Contribuciones para los dispositivos de intervención con ...capacitasalud.com/wp-content/uploads/2015/06/final1.pdfContribuciones para los dispositivos de intervención con las infancias

Proyecto cofinanciado por la Unión Europea

Contribuciones para los dispositivos de intervención con las infancias

Contribuciones para los dispositivos de intervención con las infancias Distrito Oeste, Ciudad de Rosario

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Intendenta MunicipalDra. Mónica Fein

Secretaria de Promoción SocialLic. Cecilia González

Subsecretario de Acción SocialSr. José María Catena

Directora General de Infancias y FamiliasLic. Alejandra Subirá

Coordinadoras del proyectoLic. Andrea Martínez Dorr | Ps. Paola Cocconi | Lic. Paula Durán

Asistentes técnicasPs. María Florencia Spinelli | CPN Mónica Gaibazzi

Subsecretario Provincial de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y FamiliaDr. Cristian Allende

Director Provincial de Promoción de los Derechos de Niñez, Adolescencia y FamiliaLic. Lautaro D’Anna

Universidad Nacional de RosarioFacultad de Ciencia Política y RRIIEscuela de Trabajo SocialNúcleos de Asistencia e InfanciasLic. Silvina L. FernándezLic. Sandra F. RipollMg. Ignacio Castro RojasMg. José María Alberdi

Contribuciones para los dispositivos de intervención con las infanciasDistrito Oeste, Ciudad de Rosario

5 Palabras preliminares

6 Introducción

16 Metodología, enfoques ydefiniciones

21 Principales contribuciones del Diag-nóstico Participativo. Núcleos proble-máticos y principales líneas de trabajo

31 Luces y sombras de la vigencia del principio de corresponsabilidad. Breve análisis de coyuntura

52 Principales áreas de interés y reco-mendaciones

63 Anexos

114 Talleres sobre derechos de niños y niñas con Centros Comunitarios y Org-nizaciones Sociales del Distrito Oeste

116 Reflexiones finales del proyecto A la altura de los chicos

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El Proyecto A la altura de los chicos, cofinanciado por la Unión Europea tiene por objetivo favorecer el fortale-cimiento de las capacidades locales para el desarrollo de acciones que faciliten y garanticen a los niños/as y adolescentes del Distrito Oeste de la Ciudad de Rosario el acceso a los derechos de los cuales son titulares.En esta publicación se presentan los resultados de la tercera y última etapa, que consistió en el fortalecimien-to de los dispositivos de intervención en red para el desa-rrollo de acciones integradas e integrales en materia de infancia en el Distrito Oeste. Esta actividad fue gestiona-da en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe, y se seleccionó a la Escuela de Trabajo Social y sus Núcleos de Asistencia e Infancias de la Universidad Nacional de Rosario para desarrollar las acciones de esta etapa del proyecto.A partir de una evaluación de las dos etapas anterio-res y del trabajo conjunto entre el equipo de profesio-nales a cargo del proyecto A la altura de los chicos y la UNR, se diseñó el plan de trabajo para la tercera eta-pa. El objetivo general propuesto consistió en elaborar acuerdos entre los actores del Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe, tendientes a favorecer una dinámica de trabajo que apunte a hacer efectivo el ejercicio de los derechos consagrados en la Ley Provincial N° 12967.

Palabras preliminares

Los objetivos se llevaron a cabo a través del desarro-llo de talleres con los responsables del Municipio, de la Provincia y Aldeas Infantiles SOS Argentina, todos ellos involucrtados en las diferentes temáticas relati-vas al Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.El propósito de las recomendaciones presentadas a continuación es contribuir a la construcción de infor-mación pública fidedigna, cuali y cuantitativa, sobre la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Distrito Oeste del Municipio de Rosario, y recono-cer los recursos disponibles en cada organismo del Sis-tema de Promoción y Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe, permitiendo que en la planificación de las políticas se evalúen las necesidades de incorporación de nuevos recursos y/o reestructuración de los ya existentes.

Dirección General de Infancias y FamiliasLic. Alejandra Subirá

Coordinación del proyectoLic. Andrea Martínez Dorr

Ps. Paola CocconiLic. Paula Durán

Asistencia técnicaPs. María Florencia Spinelli


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Introducción

En el marco del desarrollo del proyecto “A la altura de los Chicos” cofinanciado por la Unión Europea, se presentan los resultados de la tercer etapa desa-rrollada durante los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre últimos. El mismo consistió en formular alternativas de trabajo que permitan fortalecer dispo-sitivos de intervención en red con el objetivo de ge-nerar formas cooperativas de gestión intersectorial en sintonía con los contenidos de la ley provincial 12.967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.Esta tercera etapa fue sostenida a partir de un Conve-nio de Actividades específicas con la con la Facultad de Ciencia Política de la UNR y la Carrera de Trabajo Social a través de los núcleos de Infancia y Asistencia. Los mismos se responsabilizaron del diseño y coor-dinación de Encuentros-Talleres con los responsables del Municipio, de la Provincia y de Aldeas Infantiles SOS Argentina, instituciones con incumbencia en las diferentes temáticas relativas al Sistema de Promo-ción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objeto de llevar adelante tres tareas principales:- El análisis de los nudos problemáticos identificados en la Segunda Etapa del Proyecto denominada: Diag-nóstico Participativo.- La evaluación de los protocolos de actuación y los

acuerdos actualmente vigentes y en funcionamiento.- La elaboración de acuerdos de trabajo .

Los resultados obtenidos por esta Tercer Etapa, de-muestran de manera inequívoca la necesidad del fortalecimiento de lo intersectorial, ya que analizar y brindar recomendaciones respecto de políticas de atención a la infancia del Distrito Oeste y su derecho a la “ciudad”, es centralmente diferente a discutir po-líticas sectoriales. Por lo tanto, se trata de tomar en cuenta las políticas que refieren a la situación de los niños, niñas y adolescentes considerados integral-mente, lo que exige un análisis que contemple los distintos sectores de la administración pública, como educación, salud, deporte, cultura, trabajo y asistencia social.En este sentido, el análisis de las concepciones y ac-ciones de los entes gubernamentales nacionales, pro-vinciales y municipales implica no apenas el estudio de los múltiples frentes de la política que incluyen a los más chicos como beneficiarios, sino también la co-rrelación de fuerzas en que se incluye la defensa del Sistema de Protección Integral frente a una coyun-tura en que las fórmulas y las prácticas económicas, culturales y políticas del “Patronato” se resisten a ser parte del pasado. Con ello nos referimos en especial a la criminalización de la infancia “impopular” de los

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sectores populares con nuevas formas de supervisión higienista de los pobres donde sus “disfunciones” fa-miliares y sus “vulnerabilidades” parecerían ser atri-butos ontológicos de este segmento poblacional. Por lo tanto, el balance y la construcción de recomen-daciones para el fortalecimiento de un Estado de De-recho para el caso de la Infancia, supone el desafío de construir formas de gestión y evaluación de los servi-cios públicos consonante con las tendencias contem-poráneas de derechos y que -fundamentalmente- eche raíces en las necesidades e intereses de las familias y comunidades excluidas. Asimismo, es importante reco-nocer que llevar adelante los contenidos principales de la ley, conlleva enfrentar a una sociedad local y nacio-nal plena de problemas y contradicciones que de hecho viene resistiendo no sólo las dificultades de su traduc-ción como política pública, sino también las diferentes agresiones de algunos segmentos conservadores- den-tro y fuera de lo público estatal y no estatal- que no consideran a las niñas, niños y adolescentes como su-jetos de derechos y tratan de desviar permanentemente recursos hacia modalidades de penalización en la que la misma sociedad se refugia como forma de respuesta principal a la nueva cuestión social.Cabe recordar que la ley y el Sistema de Protección Integral son una herramienta conquistada en forma conjunta por legisladores, trabajadores, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos y que, en muchos puntos, es una legislación de vanguardia, en tanto viene al frente de la sociedad y del Estado,

develando caminos, apuntando rumbos, creando con-diciones para la construcción de una utopía, una cul-tura de la protección, defensa y garantía del derecho a tener derechos para el caso de la Infancia.Por los límites de este trabajo no vamos a agotar los múltiples focos de acción identificados en el diagnós-tico participativo sobre la Situación de Infancias en el Distrito Oeste, sino que vamos a jerarquizar los prin-cipales, teniendo particularmente en cuenta nuestra tarea en este convenio, contribuir al fortalecimiento de la nueva institucionalidad que exige la ley y gene-rar condiciones para la construcción de compromisos por parte de las principales autoridades del campo de la infancia. Como nos enseñaba Carlos Matus hace ya mucho tiempo: “...el Estado tiene Áreas, la Universi-dad tiene Departamentos, la gente tiene problemas...” (1998:33).

Derechos del Niño, Vulnerabilidad y Riesgo. Elementos para su problema-tización

El análisis de las intervenciones públicas hacia niños, niñas y adolescentes ha sido siempre una forma de com-prender las mutaciones societales y los rasgos singula-res de cada época histórica. La modalidad que adquiere el proceso de socialización es central para la explicación de la estabilidad de la vida social. En este sentido las ins-tituciones creadas para ello condensan un orden simbó-


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lico y forman un tipo de sujeto ligado a este orden (Dubet, 2007). Así las nuevas legislaciones sobre la Promoción y Protección de los Derechos de los infantes configuran las relaciones deseadas entre los adultos y los menores de edad, en ellas se sancionan las formas legítimas y sobre la base de sus textos se negocian los sentidos atribuidos a las funciones institucionales que se diseñan para pro-teger, garantizar y/o restituir los derechos. Desde la sanción de la Convención de los Derechos de los Niños 1989, múltiples indagaciones históricas y producciones teóricas han dado lugar a problematizar los entramados institucionales que han recorrido los niños y niñas pobres a partir de las decisiones de agen-tes gubernamentales y filantrópicos sobre sus destinos vitales. Esta problematización permitió dar visibilidad a los intereses corporativos1 que dieron como resul-tado la negación del acceso al estado de derecho y a las mínimas garantías constitucionales en los procedi-mientos tanto administrativos como judiciales. Al mis-mo tiempo la defensa y la lucha por el reconocimiento de los derechos de la infancia fue plasmando una serie de tópicos que se condensaron en los postulados de la

des-judicialización de la pobreza, la des-institucionali-zación de niños y niñas, la vigencia del estatuto de suje-tos de derechos en contraposición a la cosificación y es-tigmatización de los llamados menores (Villalta, 2010). Así, la protección integral se configuró como horizonte superador a la intervención fundada en la irregulari-dad de determinadas situaciones familiares de niños y niñas que se alejaban del modelo familiar normaliza-do. A su vez, intentó ir en contra de la gestión de una “crueldad bondadosa” en el sistema de justicia que pri-vó y priva de la libertad a adolescentes y hasta a niños como forma de protección y llegó a condenar a cadena perpetua a personas menores de 18 años.2

Sin embargo, este proceso no ha podido profundizar un debate que ponga en el centro de la escena las construcciones semánticas y las formas que adquie-ren los circuitos institucionales que pretenden plas-mar la Convención en políticas públicas. Es preciso marcar como plantean Fonseca Claudia y Cardarello Andrea (2005) que los derechos humanos en su ver-sión abstracta y descontextualizada poco significan. A su vez la apelación de la protección de derechos vul-

1 Entre los trabajos que profundizaron estos argumentos pueden consultarse: Platt, A. M. (1988). Los salvadores del nino: o la invención de la delin-

cuencia. México, Siglo XXI. Costa, M; Gagliano, R (2000). Las infancias de la minoridad. En Cardarelli, G; Duschatzky, S (comp.) Tutelados y Asistidos.

Buenos Aires. Paidós. García Méndez, E. (1994). Derecho de la infancia-adolescencia en America Latina: de la situación irregular a la protección

integral. Santa Fe de Bogotá. Forum Pacis. Gomez de Costa, A (1992) Del menor al ciudadano-nino y al ciudadano-adolescente. En AAVV, Del revés

al derecho. La condición jurídica de la infancia en América Latina. Bases para una reforma legislativa. UNICEF/UNICRI/ILANUD.Buenos Aires. Ed.

Galerna. Beloff, M (2004) Los derechos del nino en el sistema interamericano. Buenos Aires. Editores del Puerto. Guemureman, S; Daroqui, A (2001)

La ninez ajusticiada, Buenos Aires. Editores del Puerto. De las mismas autoras “Los menores de ayer, de hoy y de siempre: un recorrido histórico

desde una perspectiva crítica”, Delito y Sociedad, Nº13, Buenos Aires. Pp. 35-69.

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nerados de una infancia absoluta e idealizada en los contextos de nuestros países latinoamericanos corre el riesgo no sólo de reforzar los mecanismos de ex-clusión sino de obturar o negar toda “aprehensión de alteridad”. Con esta expresión queremos remarcar las desigualdades sociales, económicas y culturales de los niños, niñas y adolescentes de nuestra cuidad. Por lo tanto, es importante remarcar dos ejes de aná-lisis que deben ser discutidos en la elaboración de las políticas. Por un lado los derechos de la infancia como protecciones debidas; por el otro la formulación de po-líticas, planes y programas de protección de derechos y las medidas de protección de derechos que las leyes nacional y provincial (Ley 26061 Art. 33 y Ley 12967 Art. 50) establecen como medios para el logro de los obje-tivos del Sistema de Protección Integral de Derechos.

Los derechos de niños, niñas y adoles-centes como protecciones debidas

El reconocimiento de derechos específicos a los menores de edad tuvo lugar a partir del proceso de individualiza-ción del niño (Gélis, 1990) en las dinámicas intrafamilia-

res y la constitución de espacios diferenciados para su desarrollo y aprendizaje como fue privilegiadamente la invención de la escuela. La cuestión infantil materiali-zada en la utilización de mano de obra de niños y ni-ñas durante el proceso de industrialización y las guerras mundiales dieron lugar en el escenario internacional a la Declaración de Ginebra aprobada por la Sociedad de Naciones en 1924 en el contexto de posguerra y la De-claración de los Derechos del Niño en la Asamblea de las Naciones Unidas de 1959. Ambas manifestaciones se concentraron en ubicar las problemáticas sociales que afectaban especialmente a los más chicos, la necesidad de protecciones materiales y en muchos casos la nece-sidad de resguardo por haber quedado huérfanos. En cambio, se reconoce en la Convención sobre los Dere-chos del Niño en el año 1989 el énfasis en la titularidad de los derechos al asentar, a partir de la discusión sobre la autonomía, la necesidad de que chicas y chicos ejerzan los derechos que les fueron reconocidos. Es central en este contexto el derecho de niñas y niños (art. 12 CIDN) a ser oídos y que su palabra sea tenida en cuenta en los asuntos que los incumben, lo que se traduce en la par-ticipación de los infantes tanto en los procesos adminis-

2 Según García Méndez E, las sentencias a reclusión perpetua pone en evidencia la cara más oscura del tratamiento del conflicto social con los

adolescentes pobres que cometen delitos. A su vez la referencia a la crueldad bondadosa hace alusión a la privación de la libertad como forma de

protección a la que varios fallos de la justicia argentina argumentaron tomando como base el decreto de la dictadura Nº 22.278 de 1980 (Régimen

Penal de la Minoridad). Para ampliar la información sobre los fallos y estas lecturas ver la página de Fundación Sur http://surargentina.org.ar/noti-

cias/perpetuas-a-menores-de-la-inconstitucionalidad-a-la-crueldad-bondadosa/. También García Méndez E ( 2003) comp. Sentencias de reclusión

perpetua y prisión perpetua a personas menores de 18 anos de edad en la República Argentina. /(1997- 2003). Buenos Aires, Publicación del Colegio

de Abogados de la Capital Federal y UNICEF.


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trativos como en los judiciales. A su vez estos lineamien-tos se tradujeron en la necesidad de revertir prácticas de violación sistemática de derechos civiles y políticos como fueron la detención indiscriminada sin debido pro-ceso para los que cometían delitos y la separación de los niños y niñas de su grupo familiar por la carencia de recursos materiales de éstos últimos o por la ausencia de prestaciones de servicios específicos por parte del Estado como, por ejemplo, centros especializados para la atención de situaciones complejas o simplemente es-pacios de cuidado infantil que complementen el horario escolar para las familias que trabajan, etc. En resumen, el reconocimiento de derechos orienta los criterios de lo que un Estado no puede hacer, como así también de lo que se encuentra comprometido a realizar.Si bien los primeros lineamientos constituyen horizon-tes cardinales de las prácticas institucionales ya que poseen un sentido intergeneracional de respeto hacia los más chicos, es necesario remarcar al mismo tiempo que los segundos lineamientos ponen fuerte énfasis en los derechos conocidos como de segunda generación, que consisten en la obligatoriedad de dar progresividad al cumplimiento a los derechos económicos, sociales y culturales (art. 4 CIDN).Los derechos son las protecciones que posibilitan a los niños y niñas constituirse en adultos, miembros activos de una sociedad que se liga con relaciones de interdependencia. Al decir de Castel (2004, 2010) las protecciones civiles y las sociales son el basamento, los soportes y las condiciones de posibilidad de que

ese proceso se materialice. Las primeras son las liber-tades fundamentales y la seguridad de las personas y bienes. Las segundas son la plataforma de recursos y servicios que dotan a los individuos los medios de su independencia relativa. Es quizás indispensable remarcar que ambas protecciones, como lo señala el autor citado, no pueden pensarse por separado. Ahora bien, la lucha por esos derechos y la garantía de su efectivización por parte del Estado han sido procesos que se inscribieron en la evidencia de que los mismos estaban ausentes o eran insuficientes para asegurar las condiciones mínimas de sobrevivencia, lo que quedó reflejado en lo que se llamó el pauperismo a principios de siglo XX y la lucha obrera por hacer visibles las va-riables de las inseguridades a la que estaban expuestos quienes no tenían más que su fuerza de trabajo para vender. Así la cuestión social se reconoció a través de los riesgos de la vida activa y la ciudadanía social fue una ruptura, un intervalo en la lógica de producción de esos riesgos como la pobreza y las desigualdades propias de la contradicción inherente de la acumula-ción capitalista. Justamente los modelos de protección social fueron modos de organización del capitalismo tardío en las sociedades modernas que se basaron en un doble supuesto.El primero consistió en ubicar que la responsabilidad de protección frente a la cuestión social no era del su-jeto afectado sino del conjunto de la sociedad a través de sus instituciones, ya que tales condiciones eran con-secuencia del modo de organización social. El segundo

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radicó en que las formas que adquirirían las prestacio-nes de servicios y los recursos diseñados para prevenir y reparar las daños derivados de los riesgos sociales no podían alentar, estimular una fractura social y la se-gregación de las personas (Lo Vuolo, 2008). Si bien po-demos complejizar el análisis apuntando las formas en que se plasmaron en la Argentina estos supuestos, lo que excede los márgenes del presente trabajo, lo que queremos remarcar es que los derechos fueron inscrip-tos en colectivos protectores sobre la base de expectati-vas de ascenso social y confianza en el futuro.Sin embargo, desde mediados de la década del 70 del siglo pasado, asistimos a un proceso que corroe los dos supuestos que fundamentaron y conformaron el espa-cio híbrido3 de lo social. La implementación de las po-líticas neoliberales se alzó sobre la crítica sistemática de los modos de intervención del Estado, su grandilo-cuencia reguladora, su déficit presupuestario. En este contexto de críticas se sumaron las justificadas apre-ciaciones sobre el control y la despersonalización a la que estaban expuestos niños y niñas internados en las instituciones totales como forma de garantizar su pro-tección ante diferentes situaciones irregulares.

