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C i r c u l a r (636) 5 de Junio del 2014
Usuarios Poder Judicial, Toda la República
CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL, SECRETARIA
GENERAL
Circular No.08.- Con instrucciones del Pleno de la Judicatura y de la
Carrera Judicial, a todo el personal jurisdiccional y administrativo de este
Poder del Estado, se les RECUERDA que la vestimenta diaria para asistir a
su centro de trabajo debe ser formal, la cual se describe a continuación:
Caballeros: pantalón de vestir con su respectiva camisa, corbata y zapatos
formales:
Señoras, Señoritas: vestido, traje o pantalón, zapatos formales;
Además, deberá portar su carnet en forma visible, al ingresar a su centro de
trabajo y mientras permanezca en él.
NOTA: Queda terminantemente prohibido el USO DE TIRANTES,
CAMISETAS, MINIFALDAS, ESCOTES, JEANS, SHORTS, TENIS,
PESCADORES.
El incumplimiento de la misma conllevará la aplicación del Régimen
Disciplinario contenido en la Circular No.5 de fecha 5 de diciembre de 2013.
La presente circular es de efecto inmediato.
Tegucigalpa, Municipio el Distrito Central, 5 de junio de 2014
Jose Roberto Espinal Ramos
Secretario General
C i r c u l a r (637) 4 de Junio del 2014 (recibida el 5 de junio del 2014)
Señores Magistrados Cortes de Apelaciones, Juzgados de Letras y de Paz, Defensa Publica, Inspectoria General de Juzgados y Tribunales, Departamentos Administrativos y demás Dependencias Judiciales, Toda la República
SECRETARIA GENERAL de la corte suprema de justicia
Oficio No.864-SCSJ-2014.- Circular No.05.-Con instrucciones de la
Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, y de conformidad al
Reglamento de vacaciones, Asuetos y Licencias para funcionarios y
empleados del Poder Judicial, se les comunica lo siguiente:
PRIMERO: Que el primer periodo de Vacaciones del año 2014 para los
funcionarios y empleados del Poder Judicial, se iniciará a partir del día lunes
treinta (30) de junio del presente año (2014), reiniciando las labores el día
martes quince (15) de julio del referido año (2014).
SEGUNDO: Los días del periodo vacacional mencionado, SON INHABILES
para efectos de los términos judiciales, a tenor de lo establecido en el
Artículo 119 numeral 2) del Código Procesal Civil; lo anterior sin perjuicio
de los turnos programados en los Juzgados en Materia Penal, de la Niñez y
Adolescencia, la Defensa Publica e Inspectoria General de Juzgados y
Tribunales; dependencias que funcionarán con el personal mínimo necesario.
TERCERO:
a)En los Juzgados de Letras de Familia únicamente turnará una
persona que se encargará de la recepción y entrega de las
pensiones alimenticias.
b)En los Juzgados de Violencia Doméstica estará el personal
estrictamente necesario para atender asuntos de urgencia y
flagrancia así como recepción y entrega de pensiones alimenticias.
Atentamente,
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
C i r c u l a r (638) 5 de Junio del 2014
Señores Cortes de Apelaciones del Trabajo a Nivel Nacional, Cortes de Apelaciones a Nivel Nacional, Juzgados de Letras del Trabajo a Nivel Nacional, Juzgados de Letras Seccionales a Nivel Nacional, Usuarios del Poder judicial en Materia Laboral
SECRETARIA GENERAL de la corte suprema de justicia
Circular No.1-2014. Oficio No.866-SCSJ-2014.-Con instrucciones del Pleno
de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de
Justicia, para su conocimiento y demás efectos, por este medio me permito
transcribir el Punto No.1 de la Sesión celebrada el martes 13 de mayo de
2014, en la que se aprobaron las conclusiones del Taller de UNIFICACION
DE CRITERIOS realizado con operadores de justicia especializados en la
materia laboral.
“UNIFICACION DE CRITERIOS JUDICIALES EN
MATERIA LABORAL
JUSTIFICACION
Los grandes problemas nacionales e internacionales están estrechamente
vinculados con la necesidad de justicia y certidumbre jurídica y aunque si
bien es cierto que en apariencia estas son consideradas vitales como las de
alimento, vestido y techo, no es menos cierto que si en el contexto global
predominaran, seria una realidad innegable para la colectividad mundial la
plena satisfacción de todas y cada una de las necesidades humanas.
En tal sentido, se debe tener en cuenta que:
1.El servicio público de JUSTICIA tiene una doble connotación, pues, por un
lado se convierte en el principal objetivo del orden político, económico y
social y, por el otro se toma un derecho inherente a todas las personas, y,
2.Para que haya justicia necesariamente debe haber seguridad o
certidumbre jurídica, y por ello es fundamental que en el sistema
administrador de justicia exista la unificación de criterios en su aplicación,
para que no obstante que habiendo una pluralidad de personas encargadas
de aplicar una misma ley, el resultado sea siempre el mismo, como garantía
para el justiciable en particular y para la sociedad en general.
Por ello, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, con el apoyo de
la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y en cumplimiento del Plan
Operativo Anual de la Sala, realizó un conversatorio con operadores de
justicia especializados en la materia laboral pertenecientes a la Corte de
Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de Francisco Morazán,
Olancho y El Paraíso, a la Corte de Apelaciones del Trabajo de Cortes, al
Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, al Juzgado de Letras
del Trabajo de Cortes y al Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba;
concebidas estas reuniones con el fin de propiciar espacios de reflexión
colectiva, de análisis, de debate constructivo e intercambio de información
genérica y experiencias, en procura del fortalecimiento del ejercicio de los
roles de cada que uno de los participantes desempeña, así como de
contribuir a la uniformidad en la interpretación y aplicación del derecho,
buscando la predictibilidad en las resoluciones judiciales, objetivos hacia los
que apunta el concepto de seguridad jurídica e igualmente dar cumplimiento
al derecho de acceso a una justicia verdaderamente independiente,
imparcial, transparente, responsable ante la ciudadanía, eficiente, eficaz,
equitativa, comprensible y atenta con todos, tal como lo establece la Carta
de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial
Iberoamericano.
PROPOSITO DEL EVENTO
Con respeto absoluto a la independencia judicial y sin emitir opiniones sobre
casos específicos, quienes participaron en el conversatorio analizaron
algunos problemas que se presentan en la practica jurisdiccional forense, a
fin de consolidar los diversos criterios con los que se les ha venido dando
tratamiento entre los diferentes operadores de justicia, a efecto de propiciar
la necesaria seguridad o certidumbre jurídica, así como mejorar la calidad
del servicio público de justicia en el ámbito del Derecho Laboral, los que una
vez aprobados por la Sala Laboral-Contencioso Administrativo han pasado a
formar parte de los criterios jurisprudenciales que deben ilustrar y servir de
guía a los operadores de justicia del área laboral, en cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 764 del código del trabajo.
