CONCLUSIONES POR TEMA1

Manifiesto de Cochabamba ...................................................................................................02

1. Energía. miércoles 6/comedor/14:30-18:30/• Conclusiones de la Mesa Energía ...............................................................................03

2. Infraestructura. jueves 7/aula "A"/09:00-13:00/• Conclusiones de la mesa Infraestructura ..................................................................04

3. Migración. jueves 7/gimnasio/09:00-13:00/• Conclusiones de la Mesa Migraciones y Ciudadanía .................................................. 06

4. Medio Ambiente. jueves 7/coliseo/11:00-13:00• Propuesta de la mesa Medio ambiente e industrias extractivas................................ 07

5. Agua. miércoles 6/gimnasio/11:00-18:30• Conclusiones y propuestas de la Sesión Temática del Agua ......................................... 09

6. Justicia e Impunidad. jueves 7/comedor/09:00-13:00/• Informe de conclusiones de la Mesa Impunidad y Justicia ..........................................11

7. Financiamiento. jueves 7/aula "A"/09:00-13:00/• Conclusiones de la Mesa de Financiamiento para los Derechos y la Integración de los

Pueblos...................................................................................................................13

8. Agricultura Tierra y Territorio. miércoles 6/coliseo/14:30-18:30• Conclusiones de la Sesión Temática Agricultura, Tierra y Territorio ............................15

9. Militarización. miércoles 6/teatro/11:00-18:30• Conclusiones de la Mesa de Militarización y Defensa ................................................. 17

10. Derechos Sociales. jueves 7/coliseo/16:30-18:30/

• Conclusiones de la sesión temática Derechos Sociales ................................................19

11. Comercio. miércoles 6/aula "A"/11:00-13:00• Conclusiones de la sesión temática Comercio ..............................................................20

12. Pueblos Indígenas. jueves 7/teatro/16:30-18:30/• Llamamientos y propuestas desde la visión de los pueblos indígenas ...........................21

13. Revalorización de la Hoja de Coca. jueves 7/coliseo/ 09:00-13:00• Conclusiones de la sesión temática Revalorización de la hoja de Coca ........................ 24

1 Disponible también en los sitios: www.integracionsolidaria.org y http://www.asc-hsa.org

MANIFIESTO DE COCHABAMBA

Saludamos este importante momento histórico que se abre con la Cumbre de Cochabamba y tiene el reto de profundizar un proceso de integración regional que exprese los intereses populares.

Los pueblos de América hemos sufrido la aplicación de un modelo económico que basado en el fundamentalismo de mercado, la privatización y la liberación comercial, ha conducido al aumento de la desigualdad, el deterioro de las condiciones laborales, el desempleo, la generalización de la informalidad, la depredación del medio ambiente, la profundización de la discriminación contra las mujeres, la pobreza, la marginalización de las comunidades originarias y campesinas y la pérdida de la capacidad del estado de promover políticas de desarrollo social y económico.

En la búsqueda de generalizar y profundizar estas políticas se intentó crear el ALCA y los Tratados de Libre Comercio, por medio de los cuales se abandonaba cualquier perspectiva de desarrollo autónomo, basado en el mercado interno y en el respeto de todos los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y ambientales.

Los pueblos del continente hemos sido protagonistas de una lucha contra este modelo, contribuyendo decisivamente a detener el ALCA y los acuerdos entre países que privilegian lo comercial y los intereses de las multinacionales

La creciente organización del movimiento popular en Sudamerica, incluyendo las comunidades originarias, los campesinos, los habitantes marginalizados de las ciudades, las mujeres, los jóvenes, los estudiantes, los trabajadores y el conjunto de las organizaciones sociales ha determinando un nuevo momento político y social, avanzando en la conformación de nuevos gobiernos sensibles a las demandas populares, que se distancian de la agenda del gobierno de Estados Unidos y de las corporaciones y que buscan un camino propio. Este momento político que vive Suramérica ofrece una oportunidad histórica que no puede desaprovecharse para avanzar hacia una verdadera integración soberana y para los pueblos.

La Comunidad Suramericana de Naciones no debe ser una prolongación del modelo de libre mercado basado en la exportación de productos básicos y bienes naturales, fundamentada en el endeudamiento y en la desigual distribución de la riqueza.

La creación de una auténtica Comunidad Suramericana de Naciones no puede ser un proceso que excluya las exigencias populares y para esto requiere una auténtica participación social.

Consideramosos que se requiere otro tipo de integración en la cual prime la cooperación sobre la competencia, los derechos de los habitantes sobre los intereses comerciales, la soberanía alimentaria sobre la agroexportación, la acción decidida del Estado en procura del bienestar sobre las privatizaciones y el sentido de equidad sobre el afán de lucro, el respeto del medio ambiente sobre el saqueo despiadado de los recursos naturales y la equidad de genero sobre la injusta división sexual del trabajo. También debe primar el reconocimiento, respeto y promoción del aporte de las comunidades originarias sobre la marginación, explotación y folclorización de sus valores y tradiciones económicas y culturales.

Debe ser promotora de la paz, garante de los derechos humanos de los pueblos y, en oposición a las pretensiones imperiales, contraria a la intromisión de tropas, a la instalación de bases militares extranjeras y a la participación de fuerzas de ocupación en terceros países.

Sólo en la medida en que se cambie el tipo de desarrollo y se defienda la soberanía de las naciones será fructífero el esfuerzo de construcción de la Comunidad Suramericana de Naciones.

Los pueblos de todo el continente seguiremos promoviendo una integración desde y para los pueblos, participando con nuestras propias reivindicaciones y propuestas.

Estamos dispuestos a promover el dialogo que conduzca a resultados reales, mantendremos las luchas de resistencia que aseguren el protagonismo del movimiento popular en el proceso de integración, para promover una verdadera democracia y bienestar para nuestros pueblos.

Ante el proceso Constituyente que se encuentra bloqueado por intereses de las minorías, que siempre detentaron el poder político y, que se oponen a una transformación económica, político, social, cultural y jurídica de Bolivia, porque representa la pérdida de sus privilegios, se han dado a la tarea de desacreditar este proceso, que es irreversible.

Las diferentes organizaciones y movimientos sociales del Continente Americano presentes en la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, nos pronunciamos POR EL DESBLOQUEO de la Asamblea Constituyente que GARANTIZARÁ, la construcción de un país con Equidad y Justicia Social como parte del proceso de Consolidación de la PATRIA GRANDE.

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ENERGIA

La integración energética sudamericana debe ser desarrollada a partir del fortalecimiento de nuestras empresas estatales de hidrocarburos, de la nacionalización de estos recursos estratégicos, revirtiendo la renta así conseguida para un desarrollo sustentable, con políticas de redistribución del ingreso y utilizando los excedentes para financiar nuevas matrices de energía renovable.

Es necesario compartir nuestros recursos para beneficio de los pueblos respetando los derechos económicos, sociales culturales y ambientales para nuestro bienestar y el de las generaciones futuras y no en beneficio de las transnacionales o las oligarquías locales.

El desarrollo energético sustentable supone el respeto al derecho de las comunidades, el ahorro energético y el combate al consumo excesivo de energía. Las fuentes de energía deben ser renovables, limpias y de bajo impacto, garantizando su acceso equitativo y democrático. Los países de la CSN deben garantizar el acceso pleno de todos los habitantes del continente a los bienes energéticos, buscando superar la realidad actual en la que países con altos potenciales energéticos aún no han logrado un abastecimiento digno de sus habitantes.

Hay que cambiar el modelo energético actual que implica una alta dependencia de los combustibles fósiles y genera fuertes impactos sobre las poblaciones locales y pueblos originarios. Las empresas multinacionales, pero también las estatales provocan daños irreparables en el medio ambiente y en las comunidades, propios de ese tipo de explotación.

Los proyectos de energía deben ser viables en términos de costos no sólo económicos sino también ambientales. Solicitamos información sobre los impactos sociales, ecológicos y socioeconómicos, para evaluar si los megaproyectos de energía justifican la inversión de tanto capital, cuando existen otras alternativas descentralizadas para las inversiones, incluso para la generación de energía renovable. Rechazamos la idea de financiar éste tipo de obras con prestamos del Banco Mundial o del BID, porque esto llevaría otra vez a hipotecar el futuro de Sudamérica a los acreedores extranjeros.

En los debates temáticos durante la durante la presente cumbre se abordaron y profundizaron estos temas destacándose los siguientes aportes a lo expresado en la carta:

La idea de discutir la temática energética en el marco integral del proceso de integraciónLa preocupación por el continuismo de políticas energéticas liberales fundamentalmente en cuanto a

los mecanismos de integración pensados para garantizar energía segura y barata para sectores agroindustriales y extractivos y no en la necesidad de abastecer de energía a los habitantes del continente de manera garantizar una vida digna, su desarrollo armónico, con justicia y equidad en pos de la paz social

Estuvo planteada la solidaridad con las luchas de resistencias a los proyectos energéticos (mega represas, hidrocarburos, etc.) y por los derechos de los pueblos a la autodeterminación sobre sus territorios.

La preocupación por la falta de transparencia, casos de corrupción e injerencia de empresas transnacionales y hasta gobiernos en las políticas energéticas tanto nacionales como regionales.

La necesidad de reafirmar a la energía como un bien común y no como una mercancía. La inclusión de la energía como un derecho humano parte del conjunto de derechos ampliados.