La desregulación y apertura del mercado, las privatiza-ciones de las Empresas Públicas y la Reforma del Esta-do fueron los resultados de la implementación de ajus-tes estructurales. El incremento de la desocupación y la aparición de heterogéneas figuras flexibilizadas de contratación, el subempleo o empleo no registrado culminó con reducir y destituir lo que muchos autores llaman la sociedad salarial y el modelo de socialización de los riesgos que ella traía aparejada. En el marco de las reformas del Estado es imprescindi-ble indicar la restructuración del aparato público admi-nistrativo y el redimensionamiento de lo local dando un papel protagónico a las ciudades en la administración de la crisis social que no tardó en ampliarse y profun-dizarse como efecto directo de la producción de pobre-za masiva. Sobre la base de estas transformaciones la regularidad discursiva hizo hincapié en la inserción y la territorialización de las políticas sociales que cambiaron radicalmente su rumbo (Castel, 2010). Las poblaciones cada vez más excedentes se volvieron foco de atención a partir de reconocer su vulnerabilidad, es decir, por te-ner algún atributo que las colocaba en lugar de mayor “riesgo social”. Si la inserción estuvo orientada a gene-

3 Con espacio híbrido de lo social nos referimos al análisis que realiza Donzelot Jacques (2007 <1984>) del surgimiento del derecho social en Fran-

cia. Para el autor la cuestión social dio paso a lo social como una forma de contrabalancear las antinomias producidas a partir de las expectativas

puestas en los derechos de soberanía constitutivos del ideal republicano. La misma consistía en la ambivalencia insostenible que permitía tanto la

definición de un poder político con carácter ilimitado como la recusación absoluta de ese poder. Así la noción de solidaridad permitió contornear

ese espacio de lo social en la intersección entre lo civil y lo político mediando entre esos dos registros allí donde antes se había pensado posible su

articulación inmediata. La técnica de procedimiento de su invención fue el derecho social y la formula de su sostenimiento la negociación entre los

grupos y los individuos.


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rar acompañamientos a los nuevos grupos en déficit de integración, la territorialización se basó en promover la participación de diferentes actores locales, tanto de ad-ministraciones estatales como de la sociedad civil, a los fines de transversalizar los lineamientos generales para la plasmación de proyectos consensuados en función de las características particulares de esos territorios. Ambas reestructuraciones se basaron en argumen-taciones con valoraciones positivas, por un lado la necesidad de romper con la distribución clientelar o automática e impersonal de la asistencia y tomar en consideración la singularidad de los beneficiarios a los fines de lograr una adecuación entre los recursos dis-ponibles y las trayectorias individuales. Y por el otro, la necesidad de un acercamiento más eficaz, eficiente y democrático por parte del Estado hacia sus ciudadanos. Sin embargo, vale repasar los estudios que dan cuenta del efecto individualizador de estas transformaciones en donde los problemas sociales son percibidos como disposiciones psíquicas de los individuos y sus fami-lias y en donde se promueve la resolución biográfica

de contradicciones que poseen alcances sistémicos.4 A su vez ese foco de atención territorializado supone lo que Sonia Alvarez Leguizamón (2008) llama reprima-rización y desocialización que consiste en jerarquizar la comunidad y el retorno a las redes de sociabilidad primarias privilegiando la protección cercana, tanto de las familias como de las organizaciones barriales, en detrimento de la institucionalidad que brindaban prestaciones públicas de servicios que contribuían de soportes a la reproducción social.Estas aseveraciones no descartan el análisis de otros tipos de protecciones que han venido instrumentándo-se a partir de las críticas a las políticas neoliberales. Las mismas se tornan centrales en la discusión sobre la construcción de un nuevo Estado de bienestar en la Argentina. Algunas autoras denominan este proceso como contrareforma5 (Danani, Hintze 2010) ya que se basaron en un viraje discursivo aludiendo a las garan-tías que el Estado debe otorgar a las prestaciones so-ciales e inscribiendo sus intervenciones en la historia de la seguridad social en detrimento de las áreas ne-

4 En el sentido de estas argumentaciones pueden consultarse los trabajos clásicos de Beck, Ulrich y Beck-Gernsheim, Elisabeth. La Individualización:

El Individualismo Institucionalizado y sus Consecuencias Sociales y Políticas. Barcelona: Paidós, 2003. Mitjavila, Myriam. “El riesgo como instrumen-

to de individualización social” en El conflicto social y político: grados de libertad y sumisión en el escenario local y global. Comp. Burkún, M y Krm-

potic C. 2006 Buenos Aires: Editorial Prometeo. Castel, Robert. El ascenso de las incertidumbres. Trabajo, protecciones, estatuto del individuo. 2010,

Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Dubet, Francois. El Declive De La Institución: Profesiones, Sujetos e Individuos En La Modernidad. 2006.

Barcelona: Gedisa. Ver también las contribuciones que dan cuenta de la ontologización de la pobreza que afianzan aun más estas disposiciones de

las políticas públicas Alvarez Leguizamón, Sonia. Pobreza y Desarrollo. 2008. Universidad Nacional de Salta, Salta. Murillo, Susana “Producción

de pobreza y construcción de subjetividad”. En Cimadamore, A; Cattani, D (coord.). Producción de Pobreza y Desigualdad en America Latina. 2008.

Bogotá: Clacso- Crop y Siglo del Hombre Editores.

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tamente asistenciales en las que se depositaba a través de programas el objetivo de la inclusión social. En base a esta coyuntura heterogénea es que es im-prescindible pensar las institucionalidades creadas para garantizar derechos. Que los niños y niñas sean sujetos de derechos implica sin lugar a dudas que no deben constituirse en “beneficiarios” de programas so-ciales atados a la discrecionalidad espasmódica de las intervenciones estatales. No obstante, el incremento de las protecciones a través de transferencias monetarias no deja de lado la necesidad de pensar los alcances y las modalidades que adquieren las prestaciones mayo-ritariamente universales como las de salud o educación y las que se plasman en las áreas asistenciales para la protección de derechos vulnerados. Ellas condensan las intervenciones para promover y proteger especial-mente los derechos de las mujeres y los niños y niñas.

Hacia un Sistema de Protección Integral

Coincidimos con Alessandro Baratta (1999) en que uno de los principales logros de la perspectiva de derechos a sido el de contribuir a clarificar que el desarrollo de la niñez no es un asunto de la órbita privada mientras

que lo público sería la protección de ésta. Si partimos de esta definición es imprescindible restablecer la pri-macía de las políticas sociales básicas como platafor-ma del Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Infancia. Esto significa que las políticas públicas universales deben constituirse en el “gran integrador” y que con respecto a estas, las políticas específicas de-ben instituirse en complementarias y restitutivas, cum-pliendo con un estándar de buenas prácticas; control social y legal de las mismas. Entendemos por complementarias a las intervenciones que propician la promoción de los derechos específicos de niñas y niños, la problematización de las necesida-des, la socialización de las prácticas de cuidado hacia los más chicos y el acceso a prestaciones de servicios especiales. Por restitutivas aludimos a las acciones que protegen los derechos de niñas y niños de las amena-zas y violaciones por parte de terceros, del Estado o del propio niño o niña (Art. 33 a 41 Ley 26061). Las mismas se encuentran fortalecidas y orientadas a través de una serie de normas específicas que dan forma a un grupo particular de derechos a la protección proactiva o reac-tiva por parte del Estado a esas violaciones.En el andamiaje institucional creado por las leyes de promoción y protección de derechos, el organismo de aplicación debe consensuar un plan de acción que per-

5 Aquí se inscriben las reformas del sistema previsional y la transformación de las asignaciones familiares que posibilitó extender beneficios a secto-

res poblacionales no cubiertos a través de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUHPS) cuya fundamentación legal es la Ley de

Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (ley 26061) y la administración se da a través del ANSES (Administración Nacional

de Seguridad Social) .


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mita implementar en forma transversal con las diferen-tes áreas del Estado los objetivos propuestos. A su vez, se contempla entre sus variadas funciones que pueda planificar y brindar servicios especializados a las niñas, niños y adolescentes y sus familias y diseñar normas generales y principios rectores que deben cumplir las instituciones públicas y privadas. Las Delegaciones Re-gionales se crean a los efectos dar cobertura territorial y materialidad a esos servicios especializados y confor-mar los equipos profesionales que adoptan medidas de protección integral y medidas excepcionales ante la amenaza o violación de derechos de uno o varios niños, niñas y adolescentes individualmente considerados. Es-tas delegaciones se articulan con los Servicios Locales en las jurisdicciones municipales o comunales a través de convenios con el organismo de aplicación. Entre sus competencias se destacan la creación de programas y actividades de promoción de derechos y las acciones que tienden a generar canales de acceso a los programas y prestaciones de servicios en las situaciones de amenaza o vulneración de derechos. Asimismo debe contar con un equipo interdisciplinario que tras escuchar a los niños y los responsables del mismo permita elaborar una plan de acción junto a los involucrados habilitando los recur-sos necesarios para llevarlo adelante. Estas medidas de protección de derechos (Art. 33 al 38 Ley 26061 y Art. 50, 54, 55, 56, 57 Ley 12967) deben propiciar el fortaleci-miento del grupo familiar para generar alternativas a la resolución de los problemas que las atraviesan y de nin-gún modo constituirse en un espacio de arbitraje de los

comportamientos que encierren mensajes moralizantes o prescriptivos. Como plantean Rodríguez y Brank (2008) las medidas de protección son medios para garantizar y reestablecer derechos y consisten en un amplio espectro de servicios de asistencia. En esta línea de continuidad las medidas excepciona-les (Art. 39 al 41, Ley 26.061 y Art. 52,53, 59,60, 62 Ley 12967; Art. 51, 58, 63, 66 y 58 bis, 66bis, 66ter y 66 quater por Ley 13237 (modificatoria y ampliatoria de los citados artículos de la ley 12967) se adoptan cuando las anteriores resultan inadecuadas o insuficientes para abordar situaciones de gravedad que causen perjuicio a la integridad de niños y niñas por tratarse de casos de abuso o maltrato por parte de sus padres, convivientes y no resultare posible la exclusión del agresor. La pro-ducción de un intervalo a través de la separación del in-fante del medio familiar debe habilitar un trabajo siste-mático y cuidadoso, cumpliendo con el debido proceso. La articulación de las instancias institucionales requie-ren de acuerdos de trabajo que se plasmen en guías claras de procedimientos para facilitar la resolución de las situaciones y evitar posibles re-victimizaciones tan habituales durante la vigencia de la ley derogada. A su vez, debido a la complejidad y delicadeza de estas actuaciones es imprescindible problematizar algunas categorías que merecen una discusión interdiscipli-naria. La amenaza o vulneración de derechos como categorías que pretenden significar, clasificar, delimi-tar objetos de intervención requieren de una puesta a consideración ya que en la enunciación universalizante

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pueden justificarse y repetirse acciones que una orien-tación garantista de los derechos ha querido desterrar. Tanto se trate de prevenir, revertir o proteger, nos refe-rimos a acciones y acontecimientos evaluados negati-vamente y nos remite necesariamente a las significa-ciones y representaciones de los riesgos. El riesgo es un término polisémico de diferentes usos, que se ha convertido en un instrumento abierto a la construcción de múltiples significados sociales (Mit-javila, 2006). Los discursos sobre el riesgo responden invariablemente al juego de diferentes racionalidades, intereses y pautas culturales que organizan la percep-ción y las respuestas sociales a esos mismos peligros (Douglas y Widavski, 1992).Se pueden reflexionar en diferentes claves de racionali-dad en relación a este término tan maleable. Podemos pensar en poblaciones de riesgo y construir los factores que determinan su probabilidad, por lo tanto las inter-venciones van a estar dirigidas a alterar esos factores para modificar o evitar los acontecimientos indeseables. Desde esta lógica las correlaciones estadísticas pueden ser infinitas y es indudable que pueden crearse campos inéditos de saber, sin embargo es posible que se gene-ren desigualdades al imputar o asignar inclinaciones o predisposiciones a determinadas poblaciones premedi-tadamente. Desde otras perspectivas, según la antropóloga Mary Douglas los riesgos son construcciones culturales que se basan en ideales morales y de justicia, en los que se enfatizan algunos aspectos de los peligros y se tienden

a ignoran u oculta otros. Así puede usarse para legiti-mar la política o desacreditarla, para proteger a indi-viduos contra las instituciones predatorias o proteger las instituciones contra individuos rapaces. De hecho, el riesgo provee terminos seculares para reinscribir las sagradas escrituras (Douglas, 1990).Al tener en cuenta estas consideraciones pensamos que la formación de los profesionales que integran los equipos de trabajo para llevar adelante las políticas de infancia, no pueden dejar de problematizar estas nocio-nes ya que en parte de ello depende la codificación de la grilla de inteligibilidad de los problemas con estatu-to público de niños, niñas y familias enteras.Así, estas líneas preliminares trazan a grandes rasgos los puntos de vista que constituyen la plataforma de la propuesta de trabajo llevada adelante en esta etapa del proyecto.


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Políticas públicas y capacidades institucionales para la protección de los derechos de niños y niñas

A continuación realizaremos unas breves consideracio-nes respecto del enfoque que privilegiamos para cum-plir esta tarea de Extensión Universitaria y que va a ex-plicar en gran medida nuestra metodología de trabajo. En primer lugar, coincidimos con la matriz de lectura propuesta por el equipo de trabajo del Instituto de Ges-tión de Ciudades (IGC) y su hincapié en el análisis de las capacidades estatales en el Distrito Oeste. Este punto muestra que la protección de derechos no es necesariamente tarea de las instituciones clásicas del programa institucional dedicado a la infancia con una competencia específica, sino una estrategia general que potencialmente compromete a una serie de insti-tuciones públicas, a organizaciones no gubernamenta-les, a sindicatos, movimientos sociales, lo cual implica la transversalidad de las políticas públicas. Asimismo requiere del incentivo de una cultura de la cooperación y el servicio público, que gane terreno sobre las formas de corporativismo, fragmentación y la política reduci-da a una cuestión de internas (políticas, profesionales, técnicas) presentes en el trato de los distintos actores

de la política pública. Politizar lo técnico, tecnificar lo político, es parte de esta agenda de trabajo, en una con-vivencia conflictiva entre los dos polos de las políticas públicas coherentes con esta nueva legislación; el polo formal procesal y el polo sustancial participativoEn segundo lugar, queremos resaltar que durante la dé-cada del noventa del siglo pasado, las agencias interna-cionales de financiamiento impulsaron el redirecciona-miento de las políticas de combate a la pobreza a través de la estrategia de la focalización. En los balances sobre los alcances de estas medidas, las mismas agencias y, principalmente, los distintos analistas del proceso, al se-ñalar sus fracasos relativos en términos de integración y disminución de las desigualdades, permitieron retomar la centralidad del Estado en la estrategia integradora. Exis-ten al menos dos vertientes de esta nueva centralidad. Por un lado los autores que impulsan una estrategia de “universalismo básico” (Molina, 2006) y, por el otro, los que sostienen la propuesta del “piso de protección” (Ber-tranou, 2010). En estas dos vertientes, la focalización no es como era en los noventa un fin en si mismo, sino que es pensada como temporal, acotada y sostenida en la me-dida que facilita la equiparación de oportunidades para el acceso igualitario a las políticas universales. En este sentido se hace necesario volver a remarcar, que nuestra perspectiva de trabajo, argumenta a favor de restablecer la primacía de las políticas sociales en la conformación

Metodología, enfoques y definiciones

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del Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Infancia. Esto significa que las políticas públicas universa-les deben constituirse en basamentos, soportes y que con respecto a estas, las otras políticas deben establecerse en forma complementaria. Como refiere Alessandro Baratta (2005) los derechos civiles no están contemplados solo de manera negativa sino que se añaden derechos comple-mentarios de prestación por parte del Estado. En tercer lugar, nuestro enfoque privilegia partir de una lectura cuidadosa de los procesos de descentralización, las políticas de autonomía local, etc. La instalación de los Servicios Locales del Sistema de Protección Integral en el municipio, no debe perder de vista que, reducir la descentralización solo a las políticas de gobernanza y modernización estatal a través de un modelo tecnocráti-co de las formas de gestión pública, no modifica sustan-cialmente las protecciones hacia la infancia. En cambio, al reforzar la dimensión política de la descentralización a través de la ampliación de las formas participativas y de una reforma de las estructuras de poder, puede au-mentar la cantidad y la calidad de los recursos públicos y los servicios básicos que se concentren en priorizar el derecho a la ciudad de las poblaciones más vulnerables. A esto se suma, no perder de vista la importancia que tienen para los Estados Municipales la presencia fuerte y no débil, de los Estados Provinciales y Nacionales, no solo a través de la acción legislativa, sino también finan-ciera, técnica y política, teniendo en cuenta que es a nivel central donde se definen las principales prioridades para la financiación del Estado Social hacia las infancias.

Reconstrucción de lo público esta-tal: Excurso; ¿Qué Estado, para qué proyecto de derechos de la infancia?

