CONFLICTOS INDIGENAS e HIDROCARBUROS EN EL NORTE DE LA PAZ: SITUACION DE LA OPIM, CPILAP, CRTM

Marco Octavio Ribera ArismendiLIDEMA- PROYECTO COCOON–NEBE Nacionalización de Recursos Naturales, Cooperación y conflicto en Bolivia y Ecuador Actualización a febrero 2013

Breves antecedentes de las actividades petroleras en la zona

La región del Alto Beni estuvo sujeta a exploraciones petroleras hace más de 10 años; en 1996, YPFB perforó un pozo en Liquimiri y dos en Tacuaral, ambos sin éxito. También en 1996, la empresa TOTAL perforó el pozo Yariapo con “resultados científicos alentadores”, pero sin importancia económica real. Estas perforaciones fueron realizadas en la zona de serranías del flanco norte que bordea el valle del río Alto Beni, entre Covendo y Santa Ana de Huachi. No existe información disponible sobre la aplicación de consultas públicas o de instrumentos de gestión ambiental (p.e. Fichas, EEIAs), lo cual obedecería a que los reglamentos de la Ley del Medio Ambiente, recién habían sido promulgados.

Varios años después, a fines del 2007, en medios oficiales se empezaba a hablar de la exploración en el bloque Liquimuni en el norte de La Paz. En agosto del 2008, se firmó el convenio entre los gobiernos de Bolivia y Venezuela, creando la empresa PETROANDINA SAM, una sociedad anónima mixta (SAM) entre YPFB de Bolivia y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Ese acuerdo incluye la exploración y explotación de los hidrocarburos del norte de La Paz, con una inversión inicial de 600 millones de dólares. El año 2008, el Bloque Liquimuni fue concesionado a YPFB y puesto bajo operaciones de PETROANDINA. El Bloque Liquimuni abarca las provincias de Caranavi, Larecaja, Sud Yungas, y se encuentra en la zona de influencia inmediata de las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas. Se superpone a las TCOs Mosetene y Leco Larecaja. La exploración sísmica de Liquimuni se inició a fines del 2008 y culminaba a fines del 2010 con el registro sísmico número 43.284 sobre un área de aproximadamente 6.750 km. cuadrados. El proceso exploratorio sísmico estuvo a cargo de Geo Kinetics, una empresa de Estados Unidos, subcontratada por PETROANDINA.

El caso del Bloque Liquimuni, situado en la vecindad sur-sureste del conjunto Madidi-Pilón Lajas, es la “antesala” del ingreso de las operaciones petroleras a las zonas ecológicamente más sensibles del norte de La Paz (precisamente donde están las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas). El proceso de exploración sísmica de este bloque, situado en el subandino amazónico del norte de Bolivia, empezó el año 2008 y culminó a inicios del 2010. La aplicación de los instrumentos de gestión y regulación ambiental fueron en extremo deficientes, la Ficha Ambiental elaborada para PETROANDINA, presentaba importantes inconsistencias respecto de los posibles impactos a los

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ecosistemas y notables vacíos en el tratamiento de aspectos sociales y culturales. Asimismo, la Evaluación de Impacto Ambiental tuvo igualmente una bajísima calidad técnica y marcada superficialidad, en tanto que el proceso peor encaminado fue el de la consulta previa. La consulta fue en extremo deficiente y consistió en proceso informativos superficiales y dispersos entre las comunidades, y altamente cooptados por ofrecimientos prebendales.

Posterior a la exploración sísmica, la exploración de perforación ya fue anunciada desde fines del año 2010, como una operación casi inmediata, sin embargo, posteriormente se adujo que la interpretación de los datos sísmicos demoraría el proceso, lo cual implicó más de un año. En marzo del 2011 (El Cambio) se anunciaba que PETROANDINA alcanzó el 80% en la interpretación de los trabajos de sísmica en el bloque Liquimuni, de acuerdo al viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Eduardo Alarcón, el trabajo de interpretación concluiría hasta junio del 2012, luego de lo cual se prepararían los estudios para iniciar la perforación que demandaría una inversión de hasta 40 millones dólares.

A fines del 2011 (La Prensa) desde la Presidencia de YPFB se declaraba que en el segundo trimestre del 2012, se debería iniciar la perforación de ese pozo exploratorio para que se concluya el ciclo de exploración. También se anunciaba que la conclusión de la consulta pública a organizaciones originarias estaba prevista para principios de diciembre. En abril del 2011 (ANF), de acuerdo con el informe de YPFB y PETROANDINA se conocía que a fines de dicho año, se concluirían los estudios geofísicos y la interpretación sísmica para ubicar el área donde se realizará la perforación del primer pozo exploratorio, tarea que comenzaría el 2012. Las perforaciones petroleras en el bloque Lliquimuni, llegarían a 4.000 metros de profundidad, debido a que los indicios de hidrocarburos no son someros, asumiendo que si no se tropieza con problemas, hasta el 2013 se sabrá si La Paz tiene petróleo. Se ingresará al reservorio principal ubicado en la formación geológica Tomachi del devónico superior.

Paradójicamente, un elemento llamativo a fines del año 2011, fue el anuncio oficial, a partir de la sísmica 2D, de la existencia de grandes reservas de petróleo en el bloque Liquimuni (1 TCF de gas y 50 millones de barriles de petróleo), noticia infundada, en ausencia de la perforación exploratoria, y que sin dicho proceso es imposible hacer tal afirmación, algo que fue fuertemente criticado por expertos petroleros, como un ardid con intenciones políticas y demagógicas para reducir el protagonismo de la octava marcha indígena en defensa del TIPNIS y recobrar algo del enorme apoyo perdido a lo largo del penoso conflicto.