Se planteó también la necesidad de ampliar y universalizar los derechos de los trabajadores del sector energía de todo el continente

Se expreso preocupación por: El desarrollo de megaproyectos energéticos (grandes represas, gasoductos, etc.) sin la necesaria

participación ciudadana en el debate de su necesidad, impactos, etc. Instar al desarrollo de mecanismos de participación y de decisión en estos aspectos Por el avance de proyectos asociados a los bioenergéticos, la presión sobre los territorios y sus poblaciones, y la incompatibilidad con el desarrollo de la soberanía alimentaria en la región. La necesidad de establecer el control social y la fiscalización sobre los recursos (OIT 169). Por la falta de análisis de los impactos de la estructura de producción y consumo de energía sobre el ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas. La visualización de la problemática del cambio climático como uno de los aspectos que afectará a la región. Por el continuismo de las políticas energéticasSe planteó priorizar la diversidad étnica y cultural del continente ante cualquier definición estratégica sobre los recursos naturales garantizando el derecho a la consulta obligatoria cada vez que se pretenda adoptar medidas administrativas o legislativas que puedan afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas y originarias.

Se expresó la solidaridad con el camino emprendido por el pueblo boliviano en la recuperación de sus recursos como ejemplo de recuperación de soberanía que hoy enfrenta los intentos separatistas de las transnacionales y la oligarquía local. Las transnacionales y gobiernos extranjeros se entrometen en las políticas de los Estados con la intención de mantener o incrementar sus ganancias.

La integración energética debe estar en función de garantizar el acceso a la energía de los sudamericanos y no a incrementar las ganancias de las transnacionales. La energía es un bien común de los pueblos y no una mercancía, es un derecho humano dentro de los derechos ampliados. Por ello se debe garantizar el acceso a los bienes energéticos por parte de los habitantes del continente para garantizar una vida digna, su desarrollo armónico, con justicia y equidad en pos de la paz social.

Ni ALCA, ni TLCsOtra Integración es posible

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INFRAESTRUCTURA

a. La Comisión de Infraestructura de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos reunida en la ciudad de Cochabamba, República de Bolivia el día 7 de Diciembre del 2006 en el marco de la reunión Cumbre de la COMUNIDAD SUDAMERICANA DE NACIONES ha producido el siguiente documento para ser entregado a los gobiernos presentes.

b. Entendemos por Infraestructura al conjunto de componentes fundamentales básicos, imprescindibles y estratégicos que permiten el desarrollo integral de nuestras comunidades y Pueblos y no sólo las obras de la conexión territorial entre dos o más puntos. Consideramos clave precisar el tipo de desarrollo que queremos las poblaciones del continente para construir las bases de la integración desde las comunidades y desde los Pueblos.

c. Nuestra comisión abordó particularmente la cuestión del transporte, entendiendo sin embargo, que cuando se habla de infraestructura también se deben abordar los otros componentes como energía, telecomunicaciones, agua potable entre otros.

d. El modelo económico primario exportador extractivista de nuestros bienes naturales que se traduce en los megaproyectos de la cartera de IIRSA va de contramano con la sustentabilidad del desarrollo que reclaman las comunidades y Pueblos del continente y es totalmente incompatible con la construcción de la Integración que busca la ciudadanía Sudamericana.

e. El rol de los gobiernos latinoamericanistas deberá diseñar y promover una política estratégica para el transporte cambiando el enfoque hacia una Infraestructura para la integración y el desarrollo de las comunidades de todos los países de América del Sur, entendiendo que la misma debe incluir aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que respeten y valoren a las comunidades originarias, a las poblaciones tradicionales y locales y a las formas de vida que ellas desarrollan. Es decir, el gran objetivo debe ser la reproducción de la vida y no la reproducción ampliada del capital y la destrucción.

f. Los principios irrenunciables sobre los que deberá construirse la Infraestructura para el Desarrollo y la Integración de las comunidades y de los Pueblos son: la equidad, la inclusión, la diversidad, la soberanía local, la democracia, la justicia social y ambiental, la idoneidad ecológica, la paz. Debemos parar las amenazas a estos principios que constituyen los grupos económicos poderosos que persiguen como único objetivo la construcción de corredores de exportación generando a su paso corredores de miseria y el aumento acelerado de la deuda.

g. Las obras de Infraestructura no están despojadas de una intencionalidad, no constituyen propuestas neutrales y, en consecuencia, los Estados y los gobiernos legítimos y genuínos deben imponer los intereses de la ciudadanía a los de los grupos económicos hegemónicos quienes son los que en demasiados casos determinan las políticas y estrategias.

h. El rol del Estado como regulador, planificador y órgano de control debe darse siempre en función de los pueblos y comunidades.

i. En materia de transporte, el desarrollo y la integración deben partir del ordenamiento territorial de cada país, y desde cada país desarrollar una visión regional que integre a cada economía regional con su propia producción, valorizar sus principales bienes y recursos, definir el valor agregado que busque equilibrar la sustentabilidad de la producción y el comercio solidario prioritariamente en los mercados internos y después la exportación. Desde esta visión planificar estratégicamente las reales necesidades de adecuadas obras de infraestructura.

j. Debemos repensar las tecnologías y modelos de transporte en función del perfil productivo del otro DESARROLLO posible y que está pensado desde el mejoramiento de las condiciones de vida, desde el bienestar de la gente.

k. La construcción de nuestra visión del desarrollo, en contraste al modelo actual vigente que cuestionamos, permitirá articular a los diferentes actores que venimos protagonizando las iniciativas de la evolución positiva y las resistencias.

l. La infraestructura del transporte que proponemos permitirá ir corrigiendo y reemplazando las asimetrías y desigualdades que los grupos de poder han generado y generan con sus megaproyectos.

m. El transporte que proponemos servirá para el traslado de mercaderías, pero lo fundamental es el movimiento de personas. Recuperando el modo ferroviario, como insustituible y por lo tanto estratégico para cumplir esta doble función. Alrededor del FFCC han crecido pueblos, se desarrolló la agricultura, se produjeron los intercambios y formas de comunicación de las comunidades con el mundo exterior y reencuentros con sus familias y sus culturas de origen de aquellos que como consecuencia de los modelos neoliberales fueron obligados a marcharse de sus lugares.

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n. Ha sido el FFCC históricamente el modelo más barato, eficiente y cómodo para producir estos desplazamientos. Contamos con el derecho al libre tránsito, pero causas económicas ( costos del modo automotor, peajes, etc.) nos impiden ejercerlo.

o. A la Infraestructura de la Integración y la Sustentabilidad que proponemos amenazan las obras de la Infraestructura de la dominación.

p. Constatamos que una realidad que sufren los trabajadores del transporte por carretera especialmente es la superexplotación de la fuerza de trabajo y el peligro que para su propia seguridad personal acarrea la continuidad de delitos carreteros.

q. Muchos de nuestros países son utilizados como territorios de tránsito. Por ello nos preguntamos ¿Qué desarrollo obtenemos siendo un país de tránsito? Obviamente ninguno, más bien todo lo contrario. Nuestras comunidades ven pasar las riquezas que les son despojadas.

RECOMENDACIONES

1. Apoyar el reclamo de la República de Bolivia de una salida al mar como un derecho soberano impostergable.

2. Atender el desarrollo de redes camineras secundarias y terciarias, esenciales para una auténtica integración de las regiones al espacio económico-social y cultural Sudamericano, desechando aquellos proyectos estratégicos como IIRSA que priorizan el transporte por megacarreteras, consolidando el uso a nivel continental del modo de transporte más caro, concentrador y contaminante.

3. Considerar el transporte ferroviario como factor de integración y desarrollo de los pueblos sudamericanos. Por ello, renacionalizar los ferrocarriles y reconstruir las redes que fueran privatizadas o abandonadas por los gobiernos del neoliberalismo.

4. Siendo el transporte marítimo el principal modo por el cual se canaliza el comercio internacional de los países y ante la ausencia de marinas mercantes de bandera nacional en la mayoría de los países de la región, con el consiguiente pago de fletes y la pérdida de puestos de trabajo que ello implica, recomendar a los gobiernos el dictado de leyes que consagren el derecho a la Reserva de Cargas como factor soberano para el mercado intra-regional latinoamericano. En correspondencia con ello es imprescindible la creación de una Marina Mercante Latinoamericana estatal al servicio de los pueblos que necesitan producir intercambios para su desarrollo.

5. Mantener las vías navegables hidroviarias sustentables garantizando en su uso el derecho que las comunidades costeras y aledañas tienen desde tiempos inmemoriales, preservando el medio ambiente, adaptando la navegación a los ríos y evitando el sobre tránsito que genera el modelo de los corredores exportadores.

6. Crear un Banco Sudamericano de Fomento de la Infraestructura que rompa la lógica de las entidades multilaterales de crédito (BM, BID, etc) y que absorba a las entidades financieras regionales. Dentro de dicho banco deberá existir una dependencia, que con el mayor grado de autonomía fomente y estimule el desarrollo endógeno local y regional promoviendo el intercambio en base a las mejores experiencias históricas construidas en el pasado e incorporando los nuevos conocimientos de la ciencia y la tecnología a favor de la sustentabilidad.

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MIGRACIONES Y CIUDADANÍA

En la mesa de Migraciones y ciudadanía se propuso instituir una Cédula de Identidad única que identifique a los ciudadanos de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) y permita la libre circulación y residencia en los países que conforman la comunidad. Además, se planteó la creación de una Comisión Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de los Migrantes, especialmente en zonas fronterizas.

Otras propuestas de la mesa son: Promover una legislación que propicie un trato igualitario de los emigrantes con los nacionales de cada país, permitiendo el acceso al derecho al trabajo, la educación, a la salud, etc. A su vez, propender en los países de la Comunidad a una difusión de los derechos de los mismos como así también en la inclusión de la Seguridad Social; eliminación de los impuestos sobre las remesas que los emigrantes envían a sus países de origen; denuncia del trabajo esclavo, tráfico y trata de personas, especialmente de los niños, adolescentes y mujeres, y contemplar como causal de migración a la orientación sexual, reconociendo los derechos a las diversidades sexuales.

