LA CUESTIN DE LA SOBERANA EN LA GNESIS Y CONSTITUCIN DEL ESTADO ARGENTINO1

La cuestin de la soberana en la gnesis y constitucin del Estado argentino1

Jos Carlos Chiaramonte2Nmero Dos Junio 2001(Number Two) (June 2001)Historia ConstitucionalRevista Electrnica de Historia Constitucional(Electronic Journal of Constitutional History)I. QU FUE ANTES, LAS PROVINCIAS O LA NACIN?II. La nocin de soberana en el derecho de gentesIII. La escisin de la soberana: Federalismo e iusnaturalismoIV. Federalismo o centralismo: Divisibilidad o indivisibilidad de la soberana?V. Las soberanas rioplatensesVI. La organizacin confederalVII.

HYPERLINK "http://hc.rediris.es/dos/articulos/html/soberania.htm" \l "07" El problema en la historiografa norteamericanaVIII. Consideraciones finales

I. Qu fue antes, las provincias o la nacin?1. La cuestin de qu fue anterior, la nacin o las provincias, el todo o las partes, ha sido un problema delicado para la historia constitucional argentina, particularmente porque de la respuesta dada a la misma se poda fundar, o negar, el derecho de cada parte a separarse del conjunto. Se trataba de un riesgo muy sensible en el siglo XIX, tal como lo mostraron, entre otros incidentes, la segregacin de Buenos Aires en 1852 y los sucesos del 80, as como tambin lo avivaba el ejemplo de un conflicto exterior, el de la guerra civil norteamericana. Ese riesgo se haba desvanecido ya en el siglo actual, pero sus efectos condicionantes en el constitucionalismo argentino seguan vigentes.3 2. El problema provena de que tanto la preexistencia de las provincias con anterioridad a la constitucin de 1853, como su participacin en calidad de entidades soberanas en el Acuerdo de San Nicols, en 1852 -y fue en toda esa dcada Buenos Aires la ms aferrada a su condicin de Estado independiente y soberano-, no podan ser ignoradas fcilmente. De modo que conciliar esa realidad con el principio constitucional de que la nacin argentina est formada por un conjunto de provincias que son producto de ella y que slo ejercen ciertas atribuciones soberanas que, a travs de la constitucin, la nacin les ha concedido, no era cosa sencilla. 3. La voluntad de "poner" la nacin ab initio ha sido fuerte en los constitucionalistas, que unen as el recurso convencional propio del rgimen representativo liberal de imputar la soberana a un sujeto de derecho poltico denominado nacin, con un supuesto histrico discutible. Tal como se observa en este texto de uno de los ms importantes constitucionalistas argentinos contemporneos, Carlos Snchez Viamonte:4. "...en el proceso histrico, las provincias son anteriores a la Constitucin de 1853, pero posteriores a la existencia de la Nacin Argentina, nacida de la Revolucin de 1810 y con plena independencia y soberana desde 1816."45. Y ms claramente en el siguiente:6. La Nacin Argentina haba comenzado por ser una unidad en la Colonia, durante el Virreinato, y sigui siendo as despus de la Revolucin de Mayo [...] las provincias no actuaron nunca como Estados soberanos independientes, sino como entidades creadas dentro de la Nacin y como partes integrantes de la misma, circunstancialmente afectadas por conflictos internos.57. El argumento adoptado en la historiografa respectiva con mayor frecuencia para justificar la preexistencia de la nacin es, as, suponerla desde al menos el momento inicial del proceso de Independencia.6 La misma tesis es recogida ms recientemente por otro destacado constitucionalista, quien sostiene que mientras en EE. UU. la confederacin uni a colonias independientes, en Argentina el proceso comenz con

8. "...una entidad nacional nica, heredera del virreinato, que luego de atravesar por un largo perodo de anarqua y desorganizacin, devino en la forma constitucional descentralizante de 1853/1860."7 9. Si las provincias que concurrieron al nacimiento del actual Estado nacional argentino en 1853 eran Estados independientes y soberanos que pactaban su fusin en un Estado federal o slo eran partes remanentes de una nacin previa que se haba disgregado luego de 1810 o 1819 y que desde entonces haban intentado reunirse sin xito, conforma un problema de capital importancia, no slo para el derecho constitucional sino tambin para la historia rioplatense del siglo XIX. Pues tambin entre los historiadores ha sido preocupacin predominante. Un excelente ejemplo de las tesis sobre la existencia de la nacin en 1810, as como una muestra bastante traslcida de la voluntad creadora del mito, los ofrece la Historia del Derecho Argentino de Ricardo Levene. Especialmente desde su primera pgina, en la que afirma la existencia de un Derecho Patrio que si bien se desprende del Derecho Indiano, "...desde sus orgenes es vertebral, formativo de una nacionalidad y no un derecho intermedio al decir de Alberdi, como si careciera de naturaleza propia." [Derecho intermedio: el francs que va de 1789 al Cdigo de Napolen de 1804] Se trata en cambio de un "Derecho Patrio Argentino" precodificado, antes de 1853, y codificado luego de esa fecha. El Derecho Patrio Precodificado corresponde 10. "...a un perodo nuevo que se inicia con la Revolucin de 1810, cuyo plan consisti en fundar la Independencia de una Nacin, convirtiendo el vnculo jurdico del vasallaje en el del ciudadano que integra la soberana, y que adems de la Independencia, organizaba la Repblica democrtica..."811. Nuestro criterio es que lo que puede considerarse una ficcin jurdica, en el sentido de una convencin aceptada como un postulado para la organizacin de un Estado, ha sido convertida en una tesis historiogrfica que vela la comprensin del proceso abierto por la Independencia. La comentada tesis constitucional no coincide con lo realmente ocurrido en el proceso de organizacin estatal rioplatense, cuando las primeras entidades soberanas fueron posteriores a 1810 y consistieron en las ciudades con Ayuntamiento. Posteriormente, se convirtieron en cabeceras de provincias, las que trataran de organizarse como Estados soberanos e independientes y actuaran en calidad de tales, independientemente del mayor o menor logro de esos intentos de organizacin estatal, de dispares resultados en el conjunto rioplatense.9

12. La cuestin de qu fue antes, la provincia o la nacin, es de especial inters -y es til observar, segn veremos ms adelante, cmo se instal tambin en el debate constitucional norteamericano- porque, como ya advertimos, de la forma en cmo se la resuelva depende la posibilidad de una mejor comprensin del proceso histrico que va de 1810 a 1853. Pero para un examen no anacrnico del problema -en este caso, no anacrnico retrospectivamente, en el sentido de no proyectar sobre el pasado la imagen de nuestros conflictos contemporneos-, es imprescindible advertir que el conflicto y su interpretacin giran sustancialmente en torno al concepto de soberana y al general predominio del derecho natural y de gentes como fundamento de las ideas y prcticas polticas de la poca.10 13. Al respecto, y antes de continuar con lo ocurrido en el Ro de la Plata en la primera mitad del siglo XIX, creo oportuno efectuar algunas consideraciones sobre la historia de la nocin de soberana, no con el propsito de discutir la teora al respecto, cosa ajena al propsito de este trabajo, sino para comprender mejor las modalidades de su uso de poca, algo imprescindible para la inteligencia de la historia de la organizacin del Estado nacional argentino.