Finalmente en junio del año 2012 (La Prensa) se anunciaba que la interpretación de los resultados de la sísmica 2D, permitió identificar dos centros importantes (Liquimuni Centro y Liquimuni Norte) sobre alrededor de 156 kilómetros cuadrados, como potenciales para la perforación exploratoria. PETROANDINA, anunciaba que el segundo semestre de este año, se iniciará la perforación del primer pozo exploratorio en Lliquimuni, ubicado en el norte del departamento de La Paz, y que hasta fines de junio, se concluirían todos los

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pasos preparatorios para contar con la licencia ambiental e iniciar los trabajos, que implican la preparación de caminos, planchadas, la internación de la maquinaria de perforación, la compra de cañerías, trépanos y otros servicios. Respecto al camino de ingreso a la zona de perforación en la región de Sararía, limítrofe entre los municipios de Alto Beni y Teoponte, significó la mejora de la carretera que se desarrolló con la participación de la fuerza binacional Bolivia-Venezuela. Se ampliaron 54 kilómetros de vía, que ingresa desde el cruce Bella Vista hacia Suapi y San Luís. Se anunciaba en dicha fecha, que se abrió un camino propio de cuatro a cinco kilómetros y se hizo la plataforma que permitirá el ingreso del equipo. Esta situación no tuvo correspondencia con la realidad (la noticia era falsa), puesto que a mediados de julio 2012, una visita a la zona permitió verificar que recién se estaban realizando los procesos de topografía para el trazo del camino de ingreso hasta la futura zona de operaciones (planchada y campamento). Hasta fines de noviembre del 2012 no existía la plataforma en la zona destinada a la planchada en el margen este del río Beni.

También, el anuncio oficial mencionó la finalización de la consulta pública “con todos los actores”, lo cual fue desmentido por los líderes de la OPIM y comunidades Mosetenes, los cuales mencionaron que la organización representativa y muchas comunidades fueron excluidas y que la supuesta consulta fue realizada solo con los colonos. Finalmente, los anuncios de perforación el año 2012 quedaban en duda, cuando nuevamente a fines de junio del 2012, desde el Viceministerio de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, (UCOM /MHE, Bolivia - UPSTREAM) se informaba de una nueva fecha para dicho proceso, el cual se iniciaría el primer trimestre del 2013. Se informaba también que no se descartaba la posibilidad de realizar otras perforaciones de pozos de exploración en el bloque para conocer la verdadera magnitud de la estructura, su ubicación, su dimensión y cálculo de reservas.

En agosto del 2012, en la zona de perforación prevista por PETROANDINA, ubicada al oeste del polígono norte de la TCO Mosetene (zona Muchanes-Inicua), (al oeste del río Beni) y sobre una zona pedemontana al norte de la población de Sararía y al este de las colonias 22 de Julio y Delicias, no tenía ninguna actividad preparatoria para los anunciados procesos de perforación. Según pobladores colonos de las zonas próximas al sitio de perforación, estos carecían de información sobre los planes de la empresa petrolera y que no fueron consultados, es decir no participaron en la supuesta consulta pública que anunció el gobierno.

Operaciones petroleras previstas en el Norte de La Paz.

BLOQUE Empresa Zonas afectadas Estado

1. Río Hondo PETROBRAS-TOTAL E&P

PNANMI Madidi, RB-TCO Pilón Lajas, TIPNIS

Probable exploración Sísmica 2D para el 2013

2. Tuichi (norte y sur)

REPSOL YPF PNANMI Madidi (TCO SJ.Chupiamonas) – R Toromona

Probable exploración Sísmica 2D para el 2013

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3. Madidi PETROANDINA (PDVSA-YPFB)

PNANMI Madidi (TCO SJ.Chupiamonas) – R Toromona

Probable exploración Sísmica 2D para el 2013

4. Chepite PETROANDINA (PDVSA-YPFB)

PNANMI Madidi – TCO Leco Apolo

Probable exploración Sísmica 2D para el 2013

5. Liquimuni PETROANDINA (PDVSA-YPFB)

ZI RB TCO Pilón Lajas. TCO OPIM, TCOs Leco.

Sísmica 2D realizada y perforaciones exploratorias previstas para el 2013

6. Chispani PETROANDINA (PDVSA-YPFB)

PNTI Isiboro Secure (TIPNIS) Yungas Cotacajes

Probable exploración Sísmica 2D para el 2013

7. Secure PETROANDINA (PDVSA-YPFB)

PNTI Isiboro Secure (TIPNIS), TCO Chimane

Probable exploración Sísmica 2D para los siguientes años

8. Madre de Dios-Beni

GTLI RVS Manuripi, Zona de inflkuencia de las TCOs multiétnica

Sísmica 2D en proceso de realización

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El caso del Madidi, Pilón Lajas y el TIPNIS

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La posible existencia de petróleo en el Norte de La Paz, se popularizó el año 2007, a partir de la difusión por la prensa, de evidencias secundarias (como emanaciones bituminosas de superficie), más concretamente en el corazón del Parque Nacional Madidi. Esta situación puso nuevamente en evidencia la extrema vulnerabilidad de esta área protegida y de la vecina Reserva Pilón Lajas, las cuales han estado en las proyecciones de los planes de exploración petrolera desde antes de los años 80. Entre 1994 y 2005, la región Madidi-Pilón estuvo frecuentemente asediada por las expectativas petroleras. Los años 2001 y 2002, en el período de los gobiernos denominados neoliberales, se concesionaron el Bloque Río Hondo a las grandes transnacionales PETROBRAS-TOTAL y el Bloque Tuichi a REPSOL, ambos, superpuestos a las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas. Con el proceso de nacionalización el año 2007, los bloques Rio Hondo y Tuichi Norte y Tuichi Sur, dejaron de ser concesiones de las empresas transnacionales y pasaron a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos-YPFB, y se firmaron nuevos contratos con PETROBRAS-TOTAL y REPSOL en calidad de “socias operadoras” del Estado boliviano. Ambos bloques se encuentran sin actividades petroleras desde el año 2004, por la declaración de fuerza mayor en razón de estar al interior de áreas protegidas; aunque la petrolera brasileña realizó trabajos de magnetometría aérea sobre una extensión de 10.049 Km.cuadrados el año 2003.

Si bien los bloques Río Hondo y Tuichi (Norte y Sur) quedaron en suspenso, las instancias responsables del sector, YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos, han estado buscando impulsar las operaciones petroleras a partir de la flexibilización de las normas ambientales y el veto de las decisiones indígenas. A inicios de agosto del 2010, el entonces Ministro de Hidrocarburos, Fernando Vincenti, (La Estrella del Oriente, 2010) anunciaba que “con la finalidad de dar viabilidad y comenzar la exploración petrolera, el Gobierno y las compañías debaten mecanismos para reanudar esta actividad en áreas protegidas”. Añadió: “Estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente y las petroleras “para establecer los costos de las facilidades que se requeriría” para levantar la “fuerza mayor” en varios bloques que tienen contrato de operación. El ministro Vincenti hacía referencia entre otros, a los bloques Río Hondo y Tuichi.

