Conflictos Por El Manejo de Bosques

ConfliCtos en aCCiones de manejo de bosques:

Estudio de casos

Promoviendo laconstrucción de la paz

Conflictos en acciones de manejo de bosques: Estudio de casos

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INFORME FINAL:Conflictos en acciones de manejo de bosques:

Estudio de casos

Presentación

El Informe Final Conflictos en acciones de manejo de bosques: Estudio de casos que a continuación se presenta, es uno de los productos de la Carta de Acuerdo Contribución Financiera de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) a la Universidad Rafael Landívar, en el marco de los conflictos que le ha tocado afrontar al Instituto Nacional de Bosques –INAB- al promover e implementar sus programas de manejo y recuperación de cobertura boscosa.

El propósito fundamental planteado fue encontrar las causas que subyacen en el desempeño del INAB -o las que se presentan combinadas y complementarias-, que pueden entrampar procesos y convertirse en fuente de relaciones conflictivas con diferentes comunidades en el país, dándole paso a eventuales alternativas de resolución.



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ÍNDICE

I. Introducción……..…………………………………………. 03

II. Marco teórico.……………………………………………… 06

III. INAB en el sector público forestal………………………… 13

IV. Descripción de los casos estudiados………………………. 18

V. Análisis de resultados………………………………………. 50

VI. Conclusiones………………………………………………… 59

VII. Recomendaciones…………………………………………... 61

VIII. Fuentes……………………………………………………… 65



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I. Introducción

El Estado de Guatemala a través del Instituto Nacional de Bosques otorga las autorizaciones para el manejo y aprovechamiento de bosques, mediante un proceso administrativo y burocrático establecido en la Ley Forestal y su Reglamento.

No obstante, en el conjunto de las previsiones legales y reglamentarias -con relación al marco de actuación del INAB-, se carece de consideraciones precisas en el plano social y cultural del entorno de los bosques que son aprovechados; al respecto se pueden mencionar: los usos tradicionales del área boscosa y sus efectos en las áreas circunvecinas o de influencia, sus antecedentes y la totalidad de actores sobre los que eventualmente impactaría, así como información/comunicación básica entre el Instituto y la población.

La carencia de sensibilidades en torno a esos aspectos en su desempeño y las más evidentes debilidades e incapacidades del sector público forestal en materia de control sobre usuarios y aprovechamientos ilícitos, han constituido fuente de conflicto. Los motivos más evidentes de las controversias por el manejo de bosques en los casos conocidos -sin descartar otros aspectos-, han sido las preocupaciones de núcleos poblacionales que perciben afectación en su espacio vital o la intervención de componentes y prácticas culturales vinculadas a la interrelación con la naturaleza o el entorno ecológico.

Los tres casos de conflicto que se informan tienen como componentes varios aspectos conectados a esos temas. Se ha identificado a los actores y son múltiples los esfuerzos del INAB por establecer mecanismos que permitan la distensión y resolución de los diferendos con las comunidades implicadas, aunque con magros resultados. Frente a esta situación, la pregunta indispensable fue: ¿qué aspectos de la institucionalidad y de la actividad del sector público forestal están generando tensión y conflicto social? Y, ¿cómo pueden resolverse?

La controversia entre las comunidades que se presentan y el Estado -a través del INAB en su calidad de autoridad forestal-, ha trascendido y generado escaladas del conflicto, lo cual debe resolverse en forma satisfactoria para las Partes. Sin embargo, experiencias semejantes pueden repetirse y multiplicarse a otros espacios y momentos. El material que sigue a continuación se centra en esa relación e interacción sobre la que se informa y se recomienda.



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Los conflictos sociales que forman parte del presente estudio son tres:

• Cerro Tuncaj, ubicado principalmente en el municipio de Granados, Baja Verapaz y los municipios de Cubulco, El Chol y Rabinal, también en Baja Verapaz, y el municipio de Pachalum, Quiché;

• Finca San José Ocaña, municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala;• Montaña Las Granadillas, ubicada en municipio de Zacapa.

Dicho estudio se realizó mediante un equipo de investigadores que contó con responsables de caso, quienes en forma colectiva hicieron una posterior integración de sus análisis, resultados y recomendaciones específicas y generales que aparecen en el cuerpo del Informe Final: 1) Cerro Tuncaj, Gustavo Normanns; 2) Finca San José Ocaña, Byron Morales; y, 3) Montaña Las Granadillas, Luis Martínez y Zaira Lainez.

En el proceso hubo acercamiento y diálogo con diversas representaciones de las comunidades protagonistas, algunos de los agentes privados interesados, funcionarios y técnicos de INAB y otros agentes estatales relacionados (encargados de la seguridad y el orden público, de administración de justicia, áreas protegidas, alcaldes municipales y auxiliares).

En el plano metodológico, se utilizó el estudio de caso como estrategia analítica de investigación. El proceso definido planteó el diagnóstico, determinación de sus causas, actores y propuestas de resolución de los tres conflictos para contar con elementos que permitieran el diseño de planes operacionales dirigidos a su abordaje y la elaboración de propuestas de acción. La unidad analítica fue la controversia entre comunidades y el Estado -representado a través del INAB en su calidad de autoridad forestal-.El marco conceptual se configuró a partir de la teoría del conflicto, así como del análisis y transformación de conflictos, los que fueron enriquecidos por enfoques complementarios de las ciencias políticas y sociales.

En el plano operativo y de las técnicas utilizadas, se realizó revisión documental mediante el examen de expedientes por caso en las Oficinas Regionales y la Central del INAB, así como revisión hemerográfica y en otras publicaciones relacionadas. Se utilizó la técnica de la entrevista semi estructurada con funcionarios del INAB, líderes y miembros de base de las comunidades elegidas, algunos propietarios de bosques, informantes clave de las localidades y se efectuó observación directa.

Se tenía previsto para los tres casos la utilización del Sondeo Rural Participativo, pero por diversas causas fue posible aplicar sus herramientas de manera parcial en los conflictos de Montaña Las Granadillas y Finca San José Ocaña, no así en el caso de Cerro Tuncaj, en el que por razones diversas su énfasis fue la entrevista individual, aunque también se realizaron reuniones colectivas de trabajo.



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Las visitas de campo efectuadas fueron repetidas en al menos una ocasión para cada caso, con propósitos de una mayor amplitud y profundidad de la información.

Posteriormente, fue formulado un “Informe Preliminar” que se presentó a funcionarios de las Oficinas Centrales del Instituto y las Oficinas Regionales que abarcó el estudio. Las reflexiones y aportes hechos en tal ocasión enriquecieron el material en una primera reacción y, quienes lo consideraron pertinente, plantearon críticas, nuevos elementos y propuestas correctivas por escrito, semanas después, lo cual permitió la elaboración de este Informe Final.

El reclamo social en los tres casos estudiados fue dirigido contra el INAB en su calidad de órgano de dirección y autoridad competente del sector público agrícola en materia forestal, aunque cabe indicar que otras dependencias públicas mantienen un concurso potencial o de mediano perfil. Las denuncias y presiones comunitarias dirigidas principalmente al INAB fueron motivadas tanto porque hubiere emitido las correspondientes licencias que autorizan los planes de manejo forestal, como por carecer de capacidad de ejercer los controles necesarios para evitar la tala ilícita.

Si bien cada caso tiene particularidades y atraviesa momentos procesales distintos, hay aspectos comunes que han permitido identificar un conjunto de consideraciones y acciones que pueden contribuir en afrontar de forma apropiada los conflictos abordados, así como aquellos que eventualmente se presenten en el futuro.

Debe advertirse que, a pesar de haber contemplado la elaboración de propuestas de planes de acción para el abordaje y desenlace de las controversias estudiadas, el análisis permitió establecer que dos de los casos contienen componentes que rebasan el mandato específico del INAB, en virtud que dependen de factores ajenos a sus competencias. El tercer caso adquiere matices que asignan una perspectiva más general al tema, demandando innovaciones en la relación del Instituto con las comunidades encartadas y a colocar una mayor atención en dirección al futuro.

Como sea, para los casos abordados resultan pertinentes y posibles aportaciones desde el Instituto para formular y promover soluciones responsables, dinámicas y perdurables, razón por la que se hacen recomendaciones de corto plazo para cada caso específico, así como de largo plazo y complementarias a la gestión pública del INAB.



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II. Marco teórico

II.i) Conflictividad y conflicto

La ‘conflictividad’ está constituida por los aspectos de fondo que propician el desencadenamiento y emergencia del conflicto. Se le entiende como el marco general de factores que condicionan la vida y actividades de un grupo social determinado y que explican el surgimiento de manifestaciones concretas de desacuerdo o controversia, es decir, de conflictos (Martínez, 2009: 25).1

El ‘conflicto’, por su lado, es el resultado de la acumulación de factores, manifestaciones de desacuerdos e intereses encontrados (Martínez, 2009: 30) o valores trastocados o incompatibles, que propician disputa de tendencia creciente entre dos o más partes, aunque con posibilidades de ser conducido, transformado y superado. Así entonces, el ‘conflicto social’ cuenta con rasgos sobresalientes que se expresan en el marco de un proceso colectivo de interacción contenciosa de actores sociales con entidades públicas o privadas o entre actores sociales, que en su interior coinciden en orientaciones cognitivas, movilizados con diversos grados de organización, de cohesión y con expectativas de mejora, de defensa de la situación preexistente o proponiendo un contraproyecto social.2

La interacción contenciosa del conflicto social se manifiesta mediante procesos de acción colectiva, en cuyo marco de protesta o lucha social se utiliza un amplio repertorio táctico. Se realiza en forma visible, pública. En mayor o menor medida se altera el orden o la normalidad cotidiana de una localidad -o varias- o en un espacio territorial más amplio (Hurtado, 2005).

1 La conflictividad, en consecuencia, abarca los asuntos de fondo (estructuras, relaciones sociales, hábitos culturales, prácticas). Es diferente del conflicto. 2 Caracterización adecuada por INTRAPAZ/URL con base en la definición de Lorenzo Cadarso, P.L. en “Fundamentos teóricos del conflicto social. Siglo XXI Editores. España, septiembre, 2001. PP: 12”.



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La acción colectiva en el marco de una movilización social con propósitos reivindicativos, expresa múltiples motivaciones que estimulan la adhesión de quienes participan. Además, propicia sistemas de confianza y “[…] Cuantas más personas puedan participar en un sistema de confianza, mayores serán las ventajas que cada una obtenga. Éste es el aspecto más revelador para el problema de cómo explicar la acción colectiva” (Douglas, 1996: 43). Sobre esta base se reconocen lealtades, se agregan valores colectivos que dan substancia a los desafíos que durante el proceso se encaran y se consolidan las pretensiones de transformación de las causas que originaron el conflicto.

Aspecto importante de mencionar es que, con propósitos de análisis de conflictos, autores como Christopher Moore proponen clasificarlos (Moore, 1995):

• Conflictos de Relaciones: derivados de mala comunicación, emociones fuertes, percepciones, estereotipos, comportamiento negativo repetitivo, estilos de personalidad, etc.

• Conflictos de Información: derivados de poca información, demasiada Información, información equivocada, por importancia de la información, por la forma de interpretación, etc.

• Conflictos de Intereses: que pueden referirse a intereses a) psicológicos: por falta de respeto, de reconocimiento o legitimidad, no escuchar; b) sustantivos: debido a intereses incompatibles, escasez de recursos, etc., y; c) procesales: derivados de que el proceso no se percibe justo, posicionamiento de las partes, confusión sobre el proceso.

• Conflictos de Estructura: referidos a la existencia limitada de recursos, reglas o leyes ambiguas, roles y niveles de autoridad o poder, toma de decisiones.

• Conflictos de Valores: se generan cuando intereses y necesidades se plantean como valores (bueno-malo, justo-injusto), o bien se quiere cambiar o imponer valores a otras personas.

La clasificación del conflicto puede permitir visualizar los énfasis en las propuestas y las acciones puntuales orientadas a su resolución.

Ahora bien, no hay conflictos sin ‘actores’. La categoría de actor se refiere a la persona o colectivo que asume determinadas actitudes y comportamientos en el marco de una controversia. Paul Wehr define al actor como “toda unidad de decisión, directa o indirectamente implicada en el conflicto, y que tenga algún tipo de interés relacionado con el resultado de la disputa” (Martínez Aniorte et. all., 2009: 34).

Para efectos del presente estudio, se diferenció entre actores primarios o ‘partes’ del conflicto, actores secundarios y actores periféricos: los primarios son las partes (individuales o colectivas) cuyos intereses se contraponen en forma directa y compiten por lograr sus objetivos; los actores secundarios, aquellos que están de alguna manera involucrados y que apoyan a las partes en forma constante o eventual.



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Finalmente, los actores periféricos son los que por circunstancias o hechos anteriores o simultáneos al conflicto, aparecen en el escenario e influyen en el desenvolvimiento de la controversia, aunque guarden equidistancia de las partes o simplemente, permanezcan indiferentes.3

II.ii) Conflicto socioambiental

Conflicto social que refiere inconformidad y disputas de colectivos sociales contra pretensiones, disposiciones de otros grupos o de agentes privados o estatales o su combinación, en virtud de efectos que amenazan con desequilibrar el entorno o bien, que obstaculizan la satisfacción de necesidades que requieren sea hecho mediante el acceso y uso de la naturaleza –o su preservación-. Precisamente, en esta categoría se insertan los conflictos en acciones de manejo de bosques.

Los conflictos socioambientales pueden propiciar la creación de otros órdenes sociales y ambientales en cuyo centro está la disputa por el territorio. En consecuencia, son susceptibles de generar relaciones conflictivas que van desde los simples desacuerdos hasta las confrontaciones que implican violencia y que tienden a la aniquilación del otro (Ortiz, 1999: 12).

Cabe insistir que el conflicto socioambiental constituye un proceso social que emerge por disconformidad derivada de la apropiación (debida o no, legal o no), distribución y utilización de la naturaleza, así como la percepción de amenaza o daño al entorno, en tanto espacio de vida. Esta reiteración se hace en virtud de que difiere del problema o daño ecológico o ambiental, expresión que se refiere puntualmente a las implicaciones de menoscabo a las condiciones o circunstancias físicas del entorno natural de un espacio determinado, tal como se menciona al inicio (Morales, 2010).

Desde una perspectiva más amplia, Johan Galtung sostiene que básicamente hay tres factores que influyen de manera prominente:

…las deficiencias de las estructuras, las culturas y los actores. Las primeras por no atender las necesidades básicas de la población, las segundas por justificar la violencia, y los terceros por ser incapaces de aproximarse sin enfrentamiento a los conflictos (Galtung, 2000).

3 Es común que en el análisis de conflictos se denomine al actor secundario también periférico. Para este estudio específico se distingue como dos actores distintos (secundario y periférico) para hacer una diferenciación de la importancia de algunos actores que, aunque sean indiferentes a las Partes, sus motivaciones y el proceso, su sola presencia en el área incide en el curso de los acontecimientos.



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En ese sentido, es prudente hacer algunas consideraciones básicas de ese complejo tejido que entrañan los procesos sociales de interacción contenciosa.

II.ii.i Influencia de las instituciones estatales en la emergencia de conflictos

Las instituciones formales, sus mecanismos y procedimientos de regulación, influyen en la emergencia y desenvolvimiento de los conflictos. Partamos de reconocer al Estado como fuerza concentrada y organizada de la sociedad tanto en el sentido cultural como en el económico; es aquel que concierta las formas más amplias de regulación y los modos de disciplina social a través de los cuales se organizan las relaciones capitalistas de producción y las relaciones patriarcales de reproducción (Corrigan y Sayer, 2007: 47).

La introducción de aspectos institucionales y acciones estatales que desconocen valores o determinadas prácticas culturales en la convivencia y cuidado de la naturaleza, en ese mismo sentido, pueden propiciar conflictos socioambientales. De esa cuenta, el Estado contemporáneo y el papel que desempeña lo plantea como un tejido cultural, o dicho de manera más compleja, como un tejido de tejidos institucional-culturales marcados por la etnicidad y las relaciones interétnicas (Calla Ortega, 2003: 10) o bien, por un sentido del lugar, de lo local, social e históricamente construido.

El Estado muestra una fisonomía institucional capaz de desafiar y modificar determinadas prácticas sociales y culturales, revelando marcas de dominación o asimetría en las relaciones (2003). Dicho de otra manera, el Estado se constituye en un mecanismo denso de desestructuración de realidades sociales sobre las que operan y de inculturación de las poblaciones mediante su institucionalidad y los valores, las concepciones y las prácticas que promueve.Con estos aspectos en cuenta y también considerando que dos de los casos estudiados fueron realizados en áreas del país con población en su mayoría indígena, es conveniente explorar la existencia de eventuales colisiones en la coexistencia de perspectivas de vida distintas, al igual que de diferentes concepciones de desarrollo.

Por una parte, la cosmovisión maya que refiere una percepción total del universo, integrado por elementos particulares, pero sólidamente interrelacionados (Racancoj, 1994). Se trata de un hecho colectivo que es parte central de la estructura mental, actitudinal y emocional del pueblo maya que, al articularse, permite a sus miembros interpretar, reaccionar, explicar, decidir, ver, sentir, pensar y acercarse al mundo y la vida en todas sus formas y manifestaciones. De esa manera, la naturaleza, el bosque y todo cuanto habita en él, contribuyen a la prolongación de la existencia humana, son fuente de vida; por lo tanto, su maltrato conlleva autodestrucción: la madre naturaleza no es una mercancía (Alvarado, 2010).

Del otro lado, tenemos la concepción instrumental dominante de gestión e inventarios (Escobar, 2000), que conlleva una valorización capitalista estricta



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de los recursos naturales, fundamentada en la racionalidad económica y el fomento de la productividad, la eficiencia y la iniciativa individual como pilares del desarrollo y progreso. En otras palabras, valora la naturaleza como mercancía, punto de entrada al desarrollo.En esta visión, el ‘desarrollo’ -al margen de los cuestionamientos al término-, se plantea como principio central organizador de la vida social. Describe tanto un valor como un marco interpretativo mediante el cual se hacen inteligibles una multitud de observaciones cotidianas (Escobar, 1997).

Tal noción de desarrollo se relaciona con el proceso dirigido a preparar el terreno para reproducir las condiciones que se supone caracterizarían, al menos hasta el período posterior a la segunda guerra mundial, a las naciones del mundo más avanzadas en lo económico: industrialización, alta tasa de urbanización y de educación, tecnificación de la agricultura y adopción generalizada de los valores y principios de la modernidad, incluyendo formas concretas de orden, de racionalidad y de actitud individual. Planteado así, el ‘desarrollo’ conlleva simultáneamente el reconocimiento y la negación de la diferencia y es, al mismo tiempo, el mecanismo que deberá eliminar esa diferencia (1997).

