SIDERCA Y LA DICTADURA MILITAR

Es posible rescatar una serie de elementos que prueban de manera contundente la colaboración de la empresa en el proceso represivo:- la presencia de personal del ejército en la puerta de la fábrica con listados de personas “marcadas”- la contratación, a partir del golpe militar de supuestos nuevos trabajadores que eran en realidad agentes de las

fuerzas represivas- la detención e intento de detención de trabajadores en la propia fábrica. - el hecho de que la mayor parte de los desaparecidos de la zona eran trabajadores con fuerte activismo gremial

Asimismo, existen algunos sucesos que demuestran la relación estrecha con las fuerzas militares. Un incidente clave fue el conflicto desatado en la fábrica por falta de pago de premios en 1979. Los trabajadores se movilizaron y convocaron una asamblea, dentro de la fábrica, frente a las oficinas de Personal, y a pesar de la presencia del coronel Zapata. La reivindicación se logró parcialmente y a regañadientes de la empresa y la Directiva gremial que había intentado impedir la asamblea por todos los medios.

“El conflicto fue durísimo. La primera asamblea no fue presidida por los delegados, sino por un grupo de oficiales del Ejército con ametralladoras y bayonetas. Los militares concedían el uso de la palabra. Y algunos activistas trataban de hacer equilibrio entre lo que debían reclamar y el cuidado de la propia vida. Pocos cometieron el pecado de apasionarse demasiado. "

Uno de ellos se llamaba Juan José Colorado Torrente. A otro se lo conocía como Pascual Gordillo. La primera asamblea pasó, luego vinieron las reuniones de los activistas en el vestuario de la acería. Eran encuentros atípicos, de no más de 30 empleados. Antes de entrar, los paraba un subteniente para pedirles los nombres, los documentos e interrogarlos convenientemente. Protagonizaron tres días de huelga general, y las reivindicaciones fueron obtenidas. Cuando terminó la segunda jornada de paro, Torrente salió de la planta junto a dos de sus compañeros, cruzó la avenida Mitre, enfiló para su casa, en el centro del barrio Dálmine, dejó al último operario en su domicilio y... nunca se lo volvió a ver en este mundo. A Gordillo le pasó exactamente lo mismo, sólo que unos días después.”

Por otra parte, cabe destacar que uno de los centros clandestinos de detención de la zona, el Tiro Federal de Campana, se encuentra lindante a la fábrica, y hasta existe una puerta que comunica ambos lugares. El predio de la Ruta 12 fue ocupado por el Ejército y transformado en un campo de concentración adonde se torturó, desapareció y mató a cientos de personas, entre ellos algunos trabajadores de Siderca, hasta, por lo menos, mediados de 1977. La cercanía de la fábrica era tal que los desaparecidos apresados en el Tiro Federal escuchaban claramente los ruidos de las máquinas trabajando. Cuando en 2004 se realizó una visita de reconocimiento al predio, nueve ex detenidos pudieron reconocer cada uno de los sonidos de las etapas de producción que habían escuchado por primera vez estando desaparecidos.

Condenaron a Techint a indemnizar a la hija de un obrero secuestrado en Siderca

La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo condenó a Techint a pagar una indemnización por el secuestro y la desaparición forzada del obrero Enrique Ingegnieros, quien trabajaba como dibujante en la fábrica Siderca de Campana, y que fue secuestrado el 5 de mayo de 1977 en el interior de la planta. Según las declaraciones de los testigos que figuran en la causa, Ingegnieros fue citado a la oficina de personal de la empresa y allí fue detenido por efectivos del Ejército que portaban uniforme. Allí, "fue entregado a unas personas vestidas de civil", presumiblemente un grupo de tareas que operaba en la zona fabril de Zárate-Campana.

En un fallo dividido, la Sala V de la Cámara del Trabajo avanzó un paso más en el juzgamiento de la complicidad civil con la dictadura. Sobre todo de las grandes empresas que a mediados de los '70 alertaban contra el peligro de la entonces llamada "guerrilla industrial". Uno de los casos emblemáticos es Techint, la corporación siderúrgica encabezada por Paolo Rocca que con los años mantuvo e incrementó su poder hasta llegar al punto de que hoy se la considera el eje medular de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que le presenta condiciones (programas de gobierno) a los candidatos a presidente.

A principios de 1977, Ingegnieros tenía 28 años y realizaba actividad sindical dentro de Siderca. Vivía en la calle Dorrego 588, Campana, donde convivía con su esposa, Irma Pompa, embarazada de tres meses, y con la hija de ambos, María Gimena, de un año. Irma fue secuestrada en ese domicilio el mismo día que su marido, el 5 de mayo. María Gimena Ingegnieros, hoy una médica de 38 años, fue quien inició la demanda contra la empresa en la que trabajaba su padre. Para eso se basó en la ley de accidentes del trabajo que estaba vigente en aquel entonces, la Ley 9688, que en su artículo 1º dejaba en claro la responsabilidad que le cabía al empleador por cualquier accidente o hecho perjudicial que les ocurriera a sus empleados durante el tiempo de trabajo.

A lo largo de la causa, que se inició en el año 2008, se presentaron testigos que reflejaron la oscura actuación de los propietarios, gerentes y empleados jerárquicos de Siderca tras el golpe de Estado de 1976. Los testigos relataron que la fábrica de Campana realizó un trabajo en conjunto con los grupos de tareas de la dictadura para identificar a los obreros considerados "peligrosos". "Había gente con ropa de Dálmine que eran militares que trabajaban para los militares, y que llevaban y traían los comentarios que se hacían en el comedor sobre cuestiones gremiales y políticas". "En las instalaciones de Siderca actuaron grupos de tareas que detuvieron y se llevaron de la fábrica a varios trabajadores previamente identificados".

