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CURSO: FORMACIÓN BÁSICA PARA LA MAGISTRATURA ALUMNA: María Martha GUERRERO HERNÁNDEZ ULADECH - CATÓLICA PUCALLPA LUCES Y SOMBRAS DE LA CARRERA JUDICIAL

Corrupcion en El Poder Judicial

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LA CORRUPCION EN EL PODER JUDICIAL PERUANO

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CURSO:FORMACIÓN BÁSICA PARA LA

MAGISTRATURAALUMNA:María Martha GUERRERO HERNÁNDEZ

ULADECH - CATÓLICAPUCALLPA

LUCES Y SOMBRAS DE LA CARRERA JUDICIAL

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INTRODUCCIÓNla administración de justicia en nuestro país, tiene un estigma en la "frente" de la que hasta la fecha no ha podido liberarse y es que la corrupción a todo nivel, es pan de todos los días, desde el más remoto Juzgado de Paz en un lejana provincia como en las capitales de departamento, a nivel de los Vocales y Fiscales Superiores y con ello la desazón del ciudadano común y corriente que alguna vez creyó en la justicia, se da todos los días al ver que sus pretensiones a todas luces justas, han sido después de "sesudos" razonamientos jurídicos, simplemente rechazados, limitándose resignadamente a presentar su "recurso de apelación" y seguir esperando que el superior del magistrado, que posiblemente se vendió, pueda ser revocado y por fin poder llegar a decir, ¡se hizo justicia!.LA

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CORRUPCIÓNLa corrupción, se define como la utilización de bienes públicos para intereses privados.Transparency International define la corrupción como ”el abuso con fines de lucro personal del poder delegado”. El abuso puede ser perpetrado por una persona con poder decisorio en el sector público o privado; iniciado por dicha persona o provocado por un tercero que quiera influir en el proceso de toma de decisiones.La corrupción es una manifestación de las debilidades institucionales, bajo estándares morales, incentivos sesgados y falta de aplicación de la Ley. El comportamiento corrupto deriva beneficios ilícitos a una persona o grupo pequeño al ignorar reglas que han sido diseñadas para garantizar la imparcialidad y la eficiencia. Produce resultados injustos, ineficientes y antieconómicos.

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JUDICIALa) ABOGADOS LITIGANTESEl abogado litigante como usuario del sistema judicial, interviene en las diferentes áreas operativas del mismo, y cuando actúa como agente corruptor promueve la comisión de actos indebidos entre los funcionarios judiciales y los funcionarios administrativos.Una forma no ética de reclutar abogados o funcionarios en el sector privado es contratar a ex-funcionarios públicos para que pasen de ser sus asesores externos aportando los privilegios de información y relaciones funcionales, e incluso políticas, que sus cargos públicos les han dado. Del mismo modo, se ha detectado la participación informal —en todos sus niveles— de determinados magistrados del Poder Judicial y Ministerio Público en estudios de abogados, comprometiendo su desempeño funcional en causas determinadas.

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JUDICIALb) LOS AUXILIARES JURISDICCIONALESEl auxiliar jurisdiccional sea especialista legal, asistente de Juez o asistente en función fiscal, tiene gran discrecionalidad sobre el trámite de las causas. En sus manos está acelerar un trámite o demorarlo. Asimismo, son los verdaderos gestores del proceso, llegando a redactar las resoluciones que sólo son firmadas por el magistrado. El fenómeno de la delegación de funciones fue constantemente señalado por los magistrados como una lamentable necesidad de la judicatura, debido a la falta de recursos materiales y de personal con que opera la institución. La inmediación, principio procesal que garantiza una vinculación directa de las partes con el magistrado y con el expediente, es débil en la realidad judicial.