LINEAMIENTOS GENERALES RELACIONES LABORALES SIN
CONTRATO ESCRITO
Sobre las relaciones laborales sin contrato escrito, se concluyo lo siguiente:
-De conformidad con lo establecido en el articulo 39 del Código del
Trabajo, el contrato verbal solo cabe cuando se refiera a: 1) servicio
doméstico; 2) trabajos accidentales o temporales que no excedan de
sesenta (60) días; 3) obras cuyo valor no exceda de doscientos
lempiras (L.200.00); o, 4) labores agrícolas o ganaderas, a menos que
se trate de empresas industriales o comerciales derivadas de dichos
rubros.
-De acuerdo a lo señalado en los artículos 21,25 y 30 del código del
Trabajo, a falta de contrato escrito, el juez deberá tener presente: 1)
que se presume que toda relación laboral esta regida por un contrato
de trabajo; 2) que la inexistencia del contrato escrito es imputable al
empleador; 3) que el empleador que no celebre por escrito el contrato
de trabajo, u omita alguno o algunos de sus requisitos, hará presumir,
en caso de controversia, que son ciertas las estipulaciones de trabajo
alegadas por el trabajador (incluida la condición de permanencia), sin
prejuicio de prueba en contrario, y 4) que en todo contrato individual
de trabajo deben entenderse incluidos, por lo menos, los derechos y
las garantías que otorguen a los trabajadores la Constitución de la
República, el Código del Trabajo, sus reglamentos y las demás leyes
laborales.
En relación a los contratos de trabajo por tiempo limitado, la interrogante que surgió es si de ellos puede o no nacer una relación laboral permanente, concluyéndose lo siguiente:
-La estabilidad laboral tiene su fundamento en la Constitución de la
República y se sustenta en el hecho de que mientras persista la
materia del empleo deberá mantenerse la continuidad en el mismo, y,
por ello, solo en casos particulares la duración del contrato de trabajo
puede ser temporal.
-La regla es que la relación laboral sea permanente y la excepción es
que sea temporal. El contrato de trabajo por tiempo limitado requiere
la existencia de causas objetivas que le justifiquen, ya que su
concertación no puede basarse en la simple en la simple decisión de
las partes; por tal razón, la temporalidad de la relación laboral debe
ser demostrada por el empleador.
-Es errado entender que la permanencia laboral, para que surta sus
efectos: 1) deba ser solicitada antes de vencerse el contrato de
trabajo; 2) se deba pedir de previo su declaración judicial para luego
reclamarse el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales o el reintegro al puesto de trabajo; y, 3) puede alegarse en
juicio su prescripción. Siempre debe tenerse presente el principio de
continuidad y que el contrato de trabajo es de tracto sucesivo.
-Conforme con lo dispuesto en el articulo 48 párrafo 2º del Código del
Trabajo, todo contrato por tiempo determinado será susceptible de
prorroga tácita por el hecho de que el trabajador continúe prestando
sus servicios sin oposición del empleador; no obstante lo anterior, el
juez, deberá analizar los hechos teniendo en cuenta: 1) el principio de
la primacía de la realidad; y, 2) que los contratos a plazo fijo son de
carácter excepcional y solamente pueden celebrarse en casos que así
lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a
prestar, tal como lo establece el articulo 47 del Código del Trabajo,
en su párrafo 3”.
EL TRABAJO POR JORNAL EN EL SECTOR PÚBLICO
Sobre el trabajo por jornal en el sector público, surgió la interrogante de si los jornaleros que laboran para el Estado deben o no ser amparados por el Código del Trabajo y, al respecto, se concluyo lo
siguiente:
-De acuerdo a lo establecido en el articulo 21 numeral 21) del
Reglamento de la Ley del Servicio Civil, los trabajadores del estado
pagados por el sistema de planillas generalmente realizan labores de
jornaleros. Conforme al artículo 2 del Código del Trabajo, estos
trabajadores quedarán sujetos a dicho texto legal sólo en caso de
emergencia nacional. Sin embargo, se ha venido haciendo uso
abundante de la figura del “jornalero” sin que exista una declaratoria
de emergencia nacional. Ante tal situación, se debe tener en cuenta el
principio de la primacía de la realidad y que jornaleros son aquellos
trabajadores cuyo salario se computa por día u hora de trabajo.
LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES O TECNICOS
En cuanto a los contratos de prestación de servicios profesionales o
técnicos al Estado, surgió la interrogante de si puede o no una aparente contratación e este tipo, en principio sometida a la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, llegar a ser considerada una verdadera relación laboral sometida a la jurisdicción del Trabajo. Al respecto, se
concluyo lo siguiente:
-Bajo ésta y otras modalidades (como el caso de los jornaleros, por
ejemplo), en muchas ocasiones (no en todas) se pretenden ocultar
auténticas relaciones laborales en contratos que aparentemente no
podrían ser conocidos por la jurisdicción del trabajo; por ello, el juez
deberá analizar los hechos a la luz de los principios protectorio y de
la primacía de la realidad.
-De conformidad con lo que establece el Código de Procedimientos
Civiles respecto a la fijación de los límites dentro de los cuales el
juzgador laboral puede y debe ejercer su facultad jurisdiccional, se
presentaban tres escenarios ciertamente distintos:
o El primero, cuando se oponía una excepción dilatoria de
incompetencia o se promovía una cuestión competencial por vía
declinatoria, que en esencia eran lo mismo y se ventilaban como
incidente del negocio principal ante el juez o tribunal cuya
competencia se negaba;
o El segundo, cuando se promovía una cuestión
competencial por vía inhibitoria, que se planteaba ante el juez o
tribunal cuya competencia se afirmaba; y,
o El tercero, cuando surgía un conflicto competencial, que
solo podía tener su origen en la inhibitoria, por desacuerdo entre el
órgano judicial requirente y el órgano judicial requirente y el órgano
judicial requerido, sea porque ambos insistían en conocer del mismo
asunto (conflicto competencial negativo).
Hoy por hoy, con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, la
declinatoria es la única cuestión de competencia posible, cuya regulación se
encuentra establecida en los artículos 44 al 47 del mencionado cuerpo legal.
- Generalmente en este tipo de casos, de la demanda y su contestación
se puede colegir lo siguiente: 1) que los demandantes requieren la
intervención de un órgano jurisdiccional que dé solución a un conflicto
en donde de acuerdo a sus alegaciones, del vínculo contractual que
existía entre ellos y la Administración Pública, surgió una relación de
naturaleza laboral permanente sujeta al Código del trabajo, y, con ella,
el derecho al pago de prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales o al reintegro al puesto de trabajo por despido injustificado,
más los salarios dejados de percibir, esto ultimo a título de daños y
perjuicios; y, 2) que la demandada argumenta que los convenios
suscritos por las partes pertenecen a la clase de contratos
administrativos de prestación de servicios profesionales o técnicos
celebrados entre os Poderes del Estado y personas naturales,
contratos a los cuales hace referencia el artículo 3 literal a) de la Ley
de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.
