Comision Ad Hoc guerra de el salvador 05

8/7/2019 Comision Ad Hoc guerra de el salvador 05

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v. RECOMENDACIONESINTRODUCCION

Como parte de su encargo, ala Comisi6n le corresponde formular recomendaciones. En efecto,en los terminos del mandato,El encargo de la Comisi6n comprende el de recomendar las disposiciones de orden legal,politico 0 administrativo que puedan colegirse de los resultados de la investigaci6n. Dichasrecomendaciones podran incluir medidas destinadas a prevenir la repetici6n de tales hechos,asf como iniciativas orientadas hacia la reconciliacion nacional.La Comisi6n opt6 por formular, en primera instancia un comentario general sobre el resultadode sus indagaciones, los principios en los que estos y sus recomendaciones se enmarcan y sobre los

destinatarios de las rnismas, antes de entrar a especificar recomendaciones concretas.

1. Conclusiones generalesLas causas y condiciones que engendraron el gran numero de graves hechos de violencia enEI Salvador, provienen de circunstancias de gran complejidad. La historia del pais y sus relacionesde injusticia inveteradas, no puede atribuirse solamente a un sector de la poblaci6n 0 a un grupo depersonas. Esta 0 aquella instituci6n gubernamental, determinadas tradiciones hist6ricas, ni tansiquiera la lucha ideol6gica hasta hace poco pIanteada entre Oriente y Occidente, en la cua l EISalvador fue una vfctima y un episodio son s610 componentes. Todos estos factores, que explican

. parcialmente In compleja realidad salvadorefia en et perfodo de doce MOS que nos oeupa. LaComisi6n no estuvo Hamada a ocuparse de todos elIos, ni podia hacerlo, En cambio, la Comisi6nse concentr6 en determinadas consideraciones que Ia IIevaron a eIaborar sus recomendacionesesenciales para su cabal entendimiento.La falta de garanna a los derechos humanos en EI Salvador y el hecho que una sociedad seorganice al margen de los principios del Estado de Derecho determina una seria responsabilidadsobre el Estado salvadorefio mismo, mas que sobre este 0aquel gobierno. Los mecanismos politicos,normativos e institucionales necesarios para asegurar ese tipo de sociedad existfan en teorta, al menosen parte; pero la realidad se diferenci6 de 10que debi6 ser, quiza como derivaci6n de un exceso depragmatismo. Con el correr del tiempo, el estamento militar y mas particularmente ciertos elementosdentro de la fuerza armada al adentrarse en una dinamica de la cual diffcilmente podfan marginarseterminaron por dominar por completo a las autoridades civiles, a menudo en confabulaci6n conalgunos civiles influyentes.Ninguna de las tres ramas del poder publico -judicial, Jegislativa 0 ejecutiva- fue capaz decontrolar el desbordante dominic militar en la sociedad. Se debilit6 el sistema judicial en la medidaen que la intimidaci6n la apres6 y se sentaron las bases para su corrupci6n; como este poder nuncahabfa gozado de una verdadera independencia institucional de las ramas legislativa y ejecutiva, suineficacia no hizo sino incrementarse hasta convertirse, por su inacci6n 0 actitud de lamentablesupeditaci6n, en factor coadyuvante de la tragedia que ha sufrido ese pais. Las distintas alianzas, amenudo oportunistas, que forjaron los lfderes politicos (legisladores al igual que miembros del poderejecutivo) con el estamento militar y los miembros del poder judicial, tuvieron el efccto de debilitaraiin mas el control civil sobre las fuerzas militares, policiafes y de seguridad, todas ellas parte delestamento militar.La amplia rcd dc grupos armados ilcgalcs que aetuaban indifercntementc dentro y fuera de lainstitucionalidad, con absoluta impunidad, conocidos como escuadrones de la muerte,sembr6 elterror en la sociedad salvadorefia. Su origen fue basicamente una acci6n de civiles, concebida,

financiada y diriaida por elIos. El papel de los mlcleos de oficiales de alta que inicialmente selirnitaba a servir de meros ejecutantes y ejecutores, se fueron apoderando, gradual y progresivamenteen "escuadrones de la muerte", para su lucro personal 0 para promover determinados objetivos185


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ideol6gicos 0 politicos. Asi, dentro del estamento militar y al margen de su verdadero prop6sito yvocaci6n incluso, la impunidad ante las autoridades civiles, marc6 la pauta. La instituci6n en suconjunto fue presa de ciertos y determinados grupos de oficiales que llegaron hasta consolidarse entandas y abusaron de su poder, de sus relaciones con ciertos elementos civiles e intimidaron acompafieros de armas renuentes acompartir 0 colaborar con sus practicas corruptas e ilfcitas.EI conflicto armado interno, creci6 en intensidady magnitud entre las fuerzas enfrentadas. EIdesenlace inexorable fueron los hechos de violencia traidos, algunos de estos, con ansiedad yexpectaci6n, ante la Comisi6n. Cuanto mas cruento se hacfa y extendfa ese conflicto, mayor el poderde la cupula de la Fuerza Armada, asf como de quienes comandaban a los grupos armadosinsurgentes. La resultante de ese circulo vicioso fue un estado en el que ciertos y determinadoselementos de la sociedad se encontraron inmunes a cualquiera contenci6n gubernamental 0 polfticay fraguaron a s r la mas abyecta impunidad. En ellos yacra el verdadero poder del Estado, expresadoen los terminos mas primitivos, mientras que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, noalcanzaban a cumplir una funci6n real como ramas del poder publico. La triste y lamentable realidadfue que se convirtieron en la practica en simples fachadas con autoridad gubernamental marginal.C6mo de otra manera se alcanza a entender el mod us o pe ra nd i de los escuadrones de lamuerte?, la desaparici6n de gran cantidad de personas, los atentados contra importantes funcionariosgubemamentales, jefes de la iglesia y jueces, y el hecho de que los responsables de estas atrocidadesrara vez fueron lIevados a juicio? Lo ir6nico es que ese entramado decorrupci6n, timidez y

debilidad del poder judicial y de sus 6rganos de investigaci6n, dificultaron mucho la labor efectivadel sistema judicial, incluso cuando se trat6 de crimenes que se atribufan aI FMLN.Para evadir todo riesgo de recaer en el status quo ante, es indispensable que EI Salvadorestablezca y fortalezca el correcto equilibrio de poder entre los Organos Ejecutivo, Legislativo yJudicial, e instituya el pleno e indisputable control civil sobre toda fuerza militar, paramilitar, deinteligencta 0 de seguridad. Las recomendaciones que otrecemos a continuacion, tienen como finesbozar los elementos fundamentales que se requieren para esta transici6n y asegurar que esta lIevea una sociedad democratica, donde impere el Estado de Derecho y los derechos humanos seanrespetados y garantizados a plenitud.

2. PrincipiosEI Informe que la Comisi6n presenta se situa dentro de un proceso que se inici6, segun el

Acuerdo de Ginebra del 4 de abril de 1990, para la terminaci6n del conflicto armado por la viapolftica tan pronto como fuera posible, para impulsar la democratizacion del pais e impulsar elirrestricto respeto a los derechos humanos; y para reunificar ala sociedad salvadorefia. EI primerode esos objetivos ya ha sido alcanzado. Las metas restantes, en cambio, requieren de un esfuerzo sinintervalos y, en ciertos aspectos, permanente. Son metas que se complementan recfprocamente: lademocracia pierde vigencia en un contexto donde los derechos humanos no sean irrestrictamenterespetados; los derechos humanos no pueden encontrar garantfa contra la arbitrariedad, fuera delestado de Derecho que es la expresi6n del regimen democratico de gobierno; y fuera de un contextoen que sean respetados y garantizados los derechos y Iibertades de todos diffcilmente podrfa hablarsede una sociedad reunificada.Las recomendaciones de la Comisi6n, aunque se conectan en todo con -los resultados de susindagaciones, son vectores que persiguen esos objetivos, definidos dentro de la realidad de 1ahistoriareciente de ese pais, por los salvado:efios que negociaron los acuerdos de paz y por la determinantemay?ria que ha apoyado su contemdo como los q?e ~eben alcanzarse en la sociedad que ahora

conuenzan a constnnr. Elias se enmarcan, por consigutente, dentro de los principios siguientes:Primero: la democ~a~ia, .que d~ja las decisiones. fundamentales sobre el destino de la sociedaden manos del pueblo y privilegia el dialogo y la negociacton como instrumentos basicos del quehacerpolftico.