II. La nocin de soberana en el derecho de gentes 15. Se ha sealado que una diferencia sustancial entre las doctrinas escolstica y moderna sobre el origen y naturaleza del poder, es que para la primera existe un dualismo en la concepcin de la soberana, una soberana radical y otra derivada. La doctrina escolstica supone que el dualismo comunidad/prncipe (atenindonos a una de las tres formas de gobierno definida ya por Aristteles, la monarqua) subsiste luego del traspaso del poder, lo que se refleja en otro dualismo, el de un poder originario o virtual de la comunidad, y un poder en funcin, el del prncipe. Estas dos consecuencias son comunes a todas las variantes de las doctrinas pactistas de la Escolstica, pero mientras en Surez o Vitoria, una vez transferido el poder al prncipe la comunidad careca enteramente de l mientras no lo recobrase -por razones de excepcin como la tirana del prncipe- en Mariana y otros autores "el poder seguira conjuntamente en ambos", lo que daba lugar a la concepcin de un ejercicio de la soberana conjunto por rey y reino. Esta frmula, si bien no exitosa en Espaa, tendra buena acogida en los medios autonomistas iberoamericanos antes de las independencias, pero implicaba una contradiccin con la doctrina de la indivisibilidad de la soberana, que Bodino y otros autores modernos encarecan como fundamento imprescindible del Estado.11 16. En cuanto respecta a la nocin de soberana, podran encontrarse antecedentes, antes de Bodino, en conceptos polticos formulados en los siglos XII en adelante, pues se ha advertido que ya entonces se usaba el trmino, aunque no totalmente en el mismo sentido con que se lo empleara luego, o se utilizaban conceptos que como los de auctoritas y potestas contienen algunas de las notas posteriormente propias del concepto de soberana.12 Pero en su uso actual, el concepto se acua en el siglo XVI para dar cuenta del ejercicio del poder poltico en un contexto que niega el poder de las dos grandes potencias universales de la Edad Media, la Iglesia y el Imperio. Ejercicio del poder poltico, esto es, del poder del Estado -otro concepto acuado en el mismo siglo- entendido como supremo poder de mando, no sometido a ningn otro y no eludido por ningn individuo, grupo o corporacin del territorio en que se ejerce. Un concepto, el de soberana, que tiene asimismo, como una de sus funciones fundamentales, la de conciliar poder y derecho, esto es, la de proporcionar legitimidad al monopolio de la fuerza caracterstico del concepto del Estado moderno. 17. Para el propsito de indagar los fundamentos de las tendencias centralistas y confederales en la historia iberoamericana, es til recordar que Bodino puede ser considerado, efectivamente, punto inicial de la tendencia moderna a fundar la estabilidad y xito de un Estado en la unidad e indivisibilidad de la soberana, mientras Altusio lo sera de la opuesta concepcin de la coexistencia de distintos poderes soberanos en el marco de una misma asociacin poltica. Pues uno de los problemas centrales del concepto de soberana era el de su unidad. Frente a las doctrinas del Estado mixto, de antigua data, que hacan centro en la necesidad del consenso de los grupos intermedios de la sociedad feudal para la legislacin, y que tendr en Altusio (1557-1638) un nuevo y fuerte partidario, la que habr de ser considerada doctrina moderna del Estado tuvo en juristas como Bodino (c. 1530-1596) una radical afirmacin de la indivisibilidad de la soberana.13 18. El objetivo de dotar a la monarqua de todo el poder necesario para instaurar un orden de concordia y justicia, que Bodino juzgaba no podan alcanzar los grupos sociales intermedios, lo llevaba a atacar los poderes feudales y estamentales y a acentuar el del prncipe, de una forma que no estuviese trabado por ninguna clase de fiscalizacin. En otros trminos, como efecto de la ruptura de un orden social basado en las relaciones de dependencia personal entre seores y vasallos, la imputacin de la obligacin poltica era desplazada de los poderes intermedios (seores, Iglesia, ciudades, corporaciones varias...) al Estado, cuyo poder excluyente, manifestado a travs de las leyes, es lo que denomina Bodino soberana.14 19. El concepto de la unidad de la soberana llevaba a Bodino a condenar sin atenuantes la forma del Estado mixto:20. Si la soberana es indivisible, como hemos demostrado, cmo se podra dividir entre un prncipe, los seores y el pueblo a un mismo tiempo? Si el principal atributo de la soberana consiste en dar ley a los sbditos, qu sbditos obedecern, si tambin ellos tienen poder de hacer la ley? Quin podr hacer la ley, si est constreido a recibirla de aquellos mismos a quienes se da?1521. Pero mientras Bodino se empeaba en asentar el poder absoluto, de una forma que, sustancialmente, prevalecera en la historia de las monarquas de la Europa continental, el proceso ingls se encaminaba hacia otra forma de ejercicio de la soberana, ms cercana a la antigua nocin del Estado mixto. Pues a diferencia de lo ocurrido en monarquas como la francesa y espaola, en las que la soberana se imputara a la persona del monarca, en la Inglaterra de fines del siglo XVI, a partir de antecedentes medievales, se termin de formular la doctrina de la soberana del Parlamento al atribursele la capacidad de aprobar leyes -rasgo esencial de la soberana segn Bodino.16 22. En opinin de los partidarios de imputar la soberana al Parlamento, en Inglaterra la corona estaba sometida al derecho que ella misma haba establecido de consuno con aqul y segn el cual, por ejemplo, se requera el consentimiento del mismo para aprobar impuestos. Es cierto que la monarqua dualista estamental tambin exista en la Europa continental, como en Francia y en Espaa. Pero en Francia los Estados Generales dejaron de convocarse en 1614. Y en Espaa, donde las Cortes de Castilla y las de Len haba surgido casi cien aos antes que el Parlamento ingls, durante los siglos XVI y XVII la soberana se imput al monarca y las Cortes fueron prcticamente neutralizadas. En Castilla, luego de 1538, debido al rechazo de los nobles a un impuesto que pretenda establecer el rey, ste excluy a la nobleza y al clero de la convocatoria a Cortes. Las Cortes de Castilla quedaron as integradas por los representantes de las pocas ciudades (fueron dieciocho) con voto en Cortes, las que entendiendo que esa representacin conformaba un privilegio, no la compartan con otras ciudades. En cambio, en Inglaterra las cmaras de los lores y los comunes fueron activos protagonistas polticos, an frente al paralelo fortalecimiento de la monarqua. 23. Por otra parte, es de inters notar que la tendencia absolutista en el continente se apoy en algunas normas del derecho romano y del derecho cannico, que favorecan la interpretacin de la monarqua como creadora de la ley en vez de rgano sujeto a ella. Mientras que, en cambio, en Inglaterra -no as en Escocia-, la circunstancia de que la influencia del derecho romano haba sido menor que en el continente -recurdese la fuerza all del derecho consuetudinario-, favoreci la atribucin de la soberana al Parlamento.17 24. Otro lugar donde sigui teniendo acogida la admisin de la divisibilidad de la soberana fue Italia, donde Maquiavelo haba ya manifestado la conveniencia de que el poder se distribuyese entre distintos grupos sociales, para que cada uno sirviera de control de los otros. Varios autores, adems de Maquiavelo, se pronunciaron por un criterio contrario al de Bodino, sosteniendo que la soberana poda ser dividida y repartida entre varias instancias de poder dado que su indivisibilidad era un falso axioma y, sobre esta base, defendieron el principio del estado mixto. Mientras que en Espaa, con excepcin de posturas como la de Juan de Mariana, si bien la doctrina del estado mixto tuvo cierta difusin, no logr hacer pie en la literatura poltica dado el peso de la monarqua absoluta.18 25. En cuanto a los tericos de la unidad de la soberana, y pese a sus diferencias, tanto Rousseau como Hobbes, Locke y Kant, entienden la soberana como nica e indivisible, y admiten un slo sujeto soberano que corresponde a su concepcin unitaria del Estado. De manera que la soberana es concebida en ellos como "una cualidad originaria, permanente, inalienable y perpetua. No algo concedido a plazo, limitadamente, "...sino que reside y sigue residiendo originaria y esencialmente en el sujeto a quien se atribuye, ya sea el Monarca o la Voluntad General." Los tericos modernos del Estado, por partir de su idea del estado de naturaleza y del carcter artificial del Estado, afirman que al mismo tiempo que los hombres deciden libremente entrar en la sociedad civil "se someten a la autoridad poltica por ellos creada." No hay pues dos partes previas con autoridad propia sino slo individuos en estado de naturaleza. Ellos pactan un Estado que una vez pactado se coloca por encima de ellos.19 26. Pero existe una diferencia importante entre Hobbes y Rousseau, que proviene de su diferente concepto del sujeto de imputacin de la soberana y que curiosamente coloca al segundo ms cerca de los neoescolsticos. Mientras en el autor del Leviathan la soberana es concedida al monarca, que la conserva para siempre, "de un modo irrevocable y perpetuo", sin compartirla con quienes se la han concedido, en Rousseau la soberana es inalienable y debe ser ejercida por el soberano mismo. El pueblo no puede enajenar la soberana, lo que significa tambin que el soberano no puede ser representado sino por s mismo. Esta concepcin, que reedita a fines del siglo XVIII el concepto de la democracia directa, ser fuente de vivos conflictos cuando la influencia del autor del Contrato Social se haga sentir en las Independencias iberoamericanas y se enfrente a los proyectos de organizacin de regmenes representativos.20 27. En cuanto a Bodino, si bien es la piedra angular de uno de los rasgos fundamentales de la teora moderna del Estado, la indivisibilidad de la soberana, sin embargo estaba an lejos de abandonar la tradicin escolstica. l es exponente de una conjuncin del nuevo pensamiento poltico correspondiente a la emergencia de los Estados monrquicos con tradiciones escolsticas, conjuncin que es particularmente acentuada en el caso espaol. 28. Respecto de ste, advierte Maravall que la nocin de Estado -un Estado "ordinariamente llamado todava Repblica por nuestros escritores del siglo XVII"- se gesta en oposicin a la de Imperio, en el sentido del ideal de un imperio universal, como el Sacro Imperio Romano. Frente a l, se va formando la visin de un conjunto de entidades soberanas. Paradjicamente, la voz que da cuenta del poder del Imperio universal, precisamente imperium, se aplicar al poder de cada uno de esos Estados.21 La nocin de Estado que se puede registrar en los autores espaoles une generalmente el criterio de Aristteles -por su concepto de autarqua y suficiencia- con el de Bodino -por la nota esencial de la soberana. La definicin ms completa en este sentido es la de Diego Tovar y Valderrama, de 1645, que llama Repblica a29. "un agregado de muchas familias que forman cuerpo civil, con diferentes miembros, a quienes sirve de cabeza una suprema potestad que les mantiene en justo gobierno, en cuya unin se contienen medios para conservar esta vida temporal y para merecer la eterna."2230. El concepto de Estado de los espaoles del XVII prolonga aqu todava la nocin organicista medieval, que metafricamente concibe un cuerpo poltico a imagen del cuerpo humano. Pero en l no son individuos los que se relacionan entre s, sino las familias. Bodino haba ya introducido esta mediacin entre individuo y Estado. De ah lo toman los espaoles, lo mantienen y lo acentan. An ms, el Estado ser concebido como compuesto de otras ms amplias...31. "...congregaciones de individuos caracterizados por los diferentes ministerios y oficios. Es la concepcin estamental, viva an en la doctrina como en la realidad poltica de los pases, hasta que la disuelva la crtica social y la reforma econmica a que abocar el siglo XVIII."23