Esas nociones y sus expresiones en el modelo productivo y la política estatal, son factores presentes en la conflictividad social. Al mismo tiempo, influyen en la configuración de movimientos sociales, en el surgimiento de controversias -o conflictos- que se manifiestan.4

II.ii.ii Territorio y gestión de desarrollo

El territorio, se define como el espacio socialmente construido y de fronteras definidas -en lo principal- por los procesos de los actores sociales que lo intervienen y lo transforman (Aguirre, 2011: 43), más allá de las características espaciales, biofísicas o por las divisiones político administrativas. La gestión del desarrollo territorial, en algunas vertientes que la promueven, se interesa en estimular la participación social, entendida como el proceso en el cual la población, de forma voluntaria y consciente, se involucra en los asuntos públicos, con el fin de defender intereses, satisfacer necesidades y solucionar problemas (Sosa y Quezada, 2009: 54).

La gestión del desarrollo territorial, en consecuencia, supone que la aspiración de las regiones rurales es promover dinámicas virtuosas que orienten, de manera simultánea, “crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental” (2011: 45). Esa perspectiva propone la intervención y gestión territorial, contando con elementos esenciales como: la comprensión de los procesos de cambio, la posición de actores y coaliciones en cuanto a interés y poder, el fortalecimiento de capacidades y el lanzamiento de

4 Por ejemplo, en el plano de conflictos socioambientales, las disputas por el control de la naturaleza (en muchos casos entre comunidades locales e intereses de capitales nacionales y extranjeros) y en la emergencia de movilizaciones sociales defensivas del valor económico, ecológico y cultural que las mismas comunidades asignan a la naturaleza.



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iniciativas de incidencia (local, regional, nacional). La gestión se convierte en factor clave para el desarrollo y la gobernabilidad (2011: 45 y 46).5

El papel del Estado es crucial. En el caso guatemalteco, el Estado desconoce los procesos sociales y sigue vigente una especie de tradición autoritaria en el funcionamiento de las instituciones (prevalece una dominación ejercida desde la coerción, restando valor al consentimiento).6 Al mismo tiempo, las dependencias públicas cuentan con recursos escasos para su desempeño, se cuestiona su autoridad y tiene pocas capacidades de lograr un efectivo respeto y cumplimiento de las instituciones.

La consecuencia es una proyección gris y el distanciamiento de la política hacia lo social. Se abona en la desconfianza y el descrédito del quehacer público. De esa forma, las dependencias y las políticas estatales son susceptibles de producir situaciones de tensión que en múltiples ocasiones desembocan en conflictos sociales disfuncionales.7

La ‘tensión’ se refiere a contextos en los que se producen graves estados de oposición u hostilidad latente y polarización social o política. Es capaz de desencadenar enfrentamientos entre distintos grupos (políticos, étnicos, religiosos, otros), o entre éstos y el Estado, que pueden alterar el funcionamiento ordinario de las instituciones estatales.8

La incapacidad de un Estado de proveer condiciones mínimas para satisfacer las necesidades de la población, tiene inherencia directa sobre la conflictividad. Las estructuras desiguales y las limitaciones a requerimientos básicos de vida -como educación, salud, seguridad social, servicios de agua y luz, -, hacen que la conflictividad sea mayor y que su abordaje sea complicado. Esto nos lleva a inferir que la conflictividad se reduce, en cierta medida, mediante la atención y solución de esas necesidades o intereses desatendidos (PNUD, 2006).

5 La acepción de gobernabilidad para este caso, es la de un proceso político basado en un acuerdo aceptado en relación a principios, normas y objetivos de bien común que rigen el marco y la posibilidad de acción de los sujetos-actores y sus liderazgos. Alude a una acción que privilegia el que hacer gubernamental, lo público institucional y su real o potencial legitimidad y eficacia, haciendo referencia a la capacidad del Estado para viabilizar sus decisiones y políticas. Sus consecuencias son la aceptación ciudadana o su impugnación por diversos mecanismos (Sosa, 2010: 25). Existe otra noción planteada por el término gobernanza, entendido como la serie de actividades relacionadas que envuelven tres niveles: la creación de reglas, la aplicación de reglas y la adjudicación de reglas. Su objetivo es generar ‘certeza de procedimiento’, dando como resultado legitimidad y credibilidad frente a los actores y la población (Mack y Ortiz, 2006: 5). 6 Un ejemplo son las leyes sobre temas específicos que sugieren o suponen como transversal la participación ciudadana. En la práctica son aspectos que suelen descartarse por innecesarios, en virtud que la representación política, la delegación de soberanía a través del voto y el mandato que se desprende, son atributos suficientes de la autoridad democrática por antonomasia.7 Los conflictos disfuncionales son los que derivan en destrucción y muerte.8 Adaptación de la definición de la Escola de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona, referida en FISAS, Vicenç. (2004). Procesos de paz y negociación en conflictos armados. España: Ediciones Paidós Ibérica, S. A.



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Factor importante de mencionar también -contenido en el informe de PNUD citado-, es la recuperación de un país luego de una guerra. Pueden pasar años para reinstalar las estructuras dañadas o para generar nuevas que permitan un desarrollo equitativo. Podría decirse, en consecuencia, que implica al menos dos cosas necesarias de tener presentes: la permanencia del conflicto social y cierta inercia en sus manifestaciones más evidentes. En el caso guatemalteco, esto sigue evidenciándose a pesar de que se firmaron Acuerdos de Paz en 1996. La conflictividad ha prevalecido -de hecho incorporando nuevos componentes- y se hace manifiesta mediante conflictos específicos que surgen a partir de condiciones coyunturales precisas, a manera de desencadenantes que, a su vez, pueden encontrar su correspondiente explicación en situaciones históricas (Martínez et al., 2009: pp.29), indispensables de considerar.

Precisamente, de la experiencia recogida en trabajo de campo sobre la conflictividad socioambiental en el país, INTRAPAZ/URL ha reunido información sobre aspectos que son altamente influyentes en la emergencia de conflictos y luchas sociales. Como ejemplo, se puede citar: la recurrente indiferencia y desconocimiento estatal a los mecanismos ancestrales de consulta, organización, participación y autoridad en comunidades indígenas, el abandono del Estado a los problemas que afronta la población campesina en el área rural y la simple imposición de disposiciones que comúnmente benefician a ‘otros’ sin raíces en la localidad.

Es habitual que las disposiciones, procedimientos y dinámicas institucionales (formales) contravengan dinámicas y lógicas del lugar, frente a lo cual hay respuesta en términos de movilización política de la sociedad.

Muestra de la afirmación anterior nos la brinda Sosa, al abordar el caso del conflicto social que se libra contra la mina en Sipacapa, San Marcos, sugiriendo que está apuntando a la construcción de gobernabilidad ‘alternativa’. La movilización sociopolítica generada en ese municipio en respuesta a la actividad extractiva de la minera con el respaldo del Estado, muestra la emergencia de un proceso de reconfiguración y de disputa territorial en defensa de la naturaleza -en tanto bien público y espacio vital-, de la participación, la representación, la legalidad y la legitimidad como partes esenciales de un contexto democrático que la institucionalidad vigente no brinda (Sosa, 2010: 31).



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III. INAB en el sector público forestal

El ámbito jurídico-institucional del sector público forestal está definido por dos leyes específicas: la Ley Forestal,9 que crea el Instituto Nacional de Bosques –INAB– y la Ley de Áreas Protegidas,10 que crea el Sistema General de Áreas Protegidas –SIGAP-11 y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP– (como el órgano máximo de dirección y coordinación). El objeto de la Ley Forestal –que es la que principalmente interesa en el presente estudio–, es todo lo relacionado con la reforestación y la conservación de los bosques. Establece una serie de objetivos mediante los cuales se propicia el desarrollo forestal y su manejo sostenible.

La estructura administrativa establecida por el artículo 9) de la Ley mencionada, define un nivel superior integrado por la Junta Directiva y la Gerencia, órganos que de manera conjunta -y por iniciativa del segundo-, pueden crear las unidades técnicas, científicas y administrativas necesarias, además de la reglamentación de sus funciones, métodos y procedimientos.

Los términos generales de la estructura organizacional (López Francisco, 2002: 86) están definidos de la siguiente manera: Sede Central, Operación Regional, Proyectos, Oficina Forestal Municipal, Regente Forestal y Cooperación para la acción. El INAB tiene presencia en el territorio nacional con 9 Oficinas Regionales y 33 Oficinas Subregionales,12 encargadas de canalizar y atender las solicitudes de los servicios que en los temas forestales atiende.13

9 Ley Forestal, Decreto Número 101-96 del Congreso de la República de Guatemala, de fecha 31 de octubre de 1996 y su Reglamento vigente, aprobado por Junta Directiva de INAB, el 6 de diciembre de 2005.10 Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89, la cual ha sido reformada por dos Decretos, el 18-89 y el 100-96.11 El SIGAP está integrado por todas las áreas protegidas y entidades que las administran, con el propósito de conservar, rehabilitar, mejorar y proteger los recursos naturales del país, particularmente de la flora y fauna silvestre.12 Región I (Metropolitana); Región II (Las Verapaces); Región III (Nororiente); Región IV (Suroriente); Región V (Central); Región VI (Occidente); Región VII (Noroccidente); Región VIII (Petén), y; Región IX (Costa Sur).13 Se componen de Director, Director Técnico, Auxiliar Jurídico, Delegado Administrativo, Secretarias



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Dos estructuras y con ellas dos programas son importantes para el presente estudio. Las Operaciones Regionales –OR–, son encargadas de concretar la creación de las Oficinas Forestales Municipales –OFM– a través de programas como el Programa de Fortalecimiento Forestal Municipal y Comunal –BOSCOM– y el programa de incentivos forestales (PINFOR y PINPEP). Ese aparato organizado se corresponde con la Política Forestal Nacional que apunta a la generación de comportamientos beneficiosos o convenientes desde el punto de vista social. En ese marco, los incentivos forestales devienen en instrumento de política, cuya importancia reside en que permiten la modificación de la actitud de los agentes a los cuales va dirigida.

Por su lado, las Oficinas Forestales Municipales son piezas claves para la realización de dicha política como para la interlocución con las comunidades y municipalidades y su participación en la gestión forestal del lugar. La importancia de las estructuras que posibiliten la materialización de la política forestal, como lo explica Carrera, determina que los incentivos no sean un fin en sí mismo:

…el incentivo por sí solo no es suficiente para ser efectivo con relación a la Política Forestal, sino que se necesita de un aparato institucional y de un ambiente estratégicamente adecuado que permitan que el mismo pueda producir los frutos esperados con relación al sector forestal y los alcances deseados de cara a la Política Forestal del país (Carrera, 2003:2)

Esta articulación institucional-social de estructuras, intereses, política, dinámicas y prácticas es lo que da razón para afirmar que las OFM pueden ser más que interlocutoras o facilitadoras del proceso de relacionamiento INAB-comunidad. El quid de la cuestión reside en el paso de ‘lo que pueden ofertar’ –como servicios– a lo que pueden contribuir a garantizar: el derecho a la gestión ambiental del territorio.

Aspecto fundamental a tenerse presente, es que el aprovechamiento sostenible de bosques es una estrategia orientada a la recuperación y conservación de cobertura boscosa y a la reducción de la deforestación en el país, fuera de las áreas protegidas. En otras palabras, se promueve y se generan condiciones que propicien el establecimiento de bosques, ya sea voluntariamente para su aprovechamiento o por medio de incentivos.

Las actividades de aprovechamiento requieren de un plan de manejo autorizado por el INAB, que es el aspecto distintivo de la actividad forestal lícita de la que no lo es.14 La licencia de aprovechamiento forestal es básicamente la autorización para

y Técnicos Forestales.14 Las operaciones forestales realizadas siguiendo criterios de manejo forestal y bajo control, de acuerdo con las leyes vigentes y con regulares permisos de aprovechamiento, son consideradas ‘tala legal’. La ‘producción ilegal’ (o clandestina), es la realizada en forma abusiva y que escapa totalmente a los controles del Estado. También está la ‘producción legalizada’, entendida como aquella que desde el punto de vista jurídico es legal, pero que ha sido producida en forma fraudulenta, sin respetar lo autorizado (Sandoval y



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implementar el plan de manejo que, a su vez, es un instrumento fundamental en el monitoreo del aprovechamiento y de las técnicas silviculturales aplicadas a la masa forestal.15

El Reglamento vigente de la Ley Forestal establece que el Instituto puede otorgar licencias de protección forestal (artículo 30) y licencias de aprovechamiento, manejo e industrialización forestal (artículo 40). Estas últimas son las autorizaciones para el aprovechamiento del bosque, cuya finalidad es la implementación de planes de manejo forestal, ya sea con propósitos científicos, de producción, protección, saneamiento o salvamento.

Es importante mencionar que además del INAB y CONAP, así como del papel de las municipalidades y los Consejos de Desarrollo, en la gestión ambiental del sector público también inciden el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA- y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-. Así mismo, el control de la actividad forestal incluye a órganos encargados de la aplicación de justicia: el Ministerio Público, la División de Protección de la Naturaleza –DIPRONA- (órgano especializado de la Policía Nacional Civil), Jueces y Oficiales de los Juzgados jurisdiccionales.

III.i) Participación social en las acciones y beneficios de la actividad forestal

Para el mismo efecto de propiciar el desarrollo forestal y su manejo sostenible, la Ley Forestal en su tercer Considerando alude a la importancia de propiciar desde el sector público, la participación de las comunidades rurales en las acciones y los beneficios de la actividad forestal como fundamento de sus programas, mediante un empleo técnico que atienda las características naturales y el entorno social y ecológico de los bosques.

La aprobación de la Ley de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal (Ley del PINPEP) en diciembre del año 2010, subsanó el vacío de la Ley Forestal que dejó fuera a un importante segmento de la población (los pequeños propietarios) que es parte del sector forestal del país, en virtud de que en su Junta Directiva se representa el sector público, las gremiales empresariales y organizaciones no gubernamentales relacionadas y las universidades.

La Ley del PINPEP establece en sus objetivos la participación de los poseedores de pequeñas extensiones de tierras en los beneficios de los incentivos económicos en materia forestal, así como en el fomento de la equidad de género, priorizando la participación de grupos de mujeres en el aprovechamiento de bosques. Su artículo 5 crea el órgano de dirección técnica del Programa (el Comité Directivo –CODI-), integrado entre otros actores, por la ‘Red Nacional de Comunidades Organizadas Beneficiarias del PINPEP’.

Castañeda, 2009: 5).15 Para más información ver el artículo 48 de la Ley Forestal.



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En palabras del Gerente del INAB,16 con la aprobación de la Ley del PINPEP por el Congreso de la República y del Reglamento respectivo por la Junta Directiva del Instituto, se ha generado un abanico de oportunidades que estarán permitiendo la alianza entre comunidades y el Instituto para abordar diversidad de asuntos, tanto en materia de incentivos como de lo que denomina ‘de gobernabilidad forestal’ en todo el territorio nacional (Ramírez Pérez, 2011).

Los esfuerzos en materia de construcción de espacios participativos de deliberación y acción han sido múltiples. Se han generado instancias de seguimiento a la Agenda Nacional Forestal y otras, con preocupaciones e intereses específicos que han intentado darle atención a las particularidades territoriales, culturales y productivas de las diferentes regiones, tales como: la Alianza de Organizaciones Forestales Comunitarias, Mesas de Concertación y Política Forestal, Foros Temáticos relativos a competitividad, educación, cambio climático, servicios ambientales y certificación forestal, entre otros. En el mismo sentido, fueron formuladas diversas propuestas de trabajo, como la de articulación de iniciativas con la Red Nacional de Autoridades y Organizaciones Indígenas de Guatemala (Alvarado, 2010).

III.ii) Aspectos relevantes necesarios de considerarse

Hay aspectos de fondo -generalmente desatendidos- que se presentan y demandan abordajes adecuados –aún pendiente de hacerse, aunque con esfuerzos reconocidos-, tal el caso de la colisión de visiones entre “…el sector forestal profesional (INAB, madereros, regentes) y por lo menos un sector importante de la población indígena” (Larson y Barrios, 2006: 65):

o La contradicción empieza con el énfasis comercial y lucrativo del enfoque de aprovechamiento forestal de los primeros.

o Las limitadas capacidades institucionales para ejercer un control eficaz sobre los aprovechamientos abusivos e ilegales en el sector forestal.

o El hecho que a lo largo del tiempo de existencia del INAB y las entidades que le antecedieron, sus principales usuarias sean empresas madereras.

Las comunidades indígenas sostienen una perspectiva y una relación distinta con la naturaleza y el bosque, el cual es reconocido, invocado y valorado como sujeto dador de vida (Alvarado, 2010). Sin embargo, se sobreentiende que estos aspectos cosmogónicos no implican que el bosque sea intocable sino orientan a un aprovechamiento cuidadoso, de profundo respeto, rechazando los extremos irracionales que lo destruyen.

16 Discurso de apertura de la reunión de conformación de la Red Nacional de las Comunidades Organizadas Beneficiarias del PINPEP y elección de sus representantes en el CODI, los días 21 y 22 de julio 2011.



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Las valoraciones sociales antes anotadas y los aspectos de la cosmovisión indígena, se reafirman con:

o Actitudes personales de algunos profesionales de la Agronomía Forestal.o El recurrente argumento del cumplimiento estricto de la ley.o La protección diferenciada de intereses y aprovechamientos (favorecimiento de

sectores privilegiados): se castiga y multa por una ‘carretada’ de leña al productor empobrecido, “…en contraste con la pasada de camiones (legales) cargadas [sic] de madera en trozos…” (Larson y Barrios, 2006: 65).

De esta manera, se cae en la cuenta de la forma en que la concepción que subyace en la formulación de las instituciones vigentes, la estructura operativa creada y los procedimientos definidos, son susceptibles de propiciar la emergencia de conflictos sociales y de mostrar importantes flancos de debilidad para realizar adecuaciones oportunas, a pesar de flagrantes visos de tensión y muy probable confrontación.



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IV. Descripción de los casos estudiados

IV.i) Cerro Tuncaj

Partes del conflicto Intereses

COCODES y Alcaldías Auxiliares de las comunidades de Saltán, Medio Monte, Pachojob, Caserío Tuncaj, Llano Grande y Guapinol.

Alcalde Municipal y Alcaldes Auxiliares de Granados, Baja Verapaz, hasta el 14 de enero del año 2012.

Protección de bosque y fuentes de agua.

Propietarios privados de Finca San Antonio: hermanos Natael Ever y Everardo Secundino Gramajo Barrios.

Ejecución del plan de aprovechamiento forestal autorizado.

El Estado a través del Instituto Nacional de Bosques (INAB). Cumplimiento de mandato legal.

IV.i.i) Marco general de referencia

El Cerro Tuncaj es parte de la Sierra de Chuacús. El área principal del Cerro está situada principalmente en el municipio de Granados, Baja Verapaz y en menor escala, en El Chol, Rabinal y Cubulco del mismo departamento, los cuales forman parte del área de influencia del Cerro.17 Se localiza en las coordenadas latitud Norte: 14º59’50’’ y longitud Oeste: 90º39’00’’; tiene una extensión de 8100 metros, la parte más alta es la meseta del Cerro Tuncaj con 2,428 msnm (DMP de Granados, 2011: 7). Se encuentra dentro de la zona denominada Corredor Seco de Baja Verapaz, por lo que el área tiene características climáticas y meteorológicas similares (Méndez Paiz y Chew, 2006: 9,12-14).18

17 La delimitación del “área de influencia” obedece a criterios técnicos que no incluyen al municipio de Pachalum, cuyos habitantes sin embargo, se sirven del agua proveniente del Cerro Tuncaj (INAB, 2010: 2-3).18 La precipitación anual varía entre 650 y 1,000 mm., al igual que las seis microcuencas de Baja Verapaz evaluadas por FAO en 2009 (Basterrechea, 2009) El rango hipsométrico en el que se sitúa el límite inferior del cerro es a partir de los 1,500 msnm. Las áreas climático-meteorológicas presentes son: bosque seco subtropical, bosque húmedo subtropical –templado-, bosque húmedo montano bajo tropical y bosque muy húmedo subtropical -frío- (Méndez Paiz y Chew, 2006: 9,12-14).