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Segundo: la participaci6n, que integra a las minorfas con la mayorfa y realza la democraciacomo modele respetuoso de las dimensiones individual y colectiva de la convivencia humana. Se trataasimismo, de una participaci6n que alienta la solidaridad y al respeto entre las personas.Tercero: el Estado de Derecho, donde la supremacfa y el respeto de las leyes es la base de unacultura que garantiza la igualdad y la proscripci6n de toda arbitrariedad.Cuarto: el respeto a lo s derechos humanos, que son la raz6n de ser de lo s principiosanterioresy el fundamento de una sociedad organizada al servicio de las personas, consideradas todas ellasigualmente libres y dignas.La consolidaci6n de la supremacfa del poder civil en la sociedad salvadoreiia y la necesariasubordinaci6n a ese poder de la instituci6n militar, emanan directamente de la concepci6ndemocratica del Estado de Derecho, del valor primordial que tiene la dignidad del ser humane y portanto, del total respeto a sus derechos.Los Acuerdos de paz preven un nuevo concepto de la defensa nacional y de la seguridadpublica que representa un.avance significativo en el camino correcto para establecer la supremacfadel poder civil. Es indispensable que todos, absolutamente todos, los acuerdos sobre estas materiasse cumplan a cabalidad.Asimismo, laComisi6n subraya el especial cuidado que debe ponerse a las previsiones de losacuerdos de paz ya las contenidas en el presente Informe, en orden al. fortalecimiento de un sistemaintegral de protecci6n de los derechos humanos y de un poder judicial independiente, fuerte y eficaz.EI notorio vacfo que ha padecido el pais en este aspecto ha side causa de primera importancia en laocurrencia y sistematica repetici6n de gravfsimas violaciones a los derechos humanos,que s610podran tenerse par definitivamente erradicadas, cuando se eumpla el objetivo antes seiialado.

3. DestinatariosEI mandato de la Comisi6n no identifica, ni fija lfrnite a los destinatarios de susrecomendaciones. Sf establece, en cambio, una modalidad respecto del compromiso asumido por lasPartes frente a estas recomendaciones, es decir, a] Gobierno y al FMLN, quienes fueron, con lafirma de los Acuerdos de Mexico, los creadores del mecanisme que hoy culmina su labor: elIas sehan comprometido a cumplir con las recomendaciones de la Comisi6n (Acuerdo sobre la Comisi6nde la Verdad, parr. 10), por 1 0 cual deben poner en practica, sin demora, las que esten directamenteseiialadas a elIos. Cuando los destinatarios sean otros 0, particularmente en el caso de el Gobierno,cuando impliquen aetos 0 iniciativas de Organos del Estado distintos al Organa Ejecutivo, elcompromiso del Gobierno significa que debe adoptar las acciones e iniciativas necesarias para que

las reeomendaciones sean puestas en practica por los canales apropiados del aparato estatal.Tambien en relaci6n can los destinatarios cabe observar que, finalizado el conflicto armada,es natural que la mayor parte de las recomendaciones, por tener caracter institucional, vayandirigidas al sector oficial. La recomendaci6n mas relevante que hubiera cabido hacer al FMLN,habrfa side la de abandonar el uso de las armas como medio delucha polftica y renunciar, en todocaso, a actos y practicas como los que se han consignado en este Informe. Este objetivo se haconseguido gracias a los acuerdos de paz y a su ejecuci6n, 1 0 cual no obsta para que la Comisi6ndirija al FMLN un vivo lIamado para que su actuaci6n como fuerza polttica, este siempreacompanada por una militante renuncia a tuda forma de lucha violenta y una permanente adhesiona los medios legales y civilizados propios del quehacer democratico, con renuncia para siempre delos metodos que significaron la ejecuci6n de los graves hechos de violencia aquf seiialados, cometidosbajo su responsabilidad.En ese contexto pasa ahora la Comisi6n a formular sus .recomendaciones. No todas tienen,claro esta la misma importancia ni el mismo sentido. Algunas de entre elias, que se coligendirectame~te del resultado de la investigaci6n y cuya atenci6n es urgente, estan orientadas hacia elinmediato apartamiento de factores direetamente relacionados con los hechos investigados 0 con la

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circunstancia de que los mismos no hayan side escJarecidos en su oportunidad. Otro grupo derecomendaeiones busca encontrar remedio a ciertos males estructurales, directamente vinculados conlos hechos examinados por la Comisi6n. El tercer grupo se refiere a reformas institucionales parala prevenci6n de la repetici6n de hechos semejantes. Por ultimo, la Comisi6n formulara susconsideraciones y recomendaciones en orden a la reconciliaci6n nacional.

I. RECOMENDA(;IONES QUE SE COLIGEN DIRECTAMENTE DEL RESULTADO DE LAINVESTIGACIONBajo este acapite la Comisi6n formulara recomendaciones que son consecuencia inmediata eineludible de las conclusiones a las que ella ha lIegado sobre los hechos que Ie ha correspondidoinvestigar y esc1arecer, a la luz de realidades directamente conectadas con ellos y que an n pervivenen la vida del pafs. En tal sentido, por su naturaleza, las recomendaeiones que ahora formulara laComisi6n son las de mas urgente y apremiante eurnplirniento.En ese contexto,la Comisi6n formula las siguientes reeomendaciones que deben cumplirse sindernora:

A. SEPARACION EN LA FUERZA ARMADAEn las eonc1usiones de los casos investigados por la Comisi6n de la Verdad publicados en esteinforrne, se encuentran los nombres de oficiales de la Fuerza Armada Salvadoreiia que sonpersonalmente implieados en la perpetraci6n 0 encubrimiento; 0 que no eurnplieron con susobligaciones funcionales de inieiar 0 de eolaborar en la investigaci6n y sanci6n de los graves hechosde violencia. En relaci6n con los oficiales que todavfa se eneuentren de alta, la Comisi6n recorniendala separaci6n de sus cargos y su baja de la Fuerza Armada. Respecto de aquellos que actualmentese encuentran en situaci6n de retiro 0 de baja, la Comisi6n recornienda la aplicaci6n de la medidaconsignada en el parrafo C. del presente acapite.

B. SEPARACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICAEn las conclusiones de los casos investigados por In Comisi6n de la Verdad, tambien fueronnombrados funcionarios civiles de la administraci6n publica y de la judicatura. Estos funcionarios

en virtud de los cargos que ejereen, encubrieron 0 dejaron de cumplir sus respectivasresponsabilidades en lainvestigaci6n de graves hechos de violencia. Respecto de estas personas la .:Comisi6n recornienda que sean separadas de los cargos de la administraci6n publica 0 judicial que .actualmente ejerzan. En relaci6n con aqueUas que dejaron ocupar cargos de esta naturaleza, laComisi6n recomienda la aplicaci6n de la medida consignada en el parrafo C. del presente acapite.

C. INHABILITACIONES PUBLICASBajo ningun aspecto serfa saludable que participaran en el manejo del Estado quienes hayancometido hechos de violencia como los que la Comisi6n ha investigado. De ahf que considere quelas personas a que se refieren los parrafos precedentes, como cualesquiera otras igualrnenteimplicadas en la perpetraci6n de los hechos de violencia descritos en el presents Informe, incluso losciviles y los miembros de la Comandancia del FMLN nombrados en las conclusiones de los casosdeben qued~ in_!labilitadaspara el ejercicio d.e.eualq~ier cargo 0 funci6n publica por un lapso n~

menor de diez anos y para siempre de toda actividad vmeulada con la seguridad publica 0 la defensanacional. No esta en los poderes dela Comislon de la Verdad apIiear directamente una disposici6nsemejante, pero sf 1 0 esta el recomendar a la Comisi6n Nacional para la Consolidaci6n de la Paz(COPAZ),que prepare un anteI:royecto legislativo que regule este punto, con las debidas garantfasconforme al Derecho salvadoreno, y que 1 0 sornetaa la Asamblea Legislativa, para su aprobaci6n

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sin demora; y a los 6rganos competentes para designar a quienes han de ejercer funciones publicas,que se abstengan de hacerlo respecto de tales personas.

