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CONSECUENCIAS DE LA COOPTACIÓN CORRUPTA:
COSTOS SOCIO-AMBIENTALES
DEL MODELO DE DESARROLLO MINERO EXTRACTIVISTA
Y CULTURA DE LOS TERRITORIOS MINEROS
MARLENY CARDONA ACEVEDO
CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN
2. CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN
3. MODELO DE DESARROLLO
4. CONSECUENCIAS
5. PREGUNTAS ORIENTADORAS
INTRODUCCIÓN
La historia social y económica de Colombia, desde la conquista y colonización española hasta nuestros días, ha estado influenciada por la explotación de los recursos naturales, particularmente mineros, lo cual ha marcado buena parte del desarrollo de la nación.
Se evidencia que la actividad del sector minero es producto de débiles instituciones gubernamentales, normas flexibles y ausencia de tecnificación, marcando un factor influyente en problemáticas asociadas a conflicto y violencia con efecto negativo sobre el medio ambiente.
INTRODUCCIÓN
En este sentido, en la revisión de literatura se encuente que la implementación del modelo extractivita de los recursos naturales no renovables, impulsado por los últimos gobiernos, se ha concretado en gran medida en la proliferación de títulos mineros y, de manera consecuente, en el incremento de actividades mineras en gran parte del territorio nacional.
CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN
CAMBIOS EN LEGISLACIÓN
Norma Asunto que comprende la norma
Decreto 1335 de 1987 Mediante el cual se expide el reglamento de seguridad en minería subterránea.
Decreto 2222 de 1993 Por el cual se expide el Reglamento de Higiene y Seguridad industrial en las labores
mineras a cielo abierto.
Ley 685 de 2001 Código de Minas, que tiene los siguientes objetivos: Fomentar la exploración técnica y la
explotación de los recursos mineros estatales y privados.
Estimular las actividades de exploración y explotación minera, con el fin de satisfacer
los requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos.
Incentivar el aprovechamiento racional de los recursos mineros, de manera que
armonice con los principios y normas de explotación de los recursos naturales no
renovables.
Promover el aprovechamiento de los recursos mineros dentro del concepto integral de
desarrollo sostenible y fortalecimiento económico y social del país.
Ley 756 de 2002 Establece los criterios de distribución de las regalías. Modificada por el Decreto 4923 de
2011, mediante el cual se garantiza la operación del Sistema General de Regalías.
La Ley 1382 de 2010 Modificaba la Ley 685 de 2001; sin embargo, fue declarada inexequible por la Sentencia
C-366 de 2011, que establece que la citada ley tendrá efectos diferidos por el término de
dos (2) años. Lo anterior se justifica en que dicha exclusión de la ley
en el ordenamiento podría tener efectos contrarios a la vigencia de
bienes jurídicos valiosos desde la perspectiva constitucional, en especial la protección del
medio ambiente, al quedar sin efectos las normas de la ley acusada que tienen ese
propósito específico. De este modo, resultó necesario adoptar fórmulas que evitaran
diferir los efectos de inconstitucionalidad por un término de dos años, para así evitar
dicho vacío normativo.
Decreto 2715 de 2010 Reglamenta la Ley 1382 de 2010.
Acto Legislativo 05 de 2011 Por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y
361de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones sobre el
régimen de regalías y compensaciones.
Ley 1530 de 2012 Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de
Regalías.
CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN
Estado, comunidad con miras a lograr un propósito licito para un sector de la sociedad (Legal ético y moral) y finalmente como el constreñimiento o sometimiento de la voluntad de un particular, de una comunidad, institución o del mismo Estado pero en detrimento de quien no puede rehuir tal sometimiento o que pudiéndolo rehusar no lo hace, para obtener un beneficio económico en particular. Tal sometimiento puede ser realizado por una persona, un grupo, una red, una comunidad en particular o un Estado respecto a otro Estado. (Vivas, Peña, Bazzani, Gómez, 2012, pag 342)
Entendiéndose entonces la cooptación como el sometimiento de la voluntad de alguien para el logro de un beneficio en particular, se constituye en fenómeno procedimental con fines claramente determinados que busca la captación o captura de quien tiene el poder decisorio en los organismos públicos o privados.
Modelo de desarrollo
Modelo de desarrollo
La asignación del sector minero como locomotora del crecimiento, ha implicado un escenario coyuntural.
El territorio se transforma con la mineria: trabajo, capital y
espacio Desde el 2006 la “gran minería”
-Proyectos de Megaminería, identificados como “locomotora minera”-, ha sido ubicada como
pilar de desarrollo dentro de Plan de Desarrollo Nacional del gobierno del presidente Santos
En el punto 92 del programa de Gobierno, se plantea que la
“regla de oro es atraer más inversionistas de talla
mundial, con “reglas del juego” que garanticen la
estabilidad a largo plazo”, No es claro, a qua estabilidad y en qué sentido y para quién
o quiénes, ni a qué costo.
