Repblica de Colombia
Corte Suprema de JusticiaRadicacin No. 71293
CORTE SUPREMA DE JUSTICIASALA DE CASACIN PENALSALA DE DECISIN DE
TUTELAS N 2
JOS LUIS BARCEL CAMACHOMAGISTRADO PONENTE
STP303-2014 Radicacin N 71293Aprobado acta N 012
Bogot, D. C., veintitrs (23) de enero de dos mil catorce
(2014).
VISTOS
La Sala resuelve la impugnacin interpuesta por los apoderados de
los accionantes NELSON MAURICIO TABORDA RUDAS, WILLIAM OCTAVIO
ZULUAGA CAON, WILLIAM OCTAVIO ZULUAGA SALAZAR, FREDY EMERSON
BELTRN, SANDRA PATRICIA VILLANUEVA LPEZ, JULIN ANDRS GIRALDO DUQUE,
CRISTIAN FAURICIO RODRGUEZ VIDAL, MICHAEL HERNANDO SANABRIA VILA,
HCTOR FABIO CASTILLO SERNA, SANDRA MILENA OCAMPO ARIAS, LUZ DANIA
GIRALDO VALDEZ, JULIETA LOZANO VALENCIA, STELLA MONTOYA GUAPACHE,
DILBER ANDRS ARAGN SOLS y LUIS ALFREDO VELSQUEZ RUDAS contra la
sentencia del 28 de noviembre de 2013 con la cual la Sala de
Decisin Penal del Tribunal Superior de Cali, neg por improcedente
la solicitud de amparo que invoca para los derechos fundamentales
que afirma vulnerados por los Juzgados 11 y 25 Penales Municipales
con funciones de Control de Garantas de Cali as como los Juzgados 6
y 12 Penales del Circuito de la misma ciudad.
I. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIN
El acontecer fctico que rodea la interposicin de la presente
accin constitucional, se contrae a los siguientes aspectos:
El 18 de septiembre de 2013 los seores NELSON MAURICIO TABORDA
RUDAS, WILLIAM OCTAVIO ZULUAGA CAON, WILLIAM OCTAVIO ZULUAGA
SALAZAR, FREDY EMERSON BELTRN, SANDRA PATRICIA VILLANUEVA LPEZ,
JULIN ANDRS GIRALDO DUQUE, CRISTIAN FAURICIO RODRGUEZ VIDAL,
MICHAEL HERNANDO SANABRIA VILA, HCTOR FABIO CASTILLO SERNA, SANDRA
MILENA OCAMPO ARIAS, LUZ DANIA GIRALDO VALDEZ, JULIETA LOZANO
VALENCIA, STELLA MONTOYA GUAPACHE, DILBER ANDRS ARAGN SOLS y LUIS
ALFREDO RUDAS VELSQUEZ fueron capturados en distintas partes del
Departamento del Valle del Cauca, en operativo masivo realizado por
la Polica Nacional en cumplimiento de las rdenes de captura as como
de registro y allanamiento impartidas por el Juzgado 31 Penal
Municipal de Control de Garantas de Cali.
Correspondi el conocimiento de estas diligencias al Juzgado 11
Penal Municipal con Funcin de Control de Garantas, despacho que el
19 de septiembre de 2013 a las 10:25 de la maana dio comienzo a las
audiencias preliminares de legalizacin de orden y resultado de las
diligencias de allanamiento y registro de inmuebles, de legalizacin
de incautacin de elementos materiales probatorios y legalizacin del
procedimiento de captura.
Posteriormente el 20 de septiembre de 2013, se continu con
dichas diligencias en donde se realiz la formulacin de imputacin e
imposicin de medidas de aseguramiento de detencin preventiva
intramural a todos los capturados con excepcin de HCTOR FABIO
CASTILLO SERNA, a quien le fue impuesta medida de aseguramiento de
detencin domiciliaria, por los presuntos delitos de concierto para
delinquir agravado, trfico, fabricacin y porte de estupefacientes,
homicidio agravado, cohecho entre otros.Los apoderados de los
indiciados interpusieron recurso de apelacin en contra de la
decisin a travs de la cual se legaliz la orden y las diligencias de
allanamiento y registro as como la legalizacin la captura, siendo
confirmada a travs de provedo de 31 de octubre de 2013, emitido por
el Juzgado 6 Penal del Circuito de Cali.