D. LA REFORM A JUDICIALLa puesta en practica de todos los aspectos de la reforma judicial acordada. En efecto,aun cuando dicha reforma requiere ser complementada con medidas adicionales, algunas de las cualesseran objeto de otras recomendaciones de la Comisi6n, los acuerdos a que se lleg6 en esta materiaen el proceso de paz deben ser objeto del mas pronto e integral cumplimiento. Dos asuntos concretosmerecen ser sefialados:

a. LA REFORM A DE LA CORTELa Reforma Constitucional aprobada en elmarco del proceso de paz contemplo unnuevo mecanismo para la elecci6n de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entidad quees la cabeza del Organo Judicial. Esas innovaciones no han podido ser aplicadas en espera delvencimiento del mandato de los actuales Magistrados, de suerte que Ia Corte continua integrada porpersonas elegidas de conformidad con las reglas anteriores a la Reforma Constitucional y a losacuerdos de paz. Teniendo presente la enorme responsabilidad del Organo Judicial en la impunidadcon la que ocurrieron graves hechos de violencia como los que en el Informe se han descrito, no sejustifica que se siga postergando la renovaci6n de Ia Corte Suprema de rusncta, cuyos miembrosdeberfan permitir la inmediata aplicaci6n de la Reforma Constitucional dimitiendo de sus cargos.

b. EL CONSEJO DE LA JUDICATURALos acuerdos de paz contemplaron la configuraci6n de un Consejo Nacional de laJudicatura independiente de los Organos del Estado y de los partidos polfticos (Acuerdos de Mexico:"Acuerdos Polfticos para el Desarrollo de la Reforma Constitucional, A.b.1; Acuerdo de pazChapultepec: Capitulo III, 1.A). Sin embargo, la Ley deJ Consejo Nacional de la Judicaturasancionada en diciembre de 1992 por la Asamblea Legislativa contiene disposiciones que dejan, enla practica, la remoci6n de algunos miembros de dicho Consejo a Ia libre apreciacton de Ia CorteSuprema de Justicia. La Comisi6n recomienda que este sistema sea modificado y que los miembrosdel Consejo s610 puedan ser destituidospor causales legales precisas, apreciadas por la AsambleaLegislativa que es el 6rgano constitucionalmente competente para designar a dichos miembros, demodo que, 16gicamente, debe ser tambien el que conozca sobre su destituci6n.

E. WS JUECESLa Ley de Carrera Judicial, cuya reforma entiende la Comisi6n esta en discusi6n para1afecha de presentaci6n de este Informe. deberfa establecer que s610podran permanecer en la carreraaquellos jueces que, segun una rigurosa evaluaci6n realizada por el Consejo Nacional de laJudicatura, hayan demostrado vocaci6njudicial, eficiencia, preocupaci6n por los derechos humanosy esten rodeados de las garantfas de independencia, criterio judicial, honestidad e imparcialidad ensus actuaciones.

F. LAS SANCIONESEntre las consecuencias directas del esclarecimiento de los graves hechos que hacorrespondido investigar a la Comisi6n deberfa estar, en condiciones normales, el de la sancion que

merecen los responsables de los mismos. Sin embargo, habida cuenta de Ias condiciones actuales delpais y de la situaci6n de la administraci6n de justicia, la Comisi6n se ve frente a insalvablesdificultades que pasa a sefialar de inmediato. .189


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La aplicaci6n directa de una sanci6n a los responsables escapa a los poderes de laComis i6 n: e lla n o tie ne f un cio ne s ju ris dic cio na le s y no puede, por consiguiente, decidir que seaplique a una persona una determinada sanci6n. Esa es una funci6n que corresponde, por sunaturaleza, a los tribunales de justicia, cuesti6n esta que enfrenta a la Comisi6n con la graveproblematica, Por ello, el planteamiento del problema y las salidas que pueden darse al mismo nopueden desvincularse de la realidad presente del pafs.Un elemento que se destaca dolorosamente en esa realidad, es la notoria deficiencia delsistemajudicial, 10 mismo para la investigaci6n del delito que para la aplicaci6n de la ley, en especialcuando se trata de delitos cometidos con el apoyo directo 0 indirecto del aparato estatal. Tanpronunciado es ese heche, que el Gobierno y el FMLN acordaron la creaci6n de un instrumentocomo la Comisi6n de la Verdad para a1canzar metas que, normalmente, deberfan estar a cargo delos organismos competentes para poner en marcha la administracion de justicia. Si el poder judicialhubiera funcionado a satisfaccion, no s610 se habrfan esclarecido oportunamente los hechos que hadebido investigar la Comision, sino que se habrfan aplicado las sanciones correspondientes. En esesentido, la incapacidad de los tribunales de aplicar la ley a hechos de violencia cometidos bajo lacobertura, directa 0 indirecta, de] poder publico, forma parte integral de la realidad en la cual esoshechos tuvieron lugar y es inseparable de ellos. Esta es una conclusion que emana con toda claridadde la mayor parte de los casos examinados en este Informe y que tienen las caracterfsticas descritas.Cabe, entonces, preguntarse, si el Organo Judicial esta en capacidad de satisfacer, en

condiciones de igualdad, los imperativos de la justicia. Vista la situaci6n con serenidad, no puededarse una respuesta positiva a esa interrogante. La estructura judicial es todavfa sustancialmente lamisma frente a la cual sucedieron los necnos descritos en este Informe. Las reformas al sistemajudicial acordadas dentro del proceso de paz, s610 se han puestoen practica con limitaciones, demanera que aun no han tenido impacto significativo que se traduzca en una transformaci6n de laadministraci6n de justicia. Mas adn, el Organo Judicial continua bajo la direcci6n de las mismaspersonas cuya omisi6n fue parte del escenario que ahora se trata de superar y nada indica que lapraxis de su actuaci6n se modifique en el porvenir inmediato.Estas reflexiones colocan a la Comisi6n frente a una seria disyuntiva. La cuesti6n quese plantea no es si se debe 0 no sancionar a los culpables sino si se puede 0 nohacer justicia. Lasanci6n a los responsables de los crfmenes descritos, es un imperativo de la moral publica. Sinembargo, no existe una administraci6n de justicia que retina los requisitos mfnimos de objetividade imparcialidad para impartirla de manera confiable. Esta es una parte de la realidad actual del pais,cuya urgente superacion debe ser objetivo de primer orden para la sociedad salvadoreiia.No cree la Comisi6n que pueda encontrarse una respuesta fiable a los problemas que haexaminado, reintroduciendolos en 1 0 que es una de sus causas mas relevantes. EI cuadro que presentaeste Informe, no se habrfaconfigurado si el sistema judicial hubierafuncionado adecuadamente. Esobvio que ann dicho sistema judicial no se ha transformado 10 bastante como para cimentar unsentimiento de justicia que impulse la reconciliaci6n nacional. Por el contrario, un debate judicialen el actual escenario, lejos de satisfacer un honesto anhelo de justicia, podrfa servirpara revivirviejas frustraciones y entorpecer asf ese cardinal objetivo que es la reconciliaci6n. Siendo ese elcontexto presente, es claro que en este momenta la Comisi6n s610 conffa en una administraci6njudicial renovada a la luz de los Acuerdos de Paz, para que sea ella la que apliquecumplida yoportuna justicia.

II. ERRADICACION DE CAUSAS ESTRUCTURAU,!SDIRECTAMENTE VINCULADASCON LOS HECHOS EXAMINADOSEl proceso de paz condujo a un conjunto de acuerdos politicos, que han contado con elrespaldo ostensible de la sociedad toda y que introducen importantes reformas estructurales y atacannumeros~s ,:i~ios que han contri~u!do a la co.nfiguraci6n del cuadro descrito en el presente Informe.Como pnncipio general, la Comision recomienda de la manera mas enfatica el cabal cumplimiento

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y absolutamente civil. La Comisi6n recomienda con todo enfasis que los lineamientos del nuevocuerpo sean rigurosamente respetados. La desmilitarizaci6n de la policfa es un gran paso de avanceen EI Salvador, de modo que debe asegurarse que se cumpla la desvinculaci6n de la PNC y losantiguos CUSEP 0 cuaJquier otra rama de la Fuerza Armada.C. Investigaci6n de grupos ilegales.

Entre los instrumentos mas atroces de la violencia .que conmovi6 at pais durante losultirnos alios, estuvo la acci6n de grupos armados particulares que actuaron con toda impunidad. Esnecesario adoptar todas las medidas que sean precisas para asegurarse del desmantelamiento de losmismos. Ala luz de la historia del pais, en este campo la prevenci6n es imperativa. EI riesgo de quetales grupos renueven su acci6n siempre existe. La Comisi6n recomienda que se emprenda deinmediato una investigaci6n a fondo a este respecto, y que se soJicite, por los canales que laconfidencialidad de la materia impone, el apoyo de la policfa de patses amigos que esten encondiciones de ofrecer, dado el ann incipiente desarrollo de la nueva Policfa Nacional Civilsalvadorefia.III. REFORMAS INSTITUCIONALES PARA PREVENIR LA REPETICI6N DE HECHOSSEMEJANTES

Es esta tambien una materia cuyo contenido fundamental se identifica con el cumplimiento delas reformas convenidas en el conjunto de los acuerdos de paz, cuya ejecuci6n esta Hamada a dotaral pais de un marco institucional moderno, democratico y adecuado a las exigencias del Estado deDerecho.