- Se presenta así un escenario en donde entran en conflicto la
jurisdicción del Trabajo, encargada de tutelar los derechos laborales y
la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, encargada de
garantizar la legalidad en la actividad administrativa estatal, ya que
dependiendo de cómo sea interpretada la normativa que pudiera ser
aplicable al caso que dependiendo de cómo sea interpretada la
normativa que pudiera ser aplicable al caso concreto, podría
declararse competente a uno u otro orden jurisdiccional, es por ello
que ante una situación como ésta, el ordenamiento jurídico relativo a
las materias que dichas jurisdiccionales conocen no debe analizarse y
entenderse en forma restrictiva, pues el hacerlo vulneraría el derecho
que tienen las partes a una efectiva tutela judicial.
- Cuando se está frente a una cuestión competencial que involucra a las
jurisdicciones del Trabajo y de lo Contencioso-Administrativo, deben
tenerse en cuenta los siguientes factores; 1) la demanda, considerada
en si misma como planteamiento de un problema cuya solución todavía
se ignora en el momento en que se elige el juez; 2) el rango
constitucional que tienen los derechos laborales y los principios que
informan el Derecho del Trabajo, en especial el de la primacía de la
realidad, vistos aquellos y éstos desde la perspectiva de los derechos
humanos; 3) el carácter de orden público que tienen las normas que
instituyen la jurisdicción del Trabajo; 4) la preeminencia de las leyes
laborales sobre las de cualquier otra índole, cuando estas entran en
colisión con aquellas; 5) el carácter improrrogable de la jurisdicción
de lo Contencioso-Administrativo, que le hace no susceptible de
sumisión y le impide conocer de ciertos asuntos que no le están
atribuidos por las reglas generales que han precedido a su institución,
ni extender su competencia más allá de lo taxativamente preceptuado
en la ley que le regula, no pudiendo, en virtud de ello decidir sobre
cuestiones de orden laboral, tal como lo disponen los artículos 4
literal a) y 6 párrafos 1º y 4º de la Ley de la Jurisdicción de lo
Contencioso-Administrativo.
- La determinación del orden jurisdiccional competente viene impuesta
por el petitum y la causa pretendi que lo fundamenta, es decir, por la
naturaleza de la acción intentada y la pretensión de la parte
demandante. Hay que tener en cuenta que con base en el principio
dispositivo, quien determina el objeto del proceso judicial es la parte
que ha ejercido su derecho de acción y si la pretensión implícita o
explícitamente concretada en la demanda se sustenta en la existencia
de un contrato de trabajo, la ley atribuye su conocimiento, con
competencia exclusiva y excluyente, al orden jurisdiccional laboral.
Debe recordarse que quien acude ante un órgano de jurisdicción tiene
el derecho constitucional a obtener una sentencia sobre el fondo del
asunto planteado y que, aunque la obtención de este pronunciamiento
judicial no implique que la decisión deba ser favorable a la pretensión
formulada, el fallo si debe ser congruente a los términos del debate
procesal y al objeto incorporado y debatido por las partes.
- Desde el punto de vista de la normativa laboral, se debe revisar: 1) si
hay subordinación; 2) si se presta el trabajo de manera personal; 3) el
lugar y los medios con que se ejecuta el trabajo; y, 4) si el trabajo
desempeñado corresponde a un puesto permanente en la institución.
- Desde el punto de vista de la normativa administrativa, se debe
revisar: 1) si el prestador del servicio es un profesional o técnico; 2)
en caso afirmativo, si la materia del servicio prestado se relaciona
con la profesión u oficio para la cual está autorizado el profesional o
técnico; y, 3) si la actividad requiere ser desempeñada por un
profesional o técnico; y, 3) si la actividad requiere ser desempeñada
por un profesional y si no puede ser realizada por personal regular o
permanente. Atendiendo al principio de la primacía de la realidad, en
ningún caso tendrá que tomarse en cuenta la forma en que se le ha
llamado a la remuneración (sueldo, salario, honorarios profesionales,
etc.)
- El objeto de los denominados “contratos de prestación de servicios
profesionales o técnicos” es la prestación de un servicio que requiere
un grado académico superior o conocimientos especializados.
- El elemento “subordinación” distingue la relación laboral de la relación
administrativa de prestación de servicios profesionales o técnicos.
- No se puede privar al trabajador estatal o público de la mínima
cobertura contra el despido arbitrario. Hacerlo equivaldría a colocarlo
en inferioridad de condiciones que los trabajadores del sector
privado, discriminándolo en ese aspecto.
- El juez del Trabajo es el único facultado para establecer si en un
determinado caso se da o no la concurrencia de los tres elementos
esenciales del contrato de trabajo y declarar o no la existencia de una
relación laboral y sus consecuencias.
EL PRE Y POST NATAL
Con relación al pre y post natal, surgió la interrogante de si son o no derechos adquiridos, concluyéndose lo siguiente:
- El Estado protege a la mujer embarazada y al niño o niña que está por
nacer, por ello, el pre y post natal es un descanso obligatorio, como
las vacaciones, cuyo goce es un derecho que toda trabajadora
eventualmente adquiere por su condición de mujer que en el marco de
la relación jurídica laboral puede llegar a encontrarse en estado de
gravidez.
- Para efectos de las indemnizaciones por maternidad, bastará a la
trabajadora acreditar que notificó a su empleador de su estado de
embarazo; y, si no lo hizo, entonces tendrá que probar que su estado
de gravidez fue notorio.
LA RENUNCIA Y LA TRANSACCION COMO FORMAS DE TERMINACION
LABORAL
Sobre la renuncia y la transacción como formas de terminación de la relación
laboral, se concluyó lo siguiente:
- Conforme a lo establecido en el artículo 127 de la Constitución de la
República, a renuncia es una facultad unilateral que tiene el trabajador
para dar por terminada la relación laboral, por la cual el empleador
queda obligado solamente al pago de los derechos adquiridos o a
cualquier otro derecho legal, reglamentaria o contractualmente
establecido (vacaciones causadas y proporcionales, decimotercer y
decimocuarto mes causados y proporcionales, entre otros).
- Cuando se alega la terminación de la relación laboral como
consecuencia de la decisión unilateral del trabajador o por mutuo
consentimiento entre el trabajador y empleador, el juez, en su
condición de garante de la efectividad de los derechos laborales, tiene
el deber de analizar los hechos anteriores, coetáneos y posteriores a
la renuncia o a la transacción, para efectos de la protección de
aquellos derechos que son irrenunciables.
