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1
CONTEN IDO
Presentac ión 2
NUESTROS JUZGADOS
Juzgado Pr imero del Ramo Penal 3
SECCIÓN INFORMAT IVA
Nuevo Secretar io de Administración 6
Noviembre, patr ia y canción 7
VI I Cumbre Iberoamericana de Presidentes
de Cortes Supremas de Just ic ia
8
Acciones del voluntar iado del Poder
Judicia l
10
Vidas dedicadas al Poder Judicia l 12
SECC IÓN C IENT ÍF ICA
El pr incipio de la obl igatoriedad de los
contratos y la teoría de la imprevis ión.
L i c . N o r m a U r a n i a C á r d e n a s H e r n á n d e z .
14
Autonomía y abstracción de los t ítulos de
crédito.
L i c . A ma l i a M a r t í n e z M a r t í n e z .
24
Recurso de apelación en materia mercanti l .
L i c . E s p e r a n z a M a r i s c a l V e r d u g o .
29
Precedentes sustentados por la Sala Civ i l
del T .S.J . del Estado de Nayarit .
35
La inspección judicia l y su naturaleza
jur ídica.
L i c . R o c í o E s t h e r G o n z á l e z G a r c í a .
37
Orden de comparecencia. Inapl icable la
medida del segundo párrafo del art ículo
138 de la Ley de Amparo.
M a g . R i c a r d o O j e d a B o h o r q u e z .
44
Violencia intrafamil iar . Un punto de vista
jur ídico.
L i c . H é c t o r M a n u e l A l t a mi r a n o D u e ñ a s .
55
Con el deseo ferviente de que hayan pasado una navidad feliz
en compañía de su familia; en donde la unión y la fraternidad
hayan predominado en sus eventos y actividades profesionales
les saludo afectuosamente.
El inicio de un año nuevo, generalmente trae consigo la
renovación de propósitos, esperanzas; se externan los deseos
de superación personal y profesional, en fin es una buena
época para reflexionar acerca de nuestro proyecto de vida
personal y profesional.
Externo mi deseo sincero para que sus metas y anhelos se
realicen en este nuevo año; por mi parte, estoy convencido
que el esfuerzo permanente, la responsabilidad y el
compromiso institucional de todos los que contribuimos a
realizar nuestro esfuerzo por hacer de la impartición de
justicia una realidad tangible, permitirá el fortalecimiento del
Poder Judicial.
Elevar los niveles de reconocimiento social, de confianza
y credibilidad de la comunidad en general: justiciables,
postulantes, l itigantes, usuarios; hacia el trabajo de los
servidores públicos judiciales es mi meta, la lograré sólo con el
esfuerzo conjunto y coordinado de todos los que prestamos
nuestro servicio en el Poder Judicial.
Lic. José Ramón González Pineda M a g i s t r a d o P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l S u p e r i o r d e J u s t i c i a y d e l C o n s e j o d e l a J u d i c a t u r a
2
Nuestros Juzgados
3
uzgado rimero del amo enal
Uno de los juzgados con
mayor volumen de asuntos es el
Juzgado Primero Penal . En este
año existen 150 expedientes en
trámite, expedientes en suspensas
521. Mensualmente se emiten en
promedio 30 sentencias
definit ivas y se reciben
aproximadamente ochocientas
promociones;
se atiende
además de
forma
individual a un
promedio de
veinte
personas
diariamente.
E l t itular
del Juzgado Primero Penal es el
L icenciado Oswaldo Candelario
Delgado Nájar, lo apoyan como
Secretarios de Acuerdos los
L icenciados Ricardo Rodríguez
Valdez y Eva López Padi l la ; como
proyectistas de sentencias la
L icenciada Martina J iménez Torres
y el L icenciado Víctor García
Gutiérrez en la elaboración de
órdenes de aprehensión.
Corresponde a los
L icenciados Ramón Ávi la
Rodríguez, Esperanza Joya Bravo,
Armando Martínez Durán y
Leonardo Ol iva real izar la función
de notif icadores; Hi lda Isabel
Machuca se encarga de la oficia l ía
de partes.
E l trabajo administrativo lo
real izan Obdulia Conde Estrada,
Margarita Campos Pánuco,
Margarita Sauceda García y Ma.
Esther Cervantes Rodríguez; a
María del
Rosario Castro
Guerrero le
corresponde
mantener las
instalaciones
del juzgado en
buenas
condiciones de
l impieza. Lic. Oswaldo Candelar io Delgado Nájar
Ti tu lar del Juzgado Pr imero Penal
E l L icenciado Oswaldo
Candelario Delgado es egresado
de la Maestría en Derecho Penal
de la Universidad Autónoma de
Nayarit , además ha cursado
algunos diplomados en materia
Penal y Procesal Constitucional .
T iene una trayectoria
importante en el Poder Judicial ,
inició como practicante en
procesos de administración de
justicia, luego cubrió un
interinato de tres meses como
notif icador en el Juzgado Mixto
de Jala, Nayarit ; funge como
Secretario de Acuerdos en el
Nuestros Juzgados
4
Juzgado Mixto de Ruiz, Nayarit ;
l lega al cargo de Juez inicialmente
en el Juzgado Mixto de Puente de
Camotlán,
regresa
como
Juez a
Ruiz,
Nayarit ;
posterior
mente fue comisionado al juzgado
de Tecuala en donde permaneció
más de un año; pasa al juzgado de
Amatlán de Cañas; se le invita a
integrarse a la Sala Penal como
Secretario de Estudio y
Cuenta para
f inalmente l legar al
Juzgado Primero
bogados postulantes y usuarios
que
l a l sacrif icio y
sfuerzo real izado y que está
agradecimiento de esa persona
Penal .
La mayor
satisfacción que tiene
el L ic. Delgado Nájar además de
ser Juez, es el considerarse con
aptitud suficiente para
desempeñar un cargo con estas
característ icas; lo anterior
obedece a que ha recibido
comentarios de aceptación a su
trabajo por los justiciables,
a
en general .
las
satisfaccio
nes
profesional
es que ha
obtenido t
van en razón directamente
proporciona
e
dispuesto a seguir real izando.
Como todo servidor judicial
recuerda anécdotas que ha tenido
con los justiciables; narra que en
una ocasión, desempeñando el
cargo de Juez en la población de
Ruiz, Nayarit , una persona que iba
de paso fue detenida por haber
injuriado aparentemente a otra,
se le consignó y al tomarle la
declaración preparatoria aceptó
haber cometido el
i l íc ito y dice que
estaba dispuesto a
cumplir con la
punición que se le
f i jara, sólo que como
era de Sonora no tenía
con quien recurrir
para cubrir el monto de la f ianza;
en ese momento el L ic. Delgado
Nájar consideró oportuno apoyar
al inculpado debido a que lo vio
s incero y él mismo pagó la f ianza
para que pudiera obtener su
l ibertad. A la s iguiente semana
regresó del Estado de Sonora esta
persona diciéndole que se había
reincorporado con su famil ia y a
su trabajo –real izaba f iguras
artesanales- y le di jo: “L icenciado,
vengo a agradecer le lo que h izo por
mí , esta f igura la ta l lé especia lmente
para Usted y vengo desde Sonora
nada más a entregárse la . ” Lo
anterior lo emocionó al ver el
Considerando
E s p e r a n z a Jo y a Br a v o
Obdulia Conde Estrada
Martina Jiménez Torres
Nuestros Juzgados
considerando que vale la pena,
cuando la ocasión lo amerite,
ar le un poco a la gente de lo
nica d i ferencia es
que
tan
portante y obviamente seguirme
Al externar su opinión
respecto al personal a su cargo,
mejor camino, los
ecretar ios de Acuerdos se apoyan
F inalmente desea destacar
que la administrac
Justicia, ha
r
olac ión para
ar le l
ia en
uestras reso luc iones y nos hacen
sent i r verdaderamente jueces .”
5
d
mucho que de el la recibimos.
E l Juez Delgado Nájar t iene
escasos treinta años de edad,
t iene una meta profesional y
advierte: “Sonará a locura, pero mi
asp i rac ión más importante es ingresar
a la Suprema Corte de Just ic ia de la
Nac ión. Yo s iempre he apelado a que
soy joven, pero además d icen con
mucha sabidur ía , que las personas se
miden por e l sueño y que no hay
n inguna rea l idad que no haya nac ido
del sueño; aquí la ú
que a lgunos están d ispu
el prec io y
otros no;
entonces en
mi concepto,
voy a hacer
todo lo
sea de mi
parte para
lograr lo ;
después de mi
fami l ia no hay
nada mas
importante
que mi
carrera ; ingresar a la Corte es mi
meta pr inc ipa l ; a mediano p lazo
tengo como propós ito conf i rmar que
puedo seguir con la responsabi l idad
de ser t i tu lar de un juzgado
estos a pagar
im
preparando, no tengo otra forma de
enfrentarme a la v ida, só lo
preparándome. . . ”
manifestó su convencimiento
pleno de que: “un juzgado sa le por
su personal , más que por su Juez” .
Considera que cuando trabaja con
un personal de la a ltura de sus
compañeros de juzgado: “puede
haber cambios de t i tu lar y s igue
funcionando de forma ópt ima; mis
compañeros t ienen muy b ien marcado
e l sent ido de so l idar idad, respeto,
coadyuvancia ; e inc luso hay deta l les
que me inv itan a pensar que las cosas
están en e l
S
mutuamente.”
ión actual del
Tribunal
Superior de
otorgado un
respaldo
absoluto a las
esoluciones
y a la
investidura
del Juez;
manifiesta:
“en otros
t iempos la dec is ión del Juez estaba
condic ionada o supeditada; ahora
esto es parte de la h istor ia , es
ecesar io traer lo a cn
d a verdadera magnitud a lo que
se rea l iza actualmente.
La Sa la Penal , la Pres idencia
de l Tr ibunal Super ior de Just ic ia ,
ahora verdaderamente respaldan a l
juzgador ; tenemos independenc
n
Personal del JuzPrimera Instanci
gado Primero de a del Ramo Penal
Sección Informativa
6
NUEVO SECRETARIO
DE ADMINISTRACIÓN.
r Público Dionisio Pérez
Dávi la.
stación de un servicio
decuado.
administración.
coordinar las actividades de los
Depart
Ha s ido contador de algunas
Actualmente cursa Maestría
n
En un
El día 25 de noviembre
tomó posesión como Secretario
de Administración, órgano auxi l iar
del Consejo de la Judicatura, el
Contado
La Secretaría de
Administración de conformidad
con el Artículo 54 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Nayarit , t iene entre
otras funciones elaborar el
proyecto de presupuesto de
egresos, administrar el fondo
auxi l iar , dotar a las dependencias
internas de todo tipo de bienes
para la pre
a
El Contador Pérez Dávi la es
un hombre joven; pero con una
vasta experiencia en el área de la
Humanos, Recursos Financieros,
Abastecimiento de Bienes y
Servicios.
Le corresponde
amentos de Recursos
empresas privadas, Auditor Fiscal
de la Secretaría de Finanzas, Jefe
del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios de los SEPEN
y Coordinador Administrativo del
Programa de Carrera Magisterial .
en Administració en el Instituto
Tecnológico de
Tepic,
teniendo un
avance del
90% de sus
estudios de
postgrado.
re
S
M
R
a
d
a
Di
Acto de presentación
Contador Púb l i co on i s i o Pé re z Dáv i l a
pequeño acto
al izado en la oficina de la
ecretaría de Administración, el
agistrado Presidente Lic. José
amón González Pineda presentó
l nuevo servidor judicial ,
eseándole éxito en sus
ctividades.
Sección Informativa
NOVIEMBRE, PATRIA Y CANCIÓN. Con gran éxito se presentó e l Coro del Estado de Nayarit en e l T.S. J .
E l jueves 14 de noviembre a
las 19:00 horas en el auditorio
“Rey Nayar” del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Nayarit ,
se presentó con gran éxito el
del Estado de Nayarit
el Maestro Rafael Almanza Agui lar.
E l Coro
integrado
por
treinta
hombres
y mujeres
cuya
tesitura
es de
sopranos,
contraltos
tenores y
bajos,
deleitó a
los asistentes
dividido en d
primera se inte
Encina, Antonio
Verdi, Miguel
Coro
El Maest
gui
docente en Nayarit comprende
dirección de coros, c lases de
piano y participa en tal leres sobre
un grupo
que dir ige
Lennon y Paul
de preciosas
folklore african
Después
interpretaron
mexicanas com
Desterrado, E
Adelita y de
sus estudios musicales en la
Escuela Superior de Música del
Conservatorio de las Rosas en
Morel ia, Michoacán; su actividad
la
Balajú y La Bam
A lar, Directo
dirección
cultural .
E l
Coro del
Estado es
coral
mixto a
cargo del
Consejo
Estatal
para la
Cultura y
Gran presentación del Coro del Estado en elTribunal Superior de Justicia del Estado deNayarit
7
con un programa
os partes. En la
rpretó a Juan del
Vivaldi , Giuseppe
Matamoros, John
Valentina, El
ro Rafael Almanza
las Artes
del Poder
Judicial ; con actividades de este
t ipo se logrará cult ivar la
McCartney además
canciones del
o.
del intermedio se
canciones
o la
l Carretero, La
la región jarocha
ba.
r del Coro, real izó sensibi l idad artíst ica.
de Nayarit , cuya Directora General
es la Profesora América
Hernández Rodríguez.
E l L ic. José Ramón González
Pineda, agradeció a los
integrantes el concierto que en
real idad los asistentes disfrutaron
mucho, por la cal idad y
sensibi l idad artíst ica de los
integrantes de este coro.
E l fomento cultural es otra
de las metas que pretende
alcanzar el voluntariado
Sección Informativa
8
La Ciudad de Cancún,
Quintana Roo fue sede de la VI I
Cumbre Iberoamericana de
Presidentes
VII CUMBRE IBEROAMERICANA DE PRESIDENTES DE CORTES
S
de Cortes Supremas y
r ibunales Supremos de Justicia
duran
ua,
anamá, Paraguay, Perú, República
domin
la tute la jur íd ica
e sus intereses a través de una
reso luc
la justicia ; 5 )
ora judicial , s implif icación y
oral idad en los procedimientos
las personas,
esponsable con la ciudadanía,
ági l y
el Magistrado de la
Sala Penal del Tribunal Superior
T
te los días 26 al 30 de
noviembre.
Asist ieron presidentes y
representantes de las Cortes
Supremas y Tribunales Supremos
de Justicia de las repúblicas de
Argentina, Bol ivia, Brasi l ,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chi le,
Ecuador, El Salvador, México,
Guatemala, Honduras, Nicarag
P
icana, Uruguay, Venezuela,
además de España y Portugal .
En esta cumbre los
asistentes aprobaron la noción de
acceso a la justicia como: “Es e l
derecho fundamental que t iene toda
persona para acudir y promover la
act iv idad de los órganos encargados
de prestar e l serv ic io públ ico de
impart ic ión de just ic ia , con la
f ina l idad de obtener
d
ión pronta, completa e
imparc ia l ” .
Se emitieron documentos
que plantearon declaraciones y
acciones en los temas de: 1)
Asistencia legal y defensa pública;
2) Cultura Jurídica Judicial ,
difusión de las resoluciones
judiciales, acceso a la información
pública y medios de
comunicación; 3) Acceso de los
indígenas a la justicia; 4) Acceso
de las mujeres a
M
jurisdiccionales; 6) Carta de
Derechos de las personas ante la
justicia en el espacio judicial
iberoamericano.
Se aprobó además la “Carta
de Derechos de las personas ante la
just ic ia en e l ámbito judic ia l
iberoamer icano” , en el que se
establecen principios básicos
relativos a consol idar una justicia
transparente, comprensible,
atenta con todas
r
tecnológicamente avanzada,
de protección a las víctimas, a los
menores de edad; a las personas
con capacidades especiales y a los
grupos indígenas.
En este importante
encuentro estuvo representado el
Poder Judicial del Estado de
Nayarit por
SUPREMAS Y TRIBUNALES UPREMOS DE JUSTICIA.
Sección Informativa
9
de Justicia, L ic. Jesús Ramírez
roamericana a la
Repúb ca de El Salvador y como
sede
gobernabi l idad
democrát ica” .
per
iberoamericano presentamos los
sigu
1. derecho a
judiciales.
normativa internacional, mediante
fácilmente accesible.
4.
estado de los
5.
érminos sencillos y
6.
azo
7.
iones judiciales
8. o a
9.
r
10.
que deberán
resolverse dentro del plazo legal y a
conocer, en su caso, el motivo
García, el que de manera atenta
proporcionó a la Revista Jurídica
los documentos emitidos por los
asistentes.
Se designó como País sede y
Secretaría Temporal de la VI I I
Cumbre Ibe
l i
a lterna a República
Dominicana, aceptándose como
identidad de la VI I I Cumbre el de
“Just ic ia y
De la Carta de Derechos de las
sonas ante el ámbito judicial
ientes puntos:
Todas las personas tienen
recibir información general y
actualizada sobre el funcionamiento
de los juzgados y tribunales y sobre
las características y requisitos
genéricos de los distintos
procedimientos
2. Todas las personas tienen derecho a
recibir información transparente
sobre el estado, la actividad y los
asuntos tramitados y pendientes de
todos los órganos jurisdiccionales si
así lo solicitan.