La Comisi6n considera, sin embargo, que hay ciertos puntos que merecen ser enfatizados, porsu importancia 0 por no haber quedado claramente resueltos en los acuerdos de paz.A. Administraci6n de Justicia.Una de las necesidades mas apremiantes de la democracia salvadorefia para consolidarse en unverdadero Estado de Derecho es la transformaci6n de su sistema judicial. Los programas dereformajudicial actualmente de elaboraci6n deben profundizarsey ponerse en practica con lamayor prontitud. El esfuerzo que realiza el Ministerio de Justicia al vincular la reformajudicialcon el proceso de democratizaci6n, es altamente positivo y deberfa concluirse.Hay, adernas, materias que por su importancia ameritan comentario aparte de la Comisi6n:1. Una de las deficiencias mas notorias del sistema judicial salvadorefio y que es esencialsuperar es la alta concentraci6n de funciones enmanos de la Corte Suprema de Justiciay, en particular, de su Presidente como rector del Organo Judicial. Esta concentracionde funciones menoscaba seriamente la independencia de los jueces de instanciasinferiores y de los abogados, en perjuicio del sistema en su conjunto. EI origen formalde este problema es de orden constitucional, de manera que su soluci6n pasa por unanalisis de la conveniencia de modificar, por el procedimiento que la misma Constituci6nestablece, las disposiciones pertinentes para que la Corte, sin perder su condici6n demaximo tribunal del pais, no fuera, en cambio, la cabeza admlnlstrativa del OrganoJudicial.2. Los jueces no deberfan ser nombrados y removidos por la Corte Suprema de Justiciasino por un Consejo Nacional de la Judicatura independiente.3. Cada juez deberfa responsabilizarse de la administraci6n de los recursos del juzgado asu cargo, rindiendo cuentas al Consejo Nacional de la Judicatura.

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c. La Procuradurfa deberfa hacer uso con mayor frecuencia de sus poderes paravisitar cualquier sitio 0 instalaci6n en el pais, especialmente por 10 que toeaa los lugares de detenci6n.2. Es necesario adoptar medidas que hagan verdaderamente operativos los recursos deamparo y habeas corpus. En ese orden de ideas se recomienda:

a. La competencia para conocerde dichos recursosdebe ser definida conmayor amplitud, a fin de hacerlos mas accesibles a la ciudadanfa. Todos losjueces de primera instancia deberfan ser competentes, dentro de su ambitoterritorial, para conocer delamparo 0 del habeas corpus, recurso este cuyoconocimiento podrfaser extendido hasta a los jueces de paz. La CorteSuprema de Justicia deberfa quedar reservada s610 como ultima instancia dedichos procedimientos.

b. Debedlsponerse expresamente que el amparo y el habeas corpus, as! comolas reglas del debido proceso,no pueden sersuspendidas como garantfas enninguna circunstancia, incluso bajo estado de excepcion.3. Deberfa reafirmarse el rango constitucional de losderechoshumanos, inclusoaquellos .que no figuran expresamente en el texto constitucional sino en otrosinstrumentos tales como las convenciones sobre derechos humanos que obJigan aEI Salvador.4. . El regimen de las detenciones administrativas amerita . tambien variasmodificaciones. Se trata de una materia de primera importancia, puesto que es unmarco en el que pueden ocurrir vlolacioncs a la integridad de la persona 0,incluso, su eventual desaparici6n: '

a. Debe enunciarse de manerataxativa * con criteriorestrictivo quienes son losfuncionarios que pueden ordenar una detencion admlnlstrativa, quienespueden ejecutarla y por que causas.b. Debe restringirse al maximo la duraci6n de la detenci6n administrativa.c. Debe despojarse a la autoridad administranva de competencia para imponersanciones restrictivas de la Iibertad, lascuales s610 deben ser impuestas porlos tribunales de justicia dentro del marco del debido proceso. ,

5. Se recomienda extender el actual sistema de informaci6n para detenidos. Convienemantener, a traves de la Procuradurfa para la Defensade los,Derechos Humanos,un. listado central y actualizado de toda ,perso~a detenida, por cualquiercircunstancia, suubicacion y situacionjurfdica. Las. autoridades competentes debeninformar a esa Procuradurfa sobre cualquier detenci6n que serealice y sobre elpersonal involucrado en el arresto.

6. Una futura reforma a la legislaci6n penal deberia., considerar .adecuadamcnieaquellos delitos propios que se cometen conelapoyo directo 0 indirecto delaparato estatal, ya sea creando n~~yos tip.osp~nal~syasea modificando losexistentes 0 creando particulares cir~unstancla~ agravantes.7. Deberfa legislarse para conceder a toda persona quehayasido victima de unaviolaci6n de los derechos humanos de unrecurso sencillo, rapido y facilmenteaccesible para obtener la reparaci6n material de losdaiios que se Ie hayanocasionado.8. Cabe igualmente adoptar ciertas decisione~ en el carripo~termlcional que refuercen

. la adhesi6n del pais a los sistemas universal y' regional' de protecciona losderechos humanos. Dentro de ese marco, se recomienda:

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sobre el porvenir mas que sobre un pasadoque, por hechos abominables que exhiba, ya no se puederecomponer.Con todo, para atcanzar Ja meta del perdon, es necesario detenerse a considerar ctertasconsecuencias que se coligen del conocimiento de la verdad sobre los graves hechos que en esteInforme quedan descritos. Una de elias, acaso la mas diffcil de encarar dentro del actual contextodel pais, es la de satisfacer los requerimientos de lajusticia. Estos requerimientos apuntan en dosdirecciones. Una es la sanci6n a los responsables. Otra es la reparaci6n debida a las vfctimas y a susfamiliares.La Comisi6n ya se ha referido en la introducci6n a este capitulo de su Informe a lasdificultades insalvables que ha encontrado en este ambito, cuya soluci6n directa escapa a sus poderes,y que son secuela de la notoria deficiencia del sistema judicial.En relaci6n con ese tema, la Comisi6n s610debe agregar a 10 antes dicho que, no siendoposible garantizar un proceso regular, en condiciones de igualdad, de todos los responsables, esinjusto mantener en prisi6n a algunos de ellos mientras otros -coautores y autores intelectuales-permanecen en libertad. La Comisi6n no es apta para obviar esta situaci6n, que s610 puede serresuelta atraves de un indulto, expresion del perdon despues de realizada la justtcia,A pesar de ese contexto, la Comisi6n tiene la firme esperanza en que el conocimiento de laverdad y la aplicacion Inmediata de las .recomendaciones~tes enunciadasy. q~e se ~oligendirectarnente de la investtgacion, sera sutlclente punto de partlda para la reconclllaclon naclonal ypara la anhelada reunificaci6n de la familia salvadorefia.Empero, lajusticiano se agota en sanciones: reclama, asimismo, reparaci6n. Las vfctimas y,en la mayor parte de los casos, sus familiares,tienen derecho a un resarcimiento moral y material.Este deber compete al FMLN respecto de los casos que Ie son imputables, En cambio, es unaobligaci6n del Estado en todo cuanto la acci6n u omisi6n del poderpublico, 0 los medios que estesuministra, estuvieron entre las causas de los hechos de violencia descritos, 0 enla cobertura de laimpunidad de los responsables. Sin embargo, no pueden igncrarse las limitaciones financier as delpais y sus necesidades en orden a la reconstrucci6n nacional: por ello, es necesario pensar enmecanismos complementarios como el que se recomienda a continuaci6n.A; Reparaci6n material

1. Se recomienda crear un fonda especial, como entidad aut6noma con las debidasfacultades legal~s y administrativas, para hacer real, al mas breve plazo posible,una cornpensacion material adecuada a lasvfctimas de la violencia. Dicho fondodebe tomar en cuenta los datos de las vfctimas denunciadas ante la Comisi6n dela Verdad, quese encuentran en los anexos de este informe.2. EI fond~ recibi~a un aporte apropiado del Estado, pero, dentro de las condicioneseconornicas remantes, debera contar con una contribuci6n considerable de lacomunidad internacional. .P~r tanto, sin menoscabo de las obligaciones del Estadoy del FMLN, la Comlslon hace un apremiante llamado a la comunidadinternacional, especialmente-a I~s pafses con mayores recursos y a los quemostraron mas interes ~n.el confh~to y en su desenlace, para que constttuyan unfon~o para ese fin. Asimismo sugiere que la Secretarfa General de las NacionesUmdas. prornueva y coordine esta iniciativa. Recomienda, igualmente, que toda laayuda internacional que lIega a El Salvador reserve un porcentaje no inferior ill1% para ese fm.3. EI fondo po.drfa ser dirigido por un Directorio de tres miembros: uno nombrado

por .el Gobierno de EI Salvador, otro por el Secretario General de NacionesUnldas, y et tercero por mutuo acuerdo entre ambos miembros nombrados.