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El Cerro Tuncaj es catalogado como zona de recarga hídrica. En la zona se ubican algunas microcuencas importantes como: Belejeya, Pamacal y Río Cotón que cuenta con 26 manantiales, 13 de los cuales son captados para riego o uso humano. Desde el punto de vista hidrográfico se encuentra en un parte-aguas de dos grandes vertientes que surcan el país: la del Golfo de México y la del Atlántico.19

La cubierta vegetal está constituida por bosques latifoliados, de coníferas, mixtos y secundarios (matorrales) con especies como liquidámbar, encino, leguminosas, pinos de variedades ocarpa, maximinoi, y tecunumani, así como nace, subín, lengua de vaca y algunos quercus. La dinámica de pérdida de bosque entre 1991 y 2001, era de 307 hectáreas por año.20 Según especialistas consultados -de IARNA/Universidad Rafael Landívar-, la actualización de datos sobre este tema -esperada para el año 2010-, aún está en curso; sin embargo, los datos publicados con los que se cuenta en la actualidad reflejan palmariamente la situación de los cinco municipios del área de influencia del Cerro Tuncaj.

En cuanto al uso del suelo, el agropecuario representa sólo un 11.10% para los cinco municipios de influencia, los bosques secundarios (matorrales) el 46.78% y el bosque mixto un 34.25%. En lo referido a la capacidad de uso, las tierras forestales de producción en esos municipios representan un 47.42% del total y las tierras forestales de protección un 5.00%. El 43.7% de las tierras está siendo ‘subutilizado’ (Méndez Paiz y Chew, 2006:16-13).

Cada municipio tiene características sociodemográficas y étnicas bien diferenciadas. Los contrastes son grandes, por un lado entre Granados, Pachalum y El Chol; y, por otro, Rabinal y Cubulco: los primeros tienen alta concentración de población ladina y los dos últimos tienen mayoría indígena (2006: 24), casi la mitad del promedio nacional.21

IV.i.i.i Algunos aspectos históricos sobre los municipios

La cabecera municipal de Granados se ubicaba en la actual aldea de Saltán. El 13 de enero de 1893 por disposición presidencial se trasladó a la finca El Rodeo, su actual ubicación. Las raíces de su sociodemografía se relacionan con la dinámica productiva en Cerro Tuncaj, donde empresarios venidos de afuera traían consigo trabajadores de municipios aledaños –entre otros, de San Juan Sacatepéquez, en su mayoría indígenas y mal pagados- (Ortega, entrevista, 16/05/2011). 22

19 Un indicador de riesgo socioambiental es la presencia detectada de la bacteria E. Colli en una de las cajas de captación que surten al municipio de Pachalum (Comisión de la Mesa de Diálogo Hidroforestal, 2010: 6-10).20 Aunque el informe de la Mesa de Diálogo Hidroforestal no aporta datos más recientes, la comparación de la fotografía satelital entre 1998 y 2006 evidencia el avance de la deforestación. 21 En el municipio de Granados, donde se sitúa la mayor parte del Cerro, la población indígena representa el 9.6% del total. La presencia humana es baja en el Cerro Tuncaj, pese a la relativamente alta densidad poblacional del municipio de Granados que es de 66 habitantes/Km2. 22 La familia Alvarado fue una de las primeras en Granados–incluso afirman ser la primera que llegó al lugar-. Según Amalia Alvarado Reyes, ‘en el municipio de El Chol existe un rollo de papel que hace



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En lo que respecta a los otros cuatro municipios de la zona de influencia, los pueblos más antiguos son Rabinal y Cubulco -de la época precolombina-, los que resumen buena parte de la historia y tradición del departamento de Baja Verapaz. En cuanto al municipio de El Chol, fue fundado por Fray Bartolomé de las Casas con el nombre de Santa Cruz de Belén de los Indios Choles en honor a sus habitantes originarios. El municipio de Pachalum es el de más reciente creación, aunque la fundación del pueblo data del 28 de abril de 1817 (Figueroa Arévalo, 2010).

En cuanto a la situación socioeconómica, el entorno general de la ‘zona de influencia’ ofrece grandes contrastes vinculados a sus rasgos sociodemográficos. En 2005, los índices de pobreza en Rabinal y Cubulco -de mayoría indígena-, eran de 78.6% y 82.0% respectivamente, mientras que en Granados 68.6% y el Chol 68.4%. En Pachalum la pobreza alcanzó un 54.1% (PNUD, 2005).

El crecimiento demográfico en la zona ha disminuido en los últimos años. Este puede ser un indicador de que la zona expulsa población por razones económicas (DMP de Rabinal, 2010: 13-14). Según datos de 2009, al menos 39,800 bajaverapacenses viven en el extranjero y envían remesas por un valor aproximado de 2.6 millones de dólares estadounidenses (PNUD, 2010: 365-368).

La población total del municipio de Granados, según el INE, se estima en 11,291 habitantes para el año 2011 (5,853 mujeres y 5,438 hombres). Según el informe del PNUD de 2009-2010 el índice de desarrollo humano de Granados es de 0.56 (frente a un 0.64 nacional). La tasa de alfabetismo es de 72.6% (69.3% en hombres y 75.5 % en mujeres). El índice de densidad del Estado es de 0.27 (PNUD 2010).

IV.i.ii) Problema

Oposición social a cualquier práctica de deforestación del Cerro Tuncaj, lícita o no, en comunidades de los municipios que son parte de la ‘zona de influencia’ y beneficiarias aledañas, en virtud del impacto que puede generarse en las fuentes que les proveen de agua. Se responsabiliza al INAB.

IV.i.ii.i El origen del problema

El conflicto socioambiental en el Cerro Tuncaj salió a la luz en el año 2000, cuando el Alcalde Auxiliar e integrantes de la Junta Directiva del Comité Comunitario de Desarrollo de la aldea de Saltán, Granados, iniciaron una serie de reclamos y denuncias de pérdida de la cobertura boscosa en el área.

mención sobre nuestra familia diciendo que somos descendientes de los españoles, pues en ese tiempo en El Chol estaban los indios choles y aquí no llegaron ellos’ (DMP de Granados, 2011).



21

Años más tarde, el 8 de agosto del 2006, INAB emitió la licencia que se identifica como DR-II-333-M-06, con una duración de cinco años (2006-2011), a favor de la finca San Antonio, ubicada en el municipio de Granados. El plan de manejo aprobado, establece cinco turnos.

El desconocimiento de la población de la existencia de planes técnicos para el manejo del bosque y la carencia de mecanismos adecuados de la autoridad forestal para informar a las comunidades -sobre la ejecución del plan aprobado para la finca San Antonio-, estimuló desconfianza hacia el Instituto y acciones colectivas (de hecho) que perseguían frenar la tala de árboles.

No obstante, personal técnico del INAB habría reportado -con anterioridad-, actividades ilícitas de algunos propietarios de fincas establecidas en la zona (Caballeros, entrevista, 17/03/2011). En la ‘Mesa Hidroforestal’ de 2010 se estableció que de las 306.4 hectáreas aprovechadas, al menos en el 34.5% habían actividades ilícitas, principalmente producción de leña y carbón. El 64.6% de esa superficie corresponde a manejo forestal, como la producción de madera, leña y resina (CMDH, 2010). De la información obtenida en el lugar y el Instituto, la manifiesta controversia en el año 2000 alertó sobre su posible escalada tanto a INAB como a diversas instituciones y organizaciones que operan en la zona. Sin embargo, no se actuó en forma oportuna y adecuada. La población de la aldea Saltán, Medio Monte, Pachojob, Caserío Tuncaj, Llano Grande y Guapinol, a través de sus respectivas autoridades locales, ha cuestionado el papel del INAB, señalando que hay tendencia a beneficiar a los finqueros (Ortega, entrevista, 16/05/2011).

Pobladores entrevistados consideran como evidencia que, al momento de hacer gestiones para que fuera suspendida la tala, sus representantes recibieron un trato inadecuado por parte de funcionarios en la Oficina Regional ubicada en Rabinal, situación que se repitió frente a delegados de otras comunidades y de dependencias públicas en reuniones del Consejo de Desarrollo Departamental (Ortega, entrevista, 16/05/2011).

Por aparte, los encargados de INAB en la región indicaron que los estudios técnicos aseguran que el manejo en esas fincas que cuentan con licencias forestales, en realidad es adecuado. Sostienen que, contrario a las fincas pequeñas, garantizan mejor la conservación de la cubierta boscosa necesaria para proteger la zona de recarga hídrica del Tuncaj (Camey, entrevista, 16/03/2011; Caballeros, entrevista, 17/03/2011).

IV.i.ii.ii Situación actual

Las tensiones han disminuido en el área, pero se mantiene como un conflicto latente que bien puede manifestarse de nuevo, dependiendo de cómo se desenvuelvan los acontecimientos (atención al reclamo de vecinos, continuidad de la tala legal o no, entre otros).



22

La reanudación de la tala de árboles y el tránsito de vehículos cargados con trozas, puede activar el conflicto, en especial en las áreas en donde están las comunidades más movilizadas.23

IV.i.iii) Actores del conflicto

Los actores directos del conflicto son varios. Están conformados, en principio, por las comunidades más activas en torno a la controversia surgida por la tala de árboles: una parte importante de la población de las aldeas Saltán, Llano Grande, Guapinol y el caserío Medio Monte, en Granados; aldea Pachojob y caserío Tuncaj, en Cubulco. Se han representado a través de las Alcaldías Auxiliares y de las Juntas Directivas de los respectivos Comités Comunitarios de Desarrollo (COCODE).24

Otro actor importante es el Alcalde de Granados hasta el 14 de enero del 2012, Byron Rolando Alvarado Marroquín. Brindó un espaldarazo político a las gestiones y movilización de las comunidades mencionadas, aunque ha sido cuestionado por supuestas implicaciones en negocios madereros ilícitos en el pasado.25 En efecto, personal del INAB reportó con anterioridad algunas actividades ilícitas entre propietarios de fincas. Este es el caso de la detención en 1998 de un vehículo, propiedad del alcalde Alvarado Marroquín, por transportar madera sin la debida autorización (Camey, entrevista, 16/03/2011).

En los casos de las Alcaldías de Cubulco, Rabinal, El Chol y Pachalum, hay variados niveles de acompañamiento a sus respectivos vecinos movilizados en el marco del conflicto. En términos generales, su respaldo es más fuerte en el discurso. La movilización sociopolítica, la gestión y la administración de los bienes hidroforestales, aparecen débilmente abordados y respaldados en lo político y lo técnico desde esas alcaldías municipales.

No obstante, existen espacios de convergencia y coordinación intermunicipal, como la Mancomunidad de Municipalidades del Valle –MANCOVALLE-26 y la Asociación de

23 En cuanto al control de estas actividades, es de hacer notar que la influencia y relevancia de DIPRONA, el MP y el Organismo Judicial es inferior al que revelan los hechores de ilícitos como lo confirma el Mapeo de Actores del Sector Forestal Guatemalteco (Maas Ibarra y Solórzano Castillo, 2010).24 Otras comunidades y agrupaciones sociales han respaldado a los vecinos de las localidades antes mencionadas, pero la dimensión de sus acciones ha sido sensiblemente menor, más cercano a la gestión e incidencia en espacios estatales y privados locales. Entre otras: Asociación del Agua de Pachalum, Juntas Directivas de COCODES de los municipios de El Chol, Cubulco, Rabinal y Pachalum, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala –STEG-. De esa cuenta, son parte del recuento de actores secundarios y periféricos que se aborda más adelante.25 Debe indicarse que este hecho y su papel al frente del gobierno municipal constituye un aspecto que, desde la perspectiva del personal del INAB, desautoriza al alcalde Alvarado para abogar por las reivindicaciones comunitarias en mención. Motiva además que, en el marco del conflicto, se valore como ilegítima su actuación, pues –indican- que en el fondo lo que verdaderamente subyace es el interés por ganar simpatías electorales.

26 MANCOVALLE está integrada por las alcaldías de Salamá, San Jerónimo, San Miguel Chicaj,



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Municipalidades de Convergencia de los Ocho –AMCO-,27 los cuales han contribuido en acciones eventuales en búsqueda del establecimiento de una veda forestal en la zona del Cerro Tuncaj.La otra parte del conflicto, es la constituida por los dueños de varias propiedades que tras realizar las gestiones respectivas y cumplir con todos los requisitos legales, se convirtieron en usuarios del INAB.

El caso más destacado, reiterado por las autoridades municipales de Granados, es la de finca San Antonio, destinada principalmente a la actividad productiva forestal. Precisamente según esta versión, es la oposición al aprovechamiento forestal de dicha finca la que se convirtió en el centro de la controversia más extendida, en defensa del Cerro, pues cuenta con un plan de manejo autorizado por INAB para aprovechamiento forestal, de 198.14 has., el cual corresponde a cerca de la mitad del área total del Cerro Tuncaj.

La finca San Antonio es considerada por el Instituto (Caballeros, entrevista, 16/05/2011), como modelo de manejo forestal sostenible.28 Esto fue cuestionado por el Alcalde de Granados (hasta 2012) y los directivos del COCODE de Saltán.

Otros actores identificados -con interés en la explotación forestal- son los propietarios de fincas Monja Blanca, San Juan Nepomuceno, Monja Blanca, Medio Monte, La Unión y El Durazno, también ubicadas en el municipio de Granados. Se dedican principalmente al aprovechamiento de los bosques, cuentan con las licencias que aprueban los planes de manejo y son beneficiarios del PINFOR.

Sin embargo, en la controversia aparecen en un segundo plano. Usuarios de los programas del INAB, pequeños propietarios y vecinos del ‘área de influencia’ del Cerro Tuncaj, también se han unido para frenar la deforestación. El actor institucional más cuestionado por la población es el INAB. Otras entidades públicas mantienen un concurso potencial o de mediano perfil como en el caso de la PDH, cuando las tensiones suben de tono; también DIPRONA,29 MAGA, CONAP y el MP.30

Rabinal y Granados, todos municipios del departamento de Baja Verapaz.27 AMCO abarca municipios de San Martín Jilotepeque (Chimaltenango), Granados, El Chol y Cubulco (Baja Verapaz), San Raymundo y San Juan Sacatepéquez (Guatemala) y Joyabaj y Pachalum (Quiché).28 El volumen de extracción de madera autorizada fue de 1,535.63 m3 para la finca San Antonio, de los 3,606.63 m3 autorizados en la zona de influencia del Cerro Tuncaj (CMDH, 2010).29 La actuación de DIPRONA (División de Protección de la Naturaleza de la Policía Nacional Civil), es limitada e insuficiente. En el departamento de Baja Verapaz sólo hay un delegado ubicado en Salamá, que tiene bajo su cargo a 17 agentes asignados.30 El Mapeo de Actores del Sector Forestal Guatemalteco referido antes, sitúa la influencia de CONAP a nivel nacional como de primer orden. En la región del Cerro Tuncaj no es tan relevante debido a que la propuesta de declarar área protegida a la zona del Cerro Tuncaj aún no ha cobrado aliento en la región.



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IV.i.iii.i Actores secundarios y periféricos: intereses y comportamiento

Actores secundarios Actores Periféricos Intereses expresados / Manifestados

Propietarios de fincas Monja Blanca, San

Juan Nepomuceno, Monja Blanca, Medio Monte, La Unión, El

Durazno.

Producción forestal. Usuarios del PINFOR.

Pequeños propietarios de fincas y habitantes de las comunidades en el Cerro

Tuncaj

Productoras de leña y carbón para la venta, cultivo de autoconsumo y pocos excedentes para venta. Usos

variados del suelo y recursos (con o sin control). También han realizado gestiones para convertirse en

usuarios de los programas de incentivos.

COCODES y vecinos de las comunidades

de Granados, El Chol, Rabinal y Cubulco dentro del área de influencia del

Cerro Tuncaj.

Beneficiarios del agua (para riego o para consumo humano) y productos forestales provenientes del Tuncaj (leña, carbón y, eventualmente, madera).

Apoyo eventual a las acciones de las comunidades de Granados. Apoyo eventual a alcalde de Granados.

Vecinos de la cabecera municipal de Granados

Utilización de fuentes hídricas del Tuncaj para usos humanos.

Municipalidades de El Chol, Rabinal y Cubulco

en Baja Verapaz, y Pachalum en Quiché.

Interés por agua para diversos usos. Demanda de participación en gestión territorial forestal. Convergencia y coordinación intermunicipal:

MANCOVALLE, AMCO. Unidad de acción eventual para la veda forestal.

Sindicato de Trabajadores de la Educación de

Guatemala –STEG-.

Apoyo a las demandas comunitarias locales. Incidencia y concientización por medio de la

formación medio ambiental

DIPRONA-PNCApoyar la vigilancia de los recursos naturales en la

zona.

FAO, PNUD Estudios sobre cuencas hídricas, seguridad alimentaria y recursos agroforestales.



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IV.i.iv) Proceso

Dirigentes y autoridades del municipio iniciaron una serie de acciones a partir del año 2000, en virtud de la deforestación en la zona y el riesgo de reducción del potencial hídrico que beneficia a los habitantes de Granados, El Chol, Cubulco, Rabinal y Pachalum (INAB, 2010). El reclamo fundamental fue enfilado contra el INAB en tanto órgano de dirección y autoridad competente del sector público agrícola en materia forestal, tanto porque hubiere emitido las correspondientes licencias, como por carecer de la capacidad de ejercer los controles necesarios para evitar la tala ilícita.

La situación de tensión entre los actores y el desbordamiento social, han sido crónicos y latentes. La movilización de la población ha conllevado diversidad de acciones con propósitos de incidencia política, que van desde la denuncia pública hasta la obstrucción de vías de acceso o la retención de vehículos que transportan madera. En el año 2009, por ejemplo, durante el evento Gobernando con la gente, autoridades municipales y representantes de COCODES de Granados, Rabinal, El Chol y Cubulco, emplazaron al Presidente de la República para declarar el Cerro Tuncaj área de veda forestal -como se informó antes-.

La movilización de vecinos fue respaldada por la Alcaldía Municipal de Granados. Su titular se posicionó en contra de la disposición de INAB que autoriza el plan de manejo forestal y que conlleva la respectiva licencia para el caso de la finca San Antonio y otras. El alcalde indicó que los propietarios de la finca incumplen con los compromisos y aspectos contemplados en los respectivos planes de manejo (Alvarado, entrevista, 11/05/2011).