Se plantó también la incorporación del tema de refugiados y desplazados ya que varios países de la región no poseen legislación al respecto; alfabetización, capacitación y educación a los emigrantes;

asistencia integral (psicológica, jurídica, entre otras) por parte de los Estados receptores; creación de Consejos de Consultas de Gobiernos y sensibilización y control social de los Diplomáticos;

Propuesta Punto 18:

Como consecuencia de las políticas neoliberales y de ajuste aplicadas en la región, millones de personas se ven a diario obligadas a emigrar en la búsquedas de alternativas para su vida.

Consideramos que la primera obligación de los gobiernos es desarrollar las políticas necesarias para garantizar efectivamente la libertad de no emigrar. Aspiramos a una integración regional basada en otro modelo que adopte medidas contra las discriminaciones y que margine a los migrantes, las diversidades sexuales y genéricas. Al contrario de una visión reduccionista de las y los emigrantes como simple fuerza de trabajo, afirmamos que son personas y no mercancías y, por tanto, deben tener garantía de todos los derechos que les permitan desarrollarse y ejercer plenamente su ciudadanía en el goce de derechos de la seguridad social, laborales, sociales, culturales, económicos, civiles y políticos.

Solicitamos no sólo una libre circulación sino libre residencia de los ciudadanos de los países que conforman la CSN, creando un espacio sudamericano sin fronteras, fomentando una ciudadanía activa y participativa.

Denunciamos el tráfico y trata de personas, como así también el trabajo esclavo dentro de los países de la CSN, especialmente de niños, adolescentes y mujeres.

Exigimos que los países que no han ratificado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de las Naciones Unidas lo hagan a la brevedad y que aquellos que la ratificaron, la reglamenten y la pongan en práctica, como así también el Convenio 143 de la OIT y el Convenio 49 contra el Tráfico de seres humanos.

Reconocemos que la gestión migratoria es diferente a la protección de los refugiados y desplazados, pero que ambas se complementan, solicitando a aquellos países que no poseen legislación específica al refugio la propicien.

No se puede continuar con las políticas orientadas a criminalizar al inmigrante y caratularlo de "ilegal", eliminando la idea que la migración debe ser asociada como tema de seguridad. La CSN debe desarrollar políticas que garanticen libre circulación y residencia a los emigrantes y acciones compartidas para luchar contra la pobreza y la marginalidad asegurando a los habitantes de cada país las condiciones para desarrollarse plenamente y con bienestar.

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MEDIO AMBIENTE E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

La historia de dominación de nuestro continente y el actual modelo de desarrollo ha puesto a nuestros pueblos y comunidades en situación de pobreza, exclusión, y despojo de nuestras riquezas, nuestras tradiciones y la base de nuestra vida: nuestro medio ambiente y nuestros territorios.

Los diversos mecanismos utilizados para sostener y prolongar la dominación y despojo de nuestras riquezas, son promovidos por los organismos multilaterales y apoyados por varios gobiernos, beneficiando a los intereses del capital transnacional. Es preciso revertir esta situación anteponiendo a los intereses comerciales el interés mayor de los pueblos y su derecho a un ambiente saludable.

Nuestras comunidades siguen pagando con sus vidas los costos del mal llamado desarrollo y los reclamos y legítimas demandas son respondidas con engaños, violencia y persecución. Después de años de experimentos neoliberales, las privaciones de nuestros pueblos son cada vez mayores. Los Estados han perdido el control sobre la gestión de sus recursos estratégicos debido a la imposición de la lógica del mercado que favorece los grandes oligopolios de las empresas transnacionales.

Nuestras comunidades avanzan en el proceso de recuperación de sus territorios y la gestión plena de sus recursos naturales, frente a la agresión transnacional de las industrias extractivas. Sin embargo, esta lucha de los pueblos desproporcionada ante el poder transnacional, es desatendida y muchas veces criminalizada por parte de los gobiernos.

En suma, es urgente e indiscutible el cambio del paradigma del desarrollo extractivista por el de un desarrollo humano sustentable.

Por tanto, los pueblos de Latinoamérica, reunidos en el marco de la Cumbre Social de Integración, exigimos a los mandatarios presentes y sus representantes considerar los siguientes planteamientos:

Fortalecer los procesos de recuperación de la propiedad y control de los recursos naturales y gestión de las industrias extractivas, como un avance real hacia una futura integración continental, respetando, a los pueblos y el medio ambiente, bajo la dirección, el control y ejecución total de los Estados sudamericanos, sin participación del capital transnacional y rompiendo con el monopolio privado.

Avanzar en la abrogación de los tratados bilaterales de protección de inversiones reestableciendo la soberanía de los pueblos.

Garantizar el ejercicio de los derechos sobre el territorio y los recursos naturales de los pueblos mediante la consulta vinculante, veto, etc.

La perpetuidad de territorios considerados de alto valor natural-histórico o de alta vulnerabilidad cultural y/o ecológica ante el accionar de las industrias extractivas.

Congelar la expansión de las fronteras extractivas, estableciendo límites físicos a la explotación con un sentido de justicia ambiental y equidad intergeneracional.

Garantizar el derecho de las comunidades a la denuncia del accionar negativo de las industrias extractivas y la responsabilidad de los Gobiernos de investigar, esclarecer y sancionar estos casos.

Incluir dentro de los marcos jurídicos internacionales los delitos ambientales y los delitos económicos.

Romper la subordinación de los precios internos de los productos generados por las industrias extractivas, al mercado internacional y al nivel económico de las metrópolis del norte.

Priorizar la actividad económica de los países, en función de los intereses de la mayoría de la población, respetando sus actividades productivas tradicionales.

Efectivizar el control y participación social sobre los Gobiernos y las empresas estatales que exploten recursos naturales renovables y no renovables.

Transparentar y poner a consideración de la población, la gestión gubernamental y toda la información disponible sobre las diferentes políticas públicas y particularmente sobre el aprovechamiento de los recursos naturales y la función de las industrias extractivas.

Dirigir los ingresos generados por las industrias extractivas a garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de los pueblos, asi como al potenciamiento de actividades productivas que favorezcan la conservación del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Evaluar el costo-beneficio de las actividades extractivas considerando la “opción cero” (posibles beneficios sin desarrollar la actividad).

Evaluar el impacto social y ambiental de los procesos de integración comercial que generan un incremento en la actividad económica y mayor deterioro de los ecosistemas.

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Eliminar la autofiscalización y el autocontrol de las industrias extractivas, estableciendo mecanismos de control social y gubernamental transparentes.

Eliminar la competencia y el debilitamiento de los estándares socio ambientales de los Estados para atraer a las transnacionales, estableciendo nuevos parámetros económicos, sociales y ambientales para las industrias extractivas válidas para los países de la región.

Investigar el prontuario de las empresas transnacionales antes de permitir cualquier incursión en los países de la región.

Crear un organismo regional Latinoamericano que recoja la información e informe a los países del comportamiento de las transnacionales.

Firmar un protocolo para la adecuación y homogeneización del marco jurídico de los países Latinoamericanos para los procesos de aceptación de las actividades extractivas privadas y estatales, incluyendo aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales.

Exigir la indemnización y compensación, así como también la reparación por daños activos y pasivos ambientales, sociales y culturales (pago de la deuda ecológica y social histórica).

Hacer prevalecer la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos en la gestión de sus territorios en su integralidad.

Evitar acciones de disuasión o de coerción, no a la militarización y la criminalización de las luchas sociales.

Eliminar las prácticas prudentes de la industria extractiva y aplicar en cambio, el principio precautorio.

Cochabamba, 8 de diciembre 2006

Ni ALCA, ni TLCsOtra Integración es posible

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AGUA

La sesión temática concordó en el reconocimiento de la soberanía de los pueblos y las comunidades en la gestión, control y acceso al agua. Se consensuó como diagnóstico que todo tipo de experiencia de privatización del agua ha generado pobreza, marginalización y precarización de la calidad de vida de las comunidades y de los ecosistemas.

Se concluyó que el actual modelo de desarrollo –que promueve las privatizaciones de bienes públicos, las grandes industrias exportadoras y la integración comercial en beneficio de las empresas– es la principal amenaza para la vida de las personas, los pueblos, las comunidades y los ecosistemas.

La plenaria de la sesión acordó la importancia de construir una Convención Sudamericana del Agua o un instrumento similar de articulación como estrategia legal, de carácter vinculante, para responder y avanzar en los múltiples problemas que fueron identificados a lo largo de la sesión. Esta Convención debe tener un rango superior a las reglas, disposiciones y normas de cualquier tipo de acuerdos de libre comercio, BIT´s u otros establecidos en la región y debe recuperar los principios de las convenciones internacionales sobre medio ambiente, territorio, derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales ya suscritas por los gobiernos de la región.

La plenaria estableció como un elemento central la necesidad de que las características, objetivos, principios y alcances de la Convención Sudamericana del Agua (CSA) o instrumentos afines, deben ser construidos participativamente en un gran diálogo regional entre los gobiernos, las organizaciones y movimientos sociales e instituciones de la región. Solo este diálogo y concertación sobre la CSA dará la legitimidad necesaria para este importante acuerdo internacional.

La plenaria insta a los gobiernos de la CSN a adoptar la CSA o un instrumento similar de articulación que instale en las agendas de negociaciones los elementos vertidos en la discusión de la sesión temática sobre agua, los cuales mencionamos a continuación:

• Establecer el agua como un derecho humano y de los seres vivientes, prohibiendo su privatización, entendiendo este derecho no sólo como acceso a agua potable, sino también como medio de vida de las comunidades y bien cultural de los pueblos.

• Se debe excluir al agua de todos los acuerdos de libre comercio y protección de las inversiones en sus diferentes capítulos e instancias, así como de las negociaciones en el ámbito de la OMC.

• Se debe avanzar en el establecimiento de un Tribunal Sudamericano del Agua, con participación activa de movimientos y organizaciones sociales, bajo la CSA o un instrumento similar, que sancione los delitos referidos a las violaciones de los derechos de las personas y comunidades al agua en el continente, recuperando las disposiciones y convenciones internacionales sobre medio ambiente, derechos humanos, DESC y derechos territoriales, suscritas por los gobiernos de la región.

