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Juicio No. 386-2012
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Juicio No. 386-2012
JUEZA PONENTE: Dra. Paulina Aguirre Suárez
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL.-
Quito a, 16 de septiembre de 2013; las 10h00.-
VISTOS (386-2012): En virtud de que la Jueza y Jueces abajo firmantes, hemos
sido debidamente designados por el Consejo de la Judicatura de Transición,
mediante Resolución No. 004-2012 de 25 de enero del 2012; y, el Pleno de la
Corte Nacional de Justicia, mediante Resolución de 30 de enero del 2012, nos
designó para integrar esta Sala Especializada; y conforme el acta de sorteo que
consta en el expediente, somos competentes y conocemos de la presente
causa.- Antecedentes: En el juicio ordinario que por nulidad de remate y
adjudicación siguen Graciela del Carmen, Luis Gonzalo, Isabel del Rosario y
Rosa de los Ángeles Asimbaya Cartagena contra Guillermo Patricio Morán
Guillén; el demandado interpone recurso de hecho ante la negativa del de
casación que formulara, respecto de la sentencia dictada por la Sala de lo Civil,
Laboral, Inquilinato, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de
Imbabura, el de 21 de marzo del 2012, a las 10h17, que revoca el fallo del juez
de primer nivel, y en lo principal acepta la demanda.- El recurso se encuentra en
estado de resolver, para el efecto, el Tribunal de la Sala hace las siguientes
consideraciones: PRIMERO: Competencia: Este Tribunal es competente para
conocer el recurso de casación en virtud de lo dispuesto en el artículo 184
numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, el Art. 190.1 del
Código Orgánico de la Función Judicial y el Art. 1 de la Ley de Casación.- El
recurso de hecho y por ende el de casación ha sido admitido a trámite por la
Sala de Conjueces de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia,
mediante auto de 11 de marzo del 2013; las 11h45, por cumplir con los requisitos
de procedencia, oportunidad, legitimación y formalidades en la forma dispuesta
en el Art. 6 de la Ley de Casación.- Corresponde a este Tribunal la resolución del
recurso de casación, en virtud del sorteo realizado acorde a lo previsto en el Art.
183, inciso quinto del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme obra de
la razón precedente.- SEGUNDO.- Fundamentos del recurso de casación:
La casacionista fundamenta su recurso en las siguientes causales del Art. Art.
3 de la Ley de Casación: 2.1.- En la causal segunda de esa norma, por falta de
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aplicación de los arts. 346, numeral 3, 472 473 del Código de Procedimiento
Civil.- 2.2.- En la causal tercera del art. 3 de la Ley de Casación por aplicación
indebida del art. 165 del Código de Procedimiento Civil.- 2.3.- En la causal
cuarta de art. 3 de la Ley de Casación: “Resolución en la sentencia de lo que no
fuera materia del litigio u omisión de resolver en ella los puntos de la litis”,
infringiéndose la norma del art. 273 del Código de Procedimiento Civil, por los
vicios de extra petita y cita petita.- 2.4.- Finalmente, en la causal quinta del art. 3
de la Ley de Casación, por existir incongruencia e incompatibilidad entre lo
expuesto y lo decidido.- En estos términos fija el objeto del recurso y, en
consecuencia, lo que es materia de análisis y decisión de la Sala de Casación en
virtud del principio dispositivo consagrado en el Art. 168.6 de la Constitución de
la República y regulado por el Art. 19 del Código Orgánico de la Función
Judicial.- De conformidad a lo establecido en la doctrina y la jurisprudencia, se
deben analizar en primer lugar las causales que corresponden a vicios “in
procedendo” , que afectan a la validez de la causa y su violación determina la
nulidad total o parcial del proceso, así como también se refieren a la validez de
la sentencia impugnada; vicios que están contemplados en las causales
segunda, cuarta y quinta; en segundo orden, procede el análisis de las causales
por errores “in iudicando”, que son errores de juzgamiento, los cuales se
producen, ya sea por violación indirecta de la norma sustantiva o material, al
haberse producido una infracción en los preceptos jurídicos aplicables a la
valoración de la prueba que tengan como consecuencia la violación de una
norma de derecho o por una infracción directa de esta clase de normas, vicios
que se hallan contemplados en las causales tercera y primera.- TERCERO.-
Cargos contra la sentencia- 3.1.- El recurrente formula los siguientes cargos:
3.1.1.- Por la causal segunda del art. 3 de la Ley de Casación, acusa
primeramente la falta de aplicación del art. 346 numeral 3 del Código de
Procedimiento Civil, norma que dispone: “Son solemnidades sustanciales
comunes a todos los juicios e instancias: 3. Legitimidad de personería.”.- Al
respecto afirma que las actoras en su demanda al consignar las generales de ley
del demandado, indican expresamente que es casado, como efectivamente lo es
desde hace treinta y dos años, pero en ningún momento se demandó ni citó a su
cónyuge, Nieves Esthela Hinojosa Endara, dejándola en indefensión como lo
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alegó oportunamente en sus excepciones; esto por cuanto al haber rematado
los bienes del deudor en el juicio ejecutivo, Gonzalo Cartagena, los bienes
rematados pasaron a formar parte de la sociedad conyugal y el 50% le
pertenece a su cónyuge, pero la demanda es planteada exclusivamente en su
contra, negándole a su cónyuge el derecho a la defensa, lo que provocó el vicio
denominado “ilegitimatio ad causam” o falta de legítimo contradictor , por lo que
no se conformó la litis consorcio pasivo. Que aquello vulnera la garantía al
debido proceso contemplada en el Art. 76, numeral 7, letra a) de la Constitución
de la República, referente al derecho a la defensa.- El segundo cargo por la
causal segunda del art. 3 de la Ley de Casación es la falta de aplicación de los
arts. 472 y 473 del Código de Procedimiento Civil, normas que establecen: “Art.
472.- El remate será nulo y el juez responderá de los daños y perjuicios: 1. Si se
verifica en día feriado o en otro que no fuese el señalado por el juez; 2. Si no se
hubieren publicado los avisos que hagan saber al público el señalamiento del día
para el remate, la cosa que va a ser rematada y el precio del avalúo; y, 3. Si se
hubieren admitido posturas presentadas antes de las catorce horas o después
de las dieciocho horas del día señalado para el remate. Art. 473.- Esta nulidad
sólo podrá ser alegada antes de que se dicte el auto de adjudicación de los
bienes rematados. El juez resolverá sobre ella y, de decidir que no existe
nulidad, en el mismo auto hará la adjudicación. De lo que resuelva, podrá
apelarse para ante la corte superior, la que fallará por el mérito del proceso y de
cuyo fallo no se admitirá recurso alguno. “.- Expresa el recurrente que de estas
normas se colige el procedimiento para declaratoria de nulidad del remate y
consecuente adjudicación, que debe ser antes de que se dicte el auto de
adjudicación de los bienes rematados, ante el mismo juez que ordenó el remate
y hacer lo contrario significa violar expresamente normas de orden público que
atenta al principio constitucional a la seguridad jurídica previsto en el art. 82 de la
Constitución de la República. Que además la nulidad del remate y adjudicación
responden a tres causales previstas en la Ley y se lo requiera antes de dictarse
el auto de adjudicación, en este caso concreto, del 25 de febrero del 2004; sin
que se cumplan los requisitos o condiciones previstas en las normas antes
señaladas y que se lo ha hecho ante distinto juez y dos años después de
ejecutoriado el auto de adjudicación. Al efecto cita parte de un fallo de la Tercera
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Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia publicado en la
Gaceta Judicial No. 4 Serie XVII, págs. 993 a 995.- 3.1.2.- Con respecto a la
causal tercera del art. 3 de la Ley de Casación, se acusa la falta de aplicación
del art. 165 del Código de Procedimiento Civil, pues expresa que la participación
del Notario en el Certificado del Registrador de la Propiedad del cantón Otavalo
de 7 de septiembre del 2005, se limita a protocolizar el documento pero no da fe
del contenido del mismo, pues no es de su competencia extender certificaciones
de gravámenes que corresponde al Registrador de la Propiedad el que puede
ofrecer una información veraz y oportuna sobre inmuebles; sin embargo la Corte
de instancia acoge esos documentos como información que contiene aspectos
fundamentales.- 3.1.3.- Sobre la causal cuarta del art. 3 de la Ley de Casación,
el recurrente expresa que se ha infringido el art. 273 del Código de
Procedimiento Civil, que dispone: “La sentencia deberá decidir únicamente los
puntos sobre que se trabó la litis y los incidentes que, originados durante el
juicio, hubieren podido reservarse, sin causar gravamen a las partes, para
resolverlos en ella.”; por los vicios de extra y citra petita.- En el primer caso,
indica que las actoras, al fundamentar el recurso de apelación, en escrito de 1 de
octubre del 2007, textualmente menciona: “Señores Ministros Jueces, no
