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JULIO de 2011 9 En ese periodo, las concesiones de lotes a proyectos mineros y petroleros para explo- ración se expandieron considerablemente, afectando (sin consentimiento o con él) territorios de comunidades campesinas y nativas, fuentes de agua, bosques, etc. Las disputas por el agua fueron las otras cau- sas que generaron conflictos de muy di- versa índole, que enfrentaron a comunida- des entre sí, a usuarios de una misma cuen- ca o entre comisiones de regantes y auto- ridades de agua de cuencas vecinas. Pocos fueron los conflictos relacionados, propiamente, con demandas de las organiza- ciones de productores agropecuarios, que protestaban contra las políticas del gobier- no. Organizaciones como Conveagro, los comités nacionales de productores de arroz, algodón, papa, ciertamente, pusieron en cuestión la política económica del gobierno, exigiendo el cambio de orientación de una política que desprotegía a la producción agropecuaria y no incentivaba ni brindaba suficientemente la ayuda financiera reque- rida por los emprendimientos agrarios. Dada la gran complejidad de los conflic- tos sociales —que, por lo demás, se exten- dían en el tiempo (algunos duraban más de tres años) y que alcanzaron altos grados de violencia, con decenas de víctimas—, era poco probable que los mecanismos exis- tentes para la prevención de los conflictos sociales, y los espacios institucionales creados para llegar a acuerdos y construir consensos, resultaran eficaces. La razón que explica esto la podemos apreciar desde diversas perspectivas: una de ellas es entender que las demandas de los productores agropecuarios, en realidad, solo podían resolverse con un cambio en el modelo de la política económica del gobier- no, cosa que no se podía lograr en las me- sas de negociación. Otra perspectiva era considerar que las demandas para aprobar la Ley de la Consulta Previa con base en el Convenio 169, firmado con la OIT, eran la condición básica para permitir nuevas con- Los conflictos sociales: una mirada desde lo rural Cuando se hace un recuento de los conflictos sociales en el país durante el último quinquenio, se observa que la gran mayoría de ellos se produjeron en las zonas rurales, sobre todo contra empresas mineras. Víctor Caballero Martín (investigador) cesiones de terrenos y lotes y otorgar la licencia social. Tal conquista de derechos para las comunidades campesinas y nati- vas, como es obvio, no podía lograrse con la firma de un acta o el acuerdo de una mesa de diálogo; por el contrario, requería de una ley expresa, aprobada por el Congreso. Todo ello explica por qué, en realidad, nunca se pudo reducir la conflictividad so- cial; por qué se extendió a casi todas las regiones del país; por qué era recurrente y se prolongaba en el tiempo; y por qué no se pudieron encontrar soluciones a tales demandas, que, con ser justas, no logra- ban ser resueltas. Obviamente, la respuesta de por qué no se resolvían la podemos explicar con base en estas dos afirmaciones: porque, de par- te del gobierno, no había voluntad política de realizar cambios a la política económica (a la que consideraba exitosa); y, de parte de las organizaciones comunales y socia- les, porque estas cobraron iniciativa y ad- quirieron liderazgos radicales en la conduc- ción de la protesta social. El choque, por tanto, era inevitable y devino en confron- taciones sin solución. En ese proceso se fueron gestando los efectos secundarios del conflicto: la pérdida de credibilidad de las instituciones encarga- das de la resolución de controversias en los aspectos de agua, contaminación ambiental, entre otros. Se fortalecieron en este proceso sentimientos localistas e identidades regio- nales que cohesionaron a los diferentes ac- tores de la protesta social en las regiones. Sin duda, los grandes retos de la nueva administración que tomará a cargo el go- bierno en el periodo 2011-2016 serán la reorientación de una política agraria que ha excluido del beneficio del crecimiento a los pequeños productores agropecua- rios, así como la conquista de derechos de las comunidades campesinas e indíge- nas con la aprobación de la Ley de Con- sulta Ciudadana. Cifras de violencia El siguiente cuadro muestra que el número de víctimas por conflictos sociales en estos cinco años fue muy elevado, lo cual expresa la incapacidad y/o la falta de voluntad política del gobierno de prevenir los conflictos y de resolverlos mediante el diálogo. Además, el número de muertos —entre civiles y militares— que dejó la lucha antisubversiva sumó 233 personas en el quinquenio García. Violencia y muertes en el Perú por conflictos sociales Periodo 2006 - 2011 Años Violencia social Civiles Policías militares Total 2006 16 1 17 2007 27 1 28 2008 27 8 35 2009 39 27 66 2010 34 1 35 2011 (*) 10 10 TOTAL 153 38 191 (*) Meses de enero - abril. Fuente: Defensoría del Pueblo, diarios nacionales. Elaboración: Víctor Caballero Martín. «Sin duda, los grandes retos de la nueva administración que tomará a cargo el gobierno en el periodo 2011-2016 serán la reorientación de una política agraria que ha ex- cluido del beneficio del crecimiento a los pequeños productores agro- pecuarios.»