32. Un destacado ejemplo de la conciliacin de tradicin escolstica y concepciones modernas es, en una etapa muy posterior, a comienzos del siglo XIX, el del espaol Francisco Martnez Marina, quien las combina, aparentemente, sin percibir su disparidad. En su doctrina de la soberana muestra una extraa mezcla de individualismo y corporativismo territorial y rene conceptos tomados de la Declaracin de los derechos del hombre de 1789 con los de autores tomistas del siglo XVII y otros escolsticos.24 Comenta al respecto Maravall que aunque Marina sabe que la soberana es permanente y perpetua, acude a un antiguo criterio estamental para concebir a sta como divisible y sostener que los individuos y las provincias la comparten. As escribe afirmaciones como la siguiente: los pueblos (as, en plural; se refiere a las ciudades con voto en Cortes), en virtud de la porcin de la soberana que les compete. La persistencia de restos de pensamiento tradicional hace que para l el concepto de pueblo refiera a un conjunto de ciudades y villas, resabio estamental que no le permite comprender la forma de la representacin nacional en rgimen representativo y que lo lleva a a interesarse particularmente por las entidades municipales... Influido por el ejemplo de las Cortes medievales y llevado de su individualismo, en lugar de representacin nacional, se atiene al sistema de mandato imperativo.25 33. El caso de Martnez Marina es congruente con la trayectoria del reformismo espaol del siglo XVIII -y tambin con lo ocurrido en Iberoamrica luego de las independencias-, sincretismo de influencias ilustradas y otras corrientes, algunas muy anteriores. Hemos comentado en otro lugar cmo el guatemalteco Jos Cecilio del Valle defina, en 1825, lo que entenda por nacin, cuando fundamentando un proyecto constitucional manifestaba que quera que, respecto del34. "...origen de las sociedades se pusiese la base primera de que todas son reuniones de individuos que libremente quieren formarlas; que pasando despus a las naciones se manifestase que stas son sociedades de provincias que por voluntad espontnea han decidido componer un todo poltico..."26 [subrayado nuestro]35. Respecto de Espaa, como lo advirti Richard Herr, en cuanto a cmo se conforma y evoluciona el derecho natural y de gentes en el mbito hispanoamericano, es de notar que cuando el impacto de la Revolucin Francesa pone en situacin difcil a los reformadores espaoles, stos reaccionan combinando diversas tradiciones, unas ibricas y otras no, entre ellas las del derecho natural y de gentes:36. "De su inters por la historia nacional, de su estudio del derecho natural y de gentes y de su conocimiento del tema general de los escritos de Montesquieu, confeccionaron la tradicin liberal. Espaa, descubrieron (segn algunos ya haban sospechado), tena una antigua constitucin que estipulaba restriccin popular sobre el rey a travs de las Cortes representativas."27 III. La escisin de la soberana: Federalismo e iusnaturalismo 37. Pero si la corriente predominante en la teora poltica iusnaturalista moderna fue la que afirmaba la indivisibilidad de la soberana, corresponde interrogarse sobre cul habra sido, entonces, el sustento doctrinario de las tendencias federales (esto es, confederales) desarrolladas luego de las independencias iberoamericanas? 38. La cuestin es ms compleja que lo aparente debido a la confusin entre confederacin y Estado federal que llevaba consigo el uso de poca del vocablo federalismo.28 Pese a que la respuesta ms frecuente a la pregunta que acabamos de formular remite al ejemplo del federalismo norteamericano, es preciso recordar que los letrados iberoamericanos estaban al tanto de la difundida discusin de las virtudes y defectos de la confederacin en la literatura poltica de los siglos XVI a XVIII, desde autores iusnaturalistas an parcialmente inmersos en la tradicin medieval, como el ya mencionado Altusio, hasta el mismo Montesquieu. Y que, asimismo, eran por dems conocedores de los casos de las uniones confederales de los Pases Bajos, de las ciudades, provincias y reinos alemanes, y de la misma Suiza. De manera que la muy recordada influencia del federalismo norteamericano refiere en realidad a slo uno de los casos histricos de los tantos que conocan los letrados de la poca. Y, por otra parte, a un caso mal interpretado por quienes, casi sin excepcin, no advertan la radical diferencia entre la confederacin resultante del Acta de Confederacin y el Estado federal nacido con la Constitucin de Filadelfia. 39. La observacin recogida ms arriba seala a Altusio como una aislada emergencia del federalismo en el seno del Iusnaturalismo moderno. Si bien sera absurdo ver en su obra el fundamento de las tendencias federales iberoamericanas, es til observar que las caractersticas de su sistema poltico corresponden a una tradicin que hunde sus races en el medioevo pero que, con variantes a veces de magnitud, perdurarn a lo largo de la Edad Moderna. Y, por otra parte, que esas caractersticas son indicadores de formas de vida social que en alguna medida tienen similitud con el mundo iberoamericano. Por ejemplo, en el captulo en que Altusio trata de la consociacin o confederacin, la diversidad de entidades polticas que menciona como capaces de unirse en confederacin -reinos, provincias, ciudades, pagos o municipios-29 es un rasgo en cierta medida no extrao al mundo iberoamericano, correspondiente a la emergencia de soberanas de ciudades y provincias en tiempo de las independencias, y a la inmediata reivindicacin de soberana por parte de poblaciones menores. Tal como en un artculo periodstico de 1821 un enemigo del federalismo lo reflejaba con tanta elocuencia como indignacin:40. ...En segundo lugar pretende la faccin federal, que para formar federacin, se despedace el cuerpo poltico en mnimas secciones; que la repblica federativa se componga de tantas partes integrantes cuantas ciudades y villas tiene el pas, por miserables que sean; pretende que cada pueblo, en donde hay municipalidad, aunque no tenga cincuenta vecinos sea una provincia y un estado independiente. As vemos que en el da se llaman provincias, y tiene gobierno separados las ciudades mas pequeas, mas pobres y mas despobladas, en donde siempre ha habido gran dificultad en hallar un alcalde ordinario. [...] Por este orden, si cada pueblo tiene derecho a ser independiente y soberano dentro de un mismo estado, cada familia pretender derecho a ser independiente y soberana dentro de un mismo pueblo, y enseguida cada persona querr serlo dentro de una misma familia, hasta dar en tierra con toda apariencia de sociedad civil y caer en el estado de naturaleza. Que delirio!3041. Altusio elabor una complicada clasificacin de las asociaciones que prolongaba un criterio, de frecuente presencia en los textos polticos de la Edad Media, tendiente a lograr un esquema definitivo de la articulacin de las organizaciones sociales que, entre el individuo y el Imperio, agrupaban a los seres humanos en una disposicin concntrica. Ms all de las diferencias que se encuentran entre los diversos autores medievales, observaba Otto Gierke que eran cinco los grupos orgnicos que en el pensamiento poltico medieval estaban situados por encima del individuo y de la familia: la comunidad local, la ciudad, la provincia, el pueblo o Regnum y el Imperio. Se trataba de una construccin federativa del todo social a la cual se fue oponiendo lentamente, primero en el terreno eclesistico y luego en el estatal, la tendencia centralizadora que habra de imponerse en la teora poltica moderna.31 42. En el conjunto de asociaciones delineado por Altusio, que difiere parcialmente de la recin apuntada, ste distingue dos comunidades privadas, la familia, fundamento natural de la sociabilidad, y el colegio o compaa, un especie de asociacin voluntaria tal como la corporacin de oficio. De tal manera, los individuos participan en una comunidad mayor como integrantes de una comunidad primaria que, como la comuna o la ciudad, resulta un agregado de grupos y no de ciudadanos. Lo mismo ocurre en el siguiente escaln, la provincia, integrado por los rdenes o colegios generales (clero, nobles, burgueses, campesinos), en cuya cspide el prncipe ocupa un lugar equivalente al del alcalde de una ciudad. Por ltimo, el Estado es concebido por Altusio como una federacin de regiones y ciudades autnomas.32 43. Mientras la obra de Bodino refleja el contexto de un reino que unido en torno a una dinasta vive un proceso de concentracin del poder, la de Altusio corresponde a la peculiar geografa poltica de tierras germanas, en donde predominan las autonomas locales y provinciales y en donde las repblicas urbanas defienden esa autonoma frente al avance del Estado. Una autonoma que Altusio defiende sin por eso dejar de preocuparse por preservar la unidad del Estado, resultando su federalismo una especie de conciliacin entre poderes superpuestos, tal como se observara en los cantones suizos o en las Provincias Unidas liberadas del dominio espaol.33 IV. Federalismo o centralismo: Divisibilidad o indivisibilidad de la soberana? 44. El estallido de las independencias iberoamericanas abri una historia de conflictos que en buena medida provenan de la existencia tambin en estas tierras de una variedad de entidades polticas que reclamaran un status de soberana independiente. Esos conflictos han sido por lo general mal interpretados por dos razones que poseen una estrecha conexin. Una de ellas, la inadecuacin de nuestro actual esquema binario de pases independientes y colonias (ms la eventual situacin intermedia de dependencia). Otra, la no percepcin de la legitimidad de tales reclamos, que emerga del derecho poltico de la poca. 45. En 1834, un texto de Andrs Bello, el famoso publicista venezolano residente en Chile, enumeraba una variedad de posibles formas estatales, a las cuales les caba la calidad de independencia soberana, que refleja una situacin histrica en que las formas de independencia soberana no se reducan a las del referido esquema de nacin independiente/colonia. Luego de definir el concepto de nacin, a la manera del Iusnaturalismo del siglo XVIII -esto es, como sinnimo de Estado desprovisto de toda nota de etnicidad ("Nacin o Estado es una sociedad de hombres que tiene por objeto la conservacin y felicidad de los asociados; que se gobierna por las leyes positivas emanadas de ella misma y es duea de una porcin de territorio.")-, Bello sealaba que como el conjunto de los individuos que componen la nacin no pueden obrar en masa, se requiere una persona o un grupo de ellas encargada de "administrar los intereses de la comunidad y de representarla ante las naciones extranjeras". Este sujeto, individual o colectivo, es lo que llamamos el soberano. La independencia de la nacin -agregaba- consiste en no recibir leyes de otra, y su soberana en la existencia de una autoridad suprema que la dirige y representa."34 Por lo tanto cualquier nacin que se gobierna a s misma, bajo cualquiera forma que sea y tiene la facultad de comunicar directamente con las otras, es a los ojos de stas un estado independiente y soberano." Y a continuacin, Bello enumeraba los diversos casos de independencia estatal soberana que recoga de la historia moderna europea:46. "Deben contarse en el nmero de tales an los estados que se hallan ligados a otro ms poderoso por una alianza desigual en que se da al poderoso ms honor en cambio de los socorros que ste presta al ms debil; los que pagan tributo a otro estado; los feudatarios, que reconocen ciertas obligaciones de servicio, fidelidad y obsequio a un seor; y los federados, que han constituido una autoridad comn permanente para la administracin de ciertos intereses; siempre que por el pacto de alianza, tributo, federacin o feudo no hayan renunciado la facultad de dirigir sus negocios internos, y la de entenderse directamente con las naciones extranjeras. Los estados de la Unin Americana han renunciado a sta ltima facultad, y por tanto, aunque independientes y soberanos bajo otros aspectos, no lo son en el derecho de gentes."3547. Como apuntamos ms arriba, la variedad de soberanas emergentes del proceso de las independencias en el mundo iberoamericano era tambin un fenmeno en cierta medida similar a la de esta diversidad de comunidades polticas que podan ser portadoras de pretensiones de independencia soberana. El panorama de posibles soberanas independientes que traduce el texto de Bello -que no es otra cosa que resumen de la tratadstica del derecho de gentes que manejaba su autor- permite comprender que esa proliferacin de pueblos soberanos desatada por las independencias iberoamericanas no era una aberracin de mezquinos intereses locales sino algo compatible con las perspectivas polticas que tenan los hombres de esa poca. Pueblos soberanos -villas, ciudades, provincias...