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la e va lu ac i6 n c orre sp on die nte s ob re e l c ump lim ie nto d e la s re com en da cio ne s d e la C omis i6 nde la V erdad.


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4. La. autorizaci6n para el ejercicio de la profesion de abogado 0 notario y lasuspensi6no sancion adichos profesionales deberfan ser funciones atribuidas a un ente especialindependiente y no a la Corte Suprema de Justicia.5. Debe aprovecharse la asignaci6n presupuestaria para la justicia prevista enlaConstituci6n para crear nuevos tribunales y para mejorar la situaci6n salarial de losjueces.6. La Comision recomienda adoptar las siguientes medidas en orden a robustecer la

vigencia del derecho al debido proceso:a. Privar de todo efecto a la confesi6n extrajudicial.b. Asegurar la vigencia, en toda circunstancia, de la presunci6n de inocencia del reo.c. Cumplir estrictamente los plazos maximos para la detenci6n policial y la detenci6njudicial, estableciendo sanciones inmediatas para quienes los violen.d. Fortalecer el ejercicio del derecho a la defensa desde los primeros actos delprocedimiento .

7. Debe darse la mayor prioridad al adecuado funcionamiento de la Escuela de Capaci taclonJudicial, concebida como un centro de estudios, no destinado solamente ala formacionprofesional sino a crear vfnculos de solidaridad entre los jueces y coherencia en unavisi6n de conjunto sobre la funci6n judicial en el Estado, tal como rezan los acuerdosde paz. Se trata, ademas de una necesidad a corto plazo, para la preparacion de nuevosrecursos humanos sanos, destinados aincorporarse a nuevos tribunales 0 a sustituir aaquellos que, segun la evaluaci6n que la Comisi6n ha recomendado, no debanpermanecer en ta carrera judicial. Este es un campo propicio para una cooperacioninternacional constructiva y tangible. La Comisi6n hace un llamado a quienes puedanprestarla a que la ofrezcan sin demora, dentro de un programa de ejecuci6n acelerada,yse atreve incluso a dirigirlo en primer termino a la Comunidad Econ6mica Europea,por el parentesco entre el sistema jurfdico salvadorefio con el de varios pafses que laintegran.

B. Protecci6n a los derechos humanos.Es esta una materia sobre la cual se concluyeron numerosos acuerdos en lasnegociaciones de paz, que incluyen reformas constitucionales y legales asf como eldespliegue de una Misi6n de Verificaci6n de las Naciones Unidas, que no conocfaprecedentes en la historia de la Organizaci6n. La primera recomendaci6n de la Comisi6nse orienta hacia el estricto cumplimiento de 10convenido y la puesta en practica de lasrecomendaciones formuladas por la ONUSAL en relaci6n con los derechos humanos.Ademas de todo 10avanzadoen este ambito en el marco del proceso de paz, la Comisi6nse permite formular las recomendaciones siguientes, en pleno conocimiento de quealgunas de elIas s610podran ser ejecutada dentro de una eventual reforma constitucional:1. Debe fortalecerse la Procuradurfa para la Defensa de los Derechos Humanos:

a. Serfa saludable que el Procurador, con el apoyo de la ONUSAL y laparticipaci6n de todos los sectores interesados en la materia,tanto en elcampo gubernamental como en el no gubernamental, hiciera un balancesabre. la situacion actual de la Procuradurfa y sobre sus prioridades ynecesidades mas inmediatas, en orden a obtener los medios para a1canzaresos objetivos, incluyendo la cooperaci6n internacional.b. Conviene extender a todo el pais la presencia de la Procuradurfa, a travesde oficinas departamentales.

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VII. TEXTOS DEL MANDATO DE LACOMISIONSe reproducen los textos correspondientes a la C om isi6n de la V erdl\d t a l como figur~ en .IosA cuerdos de paz entre e1 G obierno de EI Salvador y el Frente Farabundo M arti para la L iberacionNacional

Acuerdos de Mexico, 27 de abril de 1991r . . . 1IV . COM ISION DE LA V ERDAD

Se ha convenido en crear la C om isi6n de la V erdad, que estara in tegrado por tres personasdesignadas por el Secretario General de las Naciones Unidas, ofda la opini6n de las Partes. LaComis i6 n e le gl ra s u P re si de nt e. La C om isi6n ten dril a su carg ola in vestigaci6 n d e g rav es hecho s d evio lencia ocurridos desde 1980, cuyo im pacto sobre la sociedad reclam a con m ayor urgencia elc on ocim ien to pu blic o d e la v erd ad . La C om isi6 n te nd ra e n cu en ta :a . L a singu lar trascendencia que pueda atribu irse a los hechos a ser investigados, sus

caracterfsticas y repercu sio n, as! co mo la co nm oci6 n social q ue o rig in aro n, yb. La necesidad de crear confianza en los cambios positlvos que el proceso de paz impulsay d e e stim u la r el tra nsite ha cia la re co nc iliac i6 n n ac io na l.L as caracterfsticas, fu ncio nes, facultad es y d em as cu estio nes referen tes a la C om isi6 n de laV erd ad se e xp re sa n e n e l d oc um en to a ne xo c orre sp on die nte .

[ . . . J

***Documento Anexo a los Acuerdos de Mexico, 27 de abril de 1991

[.. .]COMISION DE LA VERDAD

EI Gobierno de E I Salvador y el Frente Farabundo M arti para la L iberaci6n Nacional (ena d ela n te " la s P ar te s" ),R eite ran do su p ro p6 sito d e co ntrib uir a la re co nc iliac i6 n d e la so cie da d sa lv ad oreiia ;R ec o~ ocie nd o la n ec esid ~ d e e sc lare cer c on p ro ntitu d a qu ello s he ch os d e v io le nc ia d e sin gu la rtrascendencia, cuyas caractenstlcas y !'el?ercusi6n, asf como la conmoci6n social que originaron,rec lam an co n m ay or urgencia el conocimiento cab al d e la v erd ad a s r co mo el fo rtaIecim ien to d e lavoluntad y d e 108medios para estab lecerla; ,C onsiderando que, 8i b ien Ia necesidad de Superar la im punidad se. ha p1anteado en ladiscusi6n del tem a "Fuerza A rm ada" de la A genda para las negociaciones aprobada en C aracas ~

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21 de m ayo de 1990, los m edias de investigaci6n que las m ism as Partes hanestado dispuestas ae sta ble ce r a ba rc an situ ac io ne s c uy a c om p le jid ad a co nse ja u n tra ta m ie nto a ut6 nom o;C oincid iend o sob re la conven ien cia de alcan zar ese com etido a traves d e un pro cedim ien to ala vez confiab le y expedito , que pueda arro jar resu ltados a co rto p lazo , sin m enoscabo de laso blig acio nes q ue in cu mb en a lo s trib un ales salv ad orefio s pa ra reso lv er d icho s caso s y a plicar a lo sre sp on sa ble s la s s an cio n es q u e c or re sp on d en ;H an lIeg ad o al sig uie nte a cu erd o p olitic o:1. Se crea la C om isi6 n d e la V erd ad (en a delan te lila C om isi6 n"). L a C om isi6 n estara in teg rad apor tres perso nas desig nadas po r el Secretario G eneral de las N aciones U nidas, ofd a la o pin i6n d elas Pa rtes. L a C om isi6 n eleg ira su Presid en te .FUNCIONES2. L a C om isi6n tendra a su cargo la investigaci6n de graves hechos de vio lencia ocurridosdesde 1980, cu ya huella sobre la soc ied ad reclam a con m ayor urgen cia el conoc im iento pub lico dela verdad . L a C om isi6 n tendra en cuenta:a . L a singu lar trascendencia que pueda atribu irse a lo s hechos a ser investigados, suscaracterfsticas y repercu si6 n, a sf c om o la co nm oci6 n so cial q ue o rig in aro n; yb . La necesidad de crear co nfianza en los cam bios positivo s que el proceso de paz im pulsa yd e e stim u la r e l tra nsito h ac ia la re co nc ilia ci6 n n ac io na l.3. E I encargo de la C om isi6n com prende el de recom endar las d isposiciones de orden legal,politico 0 adm inistrativo que puedan coleg irse de los resu ltados de la investigacion , D ichasre com en da cio ne s p od ra n in clu ir m ed id as d estin ad as a p re ve nir la re pe tic i6 n d e ta le s h ec ho s, a sf c om oin ic ia tiv as o rie nta da s h ac ia la r ec on ciI ia ci6 n n ac io na l.4. L a C om isi6n se esforzara en adoptar sus decisiones por unan im idad . S in em bargo . si ta lco sa no fuere posib le , b astara con el vo to de la m ayorfa de sus m iem bros.5 . L a s a ctu ac io ne s d e la C om isi6 n n o so n ju risd ic cio na le s.6 . Sila Com isi6n estim ara que algun caso llevado a su considcraci6n no reiine lascaracterfsticas enun ciad as en el parrafo 2 de este acuerdo, pod ra rem itirlo al Fiscal G eneral de laR ep ub lic a, si a s! 10 e stim a re p ertin en te , p ara su tra m ite p or la v fa ju dic ia l.FACULTADES7. La C om isi6 n e sta a m plia m en te fa cu lta da p ara o rg an iza r su s tra ba jo s y su fu nc io nam ie nto .

