y Brígido Silva organizaron la “Coalición del Norte contra Rosas” en 1840.

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argumentos, la institución legislativa fundamentó su decisión en los obstáculos promovidos por

Rosas para el dictado de una constitución tal como se lo había convenido en el pacto de 1831.17

La decisión de la sala contó un respaldo de tipo cívico-militar. En la mañana del 7 de abril de

1840, el gobernador y máxima autoridad militar provincial convocó con sus “uniformes y armas” a

las milicias cívicas para apoyar aquello que se estaba discutiendo en la sala y que tenía que ver con

las relaciones con el primer mandatario bonaerense. A su vez, era necesario prevenir cualquier tipo

de levantamiento desde la escolta de Lamadrid. En ese momento, fueron convocados cuatro

batallones cívicos y dos regimientos departamentales para reforzarlos, los que según las “Memorias”

del general Lamadrid sumaron un total de ochocientos hombres.18 Todo esto se dio en un contexto

en el que los cuerpos cívicos pasaron a destentar un papel fundamental en relación al poder del

gobernador. La centralización del ejército provincial se tambaleó con la desaparición de Heredia y la

incapacidad del nuevo gobernador de ganarse el beneplácito de los comandantes de campaña llevó a

centrar su objetivo en la fidelidad de los cuerpos cívicos urbanos. De esta manera, fueron estos

cuerpos los que desde la asunción de Piedrabuena y hasta el fin de la Liga del Norte contra Rosas

(fines de 1841) se erigieron en brazo armado del gobernador. Los mismos ampliaron su convocatoria

a “todos los habitantes de la ciudad y sus suburbios”. Esto hizo que los decretos de enrolamiento

reflejaran una noción de “ciudadanía en armas” ampliada en relación a las connotaciones de la

“ciudadanía política” expresadas en ley de elecciones de 1826 y a los reglamentos de milicias cívicas

vigentes hasta el momento. En contrapunto con los años anteriores, durante este corto período, no

fueron las distinciones socio-profesionales las que determinaron la pertenencia a la milicia cívica

urbana, sino simplemente el hecho o no de estar domiciliado en la “ciudad capital y sus suburbios”.19

La composición del contingente enviado a la guerra que encabezaron las provincias que

integraron la “Coalición del Norte contra Rosas” demuestra la importancia numérica de los cuerpos

cívicos tucumanos sobre las colaboraciones departamentales. De los cuerpos cívicos que asistieron a

la guerra quedaron exceptuados “...escribanos, abogados, panaderos, los que tengan a su cargo

establecimientos públicos, los médicos, boticarios, hijo único de padre anciano o madre viuda y todo

17 Coviello, Alfredo, Documentos Tucumanos. Actas de la Sala de Representantes, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 1938, p 112 a 114. 18 Se presentaron el “Escuadrón de Coraceros-Escolta del gobierno”, cuerpo de caballería con amplia experiencia militar; el “Batallón de Cazadores del Orden” y el Regimiento nº1 de la ciudad, integrados por artesanos y proletarios y el “Batallón de Cazadores de la Guardia”, cuerpo de infantería compuesto por comerciantes, hacendados y jóvenes “decentes” de la ciudad. 19 Un antecedente se observa en 1829, cuando el gobernador Javier López, ante la ausencia de los regimientos departamentales en la provincia para servir en el Ejército de la Liga Unitaria liderado por el Gral. Paz otorgó a la milicia cívica la función de resguardo permanente de la ciudad y de la provincia, ampliando su composición interna. Por disposición del gobernador, además de convocar a los vecinos se decretó que se enrolarían “… todos los artesanos veteranos, y licenciados pardos y morenos libres y todo peón de servicio que habite en los cuarteles de esta capital”. AHT, SA, Vol 32, F 398, año 1829.

14

aquel que maneje un capital que no baje de los 500 pesos “.. En consecuencia, se exceptuaban

importantes pulperos, tenderos y hacendados con destacada participación en la economía provincial

de esos años, quienes sostuvieron económicamente la mayor parte del enfrentamiento mediante un

importante empréstito demandado por el Ejecutivo y autorizado por la sala.20

Igualmente, los jefes del ejército garantizaban tratos distintivos para los cívicos respectos de

los simples soldados, más allá de que en la guerra esto se tornara difuso: “El Batallón Constitucional,

que se formará de los cívicos de Córdoba y de los cívicos de Tucumán que hicieron la guerra hasta

Córdoba y de todos aquellos que se hallen enrolados y de los que se enrolen en adelante, no será en

ningún modo considerado un batallón de línea y si como un cuerpo cívico, que estará obligado a

servir en todo o en parte en la campaña que debe abrirse”.21 Respecto de los castigos por deserción o

traición, un soldado de un cuerpo de línea podía ser condenado a muerte o sometido a trabajos

forzosos, mientras que un integrante de la milicia cívica (o un jefe militar) que desertara o

traicionara a la causa provincial podía ser castigado con la pérdida de la condición de “ciudadano”,

con multas, prisión, expatriación, confiscación de bienes o envío al ejército de línea.22 A su vez, las

proclamas de los jefes militares exaltaban a la guerra como una vía de reivindicación de las

autonomías provinciales y de los principios del pacto de 1831, entre cuyas cláusulas se encontraba la

declaración de una constitución.23

La derrota de la Coalición del Norte así como el nuevo liderazgo provincial asumido por

Celedonio Gutiérrez (comandante departamental que había traicionado la Liga, que contaba con el

apoyo de uno de los generales más fuertes opositores a la Coalición, Oribe) implicaron la reinserción

de las provincias del norte en la órbita rosista. Con el apoyo de Rosas, Oribe e Ibarra, Celedonio

Gutiérrez, nuevo gobernador tucumano, volvió a centralizar al ejército provincial, especialmente a

los regimientos de campaña y sus comandantes.

Durante el gobierno de Gutiérrez en Tucumán (fines de 1841 a 1853) se formuló un discurso

político sostenido desde fuertes referentes belicistas en beneficio del mantenimiento del “orden

interno” y de la “causa federal” (que aunque asociada la rosismo, en Tucumán se asimiló a la figura

de Gutiérrez). La imagen del “jefe militar” se vinculó a la del “patriota ejemplar” en constante

servicio de armas en beneficio de la lucha contra los “salvajes unitarios”. En consecuencia, el

enrolamiento en los diferentes cuerpos del ejército provincial se entendía como un acto patriótico

20 AHT, SA, vol 56, 1841, Fojas 43 y 44; vol 55, Fojas 348- 349.

21 AHT, SA, VOL 56, 1841, Fs 43 y 44 22 AHT, SA, VOL 56, 1841, F 97. 23 AHT, Archivo de la Legislatura, Caja 2, Legajo nº 173, Octubre de 1840.

15

que definía la pertenencia de todos los “habitantes” de la provincia a la comunidad política local.

Oponerse a estos criterios implicaba fuertes y “justificados” castigos emanados desde el ejecutivo

provincial

El exaltado “estado de guerra permanente” implicó la preferencia por un servicio militar amplio y

regular vinculado a una estrecha relación con los comandantes departamentales, situación que se

logró mediante la reorganización y control de los cuerpos del interior de la provincia, de la escolta

del gobernador (“Regimiento n°10 de Granaderos – Escolta del Gobierno”) y de la organización de

una milicia cívica permanente en la ciudad, el “Batallón de Federales de la Guardia Tucumana”.24 El

mismo residía en la ciudad capital y al, igual que las milicias departamentales realizaba regularmente

ejercicios doctrinales. Los ámbitos de acción política de la milicia cívica observados en períodos

anteriores (pronunciamientos o manifestaciones en espacios públicos de la ciudad) prácticamente

desaparecieron durante estos años, si bien algunos testimonios demuestran su participación en

algunos actos conmemorativos.25 La integración en la milicia cívica así como la participación en la

guerra no se planteó como un “deber moral y cívico” en clave republicana sino como una coacción

del gobierno provincial al “habitante” en general que se traducía en una noción de “patriotismo”

concebida como “lealtad y subordinación a la persona del gobernador y a la provincia”.

Los guardias nacionales en la construcción de la república

A partir del pronunciamiento del gobernador de Entre Ríos Justo José de Urquiza en mayo de

1851, se inició el camino hacia la recuperación de la legalidad confederal reunida en el pacto de

1831. Si bien Urquiza sólo logró el apoyo de algunas provincias, Rosas fue vencido en la batalla de

Caseros. Esto dio lugar a una reunión de gobernadores en San Nicolás de los Arroyos y

posteriormente, a un congreso que declaró la constitución nacional puesta en vigencia a partir de

1853. Los constituyentes consideraron a la iniciativa armada de Urquiza como una “revolución justa

y legítima” ya que terminó con la “tiranía” y dio lugar a un nuevo pacto materializado en la

constitución nacional: “…El Congreso, obligado por la naturaleza de sus graves tareas a meditar

sobre el destino de las sociedades y de sus revoluciones se ha imbuido de la idea de que las

revoluciones sólo son legítimas cuando salvan las ideas, los pueblos, sus intereses esenciales, la

honra entre ellos y los derechos que la humanidad emancipada por el cristianismo ha afirmado por la

24 Se componía de cuatro compañías, ente ellas una de granaderos, una de fusileros, una de boltígeros y otra de cazadores, reuniendo un total de 274 individuos, aproximadamente AHT, SA, VOL 60, Año 1844, F 340. 25 Es el caso del desfile de los “federales” en la fiesta del 9 de Julio de 1844. Wilde, Ana, “¿Liturgia rosista en Tucumán? Prácticas rituales y de identificación política durante la gobernación de Celedonio Gutiérrez (1841-1852)”, ponencia presentada en X Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia, Rosario, 2005.

16

civilización. Nuestro lúgubre pasado antes de mayo de 1851 justifica una revolución, si hay alguna

que pueda ser necesaria...”26. Luego, se dirigieron a Urquiza de la siguiente manera: “La

Constitución Sr.… ha legitimado vuestra revolución. Las convulsiones de los pueblos, cuando

terminan en el traspaso del poder irresponsable de una mano a otra son usurpaciones execrables…

También quedáis a cubierto de esta maldición. La historia con pluma mojada en tinta de oro ha

escrito ya vuestro pronunciamiento del 1º de mayo, la célebre e inmortal victoria de Monte Caseros,

el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos y con reciente data la Constitución Argentina…” 27

Buenos Aires no firmó la constitución y se organizó como estado independiente hasta 1861. Si

bien el resto de las provincias si lo hicieron, el naciente poder central con sede en Paraná

manifestaba gran debilidad. Su contracara era la vigente fortaleza de los gobernadores que aún

controlaban las milicias locales. Con el objetivo de respaldar su nueva investidura, Urquiza

promovió la continuidad de la mayoría de los gobernadores devenidos del rosismo. Sin embargo,

dada la necesidad de defender las fronteras aún no consolidadas, enfrentar eventualmente a la

provincia secesionada y garantizar la unidad de las provincias confederadas, implementó medidas

para articular las fuerzas de origen provincial bajo su mando. El primer paso en este sentido se dio a

través del artículo 15° del Acuerdo de San Nicolás, donde se concedía a Urquiza el cargo de Director

Provisorio de la Confederación y el mando efectivo de las fuerzas militares que poseía cada

provincia, las cuales pasaron a ser consideradas como partes de un incipiente “Ejército Nacional”.

Este primer avance sobre las tradicionales milicias provinciales se complementó con la organización

de un ejército de línea también de tipo “nacional”.