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JUDICIALc) LOS MAGISTRADOS Las conductas que involucran a los magistrados corruptos son diversas, pero todas tienen el común denominador de estar definidas por el abuso de su posición de poder frente a las partes, expresado en la manipulación de la información del caso y de los procedimientos.. Pese a las graves irregularidades en la tramitación de las causas, estos casos no son detectados por la labor regular de los órganos de control o por evaluaciones regulares de la calidad de la labor jurídica del despacho, sino por denuncias de parte ante los órganos de control o por investigaciones del Ministerio Público

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JUDICIALd) LA MESA DE PARTES Y LA

DISTRIBUCIÓN DE EXPEDIENTES.-Existen mecanismos al interior de las mesas de partes de recepción de demandas, que permiten burlar el sistema informático de distribución aleatoria establecido de tal modo que se pueda lograr que la demanda sea atendida por un magistrado elegido por una de las partes. El encargado de la recepción física de las demandas, retarda el ingreso de los documentos alegando alguna situación, o separa una determinada demanda a un lado, hasta que la computadora ponga a disposición el juzgado deseado.En otros casos puede haber incluso la manipulación del software que distribuye los casos a las salas.

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JUDICIALe) LA POLICÍASe vincula con el ámbito judicial en tres momentos: durante la investigación preliminar; durante el proceso en sí y, finalmente, durante la ejecución de las sentencias.En la investigación preliminar debido a la mínima presencia de los representantes del Ministerio Público, permite a la policía tener un amplio margen de discrecionalidad real en el desarrollo de sus actividades. .Para el abogado el objetivo del atestado policial, de acuerdo al caso, será aumentar y casi determinar la posibilidad de ganar el juicio dado que éste es un documento que llega al Fiscal y al Juez sin haber sido objeto de un control suficiente.

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ANTECEDENTES HISTÓRICOS:Se viene registrando desde los tiempos de la colonia diversos casos de corrupción y malversación de fondos. Uno de los métodos más utilizados para evadir el tributo indígena era la ocultación de tributarios. Los indios varones entre los 18 y 50 años estaban sujetos al pago de un impuesto anual. Obviar inscribirlos en las listas de tributarios traía para los corregidores, caciques y curas, beneficios personales LA

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ANTECEDENTES HISTÓRICOS:Durante la colonia, “Varios virreyes participaron del cohecho al recibir sobornos abierta o encubiertamente por […] decidir e imponer sentencias judiciales sesgadas”. En 1747, Machado de Chaves atribuyó la decadencia del Perú “al envejecimiento y deterioro de las instituciones coloniales”, incluida la justicia. En ese escenario se inauguró –ya entonces– la práctica de poner precio a los indultos: “los virreyes concedían indultos el día de su santo o de su cumpleaños, a una tasa acostumbrada de hasta cuatro mil pesos.”

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ANTECEDENTES HISTÓRICOS:Los “juicios de residencia”, que esperaban a los altos funcionarios coloniales al terminar el desempeño de su cargo, no contuvieron el mal. Al finalizar su mandato, los corregidores y otras autoridades locales, incluidos los virreyes, simplemente sobornaban al juez encargado de la tradicional averiguación oficial, para evitar el castigo efectivo. Los jueces designados oficialmente favorecían al funcionario investigado o formaban parte del mismo círculo de patronazgo e intereses. La mayoría de las veces, los residenciados eran absueltos o reprendidos levemente por los jueces de residencia mediante tecnicismos procesales, la prescripción o el rechazo arbitrario de las evidencias. Tales prácticas, como sabemos, gozan de flagrante actualidad.