En un texto ya clásico- por su capacidad de síntesis compleja- la abogada y socióloga Mabel Rey (2003), establecía una serie de tópicos para la comprensión del Estado y de las políticas públicas que los consideramos fundamentales, en particular porque acompañó parte de las proposiciones teóricas de nuestra metodología de trabajo. La autora refiere:

“... En general cuando se habla de Estado se hace referen-cia a una entidad única y monolítica. Sin embargo, el Estado encierra un conjunto de instancias y funciones complejas y contradictorias, que lo hacen mucho más inasible de lo que parece a primera vista...De ahí, que la “materialidad del Estado, es decir, su morfología concreta (las oficinas y el personal que ocupa, los recursos de los que dispone) y sus acciones (las tareas, las funciones que ejecuta, las que posterga o ignora) depende de las variadas relaciones de fuerza en la sociedad. Es así que en el seno mismo de las instituciones estatales estallan continuamente las contra-dicciones sociales...Una propuesta genuina de refundar el Estado no puede eludir la pregunta: ¿Qué Estado para que proyecto de país? No es lo mismo por caso, plantear que el Estado debe intervenir lo menos posible en la economía, que considerar irrenunciable las esferas de decisión y gestión públicas... ” (2003:9)


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Un mejor Estado debe promocionar la “mano visible” de la política pública si quiere des-mercantilizar, es decir, eliminar la idea de lucro como único motor eficaz para lo-grar el funcionamiento efectivo de tareas sociales básicas: salud, educación, servicios públicos, prestaciones sociales, reconstrucción de lo público estatal que en el caso que nos convoca “A la Altura de los Chicos” no solo exige el fortalecimiento de las tecnocracias y burocracias de base, sino -como refiere la autora- implementar formas de ges-tión de lo público que articulen los recursos del Estado y “en el Estado”, con las demandas y necesidades reales de los ciudadanos y sobre todo con las potencialidades de la comunidad para decidir, gestionar y controlar.Por eso mismo parte del work in progress de la me-todología de trabajo que orientó el convenio de acti-vidades y de trabajo conjunto, fue soportado en este “dispositivo de intervención en red” en el que quisimos constituir nuestra tarea en el breve plazo del convenio:

“... En cuanto a cómo reformar las oficinas públicas concretas, allí no queda otro camino que hundirse en el in-menso archipiélago de las reparticiones y crear rutas espe-cíficas de buen diseño institucional. Primero, hay que saber cual es el objetivo y las funciones de cada agencia estatal, para luego establecer criterios de buen desempeño...Enton-ces, en términos políticos, puede y debe haber un plan rec-tor, en cuanto a principios y criterios generales que se dife-rencien tajantemente de la concepción neoliberal... ¿Pero cómo se diseñan instrumentos técnicos específicos? Una verdadera reforma debe basarse en la construcción de una

alianza virtuosa entre: a) una conducción política legítima y con gran reconocimiento, b) quienes puedan aportar los saberes requeridos (técnicos y políticos) c) quienes ponen en práctica las acciones (agentes públicos) y; d) la sociedad, a través de las múltiples instancias participativas. Cada uno de estos factores se vinculan estrechamente entre sí y tiene su propia exigencia interna...” (2003:10)

Estas palabras recogen el horizonte estratégico para pensar reformas sustantivas en las políticas públicas. Entendiendo también la importancia de estudiar el papel de Estado como problema pero también como solución y como pre-condición para el ejercicio de los derechos, es decir, si estamos convencidos de la prioridad de los derechos sociales, dar la pelea por un mejor Estado significa potenciar el papel distributivo y potencialmente emancipador del Estado.

Metodología de trabajo y work in progress

La metodología de trabajo propuesta por el Equipo de la Carrera de Trabajo Social tuvo por objetivo principal cinco núcleos de acción principales:

En el proceso de trabajo, primeramente, nos aboca-mos a la tarea de un análisis detallado de las prin-cipales contribuciones generadas por el Diagnóstico Participativo sobre la situación de las infancias en el

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Distrito Oeste. En especial priorizamos el tratamien-to de los datos cuantitativos y cualitativos elabora-dos por el IGC. Por un lado, la puntuación sobre las condiciones de vida de los niños y niñas del Distrito, los problemas de hábitat y vivienda, los problemas de acceso y permanencia en el circuito educativo, la accesibilidad al sistema de salud y las tasas de ingre-sos familiares y necesidades básicas insatisfechas de la población. Por otro lado, las capacidades estatales, públicas y de las organizaciones comunitarias y socia-les en el territorio, la cartografía de los derechos ela-borada por los operadores y los grados de prioridad que establecieron sobre temas relevantes, notando la importancia de este estudio para la elaboración de recomendaciones de políticas públicas en materia de infancia y adolescencia para el Distrito Oeste.En el mismo sentido, dentro de una lógica de trabajo cualitativa, se diseñó un mapa político -conjunta-mente con las contribuciones brindadas por el diag-nóstico- del grado de transversalidad de las políticas públicas en el Distrito Oeste dedicadas a la infancia. Para alcanzar este objetivo se realizaron entrevistas a las principales coordinaciones de las “oficinas” pú-blicas concretas para relevar los siguientes tópicos: propósitos u objeto principal de las instituciones o programas a su cargo, grado de coordinación estatal interna con áreas municipales y provinciales, nivel de conocimiento y apropiación de la Ley 12967, procesos de reforma administrativa en curso, existencia de cri-terios de corresponsabilidad entre distintos ámbitos,

tipos y calidad de los registros, nivel de producción de información que sea de acceso público, planes y proyectos en vigencia de forma inter-institucional, conocimiento de las fuentes presupuestarias y tipo de participación e intervención institucional desa-rrollada en la atención de situaciones de vulneración de derechos. Paralelamente se generó un espacio público de inter-cambio a través del diseño de Encuentros/Talleres con los responsables de diversas Secretarías y Áreas del Municipio y la Provincia con incumbencias en las di-ferentes temáticas relativas al Sistema de Promoción y Protección Integral. En los mismos, mediante la pro-posición de una serie de herramientas, se trabajó so-bre las principales dificultades presentes a nivel local y regional en el proceso de construcción gradual de este sistema. Al mismo tiempo, se consideró estratégica la labor conjunta para generar una direccionalidad con-sistente frente a las acciones parciales de los distintos actores sociales, políticos y técnicos. Algunas preguntas claves formuladas por Carlos Ma-tus (1997), nos ayudaron en la producción y el diseño de los encuentros de trabajo:¿Es siempre posible la planificación-en este caso la implementación del nuevo Sistema de Protección Inte-gral- o ella exige condiciones previas favorables? ¿Qué tipo de planificación es posible y eficaz en situaciones de conflicto y poder compartido?En forma consecutiva y como parte de los temas priori-zados en el Convenio de Actividades Específicas, se eva-


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luaron en forma conjunta los protocolos y los acuerdos de intervención actualmente vigentes y en funciona-miento, brindando recomendaciones en ese sentido, en especial a partir de una serie de nudos problemáticos respecto de pautas de trabajo, criterios de evaluación de las medidas de protección y de excepcionalidad, for-mas de participación de los distintos niveles de inter-vención, criterios de corresponsabilidad entre distintas instancias sanitarias, educativas, judiciales, notando la importancia de generar procedimientos y circuitos es-pecíficos que brinden garantías de debido proceso a los técnicos, funcionarios, niños, niñas y grupos familiares.Por último, se propició la elaboración de acuerdos de trabajo para ser plasmados en Cartas Compromiso por parte de los funcionarios y coordinadores de áreas pro-vinciales y municipales. Uno de los principales temas en los que se trabajó fue la importancia de fortalecer la nueva institucionalidad que propone la ley, en especial la constitución del Servicio Local en la Municipalidad de Rosario, teniendo en cuenta la importancia estraté-gica del mismo, ya que es el Servicio Local el responsa-ble de desarrollar planes y programas de promoción y protección de derechos, desempeñando, según el Artí-culo 30 de la ley, las funciones de facilitar que las niñas, niños y adolescentes que tengan amenazados y viola-dos sus derechos, puedan acceder a los programas y planes disponibles en su comunidad.

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Una lectura en detalle del diagnóstico de las condiciones de vida y las necesidades básicas insatisfechas, elabora-do por el equipo del Instituto de Gestión de Ciudades (IGC) sobre la situación de las infancias, confirma la importan-cia de otorgarle centralidad a las políticas públicas en el entramado de derechos y en la construcción gradual del sistema de protección integral a nivel local. En este sen-tido, lo central a señalar es que el diagnóstico confirma la importancia de constituir a las políticas universales como el gran integrador y que las otras medidas de la pirámide clásica del sistema de protección integral- las medidas de protección y las medidas excepcionales- de-ben cumplir un papel complementario y reparador por los límites e insuficiencias de las políticas públicas y/o del grupo familiar responsable de los cuidados. El equipo del IGC -coherente con su tradición de urba-nismo social- explicita con una serie de datos duros y cualitativos una hipótesis de trabajo central, que la construcción del Sistema de Protección Integral de De-rechos pasa estratégicamente por el derecho a la ciu-dad. En el Capítulo Situación de Base; los Derechos de la Infancia en el Distrito Oeste, concluye en un momen-to con la siguiente descripción cuantitativa:

“...Dentro del universo de la infancia y considerando como indicador de vulnerabilidad social solamente a las necesi-dades básicas insatisfechas, se puede estimar que el porcen-taje de niños que se encuentra en situación de vulnerabili-dad supera el 50%:Distrito Oeste:125.000 habitantes38.000 niños/as19.000 niño/as en situación de vulnerabilidad....” (2011:21)

Es decir, sino se privilegia esta lectura, en parte nos re-trotraemos a la Doctrina de la Situación Irregular, que se basaba en la incapacidad de las políticas públicas de universalizar los servicios básicos y de atender a las cues-tiones de carácter estructural - colectivo. Por lo tanto, el diseño de políticas focalizadas dentro de la lógica de inter-vención de la doctrina de la situación irregular promovía la resolución de caso por caso, tratando individualizada-mente cada situación, lo que conllevó en la práctica, a la falta de resolución concreta para el colectivo de la infan-cia y la inequidad entre los propios niños y niñas es decir, entre los que lograron resolver sus conflictos en el seno

Principales contribuciones del Diagnóstico participativo. Núcleos problemáticos y principales líneas de trabajo


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de su familia nuclear o relacional y aquellos que con la asistencia estatal entraban en un circuito de socialización estigmatizado. En definitiva, esta lógica de intervención, contribuyó al ensanchamiento de las divisiones entre los niños y niñas con derechos e integrados y los menores, ex-cluidos o institucionalizados.Siguiendo con los datos valorizados en el informe, privilegiaremos su relación con una serie de políticas públicas básicas; hábitat y vivienda social, condiciones sanitarias y situación educativa:

a) “...Según fuentes consultadas, un tercio de la población del Distrito Oeste vive en villas de emergencia, …. Los da-tos que muestran la situación de vulnerabilidad y riesgo de los habitantes del Distrito Oeste son categóricos respecto de otras zonas de la ciudad...” (2011:22)

b) “...El Distrito Oeste es el distrito con más indicadores de vulnerabilidad más altos de la ciudad de Rosario:Mortalidad Infantil (15,32)NBI (21,06%)Hacinamiento (7,61%)Viviendas Precarias (22,67%)Espacio Verde (7% de la Superficie)...” (2011:25)c) “...población total del Distrito: (125.371)Población de 5 a 14 años: 21,23 % (aproximadamente 26.000 niños)Población matriculada en 2010 Escuela Primaria Pública y Privada (13.700 aproximadamente)Población matriculada en Escuela Secundaria Pública y

Privada (4600 aproximadamente)El cruzamiento de datos de la población total del Distrito entre 5 y 14 años infiere que aproximadamente 7000 ni-ños/as están con problemas de permanencia en el sistema escolar...” (Dato elaborado a partir Cruzamiento de Datos entre IGC, Observatorio Social y Matrícula Escolar).

En base a los datos, las consideraciones del diagnóstico y la cartografía elaborada por el IGC, es que se torna central fortalecer las políticas públicas básicas del Dis-trito Oeste, en especial las políticas asociadas al ejerci-cio de derechos en relación con el hábitat, las condicio-nes sanitarias y el derecho a la educación:

1-Políticas de hábitat y vivienda social: varias veces al interior del diagnóstico, el equipo del IGC jerarquiza como uno de los factores más importantes que implican vul-neración de derechos, la cuestión de hábitat de extrema vulnerabilidad: basurales, viviendas precarias, asenta-mientos irregulares. En relación a estos aspectos se torna básico tener en cuenta, respecto al Sistema de Protección Integral, la infantilización del déficit habitacional y su peso fundamental en la vulneración de los derechos más básicos. En la cartografía de derechos elaborada por el IGC- en los micro territorios asociados a los Centros Terri-toriales de Referencia (CTR)- se observa cuidadosamente la siguiente serie: déficit habitacional, segregación socio-espacial e infantilización de la pobreza, saneamiento bási-co “insatisfecho”, en especial con relación al suministro de agua, a los desagües cloacales y a la falta de recolección

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6 El Servicio Público de la Vivienda y el Rosario Habitat han desarrollado una serie de programas de vivienda en el Distrito Oeste. Entre otras pode-

mos mencionar, las distintas etapas del Barrio de la Comunidad Toba; el Plan Convivencia entre 1995 y 2000 en el Barrio Deliot y Bellavista Oeste, La

Tablada, Villa Banana con el mejoramiento del espacio urbano como la apertura de calles, pasajes y la reutilización de parques . Las iniciativas del

Rosario Habitat desde el año 2000 ha permitido brindar mejoras habitacionales y de equipamiento urbano a través de la relocalización de familias

provenientes del Barrio La Tablada, Villa Corrientes, Empalme, las Flores, Molino Blanco, Villa Itatí. Según los datos disponibles han abarcado las

mejoras del hábitat de 1267 familias.

de residuos. Falta de mantenimiento mínimo de las calles y disponibilidad de espacios comunes y verdes; conexio-nes precarias a cielo abierto que vierten aguas servidas en la calzada, situación que se agrava durante las lluvias, precariedad de las instalaciones eléctricas que coadyudan al riesgo por shock eléctrico a causa de filtraciones, co-nexiones clandestinas e incendios. En este sentido, se tor-na fundamental valorizar la experiencia acumulada por el Rosario Hábitat en el Distrito, en especial las tareas de dotar de obras de infraestructura y de acceso a los servi-cios, además del mejoramiento de las viviendas y los equi-pamientos urbanos6. La tarea no es menor ya que al día de la fecha hay 41 asentamientos urbanos en el Distrito Oeste que necesitan en forma urgente entrar en la agenda de trabajo del Servicio Público de la Vivienda.2- Políticas educativas: como refiere el Diagnóstico, el Distrito Oeste es uno de los territorios de la ciudad con menos establecimientos escolares y con menor capaci-dad de permanencia de alumnos, en comparación con los otros Distritos. Con la tasa más baja de promoción del nivel primario de gestión estatal, la segunda más baja en el nivel secundario. En relación a las institucio-nes de gestión privada, es el segundo Distrito con una menor tasa del nivel primario y el nivel secundario es el

que menor tasa de promoción posee. Se sitúan también, los problemas de infraestructura y falta de condiciones para promover la permanencia de los niños y, sobre todo, los adolescentes en el circuito educativo. Como mencio-na el informe, parte de los participantes del diagnósti-co notaron la preocupación de las fuertes dificultades que presentan las escuelas para desenvolver un papel relacionado con la inclusión y permanencia de los ado-lescentes y jóvenes no escolarizados que representan un grupo en ascenso en el Distrito. La Asignación Uni-versal por Hijo genera condiciones necesarias aunque no suficientes para garantizar las necesidades básicas imprescindibles en el desarrollo del trabajo pedagógico. Por lo tanto, esto exige fortalecer la función educativa escolar y en términos de equiparación de oportunidades, la Escuela debe adaptar su programa institucional y sus dispositivos pedagógicos a las características culturales y a las condiciones de vida de los alumnos y sus fami-lias. La integralidad y coherencia de las intervenciones para fortalecer el acceso y permanencia de los niños y adolescentes del Distrito requerirá la puesta a punto de dispositivos de trabajo intersectoriales y la coordina-ción con instituciones especializadas. Siendo los datos brindados por el Diagnóstico sumamente elocuentes,


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se torna fundamental fortalecer la Escuela Pública, en especial la Técnica en el Distrito Oeste teniendo especial-mente en cuenta la Edad Bisagra (y su inserción precaria en el mundo del trabajo) e incluir una serie de Escuelas del Distrito en zonas de Educación Prioritaria, sobre todo teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación está proponiendo para el año próximo la modalidad de Es-cuelas de Jornada Completa.3- Políticas de salud: Las políticas de salud pública son una de las de mayor legitimidad y reconocimiento por parte de la población del Distrito Oeste, ella se apoya en la estrategia de Atención Primaria y una larga tradición de respetar prácticas asistenciales que aseguren la accesibi-lidad y la equidad a los y las niñas y sus grupos familiares. Se reconocen y se valorizan positivamente las capacida-des institucionales en el trabajo cotidiano, en especial en los equipos de atención primaria que jerarquizan el tra-bajo territorial acercando los servicios y privilegiando la constitución de vínculos con la comunidad. Igualmente que al constituirse en un lugar de referencia permanente para la población son el grupo de trabajadores más sen-sibilizados respecto del aumento de ciertas problemáticas

que el diagnóstico subraya en forma de síntesis compleja: cambios en las lógicas de convivencia y sociabilidad en el territorio, bandarización de grupos familiares, consumo problemático de drogas en niños y adolescentes, forta-lecimiento de una economía ilegal producto del tráfico, etc. Diagnóstico que los devuelve a la clásica definición de atención precaria y de desborde frente a estas situaciones. La edad “Bisagra” una de las constantes en el diasgnóstico participativo no cuenta todavía con programas de trabajo suficientemente institucionalizados con un enfoque espe-cial en la salud de la población adolescente y con la pro-ducción de soportes psico-sociales que privilegien el abor-daje de los adolescentes víctimas de la violencia familiar y la prevención del uso problemático de drogas y alcohol entre otras problemáticas afines.Es importante remarcar con preocupación que la tasa de mortalidad infantil del año 2010 en el Distrito Oeste, según los datos disponibles, fue de 15 defunciones por mil, mien-tras que el valor absoluto en la ciudad llegó a 10,62 en el mismo año. No solo fue el índice más alto comparando los distritos de la ciudad de Rosario, sino que no hay departa-mento de la provincia de Santa Fe que alcance ese número.7

7 Según los datos oficiales publicados en el sitio web de la Municipalidad de Rosario la tasa de mortalidad infantil en el año 2010 alcanzó las 10,62 de

defunciones por mil. Si desagregamos la tasa por distrito nos encontramos que en el Distrito Centro alcanzó un 6,95; en el Norte un 4.85; en el Noroeste

un 9.22; en el Sudoeste un 8.75; en el Sur un14,83 y en el Oeste un 15,00. A su vez para dimensionar estos datos si comparamos la tasa del Distrito Oeste

con los datos de los departamentos de la provincia de Santa Fe durante el mismo año 2010 podemos observar que supera el índice de cualquiera de

ellos. Departamentos: 9 de Julio 1.73; Belgrano 9.20; Caseros 8.4; Castellanos 6.16; Constitución 11.72; Garay 8.88; General López 11.40; General Obligado

9.14; Iriondo 11.07; La Capital 9.76; Las Colonias 7.52; Rosario 10.39; San Cristóbal 13.85; San Javier 7.14; San Jerónimo 12.27; San Justo 6.11; San Loren-

zo 8.10; San Martín 8.40; Vera 9.28. Ver http://www.rosario.gov.ar/sitio/verArchivo?id=7374&tipo=objetoMultimedia. Y http://www.santafe.gov.ar/index.

php/web/content/download/128722/636232/file/02%20Primer%20Informe%20sala%20de%20situacion%20para%20web.pdf

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4- Políticas de empleo: En el diagnóstico de las condi-ciones de vida familiar, el equipo del IGC remarca que en la población con NBI del Distrito y bajo la línea de indigencia, muchas familias llevan tres generaciones sin inserción en el mercado de trabajo formal, confor-mando lo que se identificó como “poblaciones bajo planes”, en tanto sobreviven de los varios programas que se fueron sucediendo a nivel nacional, provincial y municipal. Como refieren las autoras, la exclusión del mercado laboral promueve procesos de exclusión social y desafiliación que impactan en la propia estructura fa-miliar, en las situaciones de violencia y en los imagina-rios culturales. Un grupo importante de niños, niñas y adolescentes salen temprano del ámbito escolar porque tienen que trabajar para aumentar los ingresos de las familias, como se verifica en varios momentos del diag-nóstico. La Asignación Universal por Hijo significa una respuesta universalista a esta situación y actúa en el sentido de “oportunizar” la mejoría de las condiciones de vida y escolarización de niños y adolescentes hasta los 18 años pero paralelamente las áreas de trabajo en los niveles nacionales, provinciales y municipales deben se-guir dando una fuerte batalla para transformar a largo plazo la marca asistencialista de los planes de empleo y generar condiciones dignas en relación al trabajo para quienes ejercen cotidianamente las tareas parentales.