Los cuerpos se formaron con demoras y disminuidos en número de integrantes. Los

gobernadores argumentaban la necesidad de efectivos para enfrentar los conflictos en las provincias

y garantizar en las mismas la adhesión a la constitución nacional. En el caso de los cuerpos de línea,

si bien los mismos se integraban por solteros, voluntarios, sorteados o enganchados, ante la falta de

individuos comenzaron a destinarse desde las provincias a “vagos”, “mal entretenidos” y criminales,

quienes podían cumplir su condena en el servicio de frontera.28 Más allá de estos primeros cambios,

26 Emilio Ravignani (comp.) Asambleas Constituyentes Argentinas seguidas de los textos constitucionales legislativos y Pactos Interprovinciales que organizaron políticamente la Nación, op cit, Tomo IV (segunda parte), pp. 548-49 27 Discurso dirigido a Urquiza y leído por el Presidente del Congreso Constituyente una vez finalizada su tarea. Emilio Ravignani (comp.) Asambleas Constituyentes Argentinas seguidas de los textos constitucionales legislativos y Pactos Interprovinciales que organizaron políticamente la Nación, op cit, Tomo IV (segunda parte), p. 548-49 28A partir de 1854 se organizaron los primeros seis cuerpos del regimiento de dragones (fuerzas de línea), que dieron origen al Ejército Nacional. En Córdoba se organizaron los regimientos n° 1 y 2 de Dragones, en Mendoza el n° 3, en San Luis el n°4, en Santiago del Estero el n° 5 y en Salta el n° 6. Estos regimientos eran mantenidos y subvencionados por el Estado Nacional que enviaba dinero, monturas, caballos, etc. Registro oficial de la república Argentina, Tomo III, Imprenta La República, Buenos Aires, 1883, p 113. Sin embargo las condiciones ofrecidas no fueron iguales para todos los regimientos. Para el n° 1 el enganche era por 12 meses y el sueldo de $17; para los n° 1, 4 y 5 no se dice nada de

17

el gobierno central con sede en Paraná contaba, ante todo, con la fuerza militar entrerriana en gran

parte ocupada en mantener el control de la frontera con Buenos Aires. En este marco de fuerte

fragilidad institucional y de inminente guerra civil, Urquiza dispuso la organización de la Guardia

Nacional.29

Según el decreto de creación, debía organizarse regimientos y batallones de guardias

nacionales en cada provincia, enrolándose “ciudadanos” entre 17 y 60 años con capacidad para

llevar armas cualquiera fuese su profesión. ¿Quiénes eran los individuos entonces que debían

enrolarse en la Guardia Nacional? ¿A quiénes se reconocían como ciudadanos partir de 1853? La

constitución nacional de 1853 depositó en todos los habitantes del territorio nacional la capacidad y

el derecho de disfrutar de todas las libertades civiles sin distinción alguna.30 Las atribuciones y

libertades políticas de los individuos fueron objeto de las legislaciones electorales nacionales y

provinciales que se adaptaron a la constitución nacional y a la ley de ciudadanía que adoptaron una

concepción amplia del derecho al sufragio al no establecer límites censitarios para el ejercicio

individual del voto. De hecho, era el ciudadano aquel individuo nacido o naturalizado en la

Argentina con más de 21 años.31

Por lo tanto el ciudadano era el elector y también el guardia nacional constituido en garante

del nuevo “orden” y por lo tanto comprometido con la protección y defensa de la república, sus

instituciones y sus leyes. Estos principios configuraron un vínculo directo entre los “ciudadanos

armados” y la constitución que se erigió en un referente común para todos los individuos. En este

vínculo radicaba el compromiso del “ciudadano-armado” con la “nación” entendida como la

república y sus leyes. En el discurso dirigido a los guardias nacionales, en la fiesta cívica del 9 de

julio, el comandante en jefe del batallón “Belgrano” de la provincia de Tucumán afirmaba:

“Guardias nacionales, ciudadanos: “El día de hoy es el más grande aniversario de la patria. Quiera

pues el cielo que la posteridad os deba el reconocimiento a vosotros que sois la Patria de hoy, de

haberles transmitido sin manchas el estandarte que os enseña y conduce a establecer el imperio de la

libertad y de las leyes. A estas instituciones debéis tener en vuestras manos la fuerza y el poder para

conservarlas incólumes [siendo] las primeras y más sagradas garantías que debe tener el hombre en

sueldo ni de duración, en tanto el enganche para los del n° 3 era por 3 años. Néstor Tomas Auza, El Ejército en la época de la Confederación, op cit, p 61. 29 Decreto de creación de la Guardia Nacional. Registro Oficial de la República Argentina (1854-1880), Imprenta La República, Buenos Aires, 1883.Tomo III, p 109. 30 Estos derechos individuales basados en el principio de la libertad individual podían perderse por delitos como traición a la patria, bancarrota fraudulenta, falsificación, por merecer pena infamante o de muerte según sentencia judicial y por inhabilidad mental. Registro oficial de la república Argentina, op cit, Tomo III, p. 66. 31

Constitución Nacional de 1853 y ley de Ciudadanía de 1857. Registro oficial de la república Argentina, op cit, Tomo III , p. 66.

18

sociedad. Tenéis la dignidad y el patriotismo y esto basta porque el patriotismo germinará el valor

que os hará invencibles”.32

El enrolamiento en la Guardia implicaba el compromiso con ejercicios doctrinales periódicos

para el entrenamiento en el terreno de las armas pero a su vez la constante asistencia a rituales cívico

militares en los que se exaltaban el patriotismo y el servicio de armas como un deber moral de los

ciudadanos con la “nación”. Todos los guardias nacionales en servicio estaban obligados a asistir a

estos actos con sus uniformes y armas y en Tucumán, los batallones ocupaban un sitio de honor

cerca del gobernador. A todos estos rituales se sumaba el requisito de estar enrolado en la Guardia

Nacional para poder votar, lo que mostraba a la institución como un instrumento para incentivar o

exigir la asistencia a los comicios y, por tanto, ejercer un importante control sobre los individuos con

capacidad de participar de la vida pública.33 “Ciudadanía política” y la “ciudadanía en armas” se

mostraban estrechamente vinculadas, y es esta una de las características fundamentales que dio

forma al concepto de ciudadanía de la época.

De modo que, a diferencia de otros casos iberoamericanos como el de Brasil o el de México,

los únicos requisitos para ingresar a la Guardia Nacional en Argentina eran la edad y la nacionalidad.

El decreto nacional de enrolamiento del año 1855 determinó como un deber ciudadano el ingreso a

la Guardia Nacional. El enrolamiento se realizaba tanto en el campo como en la ciudad, sobre la base

del domicilio. Quedaban exceptuados del servicio activo los ministros del poder ejecutivo nacional,

los miembros del congreso, gobernadores de provincias, miembros de las legislaturas provinciales,

jueces de los tribunales nacionales y provinciales y los que tenían imposibilidad legalmente

aprobada. Quedaban dispensados del servicio los directores y rectores de las universidades, los Jefes

de oficina de la nación y de la provincia, maestros de posta, médicos y practicantes, boticarios, los

que aún no habían cumplido los 18 años, y el hijo único de madre viuda. También estaban exentos

del servicio militar obligatorio los empleados y alumnos del Colegio Montserrat.

Según la legislación nacional, todo individuo con capacidad para enrolarse en la Guardia

Nacional y que no lo hacía, era destinado a servir tres años en el ejército de línea. Paradójicamente,

el servicio de frontera era presentado como un castigo para los ciudadanos que evadían el

enrolamiento, aunque se trataba de una función indispensable tanto de los soldados del ejército de

línea como de los guardias nacionales, aunque para estos últimos el servicio fuera provisorio y

complementario. Así, en el caso de Córdoba, trabajos como los de Marcela González demuestran

que “condenados”, “vagos” y “mal entretenidos” fueron destinados, junto a rústicos pobladores de la

campaña enrolados en la Guardia Nacional, para completar las plazas del ejército de línea en las

32. Eco del Norte, 10 de julio de 1859. 33 Recordemos que el voto no fue obligatorio en la Argentina hasta la ley electoral de 1912.

19

fronteras este, norte y sur. En la frontera del Chaco la responsabilidad les competía a los guardias

nacionales de manera exclusiva, aún cuando en los fuertes del norte se encontraban junto a

individuos condenados por abigeato que, en compañía de sus familias, permanecían allí diferentes

espacios de tiempo. En la frontera sur participaban como cuerpo en apoyo del ejército. De esta

manera, los guardias nacionales que atendían las fronteras norte y este percibían lo mismos salarios

que los soldados mientras que en el sur esto era diferente ya que su intervención se limitaba a apoyar

al ejército. En la prensa tucumana fueron numerosos los pedidos por parte de los ciudadanos para

que cesara el servicio de frontera prestado por guardias nacionales de la provincia en colaboración

con los de Santiago del Estero. Aunque en teoría era evidente la distinción entre un guardia nacional

(ciudadano) y un soldado de línea (“vago” y “mal entretenido”) en el servicio de frontera esta se

tornaba difusa.

El objetivo desde el punto de vista militar era formar una reserva del ejército de línea, que

pudiera ser movilizado desde el poder central cuando graves circunstancias lo reclamaran.34 El

ministerio de guerra y marina controlaba el normal funcionamiento de la Guardia Nacional,

designaba los jefes y oficiales que faltasen para completar la dotación de los cuerpos y al jefe

superior de la guardia nacional, máxima autoridad militar de la Guardia en la provincia. Quedaba en

manos de los gobernadores provinciales el nombramiento de los grados de coronel y teniente coronel

de la plana mayor de cada cuerpo. El resto de las clases, incluso las de tropa, eran en teoría elegidas

por los propios miembros de cada batallón, como se verá más adelante en los análisis realizados

sobre la legislación provincial.35 En el año 1854 se organizó la “Inspección del Ejército y Guardias

Nacionales” con el objetivo de controlar en cada provincia la formación de los correspondientes

batallones, así como el envío de reclutas para el ejército de línea.

Si bien el gobernador era quien debía organizar los batallones de la guardia nacional en la

provincia era el presidente quien autorizaba su movilización “salvo el caso de invasión exterior o de

un peligro tan inminente que no admita dilación, dando luego cuenta al gobierno nacional”. Esto

último, incluido en el artículo 105º de la constitución nacional dio lugar a que los gobernadores

actuaran con bastante autonomía en relación a la organización y sobre todo a la movilización de la

guardia y de las tradicionales milicias provinciales. Esta suerte de intersticio normativo permitió

legitimar las acciones militares autónomas de las provincias “en beneficio del nuevo orden nacional

y republicano” y mantuvo en el centro del escenario militar al gobernador. Es decir que si bien la

constitución reformulaba los paradigmas identitarios en el terreno militar configurando una noción

34 Augusto Rodríguez, “El Ejército Nacional”, en Academia Nacional de la Historia, Historia Argentina Contemporánea, 1862-1930, Tomo II, El Ateneo, Buenos Aires, 1966, p 32. 35 Registro oficial de la república Argentina, op cit, Tomo II, p 229. En cuanto a la morfología de los batallones, conservan la misma que la de las antiguas milicias.

20

de patria superadora del referente provincial, la figura del gobernador y también la de los

comandantes se mantenían aún como ejes centrales en la organización, funcionamiento y

movilización de las fuerzas armadas de origen local.

