CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
LA FIGURA DE LOS DESPIDOS COLECTIVOS NO ES APLICABLE A LOS
TRABAJADORES OFICIALES Suponer que la figura de los despidos
colectivos es aplicable a los trabajadores oficiales implica hacer
nugatorias las disposiciones constitucionales y legales que
autorizan a las autoridades pblicas para suprimir empleos, pues de
ser as esta facultad no podra utilizarse sin la previa autorizacin
del Ministerio del Trabajo, cuando el nmero de afectados rebase el
tope previsto en el numeral 4 del artculo 67 de la Ley 50. CORTE
SUPREMA DE JUSTICIASALA DE CASACIN LABORAL
RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO
Magistrado Ponente
Radicacin No. 40506
Acta No. 37
Bogot, D.C., diecisis (16) de octubre de dos mil doce
(2012).
Decide la Corte el recurso de casacin interpuesto por el
apoderado del seor ALEJANDRO ALBERTO GAVIRIA VEGA contra la
sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogot D.C. el 26 de noviembre de 2008, dentro
del proceso ordinario laboral que le sigue a la EMPRESA DE LICORES
DE CUNDINAMARCA. ANTECEDENTES
Para los fines que conciernen al recurso extraordinario de
casacin, interesa destacar que el seor Alejandro Alberto Gaviria
Vega instaur demanda ordinaria laboral en contra de la Empresa de
Licores de Cundinamarca, a fin de obtener, entre otras cosas, que
se declarara que la terminacin de su contrato de trabajo fue ilegal
y no puede producir efectos y que, como consecuencia, se disponga
su reintegro al cargo que desempeaba, junto con el pago de los
salarios y las prestaciones sociales legales y extralegales que dej
de percibir oportunamente.
Para fundamentar sus splicas, seal que estuvo vinculado a la
entidad demandada desde el 13 de agosto de 1990 hasta el 11 de
marzo de 2003, cuando su contrato de trabajo fue terminado sin
justa causa; que desempeaba el cargo de Operario Cdigo 204, Grado
6, con un salario de $886.248.oo; que se encontraba afiliado a la
organizacin sindical SINALTRALIC y era beneficiario de las
convenciones colectivas suscritas por dicha asociacin, dentro de
las que se contemplaba un incremento salarial que no le fue pagado,
efectivo a partir del 1 de enero de 2003; que la Corte
Constitucional ha definido que los servidores pblicos tienen
derecho a mantener el poder adquisitivo de sus salarios; que su
desvinculacin estuvo involucrada dentro de un despido colectivo que
no cont con la autorizacin prevista en el artculo 66 de la Ley 789
de 2002Ley 50 de 1990
, ni con los requerimientos estatuidos en el artculo 29 de la ;
y que no le fueron pagadas en debida forma sus prestaciones
sociales en el momento en el que se dio por terminada la relacin
laboral.
La Empresa de Licores de Cundinamarca se opuso a la prosperidad
de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra.
Admiti como ciertos los hechos relacionados con la existencia de la
relacin laboral y su decisin de darla por terminada en forma
unilateral y sin justa causa, as como que no solicit la autorizacin
de que trata el artculo 66 de la Ley 50 de 1990 por cuanto, agreg,
dicha norma no es aplicable a quienes, como el actor, ostentaban la
calidad de trabajadores oficiales. Frente a los dems hechos, adujo
que no eran ciertos. Plante las excepciones de falta de causa por
activa, inexistencia de los derechos pretendidos, prescripcin,
buena fe patronal, cobro de lo no debido, pago total de los
salarios y prestaciones realmente causados y compensacin.
Tramitada la primera instancia, el Juzgado Catorce Laboral de
Descongestin del Circuito de Bogot D.C. profiri fallo el 28 de
diciembre de 2007, por medio del cual absolvi a la entidad
convocada al proceso de todas y cada una de las pretensiones
incluidas en la demanda.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Al resolver el recurso de apelacin interpuesto por el apoderado
de la parte demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogot D.C., a travs de la sentencia del 26 de
noviembre de 2008, confirm en todas y cada una de sus partes la
providencia emitida en la primera instancia.
En lo que importa al recurso de casacin, el Tribunal revalid la
conclusin del juzgador de primer grado relativa a que el artculo 67
de la Ley 50 de 1990 () no es aplicable ni extensivo a los
trabajadores oficiales sino a los trabajadores particulares, por
obvias y elementales razones no es predicable el despido colectivo
en el caso concreto por tratarse de la calidad de trabajador
oficial en cabeza del demandante.Para tal efecto, acudi a la
decisin emitida por esta Sala de la Corte el 25 de febrero de 2004,
Rad. 21710, en la que se concluy que () la aplicacin a tales
trabajadores trabajadores oficiales -, del artculo 67 de la Ley 50
de 1990, hay que decir que en este caso su equiparacin a servidores
particulares no puede llevar a colegir que la realizacin de
despidos colectivos por supresin de cargos originados en polticas
de modernizacin o racionalizacin de gastos, est supeditada a la
implementacin del trmite dispuesto en ese artculo, es decir, al
permiso previo del Ministerio de Trabajo.