El proceso –desde el papel de los actores sociales- ha sido consistente. No obstante, autoridades municipales, personas vecinas y observadoras han indicado que la debilidad de las organizaciones sociales locales podría explicar en parte la fluctuación en sus planteamientos: durante un tiempo se demandó una veda forestal total o la declaratoria de área protegida; más tarde, se planteó ser partícipes de los beneficios de la explotación forestal local (Ortega, entrevista, 16/05/2011).

La convergencia de la movilización social, la difusión de los efectos de recientes eventos naturales (huracán Mitch, tormenta Stan, sequía, otros)) llevaron a la instalación de la Mesa de Diálogo Hidroforestal del Cerro Tuncaj, en julio de 2009. La importancia de ese espacio puede apreciarse en dos direcciones, a saber: la posibilidad de encuentro de los principales actores involucrado en la problemática del Cerro Tuncaj y el abordaje de forma integral de la misma (socioambiental, sociopolítica, institucional, etc.).

Las conclusiones y recomendaciones emanadas de esta Mesa, arrojan luces para la comprensión integral y multidimensional de la problemática. Se puede agrupar dichos aportes en tres direcciones:



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• Por los intereses de los actores es conveniente tener en cuenta que el diálogo debe estructurarse de forma tripartita: desde los intereses productivos de la empresa forestal, desde los intereses productivos y sociales de la comunidad y desde los intereses nacionales representados por el Estado.

• Por los papeles y funciones de las partes implicadas directa o indirectamente; es decir, como productores, como beneficiarios, como afectados o como intermediarios en dirección de garantizar la fiscalización –auditoría- social en torno al tema.

• Por las propuestas para afrontar eventuales conflictos y la formulación de estrategias que promuevan la participación social en la toma de decisiones y en los beneficios que de ellas deriven.

El conflicto potencial sigue presente. Los agrupamientos sociales observan con atención el curso de los acontecimientos y los interesados en el aprovechamiento insisten en la legalidad de las licencias que autorizan los planes de manejo.

IV.i.v) Oportunidades y riesgos

Las entrevistas realizadas a algunos de los actores sociales, dan cuenta de un abordaje cambiante del tema forestal y de manera específica del conflicto socioambiental en el área. Los pobladores admiten el manejo de bosques siempre y cuando haya acciones de protección y verificación de cumplimiento (que eviten el abuso de usuarios con licencia de manejo), garantías de que los planes de manejo no estarían poniendo en peligro al Cerro Tuncaj, es decir, su cobertura boscosa, sus fuentes de agua y su biodiversidad. Se pudo notar un nivel significativo de manejo del tema ambiental y una creciente sensibilización respecto a la conservación y protección del área, tanto por las autoridades edilicias como de buena parte de los vecinos y las vecinas. La actividad social y política que ha generado el conflicto, impugna en la práctica el papel desempeñado por las dependencias estatales en la medida que la descoordinación entre las mismas genera vacíos en la gestión, administración, vigilancia, seguridad y protección del Cerro Tuncaj. Dichos vacíos dan lugar a ilícitos que amenazan seriamente el entorno socioambiental y actúan como detonantes de nuevos conflictos.

Las nuevas posibilidades de acceso a la información, han permitido la sensibilización de importantes núcleos de población que se preocupan y movilizan en torno a la naturaleza, al ambiente, los bosques y la necesidad de su protección y cuidado. Este es el caso de las comunidades involucradas en el problema que afronta el Cerro Tuncaj.

Si bien hay indicios que hacen suponer otros intereses en el marco de la movilización comunitaria más allá de la defensa de las fuentes de agua y los bosques en este caso, lo cierto es que tampoco deben minusvalorarse los procesos sociales que tales acciones colectivas encarnan. Las comunidades se movilizan en forma consciente, con clara alusión a las limitaciones e incapacidades



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institucionales, así como a los abusos que se cometen en el empleo de instrumentos como las ‘licencias forestales’ por parte de usuarios particulares.

IV.ii) Caso Finca San José Ocaña


Comunidades del municipio de San Juan Sacatepéquez:1) Aldea Cruz Blanca2) Caserío Santa Fe Ocaña,3) Caserío San Antonio Las Trojes I,4) Caserío San Antonio Las Trojes II,

5) Aldea Lo De Ramos,6) Caserío Pilar I,7) Caserío Pilar II,

8) Caserío Asunción Chiboc (de aldea Comunidad de Ruiz),

9) Aldea Loma Alta,10) Caserío Los Guamuches,11) Caserío Cruz de Ayapán y,12) Caserío Los Pajoques.1

Todas representadas a través de Alcaldes Auxiliares, COCODES, Asociación de Comunidades Kaqchikeles Q’amolo Q’i y Voceros.

Protección de bosque y fuentes de agua.

Empresa Inmobiliaria GIARFE, S.A., responsable del plan de manejo forestal en Finca San José Ocaña.

Aprovechamiento forestal autorizado.


Los tres caseríos que siguen inmediatamente después de la localidad conocida como aldea Cruz Blanca, son parte de esta unidad político administrativa; quiere decir que hay población de esas cuatro localidades mencionadas que participan en la movilización. Los dos caseríos que siguen son de aldea Lo de Ramos. Caserío Asunción Chiboc es la única participante que forma parte de aldea Comunidad de Ruiz. Los tres últimos caseríos son parte de aldea Loma Alta. En total, doce comunidades participantes.

IV.ii.i) Marco general de referencia

La finca San José Ocaña se ubica en el municipio de San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala, aproximadamente a 8.5 kilómetros del casco



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urbano. Está localizada en Latitud Norte 14º43’00’’ y Longitud Oeste 90º41’00’’. Según versiones recogidas en el Caserío Santa Fe Ocaña, el propietario más antiguo de la finca fue un sacerdote de ese mismo nombre, a principios del siglo XX, y heredado por los actuales propietarios.El municipio de San Juan Sacatepéquez se estableció en el año de 1882. Fue ascendido a Villa en 1923. Pertenece al departamento de Guatemala (situado en su parte noroeste). Se encuentra a una altura de 2,184.5 metros sobre el nivel del mar, de clima generalmente frío.

La extensión territorial del municipio es de 287 km2. Se divide en 20 aldeas y 56 caseríos. El casco municipal dista 31 kilómetros –por carretera asfaltada- de la cabecera departamental de Guatemala (COMUDE y SEGEPLAN, 2010: 09). Al Norte colinda con el municipio de Granados (Baja Verapaz), al Este con San Raymundo y San Pedro Sacatepéquez (municipios del departamento de Guatemala), al Sur nuevamente con San Pedro Sacatepéquez y, al Oeste, con San Martín Jilotepeque, San Lorenzo El Tejar (ambos de Chimaltenango) y Santo Domingo Xenacoj y Sumpango (de Sacatepéquez). La población total del municipio de San Juan Sacatepéquez, según el INE, se estima en 213,975 habitantes para el año 2011 (106,180 mujeres y 107,796 hombres). Para el año 2010, la población maya kaqchikel era de un 72.30% (COMUDE y SEGEPLAN, 2010: 09). La tasa de alfabetismo es de 82.5% (85.9% en hombres y 79.1% en mujeres).

El Índice de Desarrollo Humano del municipio era de 0.716 para el año 2002, relativamente alto frente al promedio nacional para el mismo año, de 0.64 (PNUD, 2002); no obstante, la pobreza general es de un 40.87% y la extrema pobreza de 9.48% (COMUDE y SEGEPLAN, 2010: 26).

Las comunidades que se constituyen en actores del conflicto social al que hace referencia el presente documento, están ubicadas en el área en que se identifican conflictos sociales según el Plan de Desarrollo Municipal (2010: 42 y 43), en la parte occidental del municipio.

En su dimensión ambiental, los suelos pertenecen a la Altiplanicie Central: poco profundos sobre materiales volcánicos débilmente cimentados (2010: 38). San Juan Sacatepéquez está compuesto por tres zonas de vida (Ixcot Yon, 2007): bosque húmedo subtropical (templado) con aproximadamente un 50% de cobertura; bosque húmedo montano bajo subtropical con un 30%, y; bosque seco subtropical con un 20%. El Plan de Desarrollo Municipal también hace alusión a que el municipio tiene un área total de 8,783.39 manzanas, de las cuales 1,700.62 (el 19%), son bosques.

IV.ii.ii) Problema

Oposición social en San Juan Sacatepéquez al plan de manejo forestal del bosque ubicado en la finca San José Ocaña, autorizado a la empresa Inmobiliaria GIARFE, S.A.



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Vecinas y vecinos de doce comunidades (entre aldeas y caseríos) consideran que hay riesgo de pérdida de las fuentes de agua en virtud de la tala indiscriminada de árboles,31 a pesar de la existencia de una licencia emitida por el INAB que supone control técnico del Estado a lo planificado por el usuario.

El temor comunitario es que la tala de árboles autorizada se realice de manera indiscriminada, sin controles eficaces de la autoridad forestal y que no se reponga la cobertura boscosa que se pierda en el proceso de aprovechamiento (Voceros, entrevista, 06/05/2011). La preocupación se extiende, en lo fundamental, a que los pozos que proveen de agua a las comunidades –destinados al consumo doméstico y para sus actividades agrícolas-, se vean afectados a tal punto, que desaparezcan.

Los Voceros entrevistados consideran que sus derechos específicos como pueblos indígenas han sido conculcados por el INAB y el propietario del bosque en mención, invocando los términos contenidos en el Convenio 169 de la OIT, principalmente porque no se les consultó sobre la licencia autorizada y fueron desoídos por esa entidad estatal, como se explica más adelante. Este aspecto contribuye en agregar componentes al conflicto.

IV.ii.ii.i El origen del problema

Con fecha 11 de enero del año 2011, INAB otorgó licencia con una duración de tres años de operaciones (hasta 2013), a favor de la empresa Inmobiliaria GIARFE, S.A., responsable del ‘plan de manejo forestal’ en Finca San José Ocaña, ubicada en el municipio de San Juan Sacatepéquez. Fue autorizada la realización de tres turnos. El último es el que origina el problema.

Los vecinos de las comunidades de San Juan Sacatepéquez plantearon al INAB que este tercer turno está en una ‘zona de recarga hídrica’ y que les puede afectar. Por medio de sus representantes presentaron algunos antecedentes que han motivado sus preocupaciones, en particular experiencias en las que, tras la deforestación, se secaron los caudales de agua y otros inconvenientes.

IV.ii.ii.ii Influencia de controversia con empresa cementera

Es necesario abordar, aunque sea en forma sucinta, lo relativo al conflicto que las comunidades de San Juan Sacatepéquez han afrontado con una entidad empresarial, productora de cemento, el cual ha generado acontecimientos al

31 En palabras de comunitarios “…el problema de nosotros y la preocupación más grande, es el agua; eso es lo que andamos nosotros peleando y las comunidades estamos muy conscientes de lo que estamos queriendo proteger”. (Voceros, entrevista, 06/05/2011).



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interior de la población e incide en las interacciones de las y los vecinos con agentes externos y las dependencias públicas.

A mediados de la década del 2000, el conjunto de comunidades se vieron sacudidas por la presencia de la empresa Cementos Progreso, S. A., que produce y comercializa cemento. Esa entidad privada guatemalteca se asoció con la empresa Holcim, de origen suizo, una de las mayores productoras de cemento en el mundo.

La versión de los vecinos es que los propietarios de la finca San José Ocaña vendieron y desmembraron una parte de esta a dicha empresa, dando vida a la finca San Rafael en donde se encuentran ubicadas las instalaciones de la cantera y la fábrica San Gabriel. Indican los comunitarios que la producción de cemento pone en serio peligro su entorno vital y la naturaleza, tanto por la tala rasa que conllevó la construcción de la cantera y la preparación de condiciones para la fábrica, como por el gigantesco movimiento de tierras. Incluye la polución posterior derivada de las operaciones de la fábrica, cuando se encuentre en funcionamiento.

Los Voceros de las comunidades, aseguran que esto provoca impactos irreversibles en el entorno y los bienes de la naturaleza, entre ellas las fuentes que proveen agua, en el aire y en sus plantaciones agrícolas (modificando la dinámica económica local), así como en lugares sagrados, la salud y la estabilidad de los habitantes. Desde su perspectiva, los cambios en el paisaje, la presencia masiva e interacción con foráneos32 y la movilización vehicular, entre otros, alteran el funcionamiento y las lógicas comunitarias de convivencia: las prácticas organizativas, espirituales, de autoridad y de cuidado de la naturaleza.33

Estos aspectos, pues, explican esa controversia que, así mismo, ha influido en otros procesos, tales como el conflicto socioambiental que emergió a raíz de la aprobación de la licencia del plan de manejo forestal por parte del INAB a Inmobiliaria GIARFE, S.A.

Formulado de otra forma -en cuanto al tema central del presente Informe-, el conflicto de las doce comunidades con la cementera, es transversal al conflicto en esta acción específica de manejo del bosque en San Juan Sacatepéquez.

IV.ii.iii) Actores del conflicto

Dentro de los actores directos del conflicto, como ya se indicó, la parte social es encabezada por un alto porcentaje de población que habita doce Comunidades del municipio de San Juan Sacatepéquez: Aldea Cruz Blanca, Caserío Santa Fe Ocaña, Caserío

32 El funcionamiento de la cementera generaría una gran cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos y un movimiento incuantificable de personas ajenas a las comunidades.33 Los impactos temidos y los abusos cometidos en contra de las familias vecinas, son el origen de la prolongada acción colectiva de rechazo a Cementos Progreso, S.A., según las fuentes antes citadas.



31

San Antonio Las Trojes I, Caserío San Antonio Las Trojes II, Aldea Lo De Ramos, Caserío Pilar I, Caserío Pilar II Caserío Asunción Chiboc (de aldea Comunidad de Ruiz), Aldea Loma Alta, Caserío Los Guamuches, Caserío Cruz de Ayapan y Caserío Los Pajoques.En su conjunto suman aproximadamente 60,000 habitantes –según indicaron los dirigentes locales-, en su mayoría de la comunidad lingüística maya kaqchikel y cuya actividad económica predominante, es la agricultura. Las doce localidades cuentan con vías de acceso de dificultad variable (terracería). El casco municipal dista 31 kilómetros de la ciudad capital y el promedio de distancia con sus aldeas y caseríos es de aproximadamente diez kilómetros.

Se cuenta con Alcaldías Auxiliares, COCODES y presencia adicional de la institucionalidad del Estado mediante algunos servicios públicos básicos que se prestan a la población: visitas periódicas de agentes de policía, puestos de salud en algunas comunidades, escuelas de educación primaria y energía eléctrica, principalmente. Así mismo, se ha incorporado una figura que se reivindica como fundamental, que es ‘el Vocero’. Este papel lo asume un total de diez personas por comunidad que conocen y abordan con soltura el problema, asumen el papel de representantes y dirigentes. Fueron electos en las respectivas asambleas comunitarias para abordar y darle seguimiento a la controversia surgida por la presencia de la cementera.

La importancia del Vocero gira en torno a la continuidad de sus titulares, quienes han mantenido el cargo desde el año 2006 cuando se iniciaron las acciones colectivas de resistencia y oposición en contra de la empresa de cemento: las gestiones ante las autoridades municipales y gubernamentales, las denuncias públicas, la ejecución de decisiones de las asambleas comunitarias, la palabra en nombre de las familias vecinas y de propiciar acercamientos o cualquier otra gestión, es responsabilidad de los Voceros. Además, al tratarse de las personas visibles de la comunidad, son quienes han cargado con amenazas a su integridad física y psíquica, los acusados de delincuentes, asesinos y terroristas, los perseguidos por las fuerzas de seguridad, los encarcelados y vapuleados.

El actor privado con el que surge la controversia es la empresa Inmobiliaria GIARFE, S.A., responsable del plan de manejo forestal en Finca San José Ocaña. Consta en el expediente que su representante legal es el señor Carlos Roberto Sánchez Lazo y que el señor Guillermo Francisco Sánchez Ayau tiene un mandato a su favor con el mismo propósito.

La propiedad en donde se encuentra el bosque, es una finca antigua colindante con varias de las comunidades y en particular, con el Caserío Santa Fe Ocaña, San Antonio Las Trojes I y II, Pilar I y II y Los Pajoques. En el año 2006, según versiones recogidas entre los vecinos, la misma finca fue desmembrada y se constituyó la finca San Gabriel (84.5 Has.), en la cual se pretende la construcción de una cantera y la fábrica de cemento, denominada ‘San Gabriel’. La finca San José Ocaña tiene acceso directo, para efectos de traslado de lo deforestado, tanto por el caserío Santa fe Ocaña y también por el lado de Los Pajoques.



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IV.ii.iii.i Actores secundarios y periféricos: intereses y comportamiento

Actores Secundarios Actores Periféricos Intereses expresados / Manifestados

Institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH)

Proteger los derechos humanos de la población y facilitar el diálogo y el avenimiento entre las partes.

Asociación de Abogados Mayas Garantizar el debido proceso y una adecuada asesoría

jurídica para las comunidades.

Alcaldía Municipal de San Juan Sacatepéquez

Ninguno claramente manifestado en esta controversia específica. El distanciamiento con las doce comunidades se mantiene desde años atrás, a pesar de que hubo cambio de Alcalde y Corporación, derivado de las posturas asumidas por el gobierno municipal en el conflicto que la población ha venido afrontando con Cementos Progreso, S.A.

Propietario de finca El Pilar, señor Hugo Tulio Búcaro2

En las conversaciones posteriores sobre la reforestación de la zona con el INAB, representantes comunitarios convinieron con el señor Búcaro la reforestación de una porción de las tierras de finca El Pilar que es parte del área que influye en las fuentes de agua que proveen a las comunidades (proyecto que aún no se lleva a cabo). En el caso específico del conflicto por el aprovechamiento forestal de la finca San José Ocaña no ha intervenido.

Movimientos populares

Solidaridad con la lucha social de las comunidades en defensa de la naturaleza, como el Comité de Unidad Campesina –CUC-y la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina –CONIC-, entre otras.

Otras entidades sociales

Solidaridad con las gestiones y proceso de lucha social de las comunidades, como la Fundación Rigoberta Menchú Tum y la Asociación de Abogados Mayas, entre otras.

Cementos Progreso, S.A.

Ninguno claramente manifestado en la controversia específica por el manejo del bosque en finca San José Ocaña. Sin embargo, las tensiones existentes entre esa entidad empresarial y las comunidades, influyen en forma indirecta.

Brigadas Internacionales de Paz

Acompañar y prevenir la violación a los derechos humanos de la población. Observación internacional.

La prensa guatemalteca, desconociendo la legitimidad del proceso social de oposición a la cementera, presentó al señor Búcaro -al inicio del diferendo con esa empresa-, como uno de los principales instigadores de la movilización comunitaria. Para más información, ver:

http://www.elperiodico.com.gt/es/20070514/investigacion/39609



33

IV.ii.iv) Proceso

La empresa GIARFE, S.A. presentó al INAB, con fecha 23 de noviembre del año 2010, la solicitud de autorización de licencia para aprovechamiento forestal, de acuerdo al plan de manejo forestal elaborado para el efecto. El INAB resolvió autorizar el 11 de enero del año 2011, con número 10-131-001-1-1-2011, para tres años de operaciones que van del 2011 al 2013. Fueron autorizados 3 turnos para trabajar 38.09 hectáreas (año 2011, 13.69 hectáreas; año 2012, 12.20 has., y; año 2013, 12.20 has.). Esto implica que en la actualidad se está trabajando de acuerdo al plan operativo del año 2011, identificado como “Plan operativo No. 10-131-001-1-1-2011-01”, de fecha 21 de enero del 2011.

