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Lima, seis de marzo del dos mil siete.LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA: vista la causa número mil cincuentiséis dos mil seis, en Audiencia pública, el día de la fecha expide la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas trescientos veinticinco por Mariano Carmen Luza Quispe y Adriana Llanos Ramos contra la sentencia de vista de fojas trescientos dieciséis, su fecha veinticuatro de noviembre del dos mil cinco, expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa, que confirma la apelada de fojas doscientos cincuenta y nueve, su fecha veintiuno de octubre del dos mil cuatro, que declara improcedente la demanda sobre nulidad de acto jurídico interpuesta por don Mariano Carmen Luza Quispe y otra contra Jesusa Hilaria Coaquira Apaza y otros; FUNDAMENTOS DEL RECURSO Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha tres de julio del año próximo pasado, de fojas veinticinco del presente cuadernillo, ha declarado procedente el recurso de casación sólo por la causal de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, bajo la alegación de los recurrentes consistente en que los operadores jurídicos al no valorar sus medios probatorios habrían infringido lo dispuesto por el artículo 122, incisos 3 y 4, del Código Procesal Civil; puesto que al no haber mencionado en la sentencia lo actuado, en este caso, no haber merituado debidamente sus títulos de propiedad consistentes en un instrumento público celebrado ante el Juez de Paz de Cocachacra, de fecha catorce de setiembre de mil novecientos sesenta y siete, y el expedido por el Consejo Distrital de Cocachacra, de fecha diecisiete de octubre del mismo año, que acredita –según los impugnantesque el vendedor de los demandantes ya era reconocido por el Estado; violándose así el derecho al debido proceso, puesto que si el juzgador hubiera valorado dichos títulos el resultado del proceso sería distinto; CONSIDERANDOS: PRIMERO: Examinado el error in procedendo denunciado es del caso señalar que en materia casatoria sí es factible ejercer el control casatorio de las decisiones jurisdiccionales para determinar si en ellas se han infringido o no las normas que garantizan el derecho al debido proceso. El derecho a un debido proceso supone la observancia rigurosa por todos los que intervienen en un proceso no sólo de las reglas que regulan la estructuración de los órganos jurisdiccionales, sino también de las normas, de los principios y de las garantías que regulan el proceso como instrumento judicial, cautelando sobre todo el ejercicio absoluto del derecho de defensa de las partes en litigio; SEGUNDO: Para efectos de determinar si en el caso de autos se ha infringido o no el debido proceso en los términos denunciados, es del caso efectuar las siguientes precisiones: 1) Por escrito de fojas treinta y seis, los demandantes pretenden la nulidad del acto jurídico contenido en el título de propiedad del inmueble sito en el lote veinte, de la manzana “K tres”, del centro poblado de Cocachacra, distrito de Cocachacra, Provincia de Islay, departamento de Arequipa otorgado por la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal –COFOPRI, a favor de los señores Francisco Tito Ramos y Jesusa Coaquira Apaza por no ser propietarios de dicho inmueble, ni haber acreditado los requisitos legales para adquirir un lote de terreno; asimismo, en forma accesoria, solicitan la cancelación de la inscripción a su favor de dicho título en los Registros Públicos; 2) Por escritos de fojas cincuenta y dos y ciento cincuenta y dos, las partes demandadas contestan la demanda, arguyendo –entre otros argumentosque la misma debe ser declarada improcedente porque la Cuarta Disposición Transitoria del Decreto Supremo Número 039

Contencioso Para Impugnar Titulo COFOPRI

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Page 1: Contencioso Para Impugnar Titulo COFOPRI

Lima, seis de marzo 

del dos mil siete.‐ 

                                 LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

REPUBLICA: vista la causa número mil cincuentiséis ‐ dos mil seis, en Audiencia pública, el día 

de la fecha expide la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso de 

casación interpuesto a fojas trescientos veinticinco por Mariano Carmen Luza Quispe y Adriana 

Llanos Ramos contra la sentencia de vista de fojas trescientos dieciséis, su fecha veinticuatro 

de noviembre del dos mil cinco, expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 

Arequipa, que confirma la apelada de fojas doscientos cincuenta y nueve, su fecha veintiuno 

de octubre del dos mil cuatro, que declara improcedente la demanda sobre nulidad de acto 

jurídico interpuesta por don Mariano Carmen Luza Quispe y otra contra Jesusa Hilaria Coaquira 

