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Contexto Las migraciones son un fenómeno global, que sólo puede entenderse si se considera la integralidad de los factores sociales, económicos, culturales, políticos, históricos, familiares y ambientales, que inciden sobre el mismo. Precisamente esos factores explican la presencia en nuestro país de una significativa población de extranjeros y extranjeras cuyo ingreso no ha sido autorizado por el Estado. Debido a la complejidad y al fuerte impacto del fenómeno, acertadamente el mismo ha sido incluido en la “Estrategia Nacional de Desarrollo” (END), en la que se establece la necesidad de estructurar un modelo de gestión de las migraciones que parta de una visión del desarrollo conforme al interés nacional y que integre además la perspectiva de derechos humanos. En ese contexto estratégico, es importante destacar que los cambios que ha experimentado en las últimas tres décadas nuestro modelo económico, impiden que la inmigración se continúe gerenciando en el marco del modelo de contratación colectiva de trabajadores y trabajadoras extranjeros, ya que el destino de la mayor parte de la “nueva inmigración” que se ha registrado desde 1980, no es la “Gran Plantación” o el Batey, sino que se han diversificado los focos de atracción, orientando el nuevo flujo hacia la agropecuaria, construcción, turismo y otros campos del sector servicios, así como hacia el sector informal de la economía. Por lo demás, hay que tener en cuenta que los y las inmigrantes aportan al desarrollo económico del país. Hoy día, diversos sectores de la economía dependen de esta mano de obra, por lo que sería justo garantizar los derechos adquiridos y promover la regularización migratoria de esta población. Esto debe asegurarse a través de un procedimiento especial, conforme lo establece la Ley General de Migración y en coherencia con las expectativas que tienen los y las dominicanos/as residentes en el extranjero, que demandan de las sociedades receptoras ser beneficiados/as con medidas similares. Tratando de promover la institucionalización en la implementación de la Ley General de Migración y su Reglamento, las organizaciones firmantes, representantes de diversos sectores de la sociedad (trabajadores, religiosos, empresarios, educadores y defensores de los derechos humanos), inspiradas en el principio de soberanía, el interés nacional y conforme a la necesidad de consolidar el Estado Social, Democrático y de Derecho, proclamado en nuestra Constitución, se han reunido para concertar un Compromiso Social y Político por un Nuevo Modelo de Gestión de las Migraciones, con énfasis en los siguientes ejes: i. Superación de Retos Institucionales ii. Mercado Laboral y Derechos Humanos iii. Plan de Regularización de la Población Extranjera

Compromiso Social y Político por un Nuevo Modelo de Gestión de las Migraciones

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Documento que recoge la posición y propuesta de más de 140 organizaciones en República Dominicana sobre la gestión de las migraciones

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Page 1: Compromiso Social y Político por un Nuevo Modelo de Gestión de las Migraciones

       

Contexto  Las migraciones son un fenómeno global, que sólo puede entenderse si se considera la integralidad de  los factores sociales, económicos, culturales, políticos, históricos, familiares y ambientales, que inciden sobre el mismo.   Precisamente esos factores explican  la presencia en nuestro país de una significativa población de extranjeros y extranjeras cuyo ingreso no ha sido autorizado por el Estado.   Debido  a  la  complejidad  y  al  fuerte  impacto  del  fenómeno,  acertadamente  el mismo  ha  sido incluido en  la  “Estrategia Nacional de Desarrollo”  (END), en  la que  se establece  la necesidad de estructurar  un  modelo  de  gestión  de  las  migraciones  que  parta  de  una  visión  del  desarrollo conforme al interés nacional y que integre además la perspectiva de derechos humanos.   En ese contexto estratégico, es importante destacar que los cambios que ha experimentado en las últimas  tres  décadas  nuestro  modelo  económico,  impiden  que  la  inmigración  se  continúe gerenciando  en  el marco  del modelo  de  contratación  colectiva  de  trabajadores  y  trabajadoras extranjeros, ya que el destino de  la mayor parte de  la “nueva  inmigración” que  se ha  registrado desde  1980,  no  es  la  “Gran  Plantación”  o  el  Batey,  sino  que  se  han  diversificado  los  focos  de atracción, orientando el nuevo flujo hacia la agropecuaria, construcción, turismo y otros campos del sector servicios, así como hacia el sector informal de la economía.   Por  lo demás, hay que tener en cuenta que  los y  las  inmigrantes aportan al desarrollo económico del país. Hoy día, diversos  sectores de  la economía dependen de esta mano de obra, por  lo que sería  justo  garantizar  los  derechos  adquiridos  y  promover  la  regularización migratoria  de  esta población. Esto debe asegurarse a  través de un procedimiento especial, conforme  lo establece  la Ley General de Migración y en coherencia con las expectativas que tienen los y las dominicanos/as residentes en el extranjero, que demandan de  las  sociedades  receptoras  ser beneficiados/as con medidas similares.   Tratando de promover la institucionalización en la implementación de la Ley General de Migración y su Reglamento,  las organizaciones  firmantes,  representantes de diversos  sectores de  la  sociedad (trabajadores,  religiosos,  empresarios,  educadores  y  defensores  de  los  derechos  humanos), inspiradas en el principio de soberanía, el interés nacional y conforme a la necesidad de consolidar el Estado Social, Democrático y de Derecho, proclamado en nuestra Constitución, se han  reunido para  concertar  un  Compromiso  Social  y  Político  por  un  Nuevo  Modelo  de  Gestión  de  las Migraciones, con énfasis en los siguientes ejes:   