5- Políticas de seguridad “comunitaria”: uno de los aciertos del diagnóstico es mostrar la incidencia-mu-chas veces negativa hacia el estatuto de la infancia- de

las políticas de (in)-seguridad como política pública en el Distrito Oeste, en este sentido en una síntesis de la opinión de los participantes del Diagnóstico, informan:

“...Los participantes consideran que la Comisaria 32 y la seccional 19, son actores territoriales de gran peso, en al-gunos horarios y territorios la única forma de presencia estatal. Sin embargo esta presencia es percibida como vio-lenta, poco transparente y escasamente respetuosa de los derechos y de alguna manera vinculada al accionar de las organizaciones-redes de economías delictivas- este modo de actuar se relaciona con una concepción peyorativas de las infancias, que concibe a los niños y jóvenes como “incapa-ces” o simplemente “menores” rigiéndose más con normas de control social que bajo el paradigma de la protección inte-gral. Es casi unánime la opinión de los actores y referentes barriales acerca del papel negativo de la institución. Las comisarias están absolutamente desprestigiadas y altamente sospechadas de estar vinculadas a las economías delictivas del territorio...” (2011:52)

Este diagnóstico concluyente consideramos que es fun-damental asociarlo con la precariedad en las redes in-tersectoriales de las políticas públicas frente a las redes constituidas por la economía ilegal del tráfico y su uso de mano de obra desocupada de niños y adolescentes. El equipo del IGC apela en este sentido a la lectura del ex Secretario de Seguridad Comunitaria, Enrique Font:

“...La propia economía delictiva puede, en su desarrollo,


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generar estructuras de oportunidades nuevas y, su vez, de-pender de otras para su florecimiento. Por ejemplo, cuando el menudeo de sustancias de consumo penalizadas se arraiga territorialmente respondiendo a variables propias del mer-cado (cercanía, accesibilidad y facilidad de intercambio segu-ro entre ofertante y demandante, baja vulnerabilidad para el ofertante, etc.) es frecuente que requiera de la “protec-ción y control” de ese territorio que se ha valorizado. Esta valorización “inmobiliaria” genera una nueva estructura de oportunidades delictivas consistente en una red de protec-ción, arraigada territorialmente, de diverso grado de estra-tificación y prestigio en sus roles (desde el niño que oficia de campana controlando el acceso al territorio al grupo armado de defensa y control)...los eslabones de las redes integrados por los sectores más vulnerables...constituyen los recursos humanos más fácilmente intercambiables y ex-plotados por quienes organizan las redes ilegales” Enrique Font – criminólogo- UNR- Página 12- 2/8/2006.

El equipo del IGC registra también el impacto en las condiciones de vida de los adolescentes sumados a es-tas “redes”, expuestos a mayor adicción y mayor consu-mo “problemático” de drogas de mala calidad, a la na-turalización de la violencia, a los códigos de premios y castigos de las bandas, sus vidas pierden valor ante el objetivo de la organización. Esta situación es dramáti-camente vivida por muchos familiares- más acá y más allá de la bandarización de algunos grupos familiares-, a quien las políticas públicas no están en condiciones de brindarles respuestas acorde al problema.

6- Políticas territoriales de la Dirección General de In-fancia y Familias; Una de las partes centrales del diag-nóstico participativo es la importancia estratégica que le cabe a los Centros Territoriales de Referencia (CTR) para construir una mirada en profundidad de los sec-tores urbanos con mayor vulnerabilidad en el Distrito Oeste y de las capacidades institucionales para prote-ger y promover los derechos de la infancia, dado que el emplazamiento de los CTR coincide con las zonas de mayor exclusión social del Distrito. En este punto queremos notar la importancia que tie-nen los CTR para fortalecer la institucionalidad social del Sistema de Protección Integral para la infancia del Distrito Oeste. Se debe notar que los mismos son:

“...las unidades territoriales de la Dirección General de In-fancias y Familias para llevar adelante políticas integrales de promoción y protección de derechos de niños/as, adoles-centes y sus familias...” (2011:45).

En ellos se condensan gran parte de las encerronas presentes en la implementación de la nueva legisla-ción en el Distrito. Respecto de las fortalezas y debili-dades presentes en las capacidades institucionales, ca-pacidades organizacionales y competencias laborales, revisemos los planteos del Equipo del IGC:

“...Es interesante señalar los aspectos aparentemente contradictorios que presenta el análisis, mientras se va-lora como capacidad aquellas normas que están claras, se

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señala como déficit la poca claridad en la mayoría de la normativa y el proceso de redefinición constante. Se señala la adecuación forzada de la nueva normativa de infancia, sin el desarrollo de los procesos de fortalecimiento institu-cional para que sea exitosa. Así mismo se marcan algunas contradicciones entre los valores vigentes, “instituidos” y los valores que plantea la normativa de infancia, esto da lugar a prácticas que no se condicen con los derechos de los niños... Según esta mirada de las dimensiones de capa-cidad analizadas (redes, institucionalidad, organizaciones humanas y de recursos las instituciones del Distrito Oeste) presenta algunas fortalezas reconocibles para llevar ade-lantes políticas de derechos de la infancia: sus capacidades técnicas, su compromiso y sus experiencias de trabajo en red. Es significativa la predisposición señalada al trabajo en equipos, a la multidisciplinariedad y a la participación de los vecinos en las acciones. Pero, asimismo, se enfrentan a serias limitaciones: la poca claridad de las políticas y los resultados buscados, la escasa institucionalización del nuevo modelo de gestión, y la disparidad de recursos para llevar adelante las actividades. Como señalábamos, las fa-milias no aparecen claramente comprendidas en las accio-nes cotidianas, ni fueron identificadas muchas instancias de trabajo de tipo participativo...” (2011:60)

Una evolución de los CTR permite entender parte de los problemas notados por el equipo del IGC, que en algunos momentos toma una caracterización grave (2011:35) como el vaciamiento de las políticas sociales territoriales, las intervenciones aisladas y focalizadas

y la insuficiente coordinación de las instituciones, etc. En primer lugar, los Centros Territoriales de Referen-cia tienen al Programa Crecer como antecedente más próximo, el que estuvo en funcionamiento entre 1997 y 2010. A su vez el Programa Crecer tuvo como antesala a programas focalizados de Comedores y el Programa Materno Infantil y Nutrición (Promin) y el Programa Alimentario Nutricional Infantil (Prani). Los Centros Crecer en su génesis significaron el reconocimiento de la importancia, por parte del Estado Municipal, de dar respuestas públicas a las situaciones de exclusión propia de los 90, priorizando el acompañamiento y la estimulación temprana de los niños de 2 a 5 años, el apoyo a las familias en situación de riesgo y promoción de pequeñas estrategias de agricultura y cría de anima-les para el consumo familiar. Como refiere el Diagnós-tico, cada Centro contaba con equipos conformados por psicólogos, educadores, profesores de educación física, Promotor Agro-técnico, Auxiliar de Cocina y Manteni-miento, voluntarios de la comunidad. El Programa Crecer estuvo marcado por una fuerte he-terogeneidad en relación a la cantidad de personas que desempeñaron su trabajo, la fluctuante formación profe-sional, la vinculación con la comunidad, la inversión en infraestructura física y edilicia entre otras. Si en una pri-mera etapa el Programa contó con una significativa direc-cionalidad, una serie de factores confluyeron en su dete-rioro, en especial durante la transición a un nuevo diseño institucional reconocido bajo la sigla de CTR. Entre los factores principales que confluyeron, los más importan-


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tes se pueden circunscribir a: precarización de larga data de las condiciones de trabajo de los operadores sociales de los Centros, mandatos contradictorios de las sucesivas gestiones respecto del perfil y la función institucional, en el sentido de la ampliación o el cierre de la apertura de los mismos a las demandas comunitarias, la superposición en la inclusión de prestaciones -de forma más o menos forzada- como programas asociados al Presupuesto Par-ticipativo (ej. Ludotecarios) o el programa Joven, que con-tribuyeron a una fragmentación de la propuesta institu-cional. Este proceso fue acompañado de ciertos planteos por parte de los trabajadores -muchas veces no valoriza-do- que demandaban mayor compromiso de las políticas del Distrito y de las Direcciones con el territorio y la ne-cesidad de precisar la planificación. A lo que se suma un largo conflicto gremial todavía hoy latente y que dificulta aumentar los niveles de adhesión de los trabajadores a la nueva institucionalidad propuesta por el Sistema Integral, falta de motivación cuando los recursos son escasos y las condiciones de trabajo no son adecuadas, “vaciamiento” de alguno de los Centros y cierre de otros por refacciones. Una interesante síntesis del malestar se puede leer en este testimonio recogido por el equipo del IGC en uno de los Dispositivos de Significación Colectiva:

“...El pasaje de los Centro Crecer a CTR no fue fácil, arti-cula programas muy diversos como Ludotecas y Crecer con prácticas que no eran comunes. La ludoteca es un espacio con una dinámica lúdica, pero con objetivos de focalizarse en el desarrollo del niño, en lo relacional, lo vincular.

Siempre fue un espacio de gran asistencia, compromiso y continuidad. Estas características están desapareciendo, ya que los cambios en la ley, comienza a ser una opción entre ir: a un hogar o ir a una ludoteca. Este factor hace que al comenzar a ser -para muchos chicos- algo obligatorio, la asistencia y la motivación va quedando de lado...Por su par-te el programa Joven trabaja con chicos de 14 a 16 años. El equipo considera que las políticas que se realizan son “muy forzadas”. Volviendo a los cambios experimentados por la nueva ley, hay una crítica con respecto a la forma en que se realiza dicho pasaje. Es decir que muchos equipos realiza-ron una transición poco adecuada...” (2011:58)

Si bien lo antes expresado no es generalizable, enuncia las dificultades de implementación y trasmisión de los contenidos fuertes de la ley de infancia y de los proble-mas de la conducción política y técnica en los territorios. La opción “binaria” (o un hogar o ir a una ludoteca) que registra el testimonio y la vivencia como imposición, nos recuerda por un lado a los problemas de la planificación normativa y la importancia de las herramientas de la planificación estratégica situacional para acompañar los procesos de cambio. Por otro lado, nos sensibiliza sobre otro problema no menos urgente: cómo una legis-lación soportada en un enfoque de Derechos puede ser interpretada por actores centrales del campo asistencial como la reinstalación de una forma de “control social blando” a las niñas y niños de los sectores populares en nombre de la “desinstitucionalización” y la “despenali-zación”. La legislación plantea que los niños que tengan

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amenazados sus derechos, efectivamente puedan acce-der a los programas y planes disponibles en su comu-nidad, en una lógica de promoción y protección de los mismos y no en una lógica de gestión de los riesgos.Por este y por otros aspectos estratégicos, se torna fundamental el fortalecimiento de las condiciones de trabajo y de asistencia de las instituciones públicas de-pendientes de la Dirección General de Infancias y Fa-milia, si es que se quiere que las mismas cumplan las tareas que el Equipo del IGC les reconoce, recuperando documentos institucionales de ésta Dirección, a saber:- Detectar y analizar situaciones de vulneración de derechos elaborando colectivamente estrategias de intervención.- Evaluar el proceso de las estrategias que se llevan ade-lante con los grupos familiares durante la intervención.- Constituirse en espacios educativos con perspectiva de Derechos desarrollando acciones que generen for-talecimiento de los lazos sociales.- Constituirse en espacios socio-productivos, desarrollan-do acciones tendientes al ingreso de los grupos familiares en redes de ese carácter para su inserción laboral.- Coordinar recursos y acciones para un abordaje inte-gral de la problemática alimentaria, generando estra-tegias educativas orientadas para promover la buena salud y nutrición. (2011:45)Se torna indispensable entonces, que los responsables de la implementación local del Sistema de Protección Inte-

gral, reconozcan la necesidad de sumar responsabilida-des y nuevos propósitos de trabajo, implicando a los CTR y al CPI I8 como un todo. En este sentido, la constitución de estas institución como soporte estratégico en una política integral para el desarrollo de la infancia y para la preven-ción de la exclusión en el Distrito, requiere que atienda a los niños más de cuatro horas por día, en una propuesta coherente que no sólo implique una extensión horaria, o la adición anárquica de programas volantes y líquidos. Es estratégica la reinvención de los CTR: con capacita-ción en servicio, con reconocimiento salarial y, necesa-riamente, con la proposición de un modelo de trabajo comunitario en sintonía con las necesidades más prio-ritarias de las comunidades de pertenencia, promo-viendo una línea de trabajo que revierta el estigma al que están sometidas estas poblaciones en su trato ha-bitual con las políticas públicas en particular y con la sociedad en general. En un lenguaje cotidiano a veces se nombra a las instituciones como “trincheras”, lo im-portante seria tener fundamentalmente en cuenta por parte de todos los encargados de lo social que la guerra es contra la pobreza y no contra los pobres. En esta lectura selectiva, sobre el Diagnóstico Par-ticipativo a la Altura de los Chicos, queremos hacer nuestras una serie de conclusiones del Equipo del IGC porque consideramos que debe ser una herramienta fundamental que acompañe el trabajo de las Direccio-

8 El Centro de Protección Integral para la Infancia: Institución emplazada en el Distrito Oeste, funcionó durante muchos años como el Hogar Transi-

torio “Deliot”. Si bien presentado como modelo alternativo de cuidados, terminó reproduciendo lógicas del patronato en su asistencia. En este último

tiempo desarrolla actividades como Centro de Día con propuestas diferenciales para niños de 6 a 13 años y de 14 a 18 años.


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nes de Infancia en el Distrito Oeste:

“...Los puntos más débiles o los que suponen mayores ten-siones parecerían ser: cierto desdibujamiento de las políti-cas municipales de infancia, la superposición y complejidad institucional, la desigual distribución de recursos y escasa institucionalización de los nuevos mecanismos y dispositivos puestos en marcha por el municipio para llevar adelante políticas de infancia. Todo esto en un marco de malestar de los agentes profesionales, a su vez, constitutivo de la debilidad de las políticas...” (2012:97)

Bourdieu (1998), hace relativamente no tanto tiem-po, desplegaba la metáfora de la mano izquierda del Estado. El autor francés decía que la mano derecha del Estado contemporáneo, usualmente encarnada en los Ministerios de Economía, concentraba la fuer-za, las capacidades técnicas, las habilidades, sus dise-ños macro fortalecían la mano invisible del mercado. La otra mano, la mano izquierda, las áreas sociales de los gobiernos, se mostraba desdeñada, torpe, in-suficiente, débil para paliar o reparar lo que trama la derecha. En este sentido, con cierto voluntarismo político, Bourdieu apelaba a proponer una lucha por parte de la mano izquierda del Estado, sus conduc-ciones políticas, sus agentes, sus trabajadores, frente a la mano derecha del Estado que se centrara en la recuperación de las conquistas sociales perdidas con-tra aquellas altas esferas tecnocráticas y económicas. Recuperando parte del diagnóstico, su hincapié en la

debilidad de las políticas públicas y esta metáfora de Bourdieu, consideramos urgente y fundamental una alianza estratégica entre los encargados de lo social (funcionarios, trabajadores, ONG), para que las áreas sociales, las áreas de la mano izquierda del Estado, fortalezcan sus capacidades políticas, institucionales y técnicas para dar batalla frente a otros sectores del Estado que se quieren retirar de la responsabilidad de ciertas funciones sociales que le corresponden. De esta manera estamos anticipando alguna de las reco-mendaciones producto del trabajo con distintas áreas “sociales” del gobierno municipal y del gobierno pro-vincial y con la escucha atenta de una serie de reunio-nes con trabajadores del Distrito Oeste.

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Como parte de nuestro proceso de trabajo, nos instala-mos en las oficinas públicas, tratando de trazar un mapa de una serie de cuestiones relevantes con los referentes y funcionarios, en la búsqueda de observar el grado de avances y retrocesos en la vigencia del principio de co-responsabilidad del Modelo de Protección Integral. Para situarnos, revisemos el principio de co-responsabi-lidad presente en la legislación nacional y provincial. El mismo convoca no sólo a las áreas especializadas en In-fancia del Estado, sino que suma -coactivamente- a las otras políticas públicas y exige una mayor coordinación entre ellas, para, por un lado evitar vacíos, superposicio-nes y fragmentaciones en las intervenciones públicas y, generando, por el otro, sinergias y formas cooperativas de trabajo que aumenten los recursos públicos frente a situaciones graves y urgentes. De forma sintética, en el esquema clásico del patronato, la responsabilidad re-caía básicamente sobre las áreas de infancia o sobre la justicia “especializada”. En el esquema de la protección integral se promueve como refiere Konterllnik Irene:

“... una complejidad desconocida por el modelo tutelar cuyo circuito se restringe a pocos actores (los jueces de menores,

el órgano técnico-administrativo de minoridad), organiza-dos alrededor de un actor principal: el juez de menores, cuyo hacer no responde a ninguna de las obligaciones que hemos visto. Es decir actúa, por un lado de forma coactiva y arbitraria, sin las limitaciones que impone una perspectiva de derechos, y por otro lado, sin los recursos y capacidades técnicas y materiales necesarias para realizar en forma po-sitiva de los derechos, dado de que esta posibilidad compete, a otros poderes del Estado...”(2005:5)

Durante la primera etapa del convenio y en forma pa-ralela a las reuniones y Talleres que coordinamos, se realizaron 21 (veintiuna) entrevistas a los responsables de nivel medio y superior tanto del gobierno provincial como de la municipalidad. Las entrevistas se dirigieron, en una primera instancia, a los organismos específicos de niñez en los tres nive-les. Fueron entrevistados: la responsable de la Dirección General de Infancias y Familia de la Municipalidad de Rosario, junto a su equipo de trabajo, los directores de Promoción Familiar y de Atención de Situaciones en Vul-nerabilidad Social, ambas Direcciones de reciente confor-mación. También fueron consultados los responsables de

Luces y sombras en la vigencia del principio de corresponsabilidad. Bre-ve análisis de coyuntura


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la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, y, como parte de este ítem, el Equipo Técnico Territorial de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) Delegación Ro-sario. Por su parte también fue entrevistada la reciente Defensora provincial de Niñas, Niños y Adolescentes.Otro núcleo de entrevistas estuvo constituido por fun-cionarios de máxima autoridad en el Distrito Oeste, res-pecto de su área de trabajo. En este grupo fueron entre-vistados: la Dirección del Centro Municipal del Distrito Oeste “Felipe Moré”, el Coordinador del Distrito Oeste de la Secretaría Promoción Social Municipal, el Secretario Técnico del Presupuesto Participativo Municipal de di-cho distrito, la Coordinadora Territorial de Políticas de Salud Municipal del Distrito Oeste y la responsable del Centro Integrador Comunitario del Distrito Oeste.El tercer núcleo de entrevistas fue realizado a los repre-sentantes locales de los otros organismos que componen el Sistema de Protección. Fueron parte de este proceso a nivel municipal la Coordinación del Área de Seguri-dad Alimentaria, la Coordinación del Área de Atención y Prevención de Violencia de Género y la Dirección de Juventudes, dependientes de la Secretaría de Promoción Social y la Dirección General de Empleo, recientemente transferida a la Secretaria de Producción. Dentro de la estructura de la Secretaría de Salud Pública de la Mu-nicipalidad se entrevistó a la Dirección de Salud Mental y a la Coordinación del Departamento de Trabajo Social. El último consultado, dentro de la estructura municipal, fue el Director del Servicio Público de la Vivienda, ente

autárquico que depende directamente del Intendente. A nivel provincial pudimos acceder a entrevistas con la Coordinadora de la Región VI (Rosario) de los Equi-pos Socioeducativos dependientes del Ministerio de Educación, con la Dirección de Justicia Penal Juvenil y con la Dirección Provincial de Deporte Comunitario y recreación.Las entrevistas se estructuraron en torno a tres ejes. En el primero, centrado en aspectos propiamente institucio-nales, los distintos responsables de cada área nos rela-taban cuáles eran sus funciones, cuáles los programas o servicios bajo su responsabilidad, el organigrama en el cual se sabían o no insertos, la dotación y cualificación del personal involucrado y la población objetivo de sus acciones. En un segundo eje, se dio especial importancia a la descripción que aportaban los entrevistados acerca de: la existencia o no y, en cada caso, al tipo de regis-tros de población atendida; a las tareas y/o acciones que se realizaban en forma intersectorial; a la existencia de acuerdos formales y/o informales de trabajo y, por úl-timo, a la vigencia y sostenimiento de estos acuerdos. Finalmente, el tercer eje estuvo centrado en el conoci-miento general y particular de la Ley Provincial 12.967 y a la descripción de los circuitos formales y/o informales que cada área o servicio utilizaba cuando intervenía para la protección y/o restitución de los derechos consagra-dos en dicha Ley y a conocer si se llevaban registros y de qué tipo, sobre esas intervenciones. Por último se indagó acerca del conocimiento sobre actas y/o guías y/o proto-colos de actuación para sus áreas o servicios.