• No atribuir jurisdicción sobre el agua a ningún tipo de tribunal supranacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones, como el CIADI y el BM.

• Identificar las principales fuentes hídricas (humedales, glaciares, aguas subterráneas, superficiales) de la región que se encuentran en peligro para establecer políticas participativas de protección.

• Avanzar hacia el reconocimiento y validación de la gestión comunitaria de cuencas, nacionales y transfronterizas, que reconozca los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos y comunidades que de ellas viven.

• Establecer mecanismos de articulación e intercambio de capacidades y experiencias entre las empresas públicas prestadoras de servicios de agua de la región, resaltando las buenas prácticas de las mismas, de acuerdo a los principios orientadores establecidos en la presente declaración.

• No permitir actividades extractivas con uso intensivo de agua (particularmente mineras y petroleras) en zonas de recarga de acuíferos, nacientes de cuencas, humedales y glaciares.

• La plenaria conmina a los gobiernos realizar los mayores esfuerzos para detener los proyectos de integración en infraestructura que pongan en riesgo la cuenca amazónica, como son las obras hidroeléctricas e hidrovías del complejo del Río Madera

Exigimos a los gobiernos la restauración, recuperación y tratamiento inmediato de cuencas afectadas por diversos emprendimientos productivos y de integración comercial e infraestructura.

Exigimos a los gobiernos que los servicios públicos de agua sean asumidos como su responsabilidad social, y que constituyen un derecho no enajenable para toda la población.

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Los instrumentos de financiación a los gobiernos no pueden contener ningún tipo de condicionamientos que vulneren el derecho humano al agua y los principios establecidos en esta declaración.

Respecto de los instrumentos de articulación y estrategias legales de carácter vinculante, tales como la CSA a ser construidos por los gobiernos, los movimientos y organizaciones sociales; e instalados en la agenda de negociaciones de la CSN, la plenaria señala lo siguiente:

• La CSA debe ser un instrumento que garantice a las comunidades y los pueblos el acceso al agua para los diversos usos, que les permita reproducir su existencia, de acuerdo a sus tradiciones, costumbres y pautas culturales.

• La CSA y los gobiernos sudamericanos deben establecer prohibiciones para la exportación y apropiación de aguas con fines comerciales.

• La CSA y los gobiernos sudamericanos deben establecer mecanismos de consulta vinculante y derecho al veto de las poblaciones afectadas por grandes proyectos de infraestructura hidráulica, vial, energética, minera, agroindustrial.

• La CSA y los gobiernos sudamericanos deben promover normativas y disposiciones legales conducentes a la protección y resguardo de los recursos hídricos, en los cuales se reconozca la soberanía de los pueblos y las comunidades sobre este recurso, como también se establezca el derecho humano al agua y su carácter de patrimonio común.

• La CSA y los gobiernos sudamericanos deben resaltar los principios de soberanía que tienen todos los pueblos y comunidades del continente sobre sus recursos hídricos y sus sistemas de regulación.

• La CSA y los gobiernos sudamericanos deben abordar el problema de la contaminación hídrica, un flagelo que azota toda la región y sus poblaciones.

• La CSA y los gobiernos sudamericanos deben establecer políticas que permitan el acceso de las personas discapacitadas a fuentes de aguas termales que se encuentran actualmente privatizadas.

• La CSA tener un carácter pedagógico, articulador de propuestas y de movilización en defensa del derecho humano al agua

La Sesión quiere resaltar la urgencia de avanzar en esta agenda en el entendido de que muchos de los problemas relativos al agua que aquejan a la región pueden convertirse, si no son ya, en irreversibles.

La Sesión concuerda que en lo que compete a las organizaciones y movimientos sociales, asumimos el 22 de Marzo como Jornada Interamericana en Defensa del Agua; y que se realizarán articulaciones regionales y campañas permanentes contra la privatización del agua y los emprendimientos productivos sobre las cuencas, denunciando sus impactos y fracasos.

Finalmente, todas las instituciones, organizaciones sociales, sindicales, movimientos y demás participantes de la Sesión Temática del Agua de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, establecieron el compromiso de avanzar hacia la construcción de instrumentos como la CSA de manera conjunta con los gobiernos de la región.

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IMPUNIDAD Y JUSTICIA

La mesa Impunidad y Justicia contó con la asistencia de más de setecientas personas. El trabajo de la mesa se extendió hasta las 12:45 del día. En ella participaron como expositores compañeras y compañeros de Colombia, Bolivia y Chile. En general se expreso una voluntad que condice con los tiempos de cambio, deseos de participación, de denunciar y proponer.

Los testimonios vertidos por un gran numero de participantes dejaron de manifiesto que en Sur América se ha ejercido la represión y el crimen político como arma para defender los intereses de grupos de poder, los intereses extranjeros y la mantención e implementación de modelos de dominación que atentan contra la libre expresión y el derecho a la vida de las naciones y pueblos de la región.

Se evidencio que las estructuras represivas que han operado desde el Estado o desde grupos civiles de sicarios o bandas paramilitares han contado con apoyo material e ideológico de los Estados Unidos. La ideología que sostiene a los sistemas y estructuras represivas se imparte en la llamada Escuela de las Américas y otras academias y cuarteles de regionales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La excusa del anticomunismo de ayer se viste hoy de antinarco trafico y antiterrorismo, sin embargo el fin es el mismo, defender el modelo de dominación y criminalizar a las y a los luchadores populares y sus organizaciones políticas y sociales.

Constatamos que en todos los países de la comunidad Sudamericana de Naciones se han cometido y continúan perpetrando graves abusos y violaciones a los derechos humanos y sociales de los pueblos. La cadencia y olas represivas pueden variar de país en país sin embargo la falta de justicia e impunidad perduran. Es común también que la impunidad duerma en el manto oscuro del olvido y la falta de justicia, es común de igual modo que torturadores y criminales transiten libremente por las calles de ciudades, pueblos y barrios de nuestros países al amparo de un sistema judicial clasista y corrupto.

Los pueblos de los países de la comunidad sudamericana de naciones no olvidamos los crímenes más atroces como el asesinato de luchadores sociales y el desplazamiento y genocidio de comunidades en Colombia, también mantenemos en la memoria el rol de la dictadura militar de Pinochet, la dictadura militar argentina, y las desapariciones masivas. Tampoco olvidamos ni aceptamos la impunidad de Gonzalo Sánchez de Lozada en la masacre contra el pueblo Boliviano desarmado e indefenso.

Demandamos a los gobiernos de los países de la Comunidad Sudamericana de Naciones asumir a cabalidad la responsabilidad que les compete en promover e implementar leyes y mecanismos de control que aseguren la plena vigencia y respeto de los derechos humanos de todos los sectores oprimidos de nuestros países. Nos referimos a quienes hasta hoy ven sus derechos vulnerados; pueblos originarios, clases trabajadoras del campo y la ciudad, personas con discapacidades, grupos afro-descendientes, los adultos mayores, comunidad gay y lesbica, mujeres e infancia.

Postulamos a una integración social y cultural igualitaria y equitativa que resguarde y proteja los derechos de todas las personas, etnias, comunidades y grupos sociales afectadas por la falta de justicia y la persistencia de la impunidad. Tenemos el derecho y la soberanía de ejercer nuestras creencias, formas de vida y cultura libres de opresión.

Nuestros derechos y dignidad no pueden seguir siendo vulnerados por lo que demandamos a los gobiernos que:

• Los temas de justicia e impunidad sean incluidos en la agenda de integración

• Se devele la impunidad y las estructuras responsables del amparo a los culpables de la violación de nuestros derechos

• Se desmantelen las estructuras represivas y se erradique la ideología que sustenta la violencia contra las organizaciones populares

• Genere una jurisprudencia que investigue y sancione a los responsables de las violaciones a los derechos humanos

• Se ponga fin a los planes de entrenamiento y practicas militares de las fuerzas armadas y policiales con ejércitos y aparatos de inteligencia extranjera

• El sistema educacional establezca planes de información y educación sobre los crímenes pasados de lesa humanidad y el respeto a los derechos humanos en el presente y el futuro

• A partir de la ineficacia de las instituciones regionales en esta materia exhortamos a los gobiernos a que instituyan un tribunal suramericano que vele por el respeto de parte de gobiernos y Estados de leyes y mecanismos de defensa de los derechos humanos

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Por nuestra parte nos proponemos construir una red por la justicia y contra la impunidad en los países de nuestra comunidad de naciones para continuar luchando por que estas demandas se cumplan y se respeten todos los derechos sociales y populares.

Somos parte de esta historia y no renunciaremos a nuestros derechos ante cualquier gobierno, estamos aquí porque somos parte del tiempo histórico que vivimos y no abandonaremos nuestro deber

Cochabamba, Bolivia, Diciembre 7 de 2006

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FINANCIAMENTO PARA LOS DERECHOS Y LA INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS

La cuestión del Financiamiento de la Integración es uno de los ejes centrales que desde los movimientos venimos trabajando. Los países de Sudamérica han experimentado en las últimas décadas la aplicación de un modelo hegemónico de financiamiento y desarrollo que ha dado como resultado el empobrecimiento y la exclusión de vastos sectores de la población, la destrucción y enajenación del patrimonio social, productivo, cultural y ambiental de la región y el violento aumento de los niveles de desigualdad y discriminación social, económica y política.

Central a la lógica y funcionamiento de ese modelo ha sido la implementación de un sistema masivo de endeudamiento público, a través del cual se instrumenta un drenaje directo de capitales en pago de intereses y servicios de la deuda y se facilita la imposición de políticas de liberalización, privatización y mercantilización de la vida que tan nefastas consecuencias siguen trayendo para la región. La ilegitimidad de este sistema de exacción es reforzada aún más por las condiciones y términos específicos bajo los cuales los reclamos de deuda han sido acumulados, muchas veces mediante la violación de los requisitos y procedimientos democráticos y legales, mediante fraude, sobornos y engaños, o el manejo unilateral de contratos enormemente desventajosos y onerosos para los países del sur.