Buenos Aires, en tanto estado independiente, organizó su propia Guardia Nacional constituida

sobre una decisiva impronta provincial. En el resto de las provincias, la Guardia Nacional se

organizó siguiendo el decreto emanado desde la poder ejecutivo nacional. En el año 1854, el

gobernador tucumano de signo “liberal” José María del Campo (1854-1856) encaró esta tarea, que

en la provincia se vio mediatizada por la lucha entre los “liberales” recientemente reinsertados en la

política local y los “gutierristas” partidarios del depuesto gobernador de tradición rosista. Más allá

del objetivo de Urquiza de mantener a los gobernadores devenidos del rosismo para garantizar su

estabilidad en el poder, la reinserción de los “emigrados” en la política tucumana implicó el

desarrollo de fuertes luchas políticas por el control de las instituciones provinciales. Un

pronunciamiento liderado por los miembros del “partido liberal” selló la derrota de Gutiérrez. A

partir de 1854, los “liberales” tucumanos lideraron la política provincial y controlaron la legislatura.

Los mismos se autodenominaban de esa manera y se autodefinían como “constitucionalistas y

republicanos”. Los fraccionamientos dentro de este “partido” devinieron del crecimiento de algunas

familias, de posiciones divergentes en torno a la tolerancia de representantes del gutierrismo dentro

de la legislatura y de las posturas tomadas frente al conflicto entre Buenos Aires y la confederación

durante los años ’50.36

La necesidad de desarticular los sistemas de lealtades constituidos en torno a Gutiérrez y

fuertemente arraigados en los regimientos departamentales, llevó a Campo a comprometerse

rápidamente con la organización de la nueva institución militar. El gobernador logró conformar

batallones de guardias nacionales en la ciudad capital y en Monteros, reemplazando a los

tradicionales cuerpos cívicos. La destacada respuesta de los sectores de la élite urbana capitalina

(compuesta en su mayoría por “liberales”) respecto de la organización de la nueva institución militar

y “nacional” contrastó con las acciones desarrolladas por los “cívicos” de Monteros, que habían

participado activamente en el derrocamiento de Celedonio Gutiérrez. Los cívicos monterizos

argumentaban que era innecesario organizar la nueva institución militar existiendo otra fuerza que

“por su tradición y acción efectiva” merecía tener a su cargo la “garantía del orden interno” y su

apoyo al poder provincial.37 Los cívicos, fuertemente arraigados a la tradición militar local y por lo

tanto resentidos por la creación del Batallón “Fidelidad” de Guardias Nacionales de Monteros,

36 A partir de 1861, este fraccionamiento se materializó en la organización de dos clubes políticos, el “Club Libertad” (más afín a la política porteña y mitrista) y el “Club Constitucional” (partidario de la política federal y urquicista). 37 Carta del juez departamental al gobernador. AHT, SA, año 1854, vol. 78, f 49.

21

intentaron boicotearlo incorporándose al mismo para luego generar disturbios internos, obstruyendo

su exitosa organización y funcionamiento. Pese a todo esto, la organización del nuevo batallón logró

imponerse constituyéndose en única fuerza militar del departamento.38

Campo no logró llevar la organización de la guardia al resto de los departamentos donde aún se

mantenía una decisiva lealtad al depuesto Celedonio Guetiérrez y a sus fieles comandantes.39 Es

decir, se constituyeron batallones de guardias nacionales que convivieron con los antiguos

regimientos de milicias departamentales y que los sucesivos gobernadores tucumanos intentaron

controlar mediante el nombramiento de sus comandantes. El recambio de comandantes

departamentales, la disminución de sus poderes y la organización de la Guardia apuntaba a

desarticular por completo la dinámica interna tradicional de la milicia provincial así como sus

antiguos sistemas de lealtades. De esta manera, la organización de la nueva institución militar fue

lenta y no estuvo exenta de dificultades teñidas por la variable política.

En cuanto a la organización interna de la Guardia, si bien el decreto nacional expresaba

criterios igualitarios de enrolamiento sostenidos en el nacimiento o el domicilio, en un principio, el

decreto provincial tucumano concebía como “título de honor” el enrolamiento en la misma, por lo

cual se exigían requisitos como la posesión de un “oficio útil y lucrativo o propiedad conocida”, no

pudiendo integrarse ningún individuo sobre el que hubiese recaído sentencia infamante.40 Este

recorte de la Guardia como espacio exclusivo, se reformuló una vez que los “no emancipados y los

jornaleros” pasaron a considerarse explícitamente electores por la constitución provincial de 1856 el

17 de Octubre de ese año. En concordancia con estos principios constitucionales y electorales, se

ampliaron los criterios de integración de la Guardia, destacándose el domicilio, el nacimiento, la

edad y “una clara relación con la justicia” como principios rectores del enrolamiento. En los cuerpos

activos eran enrolados los ciudadanos desde la edad de 20 años hasta la edad de 50 años, y en los

cuerpos pasivos los que poseían más de esta edad.

Aunque “todo ciudadano es guardia nacional”, los principios socio-profesionales como

estrategia de organización y promoción del enrolamiento también se mantuvieron por algunos años

en la provincia, reproduciéndose rasgos de las antiguas milicias cívicas.41 El primer batallón de

guardias nacionales de la ciudad capital se constituyó por sectores propietarios, comerciantes y

hacendados; el segundo por artesanos y el tercero por jornaleros, peones y todos aquellos que no

poseyeran caballo. Este último fue anulado en el año 1860 a través de un decreto del gobierno

38 AHT, SA, año 1858, vol 84, f 18. 39 Recién en el año 1875 se encuentra registros de batallones de guardias nacionales organizados en todos los departamentos del interior. Hasta ese momento la mayoría mantuvo sus antiguas milicias departamentales. 40 Ramón Cordeiro y Dalmiro Viale, Compilación ordenada de leyes, decretos y mensajes de la Provincia de Tucumán que comienza en el año 1852, Edición Oficial, Tucumán, 1915. Tomo 1, p. 220. 41 Periódico Eco del Norte, 16 de Septiembre de 1859. AHT, SA, Revista de la Guardia Nacional, TVII.

22

provincial para liberar de los ejercicios doctrinales a los peones jornaleros durante su etapa de

servicio en la producción de azúcar. Con el tiempo, estos criterios de organización grupal y socio-

ocupacional también se modificaron, asimilándose el domicilio como principio de enrolamiento y

organización de los batallones. Sin embargo, aunque se evidenció una clara flexibilización en cuanto

a las diferencias internas entre los guardias nacionales, en la realidad provincial estos cambios se

evidenciaron mucho más lentos. El batallón “Belgrano” siguió recortándose como cuerpo urbano de

individuos ejemplares, al seguir integrándose por el sector más distinguido de la población de la

ciudad capital. En su mayoría, el resto de los batallones se conformaron por artesanos, empleados y

sobre todo jornaleros. Sin embargo, los altos rangos estuvieron siempre en manos de individuos

vinculados a la política o con una fuerte tradición militar.

En contraste con las antiguas milicias cívicas, la Guardia Nacional en Tucumán pretendía ser

expresión de nociones modernas de representación al albergar en su normativa formas

“democráticas” para la elección de la estructura de mando de los batallones. Según el decreto

fundacional “todo guardia nacional era elector y elegible”, dejando al gobernador el nombramiento

de los grados de teniente coronel y de coronel, este último con acuerdo a la sala. La elección al

interior de la Guardia era secreta por medio de boletas depositas en las urnas y el escrutinio era

realizado por el juez civil del más alto rango del departamento o localidad correspondiente. Todo

cargo podía durar sólo un año terminado el cual el individuo podía ser reelecto por un año más o, en

su defecto, volver a las filas como un simple guardia nacional.42 Se manifestaban aquí criterios que

colaboraban con el proceso de aprendizaje de la ciudadanía y también principios de igualdad entre

los ciudadanos para detentar puestos de alto rango. De todas maneras, la documentación analizada

demuestra que en general se siguieron las antiguas prácticas ya que en la gran mayoría de los casos

era el propio comandante del batallón quien enviaba las listas de los candidatos considerados

“idóneos” al gobernador, quien por decreto los nombraba en los respectivos cargos.43 Sólo los altos

rangos como el de jefe provincial de la Guardia Nacional era emanado desde el gobierno nacional. A

esto se agrega la íntima relación entre la esfera política y la esfera militar al observarse que eran

muchos de los individuos de la élite provincial los que actuaban oportunamente en uno u otro

espacio de poder. Así, pertenecer a la estructura de mando de los batallones de la Guardia Nacional

otorgaba prestigio, reconocimiento social y amplias posibilidades de ascenso político a nivel

provincial así como la posibilidad de afianzamiento de la facción en el poder.

En el ámbito político provincial, la Guardia Nacional funcionó como brazo armado del

42 Ramón Cordeiro y Dalmiro Viale, Compilación ordenada de leyes, decretos y mensajes de la Provincia de Tucumán que comienza en el año 1852 Edición Oficial, Tucumán, 1915. Tomo 1, p. 197, 198. 43AHT, SA, Vol 82, f 330, año 1857.

23

gobernador para el resguardo del orden interno. De hecho fue la fuerza con la que contó Anselmo

Rojo, electo gobernador en 1856, para sofocar el levantamiento armado organizado por la facción

opositora a su candidatura liderada por la dupla Campo-Posse. Sin embargo y dada su composición

(ciudadanos-electores) la Guardia Nacional también se erigió en espacio de manifestación de los

conflictos políticos intra-élite cuya formulación militar se justificó apelando al concepto de

“ciudadano-armado” y a su compromiso con el resguardo de la constitución y de las instituciones

republicanas cuando estas peligraran en manos de un “gobierno despótico”. A través de la Guardia

Nacional se afianzó otro actor que, al igual que el poder central y el gobernador, demanda de forma

legítima el uso de las armas: el ciudadano. En el marco de la institucionalización provincial

articulada al naciente proceso de construcción nacional, la revolución no dejó de visualizarse como

una legítima acción ciudadana en beneficio de la conservación y custodia de “la república y sus

leyes”. La Guardia Nacional fue escenario de reivindicación y puesta en práctica de este

compromiso ciudadano, entendido como un deber pero también como un derecho.

Guardia Nacional, “ciudadanos en armas” y política

La composición y fundamentos de la Guardia Nacional estrecharon los vínculos entre las

armas y la política. Ya a fines de los años ‘50 en Tucumán, eran usuales las denuncias sobre

utilización de estos batallones para influenciar electores o forzar el resultado electoral. Además, los

jefes de cada batallón contaban con un documento sustancial: la boleta de enrolamiento. Este

documento, confeccionado y resguardado por los máximos escalafones, debía ser presentado por

cada elector en el momento de la elección y era un requisito fundamental para poder votar. De esta

manera, se erigió en una herramienta estratégicamente utilizada por los jefes de cada batallón para

garantizar la participación de los guardias en las urnas así como la orientación de sus votos. En las

elecciones para convencionales constituyentes de agosto de 1860 los Posse hicieron uso de sus

influencias militares en la guardia para asegurarse el triunfo electoral, situación que fue denunciada

por las fracciones opuestas: “...desde el día antes de las elecciones los jefes de la Guardia Nacional

habían citado a estos a pesar de la absoluta prohibición de la ley... La mesa presenció la coacción

que se ejercía sobre la Guardia Nacional”.44

La utilización de la Guardia Nacional constituyó un mecanismo usual de la práctica electoral

durante la década de 1860 y promovió la faccionalización de la institución militar, erigiéndose en

componente peligroso en la medida que no respondía íntegramente a las decisiones del gobernador.

44 El Eco del Norte, 19 de Agosto de 1860. Los guardias nacionales en servicio asistían a votar con sus uniformes y armas.