Apaza y otros; FUNDAMENTOS DEL RECURSO Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha 

tres de julio del año próximo pasado, de fojas veinticinco del presente cuadernillo, ha 

declarado procedente el recurso de casación sólo por la causal de contravención de las normas 

que garantizan el derecho a un debido  proceso, bajo la alegación de los recurrentes 

consistente en que los operadores jurídicos al no valorar sus medios probatorios habrían 

infringido lo dispuesto por el artículo 122, incisos 3 y 4, del Código Procesal Civil; puesto que al 

no haber mencionado en la sentencia lo actuado, en este caso, no haber merituado 

debidamente sus títulos de propiedad consistentes en un instrumento público celebrado ante 

el Juez de Paz de Cocachacra, de fecha catorce de setiembre de mil novecientos sesenta y 

siete, y el expedido por el Consejo Distrital de Cocachacra, de fecha diecisiete de octubre del 

mismo año, que acredita –según los impugnantes‐  que el vendedor de los demandantes ya era 

reconocido por el Estado; violándose así el derecho al debido proceso, puesto que si el 

juzgador hubiera valorado dichos títulos el resultado del proceso sería distinto; 

CONSIDERANDOS: PRIMERO: Examinado el error in procedendo denunciado es del caso 

señalar que en materia casatoria sí es factible ejercer el control casatorio de las decisiones 

jurisdiccionales para determinar si en ellas se han infringido o no las normas que garantizan el 

derecho al debido proceso. El derecho a un debido proceso supone la observancia rigurosa por 

todos los que intervienen en un proceso no sólo de las reglas que regulan la estructuración de 

los órganos jurisdiccionales, sino también de las normas, de los principios y de las garantías 

que regulan el proceso como instrumento judicial, cautelando sobre todo el ejercicio absoluto 

del derecho de defensa de las partes en litigio; SEGUNDO: Para efectos de determinar si en el 

caso de autos se ha infringido o no el debido proceso en los términos denunciados, es del caso 

efectuar las siguientes precisiones: 1) Por escrito de fojas treinta y seis, los demandantes 

pretenden la nulidad del acto jurídico contenido en el título de propiedad del inmueble sito en 

el lote veinte, de la manzana “K tres”, del centro poblado de Cocachacra, distrito de 

Cocachacra, Provincia de Islay, departamento de Arequipa  otorgado por la Comisión de 

Formalización de la Propiedad Informal –COFOPRI, a favor de los señores Francisco Tito Ramos 

y Jesusa Coaquira Apaza por no ser propietarios de dicho inmueble, ni haber acreditado los 

requisitos legales para adquirir un lote de terreno; asimismo, en forma accesoria, solicitan la 

cancelación de la inscripción a su favor de dicho título en los Registros Públicos; 2) Por escritos 

de fojas cincuenta y dos y ciento cincuenta y dos, las partes demandadas contestan la 

demanda, arguyendo –entre otros argumentos‐ que la misma debe ser declarada 

improcedente porque la Cuarta Disposición Transitoria del Decreto Supremo Número 039‐

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2000‐MTC, establece que no es procedente ningún tipo de acción, pretensión o procedimiento 

alguno destinado a cuestionar la validez de l título e inscripción del mismo; añadiendo que los 

demandantes no han impugnado administrativamente el acto de adjudicación del terreno en 

litigio por parte de COFOPRI; 3) En lo actuado en el proceso, se constata la copia literal del 

predio numero P cero seis uno siete cero nueve nueve cero, que es objeto de litigio, donde se 

desprende que el título que es cuestionado está debidamente  inscrito desde el veinticuatro de 

abril del dos mil dos a favor de los demandados Jesusa Coaquira Apaza y Francisco Tito Ramos; 

4) Cabe resaltar que la sentencia de primera instancia de fojas doscientos cincuenta y nueve, 

declara improcedente esta acción bajo el fundamento de que se pretende cuestionar un acto 

administrativo, por lo que debió interponerse la respectiva acción contencioso administrativa, 

tal como dispone el artículo 148 de la Constitución Política del Estado; y, 5) En ese mismo 

sentido, la Sala Superior resuelve confirmar la apelada mediante resolución de fojas 

trescientos dieciséis; TERCERO: En primer término, debe tenerse presente que la resolución 

objeto del presente recurso declara improcedente la demanda, básicamente, porque el acto 

jurídico cuya nulidad se pretende no es uno cualquiera sino es un acto administrativo, por lo 

que su impugnación corresponde efectuarse en vía de acción contencioso administrativa y no 

en vía de nulidades civiles; CUARTO: En tal sentido, estamos frente a lo que en doctrina 

procesal se denomina “resolución inhibitoria”, es decir, aquellas en cuya virtud, por diversas 

causas, el juez pone fin a una etapa del proceso, pero en realidad se abstiene de penetrar en la 

materia del asunto que se le plantea, dejando de adoptar resolución de mérito, esto es, 