La resistencia de los pueblos a este prolongado saqueo está reflejada en las repetidas crisis que experimentan el modelo y sus instituciones gestores y en el reconocimiento cada vez más extendido de la necesidad de instrumentar nuevas medidas para resolver el flagelo permanente de la deuda pública. Está presente además en la oposición a la implementación de nuevos regímenes jurídicos como los Tratados de Libre Comercio y de Protección y Promoción de las Inversiones, la prôrroga de jurisdicciones como por ejemplo al CIADI, las normas de la OMC o las Cartas de Intención y otros acuerdos con las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), que someten aspectos fundamentales de la soberanía económica a marcos supranacionales e impactan negativamente en la situación social y financiera de nuestros países.

El fortalecimiento y articulación de esta resistencia en los últimos años ha dado lugar a la generación de nuevas condiciones y oportunidades políticas propicias para la concreción de respuestas estatales coordinadas entre sí y que tengan como horizonte la participación activa y organizada de los pueblos y la plena vigencia de los derechos humanos y ambientales. En ese sentido, la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones se constituye en una de esas oportunidades que puede y debe traducirse en transformaciones concretas de las relaciones injustas de poder que determinan los niveles de desfinanciamiento crónicos y medidas específicas frente a la demanda impostergable de vida digna para todas y todos en un marco de respeto hacia el patrimonio natural y cultural de los pueblos de la región.

Avanzar en la consolidación de estas nuevas posibilidades de financiamiento independiente, solidario y acorde con las necesidades de los pueblos, implica tanto el desarrollo de normas y mecanismos innovadores para canalizar la riqueza generada en la región hacia las prioridades sociales y productivas de nuestras poblaciones, evitando la repetición de ciclos de auge financiero y posterior debacle, como también la adopción urgente de políticas específicas para lograr revertir el condicionamiento político y la salida neta de capitales, capacidades humanas y bienes naturales provocados por el sistema de endeudamiento y la intervención de las instituciones financieras internacionales, poner fin a la impunidad de la cual se benefician aquellos actores nacionales e internacionales responsables de esta situación de desfinanciamiento y avanzar en el resarcimiento de los crímenes cometidos.

Propuestas:

1- Realizar una auditoria sudamericana de los reclamos de deuda contra el patrimonio público en la región y someter a la realización de auditorias externas a las Instituciones Financieras Internacionales, sus políticas y prácticas crediticias. Promover también procesos de auditorias de los procesos de fugas de capitales y de audit de los Bancos privados transnacionales. Estas auditorias deben ser integrales, participativas y transparentes.

2- Poner fin a la impunidad con la cual actúa el poder financiero y sus mandatarios.

3- Reconocerse como países acreedores para poder saldar la deuda histórica, social, cultural, ecológica y financiera con los pueblos de la región.

4- Evitar la acumulación de nuevas deudas y otros compromisos que implican la continuidad de las transferencias negativas de capitales hacia el Norte

5- Revisar el rol, la estructura y el funcionamiento de las IFIs.

6- Fortalecer las alternativas que se van construyendo desde los pueblos y sus organizaciones e impulsar nuevos mecanismos de financiamiento propios, superando las asimetrías existentes y favoreciendo la consolidación de relaciones de equidad.

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7.- Establecer mecanismos de vigilancia para que los nuevos mecanismos de financiamiento solidario entre los países del continente no sean aprovechados para mantener viajas relaciones de dominación y de control

8. No admitir reestructuraciones ni canjes de deuda que sirven para blanquear deudas cuestionables, legitimar el proceso de saqueo e imponer intereses ajenos.

9.- revisar y revertir los tratados de protección y promoción de las inversiones, las prorrogas de jurisdicción y la aceptación de instancias extra-judiciales como el CIADI, los sistemas tributarios regresivos y otros mecanismos de desfinanciamiento estatal, incluyendo la privatización de importantes bienes y servicios públicos cuya explotación privada es luego subvencionada por el estado.

10.- Definir políticas de protección del ahorro nacional, fortalecer la base de financiamiento autónomo que permiten avanzar hacia la eliminación de la falsa necesidad de capitales externos.

11.- Crear mecanismos propios que permiten incentivar la solidaridad entre pueblos hermanos y superar la vulnerabilidad y la dependencia de América del Sur en relación a los mecanismos financieros tradicionales de la globalización (FMI, BM, BID), a través de la autonomización de la región. Nuevos mecanismos como un Fondo común de reserva, un Banco Solidario del Sur, la creación de una moneda regional son pasos decisivos en esta dirección. Por supuesto el Banco solidario del Sur se constituirá en ruptura con los paradigmas dominantes del desarrollo controlado por las IFIs

12.- Exigir la cancelación total inmediata e incondicional de la deuda externa injustamente reclamada a nuestros países. En particular presionar al BID para una cancelación integral e incondicional de la deuda reclamada a los 5 países mas pobres de nuestro continente.

13.- Denunciar los programas de alivio de deuda y de reducción de la pobreza que hacen parte de una estrategia de relegitimación.

14.- Lanzar acciones continentales unitarias para lograr el no pago de la deuda externa.

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AGRICULTURA, TIERRA Y TERRITORIO

Las organizaciones sociales campesinas, agropecuarias, indígenas y representantes de las comunidades y de los productores rurales, de hombres y mujeres vinculados (as) al agro reivindican la SOBERANÍA ALIMENTARIA como el objetivo principal de la actividad productiva agraria y como uno de de los elementos indispensables para la SOBERANÍA NACIONAL.

La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a producir sus propios alimentos de forma independiente, diversa, saludable y con calidad para abastecer a toda la sociedad y, por tanto, es parte de su identidad y de su propia vida.

El papel del Estado, como está ya escrito en varias de las cartas constitucionales de algunos países suramericanos, es cumplir, mediante sus políticas públicas, a cabalidad con la debida protección a la producción de alimentos.

Contrario a ese mandato legal, en el Sur de América se imponen otras políticas, las cuales, en el marco del modelo neoliberal, atentan contra la consolidación de la autodeterminación nacional en materia alimenticia. Dentro de esas funestas acciones gubernamentales queremos resaltar:

1- Los tratados de libre comercio que convierten los alimentos en mercancía cualquiera, sometidos a las injustas distorsiones en los precios internacionales formados por el dumping practicado por Estados Unidos y demás potencias que subsidian tanto el intercambio mercantil como la producción de géneros en cereales, oleaginosos, algodón, frutas, cárnicos y lácteos, entre muchos otros.

2- La implantación de monocultivos, como la soja, que, bajo el predominio en toda la cadena – desde la semilla hasta el consumo final – de las grandes empresas transnacionales controladas por el capital financiero internacional, tienen como único objetivo ser materia prima para las industrias transformadoras de propiedad de los monopolios. Recientemente, con los mismos propósitos han cobrado inusitado impulso las siembras para los denominados bio-combustibles, fundamentados en palma aceitera, celulosa proveniente de eucalipto y caña de azúcar.

3- Los planes oficiales internos que “especializan “ las producciones agrícolas en bienes tropicales orientados hacia los mercados externos en forma primaria, también comercializados por el oligopolio que manipula el mercado mundial, envilece los precios pagados a los productores, fomenta la superproducción y la “competencia entre pobres”. Así se sacrifica de manera criminal la producción de alimentos y se esclaviza a los agricultores.

4- Como una vergüenza a escala mundial, Sur América exhibe la más inicua estructura de distribución de la tierra. En casi todos los países, más de la mitad de la tierra está en manos de menos del 1% de los propietarios. No es posible, con tal estado de cosas, garantizar ni la soberanía ni la seguridad alimentarias, máxime cuando ella depende de los pequeños y medianos agricultores y de las comunidades indígenas, de afro-descendientes y campesinas.

5- El patentamiento de semillas, plantas y animales, los paquetes tecnológicos con base en agroquímicos y organismos genéticamente modificados y la privatización que cubre las fuentes de agua, las obras de adecuación de tierras para regadío y la ciencia y la técnica impiden cada vez a mayor número de familias rurales el acceso a los recursos naturales que en consecuencia son expulsados a las ciudades en condiciones de indigencia.

Con el fin de que la Soberanía Alimentaria sea una realidad, esta Sesión Temática exige de los gobiernos de Sur América:

1- Excluir la producción agropecuaria y pesquera de los acuerdos de comercio. Solamente aprobamos los intercambios dentro de sanas y mutuamente provechosas relaciones de solidaridad y complementariedad.

2- Una reforma radical a la insostenible estructura de propiedad de la tierra que garantice el derecho al acceso para quienes no la posean o no tengan una cantidad suficiente para conseguir con ella una vida digna y próspera; y, así mismo, que también proteja la distribución y la propiedad colectiva de las comunidades que así lo reclaman. De igual modo, se demanda abstenerse de otorgar territorios a las empresas multinacionales que buscan reforzar sus proyectos mono-cultivadores, de arrasamiento de bosques y de plantaciones forestales, de minas y de bio-combustibles.

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3- La implementación de políticas agrarias propias de apoyo, fomento e incentivo de la producción rural, campesina y nacional de bienes agropecuarios y de la pesca artesanal hacia el mercado interno. Deben abarcar no sólo aquellas destinadas al comercio que avalen precios internos de sustentación rentables y remunerativos sino además la creación de instituciones adecuadas para proveer gratuita y universalmente asistencia técnica, incluida la agro-ecología, crédito, acceso al agua y a las semillas autóctonas sin traba alguna. Las reformas agrarias exigidas serán integrales si y sólo si contemplan este paquete de políticas, así lo requieren la mayoría de los pobladores rurales.