El tercero y último turno es el que origina descontento comunitario, además de la ausencia de consulta a los vecinos de las comunidades de San Juan Sacatepéquez afectadas. Plantearon al INAB que este tercer turno está en una ‘zona de recarga hídrica’ y que les puede afectar. Por medio de sus representantes presentaron algunos antecedentes que han motivado sus preocupaciones, en particular experiencias en las que, tras la deforestación, se secaron los caudales de agua y otros inconvenientes.

Las Juntas Directivas de los COCODES de las doce comunidades, hicieron llegar un memorial a la Regional Metropolitana del INAB, de fecha 24 de febrero del 2011, en el cual se solicitó que, previo a autorización de la licencia, fuera realizada una consulta a las comunidades indígenas del área; adicionalmente, que como parte del proceso, la población fuera debidamente informada sobre el contenido de la autorización y las pretensiones de la empresa usuaria.

La formulación contenida en el memorial aludido y la solicitud de suspensión de la licencia, a juicio del Departamento Jurídico de la Región Metropolitana, es incompatible con los criterios legales que definen las competencias del INAB, sus funciones específicas y sus procedimientos establecidos en la Ley Forestal y el Reglamento respectivo vigente (Pereira y Puac, entrevista, 06/05/2011).34

Según los funcionarios de la Regional Metropolitana entrevistados, el memorial aludido evidenció la existencia de un problema social: la inconformidad derivada de una disposición administrativa (aquella que aprobó el plan de manejo forestal); sin embargo, los argumentos contenidos en ese documento resultan insuficientes -y ajenos al marco de legalidad vigente- para negar la autorización del plan o su suspensión.

La resolución aludida -del Departamento Jurídico-, trajo como consecuencia el descontento de la población, señalamientos y denuncias en contra del INAB y

34 En cuanto a la Ley Forestal, estas situaciones se relacionan con el Título II, artículos del 92 al 102. Para el caso del Reglamento Forestal, los artículos que van del 43 al 46. Se trata de las causales para denegar o suspender una licencia otorgada al usuario por la autoridad forestal.



34

acciones colectivas orientadas a evitar la deforestación y el tránsito de la madera desde la finca hasta su destino final.35

Esto generó una situación de tensión, susceptible de adquirir connotaciones más graves y en las que tanto los representantes comunitarios como de la entidad estatal, se esforzaron en evitar. En el caso de los primeros, no obstante, se responsabilizó en forma directa y tajante al INAB ante cualquier eventualidad de disfunción del conflicto.36

Los actores sociales se movilizaron por distintas instancias públicas, entre ellas la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), entidad que, el 6 de abril del 2011, solicitó una verificación de la finca con el propósito de establecer si se está cumpliendo con lo contenido en la licencia y pidió un informe sobre la situación hídrica del lugar (Pereira y Puac, 06/05/2011).

Pereira y Puac informaron que el 14 de abril del 2011, se estableció que en el área se había aprovechado el 35.35% y que las actividades estaban dentro del plan de manejo autorizado. Además, en relación a las zonas de recarga hídrica, la entidad estatal realizó un estudio de las áreas destinadas a los turnos para el aprovechamiento forestal y a la finca completa, determinándose que el 1.24% del total de la finca se ubica en la categoría de ‘tierras forestales de captación y regulación hídrica media’, y que el 3.06% se ubica en la categoría de ‘captación y regulación hídrica baja’.

No se encontraron dentro de la finca, áreas de tierras forestales de captación y regulación muy altas ni altas. El informe elaborado fue entregado a PDH con fecha 27de abril del 2011, en el cual se indica que los estudios aludidos, basados en análisis cartográfico, muestran que la finca no se encuentra en una zona de recarga hídrica que pueda obstaculizar un manejo forestal sostenible (Puac, entrevista, 25/06/2011).

La PDH procuró reuniones conciliatorias entre las partes en conflicto y en presencia de delegados de INAB, tanto con propósitos informativos como de preparación de un eventual proceso para el avenimiento. Representantes del Instituto asistieron con el propósito de contribuir a facilitar una solución a la controversia y también de mostrar que se trabaja con transparencia en tanto órgano administrativo estatal (Pereira y Puac, 06/05/2011).37

35 Según indicaciones en la localidad, el tránsito vehicular de la finca San José Ocaña tiene únicamente dos opciones: 1) atravesando -directamente de la finca- el caserío Santa Fe Ocaña para pasar vía la aldea Cruz Blanca hasta el casco municipal o bien, 2) accediendo a los terrenos de la fábrica San Gabriel de Cementos Progreso, S.A. para salir por la aldea Las Trojes I y II con un recorrido semejante.36 Las comunidades buscaron la intervención de terceros porque “…lo que queremos es, de verdad, evitar los problemas con la gente de la comunidad y si se llega a problemas mayores, nosotros vamos a culpar al INAB” (Voceros, 06/05/2011). De su lado, INAB realizó un estudio para establecer la ubicación de la zona y la recarga hídrica (Pereira y Puac, 06/05/2011). Sobre estos temas se brinda más información adelante. 37 Asistieron delegados de INAB, los Voceros de las comunidades, así como el propietario de la finca a



35

En la primera ocasión se programó una visita a la finca San José Ocaña en la que participó un equipo técnico de INAB que fue recibido por los comunitarios y un representante del propietario y su abogado. Al hacer un recorrido, se estableció que en el ‘primer turno’ a aprovechar en el año 2011, la empresa usuaria de la licencia iba a dejar un ‘área de protección’ para las fuentes de agua (21 manzanas, según les fue indicado a los Voceros). Los comunitarios que venían haciendo esa demanda, lo vieron muy bien.

El ‘segundo turno’ no fue motivo de controversia. Pero el ‘tercer turno’ donde radica la oposición social, es una parte alta en la que los comunitarios consideran que debe mantenerse la cobertura boscosa por tratarse de un área de recarga hídrica que provee de agua a las partes bajas.

A raíz de lo anterior, según indicaron los funcionarios del INAB, la PDH asumía que el propietario de la finca estaba haciendo un mal uso de la licencia forestal, por lo que se conformó una comisión para establecer la situación. Al final, como ya se indicó, la conclusión fue que apenas llevaba alrededor de la tercera parte de aprovechamiento autorizado.

Estos hallazgos y el estudio a profundidad antes mencionado, realizado por el Sistema de Información Geográfica del INAB (ubicación de la finca y de recarga hídrica), fundamentaron la posición de la entidad estatal, reafirmando que para estas áreas no hay un obstáculo técnico ni legal para no autorizar o desautorizar someterlas a un manejo forestal sostenido: “Esto comprueba que el trabajo técnico de la institución es objetivo. No se puede ver que hayamos cometido un error sino que ese estudio lo hicieron los expertos en el tema” (Pereira y Puac, 06/05/2011).

Desde el punto de vista de los funcionarios del Instituto, el problema que se tiene es que, alrededor del área en donde se realizará el ‘tercer turno’, existen pozos artesanales de los cuales la población extrae agua para riego de cultivos agrícolas. Aunque el área se encuentra fuera de la finca –sostienen-, es el centro de la inconformidad que presentan las comunidades: “…piensan que es una zona de recarga hídrica, pero los estudios basados en análisis cartográfico muestran que no se encuentra en una zona de recarga hídrica que pueda obstaculizar un manejo forestal sostenible” (Pereira y Puac, 06/05/2011).

Los funcionarios de la Oficina Regional Metropolitana consideran que la población desconoce el alcance de las competencias y responsabilidades del INAB, que es el motivo por el que culpan a esa dependencia del Estado de las tensiones que se han generado a raíz del otorgamiento de la licencia de aprovechamiento forestal a la empresa Inmobiliaria GIARFE, S.A.: “…nos echan la culpa, pero nosotros

través de su administrador y un abogado. También estuvo presente la organización Brigadas Internacionales de Paz. Posteriormente se dio un nuevo encuentro, pero no se avanzó en la conciliación.



36

nos basamos en ciertas normas y reglas tanto técnicas como legales para poder otorgar la licencia forestal” (Pereira y Puac, 06/05/2011).

Según los funcionarios citados, en una reunión realizada el 5 de mayo 2011, con representantes de las comunidades:

…tuvimos un acercamiento donde llegaron como 80 personas representando a las doce comunidades. Ahí se expuso qué hacíamos nosotros, cuál era nuestro papel, qué implicaba una licencia forestal. Temas importantes para aclarar nuestra relación con ellos… Entonces el compromiso con ellos es que se le dé seguimiento a estas reuniones de información y a la vez, irlos introduciendo a los programas forestales para que ellos ingresen sus pequeños proyectos también, comunitarios.

Es más, en la población de las comunidades existe disposición; hay ofrecimiento de un área que se podría reforestar este año que, según indicaron los Voceros, una parte es comunal y otra de una finca privada (ofrecida por su propietario).38

Esta versión fue ratificada por los Voceros de las comunidades, quienes indicaron que realizaron gestiones con algunos finqueros vecinos para que aceptaran la reforestación de diversas áreas con el propósito de contribuir con el medio ambiente y de proteger las fuentes de agua. Esperaban el aporte en semilla de los propietarios y las comunidades brindarían la fuerza de trabajo. Aunque los finqueros no han cumplido satisfactoriamente, el proceso sigue con mayor iniciativa por parte de los comunitarios (Voceros, entrevista, 06/05/2011).

En la actualidad y a pesar de los intentos de la institución del PDH por encontrar un camino pacífico de solución a la controversia, la situación de tensión prevalece. Desde la perspectiva de los funcionarios de la Regional Metropolitana, la situación que al respecto le toca afrontar al INAB es complicada. Según ellos es reconocible la existencia de condiciones y percepciones sociales de amenaza a la dinámica comunitaria en lo económico y cultural (particularmente en lo relativo a su relación con la naturaleza).

En función de esto, la población, basada en su derecho de petición constitucionalmente reconocido, así como en la interpretación que hacen de sus derechos específicos -amparados en la legislación ordinaria y los Convenios Internacionales aprobados por el Estado-, han realizado demandas legítimas a la entidad forestal, pero no es posible

38 Al respecto, indican los responsables de la Oficina Regional Metropolitana: “Esto es interesante porque ya ellos proponen un área donde ellos mismos van a reforestar, van a mantener y a cuidar la plantación. Con nuestra ayuda por supuesto, con lineamientos y asesoría técnica, pero ellos ya tienen la accesibilidad. Y aparte de ello, pues, el fomento y desarrollo forestal ya se está generando por las mismas comunidades, cosa que no había sucedido antes. Aparte de eso, ya tenemos a la PDH que está mediando y se le han enviado los informes reales de cómo está la situación para que medien con las comunidades…” (Pereira y Puac, 06/05/2011).



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acceder a ellas por las limitaciones institucionales que el mandato específico del INAB impone. Todo esto ha derivado en conflicto.

En contrapartida, el usuario que ha gestionado la aprobación de licencias para aprovechamiento forestal está en su derecho también reconocido legalmente y ha cumplido con todos los requisitos establecidos en ley (de orden procedimental, documental y técnico). INAB en ese sentido, está imposibilitado para negar o suspender la licencia autorizada a la empresa Inmobiliaria GIARFE, S.A., la que perfectamente puede accionar ante los órganos jurisdiccionales para que se cumpla con la ley.

Hasta entrado el segundo semestre del 2011, la empresa usuaria no ha podido extraer del área los árboles cortados y tuvo que paralizar los trabajos. Las acusaciones mutuas van y vienen. La población está profundamente insatisfecha con el papel del Estado: entiende perfectamente los aspectos legales y procedimentales que se explican, pero están claros que se trata de su entorno -su espacio vital-.

IV.ii.v) Oportunidades y riesgos

De acuerdo a lo formulado antes, pareciera que hay tendencia a mejorar y estabilizar la relación INAB/comunidades, aunque esto depende de otros factores.

El asunto principal que atraviesa el conflicto relacionado con el manejo del bosque en finca San José Ocaña, es el viejo conflicto de las comunidades con la cementera. Esto implica que de acuerdo al desenvolvimiento de esa controversia (que involucra intereses empresariales -guatemaltecos y transnacionales- y al gobierno central), depende en buena medida el futuro de la relación entre las comunidades y el INAB, en cuanto al caso específico de la finca San José Ocaña.

La experiencia de lucha desarrollada en y por las comunidades a lo largo de los últimos años, más allá de esta controversia en particular, conlleva un aprendizaje y desarrollo del proceso sociopolítico. Evidencia maduración discursiva y de contenido de la acción colectiva.

En esto, hay algunos aspectos que deben precisarse. La movilización social contra la cementera y más recientemente, contra la empresa Inmobiliaria GIARFE, S.A. y el INAB, expresa:

• Que ese movimiento popular tiene un carácter defensivo del lugar y la naturaleza: se identifica escasez, deterioro del medio ambiente y privación, lo que genera acción colectiva.

• Constituye un fuerte reclamo al irrespeto y desconocimiento del Estado y del sector privado hacia las autoridades comunitarias.



38

• También representa la reivindicación de un conjunto de derechos específicos de los pueblos indígenas contenidos en la legislación vigente y, en particular, del derecho a ser consultados en aquellos aspectos que pueden comprometer el desarrollo de las comunidades de San Juan Sacatepéquez.

• No obstante, los elementos de fondo que subyacen en la parte más evidente del conflicto en esta acción de manejo de bosque, a pesar de mostrar como actor protagonista al INAB, se relacionan con un proceso de magnitud, extensión, temporalidad y dificultad más compleja, lo cual trasciende el mandato específico y las actuaciones administrativas, técnicas y procedimentales del Instituto, lo cual no significa asumir una actitud indiferente o expectante de lo que ocurra con el caso de la cementera.

IV.iii) Caso Montaña Las Granadillas


Asociación para la Protección, Defensa y Restauración Ecológica de la Montaña Las Granadillas.

Protección de la montaña y fuentes de agua.

Sharidian y Faustina Barillas Orellana, propietarias de Finca Tashoró y el administrador, José Juan Olavarrueth.

Aprovechamiento forestal autorizado.


IV.iii.i) Marco general de referencia

La Montaña Las Granadillas se localiza en la Latitud Norte 14°54’45” y en la Longitud Oeste 89°23’15”, a una altura de 1,748 msnm (CECON, 2011), tiene una extensión de 740 km2 y se extiende a lo largo de cuatro municipios: Zacapa y La Unión del departamento de Zacapa,39 y Jocotán y Camotán, del departamento de Chiquimula. Su acceso es a través de la aldea La Trementina. La población total del municipio de Zacapa, según el INE, se estima en 68,339 habitantes para el año 2011 (36,553 mujeres y 31,785 hombres). Según el

39 El departamento de Zacapa es considerado la parte más árida y seca de toda la región centroamericana, según explican varios estudios (Colectivo Madre Selva, 2010).



39

informe del PNUD de 2009-2010 el índice de desarrollo humano de Zacapa es de 0.674 (frente a un 0.64 nacional). La tasa de alfabetismo de la población es de 84.9% de manera general (83.5% de hombres y 86.0 % de mujeres). El índice de densidad del Estado es de 0.48 (PNUD 2010).

Según el Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos (CECON, 2011), Montaña Las Granadillas posee cinco clases de bosques y tres ecosistemas, en los cuales hay una importante biodiversidad que incluye especies en peligro de extinción: Bosque nuboso (ubicado en la parte alta a 1,800 msnm, importante en la captación hídrica); Bosque de encino-pino, y; Bosque seco. En la base de la montaña, a 3 km. de la cabecera departamental de Zacapa, está ubicada la aldea La Trementina, la cual se divide en tres barrios: El Tablón, El Cocal y La Joya.40 En la aldea habitan 1,905 personas y tiene una extensión territorial aproximada de 5 km2

(Orellana, 2008).

Las primeras familias de la localidad datan de 1802. Básicamente eran pequeños propietarios que se dedicaban a la crianza de ganado y a la agricultura (Orellana, 2008). Para aquel entonces, La Trementina era una zona de bosques de pinos que se extendía hasta la montaña. No obstante, a mediados del Siglo XX se llevó a cabo “…una gran deforestación” (J. Cordón, entrevista, 13/05/2011).

Según Cordón, en los alrededores se recuerda que dicha tala fue efectuada por el entonces jefe político y alcalde de Zacapa, General David Ordoñez Peralta, con ayuda del Ejército. Además, las versiones locales indican que el alcalde Ordóñez se habría apropiado de importantes extensiones de tierra, algunas de las cuales fueron vendidas hace unos 50 años. Parte de éstas es la finca Tashoró,41 que en 1941 fue adquirida por Rubén Barrillas Lira, abuelo de las actuales propietarias de la finca.42

Actualmente, a nivel local existen cuatro entidades que reúnen a la población: Comité Comunitario de Desarrollo, Comité Pro administración de Agua Potable, Comunidad Luterana Independiente para el Desarrollo -CLIDE- y la Iglesia Luterana Guatemalteca -ILUGUA- (Pilar Álvarez, conversación, 24/06/2010).

El régimen de tenencia de la tierra es diverso en la actualidad, pues existe propiedad privada, tierras municipales y nacionales en el área. Según explica el responsable de la oficina de la

40 En aldea La Trementina se ubica la parte más visible de los vecinos del municipio que de manera continua se han movilizado en el marco del conflicto. La sede de la Asociación para la Protección, Defensa y Restauración Ecológica de la Montaña Las Granadillas y la Iglesia Luterana, cuyo pastor es reconocido como uno de los personajes más destacados en la lucha emprendida por la población del lugar, se ubican en el lugar. 41 Un documento interno del Instituto en esa Regional, sin fecha, intitulado “Historial de finca Tashoró”, indica que el señor Ordóñez fue legítimo propietario de esas mismas tierras.42 La finca se utilizó para ganado y se dieron aprovechamientos del bosque, de pequeña escala, como consumos familiares, para uso de la finca (INAB, s.f.: 1).



40

Secretaría de Asuntos Agrarios -SAA- en Zacapa, allí existen problemas de linderos y de certeza jurídica; sin embargo, en el caso de Tashoró no hay reclamos por límites (H. Flores, entrevista, 18/03/2011).

Las referencias documentales y los testimonios recogidos en la aldea, dan cuenta de un proceso de deforestación de gran escala en las últimas seis décadas y de un alto impacto en el uso del suelo en la región, pues ha transformado zonas boscosas en fincas ganaderas y tierras dedicadas a la agricultura.43 Los pobladores sostienen que en la montaña existen diez microcuencas que se han visto afectadas por la tala de los bosques y el uso del suelo para actividades ganaderas.

IV.iii.ii) Problema

Oposición en parte de pobladores del casco urbano del municipio de Zacapa y de diferentes comunidades rurales del área, a la licencia de manejo forestal otorgada por el INAB a los propietarios de la finca Tashoró.