Adems, los ciudadanos capturados presentaron accin
constitucional de hbeas corpus, la cual fue conocida por el Juzgado
25 Penal Municipal con Funcin de Control de Garantas de Cali que la
neg por improcedente a travs de provedo de 29 de octubre de
2013.
Dicha decisin fue objeto de impugnacin, siendo confirmada por el
Juzgado 12 Penal del Circuito de Cali a travs de providencia de 7
de noviembre de 2013.
Agotado el trmite anterior, los apoderados de NELSON MAURICIO
TABORDA RUDAS, WILLIAM OCTAVIO ZULUAGA CAON, WILLIAM OCTAVIO
ZULUAGA SALAZAR, FREDY EMERSON BELTRN, SANDRA PATRICIA VILLANUEVA
LPEZ, JULIN ANDRS GIRALDO DUQUE, CRISTIAN FAURICIO RODRGUEZ VIDAL,
MICHAEL HERNANDO SANABRIA VILA, HCTOR FABIO CASTILLO SERNA, SANDRA
MILENA OCAMPO ARIAS, LUZ DANIA GIRALDO VALDEZ, JULIETA LOZANO
VALENCIA, STELLA MONTOYA GUAPACHE, DILBER ANDRS ARAGN SOLS y LUIS
ALFREDO VELSQUEZ RUDAS promueven accin de tutela en contra los
Juzgados 11 y 25 Penales Municipales con Funcin de Control de
Garantas de Cali y los Juzgados 6 y 12 Penales del Circuito de la
misma ciudad, autoridades a las que atribuyen la vulneracin de los
derechos fundamentales al debido proceso y libertad.
En sustento del amparo invocado, aducen los apoderados de los
accionantes que en el presente asunto se vencieron los trminos
previstos en la ley para la realizacin el control de legalidad de
la captura por parte del Juez 11 Municipal de Control de Garantas
de Cali pues transcurrieron ms de 36 horas sin que se hubiera
efectuado dicho procedimiento.
Igualmente, manifiestan que la imposicin de la medida de
aseguramiento a los aqu accionados no est conforme con lo dispuesto
en el ordenamiento normativo pues, si bien se trata de una figura
independiente de la captura, la ilegalidad de esta ltima vicia
dicha determinacin.
Indican por lo dems, que las determinaciones adoptadas dentro de
la accin de hbeas corpus por los Juzgados 25 Penal Municipal con
Funcin de Garantas y 12 Penal del Circuito de Cali no se ajustan al
ordenamiento jurdico.
Pretenden entonces que el Juez Constitucional intervenga y
adopte los correctivos del caso, ordenando la liberacin inmediata
de los imputados.
II. RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS
El Juzgado 25 Penal Municipal con funcin de Control de Garantas
de Cali, manifiesta que conoci la accin constitucional de hbeas
corpus interpuesta por los apoderados de los accionantes en contra
del Juez 11 Penal Municipal con Funcin de Control de Garantas de
esa misma ciudad, la cual fue negada luego de surtido el trmite
correspondiente, a travs de providencia del 29 de octubre de
2013.
Aduce que la decisin adoptada fue el resultado del estudio del
acervo probatorio, no pudindose afirmar que ella obedece a un
capricho o una arbitrariedad.
Adems, afirma que el juez de tutela no puede inmiscuirse en los
asuntos encomendados a los jueces naturales, dado que lo contrario
sera un atentado contra la autonoma e independencia de los jueces.
Por ello, solicita que sea negada por improcedente la proteccin
constitucional solicitada.
Por su parte, el Juzgado 11 Penal Municipal con Funcin de
Control de Garantas luego de hacer un recuento de las actuaciones
adelantadas en el despacho, seala que el procedimiento de captura
fue declarado legal, decisin confirmada por el Juzgado 6 Penal del
Circuito de Cali.
Asimismo, el Juzgado 12 Penal del Circuito de Cali seala que a
travs de auto interlocutorio de 7 de noviembre de 2013, confirm la
decisin por medio de la cual se neg el hbeas corpus a los
accionantes.
Sostiene que la aprehensin de los 15 accionantes se verific
entre las 2 y las 7 de la maana del 18 de septiembre de 2013,
dndose inicio a la audiencia de legalizacin de rdenes de
allanamiento y registro, legalizacin e incautacin de elementos
probatorios y legalizacin de captura sobre las 10:25 de la maana
del 19 de septiembre de 2013, es decir, cuando haba transcurrido un
lapso inferior a 36 horas, contadas desde la ltima aprehensin, que
se afirma, oper sobre las 7:10 horas del da 18 de septiembre,
concluyndose que dicha actuacin se ci a la normatividad vigente.