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Problemas en la estructuración del sistema de pro-tección integral.Del análisis de las entrevistas se desprende que a nivel del municipio de Rosario en general y del Distrito Oeste en particular, existe un significativo número de acciones implementadas en el territorio, que pueden ser reconoci-das como parte del Sistema de Protección Integral de los Derechos de niños, niñas y adolescentes, que promocionan y protegen los derechos enumerados en la Ley 12.967. Sin embargo, la mayoría de los entrevistados no pudieron dar cuenta de una visión de conjunto a partir de su propio espa-cio, en la medida que, por un lado las continuas modifica-ciones y cambios en las estructuras organizativas no están todavía internalizadas ni reconocidas y, lo que es igualmen-te un dato preocupante, tampoco formalizadas. Por el otro, hay una serie de supuestos sobre lo que los otros actores deben9, o están preparados para hacer que no encuentra sustento en lo que ese otro realmente sabe o puede hacer. Esta situación resulta evidente en el caso de las distintas Di-recciones, Programas o servicios que se agrupan en torno a la Secretaria de Promoción Social (SPS). Hasta la fecha de redacción de este informe, las numerosas modificacio-nes en el entramado institucional de la SPS, no estaban formalmente aprobadas. Estas reformulaciones no fueron

menores; implicaron cambios de jerarquía y dimensiones de algunas Direcciones (que pasaron a ser Direcciones Ge-nerales) de algunos Programas o Áreas (que o bien des-aparecieron como tales o se transformaron) y de algunos servicios, y se plasmaron en documentos “no oficiales” a los que pudimos acceder y que incluso en este corto período tuvieron algunas modificaciones.Como dato adicional que ilustra esta institucionalidad informal, podemos mencionar que en la Web oficial del municipio, los cambios efectivamente implementados en estos últimos años están diferencialmente incorporados. Los programas y servicios de la Secretaria de Promoción Social aparecen en un link con el nombre de Desarrollo Social; el Programa Crecer y Programa de Asistencia e Intervención Directa (PAID) aparecen como vigentes y a la vez, por otro circuito o link aparecen los Centros Terri-toriales de Referencia (CTR). Asimismo, la Web del Go-bierno de la Provincia de Santa Fe muestra dificultades importantes a la hora de ligar un servicio y/o institución, con su organigrama correspondiente, quedando en la pericia del navegador, la posibilidad de sortear los es-collos para relacionar un servicio o programa, con sus responsables político/administrativos. El espíritu del De-creto 692/09 no parece verse reflejado en este aspecto10.

9 A pesar de constituirse la SENNAF una expresión territorial de un Estado Nacional “activo” la propia imagen de su miembros locales solo como perte-necientes a un tercer nivel y la escasa complementariedad en el trabajo y en la percepción de los actores provincial y municipal, constituye un obstáculo para la efectiva articulación en el sistema de protección integral.10 El decreto Nro. 692 del 2009, de la gestión de Hermes Binner, establece los mecanismos para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Esta norma apunta a contar con una herramienta que sirva para mejorar la transparencia de la gestión de gobierno, promoviendo que toda aquella información que pueda ser de utilidad pública y está documentada en papel, audio, video o cualquier otro soporte, este accesible. Todas las dependencias del Estado deben promover la elaboración de información para fomentar una participación ciudadana activa y efectiva.


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Un aspecto positivo destacado por los entrevistados es el funcionamiento de la Mesa Distrital “de los mar-tes” y de las intersectoriales o mesas barriales, que en el caso del Distrito Oeste son cuatro. La mesa “de los martes” fue referida por varios como el ejemplo del trabajo intersectorial del Distrito. La regularidad semanal de los encuentros, la asistencia de todos (o casi todos, dada la ausencia de los responsables de seguridad provincial) los responsables de las distintas políticas con anclaje territorial (salud, deporte, infan-cia, cultura, presupuesto participativo, juventud, etc.) y la efectiva coordinación de acciones que han llevado a la articulación de intervenciones y a la resolución de varias problemáticas, constituye un primer elemento que facilita la intervención intersectorial e interjuris-diccional necesaria para la efectiva implementación de la Ley 12.967. No obstante, de las entrevistas tam-bién se desprende que los encuentros son convoca-dos sin una agenda previa (la misma se arma en el momento), no existen registros formales de los temas tratados ni de los acuerdos y compromisos asumidos (cada participante lleva un registro personal), ni de los problemas y situaciones efectivamente abordados y resueltos. Co-responsabilidad significa la posibilidad de rendición de cuentas y no de dilución de responsa-bilidad, donde lo de todos termina siendo responsabi-lidad de nadie o del otro.Para llevar adelante este proceso, además de generar mecanismos de monitoreo del trabajo que promueve mayor integralidad en las acciones públicas, es necesa-

rio romper gradualmente con una cultura departamen-tal instalada y buscar una apertura a la intersectoriali-dad y la co-responsabilidad, construyendo mecanismos de cooperación permanente entre las diversas políticas sociales, este cambio en las culturas de la gestión públi-ca, exige que sean desarrollados esfuerzos en el sentido de una reconstrucción en la cultura institucional, de los usos, costumbres, formatos de gestión en los diferentes órganos ejecutivos municipales y provinciales, para via-bilizar un proyecto unitario y democrático de atención a la infancia y adolescencia en el ámbito local.

La necesidad de buena información pública

Una hipótesis de trabajo del equipo fue largamente confirmada durante las entrevistas, en especial en lo que se refiere a la falta de producción de buena información pública en un tema tan sensible como el de la situación de las infancias y en especial de las formas de respuestas principales brindadas por las distintas áreas y sectores estatales. Si hiciéramos una pregunta en estos términos: ¿Cuánto saben las políticas públicas sobre la infancia en Rosario? de-beríamos a empezar a preocuparnos por su grado de fragmentación, falta de sistematización y baja utili-zación para reformulación de los procesos de gestión y los procesos de trabajo.En el tema de registros que sean de acceso público sobre población atendida/beneficiaria la mayoría de los entrevistados declaró no contar con datos actua-

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11 Es una base de datos digitalizada, en donde se cargan las intervenciones de los distintos efectores de la Secretaría de Promoción Social - vía intra-

net - organizado por grupo familiar, que contiene datos socioeconómicos de los mismos, con vinculación georeferencial.

solo la responsable del Área de Atención y Prevención de Violencia de Género se manifestó segura que en su dependencia esto se “subía”.En general, ninguno de los entrevistados afirmó no contar con datos, o bien se mostraron ocupados de elaborarlos, como afirmó una Coordinadora, “Esta-mos en ese proceso, el año pasado comenzamos. Hay padrones que se monitorean, se visita al beneficiario, se visita a comedores. Hay un padrón, pero hay que mejorar”. Sin embargo, aunque a todos se les solici-tó que enviaran “lo que tenían” para poder analizar y evaluar la calidad y la amplitud de esos registros, a la fecha de redacción de este informe ninguno lo había enviado. La importancia política y estratégica de contar con re-gistros actualizados fue también reconocida por una Directora y un Coordinador, que indicaron que el Ob-servatorio Social debería ser el área o sector dentro de la SPS encargado de sistematizar la información producida por todas las áreas, para contar con regis-tros y datos actualizados, pero no podían constatar el estado del tema en la actualidad y a la vez no conta-ban ellos, con los datos que les servirían en sus áreas específicas. Se debería tener como horizonte cumplir con el propósito establecido en la web del municipio que establece que el “El Observatorio es un instru-mento que posibilita el tratamiento ágil y confiable de información cualitativa y cuantitativa sobre el con-

lizados ni sistematizados. Solamente en el área de salud reconocieron contar con datos e información epidemiológica por cada Centro de Salud, pero sin una mayor desagregación que por especialidad o por patologías o por tasas clásicas (desnutrición, morta-lidad infantil), no contando con una información más integral que permita establecer por ejemplo una re-lación entre necesidades básicas insatisfechas (NBI) e ingresos. A su vez, es importante resaltar la ausencia de registros cuantitativos y cualitativos de situaciones de maltrato familiar, abuso sexual, prostitución infan-til, embarazo adolescente. En este sentido, una Direc-tora planteaba que tienen registros pero “Muy pocos… utilizamos en algunos el Registro Social en otros utili-zamos otros registros epidemiológicos, pero estamos tratando de que se unifiquen”. El Registro Social11 aparece en varias entrevistas- so-bre todo las asociadas a la SPS- como una herramien-ta que permitiría tener datos unificados, periódicos y que se transformen en insumos para la planificación de las acciones pero a la vez reconocen que es bas-tante difícil la carga de datos, ya que en la mayoría de las dependencias no hay infraestructura informá-tica. En general los datos se toman en soporte papel y luego algún responsable del área o programa es el encargado de “subir” esa información. Ese paso de “subir” no está claramente identificado como parte de las intervenciones. Es considerado importante, pero


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texto social de la ciudad, apuntando principalmente a la detección y medición de necesidades de los actores sociales que viven en el territorio”.12

Acordando con este consenso bastante generalizado, consideramos que el diseño del sistema de protección integral ganaría en coherencia e integralidad al estar soportado en la construcción de buenas estadísticas públicas. En especial, los diseños referidos a políticas públicas destinadas a incidir en las condiciones de vida de la infancia y de sus grupos familiares, deberían estar acompañados por información confiable, cuyos registros sean de acceso público, confección fidedigna, requisito de comparabilidad, etc. La ausencia o la falta de infor-mación13 aumentan la improvisación, cierta arbitrarie-dad en la definición de prioridades y las formas naturali-zadas de administración de la crisis. Dicho de otra forma, para quienes están a cargo de la gestión pública en estos ámbitos, disponer de información y estadísticas confia-bles amplía las posibilidades de enfrentar con mayores capacidades las complejas cuestiones reseñadas. En cuanto al presupuesto que cada Dirección, Coordina-ción o área dispone, muy pocos entrevistados supieron responder con certeza el monto, ni reconocer el origen del mismo. Una excepción fue una Directora General que dio cifras con cierto nivel de detalle y a la vez reconoció haber participado en la asignación y distribución de ese

presupuesto entre las áreas y programas que están a su cargo. Esta puntuación no es menor, ya que las tareas de coordinación exigen de los funcionarios y de los respon-sables intermedios, por lo menos tres tareas en relación a los presupuestos no siempre complementarias. En pri-mer lugar, actuar como gestores y administradores del presupuesto. En segundo lugar, también actuar como defensores de mejores servicios y prestaciones de las áreas y programas a su cargo y paralelamente ponde-rar las necesidades de los mismos en la búsqueda de los presupuestos más eficaces económicamente. Recons-truir la política pública de la mano izquierda del Esta-do consideramos exige contestarnos preguntas básicas: ¿tiene un plan presupuestario que incluya el desarrollo del programa en forma anual? ¿Ha decidido en que for-ma distribuirá los recursos en su distrito de influencia?, ¿cómo jerarquizará presupuestariamente lo reclamado por otras áreas o sectores respecto de temas de su es-pecificidad institucional? Salir de la lógica única del mé-todo tradicional en términos presupuestarios donde el enfoque central es el incremento, se torna fundamental para redistribuir recursos en el sentido de apoyar el sis-tema de protección integral.

Reconocimiento de la Ley e Identificación de acciones que promocionan, protegen y /o vulneran derechos.

12 Extraido de: http://www.rosario.gov.ar/sitio/rrii/observatorio/obs1.jsp Web Oficial de la Municipalidad de Rosario.13 Es importante remarcar que según el art. 67 de la Ley provincial : “Las partidas presupuestarias asignadas a la promoción y protección integral de

los derechos de las niñas, niños y adolescentes deben incrementarse de acuerdo a indicadores e información surgida de registros de datos estadís-

ticos provinciales que deben incluir la variable niñez.” Por lo tanto la información es nodal para el propio financiamiento del Sistema de Protección.

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Otro de los temas consultados en la entrevista, refe-rían al grado de conocimiento sobre la nueva legisla-ción para el campo de la infancia. El objeto era revisar el grado de conocimiento y de gestión asociada en los organismos de gobierno, en sus distintos niveles respecto del sistema de protección integral, teniendo en cuenta que el principio de co-responsabilidad se materializa en el hecho de crear mecanismos o pro-gramas, para corregir la oferta insuficiente de servi-cios o las violaciones a los derechos de la infancia que ocurran en estas áreas.Todos los entrevistados, con excepción de una Directo-ra y un Director, declararon conocer la Ley y estar al tanto de sus contenidos generales. Sin embargo, hubo bastantes dudas y ambigüedades a la hora de definir exactamente qué derechos eran los que sus respecti-vas áreas y/o servicios promocionaban y/o protegían. De igual manera, la mayoría no pudo identificar cla-ramente qué o cuáles derechos se vulneraban cuando sus reparticiones eran llamadas a intervenir. En gene-ral hay claridad en la identificación de alguna demanda (aunque, como ya dijimos, no asociada a la vulneración de un derecho) que llega a los servicios o áreas y es-tas son derivadas a la Dirección General de Infancias y Familias o provenidas de la misma. En esta Dirección parecen estar concentradas y delegadas las atribucio-nes de encaminar las acciones de protección. Aunque ninguno de los entrevistados hizo mención, es posible que las atribuciones y las funciones del Servicio Local tal cual establecido en la Ley provincial, estén identifi-

cados por los distintos actores con ésta Dirección.Una observación no menor, a lo largo de las entre-vistas fue que, cuanto más se alejan del programa institucional las áreas u órganos de gobierno clásico dedicado a la infancia, más bajo es el conocimiento de la Ley y la preocupación para evitar que las políticas públicas a su cargo operen con lógicas de discrimina-ción negativa en relación a la infancia. Tratamiento y usos de Actas/Guías y/o Protocolos

Una de las tareas del equipo de la Carrera de Traba-jo Social era relevar y evaluar los protocolos de ac-tuación y los acuerdos de intervención actualmente vigentes y en funcionamiento. Parte de nuestras preocupaciones era registrar el grado de existencia y utilización de guías, protocolos y procedimientos, grados de consenso respecto de las mismas, plus de derecho en los abordajes y procedimientos, ga-rantías de prioridad y nivel de cumplimiento del derecho de preferencia del niño/a en la atención urgente e integral en situaciones de grave violación de derechos.Todos los entrevistados afirmaron conocer la existencia de alguna Guía, Acta o Protocolo de Actuación, aunque solamente los responsables de las dos Direcciones específicas de infancia, de Atención de Situaciones en Vulnerabilidad Social, de Trabajo Social y Salud Mental de la Secretaria de Salud Municipal y la Coordinación Territorial de Políticas de Salud del Distrito Oeste, de-


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socioeducativos para trabajar las situaciones. Sólo en los casos evaluados como urgencias se faculta a la institución educativa la comunicación con la Policía o la emergencia médica para gestionar los servicios de otras reparticiones. Es de notar que la relación inter-sectorial establecida en el protocolo no da cuenta de un trabajo interinstitucional territorial para generar abor-dajes en su radio de influencia, aunque si se establecen mecanismos para notificar y trabajar con las familias o responsables legales de los niños y niñas comprometi-dos con las situaciones problemáticas. En general todos los entrevistados manifestaron su voluntad de avanzar en el establecimiento de este tipo de instrumentos, considerándolos, en algunos casos, como necesarios y urgentes en la medida que muchas situaciones no estaban siendo tratadas conforme a la Ley Provincial. Es decir, de las guías que tenían algún tipo de reconocimiento legal o institucional, no estaban necesariamente articuladas a las garantías estableci-das en la reglamentación de las medidas de protección integral y las medidas de excepción dispuestas por la nueva legislación. Paralelamente se reconocía la im-portancia de institucionalizar políticas activas y proce-dimientos de protección contra el maltrato, la trata, la violencia institucional y familiar, como también de toda forma agravada de discriminación.

mostraron un conocimiento detallado y amplio de las mismas14. Algunos funcionarios habían sido consulta-dos o incluso participado en el proceso de elaboración de una de las guías dedicadas al abordaje intersectorial de situaciones de abuso sexual y maltrato familiar.Desde el del Área de Atención y Prevención de Violencia de Género se comentó el trabajo conjunto con la Guar-dia Urbana Municipal (GUM) en base a un Protocolo de Actuación de la GUM para los casos de Violencia de Gé-nero y que este protocolo, se iba ajustando de acuerdo a la experiencia de los casos efectivamente tratados y atendidos.La Defensora de Niñez comentó que están elaborando sus propios protocolos pero no mencionó si estos tenían que ver con los que estaban circulando en el Gabinete Social. Por su parte, desde el área de Educación provincial se socializó el protocolo de intervención de los equipos socioeducativos, el cual es utilizado en el ámbito es-pecífico de las escuelas. El mismo presenta una guía de procedimientos ante situaciones conflictivas o de vulneración de derechos en donde dichas problemáti-cas exceden los encuadres institucionales escolares y cuando se evalúa el agotamiento de los recursos y las estrategias para su abordaje. El procedimiento habi-lita la comunicación entre directores de escuelas con los superiores jerárquicos (supervisores) y los equipos

14 Durante el lapso en que se fueron concretando las entrevistas, la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la niña, niño y adoles-

centes, y la Dirección General de Infancias y Familia de la Municipalidad, estuvieron coordinando encuentros por Distrito en la ciudad de Rosario en

los que se entregaba y se proponía debatir una versión de la Guía de problemas socio-subjetivos para el abordaje intersectorial: violencia, abuso y

maltrato entre todos los agentes. Esta Guía no había sido reconocida institucionalmente como vigente.