estamos demandando la nulidad del auto de adjudicación en remate, sino
la nulidad de la venta forzada, como es el caso de la adjudicación en
remate…” (sic), siendo ésta la fundamentación del recurso de apelación sobre la
cual debía desarrollarse la segunda instancia, por tanto, al resolver
favorablemente sobre algo que las actoras no solicitaron, se produce el vicio de
extra petita.- Que además, en relación a sus excepciones, la Sala reproduce las
siguientes: ilegitimidad de personería; falta de legítimo contradictor; preclusión; y,
cosa juzgada, pero nada dice respecto de esas excepciones, cual el art. 273
obliga a pronunciarse acerca de los puntos sobre los cuales se trabó la litis, sin
embargo, indica, nada se ha resuelto sobre la ilegitimidad de personería, sobre
la falta de legítimo contradictor, tampoco sobre la institución de la preclusión y
sobre la cosa juzgada, por lo que resulta un pronunciamiento parcial sobre todas
las cuestiones planteadas.- CUARTA: Motivación: Conforme el mandato
contenido en el art. 76, numeral 7, letra l) de la Constitución de la República, las
resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá
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motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos
en que se funda o no se explica la pertinencia de su aplicación a los
antecedentes de hecho establecidos en el proceso.- La falta de motivación y por
lo mismo de aplicación de la norma constitucional en referencia ocasiona la
nulidad de la resolución.- Cumpliendo con la obligación constitucional de
motivación antes señalada, este Tribunal fundamenta su resolución en el
análisis que se expresa a continuación: 4.1.- Corresponde en primer lugar
analizar los cargos por la causal segunda del Art. 3 de la Ley de Casación.- La
causal segunda contemplada en el Art. 3 de la Ley de la materia es la llamada
por la doctrina “error in procedendo” que se produce cuando la sentencia ha
sido expedida dentro de un proceso viciado de nulidad absoluta o insanable o
provocado indefensión. La transgresión consiste, según señala la norma, en “la
aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas
procesales, cuando hayan viciado el proceso de nulidad insanable o provocado
indefensión, siempre que hubiere influido en la decisión de la causa y que la
respectiva nulidad no hubiere quedado convalidada legalmente”.- Esta causal,
está dirigida a corregir la violación de normas adjetivas que pudiesen haber
ocasionado la nulidad.- Dos son los principios que regulan la causal segunda de
casación, el principio de especificidad, es decir, que las solemnidades
sustanciales del proceso, cuya omisión ocasiona la nulidad, deben estar
específica y puntualmente determinadas en la ley; y el de trascendencia, por el
cual tal omisión debe haber influido o podido influir en la decisión de la causa.-
Este principio de trascendencia está consagrado en forma general para todos los
procesos e instancias en los arts. 346, 349 y 1014 del Código de Procedimiento
Civil, cuando dispone que la nulidad, puede y debe ser declarada por el
juzgador, aun de oficio, ya sea por omisión de solemnidades sustanciales
comunes a todos los procesos o en particular a cierto tipo de causas o por
violación de trámite que anula el proceso.- Además, esta causal se relaciona con
los principios y garantías fundamentales al “debido proceso” establecidos en el
art. 76 de la Constitución de la República, que determina las garantías básicas
de las personas dentro de un proceso administrativo o judicial, como es el caso
del derecho a la defensa.- 4.1.1.- El primer cargo es el de falta de aplicación
del Art. 346 numeral 3 del Código de Procedimiento Civil, por el incumplimiento
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en la causa de la solemnidad sustancial de legitimidad de personería, al no
haberse demandado en este proceso a la cónyuge del accionado.- Al respecto
tenemos que el recurrente confunde lo que es la ilegitimidad de personería con
la falta de legítimo contradictor.- De acuerdo con nuestra legislación procesal,
pueden comparecer a juicio como actor o demandado, todas las personas que la
ley declara capaces para adquirir derechos y contraer obligaciones, por tanto los
que tienen incapacidad, absoluta o relativa, deben comparecer a través de su
representante legal, como es el caso de los menores de edad, de las personas
jurídicas, de interdicto, etc.- El art. 43 del Código Procesal Civil, determina que
pueden comparecer a juicio las partes personalmente o a través de su
representante legal, mandatario o procurador judicial.- Por tanto, existe
ilegitimidad de personería cuando quien comparece a juicio por otro no tiene tal
representación, por no justificarla legalmente o aun teniendo poder o
procuración, éste es insuficiente.- La legitimación en causa es de naturaleza
distinta, se relaciona no con la capacidad para comparecer a juicio, sino que la
titularidad del derecho para controvertir por tener interés sustancial en el asunto
materia del litigio. Tal legitimación es activa, cuando el que demanda es la
persona a quien le corresponde ejercer la acción, el titular del derecho que se
reclama mediante la acción; y, es pasiva, en cambio, si quien es demandado es
la persona llamada por ley a controvertir, a contestar la demanda y proponer
excepciones, ya que es esa persona a la que se le exige el cumplimiento de una
obligación, de ser ese el caso.- La litis consorcio necesaria, se refiere a que en
el proceso judicial han de intervenir todas las personas con legitimación activa y
pasiva, de tal manera que la sentencia que dicte el juzgador en la causa pueda
surtir plenos efectos; por ende, cuando existe pluralidad de sujetos legitimados
activos o pasivos, es necesaria la concurrencia de todos ellos.- En el primero de
estos eventos, la falta de representación legal determina la nulidad de la causa,
por mandato expreso de los Arts. 344 y 346 del Código de Procedimiento Civil,
ya que sin representación no hay capacidad para actuar; y, en el segundo
evento, en cambio, la falta de litis consorcio necesario provoca que en el juicio
no estén presentes que integran la relación jurídica sustancial o material para
intervenir como actores o demandados, de tal manera que seria inútil la
consideración de los hechos y el derecho si la sentencia no va a surtir efectos
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para las partes interesadas, por ello la jueza o juez se abstiene de dictar
sentencia de fondo y dicta un fallo desestimatorio.- Así tenemos que la
Jurisprudencia Ecuatoriana se ha pronunciado ampliamente sobre este tema, en
fallos como el siguiente: “Al haberse acusado a la sentencia de incurrir en falta
de aplicación de normas de procedimiento que daría lugar a la declaratoria de
nulidad del proceso, es necesario considerar previamente tal hecho, ya que, de
proceder, le estaría vedado a la Sala pronunciarse sobre los demás cargos
imputados a la sentencia objeto del recurso. Al efecto, es prioritario puntualizar lo
siguiente: 1) La doctrina procesal habla de legitimatio ad causam y de legitimatio
ad processum; la primera, es la legitimación en la causa, y su ausencia
determina la falta de legítimo contradictor; y la segunda, es la legitimación en el
proceso, y su ausencia determina la ilegitimidad de personería; de ellas, la última
es de interés del recurrente. La misma doctrina enseña que la legitimación, en
general, es la titularidad del derecho respecto al objeto del proceso, de donde se
infiere que la legitimidad de personería es una calidad del sujeto jurídico, que
determina que éste pueda actuar en un proceso por tener capacidad legal o
aptitud jurídica para comparecer a juicio, así como también la de representación
legal y suficiente para litigar. 2) Legalmente, se considera que hay ilegitimidad de
personería cuando comparece a juicio: a) quien por si solo no tiene capacidad
para hacerlo; "La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar
por si misma, y sin el ministerio o la autorización de otra", según lo previsto en el
articulo 1461, inciso final de la Codificación actual del Código Civil; b) quien
afirma ser representante legal y no lo es; el artículo 570 del Código Civil
establece quiénes representan a las personas jurídicas; c) el que afirma ser
procurador y no tiene poder, situación prevista en el artículo 38 del Código
Adjetivo Civil; d) el procurador cuyo poder es insuficiente; y, e) quien gestiona a
nombre de otro y su actuación no ha merecido su aprobación, en el evento de
que haya comparecido ofreciendo poder o ratificación. 3) Los artículos 353 y 355
del Código de Procedimiento Civil que según el recurrente se habría infringido en
la sentencia, prescribían: "Art. 353 (actual 344): "Cuando el proceso es nulo.- Sin
perjuicio de lo dispuesto por el articulo 1067, el proceso es nulo, en todo o en
parte, solamente cuando se ha omitido alguna de las solemnidades sustanciales
determinadas en este Código"; y, el artículo 355 (actual 346), "Solemnidades
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sustanciales comunes a todos los juicios.- Son solemnidades sustanciales a
todos los juicios e instancias: ... 3. Legitimidad de personería;". (Gaceta Judicial.