i. Superación de Retos Institucionales ii. Mercado Laboral y Derechos Humanos iii. Plan de Regularización de la Población Extranjera 

   

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Retos Institucionales La  Ley General  de Migración No.  285‐04  se  promulgó  hace más  de  8  años  y  a  la  fecha,  varios mandatos importantes de la misma están pendientes de ejecución, mientras que el Reglamento No. 631‐11, que  intenta operativizar  la  ley, en su aplicación está presionando el flujo migratorio hacia una mayor  irregularidad.  En  este  ámbito  hemos  identificado  varias  tareas  que  tienen  que  ser emprendidas con urgencia:  

1. Reducir la discrecionalidad en los procesos de toma de decisiones en la Dirección General de 

Migración‐DGM‐,  en  relación  a  las  solicitudes  de  residencias,  permisos  de  estudiantes, 

trabajadores y trabajadoras temporeros y demás sub categorías de no residentes. 

2. Modernizar los puertos fronterizos para nivelar la dinámica de su funcionamiento con la de 

los  demás  puertos  del  país,  en  correspondencia  con  la  importancia  creciente  del 

intercambio  comercial,  a  fin  de  reducir  a  su  mínima  expresión  las  actividades  ilícitas 

relacionadas  con  el  contrabando  de mercaderías,  tráfico  de  armas,  tráfico  de  drogas  y 

tráfico ilícito de personas. 

3. Activar el Consejo Nacional de Migración  (CNM) y promover un proceso de reforma de su 

estructura para que la misma sea más operativa e incluya la participación de empresarios y 

empresarias, trabajadores, trabajadoras y sociedad civil. 

4. Promover que el Ministerio de  Interior y Policía  (MIYP) asuma de manera plena su  rol de 

coordinador del CNM, así como un mayor liderazgo en el diseño de las políticas migratorias. 

(arts. 7‐10, ley 285‐04). 

5. Poner  en  funcionamiento  el  Instituto  Nacional  de  Migración  (INM),  el  cual  debe  ser 

estructurado  integrando  a  empresarios,  empresarias,  trabajadoras,  trabajadores  y 

organizaciones de la sociedad civil, conforme lo establece la ley (Art. 11 ley 285‐04). 

6. Profesionalizar el perfil de  los y  las agentes migratorios, a través de  la Escuela Nacional de 

Migración (ENM). 

7. Configurar un mecanismo de consulta entre el CNM, los y las empresarios y sindicatos que 

dé repuestas a las necesidades del mercado laboral del país. (art.49 ley 285‐04). 

8. Establecer Oficinas de Coordinación Laboral en  los puestos  fronterizos para  la gestión del 

movimiento de trabajadoras y trabajadores migratorios, como establece la ley 285‐04. (Art. 

52). 

9. Fortalecer  el  Servicio  de  Asistencia  Jurídica  del  Ministerio  de  Trabajo  y  la  Unidad  de 

Migración Laboral del mismo. 

10. Promover la agilización de los procedimientos a cargo de la Junta Central Electoral relativos 

a la cedulación de los y las extranjeros residentes.  

   

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Mercado Laboral y Derechos Humanos  La  política  migratoria  tiene  que  ser  re‐direccionada  para  que  responda  a  las  necesidades  del mercado  laboral  del  país  y  los  derechos  humanos  y  laborales  de  las  personas  migrantes.  Los desafíos en este ámbito son:   

1. Simplificar  procedimientos,  reducir  requisitos  y  costos  relativos  a  las  solicitudes  y 

renovación  de  residencias  y  permisos  de  No  Residentes,  especialmente  en  relación  a 

trabajadores y trabajadoras temporeros (art. 81, literal d, del Reglamento de la Ley 285‐04). 

2. Establecer  centros  de  detención migratoria  apropiados,  que  garanticen  el  respeto  a  los 

derechos de las personas y el Debido Proceso. Estos deben regirse en base a un reglamento 

de funcionamiento conforme a las mejores prácticas en la materia. 