4- El reconocimiento del papel estratégico de la mujer rural en el descubrimiento, la hibridación y la selección de semillas y en la construcción de un amplio conocimiento acumulado durante milenios que ha garantizado una gran biodiversidad. El Estado debe adelantar programas que apoyen esa labor como campesinas y agricultoras con el fin de fortalecer su trabajo invaluable.

5- Reversar las políticas neoliberales que privatizan la naturaleza y la vida, declarando el agua como bien público, inalienable e indispensable para la economía rural y a las semillas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, suministrando de manera subsidiada los servicios públicos domiciliarios y ordenando el suelo para favorecer la producción sana de alimentos.

Elaborado por: Aurelio Suárez (Colombia), NALU (Brasil), Patrola (Brasil)

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MILITARIZACIÓN Y DEFENSA

Exhortamos a los Gobiernos de la Comunidad Sudamericana de Naciones a promover la participación de las organizaciones sociales en las decisiones sobre políticas de Defensa y Seguridad nacional, y contribuir a la búsqueda de una solución política negociada al conflicto interno en Colombia en términos de justicia, equidad y participación democrática.

Además, las organizaciones que participan en la Mesa acuerdan: Denunciar y retirar su apoyo a la Carta Democrática de la OEA, en cuanto permite la intervención extranjera en territorios soberanos; cancelar los acuerdos de cooperación militar que tienen los gobiernos de la CSN con el gobierno de EEUU referidos a la seguridad y defensa, y establecer mecanismos legales en la CSN para asegurar la libre circulación de las personas y la no criminalización de los emigrantes. Se rechaza la construcción de muros y la militarización en las fronteras entre los Estados.

Otras demandas:

• Anulación de la justicia militar como poder jurisdiccional que permite a los militares evadir la justicia penal ordinaria, por estar en contra de un Estado Social de Derecho.

• Transparencia en todos los tratados y acuerdos militares entre países, para que sean conocidos por los pueblos. Que los gobiernos garanticen mecanismos de participación de revisión o anulación de los tratados que pueden atentar contra la soberanía.

• Apoyar el reclamo del pueblo ecuatoriano, hoy asumido por el nuevo presidente del Ecuador; de no renovar el convenio con los Estados Unidos sobre la base de Manta.

• Instar a los Estados de la CSN a no firmar, no renovar y cancelar los convenios de instalación de bases militares extranjeras imperialistas en sus territorios que atentan a la soberanía.

• Plantear a los gobiernos la necesidad de una revisión del Servicio Militar tomando en cuenta las preocupaciones de los pueblos: edad de incorporación, obligatoriedad o no, violación a los derechos humanos, etc.

• Garantizar el ejercicio de la Objeción de Conciencia y las alternativas para un servicio social.

• Cada país debe tener roles específicos de seguridad interna y externa y rechazar la doctrina de “seguridad nacional” que sirve para justificar la represión contra los pueblos. La función de seguridad interior de un país no debe ser tarea de las FFAA.

• No permitir el asesoramiento de las oficinas de seguridad norteamericana como ser el FBI, CIA, Embajadas Norteamericanas, a los gobiernos de la Comunidad Sudamericana de Naciones.

• No permitir la inmunidad de soldados extranjeros, porque favorece la impunidad ante cualquier delito.

• Descartar las hipótesis de conflicto instaladas por la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos; y elaborar en el marco de la CSN los propios conceptos de seguridad regional.

• Retirar inmediatamente las tropas de la MINUSTAH que ocupan Haití, y establecer otras formas de cooperación, respetando el principio de autodeterminación del pueblo haitiano.

• La CSN reconoce la legítima preocupación de los pueblos por existir temas pendientes entre estados de la Comunidad, cuya solución deberán canalizarse por la vía de la negociación y la diplomacia que permitan con justicia, equidad y bienestar para los pueblos a los efectos de mantener la paz en la región.

Que los gobiernos de CSN no envíen soldados para entrenamiento en la llamada “Escuela de las Américas” hoy llamada Instituto de Seguridad Hemisférica, además del cierre de ella.

Exhortar a los gobiernos una solución definitiva al problema marítimo y otros pendientes de Bolivia.

Sin embargo, toda reflexión política debe tomar cuerpo en la organización, método y acción. Hacer frente a la militarización implica responder al cómo lo haremos. Esperamos tener desde la posición política, el esfuerzo, el corazón, la experiencia y el compromiso respuestas a este reto que nos convoca hoy.

Propuestas para los movimientos sociales

Fortalecer la lucha contra la militarización del continente latinoamericano, tratando de acentuar la incidencia en los gobiernos de nuestros países.

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Llevar a la reflexión las temáticas de la militarización, defensa nacional y seguridad al conjunto del movimiento social y las fuerzas políticas populares sin ningún tipo de discriminación. Elaborando conjuntamente propuestas de movilización y de acción común.

Campaña continental:

Contra la presencia militar norteamericana en nuestros países

Por el desmantelamiento de las bases militares imperialistas

Por el cese de los operativos militares conjuntos bajo la dirección del pentágono.

Por la revisión de los acuerdos firmados con EEUU en temas como narcotráfico, terrorismo y TLCs.

Participar y apoyar activamente a la “Conferencia Internacional por la abolición de las bases militares extranjeras” a realizarse en el Ecuador, del 5 al 9 de marzo de 2007.

Estamos en contra de la presencia de tropas militares de EEUU en el Paraguay, para lo cual:

Coordinaremos el trabajo con las organizaciones populares de Paraguay y Bolivia y demás países de la región, en rechazo a la intervención militar.

Realizaremos seguimiento y control permanente de las actividades desplegadas por las tropas en tareas de acción cívica y operativos de salud.

Campaña continental por el cierre de la Escuela de las Américas, ahora denominado Instituto de cooperación para la Seguridad Hemisférica, que también incluya la demanda a los gobiernos para que no se continué enviando soldados para el entrenamiento de tropas en esta Escuela.

Campaña para el retiro de las tropas de la MINUSTAH de Haiti.

Campaña continental de movilización contra el plan Colombia.

Apoyamos el reclamo de las organizaciones populares de ese país por alcanzar una solución política negociada y pacifica al conflicto interno armado, que ponga fin al derramamiento de sangre y asegure el logro de una paz con justicia.

Inclusión de las diversidades sexuales y genéricas en todas las propuestas sobre desmilitarización.

Respaldar la lucha de los movimientos ecuatorianos para la no renovación de la base militar de Manta.

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DERECHOS SOCIALES

Consideramos que la Comunidad Sudamericana de Naciones debe constituirse basada en un modelo económico social suntentable para el bienestar de los Pueblos. A diferencia del ALCA y los Tratados de Libre Comercio del modelo neoliberal que favorecen la acumulación capitalista principalmente de las transnacionales y mercantilizan todos los aspectos de la vida, nosotros proponemos y asumimos la construcción de una integración basada en la distribución de la riqueza.

Los Estados deben garantizar efectivamente todos los derechos Humanos, ambientales, sociales, económicos y culturales de los pueblos, superando las discriminaciones y respetando la identidad y los derechos soberanos de los pueblos indígenas de desarrollar su propio modelo de vida en armonia con la naturaleza.

La CSN debe hacerse asumiendo nuestra diversidad cultural y soberanía popular donde el cimiento de nuestras sociedades sea la universalidad de los derechos humanos, por lo que proponemos se construya en una Carta Social Sudamericana estructurada sobre la base de la Carta Social de las Americas que incluya la Plataforma Laboral presentada por las Centrales Sindicales.

Que la Carta se conforme en los principios y valores de Libertad, Igualdad, Solidaridad, Justicia social, Soberanía y Democracia participativa.

Que reafirme los Derechos: a la Vida y la soberanía Alimentaria; Al Trabajo en cualquiera de sus formas y al empleo digno; al acceso universal de la Salud, la asistencia sanitaria y a los medicamentos; a la Educación y al Conocimiento, a la Formación contínua e inclusiva y a la erradicación definitiva del Analfabetismo; a la Vivienda y la Seguridad Social solidaria universal; a la Tierra y a la agricultura familiar campesina; al acceso universal al Agua definiéndolo como Bien Social; a la Economía social solidaria; al cuidado del Medio Ambiente y los bienes naturales respetando la Biodiversidad y la sustentabilidad; a la diversidad cultural; a la equidad de género en toda la dimención de los derechos de las mujeres; a la diversidad sexual; a la migración y a la no migración¸a la inclusión social desterrando toda discriminación; a la ciudadanía plena de las personas con Discapacidad; Todos los derechos de los Pueblos Originarios.

Esta Carta debe incorporar tres capitulos sobre: 1 – La EXIBILIDAD de los derechos constituidos. 2 – La institución de la Ciudadanía Sudamericana. 3 – La participación de las organizaciones y movimientos sociales institucionalizando la Democracia Participativa en la Comunidad Sudamericana de Naciones.

Reconociendo la oportunidad del nuevo tiempo político social en Sudamerica, también debemos dar cuenta de que nuestro continente es el de mayor desigualdad social. Y además, que la pobreza en América Latina no es producto de la escasez sino de la mala distribución de la riqueza.

Los pueblos somos acreedores de una deuda social, histórica y ecológica y debe pagarse ahora, por lo que consideramos imprescindible la ejecución de políticas concretas en los inmediato para garantizar:

Que todos los proyectos de infraestructura sean revisados en función del respeto a los derechos humanos, ambientales y de los pueblos. Que todo proyecto y tratados sean aprobados previa consulta popular.

El retiro de las bases y fuerzas militares imperialistas de nuestro continente, rechazando las políticas basadas en la doctrina de seguridad impuesta por los gobiernos de Estados Unidos, terminando además con la represión , la criminalización y judicialización de la protesta social.