24

Algunos gobernadores buscaron escindir la acción militar de la dinámica electoral. Salustiano

Zavalía en una comunicación al comandante de uno de los Regimientos provinciales le informaba

que: “…el gobernador mira con desagrado que se hiciera uso de la fuerza para inducir a ningún

individuo de la Guardia Nacional a votar por una lista o abstenerse de votar por otra en los comicios

electorales... esto no impide que pueda usarse la insinuación amistosa y el convencimiento que son

medios de influencia con la libertad individual...”.45

Para mantener su control sobre la Guardia y sobre los batallones de milicias de los

departamentos provinciales, los gobernadores afianzaron sus vínculos y sus influencias militares y

procuraron el recambio de comandantes al inicio de su gestión. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando

José María del Campo asumió como gobernador propietario de la provincia por segunda vez en el

año 1862, luego de la batalla de Pavón. La tradición militar de Campo; su descollante papel en la

batalla de El Ceibal (Tucumán- diciembre de 1861) que marcó el triunfo del mitrismo en el norte

frente a las fuerzas de Derqui y su consecuente control sobre las fuerzas departamentales del sur de

la provincia, le permitió fortalecer su posición militar local. Esto le ayudó a promover el ascenso a la

gobernación de dos miembros de la familia Posse: José Posse (1864-1866) y Wenceslao Posse

(1866-1867). El control de la política provincial por parte de esta fracción del liberalismo provincial

exaltó los ánimos de importantes figuras de la política local como Salustiano Zavalía, Próspero

García o Julián Murga. Sus círculos eran favorables al mitrismo y apoyaban especialmente la gestión

de Marcos Paz como vice-presidente. Sin embargo, la tendencia exclusivista de los Campo-Posse,

más allá de garantizar cierto aquietamiento militar interno luego de las sucesivas rebeliones y

guerras civiles de los años 50, no convencía a las diferentes fracciones liberales. La elección

unánime de Wenceslao Posse como gobernador en 1866 así como su comportamiento con los

círculos liberales alejados de los Campo-Posse terminaron por exaltar a la oposición que optó por la

revolución “en defensa de la constitución, de las libertades republicanas y de las instituciones”.

Salustiano Zavalía y Julián Murga lideraron la conformación de un club en Tucumán, el

“Club del Pueblo” cuyo periódico del mismo nombre se utilizó como vía de denuncia de los

manejos “exclusivistas” y “discrecionales” de los Posse. Estos conflictos se trasladaron a la

Guardia Nacional cuando Wenceslao Posse decidió que cada batallón sin excepción alguna,

colaboraría con un cierto número de soldados al ejército nacional para sofocar la nueva

sublevación de las fuerzas de La Rioja comandadas por Felipe Varela. Los integrantes del batallón

“Belgrano”, sede “cívico-militar” de la aristocracia provincial, reaccionaron indignados. Los

miembros de la oposición, quienes ocupaban los puestos de simples guardias nacionales del

45 Eco del Norte, 17 de Enero de 1860.

25

mencionado batallón ya que eran los allegados de los Posse los que detentaban los altos

escalafones, no dudaron en manifestar desde allí su descontento. En una carta el senador nacional

Próspero García afirmaba al vice-presidente Marcos Paz que: “…El estado de Tucumán es el más

lamentable, a causa de la tenaz persecución que ese gobierno hace al mismo partido liberal, que no

ha tenido complacencia de aceptar los abusos que allí se cometen, principiando por la manera de

hacer los gobernadores. Contra ese estado de las cosas ha sido impotente la prensa, el club, las

elecciones, y cuantos medios legales se han puesto en juego. O si no vea VE el periódico de

Tucumán y en el encontrará al orden de que marche a campaña el número de 200 hombres de la

clase decente... porque los 200 hombres pertenecen a la oposición. Tal gente no puede servir para

hacer la campaña, porque para ello hay hombres disciplinados y capaces de soportarla... se han

dado esas medidas con el propósito de castigar el delito de la oposición...”46

Próspero García denunciaba al gobernador por corromper el sistema de excepciones del

enrolamiento y del sorteo, perjudicando una de las actividades de central importancia de la

provincia: el comercio. Esto ocurría ya que los días de sorteo y de ejercicios doctrinales los

comercios debían permanecer cerrados. A su vez, los empleados de los mismos eran en general

aquéllos no contemplados en los sistemas de excepciones como sí lo eran los jornaleros, en tanto

mano de obra esencial en la agroindustria azucarera. Por lo tanto la asistencia a los ejercicios

doctrinales por parte de los empleados era obligatoria y casi imposible de evadirse. Esta situación

fue utilizada por el santiagueño Manuel Taboada para intervenir en la resolución del conflicto

provincial.47 Manuel Taboada ofreció poner en servicio guardias nacionales de Santiago en

reemplazo de los del batallón “Belgrano” por ser considerados los integrantes de este cuerpo “...el

alma del comercio”.48 La oposición a Wenceslao Posse terminó de manifestarse en la carta de

Próspero García quien solicitaba, dados su vínculos con el estado nacional, con el ejército a través

de Julián Murga y su cercanía a Mitre, la intervención federal. Finalmente, Wenceslao Posse

desistió frente a la oposición del batallón, claramente apoyada por la poderosa familia Taboada y

por el estado central. La marcha atrás del gobernador no calmó a los opositores quienes estaban

decididos a terminar con la dupla Campo-Posse en el poder.

46 Archivo del General Doctor Marcos Paz, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 1963, Tomo V, p127-129. 47 Tanto Manuel como Antonino Taboada expresaban el “liberalismo” santiagueño de los años 50. Si bien se habían manifestado como aliados de los Campo-Posse durante esa década la disputa por el control de la política regional y por el afianzamiento de sólidos vínculos con Mitre luego de Pavón y de El Ceibal tensaron las relaciones entre estos grupos. Esto se manifestó, por ejemplo, en las disputas por la vice presidencia de la nación y por el nombramiento en puestos de poder dentro del Ejército Nacional. El distanciamiento de Manuel Taboada con la poderosa red tucumana terminó de sellarse dados los vínculos de José Posse con Sarmiento (candidato alternativo a la fórmula luego propiciada por Mitre para la presidencia). 48 El Liberal, 22 de Agosto de 1867.

26

Los miembros de la oposición organizaron una revolución en la que contaron con el apoyo de

cuerpos del ejército nacional al mando de Octavio Luna, regimientos de la Guardia Nacional

tucumana y cuerpos de milicia departamental. Se destacó aquí una división de 200 hombres

procedentes de Monteros, departamento supuestamente controlado por la familia Posse y por

Campo, donde las influencias militares de los coroneles nacionales Julián Murga y Juan Elías y de

Dionisio Andrade fueron decisivas. En este rápido proceso, las fuerzas comandadas por Taboada

presionaron desde el Este, sin dar tiempo a los Posse a organizar un frente armado. El batallón

“Belgrano” y los miembros de la Guardia Nacional capitalina convocados desempeñaron un papel

central comenzando por el número de participantes en la revolución.49 Frente a la presión del

ejército y de la “ciudadanía-armada”, Wenceslao Posse presentó su renuncia a la sala de

representantes. Ante esto, José María del Campo, como ministro de gobierno, reivindicó la

constitución provincial que en su artículo 11º expresaba que “cualquiera disposición adoptada por

el gobierno o la Sala de Representantes a requisición o influencia de fuerza armada o de una

reunión de pueblo es nula de derecho y no debe llevarse a ejecución”..50 En consecuencia,

demandó al gobierno nacional la intervención federal dado el avasallamiento de la constitución por

parte de los ciudadanos y militares. Sin embargo, el vice-presidente Marcos Paz respondió que:

“…la renuncia presentada a la Legislatura por el Sr. Ex-gobernador Wenceslao Posse y los

términos en que ella está concebida, esto es “...renuncia presentada con toda espontaneidad”, la

autoridad nacional nada puede hacer por lo pronto si no es limitarse a una prudente expectación.”51

Los términos de la renuncia de Wenceslao Posse, esgrimidos ante la presión de las circunstancias,

anularon toda posibilidad de aplicación de las leyes nacionales y provinciales “en caso de

levantamiento armado o insurrección”.

Más allá del aspecto institucional, los vínculos de Marcos Paz con los sectores opositores del

“liberalismo” prevalecieron a la hora de tomar posición frente a los hechos por parte del vice-

presidente. A su vez, la presión del ejército nacional significó para Posse la ausencia de respaldo

por parte del poder central. Wenceslao Posse, sometido a la presión del ejército y de la “ciudadanía

en armas”, renunció en los siguientes términos: ”El movimiento popular operado en contra de mi

autoridad en esta capital el día 30 del próximo junio me ha convencido que no tengo medios para

dominarlo estando la opinión del país uniformada por la terminación de mi gobierno... y yo no

puedo continuar en su ejercicio cuando tengo convicción de la imposibilidad de mis votos... no es

49 Se movilizaron un total de 1160 guardias nacionales, entre ellos 332 del batallón Belgrano. El número de movilizados del batallón “Belgrano” demuestra el malestar de esa fuerza. 50 Constitución Provincial de 1856. Ramón Cordeiro y Dalmiro Viale, Compilación ordenada de leyes, decretos y mensajes de la Provincia de Tucumán que comienza en el año 1852, op cit, Tomo 3, p. 431. 51 Archivo del General Dr. Marcos Paz; op cit, Tomo V, pp. 219.

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que yo mire en el movimiento un obstáculo insuperable... puesto que las fuerzas de la provincia no

podrán resistir a las de la nación... es que una manifestación tan general y espontánea de la

voluntad del pueblo me impone el deber de acatarla... luego ante la H. Sala de Representantes,

renuncio indeclinablemente de mi cargo de gobernador...”52

Es interesante reflexionar aquí en torno a los fundamentos de la revolución y a la forma de

apelar a las armas. El cercamiento institucional así como el “despotismo dinástico de Posse-

Campo” funcionó como argumento justificante de la revolución que reivindicaba un vínculo

directo de los ciudadanos con la constitución por sobre el gobierno: “El pueblo de esta capital,

cansado de sufrir la tiranía dinástica de los Posse y de Campo... ha resuelto ponerle término por el

uso legítimo de la fuerza; esa administración ilegal, su origen y procedimientos que no emanó de

los sufragios del pueblo que nació y ha vivido hollando la constitución del país... ha caído el día de

ayer al empuje incontrastable de los ciudadanos de la capital... dicho movimiento no importa el

menor designio de inobediencia a la suprema autoridad de la nación, antes al contrario ha sido

inspirado... por el peligro que el orden nacional corría en nuestra provincia...”53 El apoyo del

ejército nacional, más allá de profundizar la violencia y la política facciosa, fue interpretado como

el respaldo armado de la “nación” a los ciudadanos “oprimidos” y a su vez comprometidos con el

mantenimientos del “orden público”. Más allá de los argumentos esgrimidos, los revolucionarios,

conocedores de la legalidad provincial, presionaron al gobernador para lograr su “renuncia

indeclinable”, decisión que cubrió institucionalmente cualquier cuestionamiento al origen del

cambio político.

La legitimación de la revolución provino incluso del nuevo gobierno provincial que, liderado

por Octavio Luna en el cargo de gobernador, asumió los costos económicos ocasionados por el

levantamiento ciudadano. El año 1868 proyectó la centralidad de la violencia en el desarrollo de la

política. El acercamiento de las elecciones presidenciales tensaron nuevamente las relaciones entre

los círculos del liberalismo provincial y esto tuvo proyección militar. El gobierno tucumano apoyó

los trabajos del “Club del Pueblo” que promovía la fórmula Elizalde-Paunero. Por su parte, se dedicó

a boicotear los trabajos del “Club Sarmiento” integrado por Napoleón Maciel, los hermanos Padilla

y los Posse, entre otros. La Guardia Nacional volvió a centralizar los trabajos electorales en

Tucumán, pero esta vez controlada por el gobierno provincial de turno, de marcada tendencia

52 Ramón Cordeiro y Dalmiro Viale, Compilación ordenada de leyes, decretos y mensajes de la Provincia de Tucumán que comienza en el año 1852, op cit, Tomo 3, pp. 431. 53 El Pueblo, 7 de Julio de 1867. Hilda Sábato analiza ya este tipo de argumentaciones cívico-militares en las revoluciones porteñas de 1874 y 1880, poniendo especial atención en la dimensión civil y política de la violencia en el marco de la política facciosa decimonónica. Hilda Sábato, “El ciudadano en armas: violencia política en Buenos Aires (1852-1890)”, op cit, pp. 149-169; “Cada elector es un brazo armado. Apuntes para una historia de las milicias en la Argentina decimonónica”, op cit.

