CONCLUSIONES

-- Los colegios profesionales más antiguosdel país son el de Abogados y el de Médicos.Siguiéndolos muy de cerca, a partir de la décadade los cuarenta se multiplican los colegios. Estoshan conformado una Federación (ley No. 3662 del10de enero de 1966) y hoy continúan, en muchosaspectos positivos, una tradición más que cente-naria.

-- Con base en la teoría jurídica, los criteriosjurisprudenciales y dictámenes técnicos y el estu-dio de la normativa interna de los colegios, con-sideramos que estos son entes públicos puestienen a su cargo fines públicos atribuidos por laley, y entes no estatales porque no pertenecen alaparato del estado.

-- De acuerdo con los pronunciamientosjurisprudenciales más recientes sentados por laSala Constitucional -los cuales, de conformidadcon lo establecido en el art. 13 de la ley de laJurisdicción Constitucional, tienen carácter vincu-lante- los colegios tiene su razón de ser en elinterés público de que exista una preparación ade-cuada de sus miembros, una estricta observanciade las normas de ética y el decoro profesional, y elcontrol respecto del correcto y eficiente ejerciciode la profesión, lo que implica que estos tenganpotestades disciplinarias sobre sus miembros.

-- En concordancia con estos criterios y elprincipio de especialidad, que dice que la activi-dad de una persona privada o pública está delimi-tada por los fines estipulados en la norma que lacreó, estimamos que la fiscalización del desem-peño de los profesionales es obligación y deber enla actuación de los colegios. Mas estos no puedenejercer dicha potestad si no hay colegiaturaobligatoria.

Por esto, presenta extremo interés lacreación del colegio de Profesionales enInformática y Computación el 26 de julio de 1995(ley No. 7537) y su funcionamiento futuro. Estanueva corporación tiene como características dis-tintivas que será financiado exclusivamente confondos propios y que la colegiatura será volun-taria.

-- En cuanto a la tipificación de las denun-cias y sanciones más usuales, en un período decuatro años, determinamos que la denuncia más

usual es por "mal praxis" o impericia y que la san-ción más frecuente es la amonestación escrita. Sinembargo, estas cifras son representativas única-mente de los 14 colegios que aportaron informa-ción, el 61% del total. Los 9 colegios de los cualesno pudimos procesar información abarcan el 70%del total de agremiados a 1992.

-- Para obtener datos de los colegios uti-lizamos los medios que consideramos académica-mente aceptables, cuales fueron la solicitud escri-ta, su reiteración, el fax, llamada teléfonica ysolicitud de entrevistas. Dos años y cientos decontactos después, aún esperamos la respuestacorrecta de algunos de ellos. Tal resultado no lohabíamos previsto: supusimos -mal- que tal ycomo lo indica la normativa interna, todos loscolegios tienen un código de moral y que se apli-ca; que como cada junta directiva al terminar superíodo, debe entregar informe de labores a lajunta siguiente, los casos y sus resoluciones eranreportados y por tanto, todo estaba en un archivo.

Al no lograr nuestra meta, nos limitamos aconjeturar que los colegios no han queridoconsignar por escrito que a) los tribunales dehonor no han funcionado; b) que empezaron afuncionar en años posteriores a los solicitados; e)que el número de agremiados ha sido siempre tangrande que no han podido organizar la informa-ción; d) que la estructura, como la de un colegiofederado, es tan compleja, que no han podidoorganizar la información; e) que han funcionado amedias y entonces las juntas directivas entrantesno pueden organizar la información pedida; f) quehan funcionado pero que por proteger al gremiono nos proporcionaron los datos.

No ilustraremos la saga de la recopilaciónde datos, sólo su epílogo: un colegio contestó, casidos años después del primer contacto escrito ymúltiples llamadas "que no tiene estudios estadís-ticos sobre denuncias y sanciones". Otro, año ymedio después de la primera solicitud, faxes ydemás, nos informó por escrito que la peticiónestaba en el departamento legal: eso fue el 15 dediciembre de 1994.

Cum grano satis, deseamos mencionar quepor un acta de 1994, emitida por el tribunal dehonor de uno de nuestros colegios profesionales,

ELlZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS VILLEGAS84

nos enteramos de denuncias debidas a que enagosto de 1992, la junta directiva se fue a "limarasperezas" a un conocido bar y restaurante, con uncosto para el colegio de noventa y cinco milquinientos cuarenta colones, aparte del uso inde-bido de vehículo, por algunos de sus miembros yla apropiación de licor y servicios de restaurantedel centro respectivo. El trámite de estas denun-cias está suspendido por haber un recurso deamparo en la Sala Constitucional. Habría que ver,si alguna vez pidiéramos información sobredenuncias en ese año, si consignarían esta.

-- En relación con el problema, inicialmenteteórico, de la legalización de la moral, sostenemosque se justifica que al profesional se le impongajurídicamente un código de moral porque susactos son públicos y, por tanto, afectan a losdemás. Ahora bien, una circunstancia tal nosempuja a enfrentar otro asunto que se deriva deaquel, cual es, si el ámbito jurídico y el moralquedan fundidos o al menos traslapados."Fundidos ambos" significa un único ámbito.