Por otra parte, luego de apoyarse en otra decisin emanada de esa
misma Corporacin, aclar que la sentencia de la Corte Constitucional
T 362 de 2002 no poda servir de base a las pretensiones del actor,
por cuanto se refera a otras hiptesis diferentes, relacionadas con
el despido de trabajadores durante un conflicto colectivo, con el
desconocimiento de la garanta de fuero circunstancial. Finalmente,
concluy que () no se puede predicar del presente asunto un despido
colectivo, ni mucho menos declarar la ilegalidad por no existir
autorizacin previa del Ministerio de la Proteccin Social, toda vez
que por lo ya expuesto, sta no se requera.
EL RECURSO DE CASACINFue interpuesto por el apoderado de la
parte actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte.
Pretende el recurrente que se case totalmente la sentencia
recurrida y que, en sede de instancia, se revoque la decisin
emitida en la primera instancia para que, en su lugar, se resuelvan
favorablemente todas las pretensiones principales de la
demanda.
Con tal propsito, formula cuatro cargos, por la causal primera
de casacin laboral, oportunamente replicados y que pasan a ser
analizados por la Corte.
PRIMER CARGO
Acusa la sentencia del Tribunal por quebrantar () por infraccin
directa (falta de aplicacin) los artculos 67 de la Ley 50 de 1990;
25, 238, 230 de la Constitucin; 3, 9, 19, 21, 140, 464 y 466 del
Cdigo Sustantivo del Trabajo; 85 de la Ley 489 de 1998; 8 de la Ley
153 de 1887; y 85 de la Ley 489 de 1998.
Para fundamentar el cargo, el censor sostiene que el Tribunal se
equivoc al concluir equivocadamente de que el artculo 67 de la Ley
50 de 1990 era aplicable tan solo a los trabajadores particulares,
puesto que, arguye, la norma () se refiere de manera genrica o
indeterminada a empleadores y trabajadores, sin hacer ninguna
distincin especfica entre trabajadores oficiales y particulares,
como lo hizo la sentencia impugnada, al determinar que no es
aplicable ni extensivo a los trabajadores oficiales sino a los
trabajadores particulares.Cita la sentencia de la Corte
Constitucional T 326 de 2002 y con base en ella culpa al Tribunal
de desconocer la jurisprudencia constitucional al no darle
aplicacin al artculo 67 de la Ley 50 de 1990, a la vez que concluye
que, en sede de instancia, es dable determinar la existencia del
despido colectivo sin autorizacin del Ministerio de Trabajo, por lo
que el contrato de trabajo del actor debe restablecerse. LA
RPLICA
Advierte que el Tribunal tuvo en cuenta dentro de sus
consideraciones el artculo 67 de la Ley 50 de 1990, por lo que no
pudo haber incurrido en la infraccin directa de dicha norma, adems
de que su decisin se encuentra acorde con la jurisprudencia
desarrollada por esta Sala de la Corte en torno al tema.
SEGUNDO CARGOReprocha la sentencia del Tribunal por quebrantar
() por interpretacin errnea el artculo 67 de la Ley 50 de 1990; y
por infraccin directa (falta de aplicacin) los artculos 25, 238,
230 de la Constitucin; 3, 9, 19, 21, 140, 464 y 466 del Cdigo
Sustantivo del Trabajo; 26 del Cdigo Civil; 85 de la Ley 489 de
1998; 8 de la Ley 153 de 1887; y 85 de la Ley 489 de 1998.
Al sustentar el cargo, acude a los mismos argumentos
desarrollados en el primer ataque, con la nica salvedad de que, en
este punto, se acusa al juzgador de segundo grado de haber hecho
una lectura del artculo 67 de la Ley 50 de 1990 que deviene
equivocada.
LA RPLICAPrecisa que la inteleccin del Tribunal fue totalmente
adecuada, pues el contexto de la norma que se estima infringida
permite entender que sus previsiones estn circunscritas a los
trabajadores particulares, adems de que la sentencia de tutela en
la que se apoya la censura no constituye un precedente vlido
aplicable al caso. Reitera tambin que la decisin recriminada se
encuentra acorde con la jurisprudencia desarrollada por esta Sala
de la Corte en torno al tema.CONSIDERACIONES DE LA CORTELos dos
cargos sern analizados de manera conjunta, en la medida en que se
encaminan por la misma va, acusan la violacin de un elenco
normativo similar y se valen, en lo fundamental, de argumentos
semejantes.