- Corresponde al empleador probar que la renuncia fue voluntaria y al
trabajador que la renuncia adolece de vicios en el consentimiento.
- Respecto a la transacción, por ser ésta una forma bilateral de
terminación de la relación laboral (por haber mutuo consentimiento),
no puede haber condena al pago de salarios dejados de percibir.
- El artículo 379 del Código del Trabajo establece que todo acto de
compensación, liquidación, transacción o convenio entre el trabajador
y el empleador, para que tenga validez deberá hacerse ante las
autoridades del Trabajo correspondientes.
LA PRESCRIPCION DEL DERECHO DEL EMPLEADOS PARA DESPEDIR
JUSTIFICADAMENTE ALL TRABAJADOR
Sobre la prescripción del derecho del empleador para despedir
justificadamente al trabajador, se concluyó lo siguiente:
- El plazo de prescripción comienza desde el momento en que el
empleador tenga conocimiento de la infracción, ya sea porque
personalmente haya presenciado el hecho o porque dicho
conocimiento sea producto de una investigación, informe o auditoría.
- El empleador tiene un mes para sancionar; por ello, debe investigar,
realizar la respectiva audiencia de descargo y despedir, si es el caso,
dentro del plazo en mención. Si no lo hace, el trabajador podrá, como
alegato de fondo, señalar que el despido se hizo fuera de tiempo
legalmente establecido.
ACLARACION, CORRECCION O ENMIENDA A LA DEMANDA
Sobre la aclaración, corrección o enmienda a la demanda, se concluyo lo
siguiente:
- Mediante la aclaración, corrección o enmienda a la demanda no puede
cambiarse la pretensión de la misma, pues en el momento procesal
oportuno para hacer uso de estas figuras el demandado ya ha
contestado la demanda
- Corrección denota alteración o cambio que debe hacerse en lo escrito,
para mejorarlo; aclaración es ilustrar el sentido de lo expuesto, a fin
de que no ofrezca dudas respecto a lo que se pretende decir, y la
enmienda participa del carácter dela corrección, en cuanto se contrae
a la eliminación de un error.
- La ampliación de la demanda debe regirse por lo dispuesto en el
artículo 430 del Código Procesal Civil y debe dársele oportunidad a la
contraparte para que pueda dar contestación a los hechos nuevos que
se aleguen.
- A la aclaración, corrección o enmienda a la demanda debe dársele
trámite incidental y decidirse en auto interlocutorio, de conformidad
con los artículos 706 párrafo 3º, 715 y 716 del Código del Trabajo,
193 numeral 2) literal b) y 199 del Código Procesal Civil.
- En todo caso, debe tenerse en cuenta que el articulo 129 de la
Constitución de la República dispone que, cuando el despido
injustificado surte efecto y firme que sea la sentencia condenatoria
respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección; 1) a una
remuneración en concepto de salarios dejados de percibir a titulo de
daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y
convencionalmente previstas; o, 2) a que sele reintegre al trabajo con
el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a titulo de daños y
perjuicios.
EL LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL PROCESO LABORAL
Sobre el litisconsorcio pasivo necesario en el proceso laboral, se concluyó
lo siguiente:
- La figura del litisconsorcio pasivo debe ser analizada a la luz del
artículo 6 del Código del Trabajo.
- El juez del Trabajo, como garante de la efectividad de los derechos
laborales, debe poner en conocimiento a las partes que por la forma
de la prestación del servicio hay un tercero involucrado y, por ello,
hay litisconsorcio pasivo necesario y debe esta tercera persona ser
emplazada para que comparezca en juicio como parte demandada.
LA PARTICIPACION DEL CURADOR AD-LITEM EN EL PROCESO LABORAL
Sobre la participación del curador ad-litem en el proceso laboral, el
problema identificado esta relacionado con su responsabilidad en la
apelación y la consulta. Al respecto, se concluyó lo siguiente:
- Si en primera instancia el debate procesal se ha realizado con la
participación de curador ad-litem y dicho juicio debe, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 747 del Código del Trabajo remitirse en
consulta, en el tribunal de segundo grado se dará el mismo
tratamiento que se da a las apelaciones.
- En caso de que el curador ad-litem haya incumplido sus funciones, se
hará saber de tal situación a la Corte Suprema de Justicia y al Colegio
de Abogados.
LA EXISTENCIA DE CLAUSULA ARBITRAL EN EL CONTRATO DE
TRABAJO Y SU ALEGACION COMOD EFECTO PROCESAL
Sobre la existencia de clausula arbitral en el contrato de trabajo y su
alegación como de efecto procesal, se concluyó lo siguiente:
- De conformidad con lo establecido en los artículos 807 y 820 del
Código del Trabajo, la clausula arbitral es pertinente sólo en la
contratación colectiva, por ello, en las relaciones laborales
individuales no pueden ser invocadas.
LIQUIDACION DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR
Sobre la liquidación de salarios dejados de percibir, se concluyó lo
siguiente:
- En los juicios donde la pretensión del demandante es el pago de
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, los salarios
dejados de percibir se calcularán desde la fecha en que ocurrió el
despido hasta la fecha en que quede firme la sentencia condenatoria;
- En cambio, cuando la pretensión del demandante sea el reintegro al
puesto de trabajo, estos salarios se calcularán igualmente desde la
fecha del despido, pero hasta la fecha en que efectivamente se
reinstale al demandante en su puesto.
- Para efectuar dichos cálculos, siempre deberá utilizarse la formula del
salario mensual promedio (SPM). Este salario se obtiene mediante la
suma de todos los ingresos percibidos por el trabajador durante los
últimos seis (6) meses y que constituyan salario (sueldos ordinarios,
horas extras, bonificaciones habituales y salarios en especie). La
suma de todos estos conceptos se divide entre seis (6) para obtener
el salario ordinario promedio (SOP). El salario ordinario promedio se
multiplica por siete (7) y se divide entre seis (6) para obtener
finalmente el salario promedio mensual. También se puede determinar
el SPM multiplicando el salario ordinario mensual (SOM) por catorce
(14) y dividiendo finalmente entre doce (12), cuando no se tienen
bonificaciones de ninguna clase y el SOM no ha variado durante todo
el año; pero es más oportuno calcular dicho concepto utilizando la
fórmula: SPM=(SOMx7)+6.
- En aquellos casos en donde haya de calcularse los salarios dejados de
percibir en una institución del estado que cuente con contrato
colectivo, ha de realizarse una exhaustiva revisión para verificar todo
concepto que constituya salario, ya que deberá formar parte de la
fórmula para el cálculo del salario promedio mensual.
- Para la consignación deben tomarse en cuenta 3 aspectos: la
proporcionalidad de la consignación, la oportunidad del momento en
que se hace y la buena fe.
- Ante el ofrecimiento del pago de prestaciones, el empleador no puede
condicionar dicho pago al trabajador para hacérselo efectivo, a menos
que legalmente o por mutuo acuerdo se haya autorizado.