3. Todas las personas tienen derecho a
conocer el contenido actualizado de
las leyes de su Estado y de la
Todas las personas tienen derecho a
conocer el contenido y
un sistema electrónico de datos concreto del retraso.
procesos en los que tengan interés
legítimo de acuerdo con lo dispuesto
en la leyes procesales.
Todas las personas tienen derecho a
que los actos de comunicación
contengan t
comprensibles, evitándose el uso de
elementos intimidatorios
innecesarios.
Todas las personas tienen derecho a
ser atendidas dentro del pl
adecuado, de forma respetuosa y
adaptada a sus circunstancias
psicológicas, sociales y culturales.
Todas las personas tienen derecho a
exigir que las actuac
en las que resulte obligatoria su
comparecencia se celebren con la
máxima puntualidad.
Todas las personas tienen derech
que su comparecencia personal ante
un órgano de la administración
resulte lo menos gravosa posible.
Todas las personas tienen derecho a
formular reclamaciones, quejas y
sugerencias relativas al incorrecto
funcionamiento de la administración
de justicia, así como a recibi
respuesta a las mismas con la mayor
celeridad y, en todo caso, dentro del
plazo que legalmente se establezca.
Todas las personas tienen derecho a
una tramitación ágil de los asuntos
que les afecten,
Sección Informativa
10
tables señoras
integrantes del Voluntariado del
y
medicina y la entregó en el
Centro
despensas al personal
admin
nda del día de
muertos, dedicándose in
memo
l a ltar de muertos se ubicó
en la e
del Val le durante los días 1, 2 y 3
al
Intensa actividad han
real izado las respe
Poder Judicial en el últ imo
trimestre del año.
Para apoyar a los
damnificados del huracán “Kenna”
que afectó al Estado de Nayarit el
pasado veinticinco de octubre, el
Voluntariado del Poder Judicial
recolectó al imentos, ropa
de Acopio ubicado en el
Jardín de los Constituyentes.
De manera particular
atendieron y apoyaron con
istrativo de los Juzgados de
San Blas, Santiago, Vi l la Hidalgo,
Tuxpan y Rosamorada que fue
afectado por el meteoro.
Posteriormente con el
propósito de preservar las
tradiciones culturales mexicanas
se real izó la ofre
r iam de la Lic. Mercedes
Correa Cervantes quien prestó sus
servicios durante muchos años en
el Poder Judicial .
E
xplanada del Templo de San
Rafael del Fraccionamiento Ciudad
Con
el
propósito
de
coadyuvar
con el DIF
Es
p
e
de noviembre.
la
vo
P
Z
ACCIONES DEL VOLUNTARIADO DEL PODER JUDICIAL
Parte de la ayuda a los
damnif icados por el s in iestro
Traba jando en e l a l t a rde muer tosjetos
usivo
tatal y Voluntariado se
articipó en el “T ianguis Nav ideño” ,
n donde se ofrecieron ob
s a la época elaborados por
s creativas integrantes del
luntariado que encabeza la
rofesora y Licenciada Elsa
amora de González Pineda.
Sección Informativa
11
La cercanía de la Navidad
impulsó a colocar en la explanada
del Tribunal Superior de Justicia
un hermoso nacimiento, las
f iguras de los Reyes Magos y un
del
Voluntariado, se real izó la entrega
de ju
s.
en ibi l idad que las damas del
oluntari
ctividad
del
entro Cultural y Artíst ico de
Nayari
tó
on gran éxito la “Compañía Coral
ivaldi” bajo la dirección de la L ic.
osa del Carmen Sal inas Muri l lo,
mocionando por su cal idad
interpretativa a los asistentes.
Tr ineo jalado por renos que
puede ser abordado por los
pequeños y sus padres para
tomarse la tradicional fotografía
del recuerdo.
Para apoyar a los niños de
comunidades y zonas rurales de
escasos recursos, gracias a la
generosidad y organización de
todas las integrantes
guetes y ropa de invierno
depositados en el Árbol de los
Deseos que organizó el DIF Estatal
y que se encuentra instalado en el
Jardín de los Constituyente
Los servidores públicos
judiciales reconocen el esmero y
Tribunal Superior de Justicia, se
presentó un grupo de artistas
s s
V ado ponen en las
es que real izan. a
El martes 17 de diciembre
en el estacionamiento del
C
t que contaron cuentos a
los niños asistentes al
rompimiento de piñatas, los que
recibieron dulces y golosinas.
E l miércoles 18 se presen
c
V
R
e
Creatividad y entusiasmo en las diversas labores
Nacimiento a las afueras del T.S.J.
Sección Informativa
12
La Revista Jurídica, en esta
sección intenta real izar un
merecido reconocimiento a los
servidores públicos judiciales que
l levan más de veinticinco años
dedicados a la noble tarea de
impartir justicia.
Personal de carrera judicial ,
administrativo y de servicios
generales han entregado parte de
su vida al Poder Judicial .
Evidentemente que en el
ranscurso de la historia de
de
uperación profesional y personal ;
rofesionalmente; en verdad son
s ie
sus
de mental idad jovial , son
modelos en la mayoría de los
de cómo debe ser un
Del personal d
Judicial c itamos a los
l icenciados:
Ingresó a l Poder
de 40 años . Actualmente se
desempeña en la
Secretar ía de
• Adán Díaz
Balbuena . Empezó a
prestar sus serv ic ios en e l Poder
Judic ia l e l
fecha 15 d
sol ic i tó l ice
ios profes ionales .
Reingresa e l 27 de ju l io de 1968
h
t
nuestra institución muchos han
ingresado, pero pocos son los que
por más de veinticinco años han
constituido los cimientos
humanos del Tribunal Superior de
Justicia y de los Juzgados de
Primera Instancia.
A pesar de su experiencia
laboral , la mayoría de el los están
en la etapa más productiva de su
vida; por lo que respecta al
personal judicial a lgunos son
verdaderos ejemplos
s
hay casos en los cuales ingresaron
como personal administrativo,
real izaron sus estudios de
Derecho a la par que prestaban
sus servicios y lograron superarse
p
auténticas historias de vida.
Responsables, discretos,
mpre dispuestos a compartir
experiencias con los de recién
ingreso;
casos
servidor público.
e Carrera
s iguientes
• Carmen Vil la
Hernández ,
Judic ia l e l mes de
octubre de 1962, laborando de
manera in interrumpida por más
la
Carrera Judic ia l .
20 de ju l io de 1956; con
e octubre de 1964
nc ia para cont inuar
con sus estud
continuando hasta la fec a .
Actualmente es coordinador de la
Sa la de E jecutores .
VIDAS DEDICADAS AL PODER JUDICIAL
Sección Informativa
13
• Laura Elena Fletes
Fletes , 27 años.
Secretar ia de
S
a
l as
Varas , Nayar it .
º . de junio de
1976. Actualmente es Secretar io
Genera l de Acuerdos del Tr ibunal
ia .
• Georgina Vargas
Juez mixto de
Huaj icor i , Nayar it .
• Sara Patricia
Por lo que se
personal administrativo y de
serv
men
• Rosalba Romero Galavíz,
Acaponeta, Nayar it .
• María Ángeles Medina
• Romero Salazar,
28 años . Serv ic ios Genera les .
• z
Jacobo, 27 años . Juzgado
•
ez, 26 años. Sa la de
Not if icadores de Segunda
• ález Navarro,
26 años. Sa la de Magistrados.
•
I xt lán del R ío ,
Nayar it .
• Petra López Casti l lo, 25
años . Secretar ía Genera l de
Acuerdos del Tr ibunal Super ior
de Just ic ia .
Probablemente de manera
tro
trabajador que tenga mas de 25
años de servicios. Le
mos nos lo haga saber.
Estudio y Cuenta y
ecretar ia del Consejo
tura .
Consejera
de la Judic
• Rogelio Nava
Álvarez, 27 años.
Juez Mixto de
• Elpidio Cortés
Conchas, Se in ic ió
como Servidor Judic ia l
e l 1
Superior de Just ic
Gómez, 25 años.
Casti l lo, 26 años.
Sa la de E jecutores .
refiere al
ic ios generales podemos
cionar a:
involuntaria omitimos algún o
29 años . Secretar ia del Juez de agradecere
Urenda, 28 años . Juzgado
Mixto de Ruiz , Nayar it .
Antonio
María Felícitas Lópe
Segundo Mercant i l .
María Irene Huerta
Hernánd
Instanc ia .
María Gonz
María Ignacia Palacios
Pineda, 26 años . Juzgado
Mixto de
• María Asunción Crespo
Castil lo, 25 años. Sa la de
Magistrados.
Sección Científica
14
EL PRINCIPIO DE LA OB
CONTRATOS Y LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN.
LIC. NORMA URANIA CÁRDENAS HERNÁNDEZ JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RA
La inquietud de real izar el
presente tema, nace debido a los
lamentables percances ocurridos
en nuestro Estado de Nayarit ,
principalmente en los municipios
costeros, que debido al embate
del huracán Kenna el día
veinticinco de octubre del año en
curso (dos mil dos) miles de
habitantes fueron damnificados,
perdiendo parte o el total de su
patrimonio, como lo es la
habitación, menaje, la cosecha o
semil la para s
LI
MO
embrar, dañándose
ravemente la agricultura en esta
zona d
o regularlas
ediante leyes o medidas
emerg
yudas económicas de
s Gobiernos de los tres niveles,
Federa
Se sostiene, en primer
término, que el contrato obl iga
GATORIEDAD DE LOS
eclarada de desastre por el
Congreso de la Unión, s ituación
que repercute en la economía
general del Estado no sólo de los
municipios dañados, a l perderse
fuentes de trabajo y afectando
por ende el comercio. Lo que
conl leva a la falta de capacidad
del cumplimiento de las
obl igaciones pactadas con
anterioridad.
La teoría de la imprevis ión
es apl icable en los contratos
cuando situaciones imprevis ibles
de carácter general , como pueden
ser: guerras, inundaciones,
terremotos, maremotos, etc. ,
afectan gravemente la ejecución
MERCANTIL
de un contrato de tal forma que
signif ica para una de las partes un
sacrif icio económico
desproporcionado para poder
satisfacer la obl igación.
S ituaciones que le corresponde al
Poder Legis lativ
g
m
entes de carácter temporal ,
de tal manera que la sociedad se
vea protegida momentáneamente
por virtud de supresión de
intereses y a
lo
l , Estatal y Municipal .
Uno de los principios más
importantes postulados por el
Derecho Civi l en materia
contractual es el denominado
“Pacta Sunt Servanda” , según el
cual el contrato obl iga a los
contratantes y debe ser
puntualmente cumplido sin
excusa ni pretexto.
Se han invocado tres
razones fundamentales para
expl icar la base de la
obl igatoriedad de la norma
contractual .
Sección Científica
15
porqu
ontractual que t iene una vida
indep
ropuestos por Kelsen, que la
norma
, por ejemplo, en la
ompraventa, dado que en ésta
cuando no se expresa el lugar de
e es voluntad del deudor
imponerse determinadas
obligaciones; en segundo lugar,
porque se crea una voluntad
contractual dist inta de las
voluntades de las partes, que es
capaz de imponerse deberes
jurídicos, esto es, aquí ya no
obliga por la voluntad uni lateral
del deudor s ino por la voluntad
c
endiente, y por últ imo,
porque el contrato es una norma
jurídica creada de acuerdo con el
ordenamiento jurídico en un
Estado determinado.
S iguiendo los l ineamientos
p
contractual obl iga por la
últ ima razón señalada, es decir ,
porque el contrato es una
verdadera norma jurídica creada
conforme a un sistema legal
vigente en un determinado
Estado, en el caso concreto el
Código Civi l o el Código Mercanti l .
Expresado en otro tenor, el
contrato obl iga por la misma
razón que obliga una ley
ordinaria, esto es, porque fue
elaborado de acuerdo a un
ordenamiento jurídico, que en
este supuesto, es la Constitución.
E l postulado al inicio
expresado, constituye la base de
todo el s istema y de el se derivan
un conjunto de consecuencias que
se manifiestan a través del
principio de exactitud en el
cumplimiento de las obl igaciones,
que reviste cuatro formas
específ icas a saber; exactitud en
el t iempo, exactitud en el
espacio, exactitud en la sustancia
y exactitud en el modo. Según la
primera forma, las obl igaciones
deben ser cumplidas en el t iempo
convenido y a falta de
estipulación en el lapso que
determine la ley, según la
naturaleza de la prestación, en las
normas supletorias de la voluntad
que contiene; tratándose de
obl igaciones de dar, verbigracia,
la ley dispone que a falta de
convenio serán exigibles treinta
días después de la interpelación
judicial o extrajudicial ante
notario o dos testigos ( Artículo
1453 Código Civi l de Nayarit ) ,
respecto de las obl igaciones hacer
o no hacer, cuando haya
transcurrido el t iempo
normalmente necesario para
real izar el hecho o la abstención
(Artículo 1453) . De acuerdo con la
segunda, las obl igaciones deben
ser cumplidas en el lugar
convenido y a falta de
estipulación, la ley estatuye como
principio general que serán
satisfechas en el domici l io del
deudor (Artículo 1455) , aunque
establece excepciones, como
sucede
c
Sección Científica
16
cumpl
l ir
oactivamente, y no debe admitir ,
según
doctrina
sostiene que sí debe ser f lexible y
ulas de
un
cumplido
xactamente traerían consigo la
ruina
dor.
ambién se sostuvo que era
contra
a
imiento, el vendedor
deberá entregar la cosa en el
lugar en donde se encuentra y no
en su domici l io (Artículo 1456) . En
los términos de la tercera, el
deudor debe pagar en especie,
deberá pagar según la Ley, con
cosas de mediana cal idad (Artículo
1389) . Conforme a la últ ima
forma, el deudor debe pagar
totalmente, el acreedor no está
obl igado a recibir pagos parciales
a no ser que así se hubiese
expresamente convenido (Artículo
1451) .
La magnitud y
trascendencia del principio en
cuestión es tal , que de el depende
todo el régimen contractual , la
heteronomía de la norma misma,
su coercibi l idad, su posibi l idad,
por tanto, debe hacerse cump
c
sus postulados, excepción
alguna en aras de la seguridad
jurídica; s in embargo un sector
importante de la
admitir , por lo mismo, la
modificación de las c láus
contrato cuando causas
extraordinarias alteren
sensiblemente la s ituación
económica reinante, s iempre y
cuando hayan sido imposibles de
prever, pues de ser
e
económica del obl igado.
E l conjunto de argumentos
que sustentan esta últ ima postura
es conocido con el nombre de
Teoría de la Imprevis ión.
A. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA
TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN.
La doctrina se manifiesta
unánime al señalar que esta teoría
fue elaborada en la Edad Media
por los canonistas y que se invocó
como fundamento básico, la
equidad y la buena fe.
Se consideró que los
contratantes pactan tomando en
cuenta s ituaciones normales, que
en atención a esas s ituaciones
adquieren determinados
compromisos, que cuando
cambian notoriamente las
condiciones que se tuvieron en
cuenta por causas generalmente
imposibles de prever y que afecta
a toda la economía de una
colectividad, como sucede con las
cris is económicas o con las
guerras, es de justicia que ya el
principio de la obl igatoriedad no
funcione, s ino que se modifique
en razón de la equidad porque de
cumplirse estrictamente
originaría la ruina del deu
T
rio a la moral catól ica, el
que un creedor se aprovechara
de las nuevas circunstancias para
obtener prestaciones
perjudiciales para su deudor
porque eso era tanto como ser
Sección Científica
17
usurero, pues la usura para este
derecho, se considera no sólo en
el momento de real izar el
contrato aprovechándose de la
s ituación dif íci l del contratante,
lesionándolo se puede decir , s ino
también si no se aprovecha de las
s ituaciones posteriores para
obtener lucros exorbitantes.
Esgrimieron al efecto la
áxima “Rebus S ic Stantibus” ,
e l mismo
estado
en
cuenta
m
traducida l ibremente como “Si las
cosas quedan en
”, esto es, que un contrato
debe ser cumplido, s iempre y
cuando las condiciones
económicas en que se originó
permanezcan estables; por lo
mismo, s i cambian las
circunstancias económicas en que
surgió la convención, la persona
que se ve en la s ituación de
dif icultad para cumplir , puede
invocar esta cláusula y obtener
una modificación que le vuelva el
contrato menos perjudicial .
B. SUPUESTO TEÓRICO DE LA TEORÍA
DE LA IMPREVISIÓN.
El Maestro RAFAEL ROJINA
VILLEGAS sobre el particular
expone de una manera magistral
en su obra “Compendio de
Derecho Civi l ” , que existen casos
en que el deudor se encuentra en
absoluta imposibi l idad de cumplir
sus obl igaciones y que en éstos
queda l iberado de la deuda
porque a lo imposible nadie está
obl igado, y no hay, por lo mismo,
necesidad de recurrir a la teoría
de la imprevis ión ya que el
obl igado queda amparado por tal
principio. Que esta últ ima teoría
opera cuando siendo posible el
cumplimiento, origina la ruina del
deudor, dado que para satisfacer
la prestación tiene que hacer un
desproporcionado sacrif icio
patrimonial en relación con el que
hubiera hecho en situaciones
normales, por ejemplo, por razón
de una guerra determinados
materiales alcanzan precios de
diez y veinte veces su valor
normal. E l deudor podría
económicamente adquirir los y
satisfacer las prestaciones, pero
esto traería consigo su ruina
económica. Se considera entonces
que la norma contractual , como la
norma legal , obl iga, tomando
condiciones normales, que
así como estas grandes cris is
permiten el incumplimiento de
ciertas leyes u obl igan al
legis lador a modificarlas para que
se adapten a las circunstancias del
momento, de la misma suerte en
los contratos, el acreedor no debe
exigir el cumplimiento exacto en
cuanto al t iempo o lugar pero se
requiere que el deudor no haya
podido prever sus grandes
trastornos y que sin incurrir , por
consiguiente, en falta de
previs ión, se vea imposibi l itado
económicamente de cumplir .