El derecho a la existencia con dignidad, unificando las campañas para la erradicación del hambre, el analfabetismo y la pobreza, priorizando la universalidad de estos derechos a los niños, a todos los menores de 18 años en nuestro continente.

Los movimientos sociales participantes de esta Cumbre Social por la Integración de los Pueblos nos comprometemos a: Fortalecer nuestras luchas; a la construcción de la integración desde los pueblos, constituyendo Foros Sociales en todo el Continente, donde se expresen- sin exclución ni discriminación - todos los sujetos sociales; a generar alternativas políticas, sociales, económicas para lograr el efectivo ejercicio universal de los derechos humanos y de los pueblos.

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COMERCIO

RELATORIA SOBRE PANEL DE COMERCIOSe inicia con una presentación de Graciela sobre que ha sido y es la ASC como encuadre introductoria, colocando prioritariamente cuáles son los ejes prioritarios nuestros (integración, comercio, etc).

PARTE I: Se pasa a hacer presentaciones regionalesPresentación de Norteamérica (Rick): Hace una presentación inicial sobre todo el proceso de NAFTA y ASPAN

Presentación de Centroamérica (Carlos): Presenta los procesos que se están viviendo en la región. Con énfasis del TLC, Unión Europea, acuerdos con otros países de la región. Lo que determina que sea una región principalmente orientada por las lógicas neoliberales de integración.

Presentación de República Dominicana: Se hace una caracterización de los procesos de integración en la región, señalando las diferencias entre los distintos componentes culturales y étnicos de la región (hispano, anglófono, francófono). También presenta la posibilidad de acuerdo con la UE a nivel de CARICOM.

Presentación de Región Andina (Enrique Daza): Expone en torno a la Comunidad Sudamericana de Naciones, lo interesante es que se excluye los temas económicos y comerciales por parte de los gobiernos, ello debido a la existencia de TLCs por parte de varios países de Sudamericana. Presenta el caso del proyecto de infraestructura (IIRSA) hecho con el fin de satisfacer los grandes intereses empresariales en la región.

Presentación sobre MERCOSUR: Se vive un momento crucial sobre su futuro. El 14 de Diciembre se crea el Parlamento del MERCOSUR. Es necesario crear mecanismos para el monitoreo de los alcances del mismo, se considera que este proceso debería priorizar más en el potenciamiento de los mercados nacionales y no sólo ser una plataforma exportadora. Los mecanismos internos no son suficientes para resolver los conflictos internos, ello ha quedado claro en el caso de las papeleras entre Argentina y Uruguay.

PARTE II: Inicio de discusión Cómo colocar el tema de comercio dentro de una propuesta de integración de los Pueblos.

Problemas de la integración, los acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos.

Cómo rompemos el actual paradigma dominante del libre comercio. Cómo se construye un sistema multilateral de comercio al margen de dicho paradigma y de una lógica distinta a la de la OMC. Para eso se plantea que en el punto 9 2 se incorpore un texto sobre la amenaza que significan las negociaciones de la OMC y la Ronda de DOHA que dichas negociaciones son realmente peligrosas para procesos de integración de otro tipo.

Retomar que es necesario fortalecer los mercados internos, de fortalecimiento de nuestros estados. Que la integración debe mirar a todo el continente y no sólo a esfuerzos subregionales.

Ver como propuestas alternativas de integración el ALBA, también se tiene como propuesta alternativa los TCP.

Lo que se vive en América son distintos grados de inserción en el modelo neoliberal. Sigue siendo lo fundamental para el continente los aspectos de resistencia popular y de reversión del modelo neoliberal. El principal eje de integración hoy, es la lucha de resistencia popular en la región contra el modelo neoliberal.

Reforma de normativas internas de los países en materia comercial.

Es necesario garantizar la estatización de las empresas públicas. La renacionalización es una demanda fundamental, planteada por ej: en la propuesta de los TCP.

Impulsar una presión a los gobiernos desde la resistencia de los movimientos sociales para que se salgan de la OMC.

Se debe buscar una nueva integración sudamericana, con base en los principios al respeto mutuo, la solidaridad, la complementariedad.

No se puede plantear la integración a partir del modelo neoliberal, ello implica inicialmente la resistencia y reversión del modelo para promover un nuevo tipo de integración.

2 “Las organizaciones de la sociedad civil hacia la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”, Alianza Social Continental: documento preliminar presentado a los Vicecancilleres de la CSN, reunidos en Santiago de Chile, 22 y 23 de noviembre de 2006. Disponible en: http://www.bilaterals.org/article.php3?id_article=6602

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PUEBLOS INDÍGENAS

Llamamiento y propuestas desde la visión de los pueblos indígenas y naciones originarias

Nosotros, desde las raíces profundas de la hoy llamada “Sudamérica”, nos dirigimos a los Presidentes de los Estados Nación, que son posteriores a nuestras orgullosas civilizaciones, eficaces y autónomas, que dieron y siguen dando forma a estas tierras desde el inicio de los tiempos, para reiterarles nuestras propuestas concretas para que sea posible otra forma de integración sudamericana distinta a la del neoliberalismo en todas sus variantes, mediante otros enfoques del llamado “desarrollo” y otras formas de participación en las decisiones, de todos los explotados, oprimidos y excluidos de siempre, del campo y las ciudades, y entre ellos, con nuestras Comunidades, Ayllus, Malocas, Cabildos, Palenques y demás células sociales de los Pueblos Indígenas y Naciones Originarias de la llamada “Sudamérica”. No somos el folklore de las democracias ni solo pedimos derechos sectoriales. Somos actores para lograr cambios estructurales que logren “Para Todos Todo”.

Afirmamos

que los pueblos indígenas y naciones originarias vienen construyendo un largo proceso de organización, movilización y lucha por una sociedad equitativa, justa y solidaria, basada en el respeto a la Pachamama como alternativa al modelo de acumulación neoliberal y de libre comercio; para lo cual venimos impulsando grandes jornadas de organización para lograr nuestra unidad y que se han concretado en las cumbres y reuniones continentales y regionales en México, Ecuador, Perú, Guatemala, donde las principales resoluciones han definido un camino de unidad de los pueblos.

No solo existe una lenta integración entre Estados, sino también una importante integración de los Pueblos Indígenas y Naciones Originarias, que damos sustento a esos Estados y somos sus sujetos constitutivos de todo derecho; y que se expresa en nuestra articulación desde tiempos inmemoriales (como en la Confederación del Tawantisuyu ) y más recientemente, en la integración de Comunidades, recomposiciones de Pueblos y en la integración “sudamericana” en la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA, abiertas siempre hacia la unidad de acción política con otros pueblos y organizaciones.

Reivindicamos

que este largo camino ha sido marcado, desde hace más de quinientos años, por la entrega y sacrificio de comunidades, hombres y mujeres, que han dejado su vida en el camino del reconocimiento de nuestros derechos y por la liberación. Así recordamos a nuestros líderes y mártires: Tupac Amaru, Tupac Catari, Rumiñahui, Bartolina Sisa, Huaicaypuro, Dolors Cacuango, Alvaro Ulcué, Daquilema, Manuela León, Micaela Bastidas, y miles más que han ofrendado su vida.

Denunciamos

que los estados latinoamericanos y los sistemas de gobierno se han caracterizado por mantener una política permanente de exclusión, discriminación e impunidad, manteniéndonos alejados de las instancias de poder y de la toma de decisiones, a pesar de ser los dueños ancestrales de estas tierras y territorios.

Respaldamos

las luchas crecientes por construir alternativas al modelo neoliberal de Estado, Autoridad, Vida y Desarrollo, en todas sus variantes, porque siguen hundiendo a “Sudamérica” en la super concentración de riquezas y poder, extrema polarización social, subordinación nacional, degradación de la Pachamama o Madre Naturaleza, institucionalidad sin credibilidad, narcotráfico mezclado con el poder, violencia social y política, delincuencia incontrolable y corrupción generalizada.

El Presidente Evo Morales recoge nuestro sentir cuando señala: “Después de años de ser víctimas del mal llamado ‘desarrollo’ hoy nuestros pueblos deben ser los actores de una integración para Vivir Bien en términos de identidad cultural, de armonía entre nosotros y con nuestra madre tierra” (02.10.06)

Alentamos

los esfuerzos en Sudamérica, de los Estados del Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela por avanzar en esa dirección, y en particular la profundización de cambios sociales impulsadas por los Presidentes Evo Morales

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Ayma y Hugo Chavez Frías, a quienes reiteramos nuestra solidaridad y unidad en esos objetivos de transformación de estructuras sociales.

Reiteramos

nuestra visión como Pueblos Indígenas y Naciones Originarias, y nuestros principios de Dualidad, Reciprocidad, Complementariedad, y de la unidad inseparable entre Pachamama – Comunidad – Identidad, es decir entre las llamadas “Naturaleza – Sociedad – Cultura”, que debe guiar toda acción política y social, y en especial de la llamada “integración sudamericana” a fin de superar las trampas de un “desarrollo” o “desarrollismo” y sus supuestos costos inevitables de desintegración comunitaria, cultural y ambiental.

Formulamos

a los Presidentes Sudamericanos, en base a las consideraciones señaladas, las siguientes diez propuestas para que Otra Sudamérica No Neoliberal, sea efectivamente posible, y que con la cultura de respeto de nuestros pueblos, les merezca no ser archivado como un documento más, sino el poder reunirnos para dialogar en forma horizontal al respecto y recibamos respuestas concretas para los Pueblos que representamos:

1. “Comunidad Sudamericana de Naciones” no subordinada a los Tratados de Libre “Colonización” (TLC y ALCA). Por más firmas que tengan, sin consulta a los Pueblos Indígenas y ciudadanos, no aceptaremos nunca los TLC porque son nuevas cadenas para la subordinación del capital transnacional sobre nuestros frágiles Estados, recursos biogenéticos, mercados y culturas. Saludamos el ejemplo en esa dirección de los Pueblos y Estados de Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador, y alertamos de la incoherencia en una “Comunidad Sudamericana de Naciones” donde unos optan por el autodesarrollo y otros por la subordinación exterior y demandamos la implementación de la propuestas regionales soberanas como el ALBA, los Tratados de Comercio de los Pueblos y la propuesta para “Vivir Bien”.