La inversión extranjera en explotación de minas y canteras
En el 2002 fue de US$ 466 millones, En el 2008 a US$ 1.789 millones, En el 2009 a US$ 3.094 millones. Repercutiendo en los títulos mineros existentes en Colombia que En el 2001 estaban en el orden de los 1889 En el 2010 a 8928 Representando 4.839.149 hectáreas, esto es, el 40% del territorio nacional aproximadamente.
La implementación del modelo extractivista ha llevado a que la ampliación de la gran minería legal en Colombia
desplace aceleradamente a la minería ancestral, generando conflictos locales y regionales por el derecho
a la tierra y la defensa de los recursos naturales, así como de las costumbres históricas, culturales,
ancestrales y de supervivencia de las comunidades de estos territorios.
Para ello, la gran minería ha contado con toda una legislación tramposa y corrupta que favorece los
intereses económicos de las multinacionales desconociendo los derechos de las comunidades, entre ellos, la consulta previa e informada y la participación
directa e indirecta en el modelo extractivista.
Rebajas tributarias con una tasa de 105 dólares por cada 100 dólares que ingresen al país, es decir por cada 100 dólares que invierta una multinacional, los colombianos deben devolverle 105 dólares en compensaciones y la ganancia del proyecto será para la multinacional, esto es posible a través del Código de minas, la ley de estabilidad jurídica, la ley de medio ambiente y la nueva legislación de
impuestos que fueron creadas por el Congreso de la República de Colombia
El nuevo marco regulatorio del tema de licencias ambientales en el sector de minería está
reglamentado en la ley 1382 de 2010 mediante el cual se modifico el Código de Minas y el Decreto
2820 de 2010 reglamentario de la ley 99 de 1993 sobre el tema de licencias ambientales.
En la actualidad existen en el país aproximadamente 2015 toneladas de oro en Colombia, esto es, 60 millones de onzas; se producen 40 toneladas de oro anuales; el gobierno aspira
incrementar esta cifra a 60 toneladas en el 2019. Sin embargo, el modelo extractivo no genera desarrollo o al
menos ese que socialmente se busca, es un modelo excluyente que atenta directa e irreversiblemente contra el
medio ambiente y contra la cultura de los territorios mineros.
Existen en la actualidad aproximadamente 89 proyectos de
megaminería aurífera, de los cuales 47 están en Antioquía (40.382
aproximadamente), -la mayoría en la fase de prospección-, lo que ha
generado una fuerte tensión entre: producción de oro y el control de títulos mineros, ya que las concesiones son a 30 años (prorrogables a 30 años más).
En 2009, Ingeominas, había otorgado o tenía en trámite más de diez mil títulos mineros en todo el territorio nacional,
incluyendo mil ochocientos en los cinco departamentos de la Amazonia, y también había otorgado 44 títulos
mineros en catorce parques nacionales. Actualmente se encuentra
en estudio más de cuarenta mil solicitudes de concesión en curso. Sólo la empresa Anglo Gold Ashanti tiene concesionadas 690 mil hectáreas.
En 2002, la onza de oro tenía un precio de US$272, mientras que hoy, casi
diez años después, la onza ha llegado a costar US$1.889. La crisis mundial de los últimos años hizo que un grano de oro del mismo peso que el de una
cuchilla de afeitar -un tomín, equivalente a 596 mg-, cueste US$39. En el Chocó, un minero recibe más o menos la mitad del valor, $42.000.
Para el caso específico de la mina “La Colosa” en el municipio de Cajamarca -
Tolima, proyectada para su explotación en el 2019, se estima la extracción de 24
millones de onzas de oro, para lo cual hay que remover 100.000 toneladas de
residuos mineros al día, además de 8 toneladas de cianuro que generan 500
Toneladas de dióxido de carbono. Para la extracción de 50 kilos de oro son
necesarios 70.000.000 litros de agua.
En esta zona la Anglogold Ashanti posee aproximadamente 21 títulos que
representan 30.440 Ha, es decir, el 60% del municipio de Cajamarca.
SISTEMAS PRODUCTIVOS, IMPACTO SOCIAL Y CORRUPCIÓN
En su ensayo sobre Circuitos centralidades y estándar de vida González y Cardozo (2011), señalan que la gran minería ha convertido a la minería ancestral, en
términos económicos:
“en una actividad cada vez menos rentable para quienes la ejercen y que además, en el marco de la actual política minera, corre el riesgo de convertirse
en ilegal. Esta condición se agrega a la de baja rentabilidad económica y ambiental que siempre ha tenido esta minería tradicional. Además, el impacto de esta gran minería en los territorios ancestrales
hace que el tejido social, cultural y las condiciones se agreguen al deterioro económico”.