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JULIO de 2011 9

En ese periodo, las concesiones de lotes aproyectos mineros y petroleros para explo-ración se expandieron considerablemente,afectando (sin consentimiento o con él)territorios de comunidades campesinas ynativas, fuentes de agua, bosques, etc. Lasdisputas por el agua fueron las otras cau-sas que generaron conflictos de muy di-versa índole, que enfrentaron a comunida-des entre sí, a usuarios de una misma cuen-ca o entre comisiones de regantes y auto-ridades de agua de cuencas vecinas.

Pocos fueron los conflictos relacionados,propiamente, con demandas de las organiza-ciones de productores agropecuarios, queprotestaban contra las políticas del gobier-no. Organizaciones como Conveagro, loscomités nacionales de productores de arroz,algodón, papa, ciertamente, pusieron encuestión la política económica del gobierno,exigiendo el cambio de orientación de unapolítica que desprotegía a la producciónagropecuaria y no incentivaba ni brindabasuficientemente la ayuda financiera reque-rida por los emprendimientos agrarios.

Dada la gran complejidad de los conflic-tos sociales —que, por lo demás, se exten-dían en el tiempo (algunos duraban más detres años) y que alcanzaron altos gradosde violencia, con decenas de víctimas—,era poco probable que los mecanismos exis-tentes para la prevención de los conflictossociales, y los espacios institucionalescreados para llegar a acuerdos y construirconsensos, resultaran eficaces.

La razón que explica esto la podemosapreciar desde diversas perspectivas: unade ellas es entender que las demandas de

los productores agropecuarios, en realidad,solo podían resolverse con un cambio en elmodelo de la política económica del gobier-no, cosa que no se podía lograr en las me-sas de negociación. Otra perspectiva eraconsiderar que las demandas para aprobarla Ley de la Consulta Previa con base en elConvenio 169, firmado con la OIT, eran lacondición básica para permitir nuevas con-

Los conflictos sociales:una mirada desde lo rural

Cuando se hace un recuento de los conflictos sociales en elpaís durante el último quinquenio, se observa que la granmayoría de ellos se produjeron en las zonas rurales, sobre

todo contra empresas mineras.Víctor Caballero Martín (investigador)

cesiones de terrenos y lotes y otorgar lalicencia social. Tal conquista de derechospara las comunidades campesinas y nati-vas, como es obvio, no podía lograrse conla firma de un acta o el acuerdo de una mesade diálogo; por el contrario, requería de unaley expresa, aprobada por el Congreso.

Todo ello explica por qué, en realidad,nunca se pudo reducir la conflictividad so-cial; por qué se extendió a casi todas lasregiones del país; por qué era recurrente yse prolongaba en el tiempo; y por qué nose pudieron encontrar soluciones a talesdemandas, que, con ser justas, no logra-ban ser resueltas.

Obviamente, la respuesta de por qué nose resolvían la podemos explicar con baseen estas dos afirmaciones: porque, de par-te del gobierno, no había voluntad políticade realizar cambios a la política económica(a la que consideraba exitosa); y, de partede las organizaciones comunales y socia-les, porque estas cobraron iniciativa y ad-quirieron liderazgos radicales en la conduc-ción de la protesta social. El choque, portanto, era inevitable y devino en confron-taciones sin solución.

En ese proceso se fueron gestando losefectos secundarios del conflicto: la pérdidade credibilidad de las instituciones encarga-das de la resolución de controversias en losaspectos de agua, contaminación ambiental,entre otros. Se fortalecieron en este procesosentimientos localistas e identidades regio-nales que cohesionaron a los diferentes ac-tores de la protesta social en las regiones.

Sin duda, los grandes retos de la nuevaadministración que tomará a cargo el go-bierno en el periodo 2011-2016 serán lareorientación de una política agraria queha excluido del beneficio del crecimientoa los pequeños productores agropecua-rios, así como la conquista de derechosde las comunidades campesinas e indíge-nas con la aprobación de la Ley de Con-sulta Ciudadana.

Cifras de violenciaEl siguiente cuadro muestra que el número de víctimas por conflictos sociales enestos cinco años fue muy elevado, lo cual expresa la incapacidad y/o la falta devoluntad política del gobierno de prevenir los conflictos y de resolverlos mediante eldiálogo. Además, el número de muertos —entre civiles y militares— que dejó la luchaantisubversiva sumó 233 personas en el quinquenio García.

Violencia y muertes en el Perú por conflictos socialesPeriodo 2006 - 2011

Años Violencia socialCiviles Policías militares Total

2006 16 1 172007 27 1 282008 27 8 352009 39 27 662010 34 1 352011 (*) 10 10TOTAL 153 38 191

(*) Meses de enero - abril. Fuente: Defensoría del Pueblo, diarios nacionales. Elaboración: Víctor Caballero Martín.

«Sin duda, los grandes retos de lanueva administración que tomaráa cargo el gobierno en el periodo2011-2016 serán la reorientaciónde una política agraria que ha ex-cluido del beneficio del crecimientoa los pequeños productores agro-pecuarios.»