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ANTECEDENTES HISTÓRICOS:A mediados del siglo XIX, a punto de iniciase la llamada era del guano, “Las redes de corrupción enlazaban a ministros, parlamentarios, jueces y hombres de negocios, así como a ciertos abogados que actuaban como intermediarios clavesEl contrato Dreyfus, que adjudicó en exclusividad la comercialización del fertilizante a un empresario francés, “El Ejecutivo redobló su campaña en defensa del contrato y simplemente desautorizó al poder judicial, colocando la decisión final en manos del legislativo”, donde, sobornos mediante, el contrato fue aprobado. El encargado de negocios francés [en 1869] apuntaba a que los jueces de la Corte Suprema sucumbieron a los sobornos de Dreyfus o los de sus contrincantes”. Dos años después, en 1871, fue motivo de escándalo la adquisición de barcos de guerra estadounidenses, que había sido “supervisada por el juez Mariano Álvarez (a quien se acusó de haberse beneficiado personalmente con la transacción)” Para el periodo que va entre 1860 y 1883, Quiroz concluye: “Parlamentarios y jueces, juntamente con las autoridades del ejecutivo, participaron de modo más amplio en el tráfico de influencias y corruptela”.

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ANTECEDENTES HISTÓRICOS: A la caída de Leguía, el gobierno de Sánchez Cerro creó en 1930 a la creación del Tribunal de Sanción Nacional, a partir de la estimación de que el Poder Judicial no era el lugar donde los latrocinios del oncenio leguiísta podían ser sancionados. Esta instancia, cuyo estatuto jurídico era cuestionable, recibió 664 acusaciones formales y procesó sólo 11% de ellas; 75 acusaciones fueron, pues, llevadas a juicio pero, de ellas, no llegaron a diez las que concluyeron con sentencias condenatorias Según rumores de fuentes diplomáticas, “partidarios leguiístas de alto rango […] aparentemente tuvieron que pagar sobornos para ser exonerados o evitar ser encarcelados”. Los sobornos también resultaron de utilidad a algunos de los militantes del APRA condenados por una corte marcial en 1932, luego del levantamiento armado en Trujillo, para evitar la ejecución que les había sido dictada.

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CORRUPCIÓN ENTRE 1970 - 1985:Desde mediados de la década de 1970 y particularmente en la de 1980, los problemas del narcotráfico, asociados fundamente con la creciente producción y el contrabando de cocaína, corroyeron seriamente el cumplimiento de la ley y las instituciones judiciales.En la década de los años ochenta, iniciada con el segundo gobierno de Belaunde, cobró singular relieve el narcotráfico y apareció la subversión. En 1980 en el caso del narcotraficante, Guillermo Cárdenas, apodado “Mosca Loca”, cinco jueces de la Corte Suprema “encontraron que las evidencias no bastaban para condenar al narcotraficante y ordenaron su inmediata liberación”. Aunque en definitiva “Mosca Loca” fue condenado a 20 años de prisión, el caso fue ilustrativo de un problema mayor.

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SEGUNDO GOBIERNO DE BELAUNDE (1980 – 1985):Los escandalosos casos de ineficiencia judicial, el descarrío de la justicia y el soborno de los magistrados contribuyeron a la caída precipitada del prestigio de la judicatura. la percepción de que los jueces estaban parcializados o sobornados por terroristas y narcotraficantes detenidos exacerbaron el cinismo con respecto al poder judicial. El escándalo del contrato con la empresa española Guvarte, en el que estuvo involucrado el ministro de Justicia Elías Laroza, resultó judicialmente inconducente cuando “Elías adquirió inmunidad parlamentaria tras ser elegido diputado en 1985.” Otros casos igualmente llamativos no dieron lugar a procesamientos exitosos.

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PRIMER GOBIERNO DE ALAN GARCÍA:El sistema de justicia mantuvo una decadencia que parecía imparable. […] Muchos narcotraficantes operaban con virtual impunidad sobornando a los jueces, en tanto que los magistrados de Lima y provincias temían condenar a terroristas por miedo a sufrir represalias.El propio García se benefició de esta confluencia de incompetencia y falta de moralidad en el aparato de justicia. Cuando en 1991 el congreso decidió suspender la inmunidad del ex presidente “y procesarle por enriquecimiento ilícito”, la Corte Suprema “rápidamente desestimó el caso por falta de evidencias e imprecisión de los cargos criminales”