La población se hace representar a través de la Asociación para la Protección, Defensa y Restauración Ecológica de la Montaña Las Granadillas (en adelante ‘la Asociación’).

Los propietarios de la finca son usuarios del PINFOR, habiendo cumplido con todos los requisitos legales y técnicos. Para la Asociación, su rechazo a esta licencia está vinculada a la protección de las fuentes que proveen el agua, pues la montaña se valora como una zona de recarga hídrica que abastece a 22 comunidades, incluyendo la cabecera municipal de Zacapa.

Aunque el conflicto -como ya se indicó-, se centra en la oposición al uso de la licencia que tienen los finqueros, por parte de los comunitarios, también interviene la preocupación social por el impacto que tiene el tema forestal en la protección de las fuentes de agua de la región.

IV.iii.ii.i Origen del problema

INAB emitió la licencia forestal mencionada a la que hubo fuerte oposición de vecinas y vecinos. La situación se hizo más evidente con diversas acciones de las partes para evitar, por un lado, el tránsito de vehículos de carga conteniendo trozas y, por el otro, cuando el administrador de la finca impidió el paso por el camino comunal -que atraviesa la finca- y los vecinos ya no pudieron movilizarse montaña arriba.

43 En la actualidad se conserva el 30% de la cobertura forestal (CECON, 2010).



41

Tabla 1Uso del suelo finca Tashoró

USO ACTUAL HECTÁREAS % DE ÁREA

Forestal producción 73.3 33.45

Forestal protección 72.53 33.09

Potreros 28.38 12.95

Reforestación 44.94 20.51

TOTAL 219.15 100Fuente: MAGA, datos elaborados para Gobernando con la Gente (2009)

Según el INAB, la licencia cumple todos los requisitos técnicos y, si bien la Montaña es una zona de recarga hídrica, la finca no es zona de captación. Este punto es cuestionado por los miembros de la Asociación, quienes explican que la finca sí es zona de captación y drenaje para los ríos Tazijá y Cunité (Álvarez, conversación, 24/06/2010).

IV.iii.iii) Actores

Dentro de los actores directos del conflicto, en su parte social, está la Asociación para la Protección, Defensa y Restauración Ecológica de la Montaña Las Granadillas, integrada por vecinos y vecinas de 22 comunidades que habitan al pie de la Montaña (Colectivo Madre Selva, 2009). Surgió en el año 2003 cuando los comunitarios buscaron el apoyo de la Iglesia Luterana de Guatemala, al estar en desacuerdo por la contaminación del agua a causa de los desechos de una finca ganadera propiedad de la familia Salguero (G. Paiz, entrevista, 25/05/2011).44

La actividad principal de la Asociación es a favor de la protección de la Montaña para garantizar la recuperación del bosque y proteger las zonas de recarga hídrica. Según explican los asociados, han encabezado las denuncias de tala inmoderada y se oponen en forma categórica a la autorización de planes de manejo forestal en el área. En la actualidad apoyan el proceso de declaratoria de ‘área protegida’ de la Montaña.

En contraposición, la finca Tashoró propiedad de las hermanas Sharidian y Faustina Marilú Barillas Orellana, actualmente administrada por el señor José Juan Olavarrueth (esposo de la segunda), contra quienes se han enderezado múltiples denuncias públicas por parte de las vecinas y vecinos organizados en la Asociación.

44 La misma fuente indicó que también contribuyó en ese proceso, la denuncia de pobladores sobre el abuso de algunos finqueros que venían talando cantidades de árboles que excedían lo autorizado en las licencias forestales, fue un hecho que también contribuyó en ese proceso



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Su interés es manejar la finca aprovechando el recurso maderero, sin descartar la realización de otros proyectos empresariales (de tipo ecoturístico).

IV.iii.iii.i Actores secundarios y periféricos: intereses y comportamiento

Actores secundarios Actores Periféricos Intereses expresados / Manifestados

ILUGUA Apoya a los comunitarios, especialmente de La Trementina. Principal aliado de la Asociación.

Colectivo Madre Selva Conservar y proteger el medio ambiente. Apoya a la Asociación en su lucha. Han promovido y participado en la declaratoria de área protegida.

Diputados del Partido URNG-MAIZ del Congreso de la República

Declarar área protegida. Han acelerado el proceso para la declaratoria.

Gobernación Departamental Zacapa

Garantizar la gobernabilidad departamental. Ha variado en sus posiciones. Luego del evento Gobernado con la gente en 2009, ha convocado a procesos de diálogo.

PDHLa resolución del conflicto. Su labor es de observación.

ADIPAZ Generar proyectos de desarrollo para sus miembros. Usuarios del PINFOR que apoyan a INAB. Han desarrollado planes de reforestación.

Consejo Ecuménico Cristiano de Guatemala

Apoyo a la lucha de ILUGUA. Respaldo y acompañamiento en especial en momentos de amenazas a violación de derechos humanos de religiosos y comunidades.

CONAP A solicitud de la bancada URNG MAÍZ se incorporaron participando en el proceso de declaratoria de área protegida. Han evaluado y dirigido el proceso para tal declaratoria. Así mismo, han realizado estudios.



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MARN Funcionaron como conciliadores en el proceso de resolución del conflicto. Se retira ron en mayo de 2010 debido a la ruptura del proceso de negociación.

CECON-Universidad de San Carlos –USAC-

Aportar conocimiento técnico para la declaratoria de área protegida.

SAA La resolución del conflicto. Una de las instituciones estatales que convocó en su momento a procesos de diálogo.

COPREDEH La resolución del conflicto. Observadores. Uno de sus delegados anteriores tuvo un papel de apoyo a la Asociación.

URL, Campus Zacapa Ha convocado a foros para promover el diálogo.

Alcaldía Municipal de Zacapa

Garantizar las fuentes de agua para la cabecera municipal. Sus posiciones han sido ambiguas. Se ha interesado en la declaratoria de área protegida y pidió un estudio en 2005 para la parte alta, que es terreno municipal.

Otros finqueros de Montaña Las Granadillas

Varían según los intereses de cada uno. Se han interesado en el proceso de declaratoria de área protegida.

IV.iii.iv) Proceso

La tala de árboles resulta de importancia para las comunidades que están en conflicto, pues en varias de las entrevistas realizadas fue señalado que la deforestación tiene un impacto desastroso en la conservación de las fuentes hídricas de la zona.

La deforestación es un problema recurrente -en la región- que afecta las cuencas hídricas. Se califica en forma negativa el papel de las instituciones públicas, en este caso del INAB, al no contar con una visión integral en el momento de otorgar licencias, lo que hace suponer que están al servicio de los madereros (R. Aldana, entrevista, 18/03/2011).

Funcionarios del INAB, así como el señor José Juan Olavarrueth, encargado de la finca Tashoró, rechazan los argumentos de la Asociación y asumen que hay intereses personales en la oposición, en especial del Reverendo Pilar Álvarez, uno de los dirigentes de la Asociación, pues la licencia cumple con los requisitos de ley.



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Al respecto, existen versiones obtenidas entre personas vecinas del casco municipal (quienes pidieron no ser identificadas), que intentan encontrar en el pasado reciente las causas del conflicto social de Montaña Las Granadillas: la controversia obedece en especial a diferencias familiares que emergieron durante los años sesenta, al inicio del conflicto armado guatemalteco. Esta versión indica que el padre de las actuales propietarias de la finca Tashoró, siendo jefe de comisionados militares, habría sido uno de los responsables de la persecución, captura y ejecución extrajudicial de un insurgente, familiar de uno de los dirigentes más sobresalientes de la Asociación.

En otras palabras, la prolongación en el tiempo y la aparentemente irresoluble situación conflictiva entre vecinos y finqueros, se resume en una rencilla heredada por dos familias en el marco de la confrontación político-militar hace ya varias décadas. Sin embargo, esta explicación es insuficiente, pues la situación es mucho más compleja.

La oposición social en Zacapa a las licencias forestales puede rastrearse hasta los años en que aún existía la Dirección General de Bosques –DIGEBOS-. En 1989 la finca Agua Zarca fue favorecida con una licencia de aprovechamiento forestal, lo que generó oposición de vecinos. Se canceló en 1990 por irregularidades en la extracción (MAGA, 2010).

Según la experiencia de los vecinos, muchas licencias forestales son mal utilizadas y se ha extraído más madera de la autorizada. Esta práctica ha sido frecuente entre algunos madereros debido a la inexistencia de controles efectivos por parte del INAB y de DIPRONA (personal de Auxiliatura de PDH, conversación, 24/06/2010).

Cuando fue creado el INAB y sus diferentes programas, algunos finqueros decidieron incorporarse al PINFOR; abandonaron la crianza de ganado y optaron por reforestar sus propiedades, tal el caso de finca Tashoró en el año 2000 y otras cercanas.

Más recientemente, con fecha 29 de julio del año 2009, INAB emitió la licencia forestal que se identifica con el número 32-1901-007-2.2-2009-5, tiene una duración de 4 años de operaciones (a partir de julio de 2009), a favor de la Finca Tashoró, ubicada en la Aldea Matazano, en el municipio de Zacapa. Sin embargo, el permiso para ejecutar el POA (trabajo de corte) sólo dura un año. El período ya se venció sin haberse ejecutado debido a la controversia surgida. El conflicto con Tashoró inició a fines de octubre del año 2008, cuando el señor Juan Olavarrueth colocó un candado en la vía de acceso a la parte alta de la Montaña, impidiendo el paso por el camino comunal -que atraviesa la finca- (sobre el que ha existido un derecho de paso). Los vecinos de La Trementina ya no pudieron revisar sus tanques de agua montaña arriba. La obstaculización del paso obedeció a que los comunitarios, meses atrás, denunciaron tala ilegal en esa finca (Álvarez, conversación, 24/06/2010 y Colectivo Madre Selva, 2010).



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En este contexto, el problema del agua y el rescate de la montaña que han sido motivo de preocupación en el municipio, generaron un proceso de reuniones y la conformación del Foro de Actores de Las Granadillas, integrado por personas de varios barrios de Zacapa, incluyendo instituciones del lugar. Dicho Foro, en sus inicios, fue establecido como un COCODE (Memoria del Foro, 02/07/2003, Acta No 1- 2003, contenida en el expediente del caso en INAB).

La iniciativa de ese espacio democrático fue impulsada por el INAB en el año 2002.45 Se pretendía la recuperación y manejo sostenible de la Montaña Las Granadillas y las fuentes de agua. Además, desarrollar programas de reforestación, manejo sostenible del bosque y lograr la implantación de proyectos productivos.46

Por su parte, el COCODE invitó a los finqueros -incluidos los propietarios de la finca Tashoró-, a participar en el proceso de protección de Montaña Las Granadillas. Los propietarios de las fincas no se incorporaron. Fue un proceso que duró poco menos de dos años.

En ese marco surgió en el año 2003, como ya se indicó, la Asociación de Montaña Las Granadillas. Su proceso organizativo y de movilización ha contado con múltiples aliados sociales, entre organizaciones populares, ambientalistas y religiosas.47

El 9 de enero del año 2009, la comunidad colocó trozas para impedir el paso de los camiones en la base de la Montaña, en otra finca privada, con lo que se imposibilitaba el paso a finca Tashoró. El intento de un camión de bajar trozas desde esa finca fue impedido por los comunitarios e intentaron quemarlas, situación a la que la dirigencia de la Asociación se opuso. Finalmente, fue quemada solo una troza frente a los agentes presentes de la PNC y de otras entidades estatales como el MP y la PDH (J.A. Contreras, entrevista, 18/03/2011).

Derivado de este hecho, el señor Olavarrueth presentó una denuncia penal contra el Reverendo Pilar Álvarez y siete personas más de la Asociación y de vecinos de la aldea La Trementina, girándose una orden de detención ese mismo mes calendario, acusados de los delitos de coacción, instigación a delinquir y perturbación de la propiedad privada. En febrero de ese año, las causas judiciales fueron sobreseídas.

45 Ese mismo año, 2002, el propietario de la finca Tashoró, el señor Rubén Barillas, fue asesinado. Según varias fuentes, los comunitarios de La Trementina no tuvieron problemas con él. Le consideraban una persona amable, quien además les dio derecho de paso para revisar sus fuentes de captación de agua que están en la parte alta de la montaña. No era considerado un depredador, aunque sí deforestaba en una aldea más lejana, Los Achiotes (entrevistas: J. Cordón, 13/05/2011; G. Paiz, 25/05/2011; y, Pilar Álvarez, 24/06/2010). 46 Incluso, en 2003 se realizó un foro de candidatos a la alcaldía de Zacapa, acompañados por la Misión de Naciones Unidas para Guatemala –MINUGUA-.47 El Colectivo Ecologista Madre Selva y el Concejo Ecuménico Cristiano de Guatemala han sido algunas de las organizaciones que más respaldo le han brindado.



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La Asociación por medio de sus dirigentes, ha denunciado la persecución de sus miembros desde las instancias del sistema de seguridad y justicia, con investigaciones policiales ficticias para acusarlos (R. Aldana, entrevista, 18/03/2011).48 El juez Víctor Hugo Salguero Portillo, Juez de Paz de Chiquimula -además propietario de una finca en la zona-, ha sido señalado de usar su posición para esa persecución (GAM, 2009 y Colectivo Madre Selva, 2009).49

En agosto 2009 se conformaron nuevas mesas de diálogo con el apoyo de Gobernación Departamental, la SAA, la PDH y el MARN, entre otros: no se lograron avances debido a la radicalización de las posiciones de ambas partes.

En noviembre de ese año, fue realizado en la cabecera departamental el programa presidencial Gobernando con la Gente. Allí se planteó el problema de Montaña Las Granadillas y se establecieron acuerdos para revisar la licencia otorgada a finca Tashoró: no hubo avances porque las figuras legales para la cancelación de una licencia, no contemplan las motivaciones de la población. La licencia sigue sin ejecutarse por el usuario interesado, pero obedece a la controversia existente (entre propietarias y administrador de la finca por una parte y los vecinos y las vecinas por la otra).

Un segundo proceso judicial se inició (marzo 2011) derivado de lo ocurrido el 26 de septiembre 2010, cuando un grupo de la finca que se conducía en un vehículo -incluido el señor Juan Olavarrueth- no pudo transitar por el camino debido a una concentración de comunitarios y la colocación de trozas en la vía. Olavarrueth acusó a ocho personas de amenaza y detención ilegal.50

Durante la audiencia (en que se observó amplio apoyo y simpatía al movimiento por parte de muchas comunidades y organizaciones),51 el Juez declaró falta de mérito (a favor de los acusados).52

48 La Asociación acusa a los finqueros de amenazar a sus miembros (incluso, hubo disparos con armas de fuego en contra de la ‘Casa Campesina’) y de pretender judicializar el conflicto. Esto se considera ‘criminalización de las luchas sociales’. Para los empresarios, la denuncia judicial es un ejercicio legítimo de sus derechos, porque las acciones de los miembros de la Asociación fueron delictivas: impidieron la libre movilización y el ejercicio de esa actividad productiva (Olavarrueth, entrevista, 13/05/2011).49 Los hechos y el allanamiento ilegal de la sede de ILUGUA el 22 de septiembre 2009, condujeron a solicitar medidas cautelares al Estado en favor del Reverendo Álvarez, a quien le fue proporcionada seguridad policial.50 Entre ellas, el Reverendo Álvarez, Rubén Aldana, Santos Alfredo Mejía Godoy y Byron Galdámez Franco.51 Las muestras de solidaridad por el caso se han manifestado con presencia de observadores nacionales e internacionales: el Consejo Ecuménico Cristiano de Guatemala, Brigadas Internacionales de Paz, OACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) y AIN (Ayuda de la Iglesia Noruega), varios religiosos y organizaciones campesinas como la Asociación Campesina Chortí Nuevo Día, Plataforma Agraria, la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina –CONIC- y el Frente Nacional de Lucha –FNL-. También se presentó COPREDEH, entre otros.52 Aunque la audiencia fue suspendida en dos ocasiones en el último minuto, finalmente se llevó a cabo



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El repertorio táctico de los vecinos movilizados en relación a la Montaña Las Granadillas ha contemplado la denuncia internacional, además de manifestaciones públicas y suspensión del tránsito de vehículos por caminos vecinales, lo que ha generado pronunciamientos provenientes del extranjero en favor del Reverendo Álvarez y del conjunto de miembros de la Asociación.

Algunos funcionarios públicos (entrevistas: Alejandro Argueta, 17/03/2011 y Luis Alfredo Chacón y Teresa Barrillas, 18/03/2011) han indicado que esto evidencia el interés de los miembros de la Asociación por alentar la controversia, pues les permite la obtención de beneficios personales a través de un financiamiento que proviene de otros países, como producto de tales denuncias.

Los miembros de la Asociación se defienden, indicando que el respaldo recibido es moral y político; es el INAB el que recibe dinero por las licencias.

Un giro importante de los acontecimientos fue el inicio de gestiones para declarar la Montaña como área protegida, planteado en el marco del Foro de Actores de Las Granadillas, según se desprende de las memorias de sus reuniones (Expediente del INAB, Acta No. 7-2003, 24/11/2003).53 El Reverendo Pilar Álvarez explicó que es una posibilidad (conversación, 24/06/2010), contemplando un área de 740 kms2,54 aunque todo esto conlleva un conjunto de procedimientos y negociaciones políticas que aún pueden durar una temporalidad indeterminada.

La Alcaldía de Zacapa, por su lado, financió un estudio en 2009 realizado por USAC, con el propósito de establecer la viabilidad de tal declaratoria. También han colaborado instituciones como CONAP y el Centro de Estudios Conservacionistas –CECON- de USAC.55 Lo descrito sobre el proceso hasta aquí, muestra que a lo largo del tiempo de estudio del conflicto hubo una evolución en la posición de la Asociación respecto al manejo forestal. Al inicio, se demandaba una moratoria de cinco años para recuperar el bosque, según explicó el dirigente Rubén Aldana en un foro organizado en el Campus de Zacapa de la Universidad Rafael Landívar, realizado el 3 de junio del año 2010.

el 13 de abril 2011. En la resolución el juez encontró deficiencias en la investigación del Ministerio Público y contradicciones en las declaraciones de los querellantes, lo que motivó su decisión. 53 La bancada en el Congreso de la República del partido político Unidad Revolucionaria Nacional Guatemala –URNG-, impulsó en septiembre de 2010 una iniciativa de ley para declarar área protegida la Montaña.54 La Asociación ha desarrollado una campaña para obtener apoyo a la declaratoria junto a otras organizaciones solidarias como el Colectivo Madre Selva. Fue posible constatar, en el marco del presente estudio, que existe un ambiente propicio en el departamento para apoyar la declaratoria, aunque aún falta socializar entre vecinos y vecinas, la información sobre los alcances e implicaciones, entre otros aspectos de tal declaratoria, pues genera muchas dudas. 55 Durante el primer semestre de 2011, CECON solicitó a INTRAPAZ/URL su respaldo al proceso desde la perspectiva de la resolución de conflictos. Este instituto universitario contribuyó con algunas propuestas e iniciativas puntuales.



