COMUNICADO DE PRENSA

19 de septiembre de 2013 San Juan, Puerto Rico

POLITICA PUNITIVA SOBRE CONSUMO DE MARIHUANA NO HA

CREADO UN AMBIENTE PUBLICO MAS SEGURO EN LO

RELATIVO A LA DELINCUENCIA QUE NOS ACOBIA

política punitiva actual sobre consumo de marihuana ha sobrepoblado las

cárceles con nuestra juventud a un enorme costo social y al erario público

El viernes, 20 de septiembre de 2013, la ACLU de Puerto Rico expondrá su parecer

sobre los proyectos P del S 517 del Senador Miguel Pereira Castillo y P de la C 1362 de

los Representantes Báez Rivera y Vargas Ferrer. Proyectos que proponen la

despenalización de la simple posesión de marihuana para uso personal y para la

medicalización de la marihuana, respectivamente.

Estados Unidos (por ende, Puerto Rico), con solo 5% de la población global, cuenta con más del 25% de la población penal del mundo. La llamada “Guerra Contra las Drogas” ha causado un incremento de hasta 700% en la población carcelaria; gran parte de estas sentencias están relacionadas con la mera posesión de marihuana. Puerto Rico encaja dentro de estas estadísticas, sin embargo intentos de adquirir estadísticas específicas sobre intervenciones y encarcelamientos por uso de marihuana en Puerto Rico, aún de la esfera federal, fueron infructuosos. Estados Unidos cuenta con una población penal de sobre 500,000 por convicciones relacionadas a drogas de las 2 millones de personas actualmente encarceladas. En nada ha impactado esta política de manos dura, excepto en el costo al erario público mientras están encarcelados y el costo humano de perder nuestro(a)s jóvenes al sistema de justicia criminal. Enmendar nuestros estatutos penales para despenalizar la mera posesión de marihuana reducirá nuestra población penal y promoverá una política pública salubrista más beneficiosa para el pueblo.

“No podemos continuar dándonos el lujo como pueblo de continuar perdiendo nuestros

jóvenes al sistema carcelario del país. Por lo que es necesario además que nuestras

escuelas reenfoquen sus medidas de disciplina para que en lugar de desviar su

responsabilidad de manejar asuntos de infracciones escolares relacionados al consumo

de marihuana hacia el sistema de justicia criminal, que tan adversamente ha impactado

nuestro(a)s jóvenes, se encaminen a tomar medidas internas que atiendan las

necesidades del estudiantado” señaló el Lcdo. William Ramirez, Director de la ACLU de

Puerto Rico. La ACLU lleva años advirtiendo sobre la llamada “vía directa entre las

escuelas y las cárceles del país” (School to Prison Pipeline).

En su presentación a la comisión legislativa que considera los referidos proyectos

legislativos, la ACLU mañana hará referencia a su publicación de Junio 2013 que

advierte sobre el impacto adverso de la Guerra Contra la Marihuana sobre la juventud

pobre/indigente y negra en Estados Unidos. Precisamente por no haber accesible las

estadísticas necesarias, el estudio no incluye Puerto Rico. Sin embargo, las querellas

recibidas en la ACLU de Puerto Rico y otras evidencias anécdotal nos llevaría a concluir

que al igual que en EE.UU., el impacto adverso de la Guerra Contra la Marihuana sería

mayor en sectores marginados del país, entiéndase sectores pobres con población

mayormente de afro descendientes.

La ACLU se une al coro de personas y agrupaciones que han concluido que la política

punitiva sobre consumo de marihuana ha fallado en crear un ambiente público más

seguro, mientras que ha estimulado la sobrepoblación, sin precedente, de jóvenes en las

cárceles de Puerto Rico. Como bien citó el Juez Apelativo Federal Juan R. Torruella,

quien por muchos años ha sido promovente de la necesidad de establecer una política

sobre consumo de drogas que atienda el problema desde otra perspectiva que no sea la

penalización,

“hemos conocido el enemigo y somos nosotros”.

Contacto:

ACLU Puerto Rico T/ 787.250.4410

Lcdo. Josué González-Ortíz Móvil / 917.213.4353 jgonzalez-ortiz@aclu.org Lcdo. William Ramírez Hernández Móvil / 917.517.8861 wramirez@aclu.org