- que al mismo tiempo que intentaban afirmarse en tal calidad, buscaban afanosamente alguna forma de asociacin poltica que les permitiese compensar su debilidad mediante ligas, alianzas o confederaciones. 48. Pero este proceso, que aflora en todo el continente, desde la independencia de las colonias angloamericanas hasta la del hispanoamericano Ro de la Plata, no era el nico que haca colisin con el dogma de la indivisibilidad de la soberana. La calidad unitaria e inalienable de la soberana, defendida con tenacidad por una parte de los lderes de las independencias, los llamados centralistas o unitarios segn los lugares, tambin tenda a ser negada por la variedad de poderes intermedios internos a un Estado que, como legado de la desaparecidas monarquas metropolitanas, an persistan en las ex colonias ibricas y retenan distintas porciones de las atribuciones de la soberana, tales como las corporaciones, la ms importante de ellas el ayuntamiento -cabildo o camara. Tambin en este punto la historia iberoamericana de la primera mitad del siglo XIX posee cierta similitud con la europea de los siglos XVI a XVIII. Observemos, si no, este prrafo de Norberto Bobbio que se podra aplicar sin sustancial correccin al conflicto de unitarios y federales:49. La lucha del Estado moderno es una larga y sangrienta lucha por la unidad del poder. Esta unidad es el resultado de un proceso a la vez de liberacin y unificacin: de liberacin en su enfrentamiento con una autoridad de tendencia universal que por ser de orden espiritual se proclama superior a cualquier poder civil; y de unificacin en su enfrentamiento con instituciones menores, asociaciones, corporaciones, ciudades, que constituyen en la sociedad medieval un peligro permanente de anarqua. Como consecuencia de estos dos procesos, la formacin del Estado moderno viene a coincidir con el reconocimiento y con la consolidacin de la supremaca absoluta del poder poltico sobre cualquier otro poder humano. Esta supremaca absoluta recibe el nombre de soberana. Y significa, hacia el exterior, en relacin con el proceso de liberacin, independencia; y hacia el interior, en relacin con el proceso de unificacin, superioridad del poder estatal sobre cualquier otro centro de poder existente en un territorio determinado. De este modo, a la lucha que el Estado moderno ha librado en dos frentes viene a corresponderle la doble atribucin de su poder soberano, que es originario, en el sentido de que no depende de ningn otro poder superior, e indivisible, en el sentido de que no se puede otorgar en participacin a ningn poder inferior.3650. Como se puede inferir, la analoga no consiste solamente en la afirmacin de los nuevos Estados ante una autoridad externa (que en el texto de Bobbio es el papado, pero que podemos suplantar en nuestro caso por las metrpolis), sino tambin en el conflicto con los poderes intermedios, entre los cuales las ciudades americanas, y sus cabildos, si bien los ms importantes, no fueron los nicos. No otro fue el argumento esgrimido por el ministro de gobierno del Estado de Buenos Aires, Bernardino Rivadavia, en diciembre de 1821, para defender la supresin de los cabildos, supresin que inaugur una serie de medidas similares en todas las provincias rioplatenses, entre 1821 y 1837.37 Y, asimismo, el principio de la incompatibilidad de un soberana indivisible con la existencia de cuerpos intermedios est en el fundamento de las reformas que suprimieron los fueros corporativos.38 La reduccin de la reforma eclesistica bonaerense de 1822 a una forma de anticlericalismo es una interpretacin prejuiciosa de un fenmeno que ya haba generado similares conflictos en la Espaa borbnica.39 V. Las soberanas rioplatenses 51. En vsperas del Pacto Federal de 1831, el ms destacado de los que invoca como fuentes el Prembulo de la Constitucin de 1853, las llamadas provincias se consideraron Estados soberanos que buscaban una forma de unin que al tiempo que creara un nuevo Estado nacional les permitiese conservar su estatuto de independencia soberana. De all que la forma confederal fuese la preferida, incluso y sobre todo por Buenos Aires.40 52. Mientras duraron las tratativas de la primera dcada revolucionaria, las ciudades actuaron de hecho, implcitamente, como entidades soberanas -calidad que se manifest, entre otros aspectos, en la forma de representacin (mandato imperativo) vigente en las reuniones y congresos del perodo, transferida luego a las provincias que se fueron definiendo en esos aos. Pero despus de la llamada anarqua del ao 20", las provincias fueron asumiendo explcitamente su independencia soberana, al tiempo que persistan en tentativas de unin. La serie de pactos interprovinciales, inaugurada por el Tratado del Pilar de febrero de 1820, si bien se mira, traduce tal realidad, dado que los pactos son, justamente, formas de relacin entre entidades soberanas. Mientras que en la mayora, la promulgacin de textos constitucionales, a partir del Reglamento Provisorio santafesino de 1819, traduca tambin la necesidad de reglamentar el ejercicio de las atribuciones soberanas de esas provincias-Estados. 53. Esta realidad la haba anunciado el Cabildo de Buenos Aires a los dems ayuntamientos como consecuencia de los sucesos del ao 20. "...Todas las [provincias] de la Unin estn en estado de hacer por s mismas lo que ms convenga a sus intereses, y rgimen interior...."41 Similar criterio se hizo pblico en una Declaracin del gobierno de Buenos Aires, del 1 de setiembre de 1821, en la que se afirma que hasta tanto se reuniese el congreso constituyente, era necesario "...abrir una senda nueva por la que reconcentrndose cada provincia momentneamente en s misma, pueda reparar los quebrantos de tantos infortunios..."42 El lenguaje con que la provincia de Crdoba describa la situacin, en un documento en el que prevalece la identidad americana en protestas de fraternidad con las Provincias de Sud Amrica, era ms explcito. En una Declaracin de los mviles patriticos que inspiraron a los Representantes con relacin a la soberana e independencia de la Provincia [...] Los Representantes aprueban y sancionan la declaracin de la independencia hecha por el M[uy]. I[lustre]. C[abildo]. de esta Ciudad el 17 de Enero de 1820,54. ...declarando en la forma ms solemne que la soberana de esta Provincia reside en ella misma y por su representacin en esta Asamblea, entre tanto se arregla su constitucin; que como tal Provincia libre y soberana no reconoce dependencia, ni debe subordinacin a otra; que mira como uno de sus principales deberes la fraternidad y unin con todas, y las ms estrechas relaciones de amistad con ellas, entre tanto reunidas todas, en Congreso General, ajustan los tratados de una verdadera federacin, en paz y en guerra, a que aspira, de conformidad con las dems...4355. Entre las ms celosas de la independencia y soberana se contaba Santa Fe, cuyo gobernador Estanislao Lpez, en 1826, instruy a sus diputados al Congreso constituyente, Jos Elas Galisteo y Pedro Pablo Vidal, para que "...poniendo en ejercicio todos los derechos que competan a esta Provincia...", propusieran56. "...de acuerdo con los dems miembros del Cuerpo Soberano, la nueva y mejor organizacin de las Provincias elevndolas a Estados Soberanos, y las Constituciones que los deban regir en Confederacin, bajo la libertad e independencia de cada uno que proclamamos, y todo cuanto conduzca al bien y prosperidad comn de los Estados Confederados, y al particular de cada uno...4457. Afirmndose en este terreno, las provincias adoptaron las normas que el Congreso de Viena haba estipulado respecto a la calidad de los representantes de un Estado ante Estados extranjeros, y pasaron a calificar a sus diputados de agentes diplomticos y definiendo su reuniones como reuniones diplomticas.45 58. Esto ya haba sido percibido por historiadores pertenecientes a la renovacin historiogrfica de comienzos de siglo XX, tal como se aprecia en este prrafo del constitucionalista Juan A. Gonzlez Caldern quien, si bien imposibilitado de admitir la tesis de la plena independencia soberana de las provincias por participar del supuesto de la nacionalidad preexistente, refleja con bastante aproximacin aquella realidad:59. "Entre la situacin poltica de los Estados norteamericanos confederados (1778-1787) y la de las provincias argentinas confederadas (1831-1852) hay mucha analoga, aunque no haya identidad. La comparacin puede hacerse sin exagerar la concordancia. Desde luego, el fundamento, la base, de esas dos confederaciones fue el pacto, lo que significa que las partes contratantes, Estados o Provincias, eran entidades jurdicas con absoluta capacidad o plenitud de poder para obligarse, y delegar voluntariamente, a una autoridad comn, los derechos y atribuciones cuyo ejercicio en particular no les convena reservarse."60. Y afirma de las provincias que "cada una era una entidad cuasi-soberana, cercada con bayonetas y con aduanas, y en cuyos negocios particulares nadie, sino ella misma, poda inmiscuirse"46 61. Asimismo, Carlos Ibarguren, en su biografa de Rosas escriba en 1929:62. "En ese momento [comienzos del primer gobierno de Rosas] no haba una Nacin propiamente dicha; los Estados provinciales estaban separados y el sentimiento nacional quedaba subordinado al localista. Las provincias eran entidades soberanas o independientes en guerra unas contra otras, o en coaliciones beligerantes recprocas."63. Y agregaba:64. "El 31 de Agosto de 1830 los `Agentes Diplomticos' de nueve provincias: Mendoza, San Luis, San Juan, Salta, Tucumn, Santiago, Crdoba, Catamarca y La Rioja, celebran un pacto de unin y alianza y nombran al general Paz `Jefe Supremo' hasta la instalacin de la autoridad nacional."4765. Entre las provincias que asumieron su calidad de Estado soberano independiente sobresali Buenos Aires. Ya en una de las reuniones secretas en que la Junta de Representantes discuti el Tratado del Litoral, en enero de 1831, el presidente de la comisin encargada de la revisin del tratado, Flix de Ugarteche, declar que las provincias eran equivalentes a naciones independientes y se regan por las normas del derecho de gentes.48 Asimismo, en febrero del ao siguiente, el representante de Buenos Aires en la Comisin Representativa de la Liga del Litoral, Ramn Olavarrieta, subray ante sus colegas de Corrientes, Entre Ros y Santa Fe que ese organismo era de carcter diplomtico, calidad en la que acordaron todos, si bien diferan en los alcances prcticos de tal condicin.49 66. El sorprendente hecho de que Buenos Aires, que fuera la ms firme sede de las corrientes centralistas, hasta haber sido identificada con el unitarismo por gran parte de la historiografa argentina, pasara a ser la ms firme defensora del confederalismo, es slo una aparente paradoja. Sucede que luego de la brutal agresin que sufriera su integridad durante la presidencia de Bernardino Rivadavia, cuando el partido unitario en el poder decidi expropiarle la ciudad capital y gran parte del territorio para dar sede al gobierno nacional, la adhesin al unitarismo sufri una seria crisis. En trminos generales podra interpretarse que mientras aquellos porteos que haban sido unitarios por razones de conviccin poltica persistieron en su postura, los que haban sido centralistas por las ventajas que un Estado unitario reportara a la antigua capital del reino no encontraran otra defensa contra semejantes amenazas, que se sumaban a las ms antiguas del resto de las provincias -demandas de nacionalizacin de las rentas de la Aduana de Buenos Aires, libre navegacin de los ros y regulacin del comercio exterior-, que asumir plenamente su independencia en calidad de Estado soberano y propugnar, para su relacin con las dems Estados rioplatenses, una unin confederal. Poltica que encontrara en Juan Manuel de Rosas su exitoso ejecutor. 