ESTRUCTURA DE LAS SENTENCIAS LABORALES
Sobre la estructura de las sentencias laborales, se concluyó lo siguiente:
- Para la elaboración de sentencias debe tenerse en cuenta lo
establecido en los artículos 200,206,207 y 208 del Código Procesal
Civil, que tratan lo relativo al contenido formal de las sentencias y sus
requisitos internos (claridad, precisión, exhaustividad, motivación y
congruencia).
ACLARACION O CORRECCION DE LA SENTENCIA LABORAL
Sobre la aclaración o corrección de la sentencia laboral se concluyó lo
siguiente:
- La aclaración de la sentencia debe hacerse de manera suficientemente
motivada, teniendo en cuenta la invariabilidad de las resoluciones
referida en el artículo 203 del código Procesal Civil y en los términos
establecidos en el artículo 204 del mencionado cuerpo legal.
SUSPENSION DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL EN PRIMERA INSTANCIA
LUEGO DE LA INTERPOCISION DEL RECURSO DE APELACION
Sobre la suspensión de la competencia funcional en primera instancia luego
de la interposición del recurso de apelación, se identificó un problema
relacionado con la aclaración o corrección de la sentencia y se concluyó lo
siguiente:
- La interposición del recurso supone que la parte recurrente ha
entendido el fallo emitido y no está conforme con él por sentirse
agraviada.
- Si una parte ha solicitado aclaración de la sentencia y la otra ha
interpuesto el recurso de apelación, primero se resolverá la solicitud
de aclaración y luego la interposición del recurso, y que hacerlo a la
inversa crearía la posibilidad que el auto mediante el cual se resuelve
la apelación adquiera firmeza y suspenda la competencia funcional del
Juez antes que pueda resolverse la aclaración.
- La competencia funcional del órgano jurisdiccional de primera
instancia queda suspendida desde que la resolución judicial mediante
la cual se admite el recurso de apelación ha quedado firme.
EJECUCION DE SENTENCIA EN CONTRA DEL ESTADO Y EMBARGO DE
RENTAS Y CAUDALES PUBLICOS EN EL AMBITO LABORAL
Sobre la ejecución de sentencias en contra del estado y el embargo de las
rentas y los caudales públicos en el ámbito laboral, se concluyó lo siguiente:
- El proceso de ejecución, como instrumento de efectividad de la tutela
judicial, parte de la base de una pretensión insatisfecha por la
renuencia en el cumplimiento de la decisión jurisdiccional y persigue
la realización material de las situaciones jurídicas reconocidas en un
titulo ejecutivo, que en este caso, sería una sentencia judicial firme.
Ante el incumplimiento voluntario de las obligaciones derivadas del
mencionado titulo judicial, los jueces, por mandato constitucional,
deben tomar las adecuadas y necesarias medidas coactivas que
aseguren el total acatamiento de la resolución jurisdiccional, aun y
cuando se trate del propio Estado.
- Las facultades que nuestra Carta Magna ha conferido a los jueces, de
juzgar y ejecutar lo juzgado, no pueden verse mermadas por la
interpretación rígida y restrictiva que se ha querido dar respecto a la
inembargabilidad de las rentas y los caudales públicos. Entender que
estos conceptos no pueden ser embargados por ningún motivo y bajo
ninguna circunstancia es un criterio errado y abiertamente
incompatible con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva,
el cual, por ser un derecho humano, debe apreciarse como un atributo
inherente, inalienable y no susceptible de ser desconocido o
irrespetado.
- El Estado es inembargable, pero sólo para fines preventivos o
cautelares, ya que goza de presunción de solvencia. Extender los
efectos de la inembargabilidad del aparato estatal a la etapa procesal
de ejecución equivaldría a construir una barrera infranqueable para el
debido y completo cumplimiento de las sentencias laborales, lo que se
traduciría en una evidente denegación de justicia por parte del mismo
Estado y traería como consecuencia el fracaso del sistema judicial,
columna vertebral de la paz social.
- Conforme a lo dispuesto en los artículos 304 de la Constitución de la
república y 8 del Código del trabajo, la ejecución de sentencias
laborales en contra del Estado debe realizarse de forma inmediata, en
los términos establecidos en el articulo 780 del código del Trabajo,
aún y cuando se establezcan normas presupuestarias que contraríen
dicho precepto legal.
- De acuerdo al artículo 780 del Código del trabajo, los requisitos de la
solicitud de ejecución forzosa en materia laboral son los siguientes: 1)
relación del título en que se funda y 2) denuncia jurada de los bienes
del ejecutado sobre los cuales ha de recaer la ejecución.
- Debe recordarse que, de conformidad con el articulo 751 numeral 1)
del Código Procesal Civil, la sentencia es título ejecutivo judicial.
- Para que proceda la ejecución en materia laboral, se deberá tener en
cuenta que el titulo que se hace valer se refiera al cumplimiento de
una obligación originada en una relación de trabajo. No se habla de
contrato de trabajo, sino de “relación”, concepto que amplia el campo
de la acción ejecutiva en materia de trabajo.
LA RESPONSABILIDAD DE LOS SER VIDORES PUBLICOS EN CASOS DE
DESPIDO INJUSTIFICADO
Sobre la responsabilidad de los servidores públicos en casos de despido
injustificado, se concluyó lo siguiente:
- El servidor público que despida injustificadamente a un trabajador
estatal, incurre por su parte en irregular cumplimiento de sus
funciones y se crea a si mismo responsabilidad civil por el daño que
ocasione, sin perjuicio de las demás responsabilidades que
correspondan.
- Debe recordarse que la acción de repetición es una acción judicial
autónoma, de carácter civil, que surge inmediatamente después que el
Estado haya sido condenado, la sentencia esté firme y ésta haya sido
debidamente cumplida y tiene como objeto que el servidor público
aasuma las consecuencias patrimoniales de un acto, una conducta por
acción u omisión o un hecho en virtud del cual se haya condenado al
estado, que en materia laboral sería el despido injustificado.
- También procede ejercitar acción de repetición contra el servidor
público responsable, si mediando culpa o dolo, no se diera
cumplimiento a la ejecución de las sentencias judiciales; esto, en
aplicación del artículo 324 de la Constitución de la República.
- Lo relativo a la responsabilidad de los servidores públicos por
despidos injustificados debe quedar plasmado en los fallos laborales
condenatorios que se dicten en contra del Estado.
EL DERECHO DE TERCEROS EN EL PROCESO LABORAL
Sobre el derecho de terceros en el proceso laboral, se concluyó lo
siguiente:
- No debe confundirse el derecho de terceros regulado en el articulo
782 del código del Trabajo con la tercería de preferencia regulada en
los artículos 831 al 835 del Código Procesal Civil, ni tampoco debe
rechazarse la participación en el proceso a esta tercera persona por
considerar que no es parte en el juicio, pues precisamente por ello es
que interviene como tercero.