Sección Científica
18
Independientemente de
este principio de estricta
equidad, continua diciendo dicho
autor, se han invocado también
fundamentos legales, pues no
obstante que el artículo declara
que los contratos legalmente
celebrados deben ser
exactamente cumplidos, existen
también en la Ley otras normas
que vienen a reconocer la buena
fe en el cumplimiento de los
contratos; ya el fundamento no es
el derecho natural , s ino el
derecho posit ivo. En este sentido,
por ejemplo Demogue, Bonnecase
y Ripert, se han empeñado en
sostener que de acuerdo con el
Código Napoleónico, la equidad y
la buena fe están consagradas
como normas que rigen tanto la
celebración como el
cumplimiento de los contratos;
invocan al efecto el principio que
dispone que los contratos no sólo
obl igan a lo expresamente
pactado, s ino a todas aquel las
consecuencias que se derivan de
la buena fe, de la equidad, del uso
y de la Ley. Considero, en
concordancia con el tratadista en
cita, que también pueden ser
invocados como fundamentos
st if icativos de la teoría de la
ho, tales como
que n
misma, para evitar que el dueño
a
ompensación; los que declaran
que l
C. FUN
La doctrina se ha incl inado
a que
ias, es decir ,
plazando el cumplimiento de las
obl iga
ju
imprevisión, los principios
generales del Derec
adie puede enriquecerse a
costa de otro, los que norman en
materia de accesión la equidad
de la cosa principal pueda
adueñarse de la accesoria s in un
c
a lesión de los contratos
origina la nul idad, por cuanto que
la ley prohíbe la explotación
injustif icada de un contratante
por el otro que se aprovecha de
su miseria, ignorancia o
inexperiencia, etc.
C IONAMIENTO DE LA TEORÍA
DE LA IMPREVISIÓN.
Uno de los más árduos
problemas a los que se ha tenido
que enfrentar la técnica jurídica,
es determinar en qué forma debe
funcionar la teoría en estudio.
Son varias fórmulas las que
al efecto se han propuesto:
modificar el contrato, rescindir lo,
aplazar su cumplimiento hasta
que retornen las condiciones
normales o el establecimiento de
compensaciones equitativas.
haya sólo modificación por
el juez, cuando las partes no se
ponen de acuerdo, bien sea
concediendo términos de gracia
que expresamente el código
francés admite en determinadas
circunstanc
a
ciones para que en fecha
posterior puedan ser cumplidas,
s in grave perjuicio económico del
deudor, o modificando la
Sección Científica
19
cantidad de las mismas al
reducir las con un criterio de
equidad.
La doctrina alemana,
pretendiendo proteger la
seguridad jurídica, consideró en
un inicio que, dejar al juez la
facult
niario,
esarrol lándose a la necesidad de
la re
el
ontrato s i la otra parte se
negab
Correlativamente el
Tribun
ad de modificar la cuantía
de las obl igaciones es muy
pel igroso.
En una jurisprudencia
posterior, el Tribunal del Reich
consideró que el fundamento más
serio de la teoría de la
imprevis ión, es el considerar que
cuando se alteran notablemente
las circunstancias que se tomaron
en cuenta en el momento de la
celebración del contrato, en
real idad puede afirmarse que ha
desaparecido la base del negocio.
Posteriormente se advirtió
que la doctrina de la
imposibi l idad no daba satisfacción
plena a las dif icultades del deber
de prestación suscitadas,
especialmente como consecuencia
de la desvalorización del dinero.
Se enfi ló el problema por el lado
de la contraprestación, o sea en el
aspecto pecu
d
valorización. Al deudor
obl igado a prestar se le otorgó,
por razón de una alteración
extraordinaria del valor de la
contraprestación, calculada y
expresada en moneda
desvalorizada y por razón de la
ruptura plena de la igualdad
(equivalencia) de las prestaciones
recíprocas presupuestas al
concluirse el contrato, el derecho
de exigir la elevación de la
contraprestación o resolver
c
a a la revalorización.
La idea de la equivalencia
condujo, en definit iva, a l
reconocimiento de un derecho de
resolución por causa de alteración
de las circunstancias. Este
derecho se fundamentó en parte,
en la antigua doctrina de la
c láusula rebus s ic stantibus y, en
parte, en la doctrina de convenir
la c láusula tácitamente (Artículo
157 del Código de Comercio) y se
intentó derivarla del Artículo 242
(buena fe del CC del Estado).
a l del Reich reconoció, en
numerosas decis iones, un derecho
de resolución cuando, por
consecuencia de las alteraciones
esenciales de la s ituación
económica, producidas por la
guerra o por la revolución, la
prestación se hubiera convertido,
desde el punto de vista
económico, en otra
completamente dist inta de la que
originalmente pensaron y
quisieron las partes, de suerte
Sección Científica
20
que al forzar al cumplimiento
resultase contrario a la buena fe.
En un nuevo estudio de la
evolución, el derecho de
resolución por alteración de las
circunstancias fue fundado
también en la desaparición de la
base del negocio. Por base del
negocio para estos efectos se han
de entender las representaciones
de los interesados, a l t iempo de la
conclusión del contrato, sobre la
existencia de ofertas,
c ircunstancias básicas para su
decis ión, en el caso de que estas
representaciones no hayan sido
conocidas meramente, s ino
constituidas por ambas partes en
base del contrato, como por
ejemplo: la igualdad del valor, en
principio, de prestación y
contraprestación en los contratos
bi laterales (equivalencia) , la
permanencia aproximada del
precio convenido, la posibi l idad
de reponer la provis ión de las
ercancías y otras circunstancias
semej
circunstancias indispensables para
smo, o sea
por
general , particularmente nuestra
m
antes. La fundamentación
que se apoya en el defecto de la
base del negocio, hace posible
satisfacer la necesidad de un
derecho de resolución, no sólo en
los casos en que las bases
económicas del negocio han
desaparecido en virtud de una
alteración posterior de las
circunstancias, s ino también en
aquel los en que de antemano esas
bases no exist ían. Se trata de
configurar este caso como el de
error sobre la base f i ja de la
transacción (Artículo 779 CC del
Estado).
La fórmula de Oertamann es
demasiado amplia, ya que su
autor considera suficiente que la
parte contraria reconociese como
importantes, s in contradecir las,
las representaciones de la otra
parte sobre la existencia presente
o futura, de ciertas circunstancias
consideradas básicas. La fórmula
de Loches representa un
progreso, por cuanto estima
como base del negocio las
la consecución del f in del negocio
con los medios del mi
cuanto parte de la
importancia objetiva de las
circunstancias como medio para el
logro de la f inal idad del contrato.
En mi opinión, una fórmula
general sostenible t iene que
intentar la combinación de los
factores subjetivos y objetivos y
partir de la parte contraria,
procediendo de buena fe y en
atención al f in del contrato,
hubiese admitido que el contrato
hubiese tenido presente la
inseguridad de la circunstancia” .
D. LA TEORIA DE LA IMPREVISIÓN EN
EL DERECHO MEXICANO.
En concepto personal , el
s istema jurídico mexicano en
Sección Científica
21
legis lación común local , s igue la
tesis “Pacta Sunt Servanda”, esto
s , una opinión adversa a la teoría
de la
l , no
autorizan por s í solos a adoptar la
anteri
pero sí en
aso de pérdida de más de la
mitad
r ha observado, que en
casos e imprevis ión es la de dar
soluci
medio toca al
gis lador y no al juez, modificar
por preceptos de observancia
e
imprevis ión que sostiene la
c láusula “Rebus S ic Stantibus” ; por
el lo, los contratos deben
cumplirse aunque las
circunstancias cambien, pues el
hecho de que consagren o
expresamente reconozcan los
principios de buena fe y equidad
en materia contractua
or máxima, ya que no existe
ninguna estipulación expresa que
así lo determine y nuestro s istema
se r ige por el principio de
estricto derecho.
Impera en toda su fuerza la
máxima de que los contratos se
deben mantener y cumplir sean
las que sean las nuevas
circunstancias que priven, y así lo
conforman los Artículos 2626 y
1997 de los Códigos Civi les para el
Distrito Federal y el Estado de
Nayarit , respectivamente.
S in embargo, tenemos un
caso de excepción en los referidos
códigos en sus respectivos
Artículos 2455 y 1827 que en
idénticos términos determinan:
“El arrendatario no tendrá
derecho a la rebaja de la renta
por la esteri l idad de la t ierra
arrendada o por pérdida de los
frutos provenientes de casos
fortuitos ordinarios,
c
de los frutos, por casos
fortuitos extraordinarios.
Entendiéndose por casos fortuitos
extraordinarios: el incendio, la
guerra, peste, inundación insól ita,
langosta, terremoto y otro
acontecimiento igualmente
desacostumbrado y que los
contratantes no hayan podido
razonablemente prever. En estos
casos el precio del arrendamiento
se rebajará proporcionalmente al
monto de las pérdidas sufridas.
Las disposiciones de este artículo
no son renunciables” .
E l anterior caso constituye
una mera excepción, que como tal
sólo confirma la regla que el
legis lado
d
ones a cada uno de el los.
Resultando apl icable la afirmación
sustentada por el tratadista
Ernesto Gutiérrez y González en su
l ibro “Derecho de las
Obl igaciones” , en el sentido que
en nuestro
le
general las condiciones de los
contratos en circunstancias
extraordinarias (pág. 378) . Mismo
criterio que ha sustentado la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
S in embargo existen en
nuestro País tres Estados que han
Sección Científica
22
recogido y sancionado la teoría
de la imprevis ión en sus
respectivos Códigos Civi les:
Jal isco, Aguascal ientes y
Guanajuato.
EL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO
DE JALISCO la contempla en sus
Artículos 1771 y 1772, que dicen
respectivamente:“E l consent imiento
se t iene otorgado en las condic iones
y c i rcunstancias en que se ce lebre e l
contrato, por tanto sa lvo aquel las
que aparezcan ce lebradas con
carácter a leator io , los contratos
podrán dec lararse resc indidos
cuando, por haber var iado
radica lmente las condic iones
genera les de l medio en que debía
tener cumpl imiento, sea impos ib le
sat isfacer la verdadera intención de
erminología
mpleada en e l contrato” ;
l
ue debían
erminología
mpleada en e l contrato” .
las partes y resulte , de l levar
adelante los términos aparentes de la
convención, una notor ia in just ic ia o
fa l ta de equidad que no corresponda
a la causa del contrato ce lebrado.
Este precepto no comprende las
f luctuac iones o cambios normales de
todo s i stema económico o soc ia l , n i
los cambios de pos ic ión y
c i rcunstancias de los contratantes en
la soc iedad, s ino só lo aquel las
a l terac iones imprevis ib les que
sobrevienen por hechos de carácter
genera l y que establecen una
desproporc ión absoluta entre lo
pactado y lo que actualmente debiera
corresponder a la t
e
“En todo caso de apl icac ión de
art ícu lo anter ior la parte que haya
obtenido la cesac ión de los efectos
de un contrato deberá indemnizar a
la otra , por mitad, de los per ju ic ios
que le ocas ione la carencia repent ina
de las prestac iones mater ia de d icho
contrato, inc luyendo gastos y demás
que tuviere que hacerse para lograr
las mismas prestac iones en los
términos que sean usuales o justos en
ese momento; só lo podrá l ibrarse de
este compromiso la parte que
ofrec iere a la otra l levar adelante las
prestac iones a ludidas , en términos
hábi les , aún cuando esta ú lt ima
rehusare la propos ic ión” .
CÓDIGO CIVIL DE AGUASCALIENTES:
Artículo 1733. - “E l consent imiento se
ent iende otorgado en las condic iones
y c i rcunstancias en que se ce lebre e l
contrato; por tanto, sa lvo aquel los
que aparezcan ce lebrados con
carácter a leator io ; los contratos
podrán dec lararse resc indidos
cuando, por haber var iado
radica lmente las condic iones
genera les de l medio en q
tener cumpl imiento, sea impos ib le
sat isfacer la verdadera intención de
las partes , y resulte una notor ia
in just ic ia o fa l ta de equidad que no
corresponda a la causa del contrato
ce lebrado. Este precepto no
comprende las f luctuac iones o
cambios normales de todo s i stema
económico, n i los cambios de pos ic ión
o c i rcunstancias de los contratantes
en la soc iedad, s ino só lo aquel las
a l terac iones imprevis ib les que
sobrevienen por hechos de carácter
genera l y que establecen una
desproporc ión absoluta entre lo
pactado y lo que actualmente pudiera
corresponder a la t
e
Art ículo 1374. “En todo caso de
apl icac ión del art ícu lo anter ior la
parte que haya obtenido la cesac ión
Sección Científica
23
de los efectos de un contrato deberá
indemnizar a la otra , por mitad de los
per ju ic ios que le ocas ione la carencia
repent ina de las prestac iones mater ia
de d icho contrato, inc luyendo gastos
y demás que tuv ieren que hacerse
para lograr las mismas prestac iones
en los términos que sean usuales o
justos en ese momento. Só lo podrá
brarse de este compromiso la parte
la otra l levar adelante
las pre
CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO
icas en que se
r iginó permanezcan estables.
Pero al regirnos bajo un sistema
de estricto derecho, no
corresponde a los jueces la
apl icación del indicado criterio,
s ino a nuestros legis ladores
regularla, mediante leyes o
medidas emergentes de carácter
temporal , de tal manera que la
sociedad se vea protegida
momentáneamente, ante las
s ituaciones imprevis ibles y de
carácter general ; por lo que
deberían exist ir normas jurídicas
que regulen clara y justamente
dichas s ituaciones.
l i
que ofrec iere a
stac iones a ludidas , en términos
hábi les aún cuando esta ú lt ima
rehusare la propos ic ión” .
DE
GUANAJUATO: Artículo 1351. - “Los
contratos de e jecución cont inuada,
per iódica o d i fer ida, se resuelven por :
I . . . . ; I I . . . . ; I I I . - La c i rcunstancia de que
la prestac ión de una de las partes
hubiere l legado a ser exces ivamente
onerosa por acontec imientos
extraordinar ios imprevis ib les , a jenos
a su vo luntad y que no sean
consecuencia de la e jecución normal
de l contrato” .
CONCLUSIÓN.
En razón de que el Código
Civi l del Estado de Nayarit ,
adopta el principio Pacta Sunt
Servanda , según el cual los
contratos deben cumplirse
puntualmente aunque las
circunstancias cambien; s in
embargo ante s ituaciones
imprevisibles como lo es la
recientemente ocurrida en
nuestro Estado, debido al
desastre ocasionado por el
huracán Kenna sobre todo en los
municipios de la costa, donde
miles de habitantes fueron
damnificados perdiendo parte o
el total de su patrimonio
afectándose gravemente la
agricultura y la pesca,
c ircunstancias que como
consecuencia repercutieran en el
comercio y economía de la
entidad. El cumplimiento de los
contratos se verá gravemente
afectado, puesto que podrá
s ignif icar para una de las partes
un desproporcionado sacrif icio
económico el poder satisfacer la
obl igación contraída, para lo cual
pudiera ser apl icable la teoría de
la imprevisión, o el “Rebus S ic
Stantibus” que signif ica: “s i las
cosas s iguen en e l mismo estado” ,
esto es que un contrato debe ser
cumplido siempre y cuando las
condiciones económ
o
Sección Científica
24
AUTONOMÍA Y ABSTRACCIÓN DE LOS
TÍTULOS DE CRÉDITO L i c . A m a l i a M a r t í n e z M a r t í n e z .
S e c r e t a r i o d e E s t u d i o y C u e n t a . S a l a C i v i l .
Para mejor comprensión de
los conceptos de autonomía y
abstracción de los t ítulos de
crédito, es preciso establecer
previamente la naturaleza jurídica
de éstos. Así , tenemos que
conforme al artículo 1º de la Ley
General de Títulos y Operaciones de
Crédito, un t ítulo de crédito es una
cosa mercanti l .
La propia ley, en su artículo
5º. nos da la s iguiente definición:
“Son t í tu los de crédito los documentos
necesar ios para e jerc itar e l derecho
l i tera l que en e l los se cons igna” . Esta
definición se considera incompleta,
toda vez que la misma ley admite
en diversos artículos que existen
otros elementos esenciales que
integran el concepto del t ítulo de
crédito, ya mencionándolos
expresamente, ya sancionando sus
efectos jurídicos.
Algunos doctrinistas de
Derecho Mercanti l adoptan la
s iguiente definición: “Los t í tu los de
crédito son los documentos necesar ios
para e jerc itar e l derecho l i tera l y
autónomo que en e l los se cons igna y
que están dest inados a c i rcu lar” .
Ahora bien, como se advierte
de lo aludido en l íneas anteriores,
la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito no
menciona en la definición los
elementos de autonomía y
abstracción, mismos que a
continuación se intenta precisar.