2. Reimpulsar la Declaración ONU sobre Derechos Indígenas. Es insultante e inaceptable que los gobiernos se sometan a la imposición del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para hegemonizar y manipular a la ONU para obstaculizar 20 años de concertación por esta histórica Declaración que avanza en nuestros derechos de Territorialidad y Autonomía y Libre determinación y derechos a la Diferencia, Pertenencia, Consentimiento (libre, previo e informado), Participación, entre otros, y que merece la iniciativa de la CSN para reimpulsar su aprobación en la ONU, ya que el texto fue aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 06.04.2006

3. Voluntad política para aplicar el Convenio 169-OIT.- La mayor parte de los países de la CSN lo ha ratificado como tratado internacional y leyes nacionales, pero se queda “de adorno” e inaplicable. Exigimos voluntad política efectiva, para su aplicación en la vida cotidiana de los Pueblos, para que la consulta, territorialidad, propio desarrollo, educación y salud interculturales, entre otros principios del 169-OIT estén por encima de los grupos de poder, y que implica también la adecuación intercultural de las leyes nacionales específicas a dicho Convenio; así como su ratificación en los demás países que no lo han hecho (Chile, Guyana Francesa, Guayana, Surinam )

4. Nuestra representación directa en la CSN.- Una CSN si se construye por encima, a espaldas o en contra de los Pueblos que la constituimos será inviable, por lo cual es necesario que nos tomen en cuenta no solo como “beneficiarios” u “opinadores”, sino como Actores y en las Decisiones. La CSN puede y debe incluir a nuestras organizaciones y líderes (que nosotros sabremos como seleccionar) en sus niveles de decisión a través de espacios nacionales e internacionales.

5. Reestructuración de la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA). Suspensión de los proyectos del IIRSA y su reorientación en base a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, de los pueblos y ciudadanía, a fin de garantizar que sus 11 ejes multimodales que atraviesan todo Sudamérica con gigantescos programas de conexión carretera, energética, hidrovías, comunicacional, terminen favoreciendo solo a los capitales exportadores, y se eviten sus posibles impactos de traslado de poblaciones, etnocidio de Pueblos en Aislamiento Voluntario, destrucción de usos productivos locales y degradación de la Madre Naturaleza. Nos alegra que nuestro hermano presidente Evo Morales nos respalde en esa dirección cuando dice : “debemos, revisar el IIRSA para tomar en cuenta las preocupaciones de la gente que quiere ver carreteras en el marco de polos de desarrollo y no autopistas por las que pasan contenedores para la exportación en medio de corredores de miseria y un incremento del endeudamiento externo” (02.10.2006)

6. Los pueblos decidimos el tipo desarrollo y no los capitales saqueadores.Suspensión de los proyectos extractivos de minería, hidrocarburos, forestales, pesca, agua, concesiones marítimas que saquean nuestros recursos y son hechos a espaldas de los Pueblos; hasta cumplir con el Convenio 169 sobre la consulta previa, libre e informado, y el consentimiento respectivo; y que el tipo de desarrollo lo decidamos los pueblos y comunidades, y no tecnócratas que intercambian puestos en el Estado y las Transnacionales, que son autores de leyes nacionales que privatizan y mercantilizan los recursos naturales, y que deben ser normas erradicadas y no repetidas en la CSN.

7. Políticas Públicas y de Estado, efectivamente interculturales.- Demandamos a los gobiernos, que las políticas de Estado se elaboren y apliquen en base a la pluriculturalidad y las adecuen a las particularidades culturales. Que nuestros idiomas sean oficiales y que nuestros valores, espiritualidades y demás prácticas

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culturales, sean respetados en los ministerios, policía, juzgados, escuelas, hospitales, y cualquier otro espacio y proceso público. Que nos demuestren voluntad política para ejecutar todo esto en nuestra vida cotidiana, y se deje de manipular la pluriculturalidad para usos folklóricos y mediáticos.

8. Medios de comunicación indígenas.El acceso y uso a los espacios y medios de comunicación (frecuencias, requisitos, garantías) debe ser democratizado y no monopolizado. Tenemos derecho a contar con medios, espacios e instrumentos de comunicación, incluidas las línea satelitales, bajo conducción de las organizaciones indígenas. No habrá integración de los Pueblos si los medios siguen invisibilizándonos y “educando” en la subordinación a los intereses, saberes y sentires de la neo colonización. Sin estas condiciones no habrá nunca una efectiva integración intercultural.

9. Paz en las fronteras y desde las escuelas. Es imposible la integración y hasta la propia CSN, si todo esto es discurso por arriba, mientras en las fronteras se alimenta el enfrentamiento y no se respeta la unidad entre pueblos; o mientras en las escuelas se educa en las eternas enemistades fronterizas y militarismos entre Estados criollos y coloniales. Requerimos currículas educativas comunes a nuestros países que recuperen valores de hermandad y de derechos de los pueblos indígenas fronterizos.

10. Integración sin Militarización.La integración entre Pueblos y entre Estados, no puede estar interrumpida o alterada por la presencia de bases militares en territorios indígenas. La paz y la integración en zonas fronterizas exige que la CSN aplique los convenios internacionales como el No.169-OIT (pueblos transfronterizos), el de los Trabajadores Emigrantes (ONU -1990) y sobre Tráfico de Seres Humanos (No. 49-OIT)

Reiteramos

que la medida del respeto a los Pueblos Indígenas será también el respeto y el destino del proceso de cambios sociales abiertos en Bolivia con el Presidente Evo Morales.

Adjuntamos el anexo que amplía nuestros nuestras propuestas debatidas durante la Cumbre Social de los Pueblos y referidas a temas adicionales como Cultura y Conocimientos colectivos, Recursos Naturales, Energía, Ambiente; Soberanía Alimentaria; Tierra y territorio; Seguridad y Frontera; Monocultivo, Deforestación y Exportación; Deuda Externa y corrupción; Cuencas Hidrográficas y Aguas; Carreteras e Hidrovías; Despenalización de la Coca;TLC y ALCA; Comunicación; Criminalización de la protesta;Migración y Extranjerización.

¡Jallallay la lucha de los Pueblos Indígenas y Naciones Originarias!

¡Kausachum una CSN para Vivir Bien sin Neoliberalismo!

Cochabamba, diciembre 7 del año 2006Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas | CAOI (sede en Lima)Coordinadora de organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica | COICA (sede en Quito) Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo | CONAMAQConfederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia | CSUTCBConfederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano | CIDOB Confederación Nacional de Comunidades Campesinas del Perú Afectadas por la Minería | CONACAMIConfederación de Pueblos Kichwa del Ecuador | ECUARUNARI- CONAIEOrganización Nacional Indígena de Colombia | ONICCoordinadora de Identidades Territoriales Mapuche | CITEM (Chile)Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa (Bolivia)Confederación Campesina del Perú | CCPConfederación Nacional Agraria CNA | (Perú)Unión Nacional de Comunidades Aymaras | UNCA (Perú)Comisión de Derechos Indígenas Guaraní Kayawá | (Brasil)

Ni ALCA, ni TLCsOtra Integración es posible

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REVALORIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA

Las Naciones y Pueblos de América reunidos en la "Cumbre Social por la Integración do los Pueblos", consientes del rol histórico y la perspectiva de construir una nueva América Latina solidaria, equitativa, complementaria, justa y con respeto profundo por nuestras culturas, presentamos las siguientes resoluciones que emergen del debate y el concurso libre de cada uno de los delegados de las diferentes naciones.

RESOLUCIÓN 1.- Ante la evidencia que la penalización internacional de la hoja de coca ha constituido una imposición de los países imperialistas y los organismos internacionales han ignorado documentos científicos producidos por Centros Académicos de prestigio mundial, los Movimientos Sociales participantes de la Sesión Temática "Revalorización de la hoja de coca", exigen a la Organización de Naciones Unidas que presente a todas las Naciones miembro y sus organ i/-aciones, la totalidad de documentos y estudios sobre las características y bondades de la coca.

RESOLUCIÓN 2.- Todos los Pueblos y Naciones de América Latina reunidos en la Cumbre Social, planteamos ante la Organización de Naciones Unidas la despenalización internacional de la hoja de coca y suprimirla de la lista de estupefacientes por constituir la coca un alimento que da vida y forma parte de la cultura de los pueblos de América Latina.

RESOLUCIÓN 3.- Apoyar la realización del "Encuentro Latinoamericano de Mujeres Productoras de Coca hacia la despenalización Internacional de la Coca" que se realizará en Cochabamba del 2 al 4 de febrero de 2007.

RESOLUCIÓN 4.- Por la importancia de la coca como medio de integración entre los pueblos, un delegado de la Sesión Temática Coca, debe participar del espacio de Dialogo e Intercambio con representantes oficiales para que todos los presidentes asistentes a la Cumbre Sudamericana de Naciones, apoyen la dcspenalización internacional de la coca.

RESOLUCIÓN 5.- Aunar los lazos de confraternidad entre las organizaciones y pueblos de Latinoamérica para defender nuestros valores, costumbres, la madre tierra y la coca.

RESOLUCIÓN 6.- Declarar a la sagrada hoja de coca como patrimonio cultural de los pueblos originarios y de la humanidad.

RESOLUCIÓN 7.- Respaldar al presidente de Solivia hermano Evo Morales Ayma por constituir el hijo de la mama coca y representar a todos los pueblos América Latina.Es dado en la "Cumbre Social por la Integración de los Pueblos" a los siete días Diciembre de 2007.¡La coca es alimento, es vida, Es soberanía!

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