Año CVII. Serie XVIII, No. 2. Página 710 - Quito, 7 de junio de 2006).- 4.1.2.- El
segundo cargo consiste en que se ha producido la nulidad de la causa al no
aplicarse los preceptos de los arts. 472 y 473 del Código de Procedimiento Civil;
la primera de estas normas establece las causas por las cuales se puede
solicitar se declare nulo el remate, que son: 1) si se verifica en día feriado o en
otro que no fuese el señalado por el juez; 2) si no se hubieren publicado los
avisos que hagan saber al público el señalamiento del día para el remate, la
cosa que va a ser rematada y el precio del avalúo; y, 3) Si se hubieren admitido
posturas presentadas antes de las catorce horas o después de las dieciocho
horas del día señalado para el remate.- La segunda de esas normas en cambio
establece el momento procesal oportuno para alegar la nulidad del remate, esto
es antes de que se dicte el auto de adjudicación.- Al respecto este Tribunal
considera que la nulidad del embargo y adjudicación en la fase de ejecución de
una sentencia judicial, sea en un juicio ejecutivo, ordinario o verbal sumario, se
puede solicitar por alguna de las partes interesadas, incluidos los postores,
solamente antes de que la jueza o juez que ejecuta la sentencia se pronuncie
sobre la adjudicación y exclusivamente por los motivos o causales de nulidad
que están expresamente previstos en la ley; sin embargo, cuando la nulidad es
motivo de pretensión en una nueva acción judicial, a través de un juicio
ordinario, las causales pueden variar, ya que si consideramos al remate y
adjudicación como una venta forzosa, podría eventualmente existir algún motivo
de nulidad de aquellos que son comunes a todos los actos o contratos.- Esto
significa que si el proceso de ejecución ha concluido con la adjudicación del bien
materia del remate, la sentencia, además de estar ejecutoriada, está ejecutada
con los efectos de la cosa juzgada, por tanto, no procede que a futuro en otro
proceso judicial se pueda revisar nuevamente la validez del remate y
adjudicación por las causales previstas en el art. 472 del Código de
Procedimiento Civil, pero si es procedente se alegue la nulidad por otras
causales distintas a las contempladas en esa norma.- Por otra parte, la
procedencia legal de demandar en juicio ordinario la nulidad del remate y
adjudicación practicado en otro juicio anterior, tiene relación con la legalidad de
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la acción, con el derecho a demandar, situación distinta al de la nulidad procesal
contemplada en la causal segunda del art. 3 de la Ley de Casación.- Por las
consideraciones expuestas, se desecha el cargo por dicha causal.- 4.2.-
Procede a continuación analizar los cargos que se sustentan en la causal quinta
del art. 3 de la Ley de Casación.- 4.2.1.- Esta causal hace relación a los
requisitos que la ley establece para la validez de una sentencia y a decisiones
contradictorias o incompatibles en la resolución.- La primera parte de esta causal
se refiere a los requisitos de forma y de fondo en la resolución judicial; son
requisitos de forma aquellos que se refieren a la estructura formal del fallo,
como es el lugar, fecha y hora de su emisión, la firma de la jueza o juez que lo
suscribe, etc. es decir, en lo formal, se refiere a los requisitos que están
contenidos en los Arts. 275 y 287 del Código de Procedimiento Civil; en tanto
que los requisitos de fondo se refieren al contenido mismo de la resolución, así
un requisito esencial de fondo es la motivación, que constituye la obligación del
juzgador de señalar las normas legales o principios jurídicos que sustentan su
fallo y la pertinencia de su aplicación al caso sometido a su decisión. La segunda
parte, en cambio, determina que existen motivos para casar una sentencia o
auto definitivo, cuando en su parte resolutiva se adoptan decisiones
contradictorias o incompatibles. Toda resolución judicial constituye un silogismo
lógico, partiendo de los antecedentes del caso que se juzga, con la descripción
de la posición de las partes en la acción y las excepciones, las pruebas
aportadas dentro del proceso, para luego hacer las consideraciones de índole
legal y jurídico que permiten de la normas de derechos aplicables al caso,
arribar a una decisión, por lo tanto se trata de un razonamiento lógico, armónico
y coherente; sin embargo, este principio se rompe, cuando lo resuelto no guarda
armonía con los antecedentes y fundamentos de derecho, como por ejemplo, si
en un juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio el juez estima
que se han reunido todos los requisitos que la ley exige para esta forma de
adquirir el dominio de bienes inmuebles, sin embargo en la parte resolutiva de la
sentencia declara sin lugar la demanda, evidentemente existe contradicción,
incongruencia, etc.; la incompatibilidad resulta de la propia resolución, porque
las disposiciones del juez carecen de congruencia y no permiten su ejecución. Si
el cargo es por la existencia de contradicciones o incompatibilidades, se requiere
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la explicación razonada de cuál o cuáles son las conclusiones resolutorias que
se anulan mutuamente precisamente por contradictorias o incompatibles, pues
los vicios que configuran la causal quinta emanan del análisis de la resolución o
de la parte dispositiva del fallo.- 4.2.2.- Los cargos que plantea el recurrente,
respecto a que se infringen las disposiciones legales de los arts. 281 y 289 del
Código de Procedimiento Civil relativos a la aclaración y ampliación y que los
autos solo pueden aclararse, ampliarse reformarse o revocarse por el mismo
juez que los pronunció, así como de que la sentencia no puede ser alterada o
revocada por el juez que la dictó, no guardan relación con el tipo de infracción
que está prevista en la causal quinta de casación, ya que no se trata del
cumplimiento de algún requisito de forma o de fondo para la validez de las
sentencias o de algún caso de contradicción o incompatibilidad de la resolución.-
Es necesario aclarar que si se demanda la nulidad del remate y adjudicación en
un nuevo juicio ordinario, esta acción no se refiere a los casos contemplados en
las disposiciones legales antes mencionadas, sino que se trata de un nuevo
juicio, en el que se deberá analizar la procedencia o no de la acción.- Tampoco
tienen relación alguna con la causal quinta de casación los argumentos que
expone el recurrente, en relación o que el bien objeto del remate fue adquirido
por el deudor en condición de casado pero con disolución de sociedad conyugal
y que no perteneció a herederos sino al patrimonio exclusivo del deudor, no son
aspectos que se puedan analizar a la luz de la mencionada causal.- En virtud de
lo expuesto, se desechan los cargos antes analizados.- 4.3.- Procede a
continuación revisar lo relativo a la causal cuarta del art. 3 de la Ley de
Casación.- 4.3.1.- La causal cuarta de casación corresponde a: “Resolución, en
la sentencia o auto, de lo que no fuera materia del litigio u omisión de resolver
en ella todos los puntos de la litis”.- Los vicios que configuran la causal cuarta
son relativos a la inconsonancia o incongruencia resultante de la comparación
entre la parte resolutiva del fallo con las pretensiones de la demanda y las
excepciones deducidas, esto es, el asunto o asuntos que son materia de la litis.
Los vicios que tipifican la causal cuarta afectan al principio de congruencia, que
consiste en la concordancia que debe haber entre las pretensiones de la
demanda, los medios de defensa o contrademanda deducidos por la parte
demanda, y la resolución del juez, a lo que la doctrina y jurisprudencia llama
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congruencia externa; y, la interna, que consiste en la concordancia entre la parte
motiva y la resolutiva de la sentencia. El principio de la congruencia delimita el
contenido de la sentencia en cuanto ésta debe pronunciarse de acuerdo con el
alcance de las pretensiones, impugnaciones y excepciones o defensas
oportunamente aducidas, a fin de que exista identidad jurídica entre lo pedido y
lo resuelto. Acorde a la doctrina y la jurisprudencia, esta incongruencia, que es
un error de procedimiento o vicio de actividad, puede tener tres formas o
aspectos: 1) Cuando se otorga más de lo pedido (plus o ultra petita); 2) Cuando
se otorga algo distinto a lo pedido, es decir se decide sobre puntos que no son
objeto del litigio (extrapetita); 3) cuando se deja de resolver sobre algo pedido
(citra o mínima petita).- Para que los cargos por la causal cuarta procedan, el
escrito de casación debe contener: 1. El señalamiento de los puntos que
configuran el objeto del litigio, refiriéndose a las pretensiones de la demanda o
reconvención, a las excepciones y a las conclusiones del fallo. 2. La concreción
del punto o puntos que se han resuelto sin ser parte del litigio (extra petita), o de
la cuestión o cuestiones que se han resuelto en demasía o más allá de lo pedido
(ultra petita), o la especificación de los aspectos que no se han resuelto
habiendo sido parte del litigio (citra petita). 3. La determinación de la norma o
normas jurídicas infringidas con los antes referidos vicios.- 4.3.2.- El recurrente
acusa que la sentencia de segunda instancia ha resuelto sobre algo que los
actores no solicitaron en su demanda y que además, no se ha pronunciado
sobre todas las excepciones propuestas.- Para determinar si se ha incurrido en
el error de incongruencia que contempla la causal cuarta de casación es
necesario analizar aquello que forma parte de la litis con lo resuelto en la
sentencia, a fin de determinar si los juzgadores han ceñido su resolución a los
temas materia del litigio, o por el contrario, se han separado de la traba de la
litis.- El asunto materia de la litis está constituido por la pretensión del actor
establecido en la demanda y por las excepciones que en oposición propone el
demandado.- En esta causa, los actores demandan se declare la nulidad del
auto de adjudicación en remate dictado por el Juez Segundo de lo Civil de
Imbabura el 12 de noviembre del 2003, protocolizado en la Notaría Primera del
cantón Otavalo e inscrito en el Registro de la Propiedad de ese cantón el 25 de
marzo del 2004, dictado dentro del juicio ejecutivo No. 167-2001, seguido ante
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esa Judicatura por Guillermo Patricio Morán contra Segundo Gonzalo
Cartagena.- En la contestación a la demanda se proponen las siguientes
excepciones: 1.- Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la
demanda. 2.- Incompetencia en razón del grado.- 3.- Improcedencia de la acción
por el fondo y por la forma. 4.- Falta de derecho de la actora para proponer la
demanda. 5.- Ilegitimidad de personería. 6.- Falta de legítimo contradictor. 7.-
Preclusión. 8.- Cosa Juzgada.- La parte actora, al determinar los puntos a los
que se contrae el recurso de apelación manifestó que no se ha demandado la
nulidad del auto de adjudicación en remate sino la nulidad de la venta forzada
con sustento en el art. 1753 del Código Civil.- La Sala de lo Civil, Laboral,
Inquilinato, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura,
en sentencia de 21 de marzo del 2012, declara la nulidad del auto de
adjudicación de fecha 25 de febrero del 2004, dictado dentro de la causa No.