El Tribunal tuvo como soporte principal de su decisin el artculo
67 de la Ley 50 de 1990, por lo que, como lo pone de presente la
rplica, no pudo haber incurrido en la infraccin directa de dicha
disposicin. Asimismo, de cualquier manera, los dos cargos se
refieren a un tema tratado de manera reiterada y pacfica por esta
Sala de la Corte, que ha indicado que las previsiones contenidas en
el artculo 67 de la Ley 50 de 1990 no son predicables respecto de
los trabajadores oficiales, de forma tal que la entidad demandada
no tena la obligacin de solicitar una autorizacin ante el
Ministerio de Trabajo, para legitimar la terminacin del contrato de
trabajo del actor.
Dicha orientacin ha sido plasmada en sentencias como la del 8 de
marzo de 2005, Rad. 23764, 17 de junio de 2009, Rad. 35077, 25 de
enero de 2011, Rad. 36595 y 4 de julio de 2012, Rad. 44915, en las
que se ha indicado:
() a travs del tiempo se ha considerado que la figura del
despido colectivo, consagrada antao en el artculo 40 del Decreto
2351 de 1965, no es aplicable a los trabajadores oficiales. No hay
que olvidar que cuando el gobierno nacional trat de modificar esa
regla, mediante el artculo 37 del Decreto Reglamentario No 1469 de
1978, la Seccin Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 25
de julio de 1985 anul la expresin trabajadores oficiales.
()
Adems suponer que la figura de los despidos colectivos es
aplicable a los trabajadores oficiales implica hacer nugatorias las
disposiciones constitucionales y legales que autorizan a las
autoridades pblicas para suprimir empleos, pues de ser as esta
facultad no podra utilizarse sin la previa autorizacin del
Ministerio del Trabajo, cuando el nmero de afectados rebase el tope
previsto en el numeral 4 del artculo 67 de la Ley 50 ibdem ()As las
cosas, el Tribunal no incurri en las infracciones jurdicas
denunciadas en los cargos, al sostener que la autorizacin para
realizar despidos colectivos, prevista en el artculo 67 de la Ley
50 de 1990, no era imperativa para la entidad demandada, pues tal
restriccin no es oponible cuando de trabajadores oficiales se
trata.
Como consecuencia, los cargos son infundados.
TERCER CARGOReprocha la sentencia recurrida por violar ()
directamente, por infraccin directa los artculos 188, 252 y 253 del
Cdigo de Procedimiento Civil, como violacin de medio, lo que
condujo a la aplicacin indebida, como violacin de fin, de los
artculos 464 y 466 del Cdigo Sustantivo del Trabajo y 67 de la Ley
50 de 1990; 25 de la Constitucin; 9, 19 y 21 del Cdigo Sustantivo
del Trabajo; 26 del Cdigo Civil; 85 de la Ley 489 de 1998; 8 de la
Ley 153 de 1887; 60, 61 y 145 del Cdigo Procesal del Trabajo. En
desarrollo del cargo, el censor manifiesta que la Ordenanza No. 040
de 1948, que obra a folios 178 a 180, no rene los requisitos de
validez establecidos en el artculo 188 del Cdigo de Procedimiento
Civil () pues debi aducirse al proceso en copia autenticada. Agrega
que tal documento no tiene () mrito o valor probatorio para
determinar la naturaleza jurdica de la empresa demandada ni la
condicin de trabajador oficial del demandante. Luego, si no est
demostrado que la demandada es empresa oficial y de servicio
pblico, era pertinente aplicarse al caso que nos ocupa las
previsiones de los artculos 464, 466 y, especialmente, el artculo
67 de la Ley 50 de 1990.
A rengln seguido, expresa que, en sede de instancia, resulta
plenamente factible determinar que el despido del actor estuvo
inmerso dentro de un despido colectivo que no cont con la
autorizacin del Ministerio de Trabajo, por lo que su contrato de
trabajo debe restablecerse.
LA RPLICA
Aduce que el Tribunal no pudo incurrir en la infraccin de las
normas incluidas en la proposicin jurdica, pues el valor probatorio
de los documentos est reglado en la Ley 446 de 1998 y en el Cdigo
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por lo que no se
poda acudir a la aplicacin analgica de las disposiciones del Cdigo
de Procedimiento Civil.
CUARTO CARGOAtaca la sentencia impugnada por quebrantar ()
indirectamente, por aplicacin indebida los artculos 464 y 466 del
Cdigo Sustantivo del Trabajo y 67 de la Ley 50 de 1990; 25 de la
Constitucin; 9, 19 y 21 del Cdigo Sustantivo del Trabajo; 26 del
Cdigo Civil; 85 de la Ley 489 de 1998; 8 de la Ley 153 de 1887; 60,
61 y 145 del Cdigo Procesal del Trabajo; y 174, 188, 252 y 253 del
Cdigo de Procedimiento Civil. Dice el censor que la infraccin
descrita se habra producido como consecuencia de los siguientes
errores de hecho evidentes: 1. Dar por demostrado, sin estarlo, que
la Empresa de Licores de Cundinamarca presta un servicio
pblico.