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mitrista. Esto fue denunciado por los miembros del “Club Sarmiento”, cuyos trabajos fueron

frenados por el gobierno desde la institución militar: "...el gobierno ha llamado individualista a los

jefes y oficiales de la Guardia Nacional de la Provincia para que trabajen por la candidatura de

Elizalde bajo pena de destitución de sus respectivos empleos...Esta pena ha sido aplicada a los

Comandantes de batallón Isaías Padilla, Napoleón Maciel... sin más causa que la de pertenecer al

club Sarmiento”54. Paralelamente, Isaías Padilla fue depuesto por el gobernador Luna de su función

de comandante del batallón “Laureles” de Lules, situación que irritó a jefe militar, encargándose de

promover la renuncia del resto de los integrantes de la oficialidad para integrarlos a los trabajos

electorales del “Club Sarmiento”. A su vez, Padilla no devolvió al gobierno el total de armamento

que tenía en su poder conservando también las listas y boletas de enrolamiento del batallón.55 Frente

a las amenazas del gobernador los miembros del “Club Sarmiento” organizaron un levantamiento

cívico-militar “en contra la persona del gobernador, el ministro general y el jefe de policía” en marzo

de 1868.56 El mismo fue frustrado por el gobierno de turno y los sumarios levantados a los

individuos comprometidos dan cuenta de la proyección de la dimensión militar a la política y al

concepto de ciudadanía a fines de la década de 1860. En su declaración ante el jefe de policía, el

sirviente de Ángel Padilla afirmaba que “…Todas las noches se reunían en casa de Don Ángel

Padilla… que estando reunidos los ha oído repetidas veces decir que habían de hacer revolución si

no podían ganar las elecciones y que todos ofrecían dinero para esto y que José Frías ofrecía hasta la

camisa”57 Según declaración de otros testigos, “…aquellos no cubrían su oposición al gobierno al

cual llamaban públicamente mazorquero y acusaban al gobernador de haberse apartado de la

constitución…”58

Aquellos vinculados directamente con el acto revolucionario fueron encarcelados por ser

“sospechosos de organización y asesinato contra el gobernador, el ministro general y el jefe de

policía”. Entre los principales acusados se encontraban todos los miembros del “Club Sarmiento”

Los prisioneros fueron liberados luego de la elección presidencial. La coordinación del gobernador

con su ministro general, y el jefe de policía así como su control sobre la Guardia Nacional y la

mayoría de los comandantes del interior, redundó en beneficio del gobierno y de la elección de la

54 AHT, AHL, Caja nº 20, Expediente N° 1458. 55 AHT, SA, Vol 104, fs 362 56 “… la revolución debía tener lugar el día de la llegada del gobernador Luna al regreso de la campaña al siguiente

que la revolución debía hacerse atacando a la policía, la casa del gobernador y la del ministro Zavalía… tratarían de

seducir a algunos agentes de policía y de casa del gobernador”. Sumario levantado a Gabriel Paz, 28 de Marzo de 1868. AHT, SA, Vol 104, fs 450 a 452. 57 AHT, SA, Vol 104, fs 457 a 459 En una declaración posterior el mismo sirviente, indagado nuevamente afirmó que la revolución era un hecho dado que los líderes revolucionarios veían que era imposible ganar la elección. AHT, SA, Vol 104, f509. 58 AHT, SA, Vol 104, Fs 450 a 516; Ramón Cordeiro y Dalmiro Viale, Compilación ordenada de leyes, decretos y mensajes de la Provincia de Tucumán que comienza en el año 1852, op cit, Tomo III, p 536.

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fórmula “Elizalde –Paunero”. Sin desestimar la vía revolucionaria sostenida en el “deber derecho”

de tomar las armas en defensa de las instituciones republicanas, los grupos oficialistas condenaron la

intentona revolucionaria, exaltando a sus protagonistas como “…traidores infames que pretendían

sin duda más tarde legitimar su intentona a gritos diciendo que una revolución es un paso del

progreso sin acordarse de que las revoluciones como las del 30 de Junio que tiene por objeto

derrocar a los opresores de un pueblo son benéficas; son nocivas y reprobadas por la historia cuando

su sólo fin es la ambición de unos cuantos tan ignorantes o más bien tan desagradecidos que olvidan

que ayer gemían bajo el duro yugo del terror y hoy bajo la administración actual gozaban con toda

libertad las más amplias prerrogativas de un pueblo verdaderamente demócrata. Lo que apetecían se

los dio muy ampliamente el 30 de Junio, y lo han vilmente desconocido”59

La frustrada revolución de 1868 fue condenada y degradada por el gobierno y sus adeptos en

tanto la asociaban con fines facciosos y ambiciones personales, poniendo en riesgo un gobierno al

que consideraban se diferenciaba ampliamente del desempeñado por los Campo-Posse: “…no hay

motivo legítimo para hacer una revolución al actual gobernador quien ha hecho hasta el presente un

gobierno constitucional y progresista…”60

El concepto de ciudadano armado derivado del artículo 21º de la constitución nacional y de los

fundamentos de la Guardia Nacional demostraron que para los contemporáneos la utilización de las

armas, considerada como una atribución inherente al poder central, “no estaba totalmente reñida de

la civilidad”.61 La implementación de la violencia contra un gobierno considerado “despótico”, como

siguió ocurriendo en los años de la construcción nacional en las diferentes provincias, se percibió

como un “deber-derecho” de la ciudadanía, si bien se aceptaba el monopolio de los instrumentos de

coerción por parte del poder central. Este compromiso cívico-militar expresado en términos de

deber-derecho cristalizado en la institución de la Guardia Nacional fue formulado por Mitre en los

siguientes términos: “En los pueblos libres el arte de la guerra no es sino el arte de la defensa

nacional respecto de los extraños y la base del orden y de la libertad respecto de los ciudadanos. Por

lo contrario en los pueblos bárbaros la guerra es un elemento de despotismo y de anarquía perpetua.

La causa de esta anomalía consiste en los medios diversos que unos y otros emplean para tal efecto.

En los pueblos bárbaros es la minoría robusta la que empuñando las armas impone su yugo al más

débil y de entre esta minoría se levanta el más fuerte para dominar la tribu o comarca y hacerla servir

a sus miras ambiciosas. A medida que la asociación progresa surge de ella dos principios opuestos:

el de la barbarie representada por la fuerza bruta y el de la inteligencia naciente representada por la

59 AHT, SA, Vol 105, fs 11 y 11vta. 60 El Pueblo, 29 de marzo de 1868 61 Sábato, Hilda “El ciudadano en armas. Violencia política en Buenos Aires, 1852-1890”, op cit, p150.

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mayoría oprimida. Poco a poco la inteligencia se vincula a la fuerza material, primero es el

monopolio de algunos y por último el patrimonio de todos. Cuando un pueblo ha llegado a este

punto podéis decir que está en el camino de conquistar sus derechos porque... la fuerza es el derecho

según en manos de quien esté: si pertenece a uno solo es el despotismo, si a varios el privilegio, si a

todos entonces es el derecho”62

El “ciudadano armado” y la Guardia Nacional en el último tercio del siglo XIX

El nuevo presidente, Domingo Faustino Sarmiento, trató de evitar el faccionalismo militar y la

utilización de la fuerza pública para dirimir sus conflictos. Para esto diseñó estrategias de control del

ejército nacional y de su componente cívico-provincial expresado en la Guardia Nacional. Apostó a

la profesionalización militar, a la centralización de la fuerza pública y a la incorporación de

reformulaciones en torno al funcionamiento provincial de la Guardia y a la noción de “ciudadano-

armado”. La guerra del Paraguay y sus resultados instalaron en el marco de la opinión pública

debates en relación al tipo de ejército que debía forjarse. Esto evidenció los contrapuntos en las

nociones en torno a la organización militar de la nación así como el perfil que el nuevo presidente

pretendía dar a la fuerza pública “nacional”.

En articulación con lo planteado, el estado central asumió todos los costos vinculados a la

regularización de los sueldos de guardias nacionales y soldados en la guerra del Paraguay. Durante la

presidencia de Sarmiento fueron sistemáticos los decretos del poder central destinados a resolver el

problema de las subvenciones militares fuertemente atrasadas y a solventar el traslado de los

guardias y soldados desde el escenario de batalla hasta sus respectivas provincias. El sustento

material se complementó con rituales como la organización de actos cívico-militares el día del arribo

de los soldados, la entrega de medallas conmemorativas de oro y plata según el escalafón, y la

exoneración del servicio de armas durante diez años.63 En su mensaje a los guardias nacionales de

regreso, Sarmiento expresaba: “...Al regresar a vuestros hogares después de 5 años... volvéis

cubiertos de gloria y de honrosas cicatrices... el erario exhausto no ha podido siempre atenderos

como debía. El Congreso os ha decretado una medalla y 10 años de excención de servicio como

guardias nacionales… bancos y cajas de ahorros están para ayudar a estableceros… Quedáis bajo la

62 Bartolomé Mitre, “La montonera y la guerra regular” en Obras Completas, Volumen XIII, Buenos Aires, 1959 63 Colección de Leyes y decretos militares (1810-1880), Tomo II, Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, Buenos Aires, 1898.

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protección de las leyes nacionales. Tiempo es ya de que el soldado argentino se parezca al de

norteamérica, mostrándose siempre ciudadano, hombre laborioso y sostenedor de la tranquilidad

pública“.64 El discurso destaca la concepción que el presidente asumía respecto de la “ciudadanía en

armas”, donde el servicio militar de los individuos, subordinado a los designios del poder central, se

vinculaba con una noción de patriotismo que resaltaba los aspectos civiles y productivos de la

ciudadanía. En un contexto político en el que la pacificación interna se había erigido en uno de los

principales objetivos de gobierno, la defensa de la propiedad privada, del trabajo propio y de los

frutos de ese trabajo se constituyeron en los referentes esenciales del servicio de armas ciudadano.

La defensa de la “nación” se articulaba con una noción de resguardo del orden público que se

asociaba indefectiblemente con la dedicación al trabajo y a la vida política.