167-2001.- A criterio de este Tribunal es evidente la contradicción entre lo
expuesto por las actoras en su demanda inicial en la que solicitan se declare la
nulidad del auto de adjudicación en el juicio ejecutivo por haberse rematado
bienes que no le pertenecían al deudor ejecutado, concretamente el 50% de
derechos y acciones respecto del inmueble ubicado en el cantón Otavalo, con lo
que posteriormente plantean al concretar los puntos a los que se contrae el
recurso de apelación, al decir que solicitan la nulidad de la venta forzosa de una
cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone que existe, pero no
existe, conforme la norma del art. 1753 del Código Civil; tanto más que el
Tribunal ad quem, en el considerando segundo de su sentencia expresa que la
materia controvertida en segunda instancia se contrae a los aspectos
determinados explícitamente en el recurso de apelación, conforme el art. 408 del
Código de Procedimiento Civil; pero, en la parte expositiva y resolutiva de la
sentencia, se aparta de este axioma.- Por tanto, una cosa es lo que se pide en la
demanda, otra distinta es la que se indica al determinar los puntos del recurso de
apelación y, en sentencia, no se pronuncia sobre aquellos puntos, sino sobre la
demanda como fue originalmente planteada.- En cuanto a la acusación de que
no se han pronunciado sobre todas las excepciones como correspondía, se
establece que efectivamente, la Sala Civil de la Corte Provincial de Imbabura, no
analiza ni se pronuncia sobre las excepciones de ilegitimidad de personería, falta
Juicio No. 386-2012
33
de legítimo contradictor, preclusión para pronunciarse sobre la nulidad del auto
de adjudicación y cosa juzgada; las que fueron propuestas para contradecir la
pretensión de la parte actora en su demanda y, por ende debieron ser
analizadas.- Las excepciones son el medio de defensa del que cuenta un
demandado dentro del proceso, a través de ellas ejercita su garantía al debido
proceso prevista en el art. 76, numeral 7, letras c) y h), que establecen: “En todo
proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se
asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías
básicas: 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes
garantías: c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de
condiciones. h) Presentar en forma verbal o escrita las razones o argumentos de
que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar
pruebas y contradecir las que se presenten en su contra”.- Es precisamente a
través de las excepciones que el demandado presenta sus argumentos para
refutar una acción incoada en su contra, y a través de ellas busca enervarla para
que se desestimen las pretensiones de una demanda.- Los juzgadores tiene la
obligación de pronunciarse expresamente sobre todas y cada una de las
excepciones que haya planteado el demandado, expresando argumentadamente
las razones por las cuales admite o desecha cada una de ellas, y al no hacerlo,
como ocurre en este caso, incurre en el vicio de citra petita contemplado en la
causal cuarta del art. 3 de la Ley de Casación, que amerita se case la sentencia,
tanto más si de esta manera se está afectando el derecho a la defensa
garantizado en la norma constitucional antes citada.- QUINTO: Por lo tanto,
este Tribunal, en aplicación de lo previsto en el Art. 16 inciso segundo de la Ley
de Casación, casa la sentencia expedida por la Sala de lo Civil, Laboral,
Inquilinato, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial Justicia de Imbabura y
en su lugar dicta sentencia de mérito, para cuyo efecto se considera: 5.1.- Este
Tribunal es competente para conocer y resolver la presente causa de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 1 y 16 de la Ley de Casación, en
concordancia con el Art. 190.1 del Código Orgánico de la Función Judicial.- 5.2.-
El proceso es válido, pues no existe violación de solemnidad sustancial alguna o
del trámite inherente a la causa que haya ocasionado indefensión o provocado
nulidad insanable, acorde a los arts. 344, 346 y 1014 del Código de
Juicio No. 386-2012
33
Procedimiento Civil.- 5.3.- A fojas 435 a 437 vta. del cuaderno de primer nivel
comparecen Graciela del Carmen, Luis Gonzalo, Isabel del Rosario y Rosa de
los Ángeles Asimbaya Cartagena, manifestando que del proceso ejecutivo No.
167-2001 seguido por Guillermo Patricio Morán Guillén contra Segundo Gonzalo
Cartagena, que adjuntan en copia certificadas se desprenden omisiones de
solemnidades que acarrean la nulidad del proceso como son: 1. El actor inicia su
demanda por cobro de dinero con fundamento en una letra de cambio suscrita
por el demandado; para asegurar el pago de lo adeudado adjunta un certificado
del Registrador de la Propiedad del cantón Otavalo, en el que consta que el
demandado, Segundo Gonzalo Cartagena ha vendido a los cónyuges Ángel
Polibio Gualán Poma y María Rosa Lema Cotacachi, el 50% de sus derechos y
acciones en un inmueble ubicado en la ciudad de Otavalo; que por esta razón el
demandado ya no tenía derechos de propiedad sobre el inmueble, sin embargo
se ordena la prohibición de enajenar.- 2. Que a fs. 27 del proceso ejecutivo
consta que el actor hace conocer al juez del fallecimiento del demandado
Segundo Gonzalo Cartagena, por lo que solicita se cite por la prensa a Manuel
Cartagena Hinojosa y a los herederos de Dolores Cartagena Hinojosa y el Juez
ordena se cite a los herederos desconocidos del demandado, pero nada dice de
los herederos de María Dolores Cartagena Hinojosa, quien a la fecha era
fallecida, pese al pedido del actor. Que tampoco se ha contado en este juicio con
los cónyuges Ángel Polibio Gualán Poma y María Rosa Lema Cotacachi,
compradores de los derechos y acciones que correspondían al demandado y
que ocupan su lugar, razón por la cual debían ser citados para que puedan
ejercer su derecho a la defensa.- 3. Que a fs. 114 del proceso ejecutivo consta
la petición del actor de embargo de un inmueble detallado en la letra b) en la
forma siguiente: las acciones y derechos en el 50% que correspondían al
deudor, Segundo Gonzalo Cartagena, en el inmueble ubicado en la parroquia
San Luis, barrio San Juan del cantón Otavalo cuyas características y
dimensiones constan en el certificado del Registrador de la Propiedad del
cantón Otavalo. El Juez, en providencia de 19 de abril del 2003, ordena el
embargo de los derechos y acciones que correspondían al demandado en el
citado inmueble y además de otro inmueble ubicado en la ciudad de Ibarra.