S us a ctu ac io ne s se re aliza ra n d e m a ne ra re se rv ad a.8. A lo s fin es d e la in vestig ac io n, la C om isi6 n esta facu ltad a para:a . R eco ger, po r lo s m ed io s q ue estim e ad ecu ad os, to da in fo rm aci6 n q ue co nsid ere p ertin en te .L a Com isi6n tendra plena libertad para u tilizar las fu entes de inform aci6n que estim e utiles yconfiab les. R ectb lra d icha m torm acion den tro d el p lazo y en la form a que ella m ism a determ ine.b .E n tre vis ta r, lib re y p riv ad am e nte , a c ua le sq u ie ra p er so n as , g ru po s e in te gr an te s d e e ntid ad eso inst it uciones .c . V i si ta r l ib remen te c u alq u ie r e st ab le cim ie n to 0 lu gar sin prev io av iso .d . P ra ct ic ar c u al q~ i. er o tr a d il ig e nc ia 0 indagacion que estim e util para el cum plim iento de sum an dato , in clu so la so lic itu d a las partes d e in fo rm es, an teced en tes, d ocu men to s 0 c ua lq u ie r o train fo rm a ci6 n a a uto rid ad es y se rv ic io s d el E sta do .COM PROM ISO DE L AS PARTES9. L as Pa rtes se c om pro meten a prestar a la C om isio n to da la co operaci6 n q ue ella les req uierapara el acceso a los fuentes d e inform aci6n a su alcan ce.

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10. L as Partes se com prom eten a cu mplirco n las recom end aciones de la C om isi6n .INFORME11. La C om isi6 n presen ta ra u n in fo rm e fin al, co n su s co nclu sio nes y reco m en da cio nes, en u nplazo de seis m eses con tado a partir de su instalaci6n .12 . La C om isi6n rem itira su inform e a las Partes y al Secretario Genera l de las Nac ionesU nid as , q uie n 1 0 hara d e co nocim iento pub lico y adoptara las decisiones 0 in ic ia tiv as q ue e stim epertinentes.13. En tregado el inform e, se dara por term inado el m andato de la C om ision , la cual quedaradisuelta.14 . La d ispu esto en e ste acu erd o n o im pid e la in ve stig ac i6 n o rd in aria d e cu alq uie r situ aci6 n caso, bayan sido estes 0no investigados por la Comisi6n, as! como la apJicaci6n de lasd ispo sicio ne s leg ales p ertin en te s a cu alq uie r hec ho co ntrario a la le y.

[.. .]***

Acuerdo de Paz de EI Salvadorfirmado en Chapultepec el16 de enero de 1992

[...]3.C. La Comisi6n de la Verdad, creada por los Acuerdos de Mexico del 26 de abril de 1991 (enadelante lila C om isi6n de la V erd ad"), po dra designar un ob servado r ante la C om isi6 n ad hoc .

[...]5. SUPERACION DE LA IMPUNIDAD

Se cono ce la n ecesidad d e esclarecer y su perar tod o sefialam iento de im pu nidad d e oficialesde la Fuerza Arm ada, especialmente en caso s d on de este co mpro metid o el resp eto a lo s d erecn osh um an os. A tal fin , las P artes rem iten la co nsid era ci6 n y reso luci6n d e este pu nto a la C om isi6n d ela V erd ad . T od o e lla sin pe rju icio d el prin cipio , q ue las Partes ig ualm en te re co no cen , d e q ue hec ho sd e e sa n atu raleza, in depen dien tem en te d el secto r al q ue perten ecieren su s au to res, d eb en ser o bjetod e la actu aci6 n ejem plarizan te d e lo s trib un ales d e ju stic ia , a fin d e q ue se apliq ue a q uien es resu lte nre sp on sa ble s la s sa nc io ne s c on te m pla da s p or la le y.[...]

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VIII. PERSONAS QUE TRABAJARON EN LA COMISION D E LA VERDADI. LOS COMISIONADOS

Belisario Betancur, PresidenteReinaldo Figueredo PlanchartThomas Buergenthal

II. ASESORES DE LOS COMISIONADOSDouglass Cassel; Guillermo Fernandez de Soto; Luis Herrera Marcano; Robert E.Norris

III. LA DIRECCION EJECUTIVAPatricia Tappata de Valdez

IV. CONSULTORES E INVESTIGADORESCarlos Chipoco; Mabel Colalongo; Jayni Edelstein; Stener Ekern; GuillermoFernandez-Maldonado: Alfredo Forti: Lauren Gilbert; Juan Gabriel G6mez; JavierHernandez; Sergio Hevia; Elena Jenny-Williams; Felipe Michelini; TheodorePiccone; Clifford C. Rohde; Carlos SomigJiana; Ana Marfa Tello; Lucfa Vasquez.

V . ASISTENTES PERSONALES DE LOS COMISIONADOSLourdes Zambrano; Alba Reyes; Abigail Mellin

VI. EXPERTOS Y PERITOSClyde Snow ,antrop6logo forenseRobert H. Kirschner, pat61ogo forenseJohn Fitzpatrick, radi6Iogo-traumat6logoDouglas D. Scott, arque6logo y especialista en balfsticaEquipo Argentino de Antropologi"a Forense: Patricia Bernardi, antrop61oga forense;Mercedes C. Doretti, antrop61oga forense; Luis B. Fondebrider, antropologoforense; Claudia Bernardi, Ph.D.Alberto Binder, abogadoAlejandro Garro, abogadoRobert Goldman, abogadoJose Ugaz, abogadoMarfa del Carmen Bermudez, periodistaGabriel Rodrfguez, periodista

m . EQUIPO DECODIFICACION205


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C o ord in ad or: Jo se I gn ac io C an oE quipo : D aniel A ngrisano; G abriel C atena; C ristina L em us; Ju dith K allick; N itaPerez; M argreet Sm it; M ig uel A ngel V entura; K en W ard.

VIII. PERSONAL AOMINISTRATIVOL ilia n D elg ad o; G uille rm o L iza rza bu ru ; S ha ro n S in ge r

IX . PE RSO NA L PERMANEN TE D E SE GURID ADJo se ph L e al (Je fe ); M a nu el A rc os; A lfre do F ig ue ro a; L e o P ow ell; K en ne th R osa rio ;W ilfre do V e ga

X . INTERNOSWilliam Cartwright; Denise G ilm a n; C hris G ua rn ota ; P risc illa H ay ne r; Mary BethH astin gs; Jean L eo ng ; M ag gie M iq ueo

X I. SEDESSan Salv ad or, E l S alv ad or; N acio nes U nid as, N uev a Y ork

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I. LOS COMISIONADOSBelisario Betancur, colombiano, abogado-economista de laUniversidad Pontificia Bolivariana (1955)de Medellin. Casado con Rosa Helena Alvarez, tres hijos, cinco nietos, es profesor universitario;miembro de las Academias de la Lengua Espanola y Colombiana deJurisprudencla. Ha sido senador,embajador, ministro de trabajo. Fue presidente de Colombia (1982-1986). Es doctor honoris causaen humanidades de Georgetown University (1984) en Washingtony de Colorado University (1988)en Boulder. Pertenece ala Comisi6n Pontificia de Justicia y Pax (en Roma). Es vicepresidente parala America Latina del Club de Roma y Presidente de la Fundaci6n Santillana para Iberoemerica consede en Santafe de Bogota.Reinaldo Figueredo Planchart. Es Miembro del Congreso Nacional Venezolano, Preside laComisi6n Especial de Privatizaci6n y la Sub-Comisi6n de AnaIisis y.Planificaci6n de la Comisi6nPermanente de Defensa del Congreso. Fue Ministro de Relaciones Exteriores de la Republica deVenezuela (1989-1991); Ministro de la Presidencia (1989), ComisionadoEspecialpara el Presidentede la Republica (1984-1985), Director de la Divisi6n sobre Manufacturas deIa Conferencia enComercio y Desarollo de las Naciones Unldas (UNCTAD), Ginebra (1980-1984), Presidente delInstitute de Comercio Exterior (1974 -1979). Particip6 en numerosas reuniones y conferenciasinternacionales de las Naciones Unidas, laOrganizaci6n de Parses Exportadores de Petr6leo (OPEC),organizaciones financieras, el Grupo Andino, el Grupo de Pafses No Alineados, el Grupo de losQuince. Ha sido Jefe de Delegaci6n en varias misiones internacionales. Columnista sobre temaspetroleras para el peri6dico "EI Nacional" de Caracas desde 1970. Public6 una varied ad de trabajosen revistas especializadas. Economista de profesion. se gradli.6 "cum laude" en la Universidad Librede Bruselas, Belgica.