Adems menciona que las audiencias concentradas se desarrollaron
hasta las 11:20 de la de la noche habindose legalizado las
capturas.
Estima que es por ello que la decisin del juez que conoci el
hbeas corpus en primera instancia result ajustada a la Constitucin
y a la ley, y no se observ en los trmites efectuados el
quebrantamiento de los derechos fundamentales de los
accionantes.
Finalmente, el Juzgado 6 Penal del Circuito de Cali hace un
recuento del trmite de la apelacin surtido en contra de las
audiencias preliminares de legalizacin de captura y de allanamiento
y registro de inmuebles, por medio de providencia de 30 de octubre
de 2013.
Observa que el objeto de la tutela es la bsqueda de la libertad
de los accionantes atribuyndole al despacho un desconocimiento
absoluto de la jurisprudencia, cuestin que no es cierta toda vez
que lo resuelto en segunda instancia tiene como fundamento un
precedente jurisprudencial, por lo que se trata de una divergencia
de criterios jurdicos.
III. DECISIN RECURRIDA
El Tribunal Superior de Cali neg por improcedente el amparo
deprecado, en tanto advirti que el asunto bajo anlisis haba sido
debatido en sede de Control de Garantas y a travs de la accin
constitucional de hbeas corpus.
Manifest que desde la actuacin surtida ante al Juzgado 11 Penal
Municipal de Cali, se analiz no slo la legalidad del procedimiento
de la captura sino tambin la afectacin de los derechos
fundamentales de los actores en virtud de la funcin constitucional
que le asiste.
Adems, seal que los actores hicieron uso del hbeas corpus,
mecanismo constitucional consagrado para la proteccin del derecho
fundamental de libertad y en el que se determin la legalidad de su
captura.
Advirti que la accin de tutela no fue concebida como una
instancia adicional o paralela a la ordinaria sino subsidiaria, no
siendo dable al juez constitucional invadir la rbita de los
funcionarios judiciales competentes, sobretodo en presencia de
providencias debidamente ejecutoriadas adversas a quien acude en
tutela, cuando no se logra desvirtuar, como en el presente asunto,
la presuncin de legalidad de las que ellas gozan.
IV. IMPUGNACIN
Los apoderados de los accionantes impugnan la sentencia de
tutela proferida por el Tribunal Superior de Cali, para lo cual
retoman los argumentos esbozados en el escrito de tutela, y afirman
que el juez colegiado de primera instancia no estudi de fondo el
problema planteado excusndose en la improcedencia de la accin
constitucional, sin detenerse en el hecho de que las decisiones
atacadas constituyen una va de hecho.
Estiman que no es de buen recibo el argumento acerca de que la
libertad de los accionantes fue resuelta por los jueces ordinarios
y a los que les correspondi el conocimiento de la accin de hbeas
corpus, y que si se entrara a analizar en esta instancia se
violaran los principios de cosa juzgada y seguridad jurdica, toda
vez que stos no son absolutos y debe aplicarse el principio de
proporcionalidad a travs del test de ponderacin.
Adems, no comparten la posicin del Tribunal en cuanto sostiene
que la tutela contra providencias judiciales viola los principios
de autonoma e independencia, pues dichos principios deben ser
entendidos y aplicados en la medida en que los funcionarios son
autnomos pero slo dentro de los parmetros de la Constitucin.
Por su parte, la Juez 11 Penal Municipal con Funcin de Control
de Garantas de Cali presenta impugnacin indicando que en las
consideraciones de la sentencia de tutela de primera instancia se
manifest que ese despacho no haba descorrido el traslado tutelar,
cuando en realidad radic el 22 de noviembre de 2013 la contestacin
requerida ante la Secretara de la Sala Penal del Tribunal Superior
de Cali.
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
De conformidad con la preceptiva del artculo 1, numeral 2 del
Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para
pronunciarse sobre la impugnacin interpuesta, en tanto lo es en
relacin con la sentencia adoptada por una Sala de Decisin Penal del
Tribunal Superior de Cali, de la cual es su superior funcional.