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Los Talleres, un laboratorio de trabajo intersectorial

Referíamos anteriormente como parte de nuestra meto-dología de trabajo la generación de un espacio público “protegido” con funcionarios y representantes de las ins-tituciones locales con responsabilidades directas en la organización, gestión y dirección del sistema de protec-ción integral. El objeto de estas “oficinas” de trabajo fue proponer una serie de herramientas y matrices, que per-mitieran elaborar algunas líneas de trabajo en relación al diagnóstico, reconocer las formas de trabajo intersectorial en relación a las acciones protectivas, a las medidas de protección integrales y a las medidas de protección excep-cional y por último revisar la tensión evolutiva presente en los procesos de implementación de la ley. Esta última se hizo evidente al analizar en forma conjunta y realizar algunas observaciones a la Guía de problemas socio-sujetivos para el abordaje intersectorial: violencia, abuso y maltrato que fue reconocida por los actores como trabajo acumulado de los años anteriores en pos de for-malizar y mejorar la articulación intersectorial.En función de estas reflexiones es que se jerarquizó la comprensión de cómo estaba siendo internalizado por los distintos actores el sistema de protección integral, las competencia y responsabilidades institucionales, las formas de vinculación entre los niveles local, re-gional y provincial de conformidad a su ámbito de actuación territorial y qué se comprendía en general entre los funcionarios, técnicos y trabajadores por pri-mer nivel de intervención y Servicio Local. También se

notó la importancia de revisar competencias, respon-sabilidades y formas de trabajo cooperativo en el sen-tido –como refiere la letra de la ley- de no constituirse en obstáculo para la asistencia inmediata en situacio-nes de riesgo para la vida o la integridad personal de la niña, niño y adolescente.Cierta falta de claridad, el desdibujamiento en las nor-mativas institucionales y el “tallerismo” en la participa-ción de los actores involucrados que torna ambiguas la jerarquías y responsabilidades, han producido las in-cumbencias y la complementariedad entre el primer y segundo nivel de intervención cómo partes de un mo-delo de intervención que remite más al esquema médico de tratamiento y derivación. En el mismo la complejidad o gravedad de una enfermedad es lo que determina el pasaje de un nivel a otro para su abordaje. Este mode-lo internalizado, trasladado a lo social y al sistema de protección integral, puede ser fuertemente contraprodu-cente por varios motivos. En primer lugar instala que el “tratamiento” de mayor complejidad sería la toma de la medida excepcional contrariando todos los esfuerzos por salir de la lógica del patronato y el efecto “institución”; en segundo lugar el derivacionismo también fortalece prác-ticas más asociadas a lo que “me” corresponde burocrá-ticamente, que a la lógica de la corresponsabilidad, por ejemplo cuando se lleva adelante una medida de protec-ción integral o una medida excepcional, eso no significa en el ámbito territorial clausurar el trabajo con el grupo familiar, porque como lo específica la reglamentación los equipos de trabajo que participaron de la decisión de


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15 El término hace referencia al Art. 32 de la Ley 26.061, en el cuál describe la conformación del Sistema de Protección Integral de los Derechos de

las Niñas, Niños y Adolescentes: “La Política de Protección Integral de Derechos de las ninas, ninos y adolescentes debe ser implementada mediante

una concertación articulada de acciones…”

la medida deben llevar adelante las distintas acciones que posibiliten el restablecimiento de la convivencia co-munitaria y familiar de la niña y el niño en la medida de las posibilidades, en tercer lugar confirma cierto lugar común en donde para acceder a determinados recursos para la atención de los casos se debe avanzar por niveles y/o medidas. En síntesis se torna fundamental recuperar para la promoción del Sistema de Protección Integral, la filosofía de acción del Sistema de Salud de Rosario, bre-vemente recordemos que en este sistema, la Atención Primaria de la Salud es considerada una filosofía para la acción y una estrategia- y no el primer nivel de atención- para la reorganización de los recursos integrados en un sistema regionalizado. A partir del reconocimiento de estas dificultades es que nos centramos en la importancia estratégica de la constitución del Sistema de Protección Integral a nivel local, queremos decir, la constitución del Servicio Local en el Municipio de Rosario. Ello se hace necesario para completar en forma coherente la nueva instituciona-lidad que exige el Sistema de Protección Integral. Es destacable que gradualmente se fueron incorporando el Consejo Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes, la Defensoría Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes, a su vez debe notarse la ausencia de la conformación de la Comisión Interministerial de niñez y adolescencia. Brevemente para situar al lector, nos parece importan-

te reseñar los artículos principales en la conformación y definición de las competencias y responsabilidades del Sistema de Provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes. En el artículo 29 de la citada ley se nombra la responsabilidad de los principales organismos públicos, la organización por niveles local, regional y provincial de acuerdo al ám-bito de actuación territorial. En el Artículo 30, se señala la importancia de constitución a nivel local de los Servi-cios Locales de Promoción y Protección de Derechos, que se constituirían en las áreas responsables de desarrollar planes y programas de protección de derechos de la Ni-ñez, en el ámbito local. En el artículo también se definen como tareas principales la intervención con programas y actividades de promoción de derechos y en las situaciones de urgencia y de amenaza de vulneración de derechos. Se remarca la importancia de la constitución de equipos interdisciplinarios, capacitados y con experiencia para la aplicación de las medidas de protección integral, con el apoyo técnico-financiero de la Provincia y de la Nación. En relación con lo anterior, se trato de bosquejar como - en la práctica - se estaban desarrollando las formas de “concertación articulada”15 de los distintos niveles en no as y “desbordadas” por un caso-social individual, con múltiples y fragmentadas intervenciones. En el caso de la gestión pública del nivel regional, en la con-solidación de un trabajo marcado por la administración

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16 Los casos que se mencionan corresponden a situaciones de compromiso en la salud, de los niñ@s con relación a su hábitat.

de la crisis, la respuesta a las urgencias y las tareas centradas en la adopción de las medidas excepciona-les, quedando poco tiempo para salir de la lógica de la individualización de lo social y dar lugar al diseño e im-plementación de proyectos de trabajo más colectivos. En esta lógica de concertación realmente existente, las reuniones de los equipos intersectoriales y las reunio-nes entre éstos equipos y los responsables intermedios permiten entender parte de cierta parálisis de la políti-ca pública referida en el diagnóstico:

“...En términos de análisis de políticas los actores pare-cerían priorizar claramente un modelo bottom up (desde abajo hacia arriba) de políticas, aunque con los límites señalados: los actores predominantes serían los propios equipos técnicos, lo que esta señalando algún sesgo tecno-crático donde lo político asume un rol marginal. Mientras, y paradojalmente, se reclama y señala la falta de políticas desde una perspectiva Top Down (desde arriba hacia aba-jo)...” (2012:61).

Paralelamente, una serie de talleres fueron dedica-dos a reconocer las fortalezas y debilidades presen-tes en una serie de políticas públicas y su vinculación con la reparación y restitución de derechos, según cada ámbito de actuación. De alguna manera se pasó revista a una serie de programas presentes en el ám-bito municipal y provincial que permiten ampliar la accesibilidad a ciertos derechos jerarquizados por

la nueva legislación, sobre todo en situaciones de fuerte vulnerabilidad social. En este sentido se ana-lizaron una serie de políticas “focalizadas”: vivienda, salud, educación, empleo, seguridad alimentaria, infancia y juventud, cuidados alternativos, identidad personal etc. En esta línea se buscaba interpretar de qué manera las mismas contribuían en dos aspectos fundamentales: por un lado, si estaban orientadas al fortalecimiento familiar y comunitario, a fin de ga-rantizar los derechos aumentando su capacidad de cuidado y protección; por otro, si contaban con cierta institucionalidad y capacidad de respuesta frente a las situaciones más urgentes y prioritarias.Una de las herramientas con que se cuenta en los casos graves referidos a problemas de vivienda o de la necesidad apremiante para contar con una alter-nativa habitacional, por motivos de violencia familiar, familias en situación de calle, niños comprometidos en la salud con relación a su hábitat, o inclusive en casos recientes de resguardo de niños o adolescentes por conflictos graves al interior de su comunidad, es el Programa de Emergencia Habitacional dependien-te del Servicio Público de la Vivienda.Según datos canalizados por el Departamento de Trabajo Social dependiente de la Secretaría de Salud Pública Mu-nicipal, de 300 situaciones presentadas, hubo respuestas a 120 casos16. Entre los principales problemas notados en esta gestión asociada, se verifica además del problema presupuestario, una serie de limitaciones para acceder a


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mejoras en la vivienda si el mismo está en terreno fiscal o privado, si esta cerca de la vía, o de barrancas, o es una zona inundable, o de difícil acceso por no estar urbaniza-da. Paralelamente, la urgencia de las situaciones genera alternativas precarias como el alojamiento en hogares transitorios, el otorgamiento de subsidios para pensiones, sabiendo que muchas veces, las pensiones rechazan mu-jeres embarazadas o toleran mínimamente a los niños.Durante los talleres, se mencionó igualmente la impor-tancia de fortalecer el Programa de Emergencia Habita-cional, para generar alternativas consistentes sobre todo en el marco de la implementación de medidas de pro-tección integral. Se valorizaron una serie de anteceden-tes favorables en ese sentido, como: la existencia de una convenio entre la Secretaría de Salud Pública Municipal, la Secretaría de Promoción Social y el Servicio Público de la Vivienda, en que los primeros organismos aportan presupuesto al Servicio Público de la Vivienda. La parti-cipación de la Secretaria de Promoción Social en calidad de vocal en el Directorio del Ente Autárquico del Servicio Público de la Vivienda y paralelamente una serie de tra-bajos intersectoriales que se vienen desarrollando con la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.Las políticas vinculadas a potenciar las inserciones la-borales de los adultos responsables de los niños como acciones directamente vinculadas al fortalecimiento del grupo familiar se encuentran desdibujadas en el discur-so de los actores. Tampoco se menciona el control del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescentes Retomando el diagnóstico del IGC, que muestra cla-

ramente una composición poblacional del D.O. de amplios sectores con inserciones laborales precarias complementadas con políticas asistenciales, en don-de la obtención de los bienes para satisfacer las ne-cesidades básicas provienen de múltiples estrategias desarrolladas por adultos y niños, podemos decir cla-ramente que la precarización laboral, los bajos ingre-sos y el desempleo constituyen una parte sustancial vinculada a la vulneración de los derechos. Por lo tan-to ubicarlos solo como problemas estructurales de las relaciones de desigualdad en nuestras sociedades sin tenerlos en cuenta para el análisis de las problemá-ticas nos podría llevar a una lectura culturalista de la pobreza que derivaría en la construcción de políticas de promoción y protección de derechos desvinculadas de las condiciones efectivas de vulneración de dere-chos de los niños y niñas del Distrito. Por otro lado las cuestiones referidas al trabajo in-fantil y/o el trabajo adolescente que no se condicen con las restricciones que impone la Ley 12.967 (art. 22 y 23), no tienen circuitos locales de reconocimien-to del problema. Si bien es competencia del Ministe-rio de Trabajo la fiscalización del cumplimiento de la normativa específica, resulta llamativo que ninguno de los actores lo enuncie como problemática detec-tada para su articulación y tratamiento. Lo mismo sucedió con las situaciones que encuentran a los niños implicados con delitos - narcotráfico, trata de perso-nas– no se enuncian para su detección y/o tratamiento. De la lectura minuciosa de los encuentros se puede elucidar

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el abordaje de éstas situaciones incluidas en otras proble-máticas como situación de calle, niños carentes de cuida-dos parentales, violencia, niñas, niños y/o adolescentes en conflicto con su comunidad o con la Ley Penal.Con respecto a las políticas de inserción laboral, existen una batería de programas y proyectos focalizados, dirigidos a la franja etaria de 16 a 25 años: Programa de Empleabilidad Juvenil, Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Pro-yecto de Capacitación laboral en oficios y generación de proyectos productivos (para jóvenes en situación de calle). La población en general cuenta con servicios de orien-tación, capacitación, vinculación entre ofertas y necesi-dades laborales, ofrecidos desde la Dirección de Empleo Municipal y una serie de propuestas de emprendimientos socio-productivos para dar respuesta a la problemática por la vía del autoempleo por parte de la Subsecretaría de Economía Solidaria del municipio y la Subsecretaría de Economía Social del gobierno de la provincia. Otro de los núcleos de trabajo, durante las jornadas, fue el tema de acceso a distintos tipos de documenta-ción: DNI, partidas de nacimiento, etc. Punto de parti-da clave, para acceder a otros derechos.Desde ésta intencionalidad se revisaron los procedi-mientos para acceder a los mismos: si eran ágiles y rá-pidos, si priorizaban especialmente a los niñas y niños de familias marcadas por la pobreza y marginalidad. En este aspecto, la incorporación de tecnología per-mitió una mejora cualitativa respecto de los ’90, en los

tiempos y en las tramitaciones. Aún así, hay puntos que se deben optimizar en la gestión intersectorial, sobre todo en grupos familiares que necesitan acom-pañamiento para estas gestiones. En base a los co-mentarios, hay una serie de circuitos artesanales17, organizados desde los distintos ámbitos: salud, edu-cación y Dirección de Infancia. Se destacó la importancia de institucionalizar un sistema de cupos con las oficinas de registro civil de los Distritos, sobre todo cuando hay dificultad en la gestión de partidas de nacimiento de otras provincias, ante la existencia de conflictos intrafamiliares con respecto a la tenencia y acceso de documentación, cuando no se cuenta con datos básicos, cuando se exi-ge pago de multas o cuando se tornan fundamental como el caso de la asignación universal por hijo o la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo.Otro de los temas monitoreados durante las jornadas de trabajo fueron los programas de asistencia alimentaria y sobre todo su vinculación con problemas de desnutrición y bajo peso. Los programas alimentarios fuertemente de-sarrollados durante los ’90, ante la crisis y la emergencia alimentaria, y que aparecían con carácter prioritario para el corto plazo, se instalaron en el sistema de políticas so-ciales local, como malla de contención y apoyo a la sobre-vivencia de los sectores más pauperizados. Redes preca-rias de contención que sustituyeron de manera limitada y deficiente el abastecimiento de necesidades básicas como

17 Artesanal, en este caso es usado para describir interacciones particularizadas, más vinculadas a las relaciones interpersonales que a la articula-

ción interinstitucional.


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son entre otras, la alimentación y el cuidado infantil. De hecho se asistió a una consolidación de los programas de asistencia alimentaria en Rosario. Si bien hubo, en los últimos años, una paulatina salida de la emergencia alimentaria, a raíz de cierta universali-zación de la respuesta a la misma, cumpliendo un papel importante la Asignación Universal y la Tarjeta Única de Ciudadanía, se observan dificultades en la reformulación de las tareas y actividades de los Comedores Comunita-rios y las consecuentes derivaciones que resultan en la interacción entre familias, municipios y organizaciones sociales en torno a las prácticas asistenciales bajo el supuesto de que el modelo opera más sobre la cober-tura territorial que organiza las prestaciones asisten-ciales, que sobre la cuestión alimentaria propiamente dicha. Este aspecto dificulta revisar las herramientas para el tratamiento de la indigencia en la política social y fortalecer, por ejemplo, otras actividades de las or-ganizaciones como el cuidado infantil. En este sentido -relativizando en parte las marcas del clientelismo o fa-miliarismo en las prácticas de estas organizaciones- es necesario ubicar que una de las principales poblaciones de los comedores son niños y este es un aspecto cen-tral, teniendo en cuenta que si bien la relación de los responsables de los comedores con el grupo familiar es mínima, (mayormente con sus madres y circunstancial, ya que muchas veces los niños concurren solos o con hermanos al comedor) esto permitiría también que los comedores puedan constituirse en un lugar de conten-ción y de detección de problemas graves.

Paralelamente es preciso notar la importancia, para nada residual, que siguen teniendo programas- que trabajan de forma focalizada y fragmentada- como el Fondo Participativo de Inversión Social (FOPAR), el refuerzo alimentario de los Comedores Escolares y los CTR para complementar las estrategias de reproduc-ción familiar, ubicando que se producen a veces limi-taciones en las acciones de capacitación en nutrición y auto-producción de alimentos y en el vínculo con los Centros de Atención Primaria de la Salud.Revisando el diagnostico con los participantes en los Talleres, otro de los núcleos de problematización fue jerarquizar el tratamiento y la búsqueda de alterna-tivas, a una de las constantes a lo largo del proceso participativo: la preocupación con lo que se nombró como edad “bisagra” y la edad “ni ni”. Brevemente volvamos a una de las preocupaciones centrales de los actores del diagnóstico participativo, la “edad bi-sagra” ubicada en la franja de los 11/12 años a los 14/15 años, que pone en crisis ciertos abordajes, ya que, al decir de los actores, quedan fuera de todo: empiezan gradualmente a desgranarse del sistema escolar, dejan de ser objeto de cuidado principal de sus padres, se suman a las estrategias de sobrevi-vencia familiares, etc. Edad bisagra que en el media-no plazo engrosara las filas de los que no estudian ni trabajan y del delito amateur o de problemas de consumo graves, complejizando la tarea aún más en la franja de los 16 a los 18 años:

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“…En esta edad bisagra muchas veces se produce “un drama social fortísimo, los 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan (NINI) en la Argentina. La infor-mación disponible indica que son 8000 los jóvenes en esa situación en la Ciudad de Rosario…En este sentido, la alarma se registra por la imposibilidad de encontrar estrategias institucionales que aporten a retener a los chicos en la Escuelas y diseñar entornos y acciones atractivas para que puedan desarrollarse apropiada-mente…los territorios cambiaron y las instituciones no supieron/no pudieron leer e intervenir en ese proceso de cambio…” (2011:85)

Si bien se destacó, la serie de esfuerzos gubernamen-tales para generar algún tipo de respuesta pública a las principales problemáticas que afectan a la pobla-ción sobre todo adolescente, se observó que las mis-mas están muy sesgadas por la fragmentación de las distintas jurisdicciones estatales, por los problemas de la focalización y por la precariedad de los disposi-tivos de intervención para generar ámbitos de inclu-sión de estos niños y jóvenes, que tengan capacidad de competencia con la economía delictiva y con las dinámicas de exclusión. En ese sentido no se puede hablar exactamente de vacío de las políticas públicas frente a esta población, sino de los límites de la fo-calización y dispersión en la lógica de la intervención público-estatal. Como explica Françoise Dubet (2006) en el “Declive de la Institución” estamos en la era de los dispositivos y nosotros agregaríamos de un nuevo

capítulo de la “programitis”, Programa Oportunidad, Programa Volver a la Escuela, Programa Joven, Pro-grama 0-25, Mini-Equipos (Prevención de Adicciones), Acompañantes (terapéuticos, Juveniles, personaliza-dos), Programa de Libertad Asistida, Dispositivo de Atención en la Crisis.Los programas que trabajan sobre la revinculación y el apoyo a la permanencia en el Sistema Escolar, en es-pecial los Equipos Socio-Educativos que dependen del Ministerio de Educación tiene como principal objetivo