Adicionalmente, el año 2010 el gobierno boliviano amplió la frontera petrolera en todo el país (Bolpress, 26, octubre 2010) y entregó en La Paz y el Beni a al consorcio PETROANDINA, los bloques Madidi, Chispani, Chepite y Secure, en superposición a varias áreas protegidas y tierras indígenas tradicionales: Madidi, Pilón Lajas e Isiboro Secure (TPINIS). En la actualidad, al interior de las áreas protegidas Madidi, Pilón Lajas y TIPNIS, se superponen en total, seis bloques petroleros. La superposición de los bloques petroleros sobre Madidi y Pilón Lajas, significa más de un 70% de la superficie total de ambas áreas (esto es algo más de dos millones de hectáreas). En el caso del TIPNIS, se superponen los bloques Sécure 19, Sécure 20, Chispani (los tres a cargo de PETROANDINA) y Río Hondo (Petrobras-Total, cubriendo un 50 % de su superficie hacia el pie de monte y serranías subandinas.

Fuente: M.O.Ribera Arismendi. 2012. Puede el Madidi-Pilón, justificar un Yasuni-ITT boliviano”? Proyecto NEBE-COCOON – LIDEMA. La Paz, Bolivia. 31 p.

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Ubicación de las principales áreas protegidas afectadas Por operaciones petroleras en La Paz y Beni

Antecedentes del conflicto

De acuerdo a reportes locales, la exploración sísmica 2D, indujo impactos ambientales en los ecosistemas de las frágiles zonas de serranías subandinas, pero paralelamente ocasionó un profundo debilitamiento de la organización indígena regional OPIM (Organización del Pueblo Indígena Mosetene) y de las propias comunidades. La actividad petrolera ha polarizado las posiciones al interior de las comunidades, unas a favor y otras en contra del ingreso de la empresa, especialmente a partir de figuras cooptativas prebendales, mediante la realización de obras menores (construcción de sedes sociales, mejora de caminos, arreglo de plazas), aspecto que medió en la deficiente consulta realizada. Al respecto el máximo dirigente de la CIDOB, Adolfo Chávez, denunciaba el año 201, respecto del conflicto en el Norte de La Paz, se produjo debido a la inexperiencia de los funcionarios públicos que no supieron dialogar con las autoridades locales y comunales de dicha región. En opinión de este líder indígena, “el error de las autoridades del sector y la empresa petrolera, fue no consultar con las máximas autoridades de la organización indígena y optar por consultas aisladas a líderes menores o incluso familias, al obviar el mecanismo aprobado por norma, no se respetó la estructura organizacional y se cometieron manipulaciones. Se dedicaron a hacer churrascos para que la comunidad acepte, a cambio de obras que hasta el momento no han llegado” (Reporte Energía, febrero, 2010; Ribera, 2010).

La multiplicidad de ofrecimientos “de desarrollo” por parte del gobierno, siguiendo la línea que estuvo detrás de la sísmica 2D, y ahora con la perforación prevista, ha generado una profunda división de opiniones y posiciones entre las organizaciones y liderazgos indígenas.

En julio 24 del 20122, la Agencia oficial de noticias del gobierno (AN) y YPFB, informaron que el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales y representantes de PETROANDINA, en un acto público realizado en Covendo, entregaron obras sociales “que benefician a 334 comunidades del norte paceño”, en el marco de la política del “Vivir Bien”. Se mencionaba que PETROANDINA realizaba actividades de exploración petrolera en el área Liquimuni “con el respectivo cuidado del medio ambiente”, con el objetivo de culminar con el diseño y posterior perforación de pozos exploratorios en esta región del país. La información de AN, menciona que el primer mandatario

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PILON LAJAS

MADIDI

TIPNIS

destacó “el apoyo que brindaron las comunidades del pueblo Mosetén y Lecos - Larecaja en los proyectos de exploración de petróleo”. El Alcalde de Palos Blancos, Nazario Escóbar destacó la entrega “de un sinfín de obras”. Unas semanas después, en una verificación en terreno, se observó que el mencionado sin fin de obras, significaba en Covendo, una sede social y el arreglo de la plaza. De acuerdo a denuncia del entonces Presidente de la organización Mosetene OPIM, Marcelino Chayriqui, la dirigencia indígena, no fue invitada al evento de entrega en dicha población.

De la misma forma, el 2011, se advertían posiciones encontradas, entre los máximos líderes de la OPIM, algunos contrarios al accionar de la petrolera y otros a favor de esta. Por su parte, los líderes de varias comunidades (como Covendo o Villa Concepción, y algunas de la parte norte como Santa Ana) en general fueron favorables al accionar de la empresa, aunque al interior de las comunidades existían posiciones divididas. En general, a fines del 2011, se percibía un pronunciado debilitamiento de la OPIM, dando incluso una sensación de orfandad de apoyo desde las bases. En términos culturales, un proceso de consolidación de dicha organización indígena, que significó varias décadas de esfuerzos, se desbarató en menos de un año por las acciones mal encaminadas y de mala fe, de la empresa petrolera y el gobierno.

En julio del 2011, LIDEMA alertaba, que el proceso exploratorio de perforación requiere de una nueva Ficha Ambiental y un nuevo Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, ya que los realizados para la sísmica, con todas las deficiencias que además tuvieron, no sirven para la fase de perforación. De igual manera, se observaba que debe realizarse una nueva consulta pública, considerando la convocatoria a los representantes legítimos de la Organización indígena de la TCO Mosetene (OPIM), es decir, de buena fe y respetando la estructura organizacional, de acuerdo a diversas normas vigentes al respecto (incluida la actual Constitución Política del Estado), situación que lamentablemente fue pasada por alto en el proceso de la sísmica.

A fines del 2011, se conocía, de acuerdo a denuncias de altos dirigentes de la OPIM y CPILAP, que el mismo tipo de consulta distorsionada que se realizó en la fase sísmica, estaba volviendo a ser reeditado por el gobierno con motivo de facilitar la fase exploratoria. Se denunció concretamente, que altas autoridades como el Canciller del Estado o el Vicepresidente, visitaron algunas comunidades con el fin de “sensibilizar” a los pobladores, y que algunos caciques de dichas comunidades fueron invitados a la ciudad de La Paz para negociar el ingreso de la fase de perforación. Un resultado de este proceso fue que la organización de colonos, “decidió que en la consulta no participen las representaciones indígenas como CPILAP, OPIM o la CIDOB”.