En ese sentido, Sarmiento siguió resaltando la importancia de la Guardia Nacional a la que

consideraba como “genuino ejército de la nación”. En palabras del presidente:“…la obligación y la

necesidad de defender la propiedad y la vida, cuando son atacadas, o la integridad y el honor

nacional reposan sobre cada individuo de la sociedad, cualquiera sea la forma de gobierno. Las

poblaciones nuevas de esta y la otra América se armaron desde el primer día de su existencia para

defenderse y sólo cuando se constituyeron las naciones hicieron de esa defensa local un sistema de

defensa común llamándole Guardia Nacional. El Ejército Regular puede suprimirla o exonerarla;

pero toda vez que aquel no esté en proporción con la necesidad, la universalidad de los ciudadanos

constituye el Ejército Nacional… Toda limitación que ponga el poder nacional sobre el uso de la

Guardia Nacional es suicidar la nación y hacer nacer por fuerza lo que con tantos sacrificios

destruimos o neutralizamos entre todos, a saber: las milicias que con Ramírez y Quiroga sublevaron

el país y mantuvieron la guerra constante en las provincias… La guerra civil de cincuenta años fue

sólo la antigua milicia localizada bajo un caudillo” 65

La Guardia Nacional se revalorizaba más por su composición individual materializada en el

“ciudadano armado” que por contener a la “nación en armas”, como lo expresaba la versión

francesa de esta fuerza.66 El ciudadano debía defender a través de la Guardia los intereses nacionales

pero también los civiles, cuya plena realización se concretaría en el marco del estado nacional. Esa

era, a juicio de Sarmiento, la esencia de la relación entre el ciudadano y el estado en clave militar y

su ámbito de manifestación era la Guardia Nacional, en oposición a la dinámica “caudillista” y local

atribuida a las tradicionales milicias provinciales. Este discurso terminó de definir a la Guardia como

64 El Nacionalista, 23 de Enero 1870. 65 Citado en Oscar Oszlak, La formación del Estado Argentino, Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1997, p 178 (nota 23). 66 Pierre Rosanvallon, La consagración del ciudadano. Historia del sufragio universal en Francia, Instituto Mora, México, 1999.

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una institución “moderna” compuesta por individuos “trabajadores”, “industriosos” y “libres”,

exaltándose la faceta cívica del “ciudadano armado”. Según Sarmiento, dada la faccionalización y

militarización de la política, la centralización de la fuerza pública era la única garantía de estabilidad

e imposición del poder central. En ese contexto, la Guardia no debía desaparecer (como sí debían

hacerlo las tradicionales milicias) sino ajustar su funcionamiento al de fuerza complementaria del

ejército de línea y sobre todo subordinada de forma decisiva al gobierno central. Es por esto que se

promovió el alejamiento de la Guardia Nacional de la política facciosa provincial y se reivindicó en

clave de “deber” el servicio ciudadano en la misma, resaltándose a su vez las connotaciones civiles

del “ciudadano en armas”.

Para regular el componente provincial de la fuerza pública, Sarmiento procuró no alterar la

colaboración local para la organización del ejército, estipulándose equitativamente el aporte militar

de las provincias, aunque no tuvieran fronteras propias que defender.67 A su vez, se reguló la

composición provincial del ejército de línea, especificando el número de efectivos con el que cada

provincia debía colaborar, tuviera o no problemas de frontera. Por un decreto del 27 de Enero de

1870, Alsina (vice-presidente de la República) ordenó que las provincias contribuyeran, sin

excepción, con un total de 2560 hombres a la remonta de los servicios de línea a fin de cubrir las

fronteras.68 Esto también contribuyó con la desmovilización de la Guardia Nacional y con la

atenuación de su servicio en la frontera.

La profesionalización del ejército fue otra vía que implementó Sarmiento para lograr la

centralización de la fuerza pública, garantizándose de esta manera la supresión de la “montonera” y

de la violenta política en las provincias, así como las incumbencias practicadas por los gobernadores

en las decisiones militares. La configuración de una “república fuerte” en la Argentina implicaba

para Sarmiento organizar definitivamente un ejército profesional y regular que (más allá de su

eventual componente cívico, la Guardia Nacional) se mostrara “celoso del rango y del honor” que,

mediante la formación académica de sus miembros y la dedicación exclusiva al quehacer militar, se

colocara a una prudencial distancia de las “pasiones populares” decididamente sometido a los

designios del poder central.69 Esto garantizaba el proceso de conformación de un ejército abocado

exclusivamente a la tarea de defensa, bajo las órdenes directas del poder central. Este fue uno de los

principios de la fundación del Colegio Militar a través de la sanción del proyecto de la ley del

67 Reglamentando el servicio que debe prestar la Guardia Nacional en las fronteras. Buenos Aires, Octubre 11 de 1871. Colección de Leyes y decretos militares (1810-1880), op cit, Tomo II, p. 397. 68 El Poder Ejecutivo “dispone de las fuerzas militares, marítimas y terrestres, y corre con su organización y distribución, según las necesidades de la nación”. Constitución Nacional. Registro oficial de la república Argentina,, op cit, Tomo III, p 71. 69 Natalio Botana, La tradición republicana. Alberdi, Sarmiento y las ideas políticas de su tiempo, op cit, pp380 y 381.

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ejecutivo nacional enviado a ambas cámaras.70 Como novedad, se creó también, con independencia

de la infantería, la Escuela Naval Militar, el 5 de Octubre de 1872. Otra fue la percepción

manifestada por los tradicionales jefes del ejército de línea respecto del proceso de

profesionalización de la fuerza pública.

Esta concepción sarmientina chocó con la de los tradicionales jefes militares que reivindicaban

a la guerra como ámbito ineludible de formación de soldados patriotas y como escuela de

ciudadanía. “Los buenos elementos constitutivos de un Ejército únicamente se pueden elegir con

precisión y verdadero discernimiento cuando ha pasado la lucha que es la verdadera escuela

politécnica práctica... robusto, valeroso, ingenioso, perspicaz, constante, inteligente, ilustrado,

disciplinado... ¡acaso un oficial no ha de ser en un buen Ejército un eximio ciudadano? De otra

manera el futuro cuanto más tendrá una jauría de leones, mandados por la inercia y la ineptitud... es

necesario la guerra para conocer sus verdades... encuentro sumamente perjudicial a nuestro Ejército

el estancamiento en las ciudades de los Oficiales que salen del Colegio Militar, en vez de acudir

alternando algún tiempo a la frontera donde se lleva la vida gloriosa del sobresalto y del sufrimiento

y se conquista con ostensible sacrificio el honroso derecho de los ascensos…”71

La organización del aparato represivo nacional también fue motivo de debate en la opinión

pública y las miradas se focalizaron en el ejército de línea y en sus soldados. Fueron varios los

artículos publicados en el periódico El Nacionalista de Tucumán que expresan las percepciones de

los miembros de la élite política respecto del “soldado de línea”: “...vamos a hablar por el soldado

que sufre, que se fatiga y se muere, la más veces sin que nadie le tienda una mano generosa... la

guerra del Paraguay terminada que cuesta a la nación tantos sacrificios debería imaginar una nueva

era para el soldado argentino... “el soldado” que todo lo ha hecho nada a conseguido para sí... Nadie

se ha acordado de él y nadie ha legislado en su beneficio. ¿Qué es pues un soldado de línea en la

Argentina? Una cosa bien despreciable. Preguntadle a una provincia si se le ocurre nunca llamar a un

soldado que represente sus sufragios en la legislatura como en los campos de batalla y contestará:

que no... el soldado de línea y el guardia nacional de la república que se nivela al mismo nivel desde

que hace el servicio activo, están sujetos a prácticas mezquinas y retrógradas y a una legislación

extranjera que no sirve sino para mostrar nuestra incapacidad e ineptitud... la recopilación de

ordenanza táctica española ha sido nuestra única horma. La institución militar de la nación es tan

raquítica como lo es hoy todo lo que se apoya en ella...”72 A esta crítica realizada respecto del rol del

70 11 de Septiembre de 1869. Colección de Leyes y decretos militares (1810-1880), op cit, Tomo II. 71 Fortún de Vera, “Cómo se cumple una orden”, en Fortún de Vera, Cuentos de Tropa (entre indios y milicos), Casa Editora, Buenos Aires, 1891, pp1-12. Agradezco la gentil sesión de esta literatura militar por parte del Dr. Malcolm Deas 72 “El Soldado de Línea en la República Argentina”. El Nacionalista, 3 de Abril de 1870.

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soldado de línea que aludía a la falta de educación en los ejércitos así como la inexistencia de un

Código Militar Nacional que diera estabilidad al servicio, evitando los vaivenes de decretos y de

leyes coyunturales, hacía del ejército en la Argentina “una institución decadente”.73 Tales debates

estimularon aún más la tarea de profesionalización y modernización del ejército encarada por

Sarmiento.

Esta situación no fue diferente durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, a la que le tocó

resolver estallidos revolucionarios como el de Carlos Tejedor, así como cuestiones fronterizas, que

demandaron el reclutamiento de fuerzas constituidas por más de 60000 hombres. Evidentemente,

Buenos Aires junto a Corrientes fueron provincias difíciles de controlar, más allá de las

reformulaciones del discurso y de la práctica militar, situación que también mostró importantes

costos para Avellaneda. Por otra parte, la cuestión fronteriza requirió de un numeroso ejército,

situación que terminó de resolverse en 1880. En todas estas situaciones el papel de las provincias así

como el liderazgo de Julio Argentino Roca, resultaron fundamentales. Sin embargo, el estado

nacional no dejó de reivindicar su papel financiando las campañas de frontera y las acciones

militares frente a levantamientos y revoluciones.

¿Cómo respondió Tucumán a las demandas nacionales-militares en tiempos de la presidencia

de Sarmiento?; ¿cuáles fueron las características del funcionamiento de la Guardia Nacional en el

marco de una política provincial que intentaba (no sin serias dificultades) transitar hacia una lógica

más conciliadora y pacífica? A partir del ordenamiento provincial en concordancia con la política

nacional promovida desde el poder central, la Guardia Nacional recobró su sentido original y los

sucesivos gobiernos procuraron alejarla del epicentro de las disputas inter-partidarias. Sarmiento,

tenía por objetivo desmilitarizar a las provincias, entendiéndose a ese proceso en términos prácticos

como el de la desarticulación del antiguo funcionamiento militar materializado esencialmente en las

tradicionales milicias. La Guardia Nacional, modificada en su funcionamiento por estas tradiciones

pero sobre todo por las íntimas vinculaciones desarrolladas entre violencia y política en las décadas

de 1850 y 1860, fue el primer objetivo político-militar de los gobiernos provinciales tucumanos que

progresivamente adhirieron a los preceptos sarmientinos. La Guardia Nacional en Tucumán adquirió

un perfil mucho más institucional, mediante un control estricto del proceso de enrolamiento a través

de la implementación de un sistema de empadronamiento configurado sobre la base del domicilio.

Fue la policía a través de sus comisarías, la que asumió el enrolamiento de los habitantes de cada

departamento y la boleta de enrolamiento fue expedida por el jefe de la misma. Cada departamento

debía poseer como mínimo y en lo posible un regimiento de dos batallones de infantería de 400

73 El Nacionalista, 20 de Marzo de 1870, 7 de Abril de 1870, 22 de Mayo de 1870.

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plazas cada uno y dos regimientos de cuatro escuadrones de caballería con 100 personas cada uno.

En los casos que estos números no fuesen alcanzados se formaría un batallón de seis compañías y un

solo regimiento de caballería de seis escuadrones cada uno. Esto terminó por desarticular la tradición

socio-profesional asociada a la tradicional organización de las fuerzas armadas provinciales y

permitió obtener un registro más claro de los ciudadanos enrolados.

En el departamento capital, el único batallón que se mantuvo como circunscripción de

notables fue el batallón “Belgrano”, incorporando a los miembros de las familias que integraban la

legislatura provincial en esos años. Sin embargo, esto significó la conservación de un espacio

cívico-militar emblemático que materializaba de forma genuina el “mito” del “ciudadano armado”,

configurado desde el discurso de Sarmiento. Los integrantes del batallón “Belgrano” expresaban la

imagen del guardia nacional “educado”, “industrioso”, “trabajador”, “activo partícipe de la vida

pública”, comprometido en ese sentido con la custodia del orden público. Esto último, más que

articularse discursivamente con la movilización y la toma de las armas, se asociaba con la dedicación

al trabajo y el desarrollo de la propiedad privada.