La Corte Suprema ha sostenido de manera insistente que la accin
de tutela no constituye un mecanismo adicional ni alternativo a los
consagrados en la legislacin ordinaria para hacer valer los
derechos de los ciudadanos; por el contrario, se trata de un
instrumento preferente y sumario para la proteccin inmediata de las
garantas constitucionales fundamentales ante su menoscabo actual o
una amenaza inminente por la accin u omisin de cualquier autoridad
pblica o de los particulares en los casos previstos en la ley, y en
este orden de ideas, procede cuando el afectado no dispone de otro
medio eficaz de defensa, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Tambin se ha reiterado que excepcionalmente la accin de tutela
puede ejercitarse para demandar el amparo de un derecho fundamental
que resulta vulnerado, cuando en el trmite procesal el funcionario
judicial acta y decide de manera arbitraria o caprichosa, o en
aquellos eventos en los cuales la decisin es emitida desbordando el
mbito funcional o en forma manifiestamente contraria al
ordenamiento jurdico; esto es, cuando se configuran las llamadas
vas de hecho, bajo la condicin de que frente a tal desbordamiento
de la legalidad, el afectado no cuente con mecanismos judiciales
idneos para abogar por la vigencia de sus prerrogativas
constitucionales.
Resulta evidente en consecuencia, que la proteccin que se espera
obtener de la intervencin del juez de tutela no est dirigida a
resolver las controversias sometidas al conocimiento del
funcionario competente cuando al interior del ordenamiento jurdico
existe un medio de defensa judicial idneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado.
En la presente accin no se remite a duda que la solicitud de
amparo constitucional para los derechos fundamentales de los
ciudadanos NELSON MAURICIO TABORDA RUDAS, WILLIAM OCTAVIO ZULUAGA
CAON, WILLIAM OCTAVIO ZULUAGA SALAZAR, FREDY EMERSON BELTRN, SANDRA
PATRICIA VILLANUEVA LPEZ, JULIN ANDRS GIRALDO DUQUE, CRISTIAN
FAURICIO RODRGUEZ VIDAL, MICHAEL HERNANDO SANABRIA VILA, HCTOR
FABIO CASTILLO SERNA, SANDRA MILENA OCAMPO ARIAS, LUZ DANIA GIRALDO
VALDEZ, JULIETA LOZANO VALENCIA, STELLA MONTOYA GUAPACHE, DILBER
ANDRS ARAGN SOLS y LUIS ALFREDO VELSQUEZ RUDAS; est encaminada a
cuestionar lo decidido por el Juzgado 11 Penal Municipal con funcin
de Control de Garantas en la audiencia preliminar del 19 de
septiembre de 2013 a travs de la cual se legaliz la captura de los
accionantes as como el provedo de 31 de octubre de 2013 por medio
de la cual se confirma dicha determinacin.
As entonces, a partir de las causales de procedibilidad que la
doctrina constitucional ha fijado en torno a la accin de tutela, lo
primero que deber precisarse para resolver la problemtica
constitucional planteada en la demanda, es si los accionantes han
tenido acceso a otro medio de defensa judicial para obtener la
proteccin de las garantas de corte fundamental que ahora consideran
agraviadas.
De la lectura de las diligencias, se advierte que los
accionantes promovieron accin de hbeas corpus exponiendo para el
efecto argumentos similares a los que ahora se plantean en la
demanda de amparo, frente a lo cual ha de decirse que a partir de
la naturaleza y alcance de dicho mecanismo resulta abiertamente
improcedente acudir a la accin de tutela en orden a obtener un
nuevo pronunciamiento cuando los planteamientos ya fueron objeto de
decisin por los jueces constitucionales encargados de resolver su
peticin de hbeas corpus.
En ese sentido, si bien es posible, bajo las exigentes
condiciones que las causales de procedencia de la accin impone,
acudir en demanda de tutela frente a actuaciones judiciales que se
produzcan en el curso de un trmite de hbeas corpus, ello slo sera
factible en virtud de alegar y demostrar la violacin o puesta en
riesgo de cualquier otro derecho fundamental, mas no nuevamente los
que se propusieron en esa accin, de ah que la propia Ley
Estatutaria No. 1095 de 2006, Por la cual se reglamenta el artculo
30 de la Constitucin Poltica, extracta el espritu de
incompatibilidad de estas dos acciones constitucionales -la de
amparo y de hbeas corpus-, al decir que:
ARTCULO 1o. DEFINICIN. El Hbeas Corpus es un derecho fundamental
y, a la vez, una accin constitucional que tutela la libertad
personal cuando alguien es privado de la libertad con violacin de
las garantas constitucionales o legales, o esta se prolongue
ilegalmente. Esta accin nicamente podr invocarse o incoarse por una
sola vez y para su decisin se aplicar el principio pro homine.