67. Retrospectivamente, en 1846, Toms Manuel de Anchorena explicaba a Rosas que l haba previsto ya esta contingencia. En carta a Rosas recordaba que en 1814 en Buenos Aires no se poda hablar de federacin:68. Entonces el que un porteo hablase de federacin era un crimen. A m me miraban algunos de los diputados cuicos y provincianos con gran prevencin, porque algunas veces les llegu a indicar que sera el partido que tendra al fin que tomar Buenos Aires para preservarse de las funestas consecuencias a que lo expona esa enemistad que manifestaban contra l. El grito de federacin empez a resonar en las provincias interiores a consecuencia de la reforma luterana (sic) que emprendi don Bernardino Rivadavia... 5069. Pero si durante mucho tiempo el federalismo pareci ser una aberracin para la mayor parte de los hombres pblicos de la provincia, los sucesos que arrancan de la presidencia de Rivadavia precipitaron la mudanza y la antigua campeona del unitarismo se convirti en la ms firme base del confederacionismo, afianzndose en su autonoma soberana, en un marco confederal hasta la cada de Rosas y, posteriormente, hasta 1860, en plena independencia. 70. La nueva postura de Buenos Aires fue claramente expuesta en 1832 por el principal vocero del gobierno de Rosas, Pedro De ngelis, as como tambin por El Porteo -aparentemente, Jos Mara Roxas y Patrn- en su polmica contra las pretensiones nacionalizantes del gobernador correntino Pedro Ferr. En un artculo publicado en el Lucero, Pedro de ngelis afirm, rotundamente, que la soberana de las provincias es absoluta y no tiene ms lmites que los que quieren prescribirle sus mismos habitantes.... Por su parte, el autor amparado en el seudnimo de El Porteo, en otro artculo enviado al editor de La Gaceta Mercantil, fue ms explcito al declarar que Buenos Aires, como "toda sociedad poltica, libre e independiente", posea un derecho exclusivo sobre su territorio. Ese derecho, afirmaba, implicaba, por una parte, el dominio, fundamento del usufructo de sus ventajas naturales, y, por otra, el imperio o "derecho del mando soberano". Y continuaba arguyendo que era71. un principio proclamado desde el 25 de mayo de 1810, por todos los habitantes de la Repblica, que cada una de las provincias que la componen es libre, soberana e independiente de las dems...",72. principio en virtud del cual Buenos Aires poda disponer libremente de su territorio, sus costas, puertos, etc. y "sacar de ellas toda la utilidad de que sean capaces." Y adems...73. "...puede comerciar con los que quieran prestarse a ello, y puede permitir el comercio a otros estados, bajo las condiciones que tenga a bien imponerles, y de consiguiente fijar los impuestos que deban pagar en su aduana los frutos y efectos de importacin y exportacin..."74. Por tales razones, conclua, era "...exclusivamente la verdadera duea de todos los lucros que reporte tanto de sus costas y puertos, como del comercio que haga con otros estados", incluido el producto de los derechos de aduana.51 VI. La organizacin confederal 75. Desde el Pacto Federal de 1831 hasta la Constitucin de 1853, las provincias rioplatenses se rigieron por el supuesto de su condicin de independencia soberana, unidas en una dbil confederacin que reuna a las partes independientes de una nacin argentina, entendida en su fundamento contractual, no en clave tnica. Como es sabido, la posibilidad de un rgano de gobierno de esta confederacin fue rpidamente bloqueada por Buenos Aires, al lograr disolver la Comisin Representativa de las provincias del Litoral, surgida del tratado entre las cuatro provincias litorales -convertido en Pacto Federal al incorporarse las dems provincias. Y la nica atribucin soberana que las provincias resignaron, transitoriamente, no definitivamente, era la representacin exterior, encomendada al gobernador de Buenos Aires dada la inexistencia de una Dieta o Consejo confederal. Por lo dems, las provincias continuaron ejerciendo su independencia soberana en la organizacin de sus fuerzas armadas, en el rgimen aduanero, en el ejercicio del patronato eclesistico, etc. 76. Si bien a partir de la prdica de los hombres de la generacin romntica de 1837 el concepto de nacionalidad como fundamento de un Estado nacional comenz a difundirse, los cimientos contractualistas de la organizacin poltica persistiran largamente, e incluso se yuxtapondran a la posterior predominante visin de la historia poltica argentina fundada en el principio de las nacionalidades. Esos supuestos de una calidad soberana de las provincias y de una organizacin pactada en forma confederal, y por lo tanto reversible por voluntad de esos pueblos soberanos, estuvo en la base de las alianzas de algunas provincias con pases extranjeros, tales como la que form Corrientes en 1838 con Francia para combatir a Rosas y, asimismo, las que Corrientes y Entre Ros formaron con Brasil y Uruguay para derrocar a Rosas en 1851. Y tambin, como ya observamos, fue el asidero de Buenos Aires para justificar su rechazo del Acuerdo de San Nicols y su segregacin entre 1852 y 1860. 77. El notable discurso que en junio de 1852 pronunciara Bartolom Mitre para impugnar, en defensa de los intereses de Buenos Aires, el Acuerdo de San Nicols, se apoya reiteradamente en el derecho natural, fundamento de la concepcin contractualista del origen de la nacin y del carcter soberano de las entidades de las que reciban sus instrucciones los diputados. Si bien se manifiesta partidario de que la representacin poltica a definirse en la futura constitucin su funde en el carcter de los legisladores como diputados de la nacin y no como apoderados de las provincias, en lo que respecta a la situacin que est analizando lo hace con plena asuncin del carcter soberano de los pueblos representados en el Acuerdo, aunque impugna la legitimidad del mandato de muchos de los gobernadores que concurrieron al mismo por considerarlos usurpadores de la representacin legtima.78. La autoridad creada por el acuerdo de San Nicols no se funda sobre el derecho natural, desde que es una autoridad desptica. [...] Interrogue cada cual su mandato y contsteme si se cree autorizado para ello [para crear una autoridad desptica]. Yo interrogo mi mandato y veo que he sido enviado por el pueblo a este lugar para hacer la ley y para hacerla cumplir. [...] Lo juro por la organizacin definitiva de nuestra patria, que es lo que ms anhelo, y por la noble y desgraciada Repblica Argentina que todos amamos, yo no estoy autorizado para dar mi voto en favor de un poder que est en abierta contradiccin con mi mandato popular.5279. En el alegato de Mitre Buenos Aires segua escudndose en su condicin soberana para defender sus intereses contra el embate de las dems provincias y acusando de despotismo, violador del derecho natural, a la autoridad encarnada en Urquiza.80. Esa autoridad puede disponer de las rentas nacionales sin presupuesto y sin dar cuenta a nadie. Puede reglamentar la navegacin de los ros como si fuera un cuerpo legislativo y soberano. Puede ejercer por s y ante s la soberana interior y exterior, sin necesidad de previa o posterior sancin. Etc.5381. Pero la defensa de la independencia y soberana de Buenos Aires no estaba pensada por Mitre -aunque s por otros hombres de Buenos Aires- como definitiva. Su perspectiva era la de ir a una nacin argentina soberana en la que los intereses de su provincia no resultasen menoscabados. Y en este sentido su perspicacia respecto a las relaciones de provincia y nacin en uno y otro contexto, confederal o federal, son tambin notables. Dos aos ms tarde, ya Buenos Aires segregada, se discute la constitucin de la provincia. Es la primera vez en la historia que Buenos Aires va a darse una constitucin, pues desde los aos 20 en adelante, durante gobierno unitario o bajo el gobierno de Rosas, careci de ella. Como el proyecto debatido abordaba la cuestin de la ciudadana, Mitre rechaz que la constitucin de Buenos Aires debiera ocuparse de la ciudadana, porque tal cosa era competencia de la nacin.82. ...o somos nacin o somos provincia, es decir, parte de un gran todo. Los seores de la comisin dicen terminantemente que somos parte de una nacin. Y entonces, con qu derecho legislamos sobre la ciudadana?83. Pero lo ms notable de su alegato es el discernimiento de la diferencia entre confederacin y federacin y su percepcin, rara en la poca, de la calidad federal de la constitucin de Filadelfia. Esto es, la radical diferencia, en lo que concierne a la cuestin de la soberana, entre la relacin de Estados independientes en una confederacin, en la que conservan su personalidad internacional, y la prdida de esa condicin de sujetos de derecho internacional cuando forman parte de un Estado federal. Como Sarmiento lo haba tambin subrayado, al percibir, alborozadamente, que la constitucin de 1853 defina un Estado federal, no una confederacin, pese a que el pas con capital en Paran conservara an la designacin de Confederacin Argentina.54 84. Mitre impugna el abordaje de la cuestin de la ciudadana en la constitucin de Buenos Aires por considerarlo una violacin de los principios del derecho pblico federativo, del cual no se encontrar precedente alguno en la historia. Y aade:85. La nica nacin federal que conocemos en el mundo, advirtase que digo nacin, el nico modelo que puede citarse en este caso, la nica repblica federal que puede hacer autoridad en esta materia, puesto que todas las dems que as se llaman son confederaciones, son pueblos federados, no repblicas federativas; la nica repito, son los Estados Unidos de Amrica, que a la vez de formar una verdadera nacin, en que las partes conservan cierto grado de independencia en medio de la armona del gran todo, el todo se subordina a ciertas reglas fundamentales, que son del resorte exclusivo del poder nacional.5586. Y con la cita de Mitre volvemos a la ya mencionada similitud del debate rioplatense y norteamericano sobre la prioridad de la soberana de las provincias, o Estados, y de la nacin. VII. El problema en la historiografa norteamericana 87. Ya muy tempranamente surgi en los Estados Unidos la cuestin de si la constitucin era producto de la decisin de trece Estados independientes o del pueblo de un solo Estado. La cuestin era fundamental para los reclamos de los Estados sobre sus derechos.56 Un amplio conjunto de comentaristas han considerado que el Congreso Continental (1774-1776), y no los Estados, fue soberano. El principal de ellos fue el Juez Joseph Story. Sin embargo, al independizarse de Gran Bretaa, las colonias devinieron entidades independientes sin vnculos polticos entre ellas. Ms an, sus relaciones fueron frecuentemente no amistosas, y slo la amenaza britnica las uni. Las colonias estaban separadas por orgenes y tradiciones distintas y, sobre todo, por las distancias, y se consideraron Estados independientes y no Estados Unidos, segn las instrucciones provistas a sus delegados al Congreso Continental. El Congreso Continental fue, segn escribi en 1787 uno de sus principales organizadores, John Adams, "only a diplomatic assembly" -expresin que hemos visto utilizar por las provincias rioplatenses hacia 1830-, y sus miembros no olvidaron nunca que estaban all en calidad de diplomticos de gobiernos extranjeros. Es de notar, tambin, que las citadas declaraciones de independencia estatal de Virginia y Rhode Island al par que proclaman el carcter soberano e independiente de esos Estados, incluyen, como algunas de las constituciones rioplatenses, el propsito de una confederacin con las otras colonias.