A. CONCEPTO DE AUTONOMÍA
Algunos tratadistas de
Derecho Mercanti l , a l definir los
t ítulos de crédito incluyen como
elementos esenciales de éstos a la
autonomía. VIVANTE dice: “E l t í tu lo
de crédito es un documento necesar io
para e jerc itar e l derecho l i tera l y
autónomo en é l contenido” .
La voz autonomía apl icada a
los t ítulos de crédito, no puede
signif icar mas que una condición de
independencia de que goza el
derecho en aquel los incorporado,
pero ese derecho puede
considerarse independiente, o bien
con relación al derecho de un
Sección Científica
25
anterior poseedor. La doctrina
refiere s iempre el concepto de
autonomía a este últ imo supuesto.
Según el la, el derecho documental
es autónomo no precisamente
porque se hal le desvinculado del
hecho o negocio jurídico que le dio
nacimiento, s ino porque,
suponiéndolo en manos ya de un
ulterior poseedor, ninguna
influencia pueden ejercer sobre él ,
las deficiencias o nul idades de que
acaso adolecía el derecho en
cabeza de quien lo traspasó. Más
claro: A quien adquiere de buena fe
un título de crédito, no pueden
oponérsele las excepciones
personales que tal vez pudieron
oponerse a su causante.
“E l derecho es autónomo –dice
VIVANTE, expl icando así la
definición antes transcrita- , porque
e l poseedor de buena fe , e jerc ita un
derecho propio, que no puede l imitarse
o destru i rse por re lac iones que hayan
mediado entre e l deudor y los
precedentes poseedores” .
Y Messineo anota a su vez:
“De un orden análogo de pr inc ip ios
arranca e l tercer e lemento del
concepto del t í tu lo de crédito, esto es ,
la autonomía de la poses ión del que
exhibe e l t í tu lo en orden a l derecho en
é l contenido ( la cual se resuelve en la
inoponib i l idad, por parte del deudor ,
de excepciones ( subjet ivas o re lat ivas )
que sean personales a los precedentes
poseedores (excepciones de dolo , de
pago) ; o , en otros términos, e l carácter
or ig inar io (no der ivado) de l derecho:
ius propr ium, no ius cessum.”
En s íntesis , podemos precisar
que el derecho consignado en el
t ítulo de crédito, es autónomo en
cuanto a que cada uno de los
tenedores del documento tiene un
derecho propio, independiente del
de los anteriores tenedores. El
deudor no puede oponer al últ imo
tenedor las excepciones que pueda
tener contra los poseedores
anteriores.
Una vez precisado el anterior
elemento esencial de los t ítulos de
crédito, se procede a anal izar el
elemento de la abstracción, que es
también de capital importancia.
CONCEPTO DE ABSTRACCIÓN.
Para tener un concepto de
este elemento es necesario
previamente definir qué es la
causa.
Como ya se ha precisado, los
t ítulos de crédito se consideran
cosas mercanti les, según lo
dispuesto en el artículo 1º de la Ley
General de Títulos y Operaciones de
Crédito. De ahí que los t ítulos de
crédito, como cosas, pueden ser
objeto de toda clase de contratos,
negocios y relaciones jurídicas, que
Sección Científica
26
tendrán necesariamente naturaleza
mercanti l s i se consignan en el
t ítulo. De tal suerte que las
obl igaciones establecidas en los
t ítulos de crédito t ienen una causa,
que es el f in o motivo
determinante de la voluntad de los
contratantes; es decir , la causa es
la razón inmediata de la voluntad.
Así , en los contratos bi laterales, la
causa para una parte es la
prestación a que está obl igada su
contraparte; en la compraventa, la
causa de la obl igación del
comprador (pagar el precio) está en
la prestación a cargo del vendedor.
Los t ítulos de crédito pueden
circular como documentos de
derechos abstractos, esto es,
a is lados de la causa de la que traen
su origen y por la cual se
negociaron. Aun en esos casos, la
emisión o negociación se real iza
por una causa concreta.
Esta intencional separación
del t ítulo de crédito con respecto a
la causa que lo dio a luz, protege al
acreedor contra las excepciones,
complicadas y desconocidas a la
vez, que podrán derivarse de la
causa, y, por consiguiente, hace del
t ítulo un instrumento más seguro
de crédito, casi subrogado del
dinero.
Más, por regla general , los
t ítulos de crédito, y por ende las
obl igaciones que de el los nacen,
l íganse a la causa que determinó su
emisión, y por eso reciben la
discipl ina de aquél negocio jurídico
de que emergieron.
Ahora bien, tratándose de las
relaciones que pueden mediar
entre el deudor del t ítulo y los
terceros que lo adquieran de buena
fe, contra éstos no pueden hacerse
valer las excepciones derivadas de
la causa. Del artículo 8º podemos
sacar un argumento concluyente.
Ese precepto enumera
taxativamente las excepciones y
defensas que pueden oponerse
contra las acciones derivadas de un
título de crédito, y entre el las
señala (Fracción XI ) “ las personales
que tenga e l demandado contra e l
actor” .
Por otro lado, las
excepciones excausa revisten
carácter personal solamente en
aquel los casos en que los sujetos de
la relación fundamental son al
propio t iempo sujetos de la
relación cambiaria; identidad que
no es por cierto un fenómeno
común y ordinario, ya que el t ítulo
de crédito, como documento
esencialmente de circulación, está
destinado a sal ir de las manos del
primer tomador para pasar a las de
Sección Científica
27
adquirentes sucesivos. Por lo tanto,
cuando el deudor demandado tiene
frente a s í no al acreedor según la
relación fundamental , s ino a un
tercero extraño a esa relación, la
excepción no es personal , y por lo
mismo no puede deducirse.
En s íntesis , podemos decir
que la autonomía se concibe como
la existencia de un derecho
originario desvinculado de la
posición jurídica de los iniciales
tenedores; y la abstracción consiste
en la desvinculación del documento
ejecutivo respectivo con la causa o
negocio que le dio origen. De ahí
que la autonomía comienza a
funcionar s i el t ítulo de crédito ha
circulado, es decir , s i se ha
transferido de un tenedor a otro,
caso en el cual se configura una
presunción de buena fe de los
posteriores adquirentes, con la
consiguiente consecuencia de la
inmunidad de éstos frente a las
excepciones personales que el
demandado pudiera tener en
contra del tenedor originario.
Sobre el particular, la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha emitido la tesis
jurisprudencial bajo el rubro y
texto s iguientes:
“T ÍTULOS DE CRÉDITO. D IFERENCIAS ENTRE
LA AUTONOMÍA Y LA ABSTRACCIÓN. La
desv inculac ión de un t í tu lo de crédito
de la causa que le d io or igen, no se
traduce en un problema de autonomía,
s ino de abstracc ión. Mientras que
aquél la importa la ex istencia de un
derecho or ig inar io , es dec i r ,
desv inculado de la pos ic ión jur íd ica de
sus anter iores portadores , la segunda
desv incula a l documento de la re lac ión
causa l . Por v i rtud de la autonomía e l
poseedor de buena fe es inmune a las
excepciones personales oponib les a los
anter iores poseedores . En razón de la
abstracc ión, en cambio, no pueden ser
opuestas a l tercer portador las
excepciones der ivadas de la re lac ión
causa l . De lo expuesto se s igue que
tratándose de pagarés quirografar ios
que no han c i rcu lado, la autonomía no
comienza a funcionar ; y la abstracc ión
se atenúa, en razón de que e l
demandado puede oponer a l actor las
excepciones que tuviera contra éste,
en términos del art ícu lo 8º . f racc ión
X I , de la Ley Genera l de T í tu los y
Operac iones de Crédito, lo que no
impide que ese t í tu lo baste, s in
neces idad de otro documento, para
intentar la acc ión cambiar ia
respect iva.” Novena Época. Pr imera
Sa la . Semanar io Judic ia l de la
Federac ión y su Gaceta . Tomo X,
Octubre de 1999. Tes is 1a . / J . 51/99.
Página 284.
De lo anterior se arriba a la
presente,
C O N C L U S I O N:
La autonomía estriba en la
existencia de un derecho
originario, es decir , desvinculado
de la posición jurídica de sus
Sección Científica
anteriores portadores y por tanto,
a l tenedor legit imado no se le
pueden oponer excepciones
personales que se podrían haber
opuesto a los anteriores
portadores; es decir , por virtud de
la autonomía, el poseedor regular
de buena fe es inmune a las
excepciones personales oponibles a
los anteriores poseedores.
La abstracción desvincula al
documento de la relación causal y,
consecuentemente, no se pueden
oponer al tercero portador las
excepciones que surgen de el las.
A EXCEPCIÓN DE: COPIAS CERTIFICADAS Y REGISTRO DE TITULOS
QUEJAS: TELS. (311) 216-09-00. 216-09-01 EXT. 106. FAX EXT. 180
DIRECTO: (311) 216-09-73, EMAIL: [email protected]
28
Sección Científica
29
RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL L I C . E S P E R A N Z A M A R I S C A L V E R D U G O
J U E Z P R I M E R O D E P R I M E R A I N S T A N C I A D E L R A M O M E R C A N T I L
I . - I N T R O D U C C I Ó N
La Administración de la
Justicia es una función
jurisdiccional de los servidores
públicos del Poder Judicial Estatal ,
que a diario desempeñamos, y, que
por lo tanto, las leyes que
apl icamos deben ser claras, precisas
y debidamente establecidas s in que
sean obscuras u obsoletas; y
refir iéndome al recurso de
apelación en materia mercanti l ,
cabe señalar que el recurso de
apelación jamás se interpondrá
para que el superior confirme la
resolución apelada, puesto que se
hace valer con la f inal idad
contraria, para que revoque o al
menos para que modifique la
resolución combatida. - En s í , e l
recurso de apelación es aquel de
que se valen las partes o los
terceros perjudicados con la
resolución, para que un tribunal
jerárquicamente superior, revoque
o modifique la resolución del
inferior.
Este recurso es el más
importante por ser el más usado,
gracias a éste la parte que perdió
en primera instancia consigue que
un órgano jurisdiccional de mayor
categoría examine de nuevo,
dentro de ciertas l imitaciones la
sentencia o el auto recurrido,
puesto que en el recurso de alzada
como también se l lama de
apelación, ha de l imitarse o
concretarse a lo que sea materia de
los agravios que el recurrente haga
valer. Es un principio establecido el
de que el Tribunal que conozca de
la apelación no puede supl ir
agravios no formulados, ni la
deficiencia de los expresados. Tres
son los s istemas que existen en el
planteamiento y sustanciación de la
apelación, uno el que considera
que en la apelación hay una
renovación de la instancia, de tal
modo que sin restricciones, se
examina de nuevo la sentencia
apelada y todo el proceso en el que
ésta fue dictada. Este s istema es el
de los Códigos Procesales Europeos
del s iglo pasado con excepción del
español pero que ya fue corregido,
por lo nuevos Códigos, Ital iano y
Alemán a ejemplo del Austriaco, el
segundo, el cerrado o escrito, o sea
el que consiste en l imitar la
apelación o la revis ión de la
sentencia apelada a través de los
Sección Científica
30
agravios y sólo a la materia por
el los tratada. Es la que en América
del Sur l laman la apelación estricta
y dentro de el la cabe la que no
tiene más sustanciación que el
examen de la sentencia recurrida.
El aspecto más importante y
característ ico del recurso de
apelación es el de doble grado, es
decir , el que sea un Tribunal de
jerarquía superior y generalmente
colegiado el que haya de avocarse
al conocimiento del recurso. Va de
por medio la satisfacción del
anhelo de encontrar a uno o más
jueces de mayor sabiduría, de
mayor experiencia que de manera
conjunta corri jan los errores y las
violaciones a la ley, cometidas por
el inferior; satisface además el
imperativo constitucional
contenido en la parte f inal del
primer párrafo de la fracción I del
artículo 104 de la Ley fundamental
que previene: “Las sentencias de
primera instancia serán apelables
ante el Superior inmediato del Juez
que conozca del asunto en primer
grado”, aun cuando habiendo
tratadistas que han sostenido la
inuti l idad del recurso de alzada,
aduciendo las ventajas que puede
tener una sola instancia en vez de
dos, y de otros que propugnan
porque se hagan reformas
sustanciales, tanto en los efectos
como en la admisión y
sustanciación del recurso, por
ahora dentro del derecho nacional
estas cuestiones son discusión
estéri l y lo seguirán siendo en
tanto no se haga la
correspondiente enmienda
constitucional .
E l funcionamiento de un
tribunal de alzada implica
numerosas consecuencias de las
que las más señaladas son las
s iguientes: A) . - E l tr ibunal de
apelación no es un Órgano de
Revis ión que tenga facultades para
examinar todo el proceso y decidir
sobre su legal idad, antes por el
contrario, su intervención se ha de
ceñir a lo que sea la materia de los
agravios; B) . - La diferencia de
jerarquías es meramente
jurisdiccional , pues no se puede
decir que los jueces civi les,
menores o de paz, sean subalternos
de sus respectivas salas de
adscripción; C) . -En lo administrativo
la dependencia de los jueces del
Tribunal del pleno y de Magistrados
Vis itadores, se r ige por lo dispuesto
en la Ley Orgánica de los Tribunales
del fuero común.
I I .1. - Las reformas al Código de
Comercio (en vigor) publicadas en
el Diario Oficial de la Federación el
día 24 de mayo de 1996, en sus
artículos 1336, 1337, 1338, 1339,
Sección Científica
31
1340 y 1341, establecen lo relativo
al recurso de apelación, los cuales
por su orden señalan:
Artículo 1336. - Se l lama
apelac ión e l recurso que se interpone
para que e l Tr ibunal Super ior conf i rme,
reforme o revoque las reso luc iones del
infer ior , que puedan ser impugnadas
por la apelac ión.
Artículo 1337. - Pueden apelar
de una sentencia :
I . - E l l i t igante condenado en e l fa l lo s i
creyere haber rec ib ido a lgún agrav io ;
I I . - E l vencedor que, aunque haya
obtenido en e l l i t ig io no ha conseguido
la rest i tuc ión de frutos , la
indemnizac ión de daños y per ju ic ios o
e l pago de las costas , y ;
I I I . - La parte que venció puede
adher i rse a la apelac ión interpuesta a l
not i f icárse le la admis ión de ésta , o
dentro de los tres d ías s iguientes a esa
not i f icac ión. En este caso la adhes ión
a l recurso s igue la suerte de éste.
Artículo 1338. - La apelac ión
puede admit i rse en e l efecto
devolut ivo o en e l suspens ivo o só lo en
e l pr imero.
Artículo 1339. - En los ju ic ios
mercant i les , tanto ord inar ios como
e jecut ivos , procederá la apelac ión en
ambos efectos :
I . - Respecto de sentencias def in it ivas .
I I . - Respecto de sentencias
inter locutor ias o autos def in it ivos que
pongan término a l ju ic io , cua lquiera
que sea la natura leza de éste.
En cualquier otra reso luc ión que
sea apelable , la a lzada, só lo se admit i rá
en e l efecto devolut ivo .
Artículo 1340. - La apelac ión
só lo procede en ju ic ios mercant i les ,
cuando su interés excede de 182 veces
e l sa lar io mín imo genera l v igente en la
fecha de interpos ic ión en e l lugar en
que se vent i le e l procedimiento.
Artículo 1341. - Las sentencias
inter locutor ias son apelables s i lo
fueren las def in it ivas conforme a l
art ícu lo anter ior . Con la misma
condic ión son apelables los autos s i
causan un gravamen que no pueda
repararse en la def in it iva o s i la ley
expresamente lo d ispone.
I I .2 . - Por otra parte el Código
de Procedimientos Civi les para el
Estado de Nayarit , en sus artículos
637, 638, 639, 640, 641, 643, 645 y
651 relativos al recurso de
apelación y que por su orden
establecen lo s iguiente:
Artículo 637. - E l recurso de
apelac ión t iene por objeto que en
segunda instanc ia se reparen en su
caso, las v io lac iones comet idas en las
reso luc iones contra las cuales sea
admis ib le .
Sección Científica
32
Artículo 638. - Son casos de
improcedencia de la apelac ión;
I . - La extemporaneidad;
I I . - La i r recurr ib i l idad;
I I I . - Que la reso luc ión sea revocable ,
IV . - Que la reso luc ión haya s ido
combat ida por otro medio de
impugnación; y
V . - Haber obtenido todo lo que se
p id ió .
Artículo 639. - Las reso luc iones
apelables d ist intas a las sentencias de
fondo, lo serán a condic ión de que esta
también fuere apelables .
Artículo 640 . - Pueden apelar
todos los interesados a quien
per judique la reso luc ión judic ia l , pero
no e l que obtuvo todo lo que p id ió .
Artículo 641. - La apelac ión
puede interponerse por escr i to dentro
de nueve d ías improrrogables , s i se
trata de sentencia def in it iva , o dentro
de c inco d ías s i fuere auto o sentencia
inter locutor ia , y en e l mismo escr i to
deberán expresarse los agrav ios , s in lo
cual no será procedente.
Artículo 643. - E l recurso de
apelac ión procede en uno o en ambos
efectos . En e l pr imer caso no suspende
e l procedimiento n i la e jecución del
auto o sentencia y en e l segundo s í ,
hasta que sea resuelto.