Respecto del primer bien inmueble aparece que el demandado dio en venta el
Juicio No. 386-2012
33
cincuenta por ciento de los derechos y acciones a los cónyuges Ángel Polibio
Gualán Poma y María Rosa Lema Cotacachi, por tanto, ya no tenía acciones y
derechos en ese inmueble.- 4. Que a fs. 137 del juicio ejecutivo No. 167-2001
comparece Guillermo Morán Guillén solicitando el remate de los bienes
embargados, petición que es aceptada por el Juez disponiendo el remate de algo
que a esa fecha no existía. Entre los bienes embargados consta el 50% de
derechos y acciones de Segundo Cartagena, pero en los carteles de remate el
Juez autoriza el de otro inmueble muy diferente al de propiedad del
demandando, cuando se autoriza el remate de un cuerpo cierto y determinado
dentro de unos linderos que en realidad no existen, perjudicando los derechos de
propiedad de los herederos de María Dolores Cartagena Hinojosa y de Manuel
Vicente Cartagena Hinojosa, nietos e hijo legítimos de Felipa Hinojosa, cónyuge
del demandado en el juicio ejecutivo, perjudicando su derecho al herencia
reconocido en el art. 39 de la Constitución de la República. Que además, debió
contarse con el consentimiento de los demás copropietarios del otro 50%,
conforme la norma del art. 505 del Código de Procedimiento Civil. Expresan los
actores que con tales antecedentes, con fundamento en los arts. 505 y 1014 del
Código de Procedimiento Civil; arts. 9, 10, 1697, 1698, 1699 y 1753 del Código
Civil, demandan en juicio ordinario a Guillermo Patricio Morán Guillén la nulidad
absoluta del auto de adjudicación en remate realizado sobre el inmueble que se
halla descrito en el auto dictado por el Juez Segundo de lo Civil de Imbabura el
12 de diciembre del 2003, protocolizado en la Notaría Primera del cantón
Otavalo el 25 de marzo del 2004, inscrito en el Registro de la Propiedad de
Otavalo el 28 de abril del 2004, a fin de que se ordene la nulidad de dicho auto
de adjudicación y se notifique al Registrador de la Propiedad para que proceda a
la cancelación de la inscripción. Además solicitan se cuente como legítimo
contradictor al Juez Segundo de lo Civil de Imbabura, con jurisdicción en el
cantón Ibarra.- Citado el demandado, Guillermo Patricio Morán Guillén, quien
comparece a fojas 446 y 446 vta. del expediente de primer nivel, y contestando
la demanda propone las siguientes excepciones: 1.- Negativa de los
fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2.- Incompetencia en razón
del grado.- 3.- Improcedencia de la acción por el fondo y por la forma. 4.- Falta
de derecho de la actora para proponer la demanda. 5.- Ilegitimidad de
Juicio No. 386-2012
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personería. 6.- Falta de legítimo contradictor. 7.- Preclusión. 8.- Cosa Juzgada.-
5.4.- De conformidad con lo previsto en los arts. 113 y 114 del Código de
Procedimiento Civil, las partes han solicitado y practicado las siguientes
diligencias probatorias: Por la parte actora: 1) Que se reproduzca y se tenga
como prueba de su parte todo cuanto de autos le fuere favorable. 2) Que se
reproduzca como prueba a su favor el certificado del Registro de la Propiedad
que obra de autos, en el que consta la venta de derechos y acciones de la
propiedad. 3) Se oficie al Registrador de la Propiedad del cantón Otavalo para
que confiera un certificado de que Segundo Gonzalo Cartagena vendió el 50%
de sus derechos y acciones a Ángel Polibio Gualán el 30 de noviembre del 2002,
inscrita en el Registro de la Propiedad el 18 de diciembre del 2002; y que
certifique las acciones que correspondían a María Felipa Hinojosa en el
inmueble materia de la litis. 4) Se llame a rendir confesión judicial a Guillermo
Morán Guillén de acuerdo al pliego de preguntas que adjunta en sobre cerrado.
5) Se señale día y hora para una inspección judicial al inmueble ocupado por el
demandado a fin de establecer linderos y dimensiones del mismo.- Por la parte
demandada: 1) Que se reproduzca y se tenga como prueba de su parte todas las
excepciones deducidas al contestar la demanda. 2) Que se tenga como prueba
de su parte las copias certificadas de las sentencia de primera y segunda
instancia de 22 de julio y 6 de diciembre del 2002. 3) La copia de su cédula de
ciudadanía en la que consta su estado civil de casado. 4) El auto de adjudicación
dictado por el Juez Segundo de lo Civil de Imbabura de 12 de noviembre del
2003, inscrito en el Registro de la Propiedad de Otavalo el 28 de abril del 2004.-
5.5.- Analizada la acción de los actores, tenemos que en su demanda pretenden
se declare la nulidad del auto de adjudicación en remate dictado por el Juez
Segundo de lo Civil de Imbabura el 12 de diciembre del 2003, protocolizado en la
Notaría Primera del cantón Otavalo el 25 de marzo del 2004, inscrito en el
Registro de la Propiedad de Otavalo el 28 de abril del 2004, respecto de un
inmueble ubicado en el sector urbano de la parroquia San Luis, cantón Otavalo,
cuyos linderos y dimensiones se detallan en dicho auto. Fundamentan su
petición expresando que el demandado en el juicio ejecutivo 167-2001, Segundo
Gonzalo Cartagena, no tenía ninguno derecho de propiedad sobre ese inmueble,
ya que al haber sido adquirido con quien fuera su cónyuge, María Felipa
Juicio No. 386-2012
33
Hinojosa, pertenecía a la sociedad conyugal que tenía formada con aquella; a la
muerte de su cónyuge, le correspondía solo el cincuenta por ciento de los
gananciales en la sociedad conyugal; que posteriormente, Segundo Gonzalo
Cartagena vendió sus derechos y acciones (50%) a los cónyuges Ángel Polibio
Gualán Poma y María Rosa Lema Cotacachi, de tal manera, que al momento del
embargo y posterior remate y adjudicación, el deudor y demandado en el juicio
ejecutivo, carecía de derecho de propiedad sobre el inmueble.- La demanda la
dirigen contra el acreedor y adjudicatario en el juicio ejecutivo, Guillermo Patricio
Morán Guillén, así como también, como legítimo contradictor, contra el Juez
Segundo de lo Civil de Imbabura, con sede en el cantón Ibarra, sin especificar el
nombre de la persona que tiene esa calidad. El Juez Sexto de lo Civil de
Imbabura, en auto de 6 de febrero del 2006, a las 09h44, califica la demanda y la
admite a trámite, y ordena citar a los demandados Guillermo Patricio Morán
Guillén y Juez Segundo de lo Civil de Imbabura, diligencia procesal que
efectivamente fue practicada, según obra de fs. 439 vta. y 451 vta. del proceso.-
Entre sus excepciones, el demandado propuso la de falta de legítimo
contradictor, que corresponde analizar a fin de determinar si en la causa se ha
demandado y han actuado todas las personas a quienes les corresponde
controvertir y, por tanto, que los juzgadores puedan dictar sentencia de mérito
que surta plenos efectos.- El legitimario pasivo es la persona llamada por ley
para contradecir la demanda porque se exige de ella el cumplimiento de una
obligación de dar, hacer o no hacer, el reconocimiento de un derecho, la
declaración de una situación jurídica concreta, etc.; y por cuanto, la sentencia de
fondo que dicte la jueza o juez deberá surtir plenos efectos para esa persona,
en sus derechos patrimoniales o personales.- La legitimación en causa se refiere
a la calidad que debe tener la parte en relación con el interés sustancial discutido
en el proceso.- Es decir que, para que exista la legitimación en causa el actor
debe ser la persona que pretende ser el titular del derecho discutido, y el
demandado la persona llamada por la ley a contradecir la demanda mediante
las excepciones. Por lo dicho “… no existe debida legitimación en la causa en
dos casos: a) Cuando el demandante o el demandado no tenía en absoluto
legitimación en la causa, por ser personas distintas a quienes correspondía
formular esas pretensiones o contradecirlas, y b) Cuando aquéllas debían ser
Juicio No. 386-2012
33
parte en esas posiciones, pero en concurrencia con otras personas que no han
comparecido al proceso.”, (Hernando Devis Echandía, Teoría General del
Proceso, 3ª Edición, Buenos Aires, Editorial Universidad, 2004, pág. 259) es
decir no existe el litis consorcio necesario, pues la legitimación estaría
incompleta y no será posible la sentencia de fondo. La falta de legitimación en
causa implica el rechazo de la demanda, no la nulidad procesal.- En la presente
causa tenemos, por una parte, que el bien inmueble fue rematado y adjudicado
a Guillermo Patricio Morán Guillén, con estado civil de casado, por tanto, pasó a
formar parte de la sociedad conyugal que integra con su cónyuge Nieves
Esthela Hinojosa Endara, particular que era de conocimiento de los actores, por
cuanto de las copias certificadas del juicio ejecutivo No. 167-2001, se encuentra
la demanda por la letra de cambio, en la que el actor, Guillermo Patricio Morán
Guillén, al hacer constar sus generales de ley, expresa que su estado civil es el
de casado; en consecuencia, si en este proceso, se busca la nulidad del remate
y adjudicación, tal pretensión afecta al patrimonio de la sociedad conyugal y no
solo a uno de los cónyuges, debiendo haberse demandado también en esta
causa Nieves Esthela Hinojosa Endara, sin que se pueda presumir que
Guillermo Patricio Morán Guillén compareció a este juicio como representante de
esa sociedad, tanto más que cuando se trata de bienes inmuebles, es necesaria
la comparecencia de ambos cónyuges o de uno de ellos en representación del
otro, con poder suficiente, ya que no se trata de un acto de administración
ordinaria de la sociedad conyugal, conforme la norma del art. 181 del Código
Civil.- Es necesario aclarar que procesalmente no existe constancia de que el
bien inmueble rematado y adjudicado sea de exclusiva propiedad a Guillermo
Patricio Morán Guillén.- Por otra parte, en este juicio se ha demandado también
como legítimo contradictor al Juez Segundo de lo Civil de Imbabura seguramente
por ser la autoridad judicial de quien emana el auto de adjudicación; no obstante,
no existe justificación legal para haberlo demandado, pues no tiene un interés
material en el asunto que se litiga, pues no se trata de que en este juicio de
nulidad esté en controversia algún objeto de interés personal o del patrimonio
de ese Juez, sin que, por tanto, tenga una obligación legal de controvertir en este
proceso.- De los elementos expuestos, se determina que esta causa no se ha
conformado el litis consorcio pasivo necesario cuanto por no haberse
Juicio No. 386-2012
33
demandado a Nieves Esthela Hinojosa Endara, por los derechos que le
corresponden en la sociedad conformada con Guillermo Patricio Morán Guillén,
tanto porque no se debió demandar como legítimo contradictor al Juez Segundo
de lo Civil de Imbabura, por no tener interés en la controversia.- La falta del litis
consorcio necesario, determina que los juzgadores no puedan dictar sentencia
de fondo, de mérito, como se indicó anteriormente.- Por esta razón, no cabe el
análisis de las pruebas actuadas por las partes para demostrar sus
pretensiones.- Por las consideraciones que anteceden, este Tribunal que integra
la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia,
ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA, CASA la sentencia dictada por la Sala de lo Civil, Laboral,
Inquilinato, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial Justicia de Imbabura, el
de 21 de marzo del 2012, a las 10h17; y, en su lugar se dicta sentencia
inhibitoria, desechando la demanda por las razones expuestas en este fallo.- Sin
costas.- Notifíquese y devuélvase.- f) Dra. Paulina Aguirre Suárez; Dr. Eduardo
Bermúdez Coronel Dr. Paul Iñiguez Ríos (Voto Salvado);
Jueces Nacionales y Dra. Lucía Toledo Puebla; Secretaria Relatora que
Certifica.”
