Consideraciones sobre

EL DERECHOA LA TIERRA

2

PUBLICACIÓN DEL MINISTERIODE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

DIRECTORIO

Ministro de Comunicacióne InformaciónAndrés Izarra

Viceministro de EstrategiaComunicacionalYuri Pimentel

Viceministro de GestiónComunicacionalWilliam Castillo

Coordinación GeneralSenira Salazar

Director de ArteJosé Luis Díaz Jiménez

FotografíaFranklin ReyesPrensa Presidencial

Dirección de PrensaLenelina Delgado

PeriodistasMaría Isabel CerónHeiling Rubén FernándezManuela SoléCarlos Ibarra

CorrecciónGermán Villegas

e-mail: publicidad@mci.gov.veNoviembre de 2004

3

Consideraciones sobre

EL DERECHOA LA TIERRA

“El latifundio no sólo es perverso por lo injusto,porque concentra las mejores tierras en pocas manos,mientras la mayoría no tiene tierras o las tieneen condiciones paupérrimas. También es ineficientee improductivo, porque ustedes van a cualquier extensiónde cualquier latifundista y podrán ver que de cada10 mil hectáreas, a lo mejor mil están medio produciendoo la mitad está medio produciendo y el restoestá totalmente abandonado”.

Presidente Hugo Chávez(Araure, 26/10/04)

Estamos convirtiendo la democracia en unarealidad para todos y todas. Nos hemos planteadola transformación del país, creando un nuevomodelo de desarrollo orientado al crecimientoproductivo con inclusión social: de allí la necesi-dad de atacar el desequilibrio territorial, uno de losgrandes problemas heredados por los venezolanosdesde la época colonial.

Lo que tenemos por delante es el reto deenfrentar la pobreza, promoviendo mejores condi-ciones para el desarrollo rural integral. El enemi-go a vencer es el latifundio, que en Latinoaméricaha adoptado la forma de haciendas, hatos, estan-cias, etc., una forma de propiedad asociada gene-ralmente a relaciones de trabajo que sólo benefi-cian a una minoría. En este contexto, Venezuelaregistra uno de los índices más altos de concentra-ción de tierras en pocas manos: según el censo

agrícola de 1998, el 5% de los propietarios acapa-ran el 75% de las tierras agrícolas del país, mien-tras que el 75% de los propietarios se ven obliga-dos a repartirse sólo el 6% de las tierras. Estoconstituye una verdadera aberración, que ha sumi-do en el atraso y la miseria a miles y miles devenezolanos y venezolanas.

Dispuesto a dar la pelea para incentivar la agri-cultura como medio de desarrollo social, garanti-zar la seguridad agroalimentaria y elevar la cali-dad de vida de la población campesina, elGobierno Bolivariano ha emprendido cambiossustanciales en la estructura de la tenencia y usode la tierra, mediante la aplicación del nuevo orde-namiento jurídico en materia de tierras y desarro-llo agrario.

Se cumple así con el mandato de laConstitución de la República Bolivariana deVenezuela, que en su artículo 306 establece: “ElEstado promoverá las condiciones para el des-arrollo rural integral, con el propósito de generarempleo y garantizar a la población campesina unnivel adecuado de bienestar, así como su incorpo-ración al desarrollo nacional. Igualmente, fomen-tará la actividad agrícola y el uso óptimo de la tie-rra, mediante la dotación de obras de infraestruc-tura, insumos, créditos, servicios de capacitacióny asistencia técnica”.

4

Antes de formular políticas sobre la tenen-cia de la tierra, se debe tener en cuenta quela tierra no es un bien como los otros: no

es producto del trabajo humano y contiene en suseno recursos naturales necesarios para todos. Deella depende nuestra alimentación y superviven-cia. Por lo tanto, la tierra con vocación agrícolatampoco puede dejar de ser producida.

La concentración de la tierra en pocas manos,no sólo es injusta para los campesinos sin tierra ylos pequeños propietarios, sino que presentanumerosos problemas para el desarrollo de toda lasociedad. En la agricultura no funciona la econo-mía de gran escala. La pequeña y mediana produc-ción es más eficiente y más productiva que lagrande y más apta para adaptarse a los adelantostecnológicos. Además, ocupa a más trabajadores,diversifica la producción y afecta menos al medioambiente.

Por otra parte, el latifundio impide el desarro-llo armónico de las comunidades rurales. Si loscampesinos no pueden ser dueños de la tierra, si sufamilia no puede acceder a mejores condicionesde vida, se produce entonces su desplazamientohacia los cinturones marginales de las grandes ciu-dades.