“…la resolución de problemáticas socio-familiares y/o institucionales vinculadas a situaciones de vulnerabilidad social que imposibiliten o dificulten la permanencia y/o concurrencia de la niña, niños, adolescentes en las insti-tuciones educativas…”

Un objetivo tan exigente, requiere fundamentalmente de la generación de capacidades institucionales, or-ganizacionales y de recursos humanos amplia y solo, a manera de ejemplo, debemos considerar que el Dis-trito Oeste cuenta con un solo equipo de trabajo, es decir un equipo para 66 establecimientos educativos, 29 Escuelas de nivel primario, 9 Secundarios y 29 Jar-dines de Infantes.Frente a la dispersión de los programas y a la masividad del problema que enfrentan, redefinen sus objetivos en relación a la demanda de las Instituciones Escolares y a la priorización de cuestiones asociadas a la violencia escolar, a graves problemas de convivencia, a casos so-


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ciales individuales derivados por las Escuelas, etc., tra-bajando por derivación y en mucha menor medida inter-viniendo institucionalmente, notando que en este último tiempo un trabajo más asociado con la Dirección Provin-cial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adoles-cencia y Familia, y a otros ámbitos de Desarrollo Social.Notoriamente, se observo también la importancia de la promoción de la gestión asociada, pero también los límites del trabajo intersectorial, sino se readecua la ad-ministración pública a la transversalidad que el Sistema de Protección Integral exige. Una serie de experiencias lo están demostrando, como los Centros de Día para jóve-nes o Programas Comunitarios para Jóvenes (Centro de Permanencia Transitoria; Centro de Día “La Posta”, Mini Equipos), constituidos intersectorialmente en la anterior gestión y que se confrontan en el día a día con proble-mas de financiamiento, con problemas para constituir un equipo de trabajo mínimamente adecuado, sin que ninguna de las reparticiones tome centralmente a cargo el problema de los recursos humanos y el presupuesto para el funcionamiento institucional. Recordemos que estas experiencias están sostenidas en la expectativa de un trabajo conjunto entre áreas de Salud y Promoción Social, que brindan respuestas in-clusivas de tipo comunitario e institucional y no sosteni-das en el prohibicionismo, ni en la medicalización de lo social, para una población fuertemente jerarquizada en el diagnóstico: adolescentes y jóvenes (“ni-ni”)con con-sumo problemático y adicciones, pasibles de ingresar a

economías delictivas o directamente ser abordados por el sistema penal juvenil y/o por el circuito manicomial. Finalmente, después de este pasaje por algunos de los programas y las políticas sociales dedicadas a la infancia, con su capacidad limitada de respuestas a la restitución de derechos en el caso de la educación, la salud, el hábitat, etc.; se pasó a evaluar- en forma situacional- cómo se es-taban implementando las medidas de protección integral y las medidas de protección excepcional y cuáles serían las alternativas institucionales y procedimentales más eficaces para institucionalizar esta modalidad de trabajo que exige el Sistema de Protección Integral. Los principa-les problemas que se encontraron fueron los siguientes:

a) Respecto de las medidas de protección integral, uno de los principales problemas ubicados en los talleres giró alrededor de quién se constituía efectivamente en “Autoridad de Aplicación” de estas medidas, que re-quieren de un procedimiento específico que se apoya en el debido proceso que la ley establece. Es así como se evidencian con respecto a las medidas de protección integral, dificultades prácticas de diferenciación con respecto a las actividades más cotidianas de los equi-pos de trabajo con población vulnerable18. Sumado a lo anterior, un nudo problemático lo constituyen las si-tuaciones complejas con dificultades de delimitación y diferencias de criterio en relación a las capacidades de cuidado y protección de familias con vivencias de largas historias de exclusión; diferencia de criterios respecto

18 Así enunciadas por diferentes instituciones que conforman el Sistema de Protección en sus documentos públicos.

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de qué considerar urgente, qué considerar importan-te, a la hora de solicitar una medida de protección. Una de las preocupaciones que giraron en la mesa de discusión, es cómo estas medidas -de discriminación positiva en pos del fortalecimiento del grupo familiar, de reclamo a otras instituciones para la generación de políticas activas de restitución de derechosen su instrumentación precaria, podían tener efectos contra-producentes de discriminación negativa. Es por todo lo anterior que se registró la importancia y la urgencia de constituir el Servicio Local dentro del Municipio de Ro-sario, que el mismo tenga un amplio reconocimiento y legitimación por parte de los otros actores estatales a los efectos fundamentalmente de tener capacidad de incoar a los otros Ministerios y Secretarias del Estado cuando solicitan una intervención específica y urgente.

b) Respecto de las medidas de protección excepcional, se verificaron en primer lugar, las dificultades para poder instalar nuevas competencias y procedimientos frente a situaciones de vulneración de derecho. Entre los principales, recordemos que el texto legal, otorga competencia exclusiva a la Subsecretaría de los De-rechos de la niñez, adolescencia y familia a través de sus Delegaciones Regionales en la adopción de medi-das excepcionales y establece la subsidiariedad de la intervención judicial a través de los Tribunales Cole-giados de Familia siendo su tarea principal el control de legalidad de las medidas llevadas adelante por los organismos del Ejecutivo citados.

En segundo lugar, se verificó la importancia de gene-rar protocolos y procedimientos de trabajo, que permi-tan brindar seguridades y buenas prácticas a la hora de adoptar medidas de protección excepcional. En este aspecto se observó la importancia de que el abordaje de temas como el maltrato o el abuso o situaciones de negligencia grave, pasibles de ser denunciadas, tuvie-ran especialmente en cuenta el debido proceso y las recomendaciones brindadas por la reglamentación de la ley. Paralelamente, otro de los temas a jerarqui-zar fue que, si bien todos los agentes públicos tienen obligación de recepcionar las denuncias y el deber de comunicar, se deben establecer procedimientos y formas de trabajo que preserven a los trabajadores y agentes públicos de maltratos o pequeñas tiranías fa-miliares. Sin embargo, estos mecanismos en ningún caso deberían consistir en evitar que los profesionales denuncien o informen de situaciones de vulneración de derechos, ya que, la responsabilidad de la denuncia recae en los mismos agentes y trabajadores.

c) Otra de las discusiones nucleares con respecto a las medidas excepcionales, es cuando la misma exige - en base a una lectura cuidadosa de la situación sociofa-miliar- la inclusión de los niños en ámbitos de cuidado alternativo. Esta cuestión es estratégica para salir tan-to de la lógica del modelo tutelar-punitivo, como de la doctrina de la situación irregular.

En este sentido, se valorizó la importancia simbólica del cierre del Hogar del Huérfano, -institución que de al-


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guna manera representaba en forma fáctica las malas prácticas institucionales con respecto a la infancia- y los esfuerzos en readecuar las instituciones dependientes de la Dirección Provincial o en convenio con las mismas. Se propone fortalecer líneas de trabajo de modo tal que, las medidas, sean parte de los recursos con los que se cuentan, para el apoyo socio-comunitario de su medio de residencia habitual. Un capítulo importante de discusión también lo fue la visualización como solución -a veces simplificada- de programas como el Familias Solidarias, siendo muy im-portante el acompañamiento de este grupo de familias, tanto a nivel de las expectativas, como también, respec-to de la contención afectiva frente a los desafíos que pre-sentan los cuidados diarios, las diferencias culturales y económicas, la transitoriedad y los afectos generados, etc. Es decir el acompañamiento no debe acotarse a una buena “selección” de las familias, sino a la generación de instancias grupales de acompañamiento. En las reuniones también fueron percibidas las dificul-tades que se presentan en los dos sistemas de cuida-dos alternativos, para llevar adelante medidas excep-cionales que implican la separación del grupo familiar, en los casos que no se recurre a redes de parentesco.

Evaluación de los protocolos de actuación y los acuerdos de intervención actualmente vigentes y en funcionamiento.La creación de servicios de protección de derechos para niños, niñas y adolescentes requiere de la implemen-

tación de acciones estratégicas que viabilicen acuerdos de trabajo y recursos de diferentes áreas institucionales públicas tanto estatales como privadas. Apuntar a la integralidad de la protección implica poder contar con criterios consensuados y la elaboración de herramien-tas de trabajo que se articulen coherentemente con los circuitos y procedimientos creados para tal fin. Es imprescindible también contar con un relevamiento de los servicios institucionales en funcionamiento y los re-cursos (profesionales, asistenciales, edilicios, horarios de atención) que esos servicios disponen para el abor-daje de las situaciones problemáticas. La elaboración de guías de abordaje o protocolos de intervención en las problemáticas que afectan gra-vemente la integridad de niños, niñas y adolescentes adquieren sentido para mejorar la atención de situa-ciones particulares que requieren de un accionar cui-dadoso de diferentes instituciones. En este sentido es importante indicar que la misma ley provincial 12.967 en el capítulo II y III establece procedimientos para la evaluación de la procedencia y ejecución de las medi-das de protección integral y las medidas excepcionales. Así se enuncian las formas de realizar las denuncias, el registro de la misma, las entrevistas y notificaciones que deben realizarse y los plazos a cumplimentar.Podemos visualizar en este esquema ese procedimiento. En las medidas de protección integral, capítulos 54 al 57 y su correspondiente Decreto Reglamentario:

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Las medidas de Protección Excepcional, conllevan procesos de trabajo más complejos ya que suma al poder judicial como actor en su articulación. Comprende los artículos 51, 52,53, 59,60, 62 Ley 12967. Artículos 51, 58, 63, 66 y 58 bis, 66bis, 66ter y 66 quater por Ley 13.237 (modificación y ampliación de los citados artículos de la ley 12967).El esquema de la medida excepcional y sus elementos constitutivos son:

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El principal objetivo de la elaboración de protocolos y guías es trazar mapas con lineamientos claros para fa-cilitar la toma de las medidas de protección en un mar-co de coordinación ante las situaciones de conflictos que las instituciones públicas o privadas deben abordar y generalmente irrumpen la cotidianeidad del trabajo. Por ello se deben consignar orientaciones prácticas que ordenen y orienten la resolución colectiva de con-flictos previniendo las posibles re-victimizaciones a las que pueden estar expuestos niños, niñas y adolescentes si no se piensan los circuitos institucionales en clave de protección y garantía de derechos, evitando además, la colisión de normasPara lograr ese objetivo es imprescindible que la labor intersectorial posibilite la asignación de responsabili-dades diferenciadas de servicios y recursos que se tra-duzcan en las guías o los protocolos en un conjunto de pautas diagnósticas y procedimientos para habilitar en el abordaje particular dichos servicios y recursos. Por lo tanto, es necesario un trabajo intersectorial intenso y de acuerdos generales que pongan énfa-sis tanto en los lineamientos a seguir como en los que deben evitarse. Sin embargo, estas guías no suprimen, ni reemplazan las discusiones interdis-ciplinarias sobre las problemáticas abordadas ni la elaboración de estrategias singularizadas. No deben tomarse como recetas de cocina o “chalecos de fuer-za”, sino como canales habilitados para brindar los servicios de asistencia que se evalúan adecuados en cada situación abordada.

Las pautas de diagnostico se refieren a la sociali-zación de determinados indicadores que posibiliten la estimación de los riesgos de las situaciones para contribuir a que los equipos que la abordan en for-ma preliminar tengan una idea más aproximada de lo que deben evaluar. Por ejemplo: si el niño o niña cuenta con un adulto referente en el momento en el que se aborda la situación, la edad del mismo, si re-quiere de atención médica, etc. Es imprescindible notar que las transformaciones institucionales que la misma ley establece requieren de un proceso de puesta a prueba de los instrumen-tos utilizados y a utilizar para el abordaje de las si-tuaciones en las que se requiere tomar una medida de protección. En los casos en que deben realizarse la denuncia policial por tratarse de un delito cometi-do contra un menor de edad es imprescindible que el protocolo establezca que institución tiene la respon-sabilidad de llevarla adelante; en los casos que el niño o niña requiera de representación letrada debe explicitarse el organismo que debe otorgar la misma de acuerdo a lo establecido de las leyes de promo-ción y protección de derechos vigentes.


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A partir de la serie de análisis y esta comunidad de ex-periencia y aprendizajes mutuos, es que fuimos cons-truyendo a lo largo del documento, recomendaciones centralizadas en los nudos problemáticos que se trata-ron puntualmente. Aún así consideramos imprescindi-ble ampliar una serie de tópicos que puedan cooperar y contribuir en el mediano y largo plazo con el Fortale-cimiento del Sistema de Protección Integral de los De-rechos de las niñas, niños y adolescentes en el Distrito Oeste en particular y en el Municipio de Rosario en ge-neral. Este enfoque, esta sostenido además de lo pro-ducido durante la duración del convenio de actividades de intercambio y cooperación entre la Municipalidad de Rosario y la Universidad Nacional de Rosario, en el trabajo que viene sosteniendo el Núcleo de Infancia de la Carrera de Trabajo Social en el acompañamiento y análisis de la ley provincial Nro. 12.967 y los problemas asociados a su implementación. Es necesario también aclarar, que estas recomendaciones, en parte tratan de líneas de acción –desde una reflexión crítica- reivindi-cando lo realizado y lo que se construye diariamente que es importante valorizar. Al mismo tiempo, intenta ubicar los límites y las lecciones aprendidas en el pro-ceso de pensar alternativas que amplíen el discurso de lo posible y permita renovar las energías utópicas de

los trabajadores, funcionarios, redes y colectivos socia-les, que diariamente- sin armonías relacionales- asu-men el desafío cotidiano de sacar la ley de los derechos del niño y la niña de los papeles.

Sobre la constitución y fortaleci-miento del Sistema de Protección Integral

- Fortalecimiento de las Autoridades Administrativas de Promoción y Protección de DerechosEn primer lugar, una de las recomendaciones principa-les, es el fortalecimiento institucional y presupuestario urgente de la Dirección Provincial de Niñez, Infancia y Familia y de la Dirección Municipal de Niñez y Familia, como núcleo fundamental para consolidar el Sistema de Protección de Derechos a nivel local. Las exigencias de co-responsabilidad, intersectorialidad y transversalidad de las políticas públicas que promueve la nueva legis-lación, implica como lo hemos detallado anteriormente, un trabajo de co-gestión asociada con las políticas pú-blicas de salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad comunitaria, para privilegiar el acceso y la permanencia de los niños y niñas en las políticas de alcance universal.

Principales áreas de interés y recomen-daciones

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A modo de ejemplo si nos remitimos solamente al cam-po educativo, es apreciable la importancia que tendría la constitución de un equipo interdisciplinario dedicado a un trabajo cotidiano con los cuadros técnicos del Minis-terio de Educación para generar políticas activas respec-to de asegurar lo planteado por una de las Metas Básicas del Plan Nacional (2012-2015): “Garantizar que todos los ninos, ninas y adolescentes puedan completar 13 anos de educación obligatoria de calidad”. Fortalecer institu-cionalmente las áreas gubernamentales señaladas per-mitirían que la Dirección Provincial no se viera “tomada” por la administración de la crisis y el control de legalidad de las medidas excepcionales. Estas situaciones se tor-nan problemáticas en dos sentidos por un lado porque alimenta la excepcionalidad y la urgencia como marcas culturales de la gestión pública de la mano izquierda del Estado y por otro porque refuerza políticas de gestión de los riesgos contraproducentes con los objetivos del sis-tema de protección integral.

- Constitución del Servicio LocalCoincidiendo con los actores que participaron de este proceso de análisis de las políticas públicas dedicadas a la infancia en el Distrito Oeste en particular y en la ciu-dad de Rosario en General, se torna urgente constituir el Servicio Local en el ámbito de la Dirección General de Infancias y Familia de la Secretaría de Promoción Social de Rosario. La conformación del Servicio Local no sólo fortalecería la institucionalidad del Sistema de Protec-ción Integral, como hemos reseñado anteriormente,

sino también permitiría revisar y evaluar los programas existentes y jerarquizar el papel estratégico que pue-den llegar a cumplir las medidas de protección integral como herramientas y servicios especiales que amplíen la accesibilidad y la generación de protecciones “justas” frente a situaciones de exclusión social y a la debilidad de las políticas públicas notadas en el Diagnóstico. También consideramos que el Servicio Local, no se puede consti-tuir como un órgano-técnico burocrático más, sino debe ganar legitimidad para la construcción de la agenda política dedicada a las políticas de infancia en el Mu-nicipio y constituirse en interlocutor válido de las otras Secretarías de Gobierno. En función de estos objetivos consideramos pertinente la elaboración de un concur-so público para la selección de los profesionales que allí se desempeñen como forma de revalorizar los espacios de gestión en temas que tienen una larga trayectoria de estudios de diferentes disciplinas y requieren de idonei-dad profesional y legitimación pública. Para logar estos objetivos es imprescindible contar con la asistencia fi-nanciera, técnica y política, de los Estados Provinciales y Nacionales en pos de dar coherencia y consistencia al sistema en cuestión.

- Elaboración del Plan Provincial de Promoción y Protección de Derechos y la Creación de la Comisión Interministerial. Consideramos fundamental ambos instrumentos para fi-jar los lineamientos principales, las acciones prioritarias a desarrollar, las áreas gubernamentales responsables,


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los plazos razonables y los criterios de evaluación de los servicios públicos e instituciones dedicadas a la infancia. El Plan provincial es la herramienta para instalar en las agendas de los organismos públicos que conforman el Sistema de Protección Integral, las prioridades en materia de políticas públicas para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La Comisión Interministerial tiene como principal objetivo ser el escenario de los acuer-dos intergubernamentales donde se plasman los compro-misos de los funcionarios y los alcances de la articulación intersectorial. Estos marcos rectores son de importancia simbólica y práctica para los técnicos, trabajadores y orga-nizaciones, a su vez, les permite incorporar en la cotidia-nidad de la gestión las herramientas de planificación es-tratégica y la evaluación social para que la constitución de dispositivos de trabajo no esté solamente sesgada de por el coyunturalismo y la respuesta a la urgencia, que -por otro lado sabemos- en el caso de la infancia se torna una cuestión de ética pública fundamental.

- Cualificación de los Consejos Provinciales y Muni-cipales.El papel de los Consejos Provinciales y Municipales de De-rechos y las representaciones en estos consejos son muy importantes para lograr dar visibilidad y legitimidad públi-ca y social a las problemáticas que afectan a los más chicos.

Por lo tanto es imprescindible que haya un reconocimiento de sus principales referentes y que no se releguen en for-ma fáctica a un papel secundario, meramente protocolar o decorativo. Urge entender que Los Consejos y la Red de Organizaciones no gubernamentales “Foro de la Infancia Rosario” se pueden constituir en un aliado estratégico en la defensa de las políticas del Sistema de Protección Integral y de la importancia de su implementación. Además de cons-tituirse en un foro de deliberación y de participación social que puede estar en condiciones de cooperar en la adminis-tración crítica de los conflictos, contribuyen en la limitación de los juegos de poder y competencias en disputa entre los oficialismos y las oposiciones poniendo en primer plano el bienestar colectivo de niños, niñas y adolescentes.