En el fallo condenatorio de Techint se cita al filósofo alemán Fiedrich Nietzsche y analiza con palabras muy fuertes las consecuencias jurídicas de la complicidad empresarial con la dictadura. "La utilización de los métodos impetrados por el Terrorismo de Estado en provecho de las organizaciones empresarias que obtuvieron pingües beneficios implica la complicidad de las mismas en el delito de genocidio. "La mayoría absoluta de los detenidos-desaparecidos del período iniciado en 1976 fueron trabajadores, muchos de ellos con inserción sindical. En tal sentido, los beneficiarios de las políticas de genocidio, como la implementación de las políticas de concentración, trabajo esclavo o exterminio, deben responder por las consecuencias civiles de sus actos".

El fallo también contiene un elemento incriminatorio muy duro contra Siderca. Ya recuperada la democracia, y una vez constituida la Conadep, la empresa contestó un requerimiento de la comisión que presidía Ernesto Sábato sobre la historia laboral y el destino del obrero mecánico. En la sentencia se afirma que Siderca le contestó a la Conadep que el señor Ingegnieros "ingresó a la empresa el día 10 de marzo de 1971 y renunció el 21 de mayo de 1973".

La Noche de los Tubos

El 22 de septiembre de 1976, 4 operarios de Siderca, en cuatro operativos en una madrugada de terror de las tantas que tuvo Campana, fueron desaparecidos.

El 24 de marzo del año 1976 comenzaba la dictadura genocida de Videla. Techint, en Siderca, hizo la inteligencia “marcando” dentro de la fábrica a los trabajadores que intentaban organizarse o simplemente hablaban en asamblea. La noche del 22 de Septiembre de 1978 desaparecen Alberto Bedia, Raúl Moreno, Armando Culzoni y Manuel Martínez. Son cuatro de los más de cincuenta trabajadores de la empresa que fueron desaparecidos por los grupos de tareas. Siderca se ha encargado con millones de pesos de borrar de la historia a estos trabajadores y luchadores, quienes militaban dentro de la UOM.

Analizan documentos de Tenaris para determinar su rol en delitos de lesa

A la firma del grupo Techint la allanaron hace unos días. La Justicia quiere determinar si entre 1974 y 1983 los directivos de la empresa colaboraron, de algún modo, con el secuestro de obreros. “Pensamos que en la zona de Zárate y Campana hay más de 230 víctimas, de los cuales muchos de ellos eran trabajadores de esa empresa”, dijo el abogado Pablo Llonto.

Enrique Ingegnieros, de 28 años, era militante de Montoneros y trabajaba como dibujante técnico en la fábrica Dálmine-Siderca de Campana. El 5 de mayo de 1977, fue secuestrado en el interior de la planta. Según testigos, fue citado a la oficina de personal de la empresa y allí fue detenido por uniformados del Ejército. Su mujer, Irma Pompa, que también era parte de Montoneros, fue detenida ese mismo día en la casa que compartían. Ambos siguen desaparecidos. Meses antes, en septiembre de 1976, habían sido secuestrados cuatro obreros de la misma fábrica siderúrgica en el lapso de dos horas, lo que se dio en llamar “La noche de los tubos”. Los operativos habían sido planificados por los jefes de Campo de Mayo, al mando de Santiago Omar Riveros.

Casi 40 años después, la firma -rebautizada como Tenaris-Techint- fue allanada por la Justicia y ahora se esperan los peritajes de la documentación secuestrada.  Fue un pedido de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. “Con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, en agosto, las empresas sólo tienen la obligación de conservar la documentación contable y laboral de los últimos diez años. O sea que podrían haber eliminado todo desde 2005 hacia el pasado. Nosotros primero pedimos la custodia de esa información, que fue avalada por el juez Canicoba Corral, y después se ordenó el secuestro. La  empresa podía destruir todo su archivo de la dictadura, por eso la urgencia en el pedido de la Procuraduría”, explicó a Infojus Noticias el fiscal federal de San Martín, Miguel García Ordaz. El allanamiento fue en las dependencias de Tenaris en Campana y en oficinas del centro porteño.

Lo que intriga a los investigadores es si, entre 1974 y 1983, los directivos de la empresa colaboraron, de algún modo, con el secuestro y la privación ilegítima de obreros.

Según cálculos de la fiscalía, hay cerca de 40 casos de obreros de la empresa que fueron privados de libertad y luego desaparecidos. “Creemos que pueden existir más, pero primero queremos demostrar qué tipo de responsabilidad tenía los directivos y el personal jerárquico en delitos de lesa humanidad”,  adelantó García Ordaz.

Un campo de exterminio

La empresa está dentro del área 400 –correspondiente a Zárate-Campana-, zona 4 de Campo de Mayo. Por esa dependencia militar pasaron cerca de 7 mil personas, y sólo sobrevivieron 100. “Fue un campo de exterminio, que atacó fuertemente la militancia política y laboral. Era una zona fabril e industrial fuertemente sindicalizada.

“Nosotros pensamos que en la zona de Zárate y Campana hay más de 230 víctimas, de los cuales muchos de ellos eran trabajadores de Dálmine-Siderca”, opinó el abogado querellante Pablo Llonto. “Hay un claro y notorio beneficio por parte de los directivos de estas empresas cuando desactivan toda la actividad sindical. Lo que se comprueba es como gran parte de estas empresas tienen su aparato de infiltración y de inteligencia hacia los trabajadores, con la confección de listas que le entregaban al aparato represivo y con casos en que los

trabajadores eran secuestrados dentro de las mismas plantas de estas empresas con la colaboración de la burocracia sindical”, agregó.