Es papel del Estado garantizar al campesinouna estructura de tenencia de la tierra que permita

dotar de servicios básicos a los asentamientos y unplan integral de desarrollo que genere expectativasde progreso para el pequeño y mediano productor.Por eso, el rol del Estado es irremplazable paraimpulsar programas de reforma agraria. Sin inter-venciones específicas y adecuadas del Estado, ode ciertas instituciones de la sociedad, prevalecerála tendencia a la concentración de la tierra enmanos de grupos o de individuos que le darán unuso distinto al del interés social.

Es en este contexto que el GobiernoBolivariano asume, desde su inicio, la tarea deestructurar una política dirigida, en una primeraetapa, a disminuir los desequilibrios territoriales,modificando el patrón de poblamiento tradicional,para, de este modo, consolidar una actividad pro-ductiva y económica armónica y diversificada a lolargo y ancho del país.

La lucha contra el latifundio se convierte enmandato de ley a través de la ConstituciónNacional, que en su artículo 307 indica que “elrégimen latifundista es contrario al interéssocial”, precisando que “los campesinos o cam-pesinas y demás productores agropecuarios y pro-ductoras agropecuarias tendrán derecho a la pro-piedad de la tierra”. Con esto, se pretende la eli-minación íntegra de una práctica que es contrariaa la justicia y al interés social.

5

COMBATIREL LATIFUNDIO

Al abordar el tema del sistema socioeconómicode la Nación, la nueva Carta Magna haceénfasis en la agricultura como base estratégi-

ca del desarrollo rural sustentable. El texto constitu-cional no limita el valor del ámbito agrario a los bene-ficios económicos que pudiese generar la producciónnacional, sino que procura trascender dicha esfera,ubicándose dentro de la idea del desarrollo humano ysocial de la población.

Las directrices constitucionales manifiestan ladecisión fundamental hecha por el soberano de cons-tituirse en un Estado Democrático y Social deDerecho y de Justicia, en el cual la tierra y la propie-dad no son privilegio de unos pocos, sino que están alservicio de toda la población, dentro de los valores dela solidaridad e igualdad de oportunidades.

Otra de las finalidades del nuevo marco legal es elaseguramiento de la biodiversidad, la vigencia efecti-va de los derechos de protección ambiental y agroali-mentario, así como la seguridad agroalimentaria de lapresente y futuras generaciones.

LEY DE TIERRAS: FUNDAMENTODE LA JUSTICIA CAMPESINA

El Decreto de Ley de Tierras y Desarrollo Agrariosustenta el nuevo marco legal, en el que se busca pro-fundizar y dar operatividad concreta a los valoresconstitucionales de desarrollo social a través del sec-tor agrario. Para ello, se procura una justa distribuciónde la riqueza y una planificación estratégica, demo-crática y participativa en cuanto a la tenencia de tie-rras y desarrollo de toda la actividad agraria.

La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario deja claro,en su primer artículo, que el crecimiento económicodebe ser enmarcado dentro de una “justa distribuciónde la riqueza y planificación estratégica, democráti-ca y participativa, eliminando el latifundio como sis-tema contrario a la justicia, al interés general y a lapaz social en el campo”.

Se someten a la normativa del marco legal, segúnseñalan los legisladores, todas las tierras, tanto públi-cas como privadas, “con vocación para el desarrolloagroalimentario”. En este sentido, están incluidas lastierras pertenecientes al Instituto Nacional de Tierras,

6

LA CONSTITUCIÓN BOLIVARIANAY EL DESARROLLO RURAL

las propiedades de la República de dominio privado,las áreas baldías en jurisdicción de los diferentesEstados y Municipios, y las tierras privadas.

A partir de la aprobación de este Decreto Ley, elEjecutivo Nacional es el encargado de promover pla-nes especiales de desarrollo integral para ir incorpo-rando progresivamente a todas las regiones al “de-sarrollo económico del país, manteniendo la igual-dad de oportunidades para todas las regiones”.Además, el artículo 4 decreta que las organizacioneseconómicas encargadas de la producción agraria seestablecerán teniendo como base “los principios demutua cooperación y solidaridad, privilegiando elsistema cooperativo, colectivo o comunitario”.

Sobre la relación del Estado y la tenencia de la tie-rra también se pronuncia la ley. Se indica (artículo 8)que será el Estado venezolano el encargado de garan-tizar al campesino su incorporación al proceso pro-ductivo, estableciendo las condiciones adecuadaspara la producción, promoviendo la estructuración defundos, mediante la adjudicación de tierras. Tambiénse establece (artículo 9) que “el Estado organizará elservicio eficiente del crédito agrario, incorporando alas instituciones bancarias y financieras, públicas oprivadas, existentes”, para potenciar el crecimientodel sector, creando _de ser necesario_ institucionesestatales para que otorguen créditos en condicionesespeciales.