88. Por otra parte, la independencia fue declarada por algunos Estados por separado (Rhode Island, 4-V-776; Massachussets, 15/V/776) antes de la declaracin del Congreso (4/VII/776). El sentimiento de independencia tuvo fuerte expresin en las Constituciones de Pennsylvania (1776) y de Massachusets (1780), que asentaron explcitamente el carcter independiente de los Estados. Y es de inters observar tambin que el ttulo original de Jefferson para la Declaracin de la Independencia, que era "A Declaration by the Representatives of the United States of America, in General Congress assembled", fue cambiado por "The unanimous Declaration of the thirteen united States of America", y que la ratificacin de la Constitucin no fue por el pueblo de la Unin sino por el pueblo de cada Estado. 89. Los testimonios opuestos son escasos. El Juez Story fue el que mont un ataque vigoroso, ya desde antes de la Declaracin de la Independencia, a la tesis del carcter soberano independiente de los Estados. Estos no habran sido soberanas independientes durante el dominio britnico, aduca, y luego lo fueron en un sentido limitado, dado que la mayora de los Estados actuando en Congreso poda controlar y dominar a la minora. Opinin que contradicen las propias ex colonais, como Rhode Island o Virginia que declararon en 1776 su independencia de Gran Bretaa. La Constitucin de Massachussets de 1780 expresa as su soberana: "The people of this commonwealth have the sole and exclusive right of governing themselves as a free, sovereign and independent State..." y ejercer todo poder, jurisdiccin y derecho no delegado a los Estados Unidos de Amrica reunidos en Congreso. VIII. Consideraciones finales 90. Pero, independientemente de estas sugestivas similitudes cuya evidencia es amplia, hay otro rasgo comn en el proceso de las independencias anglo e hispanoamericanas que me parece interesante formular como merecedor de ulterior anlisis. Y es que en ambos casos la soberana de cada Estado, o cada ciudad o provincia en el caso hispanoamericano, no ha sido admitida unnimemente y fue asunto de discusin. El hecho de que puntos de vista como los de Story o los de Alberdi y otros, que suponen una soberana preexistente a los Estados y provincias, aunque los consideremos errneos, hayan existido, tengan o no algn soporte vlido, indica que la tesis de la soberana e independencia de los Estados no es suficientemente evidente por s misma. 91. Observando las cosas ms de cerca, la explicacin estara en algo que tienen en comn los casos angloamericano e hispanoamericano: que se trataba de Estados de muy reciente origen. De manera que lo que en realidad estamos discutiendo no es la calidad soberana de una entidad poltica firme y reconocida desde hace mucho tiempo, sino de entidades polticas recin nacidas, en la que la afirmacin de soberana e independencia es una postulacin de los "fundadores" -esto es, de las lites polticas de cada Estado-, una tesis a ser avalada por hechos futuros. Por eso, cuando autores como Berger afirman que la tesis de Story no refleja el pensamiento de los fundadores, su afirmacin, y toda la evidencia reunida, corresponden al criterio poltico de los actores del momento, no a la existencia real de esos Estados soberanos, cuya calidad de tales es otro tipo de problema. 92. Esto significara que la definicin de confederacin en el Derecho Poltico Internacional no es totalmente adecuada a los casos histricos que nos ocupan: afirmar que la confederacin est formada por Estados soberanos e independientes, con plena personalidad en las relaciones internacionales es insuficiente, por cuanto debera agregarse, para corresponder ms ajustadamente a estos casos histricos, que se trata de Estados de reciente formacin, que se supone han recuperado una soberana que hasta ese momento residi fuera de ellos. Estados cuya subsistencia por separado es difcil no slo por su posible debilidad econmica, poltica o blica, sino por la dbil legitimidad en su condicin de tales. Es, en sustancia, un problema de legitimidad lo que est implcito en ese debate de si es primero la nacin o la provincia, el Estado federal o los Estados, cuestin que los gobiernos de la poca analizaran segn las normas del Derecho de Gentes.57 93. La falta de legitimidad de la soberana independiente de cada Estado o provincia fue argumento de quienes consideraban posible e imprescindible una sola organizacin estatal que englobase a todas las partes del ex-dominio metropolitano. Es cierto que no podan invocar una anterior soberana legtima para ese conjunto, dado que ella no haba existido mientras fueron parte de la nacin inglesa o espaola. Pero s una cuestin de legitimidad de herencia o traspaso de la soberana. En el caso de los lderes centralistas que se afirmaban en el papel hegemnico de Buenos Aires, el argumento consisti, en un primer momento, en convertir la calidad de cabeza administrativa del territorio en cuestin, de "antigua capital del reino" segn la expresin de ese entonces, en sustento de su funcin dirigente y unificadora, como tambin ocurri en otros casos hispanoamericanos, como los de Mxico o Caracas. Y, posteriormente, en la postulacin de una nacin creada en algn momento del pasado, fuera el 25 de mayo de 1810 o el 9 de julio de 1816. 94. La alternativa de un origen contractual -basado en el supuesto de la calidad soberana de las provincias- o tnico -basado en el supuesto de una nacionalidad preexistente al acto constitucional y determinante del mismo- volvi a instalarse en el centro de los conflictos polticos hacia 1880, cuando una parte de la elite poltica de Buenos Aires intent una ltima resistencia al poder nacional.58 Pero, a partir de entonces, la nocin de una originaria nacionalidad predomin en las interpretaciones de la historia poltica del siglo XIX, si bien entendemos que no se ajusta, como sostenemos en este trabajo, a lo ocurrido en esa historia.