En noviembre del 2011 (ABI), medios de prensa anunciaban que la gobernación del Departamento de La Paz inició en el cantón de Sararia, provincia Caranavi, Centro de la zona de perforación Liquimuni, el proceso de socialización y consulta para dicha exploración , el mismo que contaba con la aceptación de los interculturales de la zona (colonos), los Lecos y Chimanes. El Gobernador, César Cocarico, aseguró entonces que "con la consulta previa, como establece la Constitución Política del Estado (CPE)”, se comenzará con la exploración de

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los pozos petrolíferos en la región, en tanto que el Secretario Ejecutivo de la Federación Departamental de Comunidades Interculturales de La Paz (FDCILP), Ever Choque Huanca, expresó su respaldo a la consulta y al proyecto de exploración en la región. La gobernación comprometió la rehabilitación del camino Sararia-Mayaya-Km. 52, mencionando que "esta es la oportunidad que tenemos los hermanos y los Lecos, que me pedían puente y arreglo de caminos”. También se informó que el Gobernador de La Paz, acompañado de la Ministra de Agua y Medio Ambiente, Mabel Monje y el Senador del Movimiento Al Socialismo, Fidel Surco, realizaron un sobrevuelo al sector, para comprobar el posible impacto ambiental en la región petrolera del norte del departamento.

El 15 de julio de 2012 (ANB-ABI, 2012), el Gobierno informó que la perforación del pozo exploratorio Liquimuni Centro X1, tenía la autorización de 20 sectores sociales y “de los representantes de los indígenas Chimanes, Lecos y Mosetenes” (pero claramente, no así de la OPIM). Dicha autorización se basaba en la “resolución de un cabildo” que señala que “todos los habitantes de los municipios de Alto Beni, Palos Blancos y el norte de La Paz apoyamos el proyecto de exploración y explotación del pozo Liquimuni Centro X1”

Otra de las resoluciones de dicho cabildo estableció el apoyo y respaldo a la empresa PETROANDINA y a la Fuerza Binacional Bolivia-Venezuela: "Todos los actores sociales de la región, damos nuestro amplio respaldo a la empresa Petroandina, a la Fuerza Binacional de ingeniería social y garantizamos el libre ejercicio de su trabajo".

La agencia oficial de noticias del gobierno (ANB-ABI) comunicó en julio del 2012, que “un pequeño grupo de personas” (posiblemente productores orgánicos) retuvieron al personal de PETROANDINA en el municipio de Teoponte, para impedir que continúen los trabajos en esa región. El Cabildo condenó ese acto y pidió a las instancias del Gobierno realizar una investigación del caso y sancionar a los culpables por "terrorismo en contra del Estado”. En noviembre del 2011 (ANF) se mencionaba que según los colonizadores, la consulta a las comunidades indígenas e interculturales para la exploración y explotación de petróleo recibió el 100 por ciento del apoyo de las poblaciones de esa región del departamento. Al mismo tiempo los dirigentes colonos manifestaron que en la consulta a las comunidades indígenas e interculturales del norte del Departamento de La Paz, se determinó que no exista la intromisión de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP).

Unos meses después, el presidente de la empresa PETROANDINA, Miguel Arancibia, respecto a la consulta previa y la licencia ambiental, explicaba a mediados del 2012, que el proceso se encontraba en su etapa final. “Hemos concluido la consulta que se realizó con todos los actores…debo aclarar que no es consulta y participación, sino solo consulta, la cual se concluyó, y se ingresó la ficha ambiental para su categorización, aprobación” (La Prensa, Junio 26, 2012). Al respecto de lo mencionado y en relación a lo desarrollado en Sararia, se puede observar una evidente inconsistencia y falta de entendimiento sobre el manejo del instrumento de consulta, siendo que se debió aplicar el DS 29033 (Reglamento de Consulta y Participación para Actividades Hidrocarburiferas) y

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no únicamente la Consulta (posiblemente en referencia a la Consulta Pública del Reglamento de la Ley del Medio Ambiente), existiendo por tanto, una omisión de las normas y procedimientos.

Empresas quieren dialogar con los pueblos indígenas del norte de La Paz

También, en el norte de La Paz, en la región Pilón Lajas y fuera del ámbito del bloque Liquimuni, en mayo del 2011 (Plataformaenergetica.org 27/05/11), se informaba que el presidente del Consejo Regional Chiman Mosetén (CRTM), informó que YPFB y representantes de la TCO Pilón Lajas del pueblo Chimán Mosetén, acordaron un nuevo plazo para definir si se aplicará o no el mandato constitucional de la consulta en esa región para iniciar la fase de exploración de petróleo en el bloque Río Hondo. Técnicos de la estatal petrolera llegaron a la sede del CRTM para dialogar con ellos sobre el proyecto hidrocarburífero: “Nosotros les hemos dicho muy claramente que queremos que nos consulten, queremos trabajar en conjunto para que nos muestren qué impacto va causar, pero ellos nos dijeron que sólo vinieron a dialogar”. Señaló también, que pedirán el apoyó y orientación sobre este tema a la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), así como a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). Desde las dirigencias del CRTM se afirmó que “los pueblos indígenas no nos oponemos a la políticas de desarrollo que el gobierno está implementando, pero siempre y cuando nos hagan la consulta”.

En julio del 2011, el líder Leco Lorenzo Paredes, confirmó la presencia de personeros de PETROANDINA y del Ministerio de Hidrocarburos en la región de Apolo, con el fin de socializar información en las comunidades locales sobre la futura Sísmica 2D en el bloque Chepite, que se superpone al PNANMI Madidi y la TCO Leco Apolo.

Los primeros meses del 2012, empezó la novena marcha indígena por la defensa del TIPNIS, ante la ambivalencia y falta de cumplimiento por parte del gobierno a la Ley 180 que había reconocido su intangibilidad y la paralización de la construcción de la carretera. La novena marcha, había convocado a las diferentes organizaciones indígenas del país, que habían apoyado la octava marcha. Parte del esquema cooptativo del gobierno para debilitar al movimiento indígena y la novena marcha fue la firma de convenios “de agendas programáticas conjuntas” con organizaciones regionales afiliadas a la CIDOB en el mes de marzo del 2012. Por ejemplo el convenio con la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) que agrupa a los pueblos Araona, Chacobo, Cavineño entre otros, bajo el supuesto de “mejorar la calidad de vida y sacarlos de la exclusión”.