3. Integrar  al  procedimiento  de  deportación  las  garantías  individuales  del  Debido  Proceso 

establecidas por la Constitución, Tratados y Convenios Internacionales. 

4. Integrar  el  enfoque  de  derechos  humanos  y  laborales  en  la  capacitación  de  las  y  los 

operadores del sistema de aplicación de la política migratoria. 

5. Colocar  la  gestión  y  el  control migratorio  en manos  de  un  cuerpo  civil  especializado  en 

materia migratoria. 

6. Diferenciar  los procedimientos y  condicionalidades que deben  regir  las  contrataciones de 

trabajadores y trabajadoras extranjeros que ya residen en el país, de aquellas relativas a las 

contrataciones  de  los  que  se  encuentran  fuera  del  país,  ya  que  en  la  práctica  la  parte 

contratante generalmente contrata a inmigrantes que ya viven en el país. 

7. Implementar  el  procedimiento  de  carnetización  de  los  habitantes  de  las  comunidades 

fronterizas definido en el artículo 81, literal e del reglamento 611‐11. 

8. Estandarizar las condiciones laborales de los y las trabajadores/as migrantes, conforme a los 

parámetros establecidos por el Código de Trabajo y  la  jurisprudencia  laboral* y en común 

acuerdo  con  las  organizaciones  firmantes  evaluar  los  términos  relativos  a  la  Convención 

Internacional  sobre  los  Derechos  de  los  Trabajadores  Migrantes  y  sus  Familias,  y  los 

convenios 97  y 143 de  la OIT, para de manera  consensuada propiciar  la  viabilidad de  su 

implementación por las autoridades competentes. 

9. Implementar  estrategias  de  integración  social  de  las  personas migrantes.  Y  promover  el 

protocolo  de  la  ONU  sobre  la  tolerancia  como  forma  de  prevenir  manifestaciones  de 

discriminación. 

10. Cumplir  lo que establece  la  ley en  relación en  los actos de  violencia  cometidos  contra  la 

población extranjera, así como en los procesos seguidos a los implicados en operaciones de 

trata y tráfico ilícito de personas, particularmente de niños y niñas menores. 

*  ver sentencia del 17 de septiembre de 1997, que consagra la igualdad de tratamiento y no discriminación entre trabajadores nacionales y extranjeros 

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  No  tomar  en  cuenta  esta  realidad  presionará  aun  más  al  empresariado,  puesto  que  según  el reglamento  de  la  ley  de migración,  el  principal mecanismo  para  cumplir  con  la misma  ‐para  las empresas  de  tamaño mediano  y  grande‐  es  por  la  vía  de  las  contrataciones  de  trabajadores  y trabajadoras  extranjeros  en  la modalidad  de  contingentes  desde  su  país  de  origen,  lo  cual  es sencillamente  insostenible  en  la  generalidad  de  los  casos,  y  seguirá  surtiendo  como  efecto  una práctica  ingobernabilidad del mercado  laboral,  así  como del  sistema migratorio que  se pretende organizar y regular.    

Plan de Regularización de la Población Extranjera Gran parte de la población extranjera que reside en el país tiene status migratorio irregular, lo que, por  un  lado,  coloca  dicha  población  en  un  plano  de  vulnerabilidad  y  limita  las  posibilidades  de ejercer de forma integral sus derechos, mientras,  que por otro lado, implica que el Estado carezca de  información  esencial  para  poder  desarrollar  políticas  públicas,  tales  como  las  relacionadas  al mercado  laboral,  política  tributaria,  seguridad  ciudadana,  servicios  públicos,  combate  a  la delincuencia transnacional, etc.   Por tanto, se hace necesario avanzar en la implementación del art. 151 de la Ley de Migración que prevé  la promulgación de un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y Extranjeras,  lo que beneficiará tanto al Estado como a las y los trabajadoras y trabajadores migrantes.   Para  ello  se  debe  diseñar  una  nueva  propuesta  de  plan  para  la  Regularización  de  Extranjeros  y Extranjeras, siguiendo una metodología transparente que incorpore la participación de los diversos actores. También es importante que la misma se estructure con la idea de lograr una buena relación costo‐eficiencia, para lo cual sería indispensable establecer procedimientos ágiles y accesibles para los  y  las  aplicantes,  garantías  de  evaluación  justa  y  transparente,  garantías  de  no  deportación  ‐mientras dure el proceso‐ y que conforme al orden enunciativo de la Ley, al criterio del tiempo de estadía  se  le  consigne  un  valor  justo,  en  interacción  equilibrada  con  los  demás  parámetros establecidos por la ley: vínculos socioeconómicos, familiares y condiciones laborales.  Los y  las  firmantes se comprometen a colaborar en  la  implementación de una política migratoria 

que favorezca el bienestar general del país conforme a los parámetros aquí propuestos.