1. Texto de la ponencia presentada en el Simposio Argentina-Brasil, La Visin del Otro, Una aproximacin interdisciplinaria a la cuestin de la soberana, organizado por la Fundaao Centro de Estudios Brasileiros, la Fundaao Alexandre Gusmo, y la Biblioteca Nacional argentina; Buenos Aires, 5 y 6 de diciembre de 2000.

2. Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, Facultad de Filosofa y Letras, Universidad de Buenos Aires/Conicet. Agradezco las observaciones de los investigadores del Instituto, Nora Souto, Pablo Buchbinder y Roberto Di Stefano, as como tambin los comentarios de Alfonso Marques dos Santos, Hilda Sbato, y dems participantes del Simposio.

3. Problema no ajeno tampoco al caso del Brasil. Vase un reciente reexamen en Manuel Correia de Andrade, As razes do separatismo no Brasil, So Paulo, Unesp/Educ, 1999.

4. Cit. en Jorge R. Vanossi, Situacin actual del federalismo, Buenos Aires, Depalma, 1964, pg. 11. Segn la constitucin argentina, las provincias estn subordinadas a la voluntad soberana de todo el pueblo cuando ste opera como poder constituyente. En este sentido la frmula de una sentencia del chief justice Chase, pronunciada con motivo del caso "Texas v. White", por la cual el Estado federal es "una unin indestructible de Estados indestructibles", no es aplicable al caso argentino, segn Sanchez Viamonte, quien sostiene que las provincias no son destructibles para el gobierno ordinario, pero s para la voluntad constituyente del pueblo de la Nacin Argentina: Jorge R. Vanossi, "La influencia de la constitucin de los Estados Unidos de Norteamrica en la Constitucin de la Repblica Argentina", Revista Jurdica de San Isidro, Diciembre 1976, pg. 18.

5. Carlos Snchez Viamonte, Historia Institucional Argentina, Segunda edicin, Mxico, F. C. E., 1957, pgs. 196 y 197 [la primera edicin es de 1948]

6. Un punto de vista parcialmente diferente es el de Germn J. Bidart Campos, que observa la inexistencia de una nacionalidad argentina en 1810, aunque la supone preexistente al acto constitucional de 1853. Germn J. Bidart Campos, Historia Poltica y Constitucional Argentina, 3 tomos, Buenos Aires, EDIAR, 1976, t. III, pgs. 134 y 139.

7. Jorge R. Vanossi, Situacin actual del federalismo, Buenos Aires, Depalma, 1964, pg. 11.

8. Ricardo Levene, Historia del Derecho Argentino, Tomo IV, (desde la Revolucin de Mayo a la Asamblea de 1813-15), Buenos Aires, Kraft, 1948, pgs. 11 y 12. Sobre la formacin de la historiografa constitucional argentina, vase Jos Carlos Chiaramonte y Pablo Buchbinder, "Provincias, caudillos, nacin y la historiografa constitucionalista argentina, 1853-1930", Anuario IHES, Instituto de Estudios Histrico-Sociales, Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, N 7, 1992.

9. Vase, al respecto, nuestros trabajos "El federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIX" , en Marcello Carmagnani (comp.), Federalismos latinoamericanos: Mxico/Brasil/Argentina, Mxico, El Colegio de Mxico/F.C.E., 1993, y Ciudades, provincias, Estados: Orgenes de la nacin argentina (1800-1846), Buenos Aires, Ariel, 1997.

10. Respecto de la funcin del Iusnaturalismo como fundamento de la poltica del perodo y no como mero captulo de la historia del derecho, vanse nuestros trabajos "La formacin de los Estados nacionales en Iberoamrica", Boletn del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani", 3a. Serie, No. 15, Buenos Aires, 1997 y, especialmente, Fundamentos iusnaturalistas de los movimientos de independencia, Boletn del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani", 3a. Serie, No. 22, en prensa.

11. Joaqun Varela Suanzes-Carpegna, La teora del Estado en los orgenes del constitucionalismo hispnico (Las Cortes de Cdiz), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, pgs. 66 y 67.

12. Pedro Bravo Gala, "Estudio Preliminar", en J. Bodin, Los seis libros de la repblica, Madrid, Tecnos, 1985, pg. LVII.

13. Bodino haca pie en una tradicin cristiana que se remonta a los Papas Bonifacio VIII e Inocencio IV, a quien Bodino elogia: "Tras su rigurosa construccin lgica de la soberana, est presente, debidamente secularizada, la vieja teora poltica cristiana, de acuerdo a la cual es preciso reconducir la diversidad del orden jurdico a la unidad (omnis multitudo derivat ab uno), segn la forma en que ha sido expuesta por Bonifacio VIII e Inocencio IV, a quien Bodino, poco amigo de prodigar elogios, se refiere, sin embargo, como celui qui a mieux entendu que c'est de puissance absolue." P. B. Gala, ob. cit., pg. LVIII.

14 En este proceso de objetivacin del poder, el concepto de soberana se revel como el instrumento adecuado para la integracin de los poderes feudales y estamentales en una unidad superior, el Estado. Ahora bien, en la medida en que la soberana aparece necesariamente vinculada a su titular, ste se identific con el Estado, pues slo a travs de l cobra el Estado realidad." Id., pgs. LIV y LV.

15 J. Bodin, ob. cit., Libro Segundo, Cap. I, pg. 89.

16 Joaqun Varela Suanzes-Carpegna, La soberana en la doctrina britnica (de Bracton a Dicey), en Fundamentos, Cuadernos Monogrficos de Teora del Estado, Derecho Pblico e Historia Constitucional, 1/1998, Soberana y Constitucin, Oviedo, Instituto de Estudios Parlamentarios Europeos de la Junta General del Principado de Asturias, 1998.

17 Id., pgs. 96 y 97.

18 Jos A. Maravall, Estado moderno y mentalidad social, siglos XV a XVII, 2 tomos, Madrid, Revista de Occidente, 1972, t. 1, pgs. 328 y 329.

19 J. Varela Suanzes-Carpegna, La teora del Estado..., ob. cit., pgs. 68 y 69.

20 J. J. Rousseau, ob. cit., Libro II, Captulo primero, La soberana es inalienable, pag. 863. Sobre el conflicto entre democracia directa y rgimen representativo en Buenos Aires, vase nuestro libro Ciudades, provincias, Estados..., ob. cit., pgs. 169 y sigts.

21 "La ilusin del Imperio, brote tardo de la tradicin medieval en el Renacimiento espaol, pasa rpidamente. Lo que juristas y polticos tienen ante s es la gran creacin moderna del Estado. En Europa, un sistema de entidades estatales, independientes, soberanas, ha empezado a actuar. Durante cerca de tres siglos, y en ellos plenamente comprendido el XVII, los Estados sern los protagonistas de toda la historia europea, hasta que el romanticismo y la revolucin los desplacen con el advenimiento de los pueblos nacionales. De la existencia de aqullos quedar fundamentalmente condicionado el pensamiento poltico de la poca. Jos Antonio Maravall, La teora espaola del Estado en el siglo XVII, Madrid, Instituto de Estudios Polticos, 1944, pg. 94.

22 Cit. en Id., pg. 99. Ver definiciones espaolas de ciudad y de Repblica, en pgs 97 y sigts.

23 Y aade Maravall: "Tovar enumera esos miembros o estamentos, que reduce a ocho: los religiosos, los magistrados y jueces -predomino de la nobleza togada', caracterstica del gran Estado administrativo-, los soldados, los nobles, los labradores, los comerciantes y mercaderes, los oficiales liberales y mecnicos, y sobre todo, como principal miembro', la suprema potestad, que causa la amistad, unin y obediencia en el cuerpo del Estado, es decir, que le da vida como tal. Sin ella no puede un cuerpo nombrarse vivo'. Id., pg. 100.

24 Jos Antonio Maravall, "Estudio Preliminar" a Francisco Martnez Marina, Discurso sobre el origen de la monarqua y sobre la naturaleza del gobierno espaol, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988, pgs. 56 y 59. El Discurso... apareci en Madrid en 1813, fue reeditado en el mismo ao como prlogo a la obra mayor de Martnez Marina, Teora de las Cortes, y se reimprimi como Estudio Preliminar de esa misma obra en 1820. Id, pg. 7.

25 Id., pgs. 55, 57 y 66. Mientras Sieys excluye del pueblo a los estamentos privilegiados, Marina, que los critica duramente, no lo hace. De la antigua concepcin estamental queda un corporativismo territorial que lleva a Martnez Marina a sostener que las provincias y los reinos de que se compone la Monarqua, son parte de la asociacin general, y si alguna de ellas faltara en el momento del pacto o de su renovacin no quedara obligada en tanto que no ratificara el acuerdo" Id., pg. 55.

26 Jos Cecilio del Valle, "Manifiesto a la nacin guatemalteca, 20 de mayo de 1825", en dem, Obra Escogida, Caracas, Ayacucho, 1982, pg. 29.

27 R. Herr, ob. cit., pg. 369. A esta observacin sobre la tradicin poltica que se conforma en Espaa, el mismo autor agrega, respecto de la tradicin eclesistica espaola, que a la desconfianza respecto de la poltica regalista reciente, suscitada por la resurreccin de la Inquisicin por Floridablanca, aadan el disgusto por el dominio total del clero por el pueblo, como se haba instituido en Francia. De manera que

"...en su lugar, aadieron a la receta de la nueva tradicin liberal una antigua sazn galicana, puesta recientemente a la venta en Pistoia, y llegaron al convencimiento de que la Iglesia tena tambin una verdadera constitucin que confera a los obispos la soberana, con autoridad sobre los herejes. En sus mentes, la monarqua absoluta, la Inquisicin y la supremaca papal aparecan ahora reveladas en su forma verdadera: llagas gangrenosas de formacin reciente. Id., lug. cit.

28 Respecto de esta confusin en la historiografa iberoamericana, vase nuestro trabajo "El federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIX" , ob. cit.

29 Juan Altusio, La Poltica, Metdicamente concebida e ilustrada con ejemplos sagrados y profanos, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1990, pg. 179. Siguen a esto numerosas consideraciones sobre formas, modalidades y disposiciones de las uniones confederales. La importancia de Altusio como antecedente de las concepciones federales fue recordada por Richard Morse en El espejo de Prspero, Mxico, Siglo Veintiuno, 1982, pg. 57.

30 "Continan las observaciones sobre la faccin federal", La Gaceta de Buenos Ayres, mircoles 2 de mayo de 1821.

31 Otto von Gierke, Teoras polticas de la Edad Media (Edicin de F. W. Maitland), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1995, pgs. 116 y 117. Vanse diversas variantes de este tipo de clasificacin en la nota 64 de la pgina 116.

32 Jean Touchard, Historia de las ideas polticas, Madrid, Tecnos, 5a.ed., 1983, pg. 233.

33 Id., pg. 235 y 232. Por otra parte, una tal concepcin del estado en que ciudades y provincias se obligan por medio de una ley comn resultaba poco adaptada a las condiciones de Francia e Inglaterra, donde se habra de elaborar lo principal de la teora poltica de los siglos XVI y XVII, razn por la cual la historia de la teora poltica moderna pareci olvidarse de Altusio. George H. Sabine, Historia de la teora poltica, Mxico, FCE, 3a. ed., 1994, pgs. 326 y 327.