RAZON: Siento por tal que la presente copia es igual a su original.- Quito, a 16 de septiembre de 2013.
Dra. Lucía Toledo Puebla.SECRETARIA RELATORA DE LA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
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VOTO SALVADO
Asunto: Nulidad de remate.
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL.-
Quito, a 16 de septiembre de 2013; las 10h00.-
VISTOS:
ANTECEDENTES
El ciudadano Guillermo Patricio Morán Guillen, interpone recurso de
casación de la sentencia dictada por la Sala de lo Civil, Laboral,
Inquilinato, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de
Imbabura, en fecha 21 de marzo del 2012, a las 10h17, dentro del juicio
ordinario, que por nulidad de remate, siguen en su contra Graciela del
Carmen, Luis Gonzalo, Isabel del Rosario y Rosa de los Ángeles
Asimbaya Cartagena, denegada la casación, en virtud del recurso de
Juicio No. 386-2012
33
hecho llega a conocimiento de este Tribunal la presente causa.
Siendo el estado de la sustanciación del recurso de casación, el de
resolver, para hacerlo se considera:
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
El conocimiento del presente recurso de casación, corresponde al
Tribunal constituido por los Señores Jueces Doctores Paul Iñiguez Ríos
Juez Ponente, Eduardo Bermúdez Coronel y la Señora Jueza Doctora
Paulina Aguirre Suárez que conforman la Sala de lo Civil y Mercantil, en
mérito de los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica Reformatoria del Código
Orgánico de la Función Judicial publicado en el Suplemento del Registro
Oficial No. 38, de 17 de julio del 2013, que sustituye a los artículos 183 y
186 de la misma ley, y de la Resolución de la Corte Nacional de Justicia
No. 03-2013 de 22 de julio del 2013, y por haber sido nombrados y
posesionados en forma constitucional como Jueces de la Corte Nacional
de Justicia y designados para actuar en la Sala.
FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO
En el escrito de interposición del recurso de casación que obra de fojas
46, la parte recurrente señala que las normas infringidas son los Arts.
165,273, 281, 289, 346 numeral 3, 472, 473 del Código de Procedimiento
Civil.
Funda el impugnante su recurso, en las causales segunda, tercera,
cuarta y quinta contenidas en el artículo 3 de la Ley de Casación.
Expone el recurrente que existió una falta de legítimo contradictor ya que
no se le tomó en cuenta a su cónyuge, negándole con esto, el legitimo
derecho a la defensa por lo que el “Litis consocio pasivo” no se conformó y
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por cuya omisión no se puede dictar sentencia de fondo. De igual manera
afirma que se declara la nulidad del remate solicitado a los dos años y
dos meses de haberse ejecutoriado y ejecutado. Que la nulidad del remate
puede darse únicamente en las circunstancias determinadas en los
artículos 472 y 473 del Código de Procedimiento Civil, decir lo contrario
viola las normas expresas contenidas en estos artículos y atenta el
principio de seguridad jurídica. Que la Sala de Instancia considera como
“aspectos fundamentales” “certificados de gravámenes” que tienen un
tiempo de validez, cuya protocolización no da fe del contenido sino
únicamente de su existencia. Que los autos no pueden ser anulados por
otro Juez, ni en otro proceso, solo pueden ser aclarados, ampliados,
reformados o revocados por el mismo Juez que los dictó. Que la sentencia
que impugna resuelve en forma extra petita y citra petita, porque resuelve
algo que las actoras no solicitaron y porque no resuelve algunos puntos
en los que se trabó la litis.
EL RECURSO DE CASACIÓN
El recurso de casación se establece, como instrumento para la creación
de jurisprudencia, con el fin de conseguir la unidad interpretativa del
ordenamiento jurídico, en aras de la certeza de las normas y de la
seguridad de su conocimiento que al tiempo -como respuesta judicial-
satisfaga el derecho a la igualdad de todas y todos los ciudadanos en la
aplicación de la ley. Es un medio de impugnación extraordinario y formal,
tendiente a la anulación de la sentencia de instancia recurrida, su
extraordinariedad exige el cumplimiento de determinados requisitos, los
cuales constituyen limitaciones que se imponen para su acceso, ya que
no todo es casable, existen motivos o causas prestablecidas por los cuales
se puede recurrir en casación; en nuestra legislación los regula este
recurso, la Ley de Casación, la cual en el artículo 3 establece las causales
por las cuales procede. En tal sentido la fundamentación debe ser
precisa, clara y concreta, que permita al Tribunal de Casación la
Juicio No. 386-2012
33
verificación de la legalidad del fallo impugnado, dentro de los límites
establecidos por el casacionista; en tal sentido la jurisprudencia
colombiana ha señalado: “La naturaleza excepcional, extraordinaria y
eminentemente dispositiva del recurso de casación, comporta en la
normatividad procesal civil una especial atención por parte del legislador a
los requisitos formales de la demanda que lo sustenta, de tal forma que su
admisión a trámite despunta vedada en el evento de obviar el recurrente las
exigencias estatuidas. Es así como entre los requisitos del libelo
impugnaticio, resultan en extremo relevantes para el asunto que ocupa la
atención de la Corporación, los contenidos en el numeral 3° del artículo 374
del Código de Procedimiento Civil, con arreglo al cual para la admisión de la
demanda han de exponerse ‘los fundamentos de cada acusación en forma
clara y precisa’, pues la propia naturaleza del medio de impugnación
impone a la Corte el moverse sólo dentro de los estrictos límites demarcados
por la censura…”1
. Al referir a los fines de la casación, es importante y de utilidad,
remitirnos a la posición doctrinaria que Miguel Fenech recoge de una
ejecutoria de la Corte Suprema de Justicia de España, que señala: “… El
instituto de la Casación tiene como fin primordial establecer una doctrina
jurídica que no solo sea aplicable al caso concreto, sino que sirva de
enseñanza para la solución de casos posteriores…”.2, este criterio ratifica
los fines del recurso de casación, la unificación de la jurisprudencia y la
corrección de los yerros de derecho en que incurren los juzgadores al
emitir sentencia. El recurso de casación tiene además una función de
justicia, ya que al corregir los errores de derecho se restablece el orden y
la paz social, al respecto la doctrina coincidentemente se ha pronunciado
en los siguientes términos: “…es un remedio procesal extraordinario que
procede contra resoluciones judiciales definitivas (en el sentido que pone
término al litigio) con el objeto de anularlas de dejarlas sin efecto por haber
1 Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Civil, Auto de 19 de enero de 2009, exp. 00192, reiterado en autode 18 de diciembre del mismo año, exp. 07634.2 Fenech Miguel, “Doctrina Procesal Civil del Tribunal Supremo”, Volumen VI, Aguilar, S.A. de Ediciones, Madrid,1969, pág. 12875.