- Construcción de información pública. Destacamos, como hemos reseñado anteriormente, la ne-cesidad de la construcción gradual de un buen sistema de información pública dedicada al monitoreo, evaluación y control de las políticas y programas afectadas al Sistema de Protección Integral19. En este sentido la articulación del Observatorio Social de la Secretaría de Promoción Social con el Servicio Local a crearse es imprescindible para cualificar el trabajo con las otras Secretarías más acos-tumbradas al uso de indicadores, índices y mapas en la discusión de presupuestos y prioridades.

19 Como plantea Spinelli “…No se puede conducir a ciegas, sin datos ni información. El gobernante y el gestor necesitan información para la toma

de decisiones, la cual debe ser ágil, de rápida lectura y presentada en formatos amigables. Tiene que permitirle supervisar y monitorear distintos

procesos para conocer lo importante de lo necesario. Por ejemplo los anuarios estadísticos pueden alimentar la sala de situación, pero no resultar

prácticos para el, que necesita un tablero de control ad hoc para lo que quiere monitorear…” (Spinelli 2012:119)

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En la medida que el tema de la protección a la infancia genera todo tipo de usos en el campo político y social, la precariedad o ausencia de información sistematizada y periódica, alimenta o redunda en un debate estéril, más pasional que reflexivo y que en ciertas situaciones hace prevalecer la reacción victimológica alimentada por la especulación y el amarillismo, típico del tratamiento en un porcentaje no menor de los medios de comunicación, que por un lado son centrales para darle visibilidad en el arena pública a ciertos problemas urgentes, pero que refuerzan formulas conservadoras y discriminatorias en el tratamiento de la infancia excluida.

- Fortalecimiento de los equipos de trabajo A través de la capacitación en servicio, creemos impor-tante en este período de transformaciones instituciona-les, promover la construcción de una voluntad política que requiere de consensos entre trabajadores de los equipos dedicados a los programas de promoción y protección de derechos en torno de un nuevo proyecto teórico, político y asistencial que contemple las nuevas perspectivas de trabajo y se valoricen las experiencias concretas que vienen llevando adelante hace ya bas-tante tiempo. Este punto puede concretarse a través de encuentros y seminarios de trabajo entre servicios y programas semejantes de otros puntos del país, con-vocatorias a especialistas y liderazgos del campo de los derechos humanos con amplia experiencia en in-tervención en el campo de la infancia. De esta manera ampliar los horizontes de nuestras interrogaciones y

pensamientos nos posibilita mejorar la construcción de nuestras respuestas en el trabajo cotidiano. Es importante tener en cuenta que como señala Oslak “…los trabajadores constituyen el principal capital de la organización y su pertenencia al proyecto institucional no se define solo en términos salariales, sino en térmi-nos de identidades, narrativa y mística. Se desconoce que lo simbólico es central en el proceso de identifica-ción con la organización y el proyecto político y que para muchos de sus trabajadores el lenguaje es el principal instrumento de trabajo. Tal desconocimiento lleva al funcionario a pensar que la mejor opción es terciarizar o duplicar la burocracia, “ya que a esta gente es impo-sible hacerla trabajar”. La terciarización aparece como respuesta a la imposibilidad de construir un nosotros, no como identidad sustancial que antecede, sino como espacio al que se ingresa para construirlo…” En este sentido hay que evitar que “La burocracia estatal, viuda administrativa de sucesivos gobiernos y regímenes po-líticos, acabe convirtiéndose en un inmenso cementerio de proyectos políticos” (Spinelli, 2012).

- Discusión de las condiciones laborales y salariales.En este sentido, hay aspectos que deben plantearse como condiciones de posibilidad del punto anterior. La discusión de las condiciones laborales y salariales (equi-paración de sueldos entre los operadores que se encuen-tran en terreno de diferentes Secretarías, los equipos que se abocan a tomar medidas de protección, los que se en-cuentran desarrollando tareas en servicios especializa-


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dos) no es menor si queremos jerarquizar el trabajo en los territorios y fortalecer las instituciones comunitarias públicas. Es importante recordar que mientras estuvo en vigencia el patronato, los profesionales de los juzgados percibían una de las mejores retribuciones salariales de las reparticiones públicas, siendo esto comprensible ya que en ellos recaía la responsabilidad de decidir as-pectos nodales de la vida de niños, niñas, adolescentes y sus familias. La conformación del Sistema de Protección requiere de profesionales y operadores cuya capacidad se exija, ya que son ellos quienes tienen a cargo las de-cisiones que antes tomaba el juzgado, pero al mismo tiempo se retribuya en salarios y condiciones en que se reconozcan y sostengan la estabilidad imprescindible para formarse en servicio, constituir equipo con otros y oficiar procesos de trabajos a mediano y largo plazo. La precarización laboral rompe todas las adherencias ne-cesarias y contribuye a la circulación en corto plazo de diferentes trabajadores no pudiéndose consolidar nin-guna institucionalidad.

- Elaboración de guías y protocolos consensuados Se hace imprescindible dotar a los equipos de guías y protocolos claros para el tratamiento de diferentes pro-blemáticas en consonancia con los articulados de la Ley. Como los mismos trabajadores expresan los proce-sos de adopción de medidas de protección de derechos

extraordinarias necesitan en forma urgente mejorar la delimitación de instancias y ámbitos de intervención, op-timizando la comunicación institucional de los procedi-mientos y los circuitos específicos que se deben tener en cuenta a tales efectos. Para ello sería conveniente pro-mover espacios de capacitación sistemática que oriente y asesore a los equipos de trabajo tanto de las áreas espe-cíficas como las de salud, educación y desarrollo social en el tratamiento de las garantías mínimas de procedi-miento que el equipo interdisciplinario debe respetar al momento del pedido de las medidas ordinarias y excep-cionales, considerando la transitoriedad de las mismas y el debido proceso. Al mismo tiempo se hace necesario privilegiar la formación y discusión interdisciplinaria de las problemáticas de maltrato infantil, abuso sexual, etc; a través de las cuales se puedan ir constituyendo mapas conceptuales que profundicen el abordaje en el marco de las guías elaboradas.

- Fortalecimiento de las políticas sociales existen-tes y creación de nuevas prestaciones públicas que socialicen el cuidado infantilEs indicativo del cambio de paradigma las iniciativas que se proponen sustituir la institucionalización de ni-ños y niñas como forma de protección de los derechos. Sin embargo, ello no implica la retracción del Estado en otras institucionalidades20 que brinden servicios de

20 “…Hay que pensar una nueva institucionalidad más allá de los edificios y los organigramas estructurados por lógicas piramidales. Se deben dise-

ñar dispositivos de base territorial que produzcan vínculos directos entre trabajadores y usuarios. ¿Podremos pasar de aceptar resignadamente a las

instituciones, a creer e identificarnos con ellas…?”( Spinelli, 2012:125)

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protección social en especial a las familias21 que pa-decen de situaciones de precariedad para sostener los cuidados de los niños y niñas más pequeños. Fortale-cer los CTR y los CAF en cuanto a sus proyectos institu-cionales de prestación de servicios podría ser un buen inicio para pensar suplantar la institución total por otras que se constituyan en soportes de los grupos fa-miliares. A modo de ejemplo es notable la desigualdad que se produce en los hogares, en especial con jefatura femenina, para resolver las necesidades de cuidado in-fantil cuando las mujeres deben sostener la actividad laboral o iniciar la búsqueda de empleo. Los arreglos artesanales con vecinos, parientes o hermanos ma-yores y en muchos casos la permanencia de niños y niñas pequeños solos en los hogares incrementan las riesgos de accidentes, las deserciones escolares, etc. En este sentido las prestaciones públicas de cuidado, las becas de guarderías, los centros de día al univer-salizarse fortalecen los grupos familiares socializando las responsabilidades de cuidado, al mismo tiempo son insumos imprescindibles para tomar medidas de protección de derechos evitando en muchos casos las medidas excepcionales. En esta línea los enfoques de género deben ser difundidos en la capacitación de los trabajadores para limitar abordajes familiaristas en la lógica de asistencia.

- Formas de cogestión asociada. Si bien este documento de trabajo se lo puede calificar de estado-céntrico- en línea con el punto anterior sería oportuno incorporar activamente formas de cogestión asociada con las organizaciones comunitarias (culturales, sociales y deportivas) que sostienen convenios con la Se-cretaría de Promoción Social y la Secretaria de Desarrollo Social de la Provincia en el apoyo estratégico al Sistema de Protección Integral. En esos convenios se podrían priorizar los servicios que el plan provincial establezca y en especial la difusión y promoción de una verdadera educación po-pular sobre los contenidos fuertes de la ley provincial Nro. 12.967, esta cogestión asociada podría nuclear sus accio-nes en un Programa de Trabajo denominado “Comunidad Solidaria” generando un trabajo asociado que contribuya a asegurar el derecho a la convivencia familiar y comuni-taria de los niños, niñas y adolescentes del Distrito Oeste.

- Participación de los niños, niñas y los grupos fa-miliaresEn los programas, instituciones y servicios dedicados a niños y niñas se hace necesario estimular la participa-ción de los grupos familiares y comunidades. Para ello se deben valorar y jerarquizar los dispositivos grupales que permitan una mayor apropiación pública de los servicios y programas por parte de la comunidad. Además estos

21 La tarjeta única de ciudadanía consideramos debería cumplir otras prestaciones, además de las propias de complemento alimentario. Propone-

mos que la misma por ejemplo permita el acceso gratuito al titular y su grupo familiar a las actividades culturales organizadas por las Secretaría de

Cultura de la Municipalidad de Rosario y el Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe, similar a la experiencia de Mirada Maestra

Pasaporte Cultural.


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dispositivos grupales y comunitarios, permitirían salir de la lógica de la individualización de lo social22, fomen-tar mecanismos de ayuda mutua y formas cooperativas de trabajo que incluyan activamente a los niños y niñas y sus grupos familiares en la vida diaria de los programas e instituciones. Los proyectos de trabajo deben prever me-canismos de escucha y participación activa de los niños y niñas familiares dentro y fuera de los servicios, notando que hay que atender a las particularidades de cada co-munidad y a las necesidades específicas de los infantes y adolescentes de cada uno de los territorios, en este punto propuestas como la Ciudad de los Niños y el Consejo de los niños y niñas deben tener un fuerte anclaje territorial

En relación con lo anteriormente enunciado es im-portante ubicar algunas acciones que posibilitarían la mejora sustantiva del funcionamiento del Sistema de protección en particular y de las políticas públi-cas en general tanto en el Distrito Oeste como en el

conjunto de la Ciudad. Nos referimos a las siguientes líneas para profundizar:

- Consolidación del trabajo intersectorialCualificar lo producido y lo acordado en las reuniones in-tersectoriales o interjurisdiccionales requiere de un tarea de prevención23, para que las mismas no terminen sien-do desilusionantes por su baja calidad (“tallerismo de la participación”), por no respetar una agenda de temas y encerrarse en la catarsis-sea de los funcionarios o de los trabajadores- descentrada de los problemas a tratar. En esta línea la ecuación (esfuerzo- resultado) es muy limitada y se pierde la capacidad de producir una agenda estratégica, capaz de mantener el foco en las prioridades del proyecto y en la promoción de una buena división del trabajo y de un sistema de petición y rendición de cuentas entre los sectores involucrados. Si no se privilegian estas competencias (protegida de la lógica de premios y castigos), cualquier organización se

22 Lógica de individualización de lo social que llega a su paroxismo por ejemplo en la utilización “indiscriminada” de nuevos dispositivos, como el

caso de acompañantes personalizados, que en nombre del derecho a la educación, acompañan de forma disciplinaria al niño “incorregible” dentro

de la propia sala de aula, sin generar una intervención institucional que permita un mínimo cuestionamiento de una institución escolar que solicita

ese tipo de medida o encuentra ese tipo de solución.23 Tarea de prevención que debe iniciarse en la propia oficina de los funcionarios y de los cuadros intermedios, cualquier parecido con la realidad es

pura coincidencia; como refiere Hugo Spinelli: “…En general el cotidiano de la oficina del funcionario está marcado por papeles que no se encuen-

tran y teléfonos que suenan sin cesar para conversaciones que podrían haberse resuelto en otra oficina. La disposición física del mobiliario también

atenta contra su calidad, ya que sigue criterios más estéticos que funcionales. Los procedimientos tampoco ayudan: todo tiene que tener la firma de

la máxima autoridad, quien desconoce en un muy alto porcentaje lo que firma…El desorden lo llevará a anunciar hechos que aún están en discusión

pensando que están cerrados, a firmar lo que no tiene que firmar, a prometer aquello que no puede y que nunca podrá concretar. Si esto resulta

conocido, se podrá entender de lo que estamos hablando…”(2012:119)

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debilita, ya que su implementación es central para la mejora de los procesos laborales-relacionales (de arri-ba hacia abajo y de abajo hacia arriba).

- Generar campaña permanente de sensibilización y difusión de los derechos y el nuevo paradigma. La implementación de una campaña de difusión diri-gida a la ciudadanía en general respecto de la con-sideración de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, de los principales servicios de protección y las formas de acceso a los mismos. En este sentido es importante llegar a los medios de co-municación y a los funcionarios públicos alentando la difusión de “buenas prácticas” en las instituciones donde los chicos y chicas sostienen su cotidianei-dad, incluyendo actores claves como el Ministerio de Educación y la Secretarías de Cultura Municipal y Provincial, como así también la experiencia de ani-mación socio-cultural que viene llevando adelante el Triptico de la Infancia. La difusión contribuye a po-ner límites a quienes realizan prácticas denigrantes y abuso de poder, a través de la condena social.

- Fortalecer la función de control y monitoreo por parte del EstadoEs necesario generar mecanismos de detección y atención

que atraviesen todos los organismos del Sistema de Pro-tección para las problemáticas de: narcotráfico, prostitución infantil, trata, economías delictivas, trabajo infantil y trabajo adolescente por fuera de las normas legales. Los datos del Diagnóstico Participativo evidencian la necesidad de un tra-bajo específico con las comisarías de la policía provincial en cuanto a la capacitación y la generación de protocolos para el tratamiento de estas situaciones en clave de protección y garantía de derechos. Por otro lado es imprescindible tomar como tema a los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, monitorear el cumplimiento de las normas que regulan la detención de menores de edad (Beiging)24 y aplicar las medi-das disciplinarias a los operadores y funcionarios por incum-plimiento de funciones cuando se evidencian y constatan abusos de trato por parte del servicio penitenciario o condi-ciones inhumanas en los lugares de alojamiento, etc. No de-bemos olvidar que éstos organismos son parte del Sistema de Protección Integral Por lo tanto se indica la necesidad de generar articulaciones con el Ministerio de Justicia, Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil y con el Ministerio de Tra-bajo, en especial con la Comisión Provincial para la Preven-ción y Erradicación del Trabajo Infantil.

- Reformular las políticas sociales dirigidas a la “edad bisagra” y a los JóvenesLa dimensión y complejidad de la situación en esta

24 Reglas de Beijing (1990) de Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad. Reglas de Beijing (1990) de Naciones Unidas

para la protección de los menores privados de libertad. Por consiguiente un desafío fundamental para el Sistema de Protección Integral y su legitimi-

dad a largo plazo en la ciudad de Rosario, es generar condiciones dignas de cuidado y protección en las instituciones que trabajan con niños en con-

flicto con la ley penal –por ejemplo IRAR (Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario)- compatibles con el respeto de los derechos humanos.


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franja etárea hace necesario, una mirada integral de la misma, En este sentido es importante no multiplipicar de forma insularizada programas y dispositivos como se evidencia en el diagnóstico y en el trabajo en talle-res, sino generar “agenda” y prioridades en el marco de restricciones institucionales, de capacidades políticas y administrativas. Así se poteciarían los recursos a través de generar vasos comunicantes entre áreas de distin-tas políticas públicas que comparten objetivos institu-cionales y poblaciones, especialmente las dedicadas a brindar respuestas alternativas a lo que en el Diag-nóstico Participativo se definió en termino de síntesis compleja como Edad Bisagra, evitando la dispersión presupuestaria y las conformación de tecnoburocra-cias estériles.También es ineludible un cambio en la lógica de abordaje. Hacemos nuestras las palabras de Teresa Matus cuando dice: “Tenemos todavía demasiados no en la intervención, la intervención se hace muchas veces para que las personas no vuelvan a delinquir, no vuelvan a consumir drogas, no vuelvan a las con-diciones precarias de las cuales partieron, pero hay una escasez de modelos de expectativas, de deman-das propositivas, es decir, nuevamente conectándonos con el tiempo, no solo tenemos que decirle al indivi-duo que no consuma, sino cual es la propuesta social, en términos de ciudadanía, que está contenida, en esa propuesta de intervención social”(2003:119).Para esto, no basta con políticas específicas, sino con una reformulación de las propias políticas deportivas,

culturales, recreativas en general. De la política educa-tiva para el caso de la edad bisagra y laboral en el caso de los jóvenes.

- Potenciar la presencia de la Secretaría de Promoción Social en el Directorio del Servicio Público de la ViviendaLa presencia de la Secretaría de Promoción Social en el Directorio es una decisión que amplia la discusión de la política de vivienda en Rosario. Es por ello que se recomienda hacer valer su presencia para fijar criterios y crear agenda pública de manera tal que se refuercen y se evalúen las necesidades de los distritos y las situa-ciones particulares urgentes tanto en la planificación como en los canales de respuestas institucionales del Servicio Público de la Vivienda. Se sugiere el segui-miento y la evaluación de la incidencia del Convenio entre la Secretaría de Salud Pública Municipal, La Se-cretaría de Promoción Social y el Servicio Público de la Vivienda, para atender y resolver los problemas habi-tacionales demandados, así permitiría dar visibilidad a las situaciones más recurrentes y ubicar la eficacia de los recursos otorgados.Se recomienda multiplicar y diversificar las propuestas de alojamiento que habiliten la posibilidad de atender diversas problemáticas vinculadas a la vulneración de derechos, la necesidad de dar alojamiento a niños, ni-ños y adolescentes con problemas de salud, en situa-ción de calle, etc.

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Uno de los retos más importantes que tiene la po-lítica pública en el caso de la Infancia es generar condiciones para que en el mediano plazo el siste-ma de protección integral gane legitimidad entre la población y los trabajadores. Consideramos que la Universidad Pública desde una autonomía crítica y no neutral, puede cumplir un papel en ese sentido, porque no hay reforma universitaria sin reforma social por lo tanto terminada la reclu-sión -el patronato- nos queda la exclusión. Una cita en el final del camino de estas pro-puestas, encaramos este trabajo como el ir-landés apócrifo que preguntado por la mejor manera de llegar a Ballynahinch, y tras una breve pausa reflexiva, espetó: Si yo fuera us-ted, no partiría de aquí”…Pero aquí estamos y de aquí partimos.

Eric Hobsbawm

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