CAMBIOS INSTITUCIONALESLa Ley de Tierras y Desarrollo Agrario ordena

la creación de tres institutos autónomos separados,en sustitución del Instituto Agrario Nacional: elInstituto Nacional de Tierras, la CorporaciónVenezolana Agraria y el Instituto Nacional deDesarrollo Rural.

La nueva institucionalidad pretende dividir lasdistintas actividades, de acuerdo a las funcionesque les corresponde cumplir.

Instituto Nacional de Tierras. Se hace cargode la regularización de las tierras con vocaciónagraria, llevando a cabo los procedimientos dedeclaratoria de finca ociosa y de certificación definca mejorable o productiva. Igualmente, es com-petente para tramitar los procedimientos de expro-piación agraria y de rescate, y para intervenir pre-ventivamente las tierras que se encuentran impro-ductivas.

Corporación Venezolana Agraria. Cumplelos objetivos de desarrollar, coordinar y supervisarlas actividades empresariales del Estado para eldesarrollo del sector agrario.

Instituto Nacional de Desarrollo Rural.Tiene la responsabilidad de contribuir con el de-sarrollo rural integral del sector agrícola en mate-ria de infraestructura, capacitación y extensión.

7

Con la entrada en vigencia de la Ley deTierras, el sector campesino comienza aser beneficiado con importantes logros

jurídicos, que inevitablemente inciden en el mejo-ramiento de la calidad de vida del campesino, asícomo en la óptima utilización y distribución de lastierras para el aprovechamiento de los recursosnaturales, con miras a garantizar el desarrollo agrí-cola sustentable en nuestro país.

PRINCIPALES LOGROS:Adjudicación de tierras al campesino. La

Ley reconoce el derecho a la adjudicación de tie-rras a toda persona que sea apta para el trabajoagrario, pudiendo ser beneficiados todos los vene-zolanos y venezolanas que hayan optado por eltrabajo rural y la producción agraria como oficio uocupación principal.

Protección a la mujer del campo. Tambiénestablece en el artículo 14 que serán beneficiariaspreferenciales de adjudicación de tierras las ciuda-danas que sean cabeza de familia y que se compro-metan a trabajar una parcela para mantener a sugrupo familiar. Prevé este mismo apartado que estasciudadanas tendrán garantizado un subsidio espe-cial alimentario pre y post natal, del cual estaráencargado el Instituto Nacional de Desarrollo Rural.

Beneficios sociales. El instrumento jurídico

8

LOGROS EN MATERIA LEGALPARA EL DESARROLLO RURAL

garantiza a los trabajadores del campo todos losbeneficios previstos en la Ley Orgánica delTrabajo, lo cual mejora sustancialmente su condi-ción social.

Garantías para grupos asentados histórica-mente en áreas rurales. Según el artículo 17 dela Ley de Tierras, dentro del régimen del uso detierras con vocación para la producción agroali-mentaria, se garantiza la permanencia de los gru-pos de población asentados en las tierras que his-tóricamente han ocupado, así como la de lospequeños y medianos productores agrarios en lastierras que han venido ocupando pacíficamentepara el momento de la promulgación del DecretoLey.

Garantía de progreso material y de desarro-llo humano. También queda garantizado el dere-cho de todos los campesinos y campesinas a per-seguir su progreso material y desarrollo humanoen libertad, con dignidad e igualdad de oportuni-dades.

Protección del folclore y las costumbres. Delmismo modo, el Estado es el encargado de asegu-rar la protección de la cultura, el folclore, la arte-sanía, las técnicas ancestrales de cultivo, las cos-tumbres, usos y tradiciones orales de los campesi-nos, así como la biodiversidad del hábitat.

Reconocimiento del conuco como fuente his-

tórica de biodiversidad agraria. La nueva Leyreconoce al conuco como fuente histórica de labiodiversidad agraria, encargando al EjecutivoNacional la tarea de promover, en las áreas des-arrolladas por conuqueros, la investigación y ladifusión de las técnicas ancestrales de cultivo, asícomo el control ecológico de plagas, las técnicasde preservación de suelos y la conservación de losgermoplasmas en general.

Optimización del uso de las aguas. El aguacomo recurso de interés nacional, debido a suimportancia para el desarrollo de la vida, tambiénocupa un lugar preponderante, pues la Ley encar-ga al Instituto Nacional de Tierras la vigilancia deluso y aprovechamiento racional de las mismas,con fines de riego y acuicultura. Este organismoserá el encargado de crear una comisión perma-nente que coordinará el régimen del uso de lasaguas con fines de producción agropecuaria.