La legislación muestra la ausencia total o parcial del Estado en territorios
mineros donde la presencia de grupos armados, principalmente paramilitares, se acrecienta con graves peligros para
líderes campesinos y comunales, voceros, sindicalistas y activistas que
han sido asesinados o están amenazados.
Los impuestos versus las rebajas tributarias, los incentivos a inversión extranjera, sin contar con el fraude
en la declaración de regalías, la evasión de impuestos, la doble
contabilidad que llevan las empresas, etc., han ocasionado la perdida en los
últimos 30 años de más de 14 billones de dólares para el país.
“(…) aprovechando además una legislación flexible que se había aprobado en 2001, particulares y empresas pidieron títulos para 20 mil concesiones de exploración y explotación de minas –un título sirve para las dos– que cubren 22 millones de hectáreas de los 114 millones que tiene el país”. (Ronderos, 2011).
En el 2011 el Registro Minero Nacional reportaba que 1717 empresas tenían títulos vigentes de concesiones para
explorar o explotar minas. Y los particulares tenían unos 7.200 títulos
más.
Anglo Gold Ashanti (AGA)
Las principales zonas donde se ha asentado desde el 2003 la AGA (señaladas en la
tabla), y que al día de hoy representan sus principales proyectos mineros: Antioquia, Tolima, Chocó, Cauca y Bolívar, han sido territorios que presenciaron unos años
antes de la llegada de la AGA altos niveles de violencia armada, desplazamiento y
despojamiento, lo que el gobierno de Uribe Vélez llamó la “pacificación de los territorios” donde además se han
incrementando las amenazas, torturas y asesinatos a líderes campesinos,
sindicalistas e indígenas.
En el proyecto de “La Colosa” se han hecho acuerdos y se ha legislado corruptamente,
pasando por encima tanto de las comunidades como de la constitución política de Colombia y de sus organismos de control, lo que finalmente ha permitido la exploración de zonas de reserva forestal y de zonas que según el Plan de Ordenamiento de la Cuenca Mayor del Río Coello (POMCA) y el Esquema
de Ordenamiento Territorial (EOT) del Municipio de Cajamarca, no contemplan la
vocación minera dentro de los usos del suelo.
Macro-proyecto Aurífero Marmato – Caldas y la Goldfields
El macroproyecto aurífero fue anunciado en diciembre de 2005 en Medellín por Ian Park, presidente de la Compañía Minera de Caldas, filial de la compañía Colombia Goldfields, con sede en Toronto, Canadá,
en presencia y con el aval de Fabio Valencia Cossio, entonces Alto Consejero
Presidencial para la Competitividad y luego Ministro del Interior y de Justicia, y Julián Villarruel, director de Ingeominas, dependencia del Ministerio de Minas y
Energía.
Desde su presentación se anunció que la envergadura del macroproyecto requiere
demoler el pueblo actual y trasladarlo para otra parte, ya que implica mover
entre 30.000 y 60.000 toneladas diarias de tierra, para producir 250.000 onzas
de oro al año.
MINERÍA, CORRUPCIÓN y
Sistema General de Regalías
El nuevo código minero es flexible y en detrimento de la pequeña minería o minería artesanal y ha beneficiado
sobremanera a las compañías extranjeras bajo el lema de “incentivar la
inversión extranjera”; la ley 685 de 2001, no contó con la consulta previa de
las comunidades afectadas, por el contrario, en aras de su cumplimiento se ha recurrido a la fuerza para despojar a
las comunidades que se resisten a la exploración y que han tenido que
realizar marchas y toma de tierras para ser escuchados y tenidos en cuenta.
El nuevo código de minas disparó la especulación debido a la incontrolable
adjudicación de títulos mineros a nuevos solicitantes sin exigir la
demarcación real de un área mínima de exploración, mientras por otro lado demoraba dilataba la adjudicación a
mineros artesanales residentes durante años en las zonas mineras.
La ley 1381 estipulaba que si un minero que declaraba ser informal pedía un título, podía seguir explorando su mina hasta que no se regularizara su situación, esto proceso de
regularización generó altos niveles de corrupción debido a que muchas mafias
asociadas al paramilitarismo y al narcotráfico aprovecharon esta situación fingiendo ser mineros artesanales, para
realizar explotación con gran maquinaria sin ningún tipo de control a pesar de los daños y costos socio-ambientales, frente a ello se amparaban en su calidad de regularización
en trámite.