- La caución que se le solicita al tercero para dejar a salvo su derecho
debe ser proporcional. No puede fijarse una caución equivalente al
monto de la demanda.
OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS TEMAS DELIBERADOS Y
LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
También se concluyó lo siguiente:
- El superior valor de los derechos fundamentales debe ser un criterio
orientador de la interpretación y aplicación del derecho por parte de
los Jueces.
- Las violaciones del orden jurídico laboral no sólo lesionan el interés
del trabajador, sino también el bien común.
- En materia laboral existe limitación de la autonomía de la voluntad, ya
que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y,
por ello, aunque en la práctica las partes pueden pactar lo que
quieran, para que dicho pacto sea válido debe ser respetuoso de la
normativa laboral; razón por la cual, siempre deberá tenerse en cuenta
lo establecido en el articulo 3 del Código del trabajo, precepto legal
que niega eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen
renuncia, disminución o tergiversación los derechos laborales.
- El contrato de trabajo y la relación laboral producen los mismos
efectos jurídicos.
- La falta de sello del profesional del derecho no puede ser limitante
para que la parte que representa procesalmente pueda ejercitar su
derecho de acceso a la justicia. En estos casos el secretario judicial
le solicitará el carné emitido por el Colegio de Abogados de Honduras
y dejará constancia de ello.
- El error en la fecha de la sentencia que se impugna es subsanable y
no puede volverse obstáculo para el acceso efectivo a la segunda
instancia o a la casación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 8 de la Convención Americana de Derecho Humanos, el
artículo 129 numeral 2) del Código Procesal Civil y la naturaleza
social de la materia laboral.
- De conformidad con el artículo 858 del código del Trabajo, a falta de
disposiciones especiales de procedimiento laboral se aplicarán las
normas análogas del mencionado cuerpo legal y, sólo si esto no fuere
posible, el juez podrá valerse de las supletoriedad de normas
contenidas en el Código Procesal Civil, adecuando las mismas a la
naturaleza de la materia laboral.”
Atentamente,
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
C i r c u l a r (639) 12 de Junio del 2014
Usuarios del Poder Judicial Toda la República
Dirección de administración de personal De la carrera judicial
Circular No.017-2014.-Con instrucciones del Honorable Consejo de la
Judicatura y la Carrera Judicial, a todos los Servidores Judiciales
profesionales de derecho debidamente colegiados, se les COMUNICA:
Que el Colegio de Abogados de Honduras publicará en los próximos
días el listado de los colegas que se encuentran en mora, con el
propósito de que solventen esta situación, caso contrario serán
suspendidos del ejercicio profesional y como consecuencia podrán
terminar su relación laboral con el Poder Judicial. En ese sentido, se
les solicita presentarse a esa institución para honrar la obligación
adecuada con el beneficio de una amnistía que vence el 13 de agosto
del corriente año, o en su defecto, suscribir el correspondiente
convenio de pago. Es importante señalar, que a través de la Jefatura
de Personal se puede autorizar la deducción por planilla de la cuota
respectiva.
Tegucigalpa, M.D.C. 12 de junio, 2014
ROSMAN MONTIEL GIRON
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
DE LA CARRERA JUDICIAL
C i r c u l a r (640) 13 de Junio del 2014
Usuarios del Poder Judicial Toda la República
Dirección de administración de personal De la carrera judicial
Circular No.016-2014.-Con instrucciones del Honorable Consejo de la
Judicatura y la Carrera Judicial, a todos los Servidores Judiciales Y
Público en general, COMUNICA: Que en la sesión de este Órgano
celebrada el día 3 de junio del 2014, resolvió: Convocar a un
Concurso Público para los Cargos Jurisdiccionales siguientes:
Magistrados, Jueces de Letras, Ejecución y Sentencia, Jueces de paz
II y Defensores Públicos, que se llevarán a cabo en el mes de
septiembre próximo en las fechas que a continuación detallo: 1 y 2 en
Tegucigalpa, 3 y 4 Choluteca, 5 y 6 Comayagua, 8 y 9 La Ceiba, 10 y
11 San Pedro Sula, 12 y 13 Santa Rosa de Copan.- Posteriormente se
les proporcionará información sobre el horario, temario y los locales
donde se realizarán las evaluaciones.
Tegucigalpa, M.D.C. 13 de junio, 2014
ROSMAN MONTIEL GIRON
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
DE LA CARRERA JUDICIAL
C i r c u l a r (641) 13 de Junio del 2014
Señores Cortes de Apelaciones y, Juzgados de Letras de Toda la República
SECRETARIA GENERAL de la corte suprema de justicia
Circular No.06. Oficio No.900-SCSJ-2014.-Con instrucciones de la Corte
Suprema de Justicia, y en cumplimiento a lo dispuesto en el punto No.9 del
Acta de la Sesión celebrada el día miércoles veintiocho (28) de Mayo del
corriente año, se les comunica lo siguiente:
“ACTA NUMERO CUARENTA Y UNO (41).- SESION CELEBRADA POR LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EL DIA MIERCOLES VEINTIOCHO (28) DE
MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014).- PRESIDE EL MAGISTRADO
PRESIDENTE JORGE ALBERTO RIVERA AVILES, CON LA ASISTENCIA DE
LOS (LAS) MAGISTRADOS (AS)…….-1.-……9.-) Proyecto de Auto
Acordado……POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y en uso de las facultades que
le confiere la ley, RESUELVE: emitir el siguiente Auto Acordado:
CONSIDERANDO: Que con arreglo a lo previsto por el articulo 303 de la
Constitución de la República la potestad de impartir justicia emana del
pueblo y se imparte por magistrados y Jueces Independientes.-
CONSIDERANDO: Que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las
leyes a casos concretos, y por ende la potestad de juzgar y ejecutar lo
juzgado.- CONSIDERANDO: Para la mejor administración de Justicia, la
Corte Suprema de Justicia podrá dictar autos acordados, que son
disposiciones reglamentarias de carácter general, encaminadas al
cumplimiento exacto de las disposiciones legales vigentes en materia de
justicia.- CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en su
articulo 119 establece que es obligación del estado proteger la infancia, y
que los niños gozaran de la protección prevista en los acuerdos
internacionales que velan por sus derechos, asimismo la ley especial que
regula y protege de forma integral los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, es precisamente el Código de la Niñez y de la Adolescencia,
contenido en el decreto 73-96, de fecha 30 de mayo de mil novecientos
noventa y seis.- CONSIDERANDO: Que el articulo 227 del decreto 35-2013
publicado e el Diario Oficial La Gaceta No.33,222 en su edición de fecha 06
de septiembre del 2013 contiene las reformas al Código de la Niñez y
Adolescencia, estableciendo que el Proceso para la Niñez Infractora de Ley,
estará compuesto por las siguientes fases: a) Preparatoria; b) Intermedia; y
c) Juicio.- CONSIDERANDO: Que conforme a lo establecido en el articulo
210 reformado del texto legal antes mencionado, el Estado creara
progresivamente la Jurisdicción Especial de la Niñez Infractora de la Ley la
que estará integrada por a) Jueces de Garantías; b) Jueces de Juicio; c)
Jueces de Ejecución; y d) Tribunales de Apelaciones, asimismo establece
que en tanto esta jurisdicción se crea, el estado garantizará que al
funcionario que haya ejercido la función de Juez de Garantías en un
determinado proceso, no se le asigne el conocimiento de su juzgamiento ni
su ejecución, y para tales efectos, por medio de las instancias respectivas,
adoptará las medidas generales y particulares que aseguren una adecuada
distribución de competencias entre los Jueces de Letras de Niñez y los
Jueces de Letras Seccionales. CONSIDERANDO: Que el articulo 211 del
decreto 35-2013 señala que el Juez de garantías conocerá de las fases
Preparatoria e Intermedia, por su parte, el articulo 212 prevé que
corresponde al juez de Juicio Presidir la Audiencia de Juicio, igualmente el
articulo 213 ordena que corresponde al juez de Ejecución, controlar que la
ejecución de toda sanción sea conforme con la sentencia que la impuso,
garantizando la legalidad y demás derechos y garantías que asisten al
sancionado, asimismo el articulo 214 del mismo cuerpo legal, señala que los
Tribunales de Apelaciones, resolverán los recursos de apelación en esta
materia, en el término territorial que les corresponda, conforme a lo
dispuesto en el Código Procesal Penal y las disposiciones especiales
previstas en ese Titulo, asimismo establece que mientras se crean estas
instancias, la Corte de Apelaciones Ordinaria respectiva conocerá de la vía
recursiva en esta materia, conforme a la competencia por razón del
territorio.