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Posteriormente al exacerbarse el conflicto, la Asociación radicalizó la posición al exigir no talar ni un árbol, sin importar las condiciones. En el contexto actual, el planteamiento que se sostiene es el de la declaratoria de ‘área protegida’. Los vecinos han flexibilizado.

Desde el punto de vista de quienes laboran en la Regional de Zacapa del INAB, todo el proceso ha significado un desgaste y una personalización del conflicto. Se percibe una confrontación directa con los miembros de la Asociación y, en especial, con el Reverendo Álvarez. Actualmente, el conflicto está en un estado de espera. Los esfuerzos de la Asociación se canalizan ahora por la vía de la iniciativa para la declaratoria de área protegida, aún en trámite. Sus demandas se sostienen sobre el principio de no sobreponer el bien individual sobre el común. Los vecinos y vecinas le apuestan a esta opción como una salida al conflicto, lo que implicaría la salida del INAB para darle paso al CONAP.

Por otro lado, la licencia de finca Tashoró ha sido imposible utilizarse, aunque su futuro es poco claro. La administración de la finca, así como varios de los finqueros de la región, están abiertos al tema del área protegida, en una modalidad legal que sea satisfactoria para todas las partes. Por supuesto, al respecto aún hace falta discutir y clarificar más el proyecto (Olavarrueth, entrevista, 13/05/2011).

El señor Olavarrueth indicó que se viene considerando dedicar la finca al ecoturismo, lo que puede convertirse en una salida en este caso. Sin embargo, no hay una decisión definitiva sobre el tema de la licencia. El conflicto ha significado un desgaste y las soluciones demorarán más tiempo.

IV.iii.v) Oportunidades y riesgos

Los diferentes procesos de acercamiento y diálogo han sido estériles. Se puede decir que fracasaron por el rígido posicionamiento de las partes y la carencia de visión en torno a los intereses (específicos) de cada una, así como aquellos que son comunes a ambas. Aún priva la desconfianza y el peso de las campañas mediáticas a nivel local, nacional e internacional desarrolladas en torno al conflicto repercuten en percepciones encontradas sobre lo que sucede en la Montaña Las Granadillas. Pero no todo está perdido.

Advirtiendo que puede incurrirse en sobredimensionar algunos acontecimientos recientes, desde la observación externa pareciera ser que la iniciativa de declaratoria de ‘área protegida’ de la Montaña, estaría dando lugar a la flexibilización de las partes. Esto abonaría en dirección al avenimiento y la finalización de la controversia. La principal dificultad es la naturaleza política del proceso que se debe seguir y la marcha del tiempo sin resultados efectivos.

El futuro del conflicto depende en buena medida de la iniciativa de declarar la zona como ‘área protegida’ en una modalidad que salvaguarde los intereses de



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las partes: la población, con relación a la protección de la Montaña y las fuentes de agua; y del otro lado, de los empresarios de la madera en aprovechar de manera productiva sus propiedades. No obstante, no se puede descartar que también emerjan oposiciones a dicha iniciativa.

El principal escollo es la naturaleza política del proceso de declaratoria, que además se presentó con más fuerza en un año electoral. La situación es difícil, por lo que también dependerá del resultado de una intensa campaña de incidencia política que habría que desplegar en ese Organismo del Estado por parte de los interesados y sus aliados. Muy probablemente habrá que esperar el próximo período legislativo. Y, para este caso, el discurrir del tiempo no es una simple debilidad.

La bancada del partido URNG que presentó la iniciativa -desde septiembre 2010- a la Comisión respectiva del Congreso de la República, es minoritaria. Su discusión y aprobación en el Pleno antes del cambio de Gobierno en el 2012 depende de su capacidad de negociación y de articulación política. Finalmente, existen dos riesgos; primero, la negativa a la declaratoria de área protegida, lo que mantendría la situación de tensión y, eventualmente, una nueva escalada del conflicto. Segundo, si no se aprueba con una modalidad satisfactoria para las partes, el problema persistirá y será trasladado a otra entidad pública.



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V. Análisis de resultados

Los conflictos sociales estudiados, son procesos sociales complejos que combinan múltiples factores causales, los cuales deben trabajarse en sus distintos componentes y efectos. También deben llamar y orientar a la realización de esfuerzos preventivos de conflictos que emergen a partir de la intervención y gestión territorial del INAB, en materia del desarrollo del sector forestal.

Explicaciones o definición de acciones a partir de reflexiones parciales o influidas por el fragor de la escalada del conflicto son indebidas, pues distorsionan las conclusiones al ocultar o invisibilizar otros elementos de fondo que también intervienen como los que se explican a continuación.

Aspectos institucionales Aspectos sociales comunes Aspectos específicosde caso

Sin mecanismos legales de representación de intereses de grupos no propietarios o no productores forestales afectados.

Protección de fuentes de agua.Oposición extendida del conflicto y desconexión de actores sociales (Cerro Tuncaj).

Deficiente política comunicacional del INAB: población sin información. Diálogos infértiles.

Conflictos vigentes que son ajenos, pero que influyen en el proceso. Disputa de territorio (finca San José Ocaña).

Poca sensibilidad a inconformidades.Desconfianza en la función pública: tendencia a favorecer al poderoso.

Percepción de impacto incontrolable en la ecología por las características del territorio (Montaña Las Granadillas).

Bajo o inadecuado relacionamiento con la población circunvecina a proyectos.

Cuestionada capacidad de control de la autoridad forestal.

Ausencia estatal e irrespeto a la voluntad ciudadana



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V.i) Aspectos institucionales

Como se evidencia a lo largo del estudio, es insuficiente la institucionalidad creada y vigente, además que hay una baja o inexistente confianza en la autoridad forestal: por resultar desconocida o carecer de información básica sobre sus actividades en los territorios, por no contar con capacidades suficientes para ejercer control sobre las actividades ilícitas y, en algunos casos, por no contar con sensibilidades básicas para la atención de eventuales inconformidades vecinales o comunitarias, entre otras razones.

Desde la perspectiva institucional hay aspectos necesarios de valorar. La existencia del marco de legalidad vigente, es un logro que incluso ha merecido reconocimientos internacionales. Orienta hacia el desarrollo del sector forestal y busca impactos en materia ambiental, productiva y social.

El giro de numerosos proyectos empresariales en el uso de la tierra y que hayan influido en el mejoramiento de dinámicas locales y nacionales en el plano forestal, no habría sido posible sin ese marco legal. Algunos de esos aspectos son: la recuperación de cobertura boscosa, la protección del bosque natural, la generación de puestos de trabajo y la modificación/erradicación de prácticas poco o nada amigables con el ambiente -en el caso de grandes propiedades-.

Hay avances en la legislación vigente y las acciones de la junta directiva del INAB al formular e implementar políticas que estimulan la participación de pequeños propietarios y Alcaldías. Ejemplos son: la Ley del PINPEP, así como la aprobación del Reglamento respectivo y la elección de la ‘Red Nacional de Comunidades Organizadas Beneficiarias del PINPEP’.

No obstante, hay un enorme vacío en el plano de la participación de otros actores y deficiencias en otros planos que se describen a continuación.

V.i.i) Vacío legal en la representación de otros interesados locales en el tema forestal Uno de los aspectos de la institucionalidad forestal vigente que constituye importante vacío, es la inexistencia de mecanismos y procedimientos que permitan la canalización de inconformidad social y de representación de intereses de grupos no propietarios o no productores forestales que se consideren afectados por las disposiciones administrativas del INAB.

Los avances legales y políticas incluyentes -antes mencionados- son insuficientes frente al reclamo de otros sectores ciudadanos. Es común que no se conozcan de manera suficiente aspectos cruciales para la comprensión de los propósitos de la política forestal y las acciones específicas a través del INAB y sus programas de incentivos. Constituye, pues, una materia pendiente que es fuente de conflictos.



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Es necesario advertir que una reforma legal es competencia del Organismo Legislativo. Sin embargo, la Ley Forestal expresa suficiente amplitud para que la Junta Directiva incorpore mecanismos consultivos y participativos de la ciudadanía en el Reglamento, así como otros que sean pertinentes.

V.i.ii) Deficiente política comunicacional del INAB

Aspecto generalizado en los conflictos, son las graves deficiencias en materia de comunicación del INAB con las comunidades que conviven con el bosque o se benefician de este. Es común que la población carezca de información sobre el verdadero papel del Instituto, sus alcances y limitaciones, sus contribuciones y complementariedades.

El desconocimiento de los ciudadanos de la existencia de planes técnicos para el manejo del bosque y la carencia de mecanismos adecuados de la autoridad forestal para informar a las comunidades -sobre la ejecución del plan aprobado-, ha estimulado desconfianza hacia el INAB y acciones colectivas (las conocidas como medidas de hecho) que han perseguido frenar la tala de árboles.

Es necesario advertir que la comunicación es de doble vía. Y es común que las políticas comunicacionales se confundan con la información que se provee (de una sola vía) desde una institución determinada hacia la población. Su inexistencia también conlleva que no se tomen en cuenta conocimientos y prácticas sociales que pueden complementar –o enriquecer– los criterios técnicos que son aplicados por el INAB.

Se estableció que no existe planificación de acciones de las Regionales ni orientación alguna de las autoridades del INAB, destinadas a establecer puentes de relación con la población circunvecina a proyectos, información, comunicación y promoción de sus propósitos, actividades y principales programas.

V.i.iii) Poca sensibilidad a inconformidades

Además de la inexistencia de mecanismos de representación y de procedimientos para canalizar la inconformidad social (en cuanto a disposiciones administrativas del INAB, en particular las relacionadas a la tala legal), se agrega la eventual relación inadecuada de funcionarios del Instituto con pobladores o dirigentes que hayan acudido a sus instalaciones para expresar la insatisfacción social al respecto.

Si bien no es un problema generalizado, llama la atención en el sentido de hacer esfuerzos institucionales de reconocimiento y de sensibilización frente a los procesos sociales, en especial, aquellos que denotan posibilidades de convertirse en conflictos.



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V.ii) Aspectos comunes desde la perspectiva social en los casos estudiados

V.ii.i) El ‘agua’ y la protección de sus fuentes

En los tres casos existe una manifiesta y central preocupación sobre eventuales daños irreversibles a las fuentes de agua que abastecen a la población. El ‘agua’ se constituye en el argumento que fundamenta el conflicto y la movilización en las comunidades.

El agua, más que un bien meramente económico, es un bien social y cultural, y por tanto, presente en la base del imaginario y la cotidianidad colectiva. La pérdida de sus fuentes, puede implicar graves desajustes en el ámbito de la comunidad y de su dinámica económica, atravesando las otras dimensiones (social, cultural y política). La amenaza de daño, por consiguiente, ha movilizado a las comunidades.

Los funcionarios de las Oficinas del INAB correspondientes a la región de cada caso, informaron que habían desmentido oportunamente que las licencias autorizadas pusieran en peligro la recarga hídrica, de conformidad con los resultados de los estudios técnicos y los planes de manejo aprobados.

A pesar de ello, de manera específica en Montaña Las Granadillas y en Finca San José Ocaña, se procedió a la realización de estudios hídricos -y otros- para despejar cualquier duda al respecto. Incluso, en el último de los casos mencionados, dicho estudio se realizó a la finca en su totalidad y no tan sólo al área específica reclamada por los vecinos. En ambos casos los resultados mostraron que las formulaciones comunitarias eran incorrectas, según se informó por parte del Instituto.

Los vecinos y vecinas de estas comunidades y en el tercer caso estudiado, por su lado, sostienen su desacuerdo con la autoridad forestal, independientemente de lo arrojado por los estudios hídricos.

En el fondo, la formulación comunitaria gira en torno al uso abusivo de las licencias y la incapacidad estatal para ejercer un control efectivo sobre las personas jurídicas usuarias. Las sanciones pecuniarias o unos cuantos años de prisión previstas en la Ley Forestal para quienes se excedan en la tala de bosques autorizada, carecen de sentido compensatorio para las comunidades que se sienten amenazadas de perder sus fuentes de agua.

V.ii.ii) Diálogos infértiles

Los acercamientos y diálogos a iniciativa del INAB, con su anuencia o su abierta disposición a contribuir, por lo general, son tardíos. Se presentan cuando la dinámica del conflicto agregó componentes que exacerban la controversia y la escalada no permite acuerdos.



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Los posicionamientos enfrentados en la mesa, generalmente fundamentados en las interpretaciones -de cada parte- a las leyes que consideran les amparan, dificultan el diálogo y la negociación con resultados.

En este plano, el margen de negociación del INAB es muy estrecho o ninguno. Le queda remitirse a los principios constitucionales que se refieren al ‘ejercicio del poder público’56y por consiguiente, conducirse en el sentido literal del mandato contenido en la Ley respectiva.

En los tres casos estudiados, los procesos dialógicos han sido tortuosos y sin resultados. No obstante, más recientemente, en el caso de Montaña Las Granadillas, con el ofrecimiento de encontrar una salida política a través de una declaratoria de ‘área protegida’ lo suficientemente amplia para satisfacer los intereses de las partes, permitió que se generaran expectativas de resultados e impactos sostenibles.

V.ii.iii) Desconfianza en la función pública: tendencia a favorecer al poderoso

La generalizada desconfianza ciudadana en el desempeño de funcionarios públicos es un aspecto que también se presenta e incide en la relación del INAB y las comunidades. En la base de esta problemática están presentes la recurrente indisposición estatal a la rendición de cuentas y la inexistencia de condiciones óptimas para el impulso de procesos de auditoría social.

En los casos de estudio se estableció que hay percepción comunitaria de colusión entre funcionarios del INAB y los usuarios. Es incomprensible para las comunidades que, habiendo denuncias y peticiones para evitar que se otorguen autorizaciones de tala, el INAB proceda a otorgar las licencias forestales.

La población desarrolla sus propios procesos de análisis, discusión y construcción de ‘teorías’ que encuentran su fundamento en la disfunción institucional (incumplimiento de responsabilidades), en los deslices éticos en la función pública que se generaliza y extiende al papel del INAB (corrupción) y, por consiguiente, la tendencia común a proteger al poderoso y no a la comunidad empobrecida.

56 Constitución Política de la República, Artículo 154, ‘Función pública; sujeción a la ley’, primer párrafo: “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superior a ella”. Así mismo, el Artículo 155, Responsabilidad por infracción a la ley, primero y segundo párrafos: “Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren… La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos, podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de veinte años”.



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V.ii.iv) Capacidades estatales de control forestal cuestionadas

El INAB al igual que la mayoría de dependencias estatales, afronta graves carencias presupuestarias para hacer efectivos sus planes operacionales y los compromisos establecidos en la Ley respectiva. En buena medida y diferentes momentos, ante el faltante de recursos financieros, la política estatal que encabeza ese Instituto corre el riesgo de convertirse en una mera buena intención.

De hecho, se reconoce que el INAB controla un porcentaje muy reducido de la tala anual de árboles. Implica que la tala ilegal se impone y las posibilidades de frenarla son escasas.

A pesar de que es auxiliado por las Alcaldías Municipales, el Instituto carece de medios suficientes para mantener un monitoreo y supervisión adecuada de los planes de manejo que aprueba. Siendo así, su capacidad para enfrentar la tala ilegal es muy restringida.

De esa cuenta, el respaldo y coordinación con otras dependencias públicas es crucial, tal el caso de la División de Protección a la Naturaleza –DIPRONA-, una unidad especializada de la Policía Nacional Civil para velar y proteger los recursos naturales de la Nación. Sin embargo, como es sabido, la PNC también afronta graves carencias: así, por ejemplo, en el proceso de estudio del conflicto en Cerro Tuncaj, se estableció que DIPRONA cuenta únicamente con un delegado para todo el departamento de Baja Verapaz, que tiene bajo su cargo a 17 agentes asignados.

En consecuencia, las posibilidades reales de hacer una labor efectiva de vigilancia, persecución y captura de responsables de deforestación ilegal, son limitadas.

V.ii.v) Ausencia estatal e irrespeto a la voluntad ciudadana

Uno de los reclamos que subyace en las formulaciones de los actores sociales de los conflictos analizados es en lo relacionado al papel del Estado: el abandono de las comunidades,57 su ausencia frente a los problemas y necesidades de la población y sus respuestas a los reclamos ciudadanos generalmente en sentido negativo.

El Estado solo aparece para imponer y reprimir, no consulta ni busca el avenimiento o el arreglo institucional. El argumento que se brinda a la población se remite a la vigencia estricta de la Ley, aquella misma que en otros planos se viola de manera constante y sistemática.

De esa cuenta, los comunitarios cuestionan las expresiones relacionadas con que la institucionalidad pública se extiende hasta donde la ley lo establece (ni más ni menos), pues de lo contrario persigue al funcionario que incumple.

57 Como se constata en los índices de densidad del Estado en los casos estudiados.



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Formulaciones de este tipo, son apreciadas como una cómoda justificación para evitar encarar a los ‘sectores poderosos’.

Otro reclamo presente en las explicaciones brindadas por los vecinos, es en lo relativo a la ausencia de consulta y de participación comunitaria en decisiones socialmente consideradas de trascendencia, pues influyen en el futuro de la población.

A pesar de contarse con instrumentos jurídicos de alcance general (y también específicos para el caso de los pueblos indígenas), en materia de participación en decisiones que les atañen, las dependencias estatales no cuentan con mecanismos que viabilicen y faciliten comunicación y diálogo, así como la información pertinente y oportuna para que la población exprese sus preocupaciones y que sean tomadas en consideración.

Los convenios internacionales y las leyes ordinarias al respecto no son tomados en cuenta. La ausencia de atención a las preocupaciones y oposición de las comunidades hacia los proyectos forestales y a las resoluciones de la autoridad correspondiente (otorgamiento de licencias que autorizan los planes de manejo), se han constituido en fuente de conflicto y es una de las causas de la movilización social en las comunidades estudiadas, las que consideran que se irrespeta su voluntad.

V.iii) Aspectos específicos en los casos estudiados

V.iii.i) Oposición extendida y desconexión de actores sociales: Cerro Tuncaj

El conflicto que se afronta en relación al Cerro Tuncaj se extiende a partes de población de comunidades que se ubican en su ‘zona de influencia’ o que son circunvecinas y se benefician de las fuentes de agua y otros bienes que de allí provienen.

En términos espaciales es un área bastante extensa y reúne a una cantidad importante de habitantes de cinco municipios de dos departamentos del país. En dos de los municipios, su mayoría es población maya-achí (de minoría ladina) y, en los otros tres, ladina (con un grupo minoritario de población maya-quiché). No obstante, hasta el momento existe una débil conexión entre los grupos organizados de las comunidades implicadas, aunque más en unas que en otras (ver el apartado de Actores).

A pesar de esa situación, en momentos en que el conflicto se ha exacerbado, las acciones de incidencia política han mostrado un repertorio táctico diverso entre unos y otros, a veces espontáneo y convocados por las acciones de los más movilizados (no como resultado de la concertación de acciones). La población más movilizada, en términos de gestión y acciones de presión, es la del municipio de Granados, del departamento de Baja Verapaz.