Artículo 645. - Se admit i rán en
e l efecto devolut ivo las apelac iones
que se hagan va ler impugnando:
I . - E l auto admisor io de demanda;
I I . - La negat iva de admis ión de
demanda o de un medio preparator io
de ju ic io ;
I I I . - E l auto que deseche pruebas;
IV . - La desest imación de pos ic iones ,
preguntas o repreguntas ;
V . - Los autos o determinac iones en que
se dec lare confeso a l absolvente o en
que se n iegue;
V I . - Inter locutor ias con fuerza de
def in it ivas que no para l i zan n i ponen
termino a l ju ic io ;
V I I . - Sentencias def in it ivas que se
pronuncien en ju ic ios de desahucio ,
a l imentos o d i ferencias conyugales ;
V I I I . - La negat iva a la e jecución de
reso luc iones de tr ibunales de otros
Estados o del extranjero en
cumpl imiento de un exhorto;
IX . - E l auto que n iegue a un cónyuge
supérst i te la poses ión y administrac ión
de los b ienes de la soc iedad conyugal ;
X . - La reso luc ión que dec lare la
sust i tuc ión del administrador de la
soc iedad conyugal y la terminac ión de
d icha soc iedad;
Sección Científica
33
XI . - La conces ión de separac ión del
domic i l io fami l iar ;
X I I . - La dec larac ión de herederos y e l
reconocimiento y desconocimiento de
esa ca l idad o de la va l idez de
testamento; y
X I I I . - Las demás reso luc iones contra las
que expresamente as í lo señala la Ley.
Artículo 651. - Además de los
casos determinados expresamente en
la Ley, se admit i rán en ambos efectos
las apelac iones que se interpongan en
contra de:
I . - Las prov idencias d ictadas en
jur i sd icc ión voluntar ia ;
I I . - La reso luc ión en que un juez se
inhibe del conocimiento de un asunto;
I I I . - Las Inter locutor ias o autos
def in it ivos en que se dec lare
procedente un inc idente de prev io y
especia l pronunciamiento o que
para l icen o pongan término a l ju ic io ,
hac iendo impos ib le su cont inuac ión;
IV . - Autos o determinac iones d ictadas
en las audienc ias denegando la
admis ión de pruebas , desechándolas o
dec larándolas des iertas tota lmente;
V . - Sentencias def in it ivas , sa lvo los
casos de excepción;
V I . - La dec larac ión de caducidad;
V I I . - La dec larac ión que dec lare o
n iegue e l sobrese imiento;
V I I I . - La conces ión de la e jecución de
una reso luc ión de tr ibunales de otros
Estados o del extranjero en obsequio
de un exhorto;
IX . - La reso luc ión que se d icte con
carácter de def in it iva , dec id iendo
cualquier cuest ión de índole fami l iar ,
sa lvo las refer idas a a l imentos ,
d i ferencias conyugales , y en las
f racc iones IX a X I de l art ícu lo 644;
X . - La reso luc ión que apruebe la
part ic ión, s iempre y cuando exceda de
dos mi l d ías de sa lar io ; y
X I . - Reso luc iones d ictadas en inc idente
de l iqu idac ión o s imi lares .
De los dos ú lt imos art ícu los se
establece específ icamente en qué
casos y en qué efectos se admite e l
recurso de apelac ión, más s in embargo
en mater ia mercant i l únicamente se
señala que: “ En los ju ic ios mercant i les ,
tanto ord inar ios como ejecut ivos ,
procederá la apelac ión en ambos
efectos”
I . - Respecto a sentencias
definit ivas:
I I . - Respecto de sentencias
interlocutorias o autos definit ivos,
que pongan termino al juicio,
cualquiera que sea la naturaleza de
éste.
Sección Científica
34
En cualquier otra resolución
que sea apelable, la a lzada sólo se
admitirá en el efecto devolutivo,
s in exist ir precis ión de cuáles
determinaciones judiciales son
clasif icables como autos, respecto a
las cuales por disposición expresa
de la ley, es admisible el recurso de
apelación, s iendo importante esta
cuestión, ya que podrá ocurrir que
el l it igante pensando en que el
auto es apelable dejará pasar el
término de la revocación y s i
después se le niega el recurso de
apelación, quedará s in uno y s in
otro, aconsejando la problemática
procesal para estos casos,
interponer el recurso de
revocación y subsidiariamente el de
apelación, para el caso de que el
primero no le fuera admitido por
suponerse que el procedente sea el
segundo y s i bien es cierto los
artículos 2 y 1054 del Código de
Comercio en vigor disponen: Que a
falta de disposiciones de este
ordenamiento y las demás leyes
mercanti les serán apl icables a los
actos de comercio las del derecho
común contenidas en el Código
Civi l apl icable en materia federal , y
que en caso de no exist ir convenio
de las partes sobre el
procedimiento ante los tr ibunales
en los términos de los anteriores
artículos, salvo que las leyes
mercanti les establezcan un
procedimiento especial o una
supletoriedad expresa, los juicios
mercanti les, se regirán por las
disposiciones de este l ibro, y en su
defecto se apl icará la Ley de
Procedimientos local respectiva,
permitiendo la supletoriedad.
También es cierto que con la
f inal idad de evitar que
constantemente la apl icación de la
Ley de Procedimientos local
respectiva, de manera supletoria, y,
de que el l it igante tenga la duda y
confusión de que si el auto es
apelable o revocable, en tales
circunstancias se concluye:
I I I . - C O N C L U S I O N E S
Que con la f inal idad de evitar
que constantemente se apl ique de
manera supletoria la Ley de
Procedimientos local respectiva, así
como la duda y confusión por parte
del l it igante, en el sentido de que
el auto es apelable o revocable, se
tome en consideración el anál is is y
razonamientos real izados en el
punto segundo de este trabajo,
relativo al desarrol lo del tema
planteado.
Sección Científica
35
PRECEDENTES SUSTENTADOS POR LA SALA CIVIL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NAYARIT.
TENENCIA DE LA TIERRA DE
CARÁCTER EJIDAL. PROBLEMAS
SOBRE LA. SON COMPETENCIA DE
LOS TRIBUNALES FEDERALES.
E l segundo párrafo en la
fracción XIX del artículo 27 de la
Constitución Pol ít ica Mexicana,
dispone que: “Son de jurisdicción
federal todas las cuestiones que
por l ímites de terrenos ej idales y
comunales cualquiera que sea el
orígen de estos, se hal len o se
susciten entre dos o más núcleos
de población, así como las
relacionadas con la tenencia de la
t ierra de los ej idos y comunidades
para esos efectos y, en general
para la administración de la justicia
agraria, la ley instituirá tr ibunales
dotados de autonomía y plena
jurisdicción integrada por
Magistrados propuestos por el
Ejecutivo Federal y designados por
la Cámara de Senadores o en los
procesos de ésta, por la Comisión
Permanente”, de al l í que las
cuestiones relativas a las parcelas
ej idales no pueden venti larse bajo
las normas del derecho civi l ni ante
los tr ibunales del fuero común,
s ino que por mandato
Constitucional se r igen por las
normas que conforman el Derecho
Agrario.
PRECEDENTES:
T O C A C I V I L 4 1 9 / 0 1 d e d u c i d o d e l e x p e d i e n t e c i v i l d e l J u z g a d o d e T e c u a l a , N a y a r i t , p r o mo v i d o p o r F L O R E N T I N O G O N Z Á L E Z M O R E N O , c o n t r a A U D E L I A J I M É N E Z M O R E N O .
T O C A C I V I L 1 9 4 / 2 0 0 0 , r e s o l u c i ó n d e f e c h a 2 4
d e ma yo d e 2 0 0 0 , e x p e d i e n t e C i v i l 1 1 8 6 / 9 2
J u z g a d o S e g u n d o C i v i l . A R T U R O P A R A D A
R A M O S , c o n t r a E L E U T E R I O R O B L E S
G U E R R E R O Y O T R O S .
T O C A C I V I L 9 2 9 / 2 0 0 0 , r e s o l u c i ó n d e f e c h a 2 8
d e ma r z o d e 2 0 0 1 , e x p e d i e n t e c i v i l o r d i n a r i o
9 8 / 2 0 0 0 J u z g a d o M i x t o d e P r i me r a I n s t a n c i a
A h u a c a t l á n , N a ya r i t , p r o mo v i d o p o r J A V I E R
S O L Ó R Z A N O H E R R E R A c o n t r a N A R C I S A
A R E L L A N O S O R I A y J O S E T R I N I D A D
D U E Ñ A S A R E L L A N O .
EMBARGO. NO PUEDE SER OPONIBLE A QUIENES ADQUIRIERON CON ANTERIORIDAD EL BIEN.
E l embargo aún cuando se
encuentre registrado no puede ser
oponible a quienes adquirieron con
anterioridad la propiedad del bien.
Luego entonces, dado que el
mandamiento de ejecución debe
caer en bienes del deudor es de
establecerse, que una vez
demostrado fehacientemente que
el inmueble ya no pertenecía al
deudor, el embargo registrado
Sección Científica
36
sobre este bien con posterioridad
al acto traslativo de la propiedad,
es i legal por más que no se
encuentre inscrito a nombre del
nuevo propietario de cuya omisión
no puede prevalecerse el acreedor
quirografario.
P R E C E D E N T E : T O C A C I V I L 1 3 3 / 2 0 0 1 .
R e s o l u c i ó n d e f e c h a 2 8 d e ma r z o d e 2 0 0 1 ,
t e r c e r í a e x c l u ye n t e d e d o mi n i o d e n t r o d e l
e x p e d i e n t e 4 / 2 0 0 0 d e l J u z g a d o S e g u n d o
M e r c a n t i l , P a r t i d o J u d i c i a l d e T e p i c , p o r e l
t e r c e r o p o s i t o r R I C A R D O L I L E F R I T C H e n
c o n t r a d e J O S E T R I N I D A D P O L A N C O
P L A Z O L A .
Relación de precedentes por la sala
civi l del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Nayarit
publicada en la Revista Jurídica.
1. TÉRMINO MÁXIMO PROBATORIO EN JUICIO
CIVIL ORDINARIO. NO ES OBLIGATORIO NI
NECESARIO QUE EL JUEZ ESPECIFIQUE EN
DIAS ETAPA PARA OFRECIMIENTO Y ETAPA
DE DESAHOGO DE PRUEBAS.
2. PRUEBA TESTIMONIAL EN JUICIO CIVIL. LA
SUSTITUCIÓN DE TESTIGOS SOLO AFECTA A
LAS PERSONAS DE LOS MISMOS Y NO A
LAS CIRCUNSTANCIAS PREFIJADAS PARA
SU DESAHOGO.
3. ACCIÓN E INTERÉS EN JUICIO CIVIL
ESPECIAL DE DESAHUCIO. EXISTEN EN EL
ACTOR PARA PROMOVERLO, PESE A LA
EXISTENCIA DE UN JUICIO DE
TERMINACIÓN DE CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO ENTRE LAS MISMAS
PARTES PENDIENTE DE RESOLVER EN
AMPARO, CUANDO ESTANDO ACREDITADO
EL CONTRATO NO SE HA REALIZADO EN
MODO ALGUNO EL PAGO DE RENTAS, POR
SER ESTE UNA OBLIGACIÓN DE TRACTO
SUCESIVO.
4. CÉDULA DE CONTRATACIÓN DE CORETT,
NO HACE LAS VECES DE CONTRATO DE
COMPRAVENTA.
5. ARRENDAMIENTO CONTRATO DE, CUANDO
LA ARRENDATARIA ES UNA PERSONA
MORAL, NO ES ILEGAL QUE RETENGA AL
ARRENDADOR EL DIEZ POR CIENTO DE LAS
PENSIONES RENTÍSTICAS POR CONCEPTO
DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
6. PRUEBA TESTIMONIAL EN JUICIO CIVIL. LA
SUSTITUCIÓN DE TESTIGOS SOLO AFECTA A
LAS PERSONAS DE LOS MISMOS Y NO A
LAS CIRCUNSTANCIAS PREFIJADAS PARA
SU DESAHOGO.
7. VOCERO JUDICIAL AUTORIZADO EN JUICIO
CIVIL, SU NOMBRAMIENTO NO TIENE
NINGUNA RELACIÓN EN EL CONTRATO DE
MANDATO.
8. PRUEBAS EN JUICIO MERCANTIL
EJECUTIVO.- SU OFRECIMIENTO. NO ES
OBLIGATORIO PARA LAS PARTES REALIZAR
EN LOS ESCRITOS DE LITIS UN CAPITULO
ESPECÍFICO RELACIONÁNDOLAS CON LOS
HECHOS, PUES TAL RELACIÓN PUEDE
HACERSE AL EXPONER LOS MISMOS.
Sección Científica
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LA INSPECCIÓN JUDICIAL Y SU NATURALEZA JURÍDICA
Lic. Rocío Esther González García.
Secretario de Estudio y Cuenta.
INTRODUCCIÓN
La Inspección Judicial es un
acto jurisdiccional que tiene por
objeto que el juez tenga un
conocimiento directo y sensible de
alguna cosa o persona, relacionadas
con el l it igio.
Algunos tratadistas
consideran que en sí misma, la
Inspección Judicial no es una
prueba sino un medio de producir
prueba acerca de los hechos
controvertidos.
No obstante el lo, en el
Estado de Nayarit , el Código de
Procedimientos Civi les reconoce a
la Inspección Judicial como prueba
al señalar en el artículo 175:
Artículo 175. - La ley reconoce
como prueba: Fracción I . -
Confesional ; I I . - Documental ; I I I . -
Pericial ; IV. - Reconocimiento o
Inspección Judicial ; V. - Testimonial ;
V I . - Y demás medios que produzcan
convicción en el juzgador, s iempre
que la parte que los ofrezca,
ministre al Tribunal los aparatos o
elementos necesarios para su
desahogo y valoración.
De igual forma, el c itado
Cuerpo de Leyes regula las
característ icas de su ofrecimiento,
al disponer en el artículo 192:
Artículo 192. - Al ofrecerse la
Inspección Judicial se determinarán
los puntos sobre los que deba
versar.
Al efecto, es pertinente
destacar que tanto la Ley como los
abogados, no dist inguen
claramente a la Inspección Judicial
de los resultados que por medio de
el la se obtienen, pero tal manera
de pensar equivale a confundir la
di l igencia de confesión con la
confesión misma, el documento con
su contenido, el examen de los
testigos con lo que declaran, y así
sucesivamente.
De modo que, resulta
necesario conocer la esencia de la
Inspección Judicial como prueba y
se tome nota de el la,
confrontándola con la real idad
actual , para evitar confusiones
acerca de su interpretación,
ofrecimiento y desahogo.
Sección Científica
38
Tratadistas del derecho como
Carnelutti , incluyen a la Inspección
Judicial entre los actos de
elaboración procesal y sostiene que
mediante el la se logran pruebas y
razones.
En mi opinión, no basta decir
que la inspección es un acto
procesal generador de pruebas.
Todos los l lamados medios de
prueba apuntan al mismo fin y no
constituyen una inspección. La
diferencia específ ica que dist ingue
a la Inspección Judicial de los
demás elementos de convicción,
consiste en someter las cosas al
examen de los sentidos, o sea, en
verlas, medirlas, tocarlas, oír las,
palparlas, gustarlas, etc. De ahí que
la inspección, sea pues, un medio
de prueba que l leva a cabo el juez y
que consiste en someter las cosas o
lugares al examen adecuado de los
sentidos.
Ahora bien, es común que en
la práctica colaboren en la
real ización de la Inspección Judicial
peritos y personas. Al respecto
debe dejarse precisado, que aún
cuando el Código de
Procedimientos Civi les de nuestro
Estado no prevé el ofrecimiento y
desahogo de las pruebas periciales
e Inspección Judicial en forma
vinculada, tales probanzas pueden
l levarse a cabo de la manera
señalada, como sucede cuando se
ofrece ésta para dar fe de
determinadas característ icas de un
objeto, incluso para determinar
medidas y col indancias de algún
inmueble en los que, para una
adecuada elaboración de la prueba
se requieren conocimientos
técnicos especiales. Como se
observa, nada impide que, para que
el juzgador se encuentre en
posibi l idad de practicar la referida
inspección, se auxi l ie de un perito
en la materia; tampoco puede
pensarse que al hacerlo de esa
manera contravenga disposición
legal a lguna, pues la adminiculación
de las pruebas en comento no priva
a la Inspección Ocular de su
naturaleza jurídica, y s í en cambio,
de no practicarse de esa manera,
evitaría que quién ofrece la prueba
de Inspección Judicial asociada de
peritos pruebe el extremo que
pretende. De ese contexto se
obtiene que el ofrecimiento de la
prueba de Inspección Judicial
asociada de peritos, t iene su razón
legal en que el juez carece de los
conocimientos técnicos sobre la
materia, lo que haría imposible en
ocasiones el desahogo correcto de
la probanza.