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sido dictadas con infracción del derecho positivo o de la doctrina
jurisprudencial establecida (cómo prevé la legislación peruana)
restableciendo la vigencia del derecho…”3
.
ANÁLISIS DEL TRIBUNAL
Comprendido en los términos que queda señalado el recurso de casación,
para tomar una decisión, se considera lo siguiente:
PRIMERO: En el presente caso, inicialmente es importante recurrir para
nuestro análisis, a lo que nos enseña el procesalista Víctor Fairén Guillén
respecto de la litis consorcio necesario, al efecto señala "El litis consorte
necesario es el que exige la intervención en un proceso único, desde su
comienzo, de todos los litisconsortes y aparece en los casos en que la acción
y pretensión solamente pueden proponerse válidamente open legis por
varias personas o contra varias personas. El objetivo de esta figura es el de
obtener en un proceso único una resolución única para todos los
litisconsortes, por tratarse de una pretensión única, con respecto a la cual
la legitimación esté integrada ( activa o pasiva) por todas dichas personas,
pero no separadamente, sino unidos", diremos que litis consorcio
necesario como lo plantea el casacionista, es una institución que surge
cuando varias personas tienen y conforman de manera única la calidad
de parte material, es decir, participan de una relación jurídica sustantiva.
La fuente de la institución de litis consorcio, la encontramos en la
relación material objeto de la controversia, lo que implica que su origen
hay que buscarlo fuera de la relación procesal; es decir, en las relaciones
jurídicas privadas que constituyen la materia del debate judicial, en este
caso, lo encontramos en el auto de adjudicación que se constituye en
materia de la demanda.
3 CARRION LUGO, Jorge, “El recurso de Casación en el Perú”, Doctrina –Legislación –Jurisprudencia”, Ed. Grijley, Lima, 1er Ed. ,1997, pág. 6
Juicio No. 386-2012
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En la especie, el Juez Segundo de lo Civil de Ibarra, dicta auto de
adjudicación, en fecha 25 de febrero del 2004, a las 09h30, mediante el
cual adjudica el bien objeto del remate al ciudadano Guillermo Patricio
Morán Guillen, quien fuera actor en el juicio ejecutivo 161-2001, seguido
por éste en contra de Segundo Gonzalo Cartagena; sobre dicho auto recae
la acción de nulidad, propuesto por Graciela del Carmen, Luis Gonzalo,
Isabel del Rosario y Rosa de los Ángeles Asimbaya Cartagena, en contra
del adjudicatario Guillermo Patricio Morán Guillén; hechos de los cuales
se evidencia, que el único legitimado pasivo en el juicio de nulidad del
auto de adjudicación y que se conoce en casación, es el ciudadano
Guillermo Patricio Morán Guillén, sin que haya sido necesario que la
acción de nulidad señalada se entable además en calidad de demandada
a su cónyuge Nieves Esthela Hinoosa Endara, pues el ejercicio de la
acción ejecutiva y la oferta para el remate, lo hace por sí mismo y no
como representante de la sociedad conyugal, además, si bien el inmueble
materia del remate pasa a formar parte de la sociedad de bienes, aquello
no implica que la cónyuge del casacionista, este legalmente constreñida a
reclamar la nulidad del auto de adjudicación, por tanto, se ha
conformado legalmente la litisconsorcio pasivo, no existiendo violación de
ley, consecuentemente no tiene lugar la alegación que al respecto hace el
recurrente.
Por otra parte, como queda dicho, la legitimación en la causa es
impuesta por la naturaleza de la relación material, no es un presupuesto
procesal; por ello, su integración no incide en la validez procesal, sino en
la relación de derecho sustancial sobre la cual ha de pronunciarse el
Juez, siendo así, la causal invocada para hacer evidente este error de la
sentencia no es eficaz; pues, no se trata de un vicio del proceso que cause
nulidad insanable o provoque indefensión, conforme lo prevé la causal
segunda del Art. 3 de la Ley de Casación.
Juicio No. 386-2012
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TERCERO: La causal segunda del Art. 3 de la Ley de Casación, sirve de
fundamento del recurso de casación cuando en el pertinente proceso, se
ha incurrido en “aplicación indebida, falta de aplicación o errónea
interpretación de normas procesales, cuando hayan viciado el proceso de
nulidad insanable o provocado indefensión, siempre que hubieren influido
en la decisión de la causa y que la respectiva nulidad no hubiere quedado
convalidada legalmente;”. En el caso en estudio, el argumento que
soporta esta impugnación va en otro sentido, tacha la validez de la
decisión no de uno o más actos procesales determinados; de modo que no
siendo el motivo de la impugnación un vicio procesal de acuerdo a los
Arts. 344, 345 y 346 del Código de Procedimiento Civil, esto es, al no
haberse omitido solemnidad sustancial alguna y al no existir violación de
trámite, resulta ineficaz la causal invocada por el recurrente en la
segunda censura de su escrito.
TERCERO: El impugnante, fundamentado en la causal quinta del Art. 3
de la Ley de Casación, establece como cargo a la sentencia de apelación,
la infracción de las normas contenidas en los Art. 273, 281 y 289 del
Código de Procedimiento Civil que regulan las sentencias, autos y
decretos. A lo que cabe señalar que dichas normas no aplican al caso; ya
que la valoración que la Sala de Apelación hace del certificado del
Registro de la Propiedad, es una atribución propia del Juez de la causa,
y no es materia de impugnación mediante la causal quinta, cuyo objetivo
busca corregir errores de otra naturaleza.
Para establecer la contradicción o la incompatibilidad de una decisión
debe analizarse la resolución en su contexto, es decir, sobre todo su
argumento y motivación. Las razones de hecho y de derecho que el
juzgador plantea para adoptar su decisión, son las que deben guardar la
coherencia y la compatibilidad que refiere el casacionista. Por tanto,
siendo impertinentes las normas contenidas en los artículos señalados
como infringidos con la causa contenida en el numeral 5 del Art. 3 de la
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Ley de la materia, la impugnación deviene en incoherente.
CUARTO: Respecto de la causal cuarta que sirve de sustento de la
“quinta censura”, que atribuye a la sentencia de segundo nivel la
infracción de las normas contenidas en el Art. 273 del Código de
Procedimiento Civil, cabe precisar que uno de los casos en el que una
persona puede ser obligada a venta forzosa, es precisamente el caso de
remate en virtud de una acción judicial, para asegurar el cumplimiento
de una obligación, sobre un bien, para, con su importe, pagar del crédito
debido. Algunos autores coinciden con esta postura al plantear que “…el
remate es una etapa de la venta forzada, la primer etapa, que determina el
elemento precio. El momento final es cuando el juez, luego de aprobado el
remate, otorga la escritura ‘contrato’ de venta, y hace tradición al
comprador. La aceptación de la mejor postura sería un ‘primer acuerdo de
voluntades’ pero calificado en nuestro país como promesa de compraventa,
a su juicio erróneamente. Presenta tres rasgos que son excepcionales: 1)
impone al postor una obligación (entregar una suma de dinero); 2) le
confiere una facultad (desistir del negocio); y 3) quiere la aprobación del
juez…”. (Hurvich, Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, t.
66, pp. 4-12) y cabe señalarlo por su aporte al tema en cuestión. De
modo que el remate y la adjudicación en este caso, recaen en el concepto
de venta forzosa; por tanto, la impugnación de la existencia del vicio extra
petita, carece de sustento válido. En cuanto al vicio citra petita, que
acusa el casacionista, la Sala de Segunda Instancia, resuelve sobre lo que
fue materia de fundamentación del recurso de apelación, no sobre la
demanda y la contestación a la demanda que le correspondió al Juez de
primera instancia, cuya sentencia ha sido calificada por el mismo
recurrente como “…cumple con todos los requisitos legales lógicos de un
verdadero silogismo…” (Fs. 2 de cuaderno de segunda instancia). El Art.
328 del Código de Procedimiento Civil, prevé la apelación parcial; es
decir, se puede apelar de una parte de la sentencia, auto o decreto y
conformarse con lo demás; por tanto, su planteamiento sobre este
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particular carece de fundamento, sin que tenga asidero legal en el
cuestionamiento equivocado que se hace.