También se conocía en abril del 2012 (La Razón-ABI) que en la localidad de San Borja (Beni), punto de paso de la novena marcha, el Presidente Evo Morales, firmó un “convenio programático” con el Gran Consejo Tsimane, que aglutina a 140 comunidades amazónicas del Beni. El acuerdo establece acciones en materia de inclusión social y proyectos de desarrollo. La firma del convenio se dio tras la inauguración de un albergue indígena para 200 personas, de esta

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forma, a dos semanas de iniciarse la IX marcha, el gobierno logró acuerdos programáticos con al menos 11 regionales de la CIDOB.

En febrero del 2012, la agencia  oficial de informaciones ABI, informaba  que el presidente Evo Morales suscribió un acuerdo con la Central de Pueblos Indígenas del norte amazónico de La Paz (CPILAP) para ejecutar proyectos productivos y educativos que mejoren la calidad de vida de las comunidades de esa región. En un acto realizado en Palacio Quemado, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó los alcances del convenio: “….. es el resultado de un "esfuerzo conjunto" entre el Ejecutivo y esa organización, para construir una agenda programática de desarrollo”. Recordó “que en norte de La Paz algunas Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) deben culminar su proceso de saneamiento, que forma parte de la agenda concertada con CPILAP”. En este convenio, firmaban por parte del gobierno los ministros Carlos Romero y Juan Ramón Quitana y por parte de la CPILAP, el entonces Presidente de dicha instancia, José Ortíz de origen Leco. Como resultado directo de esta convenio, a fines de abril del 2012, se conocía que varias de las organizaciones indígenas del Norte de La Paz, aglutinadas en la regional CPILAP, no apoyaban la novena marcha en defensa del TIPNIS, debido a la firma del convenio cooptativo de interés firmado con el gobierno a fines de febrero. En el caso de la región de Liquimuni y otras del Norte de La Paz (Madidi, Pilón Lajas), el convenio firmado entre el gobierno y la CPILAP, tenía además implicancias relacionadas a la facilitación de los diversos planes de exploración petrolera en toda la región.

La CPILAP (Confederación de Pueblos Indígenas de La Paz) agrupa a los pueblos indígenas Mosetene, Chimane, Leco, Tacana, entre otros).

Dicho convenio fue observado por las siguientes características: a) fue inorgánico, por cuanto el principal ejecutivo indígena José Ortíz (entonces Presidente de la CPILAP) no consultó con las representaciones de los distintos pueblos, siendo que se trataba de un tema de gran importancia; b) se establecieron compromisos relacionados al temas salud, educación y autonomías, los cuales para cumplirse no necesitaban de un convenio, puesto que son obligaciones del Estado dadas por la nueva CPE y otras normas; c) se explicitan ofrecimientos prebendales, como cabinas telefónicas y una movilidad. Algo casi anecdótico se conocía en septiembre del 2012 por referencias de los propios indígenas de la región, respecto de la “movilidad” otorgada por el gobierno, la cual fue un automóvil (“taxi”) usado y en malas condiciones de funcionamiento, y que no pudo completar un viaje hacia la ciudad de La Paz desde los Yungas. A inicios de junio del 2012, la CPILAP llevó a cabo un ampliado departamental, en la cual los representantes de los Pueblos miembros de la organización regional, evaluaron al presidente José Ortiz y al Vicepresidente Freddy Limaco Navi (CEJIS, 2012), “por desobedecer el mandato y principios de los pueblos y por tomar decisiones unilaterales y separatistas sin el consentimiento de las bases, violando de esta manera el Estatuto y Reglamento interno de la CPILAP, habiendo participado a la Convocatoria anti orgánica e ilegal, convocada por la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz CPESC y el Consejo Indígena del Sur (CONISUR)”.

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Ante esta situación, las organizaciones del CPILAP, determinaron que se convoque a Asamblea consultiva dentro de los 90 días computables a partir de la firma de la resolución, asumiendo estos cargos los miembros del directorio en funciones de acuerdo a sucesión. Se nombró una Presidencia interina a cargo del Mosetene Edwin Miro y determinaron la incorporación inmediata de las ocho organizaciones miembros de la CPILAP, a la columna de la IX Marcha, respaldando plenamente al Presidente de Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía Boliviana CIDOB, Adolfo Chávez y su Directorio. En resumen las organizaciones de la CPILAP, desconocieron el convenio firmado con el gobierno. Los primeros días de agosto se conocía que se había elegido al nuevo o directorio de la CPILAP y que la Presidencia estaba a cargo de Celin Quenevo, líder Tacana de Tumupasa. En tanto la “CPILAP oficialista” (reconocida por el gobierno) seguía funcionando a cargo del Leco José Ortíz, pero con escaso apoyo de las bases y resto de dirigencias.

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Una de los sitios de estudio de caso es la zona de perforación (puntos y anillo en rojo) en el bloque Liquimuni y próxima a TCO Mosetene.

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El gobierno respondió, promoviendo la división directa de las organizaciones, por ejemplo reconoció a la CPILAP de facto supuestamente a cargo de José Ortíz; también reconoció a la OPIM de facto, bajo la supuesta dirigencia de Edgar Morales (avalado por un grupo de caciques Mosetenes), desconociendo a Marcelino Chayriqui, legítimo representante del OPIM. Lo mismo ocurrió en diversas organizaciones indígenas de Santa Cruz, del propio TIPNIS, culminando este penoso accionar con la división de la máxima organización indígena de tierras bajas de Bolivia, la CIDOB. Esta es una situación inédita de dividir las organizaciones indígenas para fines eminentemente políticos, y jamás había sido conocida hasta hoy en la historia del país, en especial en esta magnitud.

Ante esta situación, las organizaciones, suspendieron al Presidente y Vicepresidente de CPILAP, hasta que se convoque a Asamblea consultiva dentro de los 90 días computables a partir de la firma de la resolución, asumiendo estos cargos los miembros del directorio en funciones de acuerdo a sucesión. Se nombró una Presidencia interina a cargo del Mosetene Edwin Miro y determinaron la incorporación inmediata de las ocho organizaciones miembros de la CPILAP, a la columna de la IX Marcha, respaldando plenamente a la CIDOB. En resumen las organizaciones de la CPILAP, desconocieron el convenio firmado con el gobierno. Los primeros días de agosto del 2012, se conocía que la Asamblea del CPILAP, había designado a Celin Quenevo como Presidente de esta organización matriz, en la Vicepresidencia de esta instancia a Magali Cadima, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales quedó cargo de Edwin Miro.