Por otra parte, es c laro que
en la definición que anteriormente
Sección Científica
39
se maneja de la prueba de
Inspección Judicial no está incluido
el examen de las personas, no
obstante que la ley y la doctrina
también lo autorizan; pero esta
omisión se debe a que
tradicionalmente se ha considerado
como Inspección Judicial , Vista de
Ojos o Inspección Ocular, la que
concierne al examen de las cosas o
lugares y no a las personas. No
obstante el lo, es común ver que en
la práctica algunos abogados
l it igantes confunden la f inal idad de
la Inspección Judicial y ofrecen la
prueba en comento a efecto de
que, luego de dar fe de
determinado inmueble, se
interrogue a vecinos del mismo; lo
que, acorde a la naturaleza jurídica
de la Inspección Judicial , la
investigación a vecinos y la
elaboración de preguntas sobre
determinado aspecto del inmueble
no caen bajo el dominio de ser
apreciados a s imple vista por los
sentidos, objeto mismo de la
inspección, por lo que en estos
casos, la prueba no debe ser
admitida por constituir el examen
de testigos el objeto mismo de la
prueba testimonial . En ese tenor
debe considerarse que el examen
de las personas puede ofrecerse
como prueba de inspección judicial
pero no para que depongan sobre
determinado hecho, s ino cuando se
refiera a sus condiciones básicas o
a su estado psíquico. Al respecto, el
Código vigente autoriza la
Inspección Judicial de personas por
ser en ocasiones indispensable en
los juicios de interdicción y, en
algunos casos, como en los de
divorcio, procedimientos para
nombrar tutor, etcétera. S in
embargo, el examen de las
personas, en ocasiones se l imita
por el respeto que merecen en su
cal idad de seres humanos, y por
razones de honestidad, moral idad o
para que no se violen los derechos
fundamentales del individuo, su
l ibertad, su integridad f ís ica, su
salud, etcétera.
De lo anterior se concluye
que aun cuando el nombre de la
Inspección Ocular puede inducir a
error, en el sentido de que este
medio de prueba ha de l imitarse a
ver la cosa materia de él , es
necesario señalar que su campo de
acción es mucho mas visto, pues
inclusive, el juez puede hacer uso
de cualquiera de sus sentidos que
pueda darle un conocimiento
directo de la cosa. Pongamos por
ejemplo el caso de un juicio en el
que se l it igue sobre los ruidos y
malos olores que produce una
fábrica. En tal hipótesis , el olfato y
el oído serán indispensables para
engendrar en el juez convicción; así
Sección Científica
40
también si se l it iga sobre la mala
cal idad de un vino, será necesario
uti l izar el sentido del gusto; s i
sobre la consistencia y textura de
una tela, el sentido del tacto.
En otro aspecto, cabe hacer
mención que la inspección puede
recaer sobre las pruebas mismas ya
existentes en el proceso. Por
ejemplo, el cotejo de documentos,
el examen de alguna escritura,
constituyen actos de inspección
sobre pruebas ya existentes. Así
mismo, la prueba es uti l izada en
diferentes ocasiones para restar
valor a otras pruebas, pues
mediante el la se demuestra la
falsedad de un documento o el
error de un juicio pericial ,
etcétera.
Es común en el quehacer
diario, que cuando una de las
partes en el procedimiento ofrece
la prueba de Inspección Judicial
sobre aspectos que no caen bajo la
naturaleza de ser apreciados por
los sentidos, s in asociarla de
peritos o cuando los puntos sobre
los que la ofrecen resulta la
idoneidad de otro medio de
convicción, los l it igantes alegan
que la no admisión de la prueba
resulta en perjuicio de sus
intereses y es violatoria de los
artículos 169 y 192 del Código de
Procedimientos Civi les, que
determinan que debe admitirse
cualquier medio de prueba que
esté reconocido por la Ley s iempre
y cuando no sea contrario a la
moral y al Derecho y que para el
ofrecimiento de la Inspección
Judicial , únicamente debe de
cubrirse el requisito de señalar los
puntos sobre los que la prueba
debe versar. S in embargo, ha s ido
criterio sustentado por la Sala Civi l
de este Tribunal Superior de
Justicia, que dicha facultad de que
goza el oferente de una prueba
para ofrecerlas, no es plena, s ino
que está l imitada al cumplimiento
de ciertos requisitos, entre los que
se encuentra el relativo a que el
medio de convicción ofrecido
necesariamente tenga relación
inmediata con los hechos
controvertidos (aún cuando no se
exi ja que los relacione en forma
técnica y directa) ; y esto no es otra
cosa mas que cumplir con el
principio de idoneidad de la
prueba, el cual , s i bien no se prevé
específ icamente, la Ley Adjetiva
Civi l de referencia s í lo contempla
en su artículo 196 al determinar: “Al
día s iguiente en que se termine el
período de ofrecimiento de
pruebas, el juez dictará resolución
en la que determinará las pruebas
que se admitan sobre cada hecho,
s iempre que estén permitidas por
Sección Científica
41
la ley y satisfagan los requisitos
que para cada una de el las se
exi ja. . . ” . Por tanto, cuando se
ofrece una prueba que no satisfaga
los requisitos legales para su
admisión, es c laro que su
ofrecimiento resulta contrario a
Derecho y en tal hipótesis , el
juzgador no está obl igado a
admitir la y debe desecharla. Así , en
el caso específ ico de la prueba de
Inspección Judicial , además de
cubrir los requisitos exigidos para
su admisión previstos por el
artículo 192 del Código Adjetivo
Civi l , quién la ofrezca, deberá
señalar los puntos sobre los que
debe versar la prueba, en
concordancia con la naturaleza de
la misma, es decir , deberán caer
bajo el dominio de ser apreciados
por los sentidos; el lo evitará
retardos innecesarios en los
procedimientos.
Ahora bien, cuando la
inspección deba practicarse en
lugar diverso de donde se s iga el
juicio, será necesario encomendarla
al juez que sea competente, por
medio de exhorto u oficio
comisorio.
Se considera además que
para que la inspección sea vál ida,
deberán ser citadas previamente
las partes a f in de que asistan a su
real ización si así lo desean, a cuyo
efecto el juez señalará el día y la
hora conducentes. La inspección
puede verif icarse s in la asistencia
de las partes y de sus abogados, y
de el la se levanta una acta
circunstanciada.
En la actual idad existen
lagunas legales que dan lugar a
ciertos problemas de
interpretación en el desahogo de la
prueba de Inspección Judicial por
lo que surgen las s iguientes
interrogantes: ¿En qué casos el
Reconocimiento o Inspección
Judicial puede ser autorizado de
oficio por el juez?. A este respecto
los tratadistas dicen que puede ser
voluntario y forzoso. Ponen como
ejemplos de este últ imo, los
s iguientes: E l reconocimiento de la
persona sujeta a juicio de
interdicción, el cotejo de
documentos y de letras cuando se
redarguyen de falsos, el
reconocimiento de lugares y de
inmuebles en los juicios relativos a
las servidumbres, obra nueva y
obra pel igrosa; el anál is is de la
sangre cuando se investiga la
paternidad o maternidad, la
inspección de los l ibros de los
comerciantes en los casos de
l iquidación de una sociedad,
quiebra, sucesión hereditaria, etc;
¿Es vál ida la inspección que se
Sección Científica
42
efectúe s in la presencia de una de
las partes cuando no puede asist ir a
el la por causa de fuerza mayor?. En
este aspecto se sostiene que no hay
motivo para que la di l igencia sea
nula por esa sola circunstancia,
pero la parte que no asist ió t iene
derecho, en mi concepto, para
pedir que se repita la di l igencia, s i
prueba la causa de fuerza mayor;
¿Puede el juez ampliar la di l igencia
a puntos diversos de aquél los para
que fue citada?. Aquí cabe
dist inguir los s iguientes casos: s i
a lguna o las dos partes no asisten a
la di l igencia, no está facultado para
ampliar la porque se causa perjuicio
a los l it igantes, ya que se les
privaría de la oportunidad para
hacer valer en la di l igencia sus
derechos con respecto a las
cuestiones para las que no fueron
citadas. S i las partes asisten a la
di l igencia, el juez puede ampliar la
porque estando presentes, no se
les causa agravio alguno al
ampliar la, ya que les es dado
intervenir en el la y hacer constar lo
que a su derecho convenga. ¿Quién
debe pagar los gastos de la
di l igencia cuando se asocia de
perito?. Por ser de justicia y atento
a lo que la Ley dispone respecto de
la prueba pericial , estimo que debe
pagarlos la parte que la ha
promovido, a reserva de lo que se
disponga sobre la condenación en
costas; ¿Vale el acta que se levanta
en lugar diverso donde se practicó
la di l igencia o es necesario hacerlo
inmediatamente después de que
ésta tuvo lugar y en el mismo sit io?
En mi opinión, no es vál ida porque
al no hacerse así , desnatural iza ese
medio de prueba, cuya nota
característ ica consiste en el hecho
de que el juez tenga conocimiento
inmediato de la cosa inspeccionada,
y se de a las partes el medio de
hacer observaciones en el acto
mismo en que se l leva a efecto la
di l igencia y se tome nota de el las,
todo lo cual se ha de hacer constar
en el acta. S i ésta se levanta
posteriormente, esos f ines pueden
frustrarse, y además se abre la
puerta a las objeciones que hagan
las partes respecto de que el acta
no exprese lo que tuvo efecto en la
di l igencia; ¿Vale el acta s in la f irma
de las partes?. La Ley no la exige ni
menos bajo pena de nul idad, por
tanto se considera que si faltan las
f irmas del juez o del secretario, el
acta es anulable; ¿Procede la
di l igencia de Inspección Judicial
aunque no sea absolutamente
necesaria, pero s í úti l y
conveniente a la investigación de la
verdad?. S í procede conforme al
artículo 184 del Código de
Procedimientos Civi les que
determina: “Los Tribunales podrán
decretar en todo tiempo, sea cual
Sección Científica
43
fuere la naturaleza del negocio, la
práctica o ampliación de cualquier
di l igencia probatoria, s iempre que
sea conducente para el
conocimiento de la verdad sobre
los puntos cuestionados. En la
práctica de estas di l igencias, el juez
obrará como estime procedente
para obtener el mejor resultado de
el las, s in lesionar el derecho de las
partes oyéndolas y procurando en
todo igualdad”; ¿Puede referirse la
inspección a bienes muebles y a los
semovientes? Aunque los artículos
que se refieren a esta prueba
parecen estar redactados en el
sentido de sólo tener en cuenta los
inmuebles, s in embargo, no hay
razón alguna para l imitar de ese
modo el a lcance de la prueba,
sobre todo teniendo en cuenta lo
que disponen los artículos 169 y
184 de la Ley Adjetiva Civi l acerca
de las facultades amplias que
otorga al juez para practicar las
pruebas.
F inalmente, respecto a la
valoración de la prueba de
Inspección Judicial , cabe precisar
que, conforme la fracción X del
artículo 238 del Código de
Procedimientos Civi les, la
inspección judicial hace prueba
plena cuando se practique en
objetos que no requieran
conocimientos especiales o
científ icos; disposición legal que
viene a corroborar la esencia de la
Inspección Judicial , la que no
puede ir mas al lá de su apreciación
a través de los sentidos.
CONCLUSIÓN
En ese sentido se concluye, la
Inspección Judicial , por su propia
naturaleza es la más importante de
todas las pruebas, porque pone al
juez en contacto directo con la
cosa que constituye la prueba,
entendiéndose por “cosa”, aquel
objeto mueble, inmueble o persona
sobre la que recae la inspección.
Sin embargo, considero que por ser
tan l imitada su incursión en el
Código de Procedimientos Civi les
de nuestro Estado, no se le da la
apl icación e importancia que tiene
y esto obedece quizá al
desconocimiento de su naturaleza
expuesta de manera breve y
s intetizada en el presente estudio.
Sección Científica
44
ORDEN DE COMPARECENCIA. INAPLICABLE LA MEDIDA DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 138 DE LA LEY DE AMPARO.
D O C T O R R I C A R D O O J E D A B O H Ó R Q U E Z Magistrado de Circui to a) Planteamiento del Problema
En la práctica judicial actual
cuando se promueve un juicio de
amparo indirecto en contra de una
orden de comparecencia l ibrada
por una autoridad judicial y se
sol icita la suspensión del acto
reclamado, generalmente los jueces
de Distrito la conceden conforme al
primer párrafo del artículo 136 de
la Ley de Amparo, como si se
tratara de un acto judicial privativo
de l ibertad, pero imponiéndole,
entre otros requisitos, el que
comparezca ante la responsable
para que declare en preparatoria
(con apoyo en el artículo 138 de la
Ley de Amparo) y así se continúe el
proceso iniciado en su contra,
como probable responsable en la
comisión de un i l íc ito. S in embargo,
la medida es apl icable cuando el
acto reclamado lo constituye la
orden de aprehensión por ser un
acto que indiscutiblemente afecta
la l ibertad personal ; pero no
considero que sea apl icable cuando
el acto reclamado sea la orden de
comparecencia l ibrada por del ito
que no contiene penal idad
privativa de l ibertad o es
alternativa, puesto que con la
apl icación de dicha medida se
desnatural iza la esencia de la
suspensión que es, entre otras,
preservar la materia del amparo y,
en consecuencia, se acaba también
con la f inal idad del amparo, que es
la de salvaguardar las garantías
individuales del quejoso. De ahí la
necesidad de tocar el presente
tema.
b) Desarrollo del Tema
En mi concepto, los actos
reclamados en materia penal ,
pueden ser judiciales y no
judiciales y éstos a su vez privativos
de l ibertad y no privativos de
l ibertad. Los privativos de l ibertad
son aquel los que afectan la l ibertad
personal del gobernado,
entendiéndose ésta como la
imposibi l idad f ís ica de poder
deambular l ibremente por la
comunidad, para real izar las
actividades cotidianas que todo
hombre real iza individualmente
para sobrevivir y convivir en
sociedad, reduciéndose su estancia
a un espacio f ís ico l imitado que le
impide real izar esas actividades y
precisamente el artículo 136 y 138
de la Ley de Amparo, que a
continuación se transcriben, se
refieren a esa afectación de la
Sección Científica
45
l ibertad personal (ya sea un acto
futuro, presente o pasado).
"ART ÍCULO 136. - S i e l acto
rec lamado afecta la l ibertad personal ,
la suspens ión só lo producirá e l efecto
de que e l quejoso quede a d ispos ic ión
del juez de D istr i to únicamente en
cuanto a e l la se ref iera , quedando a
d ispos ic ión de la autor idad que deba
juzgar lo , cuando e l acto emane de un
procedimiento del orden penal por lo
que hace a la cont inuación de éste.
Cuando e l acto rec lamado cons ista en
la detención del quejoso efectuada
por autor idades administrat ivas
d ist intas de l Min ister io Públ ico como
probable responsable de a lgún del i to ,
la suspens ión se concederá, s i
procediere, s in per ju ic io de que s in
d i lac ión sea puesto a d ispos ic ión del
Min ister io Públ ico, para que éste
determine su l ibertad o su retención
dentro del p lazo y en los términos que
e l párrafo sépt imo del art ícu lo 16
const i tuc ional lo permite, o su
cons ignac ión.
De cons ist i r e l acto rec lamado en
detención del quejoso efectuada por
e l Min ister io Públ ico, la suspens ión se
concederá y desde luego se pondrá en
inmediata l ibertad, s i de l informe
prev io que r inda la autor idad
responsable no se acreditan con las
constancias de la aver iguac ión prev ia
la f lagrancia o la urgencia , o b ien s i
d icho informe no se r inde en e l
término de ve int icuatro horas . De
ex ist i r f lagrancia o urgencia se
prevendrá a l Min ister io Públ ico para
que e l quejoso, sea puesto en l ibertad
o se le cons igne dentro del término de
cuarenta y ocho horas o de noventa y
se is horas según sea e l caso, a part i r
de su detención.
S i se concediere la suspens ión en los
casos de órdenes de aprehens ión,
detención o retención, e l juez de
D istr i to d ictará las medidas que
est ime necesar ias para e l
aseguramiento del quejoso, a efecto
de que pueda ser devuelto a la
autor idad responsable en caso de no
concedérse le e l amparo.
Cuando la orden de aprehens ión,
detención o retención, se ref iera a
de l i to que conforme a la ley no
permita la l ibertad provis ional ba jo
caución, la suspens ión só lo producirá
e l efecto de que e l quejoso quede a
d ispos ic ión del juez de D istr i to en e l
lugar en que éste señale , únicamente
en lo que se ref iera a su l ibertad
personal , quedando a d ispos ic ión de la
autor idad a la que corresponda
conocer de l procedimiento penal para
los efectos de su cont inuación.
Cuando e l acto rec lamado cons ista en
la detención del quejoso por orden de
autor idades administrat ivas d ist intas
de l Min ister io Públ ico, podrá ser
puesto en l ibertad provis ional
mediante las medidas de
aseguramiento y para los efectos que
expresa e l párrafo anter ior .
En los casos en que la afectac ión de la
l ibertad personal de l quejoso
provenga de mandamiento de
autor idad judic ia l de l orden penal o
de l Min ister io Públ ico, o de auto de
pr is ión prevent iva, e l juez d ictará las
medidas adecuadas para garant izar la
segur idad del quejoso y éste podrá ser
puesto en l ibertad bajo caución
Sección Científica
46
conforme a la f racc ión I de l art ícu lo 20
const i tuc ional y a las leyes federa les o
loca les apl icables a l caso, s iempre y
cuando e l juez o tr ibunal que conozca
de la causa respect iva no se haya
pronunciado en ésta sobre la l ibertad
provis ional de esa persona, por no
habérse le so l ic i tado.
La l ibertad bajo caución podrá ser
revocada cuando incumpla en forma
grave con cualquiera de las
obl igac iones que en términos de ley
se der iven a su cargo en razón del
ju ic io de amparo o del procedimiento
penal respect ivo.