.' Thomas Buergenthal. Es Profesor de la catedra Lobingier de Dereeho Internacional y DerechoComparado en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington y Director del CentroInternacional para el Estado de Dereeho. Buergenthal fungi6 como Juez (1979-1991), Vice -Presidente (1983-1985) y Presidente (1985-1987) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Es Vice-Presidente del Tribunal Administrativo del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue Decanode la Pacultad de Derecho de la American University, Washington, D.C.(1980-1985); y ocup6 lacatedra LT. Cohen en Dereehos Humanos en la Escuela de Derecho de la Universidad Emory. FueDirector del Programa de Derechos Humanos del Centro Carter, Atlanta, Georgia (1985-1989).Fund6 el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San Jose, Costa Rica, en 1980 y fue suPresidente hasta 1992, siendo Presidente Honorario en la actualidad. A principios de 1980 y otra vezen 1991-1992, presidi6 el Comite de Derechos Humanos de la Secci6n Practica y DerechoInternacional de la American Bar Association; Tambien fue Vice-Presidente de la American Societyof International Law. Autor de mas de una docena de libros y numerosos arnculos sobre derechointernaeional. Graduado del Bethany College, West Virginia, obtuvo su J.D. de la New YorkUniversity y su LL.M. Y S.J.D. en estudios legalesinternacionales de Harvard Law School. Poseedoctnrados honoris causa del Bethany College y de la Universidad de Heidelberg en Alemania.II. LOS ASESORES DE LOS COMISIONADOS

Douglass W. Cassel, Jr. es el Director Ejecutivo del Instituto Internacional de Derechos Humanosde la Universidad de De Paul, donde es tambien Profesor de Derecho Internacional de los Derechos.Humanos y dirige el Programa Jeanne y Joseph Sullivan en Derechos Humanos en las Americas. EIProfesor Cassel trabaj6 como abogado en el Cuerpo del Judge Advocate General de la Marina de losEstados Unidos (1973-76), y luego se desempeii6 como abogado (1976-1982)y Consejero General(1982 -1992) del Business and Professional Peopl,: for the Public Interest, un centro legar.sln finesde luero en la ciudad de Chicago que litiga e investiga en derechos civiles y lib~rtades publicas entreotras areas del derecho. EI Dr. Cassel viaja regul~en~ a America CentraJ/por a:~,untosde derechos

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humanos. En 1991 fue el observador oticia l de la Am erican Bar A ssocia tion en el ju ic io en EISalvador a los m ilitares inculpados por el asesinato de los padres jesuitas y dos m ujeres en laUnivcrsidad Centroamericana en 1989. Ha publicado artfculos sobre derecho internacional de losd erec ho shu ma no s en rev ista s te cn lcas y o tras. Recib lo su B.A . en Econom fa en la Universidad deYale y su J.D . en 1972 en laFacultad de Derecho de Harvard donde se desem pefio com o editor dela H arv ard C iv il R ig hts -C iv il L ib erties L aw R ev iew .Gu illerm o Fernandez deSoto , colom biano, 40 aDos, casado , treshijos. A bogado y econom ista(Universidad JaverianadeBogota; G eorgetown University en W ashing ton). V icem in istro deR elac ion es E xteriores d e. C olom bia . A sesor Jurfdico d e la C om ision Interam erican a de D ereehosH um an os d ela O rg an iz aci6 n d e lo s E Stad os Am erican os {OEA, 19 79 -19 85 }. C on su lto r d el P ro gra made N aciones U nidas para e l D esarro llo (1987). Jefe de la Mtston T ecnica de N acion es U nid as p arala E leboracion del P lan de CooperacidnEcondrniea p ara C e ntro am e ric a(1 98 8). D ire cto r E je cu tiv od el C entro de B studiosJntem acio nales "Fo ro In teram ericano " (1988-1990). D ecano de la Facu ltadd e E studios Intern acionales de la U niv ersidad Jorge Tadeo L ozan o en B ogo ta. Secretario G eneral d ela N ueva Fu erza D em ocraticaen C olo mb ia. A uto r d ev ario s lib ro s sobre p ohtica in ternacion al.Luis Herrera Marcano, de nacionalidad venezolana. Realiz6 estudios de Derecho en la UniversidadC entral de V enezuela y se gradud com o doctor en D erecho . Em bajador. Desem pefio la d ireccion dep ol ftic a in te rn ac io na l y la c on su lto rfa ju rfd ic ad eJ M in is te rio d e R ela cio ne s E xte rio re s d e V e ne zu ela .P ro feso r d e D ere ch o In tern acio na l d e la U niv ers id ad C en tra l d e V en ez uela. Desernpefio l a Di recc ionde la E scuela de Derecho y el Decanato de la Facu ltad de C iencias Jurfdicas y Polfticas, E s m iem br od el C om ite Ju rfd ic o In tera me rica no y d esem p eii6 la p re sid en cia d el m ism o.Robert E . N orris , estadou niden se, es pro fesor de la U niv ersidad E statal de S tep hen F . A ustin y J efede Abogados de E ast. Texas L egal Services. R ecib i6 su D octorado en E stud ios Ib ero am erican os d ela U niv ersid ad d e N uev o M ex ico y su grado d e D octor en Jurisp rud en cia de la Facultad de D erechode la Universidad de Texas en Austin . Fue Especia lis ta Principal en Derechos Humanos de laCom is i6 n I nte ram er ic an a d e De re ch osHumano s y trabajd.en el C entro de D erecho s H um ano s d e lasN acionesUnidas en el estudio sobre los derechos de los pueblos indfgenas. E s coau tor dellib ro detex to "L a P rctecc io n.d e.Io sD erec ho sH um an os en las Am eric as" y una seriede vohim enesbajo eltftu lo H um a n R ig hts : T he I nte r- Am e ric an S ys tem . F ue c on fe re nc ia nte de lln stitu to .Internacional deDerechos Hum anos en Estrasbu rgo (1979-1990) y del Institu tolnter-A merieano de DerechosHumano s ( 19 90 -1 99 2) .Ill. L A D IRECC IONEJECUT IVA

Patricia Tappata d e V aldez, n aci6 en B ahfa B lanca , A rg entina . Investigad ora y con sultora so bretemas deDerechos Hum anos en A merica L atina . L icenciada en Trabajo Socia l en la Facultad deDerecho y CienciasSociales dela U niv ersid ad N ac io nal d e C ord ob a. R ea liz 6 e stu dio s d e M ae strfaen Ciencias Polfticasen la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Buenos Aires.D irectora del Departam ento de D erechos Hum anos de la C om isi6n E piscopal de A cci6n Social delP eru (1 97 7-1 987 ). A seso ra d e la C om isio n d e P az d e la P res id en cia d el P eru (19 85 -19 86 ). F un dad oray m iem bro del C om ite E jecutivo de la C oordinadora N acional de Perechos Hum anos en el Peru(198.5:-1987).. Becaria del "In ternational Hum an Rights Program " (1988). Desde 1991 esC oord inado ra del program a "Justicia en la A rgen tin a" de la F un daci6n P oder C iud adano en B ueno s.Aire.s.