Es nuestro parecer que, en ocasiones, almenos algunos de los que alegan la violación delprincipio non bis in idem (que equivale a quenadie puede ser sancionado dos veces por elmismo hecho) parten o de que a) los actos san-cionables pertenecen a un único ámbito o b) lomoral no tiene importancia.

Pero los fallos de la Sala Constitucional nocontemplan ni fusión ni traslape en 10 queconcierne al ejercicio de la potestad disciplinaria.Particularmente acerca de la imposición de san-ciones, dichos fallos han distinguido entre el régi-men disciplinario, aplicado en sede administrativay el régimen de sanciones penales propio de lajurisdicción ordinaria: "( ...) esta Sala ha indicadoen su jurisprudencia que lo resuelto en sede penalno es obstáculo para que en sede administrativapueda ser sancionado por los mismos hechos, elloen virtud de la naturaleza de cada sede". (SalaConstitucional, voto 2429-9 del 12-5-1995).

Nosotras interpretamos que este pronunci-amiento señala dos esferas distintas en el carácterde la sanción: por ejemplo, puede darse lasituación de que un profesional sea acusado anteun tribunal de justicia, y que no se le pruebe ensede penal ningún ilícito. O puede ser hallado cul-pable. El tribunal impone una pena. Mas encualquiera de las dos coyunturas el colegio profe-sional puede sancionarlo, porque la corporaciónno sanciona un delito sino hechos irregulares que

contravienen la normativa moral. Quiere decirentonces que en el caso del tribunal de justiciaestamos ante una sanción jurídica en sentidoestricto. El tribunal de honor aplica una sanciónmoral.

A partir del pronunciamiento de la SalaConstitucional recién citado, nuestra reflexión ini-cial sobre la legalización de la moral toma ahoraun sentido inverso: la moralización de la ley.

-- En torno a los fines de los colegios, doshan sido nuestras perspectivas de análisis: una, ladeterminación de cuáles son y otra si entre ellos eldesarrollo y el acatamiento obligatorio del códigode moral se han convertido en fines prioritarios.Concluimos que aunque estos últimos no aparecensiempre en la ley orgánica, todos los colegios loscontemplan en alguna instancia. Sobre esa baseafirmamos que formalmente todos los colegiospersiguen su consecución. A pesar de lo anterior,no opinamos que en la práctica el ejercicio devigilancia y jurisdicción disciplinaria sean finesprioritarios para todos los colegios. Nos apoyamosen los problemas que enfrentamos para recopilarinformación.

Creemos, entonces, que para cumplir con elfin de la aplicación de los códigos de ética en losdiferentes colegios, sería indispensable no sólo lacorrecta organización y el funcionamiento de lostribunales de honor (o la instancia que defina cadacolegio) sino que el público en general fuerainformado, por todos los medios, de que puedehacer denuncias y acerca de los mecanismos deltrámite de la queja.

De igual manera recomendamos que loscolegios hagan una evaluación interna respecto asus fines y mecanismos para su consecución, querevisen su normativa interna y la adecúen a loslineamientos de la ley General de laAdministración Pública con el propósito de queno violen el debido proceso y el derecho de defen-sa. Esto, no solo porque es un derecho del profe-sional sino, porque representa una garantía para elusuario.

Reiteramos que la colegiatura obligatoria \solo se justifica en tanto y en cuanto los colegiosejerzan las potestades de control y fiscalización,respecto del ejercicio profesional y en resguardodel interés público. De 10 contrario no tiene senti-do ni la existencia misma del colegio, ya que otrasactividades pueden ser desarrolladas por una aso-ciación. No conceptuamos ese control y esafiscalización como algo "simple" y secundario.

CONCLUSIONES 85

Tenemos en mente aquí una reciente publicaciónde un colegio en la prensa, que dice (de su propialabor): "El aporte no se queda por lo tanto en elsimple control del ejercicio profesional (...)."

-- Alrededor de la discusión filosófica de sise justifica o no la imposición de la moralidad,dado que el carácter de los códigos de moral pro-fesional es eminentemente represivo y no formati-vo, a las consideraciones expresadas en el capítulo111 y más arriba, añádase que asumimos, por

Elizabeth Muñoz BarqueroApdo. 153-2070Sabanilla de Montes de Oca

analogía, el pensamiento de Benito Spinoza, quienen el siglo XVII dijo que es imposible inducir alos hombres divididos por los negocios públicos avivir exclusivamente guiados por la razón y que esmenester, entonces, que el estado esté organizadode manera que todos sus miembros -gobernantes ygobernados- quieran o no quieran, actúen delmodo conveniente para el bienestar general. Seránecesario imponerla, si ha de servir al cumpli-miento de los verdaderos fines de los colegios.

Egennery Venegas VillegasApdo. 1656-1100

Tibás