Las partes podrán objetar en cualquier
t iempo e l contenido del informe
prev io . En los casos prev istos en e l
art ícu lo 204 de esta ley , se
cons iderará hecho superveniente la
demostrac ión de la fa lsedad u omis ión
de datos en e l contenido del informe
y e l juez podrá modif icar o revocar la
inter locutor ia en que hubiese
concedido o negado la suspens ión;
además, dará v ista a l Min ister io
Públ ico Federa l para los efectos del
precepto legal c i tado."
"ART ICULO 138. - En los casos en
que la suspens ión sea procedente, se
concederá en forma ta l que no impida
la cont inuación del procedimiento en
e l asunto que haya mot ivado e l acto
rec lamado, hasta d ictarse reso luc ión
f i rme en é l ; a no ser que la
cont inuación de d icho procedimiento
deje i r reparablemente consumado e l
daño o per ju ic io que pueda
ocas ionarse a l quejoso.
(A D I C I O N A D O , D . O . 8 D E F E B R E R O
D E 1 9 9 9 )
Cuando la suspens ión se haya
concedido contra actos der ivados de
un procedimiento penal que afecten
la l ibertad personal , e l quejoso
tendrá la obl igac ión de comparecer
dentro del p lazo de tres d ías ante e l
juez de la causa o e l Min ister io Públ ico
y , en caso de no hacer lo , de jará de
surt i r efectos la suspens ión
concedida."
b.1) Naturaleza de la Orden de
Comparecencia.
E l vocablo proviene del latín
comparesco-ere y compareo-ere ,
aparecer, comparecer.
En sentido estricto, por
comparecencia en juicio se
entiende el acto por el cual una
persona se presenta o se constituye
como parte ante los tr ibunales,
para formular una demanda o para
contestarla. En sentido amplio,
también se l lama comparecencia a
cualquier presentación de una
persona ante las autoridades
judiciales para l levar a cabo una
determinada actividad procesal . En
este sentido, Guasp considera que
la nota esencial de la
comparecencia está en el "acudir
en nombre propio o ajeno ante el
órgano jurisdiccional para
desarrol lar una actividad procesal" .
Por extensión, ocasionalmente se
designa comparecencia al acto de
concurrir ante alguna autoridad
Sección Científica
47
diversa de la judicial , para real izar
una determinada actividad jurídica.
El Código Federal de
Procedimientos Penales establece
en sus artículos 157 y 135, la orden
de comparecencia (o sus
correlativos 133 y 271 del Código
de Procedimientos Penales para el
Distrito Federal ; 227 y 64 del
Código de Procedimientos Penales
para el Estado de Oaxaca) , la cual
podrá ser de presentación o
comparecencia propiamente dicha,
dependiendo si el del ito amerita
pena privativa de l ibertad o no
privativa de l ibertad o alternativa.
"ART ÍCULO 157. - En los casos a
que se ref iere e l segundo párrafo del
art ícu lo 135, y en todos aquel los en
que e l de l i to no dé lugar a detención, a
pedimento del Min ister io Públ ico se
l ibrará orden de comparecencia en
contra de l inculpado para que r inda su
dec larac ión preparator ia , s iempre que
ex istan datos que acrediten e l cuerpo
del de l i to y la probable responsabi l idad
del inculpado."
"ART ÍCULO 135. - A l rec ib i r e l
Min ister io Públ ico Federa l d i l igencias
de aver iguación prev ia , s i hubiere
detenidos y la detención fuere
just i f icada, hará inmediatamente la
cons ignac ión a los tr ibunales , s i se
cumple lo prev isto en e l párrafo
pr imero del art ícu lo 134; s i ta les
requis i tos no se sat isfacen, podrá
retener los a justándose a lo prev isto en
los art ícu los 193, 194 y 194 b is . S i la
detención fuere in just i f icada, ordenará
que los detenidos queden en l ibertad."
"E l Min ister io Públ ico d ispondrá
la l ibertad del inculpado, en los
supuestos y cumpl iendo con los
requis i tos establec idos por e l art ícu lo
399 para los jueces , s in per ju ic io de
so l ic i tar su arra igo en caso necesar io .
E l Min ister io Públ ico f i jará la caución
suf ic iente para garant izar que e l
detenido no se sustraerá a la acc ión de
la just ic ia , n i a l pago de la reparac ión
de los daños y per ju ic ios que pudieran
ser le ex ig idos . Tratándose de del i tos
comet idos con mot ivo del t ráns ito de
vehículos , no se concederá este
benef ic io a l inculpado que hubiese
incurr ido en e l de l i to de abandono de
personas o se encuentre en estado de
ebr iedad o bajo e l inf lu jo de
estupefac ientes , ps icotrópicos o de
cualquier otra sustanc ia que produzca
efectos s imi lares . Cuando e l de l i to
merezca pena a lternat iva o no
pr ivat iva de l ibertad, se d ispondrá la
l ibertad s in neces idad de cauc ión y s in
per ju ic io de pedir e l arra igo
correspondiente."
"Cuando e l Min ister io Públ ico
deje l ibre a l ind ic iado, lo prevendrá a
f in de que comparezca cuantas veces
sea necesar io para la práct ica de
d i l igencias de aver iguación prev ia , y ,
conclu ida ésta , ante e l Juez a quien se
cons igne, quien ordenará su
presentac ión y s i no comparece s in
causa justa y comprobada, ordenará su
aprehens ión, mandando hacer efect iva
la garant ía otorgada."
"E l Min ister io Públ ico podrá
hacer efect iva la garant ía s i e l
Sección Científica
48
ind ic iado desobedeciere , s in causa
just i f icada, las órdenes que d ictare."
"La garant ía se cancelará y en
su caso se devolverá por e l Min ister io
Públ ico, cuando se resuelva e l no
e jerc ic io de la acc ión penal .
Cons ignado e l caso, ta l garant ía se
cons iderará prorrogada tác itamente,
hasta en tanto e l Juez no dec ida su
modif icac ión o cancelac ión."
b.2) Naturaleza de la Orden de
Aprehensión.
La palabra aprehensión
proviene del latín apprehensio,
derivado del verbo apprehendere ,
de ad , a y prenderé , as ir , tomar. )
La aprehensión o detención,
consiste en la privación de la
l ibertad de un individuo, s ituación
que no puede prolongarse ante la
autoridad administrativa, más al lá
del t iempo necesario para poner al
sujeto detenido a disposición de la
autoridad judicial , y frente a esta
últ ima por más de 72 horas, s in que
se justif ique con un auto de formal
pris ión.
Toda detención o
aprehensión debe ser real izada con
orden judicial , salvo casos de
urgencia o de f lagrante del ito. En
la primera de las hipótesis , caso
urgente, sólo la autoridad
administrativa (Ministerio Público) ,
bajo su más estricta
responsabi l idad, está autorizada
para proceder a la detención,
mientras que en la segunda, la
f lagrancia, además de la autoridad,
cualquier persona está facultada
para el lo. La "orden de aprehensión
o detención" debe ser l ibrada por
autoridad competente en forma
fundada y motivada. Debe ser
precedida por "denuncia",
acusación o querel la de un hecho
determinado que la ley castigue
con pena corporal , apoyándose
aquél las, "por declaración bajo
protesta, de persona digna de fe o
por otros datos que hagan
probable la responsabi l idad del
inculpado…" (art. 16
Constitucional ) . Es discutible la
afirmación de un sector de la
doctrina, acerca de la necesidad de
comprobar el cuerpo del del ito en
forma plena, como requisito de la
orden de aprehensión. Se pretende
con el lo equiparar las condiciones
que la Constitución y la ley
imponen al juez para dictar un auto
de formal pris ión, con las de la
orden de aprehensión. Pero con
el lo se pasa por alto que en el caso
del auto de formal pris ión, el
imputado tiene la oportunidad de
contestar los cargos en su contra
(declaración preparatoria) ,
mientras en la orden de
aprehensión tal oportunidad no es
condición sino consecuencia.
Sección Científica
49
La jurisprudencia ha
dist inguido entre la orden de
aprehensión y la orden de
comparecencia, que t ienen en
común el hecho fís ico de la
restricción de la l ibertad, pero se
diferencia en que la últ ima
constituye una medida que sólo
sujeta a proceso y la primera una
medida que afecta la l ibertad
personal .
La orden de aprehensión se
establece en el artículo 195 del
Código Federal de Procedimientos
Penales, mismo que dice: "Cuando
estén reunidos los requis i tos de l
art ícu lo 16 const i tuc ional , e l t r ibunal
l ibrará orden de aprehens ión,
reaprehens ión o comparecencia , según
e l caso, contra e l inculpado, a
pedimento del Min ister io Públ ico."
"La reso luc ión respect iva
contendrá una re lac ión suc inta de los
hechos que la mot iven, sus
fundamentos legales y la c las i f icac ión
provis ional que se haga de los hechos
del ictuosos , y se transcr ib i rá
inmediatamente a l Min ister io Públ ico
para que éste ordene a la pol ic ía su
e jecución"
c) Consideraciones Personales.
La medida establecida en el
segundo párrafo del artículo 138 de
la Ley de Amparo, para que surta
efectos la suspensión no debe ser
apl icable a las órdenes de
comparecencia, por las s iguientes
razones.
E l artículo 138 establece: "En
los casos en que la suspens ión sea
procedente, se concederá en forma ta l
que no impida la cont inuac ión del
procedimiento en e l asunto que haya
mot ivado e l acto rec lamado, hasta
d ictarse reso luc ión f i rme en é l ; a no ser
que la cont inuac ión de d icho
procedimiento deje i r reparablemente
consumado e l daño o per ju ic io que
pueda ocas ionarse a l quejoso.
Cuando la suspens ión se haya
concedido contra actos der ivados de
un procedimiento penal que afecten la
l ibertad personal , e l quejoso tendrá la
obl igac ión de comparecer dentro del
p lazo de tres d ías ante e l juez de la
causa o e l Min ister io Públ ico y , en caso
de no hacer lo , dejará de surt i r efectos
la suspens ión concedida."
Ahora bien, la orden de
comparecencia al igual que el auto
de sujeción a proceso, son
resoluciones que solamente
perturban la l ibertad general de los
gobernados, pues el las obl igan al
inculpado a comparecer ante el
juez instructor, comparecer
periódicamente y no sal ir de su
jurisdicción. Por el contrario, la
orden de aprehensión tiene como
objetivo restringir la l ibertad
general y además privar de la
l ibertad personal a l gobernado,
entendiéndose esta últ ima, como la
Sección Científica
50
detención de una persona
f ís icamente.
Lo anterior se puede deducir
del texto de la s iguiente tesis por
contradicción:
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la
Federación, Parte: VI I I -Agosto.
Tesis : 1a./J . 4/91
Página: 64
"AUTO DE SUJEC IÓN A PROCESO, NO ES
NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE
APELACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL
AMPARO QUE SE INTERPONE EN SU
CONTRA. - A las excepciones a l pr inc ip io
de def in it iv idad específ icamente
prev istas por e l art ícu lo 73 , f racc ión
X I I , de la Ley de Amparo, cons istentes
en que no ex iste obl igac ión de agotar
recursos , dentro del procedimiento,
t ratándose de terceros extraños y de
actos que importen pel igro de
pr ivac ión de la v ida, deportac ión o
dest ierro o de cualquiera de los
prohib idos por e l art ícu lo 22 de la
Const i tuc ión de la Repúbl ica , debe
añadirse la d iversa excepción que se
desprende de la f racc ión X I I de l
art ícu lo 107 de la Carta Magna
reproducida, en esencia , en e l art ícu lo
37 de la Ley de Amparo en e l sent ido de
que " la v io lac ión de las garant ías de los
art ícu los 16, en mater ia penal , 19 y 20
se rec lamará ante e l super ior de l
t r ibunal que la cometa o ante e l juez
de d istr i to que corresponda" , pues
resulta c laro que tampoco en esos
casos se ex ige e l agotamiento prev io
de recursos . Ahora b ien, para que
proceda e l amparo en contra de l auto
de sujec ión a proceso no es necesar io
que se agote e l recurso de apelac ión,
pues tanto ese auto como e l de formal
pr i s ión se encuentran regulados por e l
art ícu lo 19 const i tuc ional en v i rtud de
que no d i f ieren, en lo esencia l , uno del
otro, ya que ambos const i tuyen la base
del proceso, que no puede seguirse
s ino por e l de l i to o del i tos en e l los
señalados , y no pueden pronunciarse s i
no ex isten e lementos suf ic ientes para
comprobar e l cuerpo del de l i to y para
hacer probable la responsabi l idad del
inculpado. La única d i ferencia
ex istente entre ambas determinac iones
radica, en que e l auto de su jec ión a
proceso no restr inge la l ibertad s ino
só lo la perturba a l obl igar a l procesado
a comparecer per iódicamente ante e l
juez instructor y a no sa l i r de su
jur i sd icc ión terr i tor ia l s i no es con su
autor izac ión. Independientemente de
e l lo , la excepción a l pr inc ip io de
def in it iv idad prev ista por la f racc ión X I I
de l art ícu lo 107 de la Norma
Fundamental , no supedita su
procedencia a l hecho de que e l acto
rec lamado afecte la l ibertad del
quejoso, s ino que la hace depender de
la v io lac ión de cualquiera de las
garant ías tute ladas por los art ícu los 16,
en mater ia penal , 19 y 20 de la propia
Const i tuc ión."
De tal manera, que si el
segundo párrafo del artículo 138
citado, establece la medida para los
actos derivados de un proceso
penal que afecten la l ibertad
personal , quiere decir que se
refiere a aquel los actos judiciales
Sección Científica
51
por los cuales se ordena la
detención de una persona, por el
sólo hecho de referirse a la
" l ibertad personal" , mas no
s implemente a la " l ibertad"
( l ibertad general ) .
Por otra parte, debemos
atender al primer párrafo del
artículo 138 en su últ ima parte, que
textualmente dice: "A no ser que la
cont inuación de d icho procedimiento
deje i r reparablemente consumado e l
daño o per ju ic io que pueda ocas ionarse
a l quejoso" .
E l objeto de la orden de
aprehensión no sólo es sujetar al
inculpado a un proceso penal , s ino
además, que sea privado de su
l ibertad; s in embargo, el objeto de
la orden de comparecencia es sólo
sujetarlo al proceso penal . De tal
manera que entratándose de la
orden de aprehensión en del itos no
graves, no se dejarían
irreparablemente consumadas las
garantías violadas, porque
conforme a la ley, el efecto de la
suspensión es que no se le detenga,
en cambio, s í se dejarían
irreparablemente consumadas las
garantías que genera la orden de
comparecencia, a l obl igar al
inculpado a presentarse a iniciar el
proceso; por tanto, este últ imo es
el caso de excepción señalado en la
últ ima parte del primer párrafo del
mencionado artículo 138.
En la exposición de motivos
de las reformas de 1994,
concretamente al artículo 136 de la
Ley de Amparo, se establece: "Se
propone las s iguientes reformas:… Al
art ícu lo 136, para a justar lo a las nuevas
d ispos ic iones del párrafo sépt imo del
art ícu lo 16 Const ituc ional y de l párrafo
pr imero de la f racc ión I de l art ícu lo 20
de la propia Const i tuc ión, as í como
para dar le mayor efect iv idad a la
suspens ión provis ional en amparos
penales indirectos" .
E l párrafo séptimo del
artículo 16 Constitucional se refiere
a la retención por parte del
Ministerio Público, en los casos de
f lagrancia y urgencia, es decir , a la
privación de la l ibertad personal , a l
decir : "…Ningún indic iado podrá ser
retenido por e l Min ister io Públ ico por
más de cuarenta y ocho horas , p lazo en
que deberá ordenarse su l ibertad o
ponérse le a d ispos ic ión de la autor idad
judic ia l ; este p lazo podrá dupl icarse en
aquel los casos que la ley prevea como
del incuencia organizada. Todo abuso a
lo anter iormente d ispuesto será
sanc ionado por la ley penal . "
Por últ imo, en la exposición
de motivos de la reforma de 1998,
a l artículo 138 citado, se dice
textualmente "…de esta manera se
ev itará que los inculpados, hac iendo
uso abus ivo de la suspens ión, se
Sección Científica
52
sustra igan a la acc ión de la just ic ia…" ,
por lo que considero que dicha
reforma va encaminada
exclusivamente a los del itos con
pena privativa de l ibertad, mas no
en aquel los casos de del itos
intrascendentes en los que ni
s iquiera tendrán como
consecuencia una privación de la
l ibertad personal .
En consecuencia, no debe
decretarse la medida entratándose
de la orden de comparecencia,
cuando sea l ibrada por del ito que
sea castigado con pena no privativa
de l ibertad o alternativa.
S in embargo, en mi concepto
no sería el caso de la orden de
presentación, prevista en el
artículo 135 del Código Federal de
Procedimientos Penales, puesto
que la penal idad es privativa de la
l ibertad; se afectaría el orden
público al considerar que el
indiciado se acogió al beneficio de
la l ibertad provis ional bajo caución
y fue constreñido a que se
presentara ante el juez de la causa
cuando éste le citara, de lo
contrario éste ordenará su
aprehensión. En este caso de no
apl icarse la medida del 138,
segundo párrafo, sería obstacul izar
un procedimiento al cual el
indiciado, que cometió un del ito
con pena privativa de l ibertad, ya
se sometió, y así se alteraría el
orden público. De tal manera que
en mi criterio, en la orden de
presentación deberá seguirse el
mismo tratamiento que para el caso
de la orden de aprehensión se da al
momento de decretar la
suspensión.