En tanto, la “CPILAP oficialista” (reconocida por el gobierno) pretende seguir funcionando al margen de los estatutos de la instancia indígena, a cargo del dirigente Leco José Ortíz. Como dato anexo, se conocía que la CIPLA (Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo, parte del CPILAP), también se encuentra profundamente dividida, con un sector (liderizado por Angel Durán) que apoya a José Ortíz, el expulsado de presidente de la CPILAP.

El gobierno también promovió la división directa de la organización OPIM, pretendiendo reconocer de facto otra dirigencia a cargo de Edgar Morales, una persona con supuestos cargos y acusaciones por la máxima dirigencia de la OPIM y varios líderes Mosetenes (avalado por un grupo de caciques Mosetenes afines al gobierno, incluido Teodoro Huasna, primer cacique de Covendo), y desconociendo a Marcelino Chayriqui, legítimo representante del OPIM. Un indicador de la división del pueblo indígena Mosetene en la región de Alto Beni – OPIM, era la situación observada en Covendo a fines de Agosto del 2012, donde el primer cacique T. Huasna estaba en abierta confrontación con el segundo cacique de las misma comunidad (Donato Miro) que apoyaba al entonces Presidente de la OPIM, M.Chayriqui. Similares figuras se veían en otras zonas comunidades del pueblo Mosetene en Alto Beni.

Los primeros días de septiembre del 2012, se conocía la realización de la Asamblea general del pueblo Mosetene en dicha región, con la salida de Marcelino Chayriqui por la finalización de su gestión y el nombramiento de nuevos Caciques en las comunidades. Algo interesante fue la elección como

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presidente de la OPIM a Rubén Chambi, una persona considerada por los Mosetene como “tercero”, es decir un colonizador o intercultural. Varios líderes Mosetenes, denuncian que Chambi apoya plenamente las operaciones petroleras que impulsa el Gobierno. Una figura, sin duda llamativamente “sui generis”, pero que de cualquier forma, hace que el Gobierno tenga plena ingerencia sobre la organización indígena de la región. Muchos líderes de las comunidades rechazaron que la presidencia de la OPIM este a cargo de un colonizador y tenga plena afinidad con los planes del gobierno y la empresa petrolera.

Un elemento concluyente es que al momento, la organización OPIM y las comunidades Mosetenes que la conforman, se encuentran profundamente divididas, y enfrentan una intención permanente de cooptación por parte del gobierno sobre las dirigencias locales. El conflicto OPIM/indígenas–petrolera, fue coyuntural y en términos generales, poco significativo, en comparación con el conflicto suscitado al interno de la organización y el pueblo Mosetene, el cual perdura y se profundiza, amenazando inclusive la pervivencia cultural de la etnia en la región. Esto, sin embargo, se ha generalizado después de la novena marcha del TIPNIS, para toda la región amazónica del norte de La Paz, donde se observa además, un fuerte debilitamiento de la organización matriz CPILAP (y del resto de las organizaciones regionales que lo conforman, como es el caso de la OPIM).

Esto contrasta notablemente con la situación observada en la región del Chaco, donde las intromisiones o interferencias del Gobierno y empresas, antes que debilitar las organizaciones Guaranies, parecen lograr un efecto de fortalecimiento y aglutinación en torno a la APG. En el caso del norte de La Paz, la intromisión gubernamental ha ocasionado en una proliferación de divisiones internas y figuras dualistas con parcialidades enfrentadas unas en contra y otras a favor de los planes y proyectos del gobierno. Al mismo tiempo, se observa una menor fortaleza y diversidad de los liderazgos indígenas, a diferencia de la región chaqueña. Por otra parte, se debe considerar también, el menor tiempo de estructuración de la organización matriz. Sin embargo el elemento más determinante es sin duda, la estructura cultural, pues mientras la APG y sus capitanías corresponden a una sola cultura o nación -Guaraní- en el caso del norte de La Paz, el movimiento indígena es un conglomerado de diversas culturas o etnias (Mosetenes, Lecos, Tacanas, etc.), no necesariamente con similares visiones y niveles de fortaleza organizacional interna. También, se puede asumir en general, que existen liderazgos menos consolidados. En cuanto al tema de derivaciones económicas vía compensación de las operaciones petroleras, a diferencia del Chaco, la situación en el norte de La Paz es aún incipiente, y ha tenido la connotación de ser prevendalista y cooptativa, tanto por la empresa PETROANINA, como por el Gobierno, siendo uno de los elementos que ha incidido de forma determinante en la división y debilitamiento de las organizaciones indígenas.

Antecedentes de la “consulta pública” de la perforación del pozo Liquimuni

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En vez de realizar una consulta pública de acuerdo al Reglamento de Prevención y Control del Ley del Medio Ambiente, el gobierno con apoyo de la gobernación de La Paz, impulsó un cabildo (ABI, 15 de julio de 2012), con tintes de proselitismo político y ofrecimientos para lograr el apoyo y aceptación a las actividades de exploración. La principal responsabilidad del gobierno (Ministerio de Hidrocarburos y Energía) habría sido realizar la consulta pública y entregar información válida y veraz a las organizaciones y comunidades locales colonas e indígenas, respecto de la exploración de perforación del pozo Liquimuni.

Para el caso de la TCO Moseten, la consulta pública (obsoleta y muy parcial-superficial) no era lo mas adecuado, pues el gobierno debió desarrollar la Consulta previa obligatoria, como manda la nueva Constitución Política del Estado, dado que es un derecho de los pueblos indígenas, originario campesinos, en lo cual se incluyen los colonos o interculturales de la región de Sararia. Más aún, debido a que la planchada se encuentra en la zona muy próxima e inmediata a la TCO de la OPIM, el gobierno debió proceder a aplicar el Reglamento de Consulta Participativa del sector hidrocarburos para Pueblos Indígenas (DS 29033) aprobado el año 2006 por el actual gobierno.

Entre la información clave respecto de la perforación del pozo Liquimuni debió figurar la siguiente:

La planchada o sitio de perforación, implica el desmonte de varias hectáreas de bosques o de tierras agrícolas, en un terreno montañoso de alta fragilidad por la inclinación del terreno, lo cual supone además el movimiento de importantes volúmenes de tierras.

También el camino de acceso a la planchada significa un alto riesgo de impactos dada la fragilidad de las tierras montañosas de la serranía subandina de la región. Este supone la toma de recaudos respecto a quebradas cuerpos de agua y sitios de mayor vulnerabilidad.