CONSIDERANDO: Que una interpretación lógico sistemática y teleológica del
articulo 264 reformado del código de la Niñez y de la Adolescencia en
relación con el articulo 3 literales a( b) y c) de la Ley del Consejo de la
Judicatura y de la Carrera Judicial la materialización de las reformas
legislativas operadas en el Código de la Niñez y de la Adolescencia,
mediante las cuales se crea la jurisdicción especializada de la Niñez y de la
Adolescencia, a cargo de Jueces de garantías, Jueces de juicio y Jueces de
Ejecución y Cortes de Apelaciones, con competencia objetiva exclusiva en
la materia, mismos deberán ser nombrados progresivamente y dotárseles del
recurso material y humano necesario para cumplir con eficacia y celeridad
las atribuciones que la ley les confiere.
CONSIDERANDO: Que no obstante lo anterior y para los efectos de
garantizar la implementación inmediata de esta reformas enfocadas en la
administración de justicia que permita mayor transparencia, agilidad, acceso,
nuevos servicios comunes al usuario y fortalecimiento de los principios que rigen
la materia de la niñez y Adolescencia, en especial el de la oralidad y la protección
integral de los niños, principio fundamental consagrado en la constitución de la
República y la Convención sobre los derechos del Niño, así como la modernización
e integración del ordenamiento jurídico en esta materia, en atención al articulo 264
que establece que la Corte Suprema de Justicia distribuirá las funciones de los
Jueces de garantías, de Juicio y de Ejecución, de conformidad a lo establecido en
este Código y con el fin de garantizar una eficaz distribución de las
responsabilidades de estos, de manera que funcionen de conformidad con los
Principios Rectores de la Niñez y la debida separación de funciones entre la
Instrucción, el juzgamiento y Ejecución; POR TANTO: La Corte Suprema de
Justicia, con fundamento en los artículos 119,303,304 de la Constitución de la
República, 180,207,210,211,212,213,214,227,254,257 y 264 del Código de la Niñez
y de la Adolescencia reformado y 83 de la Ley de Organización y Atribuciones de
los Tribunales, emite en siguiente Auto Acordado: 1) Señalar a los Juzgados y
Tribunales de la república integrados dentro de la Jurisdicción Especial de la Niñez
Infractora de la Ley y a los Jueces de Letras Seccionales, que deberán organizarse
internamente con el fin de garantizar la debida separación de funciones entre a
Instrucción, el Juzgamiento y la Ejecución, 2) Los Juzgados y Tribunales en los que
existan do o mas Jueces deberán organizarse de manera que cada uno se dedique
de forma exclusiva a la tramitación de la etapa preparatoria e intermedia, y a la
etapa de juicio; rotando el conocimiento de las causas a de tal manera que el que
conoce de las primeras etapas del proceso no conozca de su juicio y según el
orden de entrada de los casos puedan turnarse siguiendo esta lógica.- 3) En los
Juzgados en los que exista un solo Juez, el tribunal de Alzada al que pertenezca
jurisdiccionalmente este Juzgado, deberá llamar a otro Juez de Letras de otro
juzgado o Tribunal para conocer de la etapa del juicio. 4) El conocimiento de la
etapa de ejecución estará a cargo de los Juzgados de Ejecución, quienes ejercerán
las atribuciones establecidas en el articulo 213 del Código de la Niñez y de la
Adolescencia.. 5) Se instruye a las Cortes de Apelaciones a nivel nacional que han
venido conociendo de la materia relacionada con los procesos de juzgamiento y
ejecución en materia de Niñez, que entretanto se crean los Tribunales de
Apelaciones especializados, sigan conociendo de la vía recursiva de conformidad a
la Ley.- Y MANDA: Que la Secretaria de este Tribunal transcriba la presente
resolución a los Juzgados y Cortes de Apelaciones de toda la República.-
CUMPLASE.- 10)………..14) Cierre de la Sesión…..FIRMAS.- JORGE ALBERTO
RIVERA AVILES.- PRESIDENTE.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA
GENERAL.”
Atentamente,
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
C i r c u l a r (642) 18 de Junio del 2014
Usuarios del Poder Judicial, Toda la República
Dirección de administración de personal de la carrera judicial
Circular No.019-2014.-Con instrucciones del honorable Consejo de la
Judicatura y la Carrera Judicial, a todos los Servidores Judiciales se
les COMUNICA: Que en las licencias sin goce de sueldo, se ha
observado que ciertas personas se retiran de sus laborea antes de la
aprobación de la misma, y en algunos casos, no se reincorporan al
puesto de trabajo después de finalizada, incurriendo en abandono y
los jefes inmediatos no informan a tiempo esta irregularidad a la
Jefatura de Personal. Sobre el particular, se les advierte que el no
cumplimiento de esta disposición los hará solidariamente responsables
por los pagos indebidos que se efectúen.