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IV. LOSCONSULTORES E INVESTIGADORES

Carlos Chipoco, naclo en Lima, Peru. Abogado (summa cum laude) por laPontificia UniversidadCatdlica del Peru. Recibio un Master en Leyes de Harvard Law School y un Master en DerechoInternacional de Fletcher School of Law and Diplomacy (1990). Profesor de la Facultad de Derechode laoPontiflcia Universidad Catolica del Peru y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.Profesor visitante de la Escuela de Derechode la. Universidad de Puerto Rico. Esasesor de laComision Interamericana de Derechos Humanosante la Corte Interamericana de Dereehos Humanos.'Ha sido Director del Instituto de Defensa Legal del Peru (1983-1988) y fellow de" Americas Watch"(1988-1989). Es autorde "En Defensa de la Vida. Ensayos sobre Derechos Humanos y DerechoInternacional Humanitario" (CEP, Lima).Mabel Colalongo, argentina. Procurador y abogado graduada en la Facultad de Derecho de laUniversidad Nacional de Buenos Aires (1984). Profesoraadjuntaen laFacultadde Derecho delaUniversidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Adscrita a laFiscalfa de la Camara Federal en 1 0 Criminal y Correccional de la ciudad de Buenos Aires (1985-1987; 1991-1992). Consultora de las Naciones Unidas (PNUD) en la eomisionencargada deUevara cabo la reforma del sistema nacional de enjuiciamientopenal en Argentina. Jefe del DepartamentoJudicial de la Sub-secretarfa de DerechosHumanos (1984-1986).Jayni Edelstein,estadounidense -. Recibio su titulo B.A., con distinci6n, en la University ofWisconsin (1988) y el tftulo de. abogado (Juris Doctor) de la New York Law School (1992). Hatrabajado. tres anos parael "Lawyers Committee for, Human Rights" en Nueva York. Comoestudiante trabaj6 enla Comisi6n Internacional de Juristas (Ginebra), en el Centro. pe Investlgaclon. 'y Educaci6n Popular (Colombia),enla Corte Internacional de Comercio (Nueva York) y en laCorteFederal del Eastern District de Nueva York. ' ,Stener Ekern, de nacionalidad noruega, es Antrop6logo Social de la Unlversidad de Bergen enNoruega (1986). Se desempeii6como coordinador de proyectospara FAFa. Internatiorial.Fueresponsable del area centro americana para ayuda a los pueblos indfgenas enladivisi6n del ProgramaOficial No-Gubernamental de la Agencia Noruega de.Cooperacion parael Desarrollo (NORAD).Tambien trabaj6en CARIT AS-Noruegacomo responsable del area centroamericana.Guillermo Arturo Fernandez-Maldonado Castro, nacio en Lima.Peru. Es Licenciado en Derechopar la Pontificia Universidad Catolica del Peru y Doctor en Derecho (cum laude) por la Universidadde Alcala de Henares, Espana. Posee la Maestrfa en Administraci6n,NbHca en el Ill~tituto Nacionalde Administracion PUblica de Espana, donde fue profesor invitado en 1987. Ha obtenido el diplomadel curso exterior sobre Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Academia de DerechoInternacional de La Haya, Graduado en Relaciones Intemaclonafes por Ja~ociedad, deJ:;stUdlosInternacionales de Madrid. Bs profesor de la Facultad.de Derecno(je Ia PontificiaUniversidadCat6lica del Peru desde, 198,7 y de las Maestrfas deDerecho "Co.nstituci~nal y de DereehoInternacional de dicha Universidad. Ha sldo asesorjundlcodel Senado(jeLr~n1entre 1982 y 1992.Fue asesor principal de JaComision Especial deISenadosobreJ~, CBllsas"c:lela ViolenciayAlternativas. de Pac_ificac,6nen: el. Peru, desde ..1988;y ,.asesor,prin~~p~:dela .Presldencia de "IaComisi6nde DerechoSl:lllmano~ deJa(~acionesl1nid~erll~LAlfredo Waldo Forti,argentirto.Licenciado en ReiacionesIntel 1 l8cionales (cum laude) de AmericanUniversity, ~ashingtonp.Co'.~s Senior'Fe!low 'del Center ~or'Interna~ional'~olicyen WashingtonD.C .. Fue Director de laComlSl6n de Relaciones Estados Umdos-Am6ncaLatina, The InternationalCenter, Washington, D.C. (1986-1992). Consultorparaagencias del Gobierno de laArgentina (1989-1991) Y entemas electorales para AID-Georgetown University. Trabajo como Coordinador delSecretariado Latinoamericano ,de Derechos Humanos, Caracas, Venezuela (1978-1980). . 'Lauren Gilbert, estadounldense, obtuvo una Licenciatura en Clencias Pohtlcas (magna cufn laude)en la Universidad de Harvard, 1983. En 1988 recibi6 su titulo de abogado (J,uris-Doctor~cum laude)en la Universidad de Michigan. Trabaj6 como" asociada en el estu~io j~,ifdico \Arnold & Porter,

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Clifford C.R.ohd,estadounidens~. Segradu6 condlstlncion especial de la Universidad de Cornellen Ithaca .Nueva. Y9rk, con especializacion en Historia de America Latina. Ha terminado un ano deestudios ~n.el Centro Nacional de Derecho dela Universidad George Washington en Washington,D.C, Desde 1988, trabaja en Americas Watch, donde ha realizado investigaciones sobre Mexico,Guatemala y Colombia. .Carlos Somigliana, argentino. Es Perito.Antropologo Forense y miembro del Equipo Argentino deAntropologfa Forense desde 1987, y como tal realize peritajes en Guatemala. Es co-autor de variosartfculos sobre antropologfa forense. Trabaj6 en la Fiscalfade la Cantara Federal en 10 Penal de laRepublica Argentina en~e 1985 y 1987. Realiz6estudios de Derecho y Antropologfa en laUniversidad de Buenos AIres.Ana Maria Tello, nacida en Montevideo, Uruguay. InvestigadorayProfesora de Historia y CienciasSociales. Documentalista en Derechos Humanos. Colaboradora del Centro de EstudiosLatinoamericanos de la Universidad de la Republica, eEL, Montevideo, 1986. Egresada del Institutode Profesores Artigas, Montevideo, 1986. Orientadora docente de los Institutos deCapacitaci6nTecnica Superior de la Universidad del Trabajo del Uruguay, Montevideo, 1981.Lucia Carmen Vasquez Rodriguez, nacio en Lima, Peru. Licenciada en Trabajo Social por laPontificia Universidad Cat6licadel Peru. Trabaj6 en la Cornision Episcopal de Acci6n Social en elPeru desde 1983, donde dirigio el Departamento de Derechos Humanos (1987-1989) y elDepartamento deSolidaridad y Desarrollo (1990-1991). Miembrodel CorniteBjecutivo de laCoordinadora Nacional de Derechos Humanos (1987-1989). Asesora de Programas de PastoralCarcelaria en la Arquidiocesis de Lima ..V. ASISTENTES PERSONALES DE LOS COMISIONADOS

Lourdes Margarita Cobo de Zambrano, nacto en Caracas, Venezuela. Se gradu6en CienciasPolfticas en la Universidad Central de Venezuela en 1979. Hizo estudios de post-grade en laUniversidad Sim6nBolfvar obteniendo el titulo de Magister en Ciencias Poltticas en 1981. Hatrabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Forma parte de la dircctiva y esinvestigadora del Instituto Venezolano de Relaciones Internacionales(IVRI). Particip6 comoconsultora en el Programa de la Tinker Foundation y la Comision para la reforma del Estado deVenezuela (COPRE). Coordin61a elaboraci6n y public6 trabajos en "Analisis", revista especializadade la Academia Diplomatica "Pedro Gual". Es autora de: "La Polftica de Fronterashacia Colombia:Toma de Decisiones, Disgregacion y Consenso"; "EI Estudio de las relaciones Internacionales enVenezuela"; "Prioridades de la Polftica Exterior de Venezuela para el aiio 2000". .Alba Reyes, colombiana, 35 afios, economista, casada, dos hijos. Asistente del Despacho delPresidente de Colombia (1982-1986). Asistente del ex-presidente Betancur en su oficina particular(1986-1993). .Abigail Mellin, estadounidense. Se gradu6 en la Southwestern University y recibi6 su B.A MagnaCum Laude, recibira su J.D en mayo 1993 en la George Washington University National LawCenter. Ha estudiado tambien en el Instituto sobre Polftica Comparada y Sistemas Econ6micos dela Universidad de Londres, Goldsmith's College. Se desempefio. como asistente legislativo delSenador Tejeda de la Asamblea Legislativa del Estadode Texas, y fue Coordinadora de Programasdel The Fund for American Studies en la ciudad de Washington, D.C .. Tambien colaboro en laHouse Ways and Means Committee y en el Congressional Sunbelt Caucus.

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