Redistribución de las tierras ociosas. En vistade que la producción agraria y el desarrollo ruralconstituyen temas de interés nacional, la Ley esti-pula algunos mecanismos para confiscar aquellastierras que, dadas sus condiciones óptimas para laproducción, permanecen ociosas. En este sentido,se establece que será la Oficina Regional de Tierrasla encargada de abrir averiguaciones con relación alas denuncias que reciba en este sentido.

9

Desde luego la Ley no deja en estado de inde-fensión a aquellos que consideren tener derechosanteriores sobre las tierras, pues si estos poseenelementos para desvirtuar el carácter de ociosa oinculta de una tierra, tienen la facultad de oponerlas razones que los asistan, cumpliendo los requi-sitos exigidos en la Ley. En estos casos, será elDirectorio del Instituto Nacional de Tierras elórgano encargado de hacer justicia.

Impuesto sobre tierras subutilizadas. Lanueva Ley crea un impuesto que busca gravar lainfrautilización de las tierras rurales, tanto priva-das como públicas, quedando excluidas del ámbi-to de aplicación de este impuesto las tierrascubiertas de bosques naturales declarados por elEjecutivo Nacional como tales (estos no podránser objeto de explotación y uso alguno). El artícu-lo 106 define como tierras infrautilizadas aquellasque poseen vocación agrícola, pecuaria o forestalque no alcancen el rendimiento idóneo calculadosegún las disposiciones contenidas en la Ley.

DERRUMBANDO MITOSEn el año 1961, se planteó el problema de la

injusta distribución de la tierra y se habló de com-batir el latifundio. Se aprobó la Ley de ReformaAgraria. Pasaron cuarenta años y la estructura dela tenencia de la tierra no varió en lo fundamental.

El Estado administró de manera inadecuada sustierras y mantuvo ociosas millones de hectáreas.Una vez más, los campesinos y los pequeños pro-pietarios venezolanos resultaron estafados en susaspiraciones.

El nuevo ordenamiento jurídico que se desarro-lló a partir de la Constitución de 1999, planteócomo mandato una “justa distribución de lariqueza y una planificación estratégica, democrá-tica y participativa en cuanto a la tenencia de tie-rras y desarrollo de toda actividad agraria”.

Estas medidas han sido enfrentadas por los quese han adueñado de las tierras productivas. Lasiniciativas puestas en marcha por el GobiernoBolivariano son adversadas porque afectan el lati-fundio, sin que los opositores ofrezcan mejoresargumentos que “el Presidente quiere convertir lapropiedad privada en propiedad colectiva” o que“el Gobierno quiere cubanizar a Venezuela”.

Detrás de bastidores la realidad es la siguiente:• No se dice que se intenta desmantelar viejas

relaciones de producción que mantienen al país enel retraso.

• No se dice que no es verdad que el Estado esel dueño de las mejores tierras del país. En reali-dad están en manos del sector privado, y esoshacendados tienen, ahora, que aceptar lo quemanda la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

10

• No se habla del mal uso de las tierras. Porejemplo, las tierras del sur del Lago de Maracaibo,consideradas entre las mejores del país para laproducción agrícola, han sido dedicadas a la gana-dería.

• No se menciona tampoco que un alto porcen-taje de las tierras que se encuentran en manos pri-vadas están improductivas.

• No se dice que la propiedad de la tierra es underecho de todos y todas.

Con firmeza, el Gobierno Bolivariano ha dadoel gran paso en el rescate de las tierras de vocaciónagrícola. Ha tomado acciones que se traducen enlogros:

• Según el INTI, se distribuyeron, desde febre-ro hasta agosto de 2003, 1.171.925 hectáreas.

• Mientras se avanzaba en el perfeccionamien-to del instrumento legal, el gobierno adjudicó pro-visionalmente las llamadas Cartas Agrarias.

• El 7 de febrero de 2003, el Gobierno inició elPlan Nacional Ezequiel Zamora, a través del cualel INTI entregó más de 2.300 títulos de adjudica-ción; puso en marcha 29 Fundos Zamoranos (4colectivos y 25 individuales) y 40 conucos; certi-ficó 51 fincas como productivas y benefició a másde 12.300 campesinos y campesinas y producto-res, a quienes se les otorgó el uso de una extensiónsuperior a 72.470 hectáreas.

Es el principio. Ahora la gestión bolivariana seencamina a crear las bases de un desarrollo endó-geno y sustentable que garantice la vida y el futu-ro de todos los venezolanos y venezolanas.

11

Ministeriode Comunicación

e Información

GobiernoBolivariano

MCI