34 Andrs Bello, Derecho Internacional, I, Principios de Derecho Internacional y Escritos Complementarios, Caracas, Ministerio de Educacin, 1954, pgs. 31 y 32. [Primera edicin: Principios de Derecho de Gentes, por A. B., Santiago de Chile, 1832; otras ediciones: Caracas, 1837; Bogot, 1839; Madrid, 1843. Principios de Derecho Internacional, Segunda edicin corregida y aumentada, Valparaso, 1844]

35 Id., pg. 35. Bello sigue al pie de la letra a Vattel: [Emmer du] Vattel, Le Droit de Gens ou Principes de la Loi Naturelle apliqus a la conduite e aux affaires des Nations et des Souverains, Nouvelle Edition, Tome I, Pars, 1863 [la primera edicin era de Leyden, 1758], pgs. 123 y sigts. Sobre la influencia de Vattel en Iberoamrica vase nuestro trabajo citado ms arriba, Fundamentos iusnaturalistas de las independencias iberoamericanas...

36 Norberto Bobbio, Thomas Hobbes, Mxico, F.C.E., 1992, pg. 71.

37 Vanse los argumentos de Rivadavia en Carlos Heras, "La supresin del Cabildo de Buenos Aires", Humanidades, Universidad Nacional de La Plata, T. XI, 1925, pgs. 31, y en Marcela Ternavasio, La supresin del cabildo de Buenos Aires: Crnica de una muerte anunciada?, Boletn del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani", 3ra. Serie, N 21, 1er. semestre de 2000.

38 Heineccio, uno de los autores de derecho natural ms utilizado en la Espaa borbnica escriba: "Uno de los principales derechos de la soberana que el supremo imperante ejerce dentro de su repblica es el DERECHO ACERCA DE LAS COSAS SAGRADAS, o acerca de la IGLESIA, tomada en particular; por la cual entendemos aqu una sociedad o reunin, cuyo objeto es la religin: y como todas las reuniones o sociedades menores o ms simples deben estar subordinadas a las ms compuestas, de manera que nada puedan hacer en justicia que se oponga manifiestamente a la sociedad mayor, se sigue que la iglesia particular de un estado debe estar subordinada en lo temporal a su gobierno, y que por lo mismo los que mandan tienen derecho sobre la iglesia, en lo que concierne solamente a lo temporal: lo que se prueba slidamente por la razn de que en la repblica no debe haber ms que una voluntad y no sucedera as si la iglesia en alguna nacin no estuviese sujeta al gobierno en lo temporal, y pudiesen los particulares al formar esta sociedad religiosa, constituirse en una sociedad libre e independiente del gobierno en las cosas temporales. Y como son propios de la soberana todos aquellos derechos sin lo cuales no se puede conseguir la seguridad de los ciudadanos y acredita la experiencia que con el pretexto de religin se suele perturbar en gran manera esta seguridad, no hay duda que compete a los prncipes el derecho de procurar que se mantenga la religin en toda su pureza, y de castigar a los que intenten introducir novedades contrarias a la verdadera religin." J. Gottlieb Heineccio, Elementos del Derecho Natural y de Gentes, traducidos del latn al castellano por el Presbtero Don Juan Daz de Baeza, catedrtico interino de Filosofa Moral en los Estudios de S. Ysidro de Madrid, Madrid, 1837.

39 Sobre la reformas eclesistica rivadaviana y la cuestin de la soberana en el ejercicio del patronato, vase nuestro trabajo Ciudades, provincias..., ob. cit., pgs 189 y sigts. Asimismo, Roberto Di Stefano y Loris Zanatta, Historia de la Iglesia Argentina, Buenos Aires, Grijalbo/Mondadori, 2000, pgs. 206 y sigts.

40 La sinonimia de provincia y Estado se comprueba en numerosos textos de la poca, como ste de Artigas que forma parte del juramento exigido a los funcionarios de su gobierno: "Juris que esta Provincia, por derecho debe ser un Estado libre, soberano e independiente, y que debe ser reprobada toda adhesin, sujecin y obediencia al Rey, Reina, Prncipe, Princesa, Emperador o Gobierno Espaol, y a todo otro poder extranjero..." El texto del juramento dejaba luego a salvo la posibilidad de integrar una confederacin con el resto de los pueblos rioplatenses. Cit. en Arturo Ardao, Artigas, Bautista de la Repblica Oriental, Montevideo, Cuadernos de Marcha, 1994, pg. 6.

41 , "Reasuncin de facultades por parte de las Provincias", Sala Capitular de Buenos Aires, Febrero 12 de 1820, Registro Oficial de la Repblica Argentina, Tomo I, 1810-1821, pg. 542.

42

"Manifiesto sobre las proposiciones que el gobierno ha presentado a la sancin de la H. J. sobre el congreso general, y objetos a que deben contraerse los diputados para l, existentes en Crdova, [1 de setiembre de 1821]", [Emilio Ravignani, comp.], Asambleas Constituyentes Argentinas, 6 vols., Buenos Aires, Facultad de Filosofa y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1937, vol. I, pgs. 743 a 749. La cita "...reconcentrndose cada provincia momentneamente en s misma..." en pg. 746.

43 Archivo de la H. Cmara de Diputados de la Provincia de Crdoba, Crdoba, 1912, Tomo I, 1820-1825, Sesin del 18 de Marzo de 1820", pg. 9 y sigts.

44 Archivo Histrico de la Provincia de Buenos Aires, Documentos del Congreso General Constituyente de 1824-1827, La Plata, 1949, pg. 435.

45 Vase E. Ravignani (comp.), Relaciones Interprovinciales, La Liga del Litoral, (1829-1833), Documentos para la Historia Argentina, Tomo XV, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Histricas, Facultad de Filosofa y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1922, pgs. 347-349; Idem, Asambleas Constituyentes Argentinas, t. IV, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Histricas, Facultad de Filosofa y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1937, pg. 10.

46 Juan A. Gonzlez Caldern, Derecho Constitucional Argentino, Historia, Teora y Jurisprudencia de la Constitucin, Tomo I, Buenos Aires, Lajouane, 1930, pgs. 187 y 189.

47 Carlos Ibarguren, Juan Manuel de Rosas, su tiempo, su vida, su drama, 2a. ed. [la primera es de 1929], Buenos Aires, Roldan, 1930, pgs. 222 y 223.

48 Reunin secreta de la Junta de Representantes de la provincia de Buenos Aires, 22 de enero de 1831, en E. Ravignani [comp.], Relaciones Interprovinciales, La Liga del Litoral (1829-1833), Documentos para la Historia Argentina, Tomo XVII, Buenos Aires, Peuser, 1922, pg. 83.

49 Vigsima cuarta reunin de la Comisin representativa..., 17 de febrero de 1832, en E. Ravignani (comp.), Relaciones Interprovinciales..., ob. cit., pgs. 347 y sigts.

50 Toms Manuel de Anchorena a Rosas del 4 de diciembre de 1846, en Enrique M. Barba, Orgenes y crisis del federalismo argentino, Unitarios y Federales, Revista de Historia, N 2, Buenos Aires, 1957, pg. 4. (Barba no aclara si el subrayado es suyo, aunque por lo del (sic), que no puede ser de Anchorena, se infiere que es suyo.)

51 [Pedro de ngelis], "[Acusaciones formuladas en] El Lucero [contra el gobernador de Corrientes, D. Pedro Ferr, al juzgar ste la conducta de Buenos Aires]" y [Jos Mara Roxas y Patrn?], "[Defensa de la conducta de Buenos Aires, por] El Porteo [y ataque de la observada por Ferr] [Ao 1832]",documentos reproducidos en E. Ravignani [comp.], Relaciones Interprovinciales..., ob. cit., Apndice Segundo, Impresos Publicados por los Gobiernos de Buenos Aires y Corrientes relativos a la Liga Litoral, /Coleccin / de / Documentos [publicados por el Gobierno de Buenos Aires], pg. 133 y sigts. Las citas del texto la tomamos de las pgs. 591 y 593 del apndice documental de nuestro libro Ciudades, provincias, Estados: Orgenes de la nacin argentina (1800-1846), Buenos Aires, Ariel, 1997.

52 Bartolom Mitre, "Discurso contra el acuerdo de San Nicols, Junio 21 de 1852", en Arengas, Tomo Primero, Buenos Aires, Biblioteca de "La Nacin", 1902, pgs. 14 y 16.

53 Id., pg. 15.

54 Sarmiento, D. F., Comentarios de la Constitucin, Buenos Aires, Luz del Da, 1948. [1a. ed.: Comentarios de la Constitucin de la Confederacin Argentina..., Santiago de Chile, Imprenta de Julio Beln y Ca., Setiembre de 1853], pgs. 55 y sigts.

55 Id., pg. 31.

56 "Whether the States were independent soveraignities before the adoption on the Constitucion has long been a subject of controversy." R. Berger, ob. cit., cap. segundo, Nation or Sovereign States: Which Came First?, pg. 21. Las siguientes referencias estn tomadas de este captulo, pgs. 21 y sigts.

57 Vase, al respecto, [Emmer du] Vattel, Le Droit de Gens..., Tomo I. No slo, como ya observamos, Vattel fue ampliamente utilizado en Iberoamrica luego de las independencias, sino tambin en los Estados Unidos, donde adems de circular las ediciones europeas se lo edit en 1796: Emerich de Vattel, The Law of Nations: or, Principles of the Law of Nature..., etc., [...] First American Edition, corrected and revised from the latest London edition, New York, 1796 (dato tomado de: American Bibliography by Charles Evans, A Chronological Dictionary of all Books, Pamphlets adn Peridodical Publicatios Printed in th United States of America, [de 1769 a 1820], Vol. 11, 1796-1797, New York, 1942.)

58 Sobre esa alternativa y su incidencia en ese conflicto, vase J. C. Chiaramonte y P. Buchbinder, ob. cit.