Consecuencias
Capacidad institucional. Colombia presenta actualmente serios problemas que le impiden garantizar que los precios de
transferencia y de venta que reportan las empresas sean realmente los precios de
transferencia. Esta grave situación lleva a niveles de corrupción exorbitantes porque la nación debe conformarse con el reporte de transferencia y venta que reportan y
registran las empresas multinacionales sin que tenga un control claro y expedito sobre
regalías y precios de transferencia.
En 2007 Colombia exportaba productos de este sector por 7.344 millones de dólares; en 2009 esa cifra ascendió a
18.035,4 millones y para 2021 se estima que llegará a 54.149,9
millones. Para el año 2009 de cada 100 dólares que ingresaron por inversión extranjera directa, 41
llegaron a la minería y 36 al petróleo.
En el actual SGR – Sistema General de Regalías, antes Fondo Nacional de Regalías-
, el gobierno nacional dispuso una nueva normatividad en torno a la distribución
sectorial y regional y diseño los “triángulos del buen gobierno” –gobernadores, alcaldes
y representantes del ejecutivo nacional-, para regular los mecanismos de escogencia
y ejecución de los proyectos, que finalmente no han funcionado y siguen
trabajando a partir de una marcada centralización cada vez más inequitativa y
corrupta. Sumado a esto, muchos municipios quedaron por fuera de la
distribución de las regalías y los que han recibido regalías han entrado en delicados riesgos de corrupción y desperdicio en los recursos de ciencia y tecnología, un 10%
del total de las regalías.
En Colombia existe una práctica permanente de evasión del pago de
regalías, como en el caso de la Drummond que ha dejado de pagar
casi un billón de pesos; igualmente el fraude en la declaración de estas
empresas, como el que se presenta con Cerromatoso que adeuda 24 mil millones de pesos, sumado a que por malas liquidaciones entre el 2004 y el 2008 se “perdieron”23 mil millones de pesos y $420.000 dólares con
Prodeco-Glencore.
“Por el lado tributario propiamente dicho Colombia, nominalmente, tiene unas tasas altas, pero la multiplicidad
de deducciones nos lleva a que el sector minero pague en efecto una tasa efectiva neta en conjunto del orden del 10 por ciento y no del 33
como se dice, porque hay multiplicidad de extensiones”. (Garay,
2013).
Existen casos comprobados de que el precio de transferencia que algunas
empresas reportan a la DIAN es diferente y muy inferior del que
reportan las mismas empresas y para el mismo periodo a la
superintendencia de sociedades. Es decir, existe en la actualidad en
términos de minería una tasa baja y fija, regalías bajas pero sin un control debido que impide la posibilidad de recaudar debidamente las regalías.
Conflictos ligados al monopolio de los títulos mineros y de la propiedad de la tierra en detrimento de las comunidades que habitan dichos territorios como es el caso de Cajamarca (Tolima); Marmato (Caldas); y Chocó.
CONCLUSIONES
En el Periódico el tiempo en una publicación online del 4 de julio de 2011 se pueden encontrar los siguientes apartes que evidencian hatos de corrupción en el interior de las entidades estatales que manejan temas de minería.
"Aquí todo tiene precio. ¿Quiere que le agilicen un registro minero, que se lo demoren, que le den derechos de explotación en una zona prohibida...? Pague. Esto es a la carta: todo se puede".
Ese fue el diagnóstico que recibió el Gobierno tras una investigación de seis meses en el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), donde se descubrió que hay tarifas para todo tipo de trámites y hasta una cuenta bancaria en Valledupar para que particulares consignen sobornos
De igual forma en una publicación del Periódico el Economista del 7 de mayo de 2013 se asegura que el 78% de títulos mineros otorgados en Colombia presentan irregularidades.
“Según la Agencia Nacional de Minería colombiana, ANM, a la fecha se han realizado 2.500 visitas a zonas con títulos mineros (casi una tercera parte del total nacional), en 23 departamentos del país, donde el 78% presentó irregularidades.
Algunas de las causas de caducidad que se evidencian en este primer análisis fueron: incumplimiento en el pago de contraprestaciones económicas con un 31% (regalías 13%, canon 17% y otras 1%); falta general y reiterada de las obligaciones y requerimientos con 33%; pólizas no vigentes 22% y explotación sin licencia ambiental con un 14%.”
Siguiendo esta misma tónica el periódico el Espectador en una publicación de 2011, vislumbraba los problemas de corrupción que se estaban presentando en los trámites de adjudicación de títulos mineros.
“Para evitar que se sigan presentando casos de corrupción, que permitieron a funcionarios de Ingeominas entregar títulos mineros como en una piñata, el ministerio de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, señaló que la primera tarea es cambiar el sistema de adjudicación de títulos mineros, es decir, pasar de polígonos irregulares a cuadricula, como se hace en el Perú.