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El dilema se ubica entre la continuidad o no de la tala legal, pero nada se ha dicho de las acciones sociales e institucionales para frenar la deforestación ilegal. Esta última afirmación es importante tenerla a la vista, pues una salida de corto plazo es posible a partir de una alianza INAB/comunidades que permita el establecimiento de mecanismos que faciliten el seguimiento, vigilancia y control comunitario de las actividades forestales de privados en el área (lícitas e ilícitas) y de auditoría social (monitoreo a las actividades de los planes de la gestión pública forestal), en el marco de un programa más amplio de protección del Cerro.

V.iii.ii) Influencia de otros conflictos afrontados en el territorio: finca San José Ocaña

En el caso específico de finca San José Ocaña, en San Juan Sacatepéquez, aunque hay componentes de lo formulado para Cerro Tuncaj que son semejantes, se puso de manifiesto que existe un conflicto anterior en el territorio, lo suficientemente álgido para afectar el conjunto de dinámicas interiores de la población.

Se trata del conflicto con la cementera (que lleva cerca de seis años), aún vigente. Aunque es ajeno al INAB y sus competencias, así como al aprovechamiento forestal de la finca, influye en la controversia surgida en defensa del bosque en el área y de las fuentes que les proveen de agua. Un factor importante es la coincidencia en el espacio y el tiempo de ambas actividades (la cementera y la forestal), lo que hace suponer a los vecinos que hay una relación estrecha entre ambas.

Por sus características y a partir de las formulaciones comunitarias durante el trabajo de campo, se aprecia la existencia de una disputa territorial entre la empresa Cementos Progreso, S.A. que pretende operar en el área y la población que rechaza el establecimiento de esa actividad productiva y busca su expulsión.

Experiencias anteriores en que la cementera taló bosque en forma masiva (posiblemente también la remoción de grandes cantidades de tierra), trajeron como consecuencia la pérdida de fuentes de agua, ocasionando graves alteraciones a las dinámicas económicas, sociales y culturales. Estos antecedentes hacen presagiar a las comunidades, daños irreversibles en la ecología del lugar.

Los visos de solución aún no se perciben en el desenvolvimiento del conflicto. Queda en el INAB la posibilidad de ahondar los esfuerzos de cooperación con las comunidades para la recuperación de cobertura boscosa y otros aspectos pertinentes y factibles que desemboquen en su propósito de desarrollo del sector forestal.



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V.iii.iii) Percepción de impacto incontrolable por las características del territorio: Montaña Las Granadillas

Las características del suelo y del clima en las regiones que colindan y están al pie de Montaña Las Granadillas, es un factor de alta importancia que estimula la movilización de la población.

Es visible el crecimiento de la sensibilización social y la participación de los más variados sectores en relación a la conservación y protección de la Montaña. Ante todo por la convivencia cotidiana en una región de clima seco y con limitaciones productivas agrícolas y forestales.

Hay una manifiesta percepción -en la población- del riesgo de impactos incontrolables, impredecibles e irreversibles en la Montaña, en las fuentes de agua y en su biodiversidad.

Para este caso, hay visos de una posible solución en la que debe existir una participación activa del INAB, con el propósito de garantizar que sea una resolución responsable, dinámica y que se atenga a mecanismos de transformación de conflictos.

La figura que se persiga para la ‘declaratoria de área protegida’ debe contar con el consenso pleno de los actores y otros interesados, así como una movilización conjunta para realizar labor de incidencia política. De lo contrario, se corre el riesgo de simplemente trasladar la situación de conflicto de una institución pública (el INAB) a otra (CONAP).



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VI. Conclusiones

1) El reclamo fundamental en los tres conflictos estudiados fue dirigido contra el INAB en su calidad de órgano de dirección y autoridad competente del sector público agrícola en materia forestal. Esto fue motivado tanto porque hubiere emitido las correspondientes licencias, como por carecer de la capacidad de ejercer los controles necesarios para evitar la tala ilícita. Otras entidades públicas mantienen un concurso potencial o de mediano perfil como en el caso de la PDH, cuando las tensiones se agravan; también DIPRONA, MAGA, CONAP, Organismo Judicial y el MP.

2) La movilización social y política que se ha generado en el marco de los conflictos estudiados, impugna en la práctica el papel desempeñado por el Estado a través de sus instituciones. Esto en la medida que la descoordinación entre las mismas, genera vacíos en la gestión, administración, vigilancia, seguridad y protección de los bosques. Dichos vacíos dan oportunidad al surgimiento de actos ilícitos que amenazan seriamente el entorno socioambiental y actúan como detonantes de nuevos conflictos.

3) Las acciones sociales en los tres casos estudiados tienen características defensivas del lugar y de la naturaleza, aunque el énfasis se centra en el agua como bien social. Constituyen conflictos socioambientales al identificarse escasez, deterioro del medio ambiente y riesgos de privación, generando controversia con actores institucionales y privados, y acción colectiva.

4) Los casos estudiados, aunque cada uno con sus particularidades, representan un fuerte reclamo al irrespeto y desconocimiento del Estado hacia los procesos sociales. La inexistencia de canales institucionales adecuados y pacíficos que permitan canalizar positivamente las controversias, exacerban el conflicto, en virtud de que importantes intereses, derechos y su entorno vital, se perciben amenazados.

5) En función del numeral anterior, es conveniente mencionar que en las áreas geográficas en donde se ubican los conflictos estudiados o en comunidades circunvecinas, como se indica en la descripción de los casos, hay una importante presencia de población indígena. Habida cuenta, en uno de los conflictos sobresalen reivindicaciones específicas de los pueblos indígenas, tales como: el reconocimiento estatal y privado de sus autoridades ancestrales y el derecho a ser consultados en aquellos aspectos que pueden comprometer el desarrollo de las comunidades.



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6) Los cambios culturales y de prácticas sociales –en relación al bosque- que son promovidas desde la institucionalidad forestal vigente, carecen de suficiente sensibilidad en cuanto a conocimientos ancestrales de la población en el tema. Tal situación es susceptible de generar colisión de visiones, expresa desconocimiento de las dinámicas territoriales y desencadena conflictos.

7) Las nuevas posibilidades de información han facilitado la sensibilización de amplios núcleos de la población que se movilizan en torno al medio ambiente y la necesidad de su protección y cuidado. A pesar de ello, es evidente la escasa información respecto al mandato y actuar del INAB.

8) Al menos en dos de los casos, Cerro Tuncaj y Montaña Las Granadillas, los actores sociales dan cuenta de un enfoque flexible del tema forestal en el marco de sus respectivos conflictos. Los pobladores admiten el manejo de bosques siempre y cuando haya acciones de protección y verificación de cumplimiento en el uso de la licencia y garantías de que los planes de manejo no están poniendo en riesgo la cobertura boscosa, las fuentes de agua y la biodiversidad.

9) En el caso de finca San José Ocaña, hay un factor externo que influye de manera determinante en la posición de la población frente al papel de INAB y las pretensiones de la empresa usuaria. Se trata del intento comunitario de frenar otros proyectos privados que amenazan el entorno vital de las comunidades, pero que son ajenos al ámbito de las competencias del INAB.



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VII. Recomendaciones

De corto plazo para los casos específicos estudiados

1) Cerro Tuncaj:

Lanzamiento de un programa de recuperación y protección del bosque en el Cerro Tuncaj con las características siguientes: • Formulado, implementado y evaluado a partir de una alianza INAB/comunidades

organizadas (que también puede ampliarse a varios actores del sector forestal y dichas comunidades) y que contenga:

o Acciones conjuntas de reforestación.o Mecanismos que faciliten el seguimiento, vigilancia y control comunitario de las

actividades forestales de privados (lícitas e ilícitas).o Mecanismos que faciliten la auditoría social (monitoreo a las actividades de los

planes de la gestión pública forestal).o Establecimiento de canales y procedimientos seguros de denuncia de

irregularidades.o Que no descarte la implementación de proyectos comunitarios específicos de

manejo y aprovechamiento forestal.

2) Finca San José Ocaña:

Continuación de los pasos dados:• En materia de implementación de los programas del INAB con las comunidades para

la recuperación de cobertura boscosa y otros aspectos pertinentes y factibles que desemboquen en su propósito de desarrollo del sector forestal.

• En cuanto al respaldo a los esfuerzos de diálogo y búsqueda de avenimiento entre la usuaria (Inmobiliaria GIARFE, S.A.) y las comunidades.

3) Montaña Las Granadillas:

Participación activa del INAB para garantizar una solución responsable y dinámica con las siguientes características:• Acompañamiento al más alto nivel institucional en el proceso de búsqueda



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del consenso entre los actores directos y otros interesados.• Aporte en el establecimiento de una figura de ‘declaratoria de área protegida’ producto

del avenimiento y que brinde satisfacción a las partes involucradas. Implica hacer esfuerzos porque se evite la extensión de la controversia con la sola incorporación de nuevos actores (CONAP por INAB).

• Acompañamiento a la labor de cabildeo dirigido hacia distintos espacios de decisión política y otros considerados pertinentes.

• En virtud del entramado de relaciones conflictivas que han emergido en la localidad a raíz de la controversia, se sugiere que la Gerencia del Instituto delegue estas tareas a personal distinto de la Oficina Regional a la que le ha tocado afrontar esta situación.

A más largo plazo y complementario a la gestión pública del INAB

En términos generales, es indispensable que el INAB realice esfuerzos por conocer y comprender las dinámicas territoriales y hacer adecuaciones a la intervención institucional como medio para prevenir y afrontar posibles conflictos sociales.

El propósito de esta recomendación es establecer nuevas interacciones en los distintos niveles de decisión política, ante todo por los efectos –o los imaginados- que ocasionan los factores externos (inversión, cambio tecnológico, prácticas de recuperación y aprovechamiento, entre otros) en las culturas locales.

El desafío es trascender del inventario de capital físico y cultural que se encuentra disponible en el territorio, así como de infraestructura y de regulación existente. Conlleva, ante todo, acercarse a las dinámicas de los actores que intervienen e interactúan en el territorio, las preocupaciones y percepciones sociales de los grupos afectados directa e indirectamente, para que las decisiones administrativas del INAB no constituyan fuente de conflicto.

Lo anterior se traduce en lo que a continuación se recomienda.

1) Erradicación de las fuentes institucionales de conflicto:

La repetición de componentes que se convierten en fuentes de conflicto en el desempeño de sus competencias y funciones, plantea desafíos al INAB. Dos aspectos, al menos, son necesarios de abordar a su interior y canalizar adecuadamente:

a. El relacionado a la administración de las licencias forestales en contextos en que la población expresa su oposición.

b. La revisión de la política actual del Instituto en materia social (de relacionamiento e interlocución con las comunidades y de prevención de conflictos), que conlleva necesidades de fortalecimiento en la formación de sus cuadros técnicos al respecto.



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Desde la perspectiva del estudio de casos efectuado, una de las limitaciones actuales en el desempeño del INAB es la carencia de programas orientados al fortalecimiento de capacidades –o adquisición de nuevas- del personal técnico, administrativo y de sus espacios de decisión, en lo relacionado a la naturaleza pluricultural de la sociedad guatemalteca y a la diversidad de enfoques y formas de relacionamiento de la población con el bosque. En consecuencia, una recomendación necesaria es la creación de una línea social y cultural de trabajo del Instituto.

Esto se vincula con una modificación en las dinámicas y prácticas de interacción e interlocución con las comunidades. Se requiere de un tratamiento cuidadoso e informado, más preocupado por mantener una apropiada comunicación, consulta y toma conjunta de decisiones en cuanto a la protección del bosque y el desarrollo de la actividad forestal.

Desde los fines del Instituto, la adquisición de sensibilidades y capacidades para la adecuada valoración de prácticas socioculturales de convivencia con la naturaleza, es imperativo. De lo contrario se corre el riesgo de violentar aspectos que son cruciales para la vida de las comunidades, en especial las indígenas, los cuales están debidamente desarrollados y garantizados en el contenido de instrumentos internacionales sobre la materia.

2) Conocimiento del territorio:

La intervención del INAB en el desarrollo del sector forestal demanda actuar sobre la base de conocimientos consistentes en cuanto a las dinámicas territoriales (sociales, políticas, económicas y culturales). Plantea la necesidad de incorporar estos aspectos desde una perspectiva integral que incluya la prevención del conflicto y no como medidas reactivas, cuando ya se ha desencadenado. Esto conlleva los siguientes componentes:• Impulso de trabajo de investigación en el área sobre aspectos económicos, políticos,

sociales y culturales:o Capital físico y cultural –natural- disponible: suelo, agua, bosques, infraestructura,

regulaciones municipales, capital sociocultural, procesos económicos menos visibles y otras actividades de ese corte, usos, costumbres y prácticas de relacionamiento con el bosque.

o Identificación de actores sociales, económicos y políticos: coaliciones, posiciones, nivel de interés, capacidades de poder e incidencia, mecanismos de consulta, participación y toma de decisiones, formas comunitarias de autoridad, conflictos manifiestos o potenciales y sus antecedentes.

o Interacción de los agentes socioeconómicos: al interior y entre coaliciones, arreglos institucionales, gestión municipal de riesgo de desastres, dinámicas locales de resolución de conflictos, otros.

o Efectos –de lo anterior- en el desarrollo: crecimiento económico, mecanismos de redistribución, sustentabilidad ambiental, otros impactos.

• Impulso de diálogos que permitan una comunicación pertinente con



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la población (usuaria o no de los servicios del INAB) en la zona de intervención, con propósitos de comprensión ciudadana de los procesos que realiza el Instituto y los cambios perseguidos. Implica la capacidad de: modificar componentes –de los proyectos o planes- que lesionen sensibilidades comunitarias, de incorporar instituciones sociales y prácticas culturales complementarias que fortalezcan o mejoren la viabilidad de los objetivos de la intervención y que desvanezcan las tensiones.

3) Alianza institucional/comunitaria para afrontar tala ilegal:

Las limitaciones del INAB en su calidad de autoridad del sector público forestal, para ejercer control sobre las actividades ilícitas que destruyen la cobertura boscosa, también son fuente de conflicto con las comunidades.

Esta situación demanda, como acción estratégica, una política de alianzas comunitarias y multisectoriales para la defensa del bosque, mediante la creación de una unidad específica que propicie las mejores condiciones de participación de los grupos interesados (a pesar de no ser propietarios de tierras o productores forestales). Puede implementarse mediante el lanzamiento de programas de protección del bosque que incluyan:

1.1 Procesos educativos para niños y jóvenes.1.2 Mecanismos y procesos de análisis de riesgo comunitario de pérdida del

bosque.1.3 Generación de formas asociativas de aliados ciudadanos del bosque

(clubes, comités, otros).1.4 Monitoreo comunitario del bosque.1.5 Mejoramiento de las condiciones para el ejercicio de auditoría social de los

procesos de aprovechamiento, lo cual incluye capacitación del personal y cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.

1.6 Establecimiento de mecanismos ágiles y seguros de denuncia de la tala ilegal, evitando indiscreciones que pongan en riesgo la integridad del denunciante.



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Entrevistas y visitas efectuadas

Entrevistas Visitas Fecha

Caso Cerro Tuncaj

Caballeros, Marvin ( entrevista, Técnico Forestal de la Regional de INAB, Rabinal, B.V.

Oficina Regional de INA, Rabinal, Baja Verapaz 17de marzo de 2011

Camey, Ronald. (Técnico Forestal de la Regional de INAB, Rabinal, B.V.)

Oficina Regional de INAB, Rabinal, B.V. (16 de marzo de 2011).

Ortega, Francisco. (Presidente COCODE de Aldea Saltán, Granados B.V. )

COCODE, de Aldea Saltán, Granados B.V. 16 de Mayo de 2011

Byron Rolando Alvarado, (Alcalde del municipio de Granados). 5.

Alcaldía de Granados, Baja Verapaz. 11 de mayo de 2011

Solano, Julio (Alcalde del municipio de Rabinal, Baja Verapaz).

Alcaldía Municipal de Rabinal, Baja Verapaz 16 mayo 2011

Quezada, Adalberto (Presidente de la Asociación del Agua de Pachalum, Quiché.)

Asociación del Agua de Pachalum, Quiché. 19 de mayo 2011

Herrera, Juan Carlos (Director Municipal de Planificación de Granados, Baja Verapaz.)

Alcaldía Municipal de Granados, Baja Verapaz. 19 de mayo de 2011

Director Municipal de Planificación de Pachalum.

Alcaldía Municipal de Pachalúm, Quiché. 11 de mayo de 2011)

Párroco de Cubulco Iglesia Parroquial de Culbulco, Baja Verapaz. 11 de mayo de 2011

Director Municipal de Planificación de Cubulco.

Alcaldía Municipal de Cubulco, Baja Verapaz. 11 de mayo de 2011



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Caso Finca San José Ocaña

Oficina de Planificación Municipal, San Juan Sacatepéquez 19 de mayo 2011

Voceros de las Comunidades y representantes de Asociación de Comunidades Kaqchikeles Q’amolo Q’i (un total de 18 personas)

6 de mayo de 2011, 28 de agosto de 2011 y 4 de noviembre de 2011

Edwin Pereira y Alejandro Puac (Oficina Regional Metropolitana del INAB)

6 de mayo de 2011

Alejandro Puac (Oficina Regional Metropolitana del INAB) 23 de junio de 2011

Caso Montaña Las Granadillas

Alejandro Argueta (Oficina Regional de Zacapa del INAB)

CONAP. 18 abril 2011 y 26 abril 2011 17 de marzo de 2011

Rubén Aldana (dirigente de la Asociación)

Reunión informativa sobre declaratoria de área protegida convocada por URNG. 29 de abril 2011

18 de marzo de 2011

Hernán Flores Morales (oficina de Secretaría de Asuntos Agrarios –SAA- en Zacapa)

CECON. 12 abril 2011. 18 de marzo de 2011

Teresa Barrillas (Oficina Regional de Zacapa del INAB)

Bancada URNG. 25 abril 2011. 18 de marzo de 2011

J.A. Contreras (agente de PNC) Audiencia Juzgado Zacapa. Fecha. 18 de marzo de 2011

Luis Alfredo Chacón (Oficina Regional de Zacapa del INAB) Oración ecuménica. Zacapa. Fecha.

Julio Cordón(Propietario de finca del área Montaña Las Granadillas, apoya a la Asociación)

13 de mayo de 2011

José Juan Olavarrueth (administrador de la finca Tashoró) 13 de mayo de 2011



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Gerardo Paiz (integrante de Colectivo Madre Selva) 25 de mayo de 2011

Pidió no ser identificado (personal de Auxiliatura de PDH) 24 de junio de 2011

Pilar Álvarez (ILUGUA y dirigente de la Asociación) 24 de junio de 2011

CONAPCONAP. Reunión informativa sobre declaratoria de área protegida.

18 abril 2011

26 abril 2011

Bancada URNG.

Reunión intersectorial en Zacapa. Reunión informativa sobre declaratoria de área protegida convocada por Bancada URNG.

29 de abril 2011

CECON. Reunión informativa sobre declaratoria de área protegida. 12 abril 2011

Bancada URNG. Reunión informativa sobre declaratoria de área protegida. 25 abril 2011

Audiencia en Juzgado de primera instancia penal contra la narcoactividad y delitos contra el ambiente de Zacapa.

14 abril 2011

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Conflictos Por El Manejo de Bosques