"resolviendo" apenas formalmente; QUINTO: Por otro lado, examinado los argumentos 

precisados por los impugnantes en su recurso casatorio de fojas trescientos veinticinco, se 

constata que a través de la causal in procedendo se cuestiona la falta de valoración de sus 

medios probatorios ofrecidos, los que incluso mencionan; SEXTO: Sin embargo, cabe precisar 

que la resolución materia de impugnación se encuentra, precisamente, dentro del supuesto 

anotado en el considerando quinto de la presente resolución, esto es, no se trata de una 

sentencia que se haya pronunciado sobre el fondo del asunto, por lo que resulta inviable que 

los juzgadores analicen o examinen las pruebas ofrecidas por las partes en el decurso del 

proceso relacionadas con el asunto en controversia; por tal razón, se concluye que el presente 

medio impugnatorio debe ser desamparado; SETIMO: A mayor abundamiento, cabe precisar 

que la presente demanda trata sobre la nulidad de un acto administrativo; sin embargo, debe 

tenerse presente las diferencias entre las nulidades civiles y administrativas, pues “Las 

nulidades civiles se conciben como sanción por la ausencia o alteración de un elemento 

constitutivo del acto; en cambio, las nulidades administrativas no dependen exclusivamente 

del elemento viciado, sino de la importancia de la infracción al orden jurídico, es decir, de la 

significación y gravedad del vicio(...)” (Dromi, Roberto, Derecho Administrativo, Tomo I, Ciudad 

Argentina, Editora de Ciencia y Cultura – Gaceta Jurídica Sociedad Anónima, impreso Lima‐

Perú,  página trescientos ochenta); OCTAVO: En virtud de lo expuesto, se concluye que para 

impugnar un acto administrativo en la vía judicial, se debe recurrir al proceso que la ley 

establezca, dada la naturaleza y significación del acto administrativo; siendo que en nuestro 

ordenamiento legal, se prevé que dicha impugnación se tramitará a través del proceso 

contencioso administrativo; NOVENO: Lo expresado precedentemente se encuentra 

sustentado en lo dispuesto por el artículo 148 de la Constitución Política del Estado según el 

cual “Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación 

mediante la acción contencioso‐administrativa”, lo que debe ser concordado con lo prescrito 

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en los numerales 3 y 4 de la Ley núm ero 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 

Administrativo‐ las que textualmente señalan “Las actuaciones de la administración pública 

sólo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso administrativo, salvo los casos en que 

se pueda recurrir a los procesos constitucionales” y “Conforme a las previsiones de la presente 

Ley y cumpliendo los requisitos expresamente aplicables a cada caso, procede la demanda 

contra toda actuación realizada en ejercicio de potestades administrativas”, respectivamente. 

Por las razones anotadas y de conformidad con el dictamen evacuado  por la representante del 

Ministerio Público a fojas veintiocho del cuadernillo de casación: Declararon INFUNDADO el 

recurso de casación interpuesto por la causal relativa a la contravención de normas que 

garantizan la observancia del debido proceso y, en consecuencia, en observancia de lo 

dispuesto por el artículo 397 del Código Procesal Civil, NO CASARON la sentencia de vista de 

fojas trescientos, su fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil cinco; ORDENARON el pago 

de la multa de dos Unidades de Referencia Procesal; EXONERARON del pago de las costas y 

costos originados en la tramitación del presente recurso; DISPUSIERON la publicación de la 

presente resolución en el diario oficial “El Peruano” bajo responsabilidad; y los devolvieron; 

Vocal Ponente Señor Castañeda Serrano.‐ 

S.S. 

SANTOS PEÑA 

MANSILLA NOVELLA 

PALOMINO GARCIA 

MIRANDA CANALES 

CASTAÑEDA SERRANO 

ijr 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

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Corte Suprema de Justicia de la República 

Sala Civil Transitoria 

CASACION  1056‐2006 

AREQUIPA 

NULIDAD DE ACTO JURIDICO