La exploración de perforación implica en muchos caso la apertura de mas de un pozo, por ejemplo en la fase de dimensionamiento del yacimiento o la apertura de pozos de alivio.

Los lodos de perforación implican el uso de varias sustancias (refrigerantes, abrasivos, adelgazantes, aceites, biocidas, sales, trazadores, etc.) muchas de ellas con alto poder contaminante. Los volúmenes de lodos utilizados varían entre 500 y más de 5.000 metros cúbicos, dependiendo de la profundidad de perforación e implica la utilización de grandes volúmenes de agua de fuentes locales.

Tanto en la fase de perforación de pozos exploratorios como los de producción, los lodos salen mezclados con un tipo de agua fósil sedimentaria o agua de formación. Estas aguas y sedimentos disueltos pueden contener muchos elementos pesados y hasta radiactivos, además de tener un elevado nivel de salinidad. En la perforación de un pozo exploratorio se pueden generar más de 80.000 litros de aguas de perforación contaminantes a las que se suman “recortes minerales” extraídos del pozo.

Los lodos y aguas de formación, deben ser depositadas en piscinas o fosas que deben tener un recubrimiento interno de geotextil, e incluso estar

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cubiertas para evitar que animales de la zona caigan o beban el agua contaminada.

Los lodos y aguas de formación no pueden ser liberadas a los cuerpos de agua. Muchos accidentes de contaminación se producen por rebalses desde las piscinas o fosas por efecto de las lluvias o incorporación de volúmenes extraordinarios. Estas agua residuales para ser liberadas, deben recibir tratamientos para reducir al mínimo su toxicidad; muy rara vez son reinyectadas.

Al momento de alcanzar el reservorio sale gas natural el cual debería ser re-inyectado al subsuelo, sin embargo es regularmente liberado y quemado, generando contaminación y riesgos de incendios extendidos. Otro riesgo que tiene el escape de gas natural es la presencia de mercurio altamente tóxico, en especial para los trabajadores de la obra.

La liberación accidental o intencional de hidrocarburos líquidos o condensados al momento de alcanzar el reservorio ocasiona severos impactos de contaminación por la elevada toxicidad de sus componentes.

También se debe brindar información sobre otro tipo de impactos locales sobre suelos y vegetación, como ser la apertura de planchadas, caminos, campamentos.

Otro aspecto a ser informado para la fase de perforación, es que la magnitud de contrataciones o generación de empleos locales, es mucho menor que en la fase de exploración sísmica, de esta manera no se generan expectativas sobre dimensionadas, como se lo viene haciendo al momento.

Información actualizada a febrero-2013, sobre el conflicto interno OPIM, CPILAP, CRTM

A fines del año 2012, las autoridades de la comunidad Santa Ana de Mosetenes, se mantenían renuentes o recelosos ante las anunciadas operaciones de perforación petrolera de PETROANDINA en la zona de Sararia, vecina de la TCO Moseten de Alto Beni.

A inicios del año 2013, se anunciaron actividades de ingreso de la empresa petrolera a la población de Sararia, con la instalación de una oficina, anuncios de contratación de personal y de ingreso de equipos y maquinaria. A partir de este inicio de las actividades petroleras, se produjo un contacto entre la autoridad tradicional principal de Santa Ana (Primer Cacique), con representantes de la empresa petrolera y YPFB, para concertar un apoyo a las operaciones de perforación exploratoria, a cambio de una donación para la posta de salud de Santa Ana (dos colchones y un paquete de gasas). Esta posición del Cacicazgo de Santa Ana, estuvo acordada con la actual presidencia de la OPIM, a cargo de un colono y totalmente proclive a los planes petroleros en la región. La posición fue criticada por diversas familias de las comunidades y fue otro motivo para profundizar la división de las comunidades de la TCO en torno al tema petrolero. Líderes opuestos a la decisión del Cacicazgo y de la OPIM, manifestaron que la dadiva del gobierno fue una miseria, además, que el tema de salud era algo que el gobierno debió ya atender hace varios años, como una responsabilidad emanada de la nueva

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Constitución Política, y no como un regalo a cambio de la sumisión a la empresa petrolera. De cualquier forma, la decisión de Santa Ana puede influir para que las autoridades de otras comunidades de la zona, como Muchanes, Pujpunendo, Inicua Bajo, asuman similar posición junto a la actual OPIN, a favor del desordenado, cooptativo y discrecional ingreso de la petrolera.

El conflicto interno de la CPILAP (Central de Pueblos Indígenas de La Paz), continuaba profundizándose a inicios del 2013, debido al debilitamiento de su directiva elegida después de la destitución del dirigente Leco José Ortíz, destitución concertada por la base dirigencial de los Pueblos indígenas del norte de La Paz a mediados del 2012. El debilitamiento de la CPILAP “reconocida como legítima”, a cargo del Tacana Celin Quenevo, se propició en parte, por la falta de recursos para viajes, manutención básica de los dirigentes de la organización matriz, incluso para el pago de alquiler de la oficina en la ciudad de La Paz, ante lo cual varios de los dirigentes se vieron obligados a replegarse a sus regiones, dejando prácticamente sin dirección a la CPILAP “legítima”. Ante esta situación, la CPILAP destituida (no legítima) a cargo de José Ortíz, siguió recibiendo apoyo del gobierno y figurando como la organización representativa de los Pueblos indígenas de La Paz en diversos eventos, generando una profunda confusión e inestabilidad entre los diversos Pueblos y sus dirigencias.

En este clima de profunda desorganización, se definió la realización de una asamblea consultiva de las diversas organizaciones del CPILAP a fines del 2012 en la región de Apolo, con el fin de contar con un informe de actividades de la CPILAP a cargo de C.Quenevo, y definir la situación o figura dual (legítima versus la destituida por las bases). Aparentemente dicha consultiva fue en parte orquestada por el CIPLA (Central de Pueblos Indígenas Leco Apolo), por lo cual existe mucha desconfianza de varios líderes de organizaciones que fueron consultados. De cualquier forma, la situación del CPILAP deja entrever una división entre las diversas organizaciones que la conforman, puesto que al momento organizaciones como la OPIM y el mismo CIPLA (y una facción del Pilón Lajas al mando de Germán Nate), apoyan a la supuesta CPILAP de José Ortiz y por tanto a la visiones desarrollistas y pro petroleras del gobierno.