De apl icarse la medida en la
orden de comparecencia, sería
ineficaz la suspensión e incluso
propiamente el Juez Federal estaría
ordenando la comparecencia del
gobernado, cuando precisamente
es de lo que se está dol iendo el
quejoso en el juicio de garantías.
No es obstáculo lo dispuesto
en el artículo 158 del Código
Federal de Procedimientos Penales,
que a la letra dice: "S i contra una
orden de aprehens ión no e jecutada o
de comparecencia para preparator ia , se
concede la suspens ión def in it iva por
haber pedido amparo e l inculpado, e l
t r ibunal que l ibró d icha orden
procederá desde luego a so l ic i tar de l
que concedió la suspens ión que lo haga
comparecer a su presencia dentro de
tres d ías , para que r inda su dec larac ión
preparator ia y para los demás efectos
del procedimiento."
Lo anterior en virtud de que
dicha norma en todo caso obl iga al
juez de amparo que lo haga
comparecer; pero no obl iga aquél a
Sección Científica
53
que lo haga. Además el artículo 107,
fracción X Constitucional establece,
que el juez tomará en cuenta al
conceder la suspensión " la
natura leza de la v io lac ión a legada, la
d i f icu ltad de reparac ión de los daños y
per ju ic ios que pueda sufr i r e l
agrav iado con su e jecución."
Por tanto, el efecto de la
suspensión no debe ser conforme al
primer párrafo del artículo 136 de
la Ley de Amparo que dice: "…Si e l
acto rec lamado afecta la l ibertad
personal , la suspens ión só lo producirá
e l efecto de que e l quejoso quede a
d ispos ic ión del juez de D istr i to
únicamente en cuanto a e l la se ref iera ,
quedando a d ispos ic ión de la autor idad
que deba juzgar lo , cuando e l acto
emane de un procedimiento del orden
penal por lo que hace a la cont inuación
de éste." ; lo anterior, en virtud de
que la orden de comparecencia no
afecta directamente la l ibertad
personal o f ís ica.
S in que sea apl icable la tesis
de jurisprudencia por contradicción
número 37/95, de la Primera Sala,
vis ible en la página 196, del Tomo
I I I , Febrero de 1996, del Semanario
Judicial de la Federación y su
Gaceta, bajo el tenor s iguiente:
"ORDEN DE COMPARECENCIA . DEBE
ESTUDIARSE SU CONST ITUC IONAL IDAD AÚN
CUANDO EL QUEJOSO LA DES IGNE
ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE
APREHENSIÓN. - E l hecho de que e l
pet ic ionar io de garant ías haya
señalado como acto rec lamado una
orden de aprehens ión y de l informe
just i f icado se desprenda la ex istencia
de una orden de comparecencia , no es
obstáculo para examinar la
const i tuc ional idad de esta ú lt ima bajo
e l argumento de que e l acto
impugnado no es c ierto en la forma
expuesta por e l quejoso, e l lo en
atención de que aun cuando la orden
de aprehens ión y la de comparecencia
técnicamente t ienen sus d i ferencias ,
de hecho son actos de idént ico
contenido sustancia l s i se t iene en
cuenta que: a ) . - Ambas son so l ic i tadas
por e l Min ister io Públ ico, b ) . - Las dos
son l ibradas por un Juez, c ) . - Para su
emis ión es necesar io que ex istan datos
que acrediten los e lementos que
integran e l t ipo penal y la probable
responsabi l idad del ind ic iado, d ) . -
T ienen como objet ivo hacer
comparecer a l acusado ante la
autor idad judic ia l a f in de que le sea
tomada su dec larac ión preparator ia ; y
s i b ien en la orden de aprehens ión
ex iste una tota l pr ivac ión de la l ibertad
y en la de comparecencia tan só lo
c ierta l imitac ión, no menos c ierto es
que en menor o mayor grado, ambos
actos restr ingen la l ibertad personal , lo
cual puede conducir a l error en la
denominación exacta del acto
rec lamado. Por e l lo , e l juzgador , debe
anal izar todos los datos que se
desprendan del ju ic io de amparo y que
s i rvan para obtener una completa
interpretac ión de la vo luntad del
quejoso y examinar la
const i tuc ional idad del acto que
aparezca probado, s in su jetarse a l
r igor ismo de que prec isa y so lamente
Sección Científica
54
sea tomando como acto rec lamado e l
que como ta l se haya expresado en e l
capítu lo espec ia l de la demanda. Lo
anter ior en modo a lguno s ignif ica
supl i r la def ic ienc ia de la queja o
integrar la acc ión que intente e l
gobernado; s ino únicamente
concatenar la información con que se
cuenta, a f in de reso lver la cuest ión
efect ivamente p lanteada" . Lo
anterior, en virtud de que de un
anál is is teleológico de dicha
jurisprudencia, debe decirse que se
trata de la suplencia de la
deficiencia de la queja y no se
refiere propiamente de la
restricción de la l ibertad personal ,
de ahí que no sea apl icable.
d) Conclusión.
La suspensión del acto
reclamado, en tratándose de la
orden de comparecencia (pena no
privativa de l ibertad o alternativa) ,
se deberá conceder para el efecto
de que las cosas se mantengan en
el estado que guardan para
preservar la materia del amparo y
no para que no se ejecute,
apl icando la medida del segundo
párrafo del artículo 138 de la Ley
de Amparo, mismo que deberá
desaparecer por ir en contra de los
f ines del amparo, o bien
reformarse para que la medida sea
discrecional , según el caso.
B I B L I O G R A F Í A
BURGOA Or ihue la , Ignac io . Ju ic io de
Amparo . México , Ed . Por rúa , 1988 .
FIX-ZAMUDIO, Héc tor . El Ju ic io de
Amparo . México , Ed . Por rúa , 1964 .
Ley de Amparo .
Cons t i tuc ión Pol í t i ca de los Es tados Unidos
Mex icanos .
Disco óp t ico IUS 2000 de Jur i sprudenc ia de
la Suprema Cor te de Jus t i c ia de la Nac ión .
Sección Científica
Lic
Mag
la
por
pre
int
jurí
Mag
Héc
las
pre
eve
per
fam
esc
ma
est
enc
en
de
ma
con
día
la l
Violencia Intrafamiliar. Un punto de vista jurídico.
55
. Héctor Manuel Altamirano Dueñas.
i s trado de la Sa la C iv i l .
En el Congreso Estatal contra
violencia a la Mujer organizado
el s istema estatal DIF se
sentó la ponencia “Violencia
rafamil iar. Un punto de vista
dico”, elaborada por el
istrado de la Sala Civi l L ic .
tor Manuel Altamirano Dueñas.
A continuación se presentan
conclusiones del trabajo
sentado a los asistentes del
nto.
La cultura de la violencia ha
meado el interior del seno
i l iar y la esfera del ámbito
olar. Es un problema de tal
gnitud que se dice que no existe
rato social en que no se
uentre presente ni persona que
alguna ocasión haya s ido víctima
el la.
Tradicionalmente el sexo
scul ino ha dominado y
trolado al femenino, aún hoy en
, no obstante los postulados de
iberación de la mujer, existe una
evidente violencia en contra de
el la, en muchos sentidos, como el
f ís ico, psicológico, sexual , moral e
incluso f inanciero.
S iendo la famil ia el núcleo
básico de la sociedad y el espacio
en el que todos encontramos el
sustento para el desarrol lo
individual , no podemos permitir
que se atente contra su existencia,
s ino más bien, protegerla para
beneficio de sus miembros y de
toda la comunidad.
Desde el punto de vista
dogmático la violencia que debe
ser cal if icada como intrafamil iar y
no como famil iar por darse al
interior de la famil ia y no de esta
hacia fuera, se puede definir como
la acción u omisión intencional que
pretende causar un daño total o
parcial a bienes jurídicamente
protegidos en el entorno famil iar.
Para el Banco Interamericano
de Desarrol lo el fenómeno incide
Sección Científica
56
signif icativamente en la economía
de las regiones, por la pérdida de
los días laborables y los altos costos
en s istema de salud, aparatos
pol iciales y régimen judicial .
Existen muchas condiciones
que faci l itan su aparición como la
imitación de conductas, ejercer la
autoridad en forma arbitraria, falta
de comunicación, vicios como el
a lcoholismo y la drogadicción; s in
embargo se puede prevenir,
buscando armonía al interior del
núcleo famil iar como trasmitir
valores morales entre padres e
hi jos, el diálogo oportuno,
denunciar el maltrato, conservar la
calma antes de actuar
violentamente, en últ ima instancia
buscar ayuda especial izada.
La violencia en la famil ia
incide en el campo de los derechos
humanos, los cuales son más
amplios que los que contempla la
Constitución como garantías
individuales, y existen aquel los
como derechos naturales
preexistentes.
La esencia del origen de toda
la mecánica del ictiva y no sólo la
anal izada, se encuentra en la
angustia del ser humano por lograr
poder y reconocimiento, en
satisfacer apetitos y necesidades,
aunado a su incapacidad de
tolerancia con lo que pone en
pel igro a otro, con quien adquiere
una relación vinculante destructiva.
Se identif ican cuatro factores
predominantes: La desigualdad
económica entre hombres y
mujeres; el uso de la violencia f ís ica
para resolver confl ictos; la
tradicional autoridad mascul ina; y
la dif íci l toma de decis ión para la
mujer y dejar el seno de la famil ia.
La violencia intrafamil iar
incide determinantemente en el
a lto número de menores en los
centros tutelares, la gran mayoría
de los niños de la cal le declaran,
que en sus hogares reinaba la
violencia entre sus padres. La
influencia de una famil ia desunida
es evidente en el desarrol lo de la
del incuencia de menores.
Uno de los objetivos
primordiales de los organismos
internacionales, nacidos a la vida
jurídica para lograr una vida
armónica entre todos los seres
humanos, ha s ido el de establecer
medidas legales para proteger a las
Sección Científica
57
mujeres y a los menores de la
violación sistemática de sus
derechos, y, por lo tanto luchar
contra la discriminación y la
violencia intrafamil iar.
Entre los principales tratados
suscritos al efecto y que cuentan
con fuerza jurídica obl igatoria para
todos los Estados miembros, se
pueden mencionar: La Carta de las
Naciones Unidas; La Declaración
Universal de los Derechos Humanos;
Convención sobre los Derechos
Pol ít icos de la Mujer; Declaración
de los Derechos del Niño;
Convención Americana Sobre
Derechos Humanos; Reglas Mínimas
de las Naciones Unidas para la
Administración de Justicia de
Menores (Reglas de Bei j ing) ;
Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer,
“Convención de Belén Do Para
Brasi l ” , entre otros.
Los tratados internacionales
celebrados y que se celebren por el
Presidente de la República, con la
aprobación del Senado, t ienen la
misma relevancia jurídica que la
propia ley suprema y deben ser
observados según lo establece el
artículo 133 de nuestra
Constitución.
E l tratamiento que la
legis lación nacional da a la
violencia doméstica no es uniforme
ni general izado, ya que existen
Estados que aún no penal izan el
caso concreto y aún cuando existen
argumentos a favor y en contra de
el lo, a estas fechas es un
imperativo de suma urgencia, el
que las legis laturas locales atiendan
esta problemática.
La t ipif icación de la violencia
doméstica, s ignif ica que se apl icará
el Derecho Penal a actos de esa
naturaleza a f in de proteger a la
víctima, castigar al agresor y
disuadir le para que no uti l ice la
violencia contra su famil iar.
S iendo el Derecho Penal la
últ ima ratio, es decir , la últ ima
instancia a que se recurre para
evitar el del ito, cuando no
consigue su objetivo principal que
es prevenir al del incuente,
entonces será necesario apl icarlo
con todo el r igor, porque está en
juego la sobrevivencia de las
instituciones.
E l artículo tercero de nuestra
Constitución consagra la igualdad
Sección Científica
58
jurídica entre la mujer y el varón, la
protección legal a la famil ia en su
organización y desarrol lo y el
deber de los padres a educar y
satisfacer las necesidades de sus
hi jos.
Como uno de los más recientes
Códigos Penales que mejor
estructuran la prevención y sanción
de la problemática lo constituye el
del Distrito Federal , el cual t iene
escasos meses de vigencia y por su
importancia resulta pertinente
resaltar que en él se evita hacer
descripciones de las conductas
del ictivas, ya que esto ha generado
confusión y apl icación
distorsionada de la norma y por lo
tanto, no se describe la conducta
s ino que se va directamente a la
penal idad de la acción u omisión
que se contempla como i l íc ito. No
obstante s i se establecen
claramente todos los elementos
que las leyes relativas señalan en
las descripciones t ípicas del evento
del ictuoso, se el imina el requisito
del acto habitual o repetit ivo, lo
que era un lastre por la casi
imposibi l idad para su
demostración. La educación del
menor no es justif icación para el
maltrato. Se incluyen
novedosamente como posibles
ofendidos aquel las personas que
tienen una convivencia diaria y
permanente con el autor de la
agresión. Ya no se menciona como
lugar específ ico de la comisión el
domici l io famil iar.
En cuanto a la Ley de
Asistencia y Prevención de la
Violencia Intrafamil iar en el Distrito
Federal puede decirse, que es un
disposit ivo legal de carácter
administrativo y a ese nivel se
apl ican las sanciones a quienes la
transgreden, con el la se trata de
evitar tener que l legar al ámbito
judicial . Por primera vez se definen
los conceptos: “Generadores de
Violencia Intrafamil iar, “Receptores
de Violencia Intrafamil iar” ,
“Maltrato Fís ico, Psicoemocional ,
Sexual” .
E l acto u omisión reiterada
que mencionan la casi total idad de
las leyes anal izadas, resulta ser un
requisito insalvable para la
t ipif icación del acto es decir
imposible de comprobar, porque en
su redacción no se especif ica el
período de t iempo que deberá
exist ir entre un evento y otro, ni
tampoco se señala cuantos actos
son necesarios para la integración
del t ipo, esto desde mi punto de
vista ha impedido la procedencia
Sección Científica
59
de la integración de la averiguación
previa para estar en condiciones de
ejercitar la acción penal , además un
solo acto puede tipif icar la
violencia, s i se reúnen los demás
requisitos del t ipo. Debe derogarse.
En Jal isco la Ley de Prevención
y Atención a la Violencia
Intrafamil iar nació de un
procedimiento histórico a nivel
nacional y lo fue por iniciativa
popular, la primera en la historia,
con base en lo establecido en el
artículo 28 fracción V de la
Constitución Pol ít ica del Estado, se
estableció un Libro Sexto dentro
del Código de Asistencia Social que
se denominó “De la Prevención y
Atención de la Violencia
Intrafamil iar” .
De la redacción de los artículos
que la componen se deduce que ya
no será necesario un acto
reiterativo; también se incorpora
como posible ofendido aquel la
persona que sin ser famil iar habite
el domici l io del agresor, por
haberse incorporado
permanentemente o tenga una
relación por custodia o cuidado con
dicha persona.
Las reformas que se derivaron
de esta ley a los Códigos Civi l y
Penal del Estado, no son desde mi
punto de vista acertadas ni
suficientes como se verá en el
apartado de la propuesta que se
hace enseguida.
E l incremento de las penas
como posible solución no resuelve
el problema, paradójicamente lo
aumenta.
Un pi lar fundamental para la
prevención lo deberá ser la famil ia.
La cultura de la legal idad será
posible, s i se inculca en el seno
famil iar y escolar. Este criterio es
vál ido para toda la problemática
derivada del incremento de la
criminal idad.
Otros factores coadyuvantes lo
serán, la difusión de información
para que la población tenga
conocimiento de cómo se
manifiesta el fenómeno y luego
cómo se puede prevenir y
sancionar. La coordinación entre
instancias afines, para integrarse a
una sola estrategia común.
Establecer agencias del Ministerio
Público especial izadas para atender
con agi l idad y profesional ismo los
Sección Científica
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casos que se presenten, y legis lar
para que la violencia doméstica sea
perseguida de oficio y no a
instancia de parte ofendida como
ahora. Promover la cultura de la
denuncia convenciendo a la
población de que es mejor
denunciar que correr el r iesgo de
una agresión repetit iva.
Como el más apropiado medio
alternativo de solución se propone
a la mediación por sus
característ icas de celeridad,
informalidad y f lexibi l idad. Es el
instrumento que puede lograr un
equi l ibrio en la reconstrucción de
un confl icto doméstico, en él se
reconoce la posición de la otra
parte, lo que conl leva un germen
de paz, tolerancia y concordia.
Requiere s imetría entre las partes
para conci l iar metas comunes.
En los casos en que ya hubo
del itos o violaciones a los derechos
humanos, no cabe emplear ningún
medio alternativo, aquí se deberá
proceder conforme a la ley, y
existen ya condiciones que no se
pueden negociar.
E l arbitraje constituye en sí un
control formal, la solución no es ya
competencia de las partes, la
resolución la determina un tercero
que hace las veces de Juez que
celebra un juicio de equidad en el
que se l lega a un convenio judicial .
Este medio es muy crit icado porque
impide a las partes reapropiarse de
su propio confl icto.