Tegucigalpa, M.D.C. 18 de junio, 2014
ROSMAN MONTIEL GIRON
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE
PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL
C i r c u l a r (643) 18 de Junio del 2014
Usuarios del Poder Judicial, Toda la República
CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL, SECRETARIA
GENERAL
Circular No.9-2014.-Con instrucciones del Honorable Consejo de la
Judicatura y la Carrera Judicial, a todos los Servidores Judiciales se
les COMUNICA: Que ante las irregularidades cometidas por siete
empleados que obtuvieron por anticipado, el pago del Décimo Cuarto
mes de salario en el Poder Judicial como en el Banco de los
Trabajadores, se instruye que la única persona autorizada para este
trámite y el aguinaldo es la Jefe del Departamento de Personal,
Abogada Jessica Maria Campos Acosta o quien la sustituya
legalmente.
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de junio de 2014
JOSE ROBERTO ESPINAL RAMOS
SECRETARIO GENERAL
C i r c u l a r (644) 19 de Junio del 2014
Usuarios del Poder Judicial, Toda la República
CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL, SECRETARIA
GENERAL
Aclaración a la Circular No.9-2014.-Con instrucciones del Honorable
Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, sirva la presente para
hacer la aclaración respecto a la Circular No.9-2014, en la cual se
debe entender que la autorización que dará la abog. Jessica Campos o
quien la sustituya legalmente, se refiere a trámites que se realicen en
el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y
Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) o cualquier Institución
Bancaria.
Tegucigalpa, M.D.C. 19 de junio de 2014
JOSE ROBERTO ESPINAL RAMOS
Secretario General
C i r c u l a r (645) 20 de Junio del 2014
Señores Magistrados Cortes de Apelaciones, Juzgados de Letras y de Paz, Defensa Publica, Inspectoria General de Juzgados y Tribunales, Departamentos Administrativos y demás Dependencias Judiciales, Toda el país.
secretariA GENERAL corte suprema de justicia
Oficio No.967-SCSJ-2014.-Circular No.07.- Con instrucciones de la
Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, y en aplicación a lo
preceptuado en el Artículo 313 atribución 1º de la Constitución de la
República y Artículo 6 atribución 1º, del Reglamento Interior de la Corte
Suprema de Justicia, SE DISPONE: lo siguiente: CONCEDER PERMISO a los
Empleados y Funcionarios del Poder Judicial, a partir de las dos de la tarde
con treinta minutos (2:30 p.m.) del dia viernes veinte (20) de Junio del
presente año (2014), a efecto de que puedan ver el encuentro futbolístico de
nuestra Selección Nacional programado para esta fecha.
No obstante lo anterior, los Juzgados y Tribunales que hubieren señalado
audiencias para el día viernes veinte (20) de Junio del corriente año (2014)
en horas de la tarde, deberán llevarlas a cabo.
Atentamente,
MIRNA LIZETTE ALVARADO
SECRETARIA POR LEY
C i r c u l a r (646) 25 de Junio del 2014
Señores Magistrados Cortes de Apelaciones, Juzgados de Letras y de Paz, Defensa Publica, Inspectoria General de Juzgados y Tribunales, Departamentos Administrativos y demás Dependencias Judiciales, Toda el país.
secretariA GENERAL corte suprema de justicia
Oficio No.1003-SCSJ-2014.-Circular No.08.- Con instrucciones de la
Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, y en aplicación a lo
preceptuado en el artículo 313 atribución 1ª de la Constitución de la
República y artículo 6 atribución 1ª del Reglamento Interior de la Corte
Suprema de Justicia, SE DISPONE: lo siguiente: CONCEDER PERMISO a los
Empleados y Funcionarios del Poder Judicial, a partir de las doce del
mediodía (12:00 a.m.) del día miércoles veinticinco (25) de Junio del presente
año (2014), a efecto de que puedan ver el encuentro futbolístico de nuestra
Selección Nacional programado para esta fecha.
No obstante lo anterior, los Juzgados y Tribunales que hubieren señalado
audiencia para el día de hoy miércoles veinticinco (25) de Junio del corriente
año (2014) en horas de la tarde, deberán llevarlas a cabo.
Atentamente,
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL
C i r c u l a r (647)
26 de Junio del 2014 Señores Magistrados Cortes de Apelaciones, Juzgados de Letras y de Paz, Defensa Publica, Inspectoria General de Juzgados y Tribunales, Departamentos Administrativos y demás Dependencias Judiciales, Toda el país.
Auditoria interna poder judicial
ADVERTENCIA SOBRE EL USO DE LOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
Circular No.001-2014/UAI/PJ.- A todos los funcionarios y empleados del
Poder Judicial que aparecen como receptores de pagos en concepto de
viáticos y gastos de viaje se les recomienda de manera muy especial
observar y cumplir las disposiciones contenidas en el Reglamento de
Viáticos que forma parte del Acuerdo No.3 del 27 de agosto de 2007,
publicado en el diario oficial La Gaceta del 27 de septiembre de 2007 y sus
reformas, muy especialmente en lo relativo a:
a) Presentar facturas de hotel o comprobantes de hospedaje fidedignos,
ciertos y verificables; y
b) Realizar los viajes a los lugares y los días que se referencian en los
documentos de la gira.
Para los fines correspondientes, personal de esta Auditoria Interna estará
realizando verificaciones de autenticidad de facturas en los hoteles
respectivos, asimismo comprobará, in situ, la presencia física de los
servidores judiciales viaticantes, en los lugares y fechas anunciados en los
documentos de la solicitud de las giras.
La presentación de facturas de hotel falsas y la no realización de los viajes
representan delitos que son penados por la ley y son objeto de
responsabilidad administrativa y civil, las que en su caso serán formuladas
por esta oficina de Auditoria Interna sin contemplación alguna contra
cualquier funcionario o empleado.
Carlos Avilez
Auditor Interno
C i r c u l a r (648) 26 de Junio del 2014
Usuarios del Poder Judicial, Toda el país.
Consejo de la judicatura y de la carrera judicial
Circular No.10-2014.- Con instrucciones del Pleno del Consejo de la
Judicatura y de la Carrera Judicial, y en cumplimiento a lo resuelto en la
sesión celebrada por este Consejo el día veinticuatro (24) de junio del
presente año, se les recuerda a los servidores judiciales encargados de
ingresar la información al Sistema de Medidas Sustitutivas, que el ingreso
de la misma es de carácter obligatorio y debe realizarse en forma inmediata.
El servidor judicial que no acate la presente disposición, así como el jefe
inmediato que no reporte a la Inspectoria General de Tribunales el
incumplimiento de esta labor, incurrirá en falta que será sancionada de
conformidad con el Régimen Disciplinario vigente.
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, 26 de junio de 2014
JOSE ROBERTO ESPINAL RAMOS
SECRETARIO GENERAL