(Negrillas y subrayas fuera del original).Conclusin a la que
igualmente se ha llegado por va jurisprudencial al precisar:
() Pero no menos relevante, resulta el hecho que el accionante
haya acudido a la accin de hbeas corpus que, valga reiterarlo, es
el recurso especialmente concebido por el propio constituyente para
proteger la libertad de una persona, siempre que de ella haya sido
privada ilegalmente, en atencin a las particulares caractersticas y
trascendencia que revisten este derecho. Tal es as, que el artculo
6, numeral 2 del decreto 2591 de 1991, establece la improcedencia
de la accin de tutela cuando para proteger el derecho se pueda
invocar el hbeas corpus, hiptesis predicable en el caso sub judice
donde, ms an, dicha accin fue tramitada, estudiada y decidida en
doble instancia. (Corte Constitucional sentencia T-693 de
2006).
Bajo dicho contexto, cuando la demanda se enfoca en llevar a
conocimiento del juez de tutela posibles vas de hecho de las
providencias mediante las cuales se resolvi la accin de hbeas
corpus, sin alegar y demostrar violacin o puesta en riesgo de
derechos fundamentales distintos a los que se expusieron a los
jueces que resolvieron sta, como ocurre en el sub jdice, las
pretensiones as planteadas devienen en franca improcedencia.
De otra parte, entre tanto el proceso se encuentre en curso, es
decir, mientras no se haya agotado la actuacin del juez ordinario,
es claro que persiste posibilidad de reclamar dentro de l el
respeto de las garantas constitucionales, sin que sea admisible
-excepto que se pretenda evitar un perjuicio irremediable, lo que
hara procedente el amparo transitorio o provisional- acudir al juez
constitucional para que tercie en las discusiones que naturalmente
se presentan en todos los procesos judiciales en los que hay
intereses de partes, es as que en el curso del proceso se tiene la
posibilidad de activar nuevamente un pronunciamiento en torno al
tema objeto de cuestionamiento con la invocacin de conceptos cuya
valoracin le corresponde al juez natural de dicho trmite.
De modo que se itera, la accin de tutela no es una tercera
instancia, un instrumento alternativo, supletorio o paralelo de la
actividad jurisdiccional de administrar justicia, sino un mecanismo
excepcional al que slo se puede acudir cuando se han agotado todas
las posibilidades dentro del proceso correspondiente, sin que se
hubiese logrado subsanar el agravio de la garanta constitucional,
salvo que lo pretendido sea evitar un perjuicio irremediable.
En consecuencia, es ntida la imposibilidad de tomar la va de
proteccin excepcional para eventos como el que ahora ocupa la
atencin de la Sala, de manera que las pretensiones de la demanda de
tutela promovida por los apoderados de los accionantes devienen
improcedentes como acertadamente lo declarara el Tribunal a quo,
por lo que se impone confirmar la decisin objeto de alzada.
Finalmente, frente a la impugnacin del Juzgado 11 Penal
Municipal de Control de Garantas de Cali, ntese que si bien el
Tribunal no mencion en el fallo la respuesta suministrada por dicho
despacho, lo cierto es que tal omisin no incidi en el sentido de la
providencia, por lo que ninguna modificacin o aclaracin se impone
por cuenta de ello.
En mrito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casacin Penal, Sala Segunda de Decisin de Tutelas, administrando
justicia en nombre de la Repblica y por autoridad de la Ley,
R E S U E L V E
1.- Confirmar la sentencia objeto de impugnacin.
2.- Notificar de conformidad con lo dispuesto en el artculo 30
del Decreto 2591 de 1991.
3.- En firme esta determinacin, remitir el proceso a la Corte
Constitucional para su eventual revisin.
NOTIFQUESE Y CMPLASE.
JOS LUIS BARCEL CAMACHO
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
MARA DEL ROSARIO GONZLEZ MUOZ
NUBIA YOLANDA NOVA GARCASecretaria
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