Los sucesivos gobiernos tucumanos recibieron con complacencia la regulación del aporte

provincial para el ejército de línea y los efectos que esto tenía en la movilización de los guardias

nacionales:“...es una obra de humanidad y patriotismo llevar a cabo el pensamiento que este decreto

encierra... Librar al... (guardia nacional) del servicio de frontera...(le propiciará) estabilidad en el

hogar, garantías en la vida de ciudadano y la esperanza cuanto menos de proporcionarse un porvenir

por medio del trabajo honrado”.74

Si bien la normativa militar fue acatada y cumplida, la economía provincial fue siempre

resguardada. Se observa para estos años la constante implementación de decretos que libraban del

servicio de armas a jornaleros comprometidos con el negocio azucarero: “... De conformidad con lo

dispuesto por el Superior Gobierno de la Provincia en el decreto del 23 del corriente respecto a la

excepción que se hace de los peones ocupados en los establecimientos de caña de azúcar para la no

asistencia a los Ejercicios Doctrinales... se previene a los patrones que desde la publicación de este

aviso hasta el día 3 de Julio (se requieren) las listas nominales de sus peones para tomar razón de

ellos y dar órdenes convenientes a fin de que no sean molestados”.75 Así, más allá de las evocaciones

heroicas efectuadas por los gobernadores en sus proclamas respecto de la participación de los

guardias nacionales tucumanos en las campañas nacionales, los gobiernos provinciales privilegiaron

74 Comunicado firmado por el Ministro de Guerra y Marina, Martín de Gainza. El nacionalista, 27 de Enero de 1870 75 El Nacionalista, 20 de Junio de 1870.

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la economía local y los intereses particulares de la provincia por sobre la movilización de la fuerza

cívica.76

Los padrones de enrolamiento analizados para Tucumán demuestran que para el año 1875 los

sectores económicamente más fuertes fueron los que en todos los departamentos presentaron un

número minoritario, entre ellos propietarios, comerciantes y criadores. En ese sentido puede

percibirse que los sectores relacionados con actividades urbanas, profesionales o bien los vinculados

al negocio azucarero, muchos de ellos exceptuados por participar del poder político o por su

profesión, se encontraban alejados del servicio en la Guardia o bien aglutinados en el batallón

“Belgrano”, permanentemente exceptuados de la movilización por las características de sus

miembros. El bajo número de profesionales, importantes propietarios de ingenios y de comerciantes,

se observa especialmente en la capital donde la cantidad de empadronados fue proporcionalmente la

más baja de toda la provincia en relación a la población masculina departamental señalada.

La masa fuerte de enrolados en la Guardia Nacional la constituyeron en general los individuos

vinculados a la tierra como pequeños propietarios o arrendatarios (labradores), o bien aquellos

empleados en la explotación de la misma o en la agroindustria del azúcar (jornaleros y en menor

número peones). Por lo tanto, el análisis de los padrones arroja no sólo la calidad de los ciudadanos

enrolados sino que refleja las connotaciones de la estructura socio-ocupacional de la provincia, el

grado de proletarización de la misma, y las características particulares respecto de las formas de

vinculación de los individuos con la tierra. Si bien los enrolados eran en su mayoría solteros, el

número de casados no dista mucho de este último. Si a esto se suma la alta proporción de pequeños

propietarios y arrendatarios se hacen patentes las razones por las que los individuos rechazaban el

servicio de armas fuera de los límites de la provincia.

¿Qué ocurrió entonces con la tradicional milicia provincial materializada en los regimientos

departamentales? Los ciudadanos enrolados en la misma se reagruparon en los diferentes batallones

de la Guardia Nacional. Sin embargo, muchos comandantes y soldados se reubicaron en una

institución militar cuya organización se remonta a la década de 1850: la gendarmería provincial. Esta

76 En una proclama a los habitantes de la provincia dada la rebelión de Mitre de 1874, el gobernador Belisario López se refería de la siguiente manera a los Guardias Nacionales movilizados “…Ciudadanos-armados: habéis sido convocados a las armas ante el peligro que una rebelión tan insensata como criminal amenazaba de muerte a nuestras instituciones procurando no permitir la transmisión pacífica del mando…el entusiasmo con que habéis acudido al llamado del gobierno es una prueba de que sois dignos hijos de los que en épocas no lejanas supieron conquistar laureles para la patria, en defensa de la independencia, de la libertad y de la ley.” Los guardias nacionales tucumanos no llegaron a participar del Ejército que frenó la rebelión. Luego de un tiempo en los cuarteles fueron rápidamente dispensados del servicio:”…Guardias Nacionales Movilizados: “volvéis a vuestras ocupaciones con la satisfacción de haber cumplido con vuestro deber y mostraos en las labores pacíficas de la vida civil tan sumisos y obedientes a la ley y a la autoridad como bravos habéis sido como soldados”. Proclamas del gobernador Belisario López a los ciudadanos de la provincia. Tucumán, 12 de Octubre de 1874 y 30 de Noviembre de 1874. Ramón Cordeiro y Dalmiro Viale, Compilación ordenada de leyes, decretos y mensajes de la Provincia de Tucumán que comienza en el año 1852, op cit, Tomo 4.

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fuerza dependía del departamento de policía de la provincia. Durante los años ‘70 la misma se

complejizó, subsumió a los escalafones de la antigua milicia provincial y desarrolló tareas de policía

y de enrolamiento en el ámbito rural a través de las comisarías de campaña. Esta fuerza, enrolada en

los principios de eficiencia y regularidad propagados por Sarmiento, asumió las funciones atribuidas

por el gobernador a la milicia departamental y a su comandante. Esto implicó un cambio sustancial

en la provincia en términos militares ya que se terminó de desarticular una fuerza devenida del

ejército revolucionario residual en beneficio de otra que expresaba el avance de la

institucionalización provincial en el marco de la nueva estructura “nacional”.

La consolidación de la gendarmería provincial permitió a la provincia avanzar sobre el control

político y militar de los departamentos del interior, desdibujándose la antigua estructura de poder

constituida por regimientos y comandantes de milicias. En un mensaje del gobernador Federico

Helguera del año 1873 a la legislatura provincial, el mismo afirmaba que el aumento de la población,

del comercio y de la industria requerían también de un aumento del personal policial así como del

sueldo de los mismos, asimilándose este principio al proceso de institucionalización y

modernización provincial: “Si bien es cierto que la organización de la policía en la ciudad está bien

arreglada y cumple decididamente con la importante misión que tiene, también lo es en que en la

campaña no sucede lo mismo. Considerada la extensión y población de la provincia y la

diseminación de su comercio es fácil comprender que es materialmente imposible que 62 gendarmes

y comisarios se puedan llenar ni inmediatamente sus necesidades. Sin la remuneración de los

comisarios y aumento de la gendarmería no puede haber policía; y sobre este importante asunto

llamo seriamente vuestra atención”.77

Se evidencio un progresivo aumento presupuestario y humano de la gendarmería, así como el

exhaustivo control que comenzó a desarrollarse sobre el parque de artillería de la provincia

custodiado exclusivamente por la guarnición de la plaza. El número de comisarios por departamento

aumentó en cada departamento de campaña de 62 (número habitual) a 80 individuos.78

En el contexto descrito, la Guardia Nacional siguió reforzando a la Policía en el interior de la

provincia, pero bajo un funcionamiento que la alejaban de las disputas facciosas y la acercaban al

mantenimiento del orden interno. Subordinada en estos años al ejecutivo provincial, la misma siguió

desempeñándose como refuerzo del ejército de línea. En consecuencia, el eje del problema militar en

77 Ramón Cordeiro y Dalmiro Viale, Compilación ordenada de leyes, decretos y mensajes de la Provincia de Tucumán que comienza en el año 1852, op cit, Tomo 4, pp20 y 21. 78 Daniel Campi demuestra el aumento de los sueldos de Comisarios según el Departamento y localidad de cada Departamento que le fuese asignada. De todas maneras, los sueldos de los Comisarios de Campaña que oscilaban entre los 480 y los 900 pesos, eran los más bajos dentro del Departamento de Policía. Por su parte, los gendarmes de campaña también percibían los sueldos más bajos dentro de la fuerza, correspondientes a $96 (en la capital, los gendarmes percibían un sueldo de 128 pesos). Daniel Campi, Azúcar y trabajo. Coacción y mercado laboral en Tucumán, Argentina, 1856-1896, op cit.

38

la provincia, más que desarrollarse bajo las claves de la política local como había sucedido en las

décadas anteriores, se trasladó al área de las incumbencias tanto provinciales como nacionales

respecto de la Guardia Nacional. Si bien el poder ejecutivo nacional se atribuía la capacidad de

movilizar la Guardia, su origen provincial dio la posibilidad al gobernador de disponer en lo relativo

a su organización, especialmente respecto del enrolamiento y sus excepciones. Los decretos del

gobierno provincial en momentos en que el reclutamiento y el sorteo de guardias nacionales eran

demandados por el gobierno nacional, se exceptuaban de inmediato a la mano de obra esencial en la

agroindustria azucarera, uno de los sectores mayoritarios de la Guardia Nacional, los jornaleros. Sin

embargo, los gobernadores provinciales colaboraron “en la medida de lo posible” con el ejército

nacional buscando demostrar su adhesión al gobierno central para reducir los levantamientos

armados como ocurrió durante la rebelión de Felipe Varela en Salta en 1869.

Durante los años ’70, mediante un sólido discurso cívico-militar y republicano pero

anteponiendo a la movilización de la fuerza el desarrollo de los negocios privados, la institución de

la Guardia Nacional en Tucumán se mantuvo como institución complementaria del ejército de línea

y bajo el control del gobernador. La reorganización y subordinación de la Guardia Nacional en la

provincia, ¿atenuó las divergencias y diluyó la dimensión militar y violenta de la política y de la

ciudadanía provincial? Claro que no. Más allá de ciertos acuerdos a los que llegaron algunos grupos

de la élite tucumana, los espacios de debate circunscriptos a clubes, tertulias y prensa proliferaron en

estos años. A su vez, las tensiones desarrolladas en torno a la dificultosa asimilación de la política de

“conciliación” lanzada por Avellaneda reactivó (paradójicamente) las divergencias y la amenaza de

la revolución armada en diferentes provincias argentinas. El “Club Libertad” tucumano de

ascendencia mitrista se erigió en reducto reivindicativo del concepto de “ciudadanía armada” que

entendía como un “deber derecho ciudadano la toma de las armas en defensa de las instituciones

republicanas, anteponiendo el vínculo directo de los ciudadanos con la constitución por sobre el

gobierno”. La revolución de 1890 en Buenos Aires así como las posteriores revoluciones radicales

que se desarrollaron en varias provincias, expresan la proyección de la revolución como mecanismo

ciudadano para enfrentar el “despotismo” y reivindicar la república y su constitución, más allá de

1880. Fue la declaración de la Ley Ricchieri de 1901 y su puesta en vigencia la que desterró

definitivamente la concepción de la ciudadanía en armas decimonónica, desarticulándose las

connotaciones estudiadas de la Guardia Nacional, la formulación del servicio de armas en clave

cívico-republicana y la dimensión militar que caracterizó a la ciudadanía y a la política del siglo

XIX. Esta ley promovió la disociación entre la clase política y la clase militar y especificó el

alejamiento de la vida pública de todo aquel ciudadano en servicio. La Guardia Nacional se

subordinó al ejército nacional detentando tareas de gendarmería en las provincias y el ejército de

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línea regular con su correspondiente reserva, se constituyó en la fuerza central y estructurante del

ejército nacional. Esta última fuerza, de estricta incumbencia del gobierno nacional, fue a la que

quedaron afectados todos los ciudadanos argentinos entre los 19 y los 28 años para realizar su

“obligatorio” servicio militar.