QUINTO: En relación a la censura tercera del Art. 3 de la Ley de
Casación, que la fundamenta el casacionista, atribuyendo a la sentencia
de instancia, la aplicación indebida del Art. 165 del Código de
Procedimiento Civil, cabe anotar que revisada tanto la parte pertinente de
la sentencia atacada, como la norma señalada como violentada, se
advierte que en efecto obra de fojas 408 a 411 del proceso la escritura de
protocolización del “…certificado de propiedad de gravámenes de la
propiedad de los señores Segundo Gonzalo Cartagena y señora María
Felipa Hinojosa”. Hacer esta precisión que consigna el certificado del
Registro de la Propiedad, no incurre, de ninguna manera, en violación del
Art. 165 del Código de Procedimiento Civil, en cuyo listado de
instrumentos públicos que hacen fe y constituyen prueba, consta este
tipo de certificaciones.
Es importante señalar, que la valoración de la prueba, como se ha
manifestado en reiteradas ocasiones, es una operación mental en virtud
de la cual el juzgador determina la fuerza de convicción, en conjunto, de
los elementos de prueba aportados por las partes, para inferir si son
ciertas o no las afirmaciones tanto del actor como del demandado, en la
demanda y la contestación a la demanda, respectivamente. Esta
operación mental de valoración o apreciación de la prueba es potestad
exclusiva de los jueces y tribunales de instancia; el Tribunal de Casación
no tiene atribuciones para hacer otra y nueva valoración de la prueba,
sino únicamente para comprobar si en este ejercicio, se han violado o no
las normas de derecho concernientes a esa valoración, y si la violación en
la valoración de la prueba ha conducido indirectamente a la violación de
las normas sustantivas en la sentencia.
Por lo manifestado anteriormente, este Tribunal arriba a la convicción
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que en la sentencia dictada por la Sala de lo Civil, Laboral, Inquilinato,
Niñez y Adolescencia, de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura,
dentro del juicio ordinario, que siguen Graciela del Carmen, Luis
Gonzalo, Isabel del Rosario y Rosa de los Ángeles Asimbaya Cartagena
contra Guillermo Patricio Morán Guillen, no se ha incurrido en violación
de ninguna de las normas legales citadas por el casacionista, por tanto,
las causales que sirven de fundamento del recurso formulado resultan
indebidamente alegadas.
DECISIÓN
En virtud de lo expuesto, este Tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil
de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA,
NO CASA, la sentencia dictada por la Sala de lo Civil, Laboral,
Inquilinato, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de
Imbabura, en fecha 21 marzo del 2012, a las 10h17. Sin costas y ni
honorarios que regular. Notifíquese, publíquese y devuélvase. f) Dr. Paúl
Iñiguez Ríos (Voto Salvado); Dr. Eduardo Bermúdez; Dra. Paulina
Aguirre Suárez, Jueces Nacionales y Dra. Lucía Toledo Puebla, Secretaria
Relatora que Certifica.”
RAZON: Siento por tal que la presente copia es igual a su original.- Quito, a 16 de septiembre de 2013.
Dra. Lucía Toledo Puebla.SECRETARIA RELATORA DE LA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
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En el Juicio No. 386-2012 que sigue Graciela Asimbaya Cartagena contra Guillermo Morán Guillénhay lo que sigue:
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL.-
Quito a, 15 de octubre del 2013, a las 09h00.--------------------------------
VISTOS: (386-2012): Graciela del Carmen Asimbaya Cartagena, solicita se aclare la
sentencia dictada por este Tribunal el 16 de septiembre del 2013, las 10h00, señalando
únicamente que, a su criterio, la parte resolutiva no es clara ni precisa, pues se expresa:
“CASA la sentencia dictada por la Sala de lo Civil, Laboral, Inquilinato, Niñez y
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, el 21 de marzo del 2012, a
las 10h17; y en su lugar se dicta sentencia inhibitoria, desechando la demanda por las
razones expuestas en este fallo”.- Para resolver lo pertinente, se considera lo siguiente:
PRIMERO.- El art. 282 del Código de Procedimiento Civil establece: “La aclaración
tendrá lugar si la sentencia fuere obscura.”. SEGUNDO.- La sentencia de mayoría, cuya
aclaración solicita la parte actora, es absolutamente clara al expresar que la decisión
tomada por este Tribunal fue casar la sentencia dictada por la Sala de lo Civil, Laboral,
Inquilinato, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Imbabura el 21 de marzo de
2012, a las 10h17, es decir, aceptar el recurso de casación interpuesto por Guillermo
Patricio Mora Guillen; y en su lugar, dictar sentencia inhibitoria. Además, al no
especificarse en el escrito de aclaración, en qué sentido considera que la parte resolutiva
de la sentencia dictada por este Tribunal es obscura, la petición se vuelve improcedente.
Por lo expuesto, se niega la solicitud de aclaración efectuada.- Notifíquese.- f) Dra.
Paulina Aguirre Suárez, Dr. Eduardo Bermúdez Coronel, Dr. Paúl Iñiguez Ríos Jueza y
Jueces de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de la Justicia.-
Voto Salvado
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- Quito
a, 15 de octubre del 2013, a las 09h00.----------------------------------------
VISTOS: (386-2012): Por cuanto la petición de aclaración efectuada por Graciela del
Carmen Asimbaya Cartagena, no se refiere al voto salvado que emití dentro de la presente
causa, sino únicamente a la sentencia de mayoría; no me corresponde pronunciarme al
respecto. Notifíquese.- Dr. Paúl Iñiguez Ríos, Dra. Paulina Aguirre Suárez, Dr. Eduardo
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Bermúdez Coronel Jueza y Jueces de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional
de Justicia.- Certifico.-f) Dra. Lucia Toledo Puebla.- Secretaria Relatora.-
RAZON: Siento por tal que la presente copia es igual a su original.- Quito, a 15 de octubre de 2013.
Dra. Lucia Toledo PueblaSECRETARIA RELATORA
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CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL.-
Quito a, 29 de octubre del 2013, las 10h05.- VISTOS:
(386-2012): Agréguese al proceso el escrito que antecede. En lo principal, Graciela del
Carmen Asimbaya Cartagena apela de la sentencia dictada por este Tribunal el 16 de
septiembre del 2013, las 10h00, para ante el “Tribunal Constitucional” (SIC), por cuanto
es totalmente perjudicial para sus intereses y a su criterio se ha violado el debido proceso
en la presente causa.- Al respecto, se considera: PRIMERO.- El recurso de apelación, es
un medio ordinario de impugnación de las resoluciones judiciales dictadas por los
juzgadores de instancia. En tal sentido, el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil
determina: “Apelación es la reclamación que alguno de los litigantes u otro interesado
hace al juez o tribunal superior, para que revoque o reforme un decreto, auto o sentencia
del inferior”. SEGUNDO.- En el presente caso, la actora pretende interponer recurso
ordinario de apelación, en contra de una sentencia de casación dictada por la Corte
Nacional de Justicia, máximo organismo en la vía jurisdiccional de nuestro país, lo cual
torna improcedente el recurso interpuesto; pues el mismo no se encuentra concebido para
reclamar de las resoluciones judiciales que esta Corte toma en la tramitación de los
recursos extraordinarios de casación y hecho. Cabe observar además, que la peticionaria
pretende que la apelación interpuesta sea resuelta por el “Tribunal Constitucional”, órgano
actualmente inexistente dentro de nuestra legislación. Por tanto, en atención a lo previsto
en el artículo 293 del Código de Procedimiento Civil, reformado por el numeral 17 de la
Disposición Reformatoria Décima del Código Orgánico de la Función Judicial, se rechaza
la petición efectuada por la parte actora, con multa de una remuneración básica unificada,
impuesta al Dr. Adalberto Capelo Báez, abogado que suscribe dicha petición. Ofíciese
para el efecto a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura. Notifíquese y
devuélvase. F) Dra. Paulina Aguirre Suárez, Dr. Eduardo Bermúdez Coronel, Dr.
Paúl Iñiguez Ríos (Voto Salvado); Jueces Nacionales y Dra. Lucía Toledo Puebla;
Secretaria Relatora que Certifica.”
RAZON: Siento por tal que la presente copia es igual a su original.- Quito, a 29 de octubre de 2013.
Dra. Lucía Toledo Puebla.
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SECRETARIA RELATORA DE LA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
Voto Salvado
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL.-
Quito a, 29 de octubre del 2013, las 10h05 VISTOS:
(386-2012): Por cuanto la petición efectuada por Graciela del Carmen Asimbaya
Cartagena, no se refiere al voto salvado que emití dentro de la presente causa, sino
únicamente a la sentencia de mayoría; no me corresponde pronunciarme respecto a lo
solicitado. Notifíquese.- Dra. Paulina Aguirre Suárez, Dr. Eduardo Bermúdez Coronel, Dr.
Paúl Iñiguez Ríos (Voto Salvado); Jueces Nacionales y Dra. Lucía Toledo Puebla;
Secretaria Relatora que Certifica.”
RAZON: Siento por tal que la presente copia es igual a su original.- Quito, a 29 de octubre de 2013.
Dra. Lucía Toledo Puebla.SECRETARIA RELATORA DE LA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