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PRIMER GOBIERNO DE ALAN GARCÍA:En 1995 se abrió un nuevo caso contra García: “conspiración para defraudar (colusión ilegal), tráfico de influencias (negociación incompatible), recepción de sobornos (cohecho pasivo) y enriquecimiento ilícito.” El caso fue declarado prescrito y, gracias a esta declaración judicial, Alan García pudo volver a postular a la presidencia de la República y ser elegido para un segundo periodo. los argumentos de la defensa de los procesados en estos casos “son muy parecidos a los que usaron virreyes y funcionarios coloniales cuando enfrentaron a sus supuestos ‘enemigos’ y acusadores partidarios en los denominados juicios de residencia”

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GOBIERNO DE FUJIMORI – VLADIMIRO MONTESINOS (1990 – 2001):A fines de los años ochenta ya había aparecido Vladimiro Montesinos como un exitoso defensor en el terreno judicial. En 1988 obtuvo la absolución de sus defendidos en el caso del narcotraficante Reynaldo Rodríguez López, “el Padrino”. Su prestigio aumentó cuando logró la exoneración de su cliente, el general José Valdivia, en el caso judicial por la masacre de campesinos de Cayara en 1988. Al llegar al gobierno en 1990, de la mano de Alberto Fujimori, “Montesinos diseñó un sistema integrado por jueces, fiscales, funcionarios de cárceles y oficiales de policía.” Con esa red “manipuló el aparato judicial para castigar e intimidar a los medios de comunicación independientes”

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GOBIERNO DE FUJIMORI – VLADIMIRO MONTESINOS (1990 – 2001):Producido el autogolpe de 1992 y luego de la purga judicial dispuesta por la dictadura, “Para liderar este sistema judicial abierto a la prevaricación y el cohecho, el juez Luis Serpa Segura fue nombrado presidente de la Corte Suprema, y la magistrada Blanca Nélida Colán fue designada fiscal de la Nación.” Además se contó con la complicidad de jueces como Antonio Rodríguez Medrano a cuyo juzgado iban a parar los casos más problemáticos del régimen dictatorial.LA

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GOBIERNO DE FUJIMORI – VLADIMIRO MONTESINOS (1990 – 2001):Los “asuntos sin investigar” que fueron denunciados crecieron en número e  importancia; entre ellos, las denuncias de Susana Higuchi sobre las ong de la familia Fujimori, “el saqueo de la caja de pensiones militar y policial, y la malversación de la compañía de seguros estatal Popular y Porvenir”. Paralelamente, “diversas acusaciones formales contra Montesinos” fueron desestimadas por la Fiscal de la Nación ). Una poderosa organización de corrupción había penetrado el sistema de justicia: “Los jueces de la Corte Suprema y de los juzgados superiores y provinciales conformaron una red de prevaricación y cohecho que otorgaba decisiones y sentencias a favor de intereses privados y políticos protegidos por Montesinos. 

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GOBIERNO DE FUJIMORI – VLADIMIRO MONTESINOS (1990 – 2001):Desde su supuesta reforma en 1992, todo el sistema judicial estaba plagado de ‘innovaciones’ institucionales que servían como incentivo para los jueces mediocres y corruptos, y como castigo para los honrados. Aproximadamente, cincuenta jueces de cortes superiores y provinciales colaboraron en la red judicial de Montesinos.” En el famoso litigio en torno a la explotación minera de Yanacocha, Montesinos inclinó la balanza a favor de Newmont-Buenaventura al inducir el voto del juez Jaime Beltrán a cambio de ciertas ventajas  