Las incumbencias militares de los gobernadores fue motivo de debate en el fin de siglo. Estas

discusiones orientaron la atención hacia las “ambigüedades” de la legislación nacional respecto de la

movilización y organización de la fuerza pública, terreno en el que se superponían las atribuciones

nacionales y provinciales como se señaló en páginas anteriores. El problema se resolvió en el corto

plazo mediante la consolidación de un fuerte poder central materializado en la figura de Julio

Argentino Roca y en el poderoso ejército nacional y centralizado. A partir de la consolidación del

estado central en 1880 se definieron los roles del ejército de línea como fuerza regular y de la

Guardia Nacional como institución auxiliar del mismo. En consecuencia, el poder provincial

apareció cada vez más despojado de sus incumbencias militares en la fuerza permanente avanzado el

poder central en su proceso de monopolización de la fuerza pública. Igualmente, al conservar el

gobernador su carácter de “agente natural” de poder ejecutivo nacional, su papel de mediador directo

en las tareas de reclutamiento y movilización de la Guardia Nacional mantuvo, en alguna medida, el

control sobre los contingentes militares auxiliares locales. Esta discrepancia de incumbencias se

observa en Tucumán, por ejemplo, mediante la revolución de 1887 en la que la agresión del ejército

de línea movilizado por el poder ejecutivo nacional fue repelida por la Guardia Nacional que

defendió la gestión provincial. Así, el papel del gobernador en la organización de la Guardia

Nacional y la reivindicación de las incumbencias del poder central frente a su movilización fueron

eje de debates que se proyectaron al último tercio del siglo XIX, cuya resolución se materializó de

forma definitiva en 1901 con la promulgación de la Ley Ricchieri que desterró el tradicional poder

militar de los mandatarios provinciales sobre las fuerzas regulares.

Consideraciones finales

Luego de la revolución de mayo, el proceso de construcción del nuevo titular de la soberanía,

el ciudadano, evidenció el complejo derrotero republicano y liberal decimonónico. La ciudadanía

mostró diferentes dimensiones, una civil, una política y otra militar que fueron articulándose de una

y otra manera para definir al “sujeto de imputación soberana” en el siglo XIX. En este caso, se

privilegió el estudio de la dimensión militar, una variable a la que la actual historiografía está

prestando particular atención dadas las connotaciones y dinámicas de la política del siglo XIX. Si

bien el componente militar se aleja bastante de los referentes ciudadanos actuales, se constituye en

una dimensión que permite visualizar (a contrapelo de la historiografía tradicional) una noción

40

ciudadana de contornos amplios y cambiantes que respondió a la demanda de nuevos actores

(ejércitos residuales, milicias, comandantes entre otros) que, devenidos de la década revolucionaria,

se sintieron protagonistas del proceso político en ciernes y a partir de allí pugnaron por insertarse en

el nuevo escenario político y en los nuevos espacios de poder. La militarización de la vida política

producto de la revolución, de la guerra por la independencia y de las posteriores guerras civiles, se

expresó en la incorporación de prácticas políticas cívico-militares y puso al alcance de muchos la

posibilidad de manifestar disenso e incluso de torcer el destino político, sin desconocer los espacios

formales de acción en la vida pública que se estaban diseñando. Emergió aquí una directa relación

entre el ciudadano elector y el integrante de las milicias que modificó durante todo el siglo XIX el

proceso de construcción ciudadana.

A partir de 1820, la provincia se configuró en la unidad política de referencia y se constituyó

en espacio de definición y acción de los ciudadanos. El gobernador, el ejército provincial y los

comandantes canalizaron la herencia militar revolucionaria, configurándose una noción de “patria”

de fuertes características locales y personales. Esto modificó el concepto de ciudadanía que se

definió tanto desde el punto de vista electoral como militar, sobre la base de referentes republicanos,

provinciales y personales. A su vez, la variable militar se consolidó como vía de vinculación entre

los ciudadanos, la política y el gobierno.

La firma del pacto constitutivo de 1853 marcó una nueva etapa en la política rioplatense así

como en el proceso de construcción ciudadana. La constitución se erigió en el nuevo referente

político-institucional y cívico que, con modificaciones, regiría de ahora en más la vida política de las

provincias firmantes. Si bien el componente provincial se mantuvo como elemento esencial del

nuevo escenario político en construcción, se organizó una fuerza militar que inició un proceso de

reformulación de la relación entre el gobernador, las tradicionales milicias, el ciudadano y un nuevo

actor, el “poder central”: la Guardia Nacional. Constituida por ciudadanos comprometidos con el

“mantenimiento del orden público” que se estaba configurando más allá de las provincias, la Guardia

se organizó en cada una de ellas por decreto de Urquiza. Los guardias nacionales estaban

comprometidos con la defensa de la “república y sus leyes”, elementos constitutivos de la “nación”

en construcción. Estos principios, que superaban el estricto referente local, promovieron la

configuración de un vínculo directo entre los ciudadanos y la constitución, más allá del gobierno

provincial o central. Este fundamento fue utilizado para legitimar acciones revolucionarias

ciudadanas frente a gobiernos considerados “despóticos” y por lo tanto alteradores del “orden”

republicano y constitucional” y esto ocurrió tanto a nivel provincial como “nacional”.

La Guardia Nacional se erigió en espacio de configuración ciudadana en tanto se constituyó en

nexo comunicante entre los individuos, la vida pública, la constitución y las instituciones

41

republicanas provinciales y “nacionales”. Esencialmente, la nueva fuerza militar expresó la

articulación entre las armas y la política en clave ciudadana y esto no sólo tuvo que ver con los

compromisos de los individuos con la defensa de la constitución. Para poder votar era obligación

estar enrolado en la Guardia Nacional. Esto erigió a la Guardia en espacio de acercamiento y de

control del electorado sobre todo en el espacio provincial, así como en terreno de manifestación de

conflictos entre “partidos” así como entre estos últimos y el gobierno de turno.

Las relaciones entre gobierno provincial y poder central también evidenciaron conflictos y esto

se manifestó nuevamente en el terreno militar. La Guardia expresó las superposiciones y

ambigüedades respecto de las atribuciones militares del gobernador y del presidente en la segunda

mitad del siglo XIX, situación que se resolvió una vez definido y afianzado el poder central en 1880.

Evidentemente, la violencia articulada a la vida pública y al proceso de institucionalización tanto de

las provincias como del estado central a partir de 1853, otorgó a la sociedad argentina decimonónica

una fuerte impronta militar y una constante movilización que modificó innegablemente el proceso de

construcción republicana, “nacional” y ciudadana. La Guardia Nacional se erigió en espacio de

afianzamiento del componente militar de la ciudadanía y, a su vez, de los vínculos entre “ciudadanía

política” y “ciudadanía armada” que se manifestaron tanto en el terreno provincial como en el

“nacional”.

Los cambios de la sociedad del centenario se materializaron en una serie de reformas

institucionales que ejemplifican la promulgación de la ley electoral de 1912 y la ley de 1901, más

conocida como “Ley Ricchieri”. El nuevo concepto de defensa se materializó en el principio de

conscripción obligatoria. Por su parte, la dimensión cívica de la ciudadanía se impuso en la escena

política en articulación con la emergencia de un terreno electoral fuertemente competitivo, donde los

partidos modernos se erigieron en actores centrales y los espacios de manifestación de la opinión

pública se multiplicaron. Los principios de la cultura cívica se reedificaron sobre el voto universal

masculino y secreto y la ampliación de la representación político-institucional. Más allá de

desdibujarse una tradición ciudadana de casi un siglo, la ciudadanía del centenario capitalizó y

reformuló la esencia participativa y dinámica que la antigua dimensión militar acuñó y afianzó, y

esto se recanalizó mediante la organización y puesta en funcionamiento de los partidos modernos, de

las asociaciones y de los sindicatos que se erigieron en vías de expresión y de acción de una sociedad

diversa y fuertemente movilizada. La construcción democrática del centenario se asoció con la

configuración de nuevos canales de vinculación entre pueblo y gobierno, reactualizándose la

pregunta por la ciudadanía y por la compleja relación entre los principios de “soberanía del pueblo”

y “gobierno representativo”.

De cara al bicentenario, tanto en la Argentina como el resto de las naciones occidentales,

42

resurge la pregunta por la ciudadanía, en un contexto en el que el referente simbólico nacional no

deja de diluirse y tornarse difuso en el marco de una sociedad multicultural y diversa, donde muchos

actores manifiestan de forma cotidiana necesidades insatisfechas y por lo tanto una ineludible

sensación de exclusión. Esto exige repensar el vínculo entre pueblo y gobierno en los diferentes

“territorios” de acción ciudadana (el municipio, la provincia, el estado nacional) e implica reactivar o

reinventar sus canales comunicantes. A su vez, esto requiere flexibilizar y adaptar las agendas

gubernamentales a una “renovada” ciudadanía.

Fuentes y Bibliografía

Fuentes Publicadas.

-Archivo del General Doctor Marcos Paz, Tomos I al V, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 1963. -Archivo Histórico Sarmiento. Epistolario entre Sarmiento y Posse (1845-1888), Tomos I y II, Museo Histórico, Buenos Aires, 1946. -Alberdi, Juan Bautista, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, Editorial Sopena, Buenos Aires, 1957. -Alberdi, Juan Bautista, Obras Completas, Tomo XVIII, Ed. Sopena, Buenos Aires, 1957.

-Aráoz de Lamadrid, Gregorio, Memorias del General Gregorio Aráoz de Lamadrid, Tomo II, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1968. - Camaño, Melitón, La Guardia Nacional, Tesis Doctoral, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UBA, 1894 -Colección de Leyes y decretos militares (1810-1880), Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, Buenos Aires, 1898. -Cordeiro, Ramón y Viale, Dalmiro, Compilación ordenada de leyes, decretos y mensajes de la Provincia de Tucumán que comienza en el año 1852, Tomos I a IV, Edición Oficial, Tucumán, 1915. -Coviello, Alfredo, Documentos Tucumanos. Actas de la Sala de Representantes, 2 Tomos, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 1938. -De Vera, Fortun, Cuentos de Tropa (entre indios y milicos), Casa Editora, Buenos Aires, 1891 -Mitre, Bartolomé, Obras Completas, Volúmenes I al XVIII, Honorable Congreso de la Nación (Ley nº 12328), Buenos Aires, 1938-1972. -Ravignani, Emilio, (comp.) Asambleas Constituyentes Argentinas seguidas de los textos constitucionales legislativos y Pactos Interprovinciales que organizaron políticamente la Nación, Tomo VI (segunda parte), Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Talleres S.A. Casa Jacobo Peuser Ltda., Buenos Aires, 1937. -Registro Oficial de la República Argentina (1854-1880), Imprenta La República, Buenos Aires, 1883. -Sarmiento, Domingo Faustino, Campaña del Ejército Grande, Kraft, Buenos Aires, 1957. -Taboada, Gaspar, Los Taboada. Luchas de la Organización Nacional, Tomos II a IV, Libreros Editores, Buenos Aires, 1933.

Fuentes no publicadas

Archivo Histórico de Tucumán:

43

-Sección Actas Capitulares del Cabildo (1810-1820) - Sección Administrativa, 1830- 1880. - Revista de la Guardia Nacional, 1832-1875, tomos III al VII. - Archivo de la Honorable Legislatura, 1830-1880. - Libros Mayores de Contaduría, 1830-1850. - Archivo de Anselmo Rojo, 1850-1860. - Tomas de Razón, 1838-1871, tomos VI y VII.

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