En cuanto a la situación del CRTM (Consejo Regional Tsimane Mosetene de la TCO Pilón Lajas) también pasa por una situación de conflicto interno, debido a la división y figura dual promovida por el gobierno. A manera de antecedente se debe mencionar que con motivo del Novena Marcha en defensa del TIPNIS, el entonces presidente de la CRTM, Germán Nate, llegó a firmar un acuerdo con el gobierno con el fin de restarle apoyo a la demanda de la Novena Marcha y replegarse de la movilización. Debido a esto, los líderes de las comunidades del Pilón Lajas, desconocieron a Nate en julio del 2012 y los destituyeron, conformando una nueva directiva del CRTM a cargo de Mauricio Saravia y Clemente Caimani. A pesar de este reconocimiento mayoritario de las comunidades de la TCO, G.Nate, sigue figurando como máximo dirigente de una CRTM “paralela” (con escaso reconocimiento comunal), y por tanto sigue apoyando a la figura del CPILAP ilegitimo a cargo de José Ortiz.

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Elemento paradójico en el caso del CRTM-Pilón Lajas, es el profundo distanciamiento con el SERNAP, revirtiendo todo el acercamiento positivo de años anteriores, hacia una gestión compartida y una alianza estratégica efectiva. Es importante recordar que el Pilón Lajas tiene una condición dual como TCO (reconocida el año 1990) y como área protegida en la categoría de Reserva de Biosfera (el año 1992), existiendo una superposición total. Un claro ejemplo de la intención del gobierno, vía SERNAP, de deteriorar o debilitar el movimiento indígena de la TCO, fue la conformación del nuevo Comité de Gestión promovido por el SERNAP y la anterior Dirección del Área Protegida (Reserva de Biosfera) a cargo del sociólogo Victor H. Frías, en la cual, el CRTM (o la TCO) quedo reducido a una minoría de una sola representación, frente a una mayoría de representación de tres organizaciones de colonos de la región, mas el municipio de Palos Blancos (eminentemente colono). Estas acciones son absolutamente anti constitucionales, pues contradicen el Artículo 385, inciso II de la nueva Constitución Política del Estado, que dice: Donde exista sobreposición de áreas protegidas y territorios indígena originario campesinos, la gestión compartida se realizará con sujeción a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originaria campesinos, respetando el objeto de creación de estas áreas.

Otros elementos críticos en la dinámica de dejar de lado a la organización indígena, y orquestados desde el SERNAP, fueron la aprobación de construcción de infraestructura turística dentro del área y TCO (caso Laguna Azul) de forma inconsulta con la organización CRTM y las comunidades, aun cuando dicha zona tiene condición intangible y carácter de Sitio Sagrado. También se reporta, la aprobación del SISCO (Sistema de Cobros por Turismo) por el SERNAP, de manera inconsulta y sin coordinación alguna con las comunidades y la organización representativa. Lo más llamativo de esta situación, es que para dichas aprobaciones, el SERNAP recurrió a la firma de German Nate (como si fuera CRTM), e ignoró a la actual CRTM legítimamente reconocida. Esta imposición vertical y de sometimiento de una organización indígena por parte del Estado, es absolutamente reaccionaria y hasta fascistoide, es algo inédito en las historia del Sistema de Areas protegidas de Bolivia e incluso en el relacionamiento Estado-Pueblos indígenas, al menos en los últimos quince años.

Estas situaciones ponen a la TCO y al CRTM (lo mismo que en el caso de la OPIM), en una condición de fuerte vulnerabilidad y plena desventaja, pues incrementa las posiciones de instancias que promueven abiertamente el desconocimiento de las TCOs y la toma de tierras indígenas.

Adicionalmente, todo lo anterior, parece mostrar una clara intención del gobierno (y/o SERNAP) de aniquilar cualquier viso de resistencia u oposición a las incursiones desarrollistas, en especial en el tema petrolero, pues condice con las proyecciones de las acciones de la estrategia de YPFB en el plan de exploración 2011-2020 (YPFB, 2011), de “viabilizar el ingreso de las operaciones petrolera a las áreas protegidas y otras zonas de Fuerza Mayor”. Esto además tiene concordancia con el abierto rechazo del actual gobierno al tema ambiental y de las áreas protegidas., y con la profunda crisis en diversos

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ámbitos, que atraviesan el SNAP-SERNAP y que afecta a los territorios indígenas.

Fuentes.

Bolpress, Octubre 26 2010. Ampliación de las concesiones petroleras La Estrella del Oriente, Agosto 5, 2010 Reporte Energía, ed. Febrero, 2010. El Cambio, Marzo 2011. PETROANDINA alcanzó el 80% en la interpretación de la

sísmica en el bloque Liquimuni ANF, Abril 2011. Fin del análisis de la sísmica Liquimuni y ubicación de la

perforación ANF, Noviembre 2011. Consulta a para la exploración y explotación de petróleo

recibió el 100% de apoyo BI- http://www.fmbolivia.com.bo/noticia. 14 de Noviembre de 2011 ABI, Noviembre 14, 2011. Inicio del proceso de socialización y consulta en Sararia. Plataformaenergetica.org 27/05/11 ANB/ABI. Julio 15 de 2012. Varias menciones sobre la consulta para la perforación. La Prensa. Junio 26, 2012. Ultiman detalles para perforar pozo en Liquimuni La Razón, ABI. Abril 12, 2012. Gobierno firmó acuerdo con Consejo Tsimane ABI. Marzo 21, 2012 Gobierno firmó el martes un convenio con la Cirabo ABI. Febrero 27, 2012. Gobierno y CPILAP firman convenio CEJIS. Junio 19, 2012. Boletín Infomativo Nº 51 UCOM /MHE. 2012. Bolivia - UPSTREAM Pellegrini,L., Ribera,A.M.O., 2012. Consultation, Compensation and Extraction in

Bolivia after the ‘Left Turn’: The Case of Oil Exploration in the North of La Paz Department. International Institute of Social Studies (ISS) Erasmus University2-LIDEMA. COCOON-NEBE Project. Journal of Latin America Geography.

Ribera,A.M.O. 2012. Puede el Madidi-Pilón, justificar un Yasuni-ITT boliviano”? Proyecto NEBE-COCOON–LIDEMA. La Paz, Bolivia. 31 p.

Ribera,A.M.O. 2010 c. Sector Hidrocarburos: Análisis general, Zona Tradicional, Norte de La Paz. Actualización 2009-2010. Serie de Estudios de Caso sobre Problemáticas Ambientales en Bolivia. LIDEMA. La Paz, Bolivia. 220 p

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