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GOBIERNO DE FUJIMORI – VLADIMIRO MONTESINOS (1990 – 2001):Desde su supuesta reforma en 1992, todo el sistema judicial estaba plagado de ‘innovaciones’ institucionales que servían como incentivo para los jueces mediocres y corruptos, y como castigo para los honrados. Aproximadamente, cincuenta jueces de cortes superiores y provinciales colaboraron en la red judicial de Montesinos.” En el famoso litigio en torno a la explotación minera de Yanacocha, Montesinos inclinó la balanza a favor de Newmont-Buenaventura al inducir el voto del juez Jaime Beltrán a cambio de ciertas ventajas  

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GOBIERNO DE FUJIMORI – VLADIMIRO MONTESINOS (1990 – 2001):El epílogo de esta historia lamentable es algo más honroso. El Poder Judicial peruano ha sido capaz, a partir del año 2001, de procesar a 1250 personas por la participación en la gigantesca red montada por Montesinos. En abril de 2009 un tribunal de la Corte Suprema condenó a Alberto Fujimori a 25 años de prisión. Estos hitos, pese a algunas limitaciones importantes, no tienen precedente en la historia del país. Lo que es más difícil de afirmar es si, en adelante, los jueces se demostrarán capaces de enfrentar el cáncer de la corrupción. Varios casos importantes –el del ex presidente Toledo, entre ellos– están en la agenda judicial actual o próxima  LA

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CONCLUSIONES•La corrupción en el Sistema de Justicia ha existido desde la Colonia, prosiguió durante la República y continua hasta hoy enquistado dentro del Poder Judicial, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional.

•La corrupción afecta la legitimidad del Estado de Derecho, lo cual se expresa en altos niveles de desconfianza ciudadana, y es un riesgo para la estabilidad jurídica y económica del país. •La independencia judicial —en tanto exclusividad de la función jurisdiccional en manos de los jueces, garantía de inamovilidad arbitraria del cargo y de sujeción únicamente a la Constitución y a la Ley—, es una garantía fundamental instituida para proteger a cada magistrado en el ejercicio imparcial de su función, tanto frente a injerencias del poder político, como de los propios órganos del Poder Judicial o de particulares. La independencia supone que los jueces no están exonerados de responsabilidad por el ejercicio irregular del cargo o por infracción a sus deberes •Se requiere recurso humano seleccionado, y capacitado, aunado a mejoras en la infraestructura y logística que se requiere en estos casos.

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CONCLUSIONES•Los regímenes dictatoriales corrompen los sistemas de justicia colocando a personajes en cada instancia que favorecerán a sus intereses.

•Los gobiernos de turno han tenido injerencia en el Poder Judicial y la Fiscalía para salir bien librados durante su mandato y cuando dejan el cargo, asimismo para proteger a sus altos funcionarios. •la corrupción en el Poder Judicial no es sólo el producto de malos funcionarios, auxiliares y magistrados que realizan actos indebidos, sino que se debe también a problemas estructurales en la organización judicial que la incentivan, que sólo podrán ser solucionado concretamente con una redefinición en la función de la OCMA.

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WEBGRAFÍA CONSULTADA

•Fernando de Trazegnies. EL PODER JUDICIAL PERUANO EN LA HISTORIA. Recuperado de http://departamento.pucp.edu.pe/derecho/images/Fernando_de_Trazegnies._EL_PODER_JUDICIAL_PERUANO_EN_LA_HISTORIA.pdf•BLOG PUCP – Corrupción en el Poder Judicial – recuperado de http://blog.pucp.edu.pe/item/5579/causas-historico-politicas-de-la-corrupcion-en-el-poder-judicial•Elias Ponce Sanz. La corrupción en la administración de justicia en el Perú, como señal de la crisis del Estado. Recuperado de http://www.monografias.com/trabajos71/corrupcion-administracion-justicia-peru/corrupcion-administracion-justicia-peru.shtml•REVISTA IDEELE . Jueces y Corrupción en el Perú. Una mirada histórica. Recuperado de http://revistaideele.com/ideele/content/jueces-y-corrupci%C3%B3n-en-el-per%C3%BA-una-mirada-hist%C3%B3rica•. •S.

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