2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante era
trabajador oficial.Acusa al Tribunal, igualmente, de haber
incurrido en una falta de apreciacin de la Ordenanza No. 40 de
1958.
Para fundamentar sus reparos, indica que en la Ordenanza No. 40
de 1958 no se categoriza a la entidad demandada como una empresa
industrial y comercial del departamento ni se le encarga la
prestacin de un servicio pblico, pues sus actividades son propias
de una industria privada. Por ello, afirma que no era posible
inferir que el demandante era un trabajador oficial y que, tras
ello, era plenamente vlido darle aplicacin al artculo 67 de la Ley
50 de 1990.
Insiste tambin en que, en sede de instancia, resulta plenamente
posible inferir que el despido del actor estuvo inmerso dentro de
un despido colectivo que no cont con la autorizacin del Ministerio
de Trabajo, por lo que su contrato de trabajo debe restablecerse.
LA RPLICA
Sugiere que el cargo contiene hechos nuevos en casacin, puesto
que la condicin de trabajador oficial del demandante y la
naturaleza pblica de la entidad demandada nunca fueron discutidas
en la demanda ni en el recurso de apelacin.
CONSIDERACIONES DE LA CORTELos dos cargos sern estudiados de
manera conjunta, a pesar de que se dirigen por diferentes vas, en
la medida en que tienen igual finalidad e incurren en la misma
impropiedad de incluir medios nuevos que representan una alteracin
inadecuada de las bases sobre las cuales se ciment y resolvi el
proceso por los juzgadores de instancia, adems de que van en contra
del principio segn el cual resulta inadmisible actuar en contra de
los actos propios.
En efecto, ni en la demanda ni en el curso del debate probatorio
se discuti la naturaleza pblica de la entidad demandada o la
condicin de trabajador oficial del actor, que ahora intentan ser
desvirtuados en los cargos. El juzgador de primer grado destac en
ese sentido: No son hechos materia de discusin los referentes al
contrato de trabajo que existi entre las partes, sus extremos
cronolgicos, remuneracin y cargo, as como tampoco la naturaleza
jurdica de la empresa demandada y la calidad de trabajador oficial
del actor.
Tales asertos tampoco fueron controvertidos en el recurso de
apelacin, en donde, por el contrario, se asumi categricamente que
el actor ostentaba la condicin de trabajador oficial, pues se
defendi la aplicacin del artculo 67 de la Ley 50 de 1990 para dicha
clase de servidores y se afirm que () la vulneracin de los derechos
de los trabajadores oficiales, quienes se encuentran vinculados con
el Estado, en este caso representado por la Empresa de Licores de
Cundinamarca, mediante contratos de trabajo se fundamenta entonces
en las normas superiores que consagran su derecho a la igualdad, al
debido proceso y al derecho de asociacin.
En el anterior orden de ideas, el Tribunal no estaba en la
obligacin de verificar la naturaleza jurdica de la entidad
convocada a juicio o de referirse a la forma en la que fueron
incorporadas al proceso las pruebas que dan cuenta de que es una
empresa industrial y comercial del orden departamental, ni discutir
que el actor era un trabajador oficial, pues, se insiste, tales
supuestos nunca hicieron parte del debate planteado en las
instancias.
Adems de ello, como ya se advirti, la parte actora no es fiel a
su demanda, ni consecuente con los pilares cardinales que le dieron
forma, pues alega que el actor era un trabajador particular, cuando
en la demanda y en el curso de las instancias defendi expresamente
su condicin de trabajador oficial y sobre tal aserto edific sus
reclamaciones y sus argumentos.
Resta advertir que el Tribunal nunca dio por demostrado que la
Empresa de Licores de Cundinamarca prestara un servicio pblico, ni
fund su decisin sobre dicho supuesto, pues, como ya se mencion, la
conclusin central de la sentencia gravada es jurdica y tiene que
ver con que la restriccin prevista en el artculo 67 de la Ley 50 de
1990 no es oponible a entidades que efectan despidos sobre
trabajadores oficiales.
Lo anotado es suficiente para concluir que los cargos son
infundados. Las costas en el recurso extraordinario estarn a cargo
de la parte recurrente. Se estiman las agencias en derecho en la
suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($3.000.000.oo).
En mrito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casacin Laboral, administrando justicia en nombre de la Repblica y
por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 26 de
noviembre de 2008 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogot D.C., dentro del proceso ordinario
laboral seguido por el seor ALEJANDRO ALBERTO GAVIRIA VEGA contra
la EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA. Costas en el recurso
extraordinario a cargo de la parte recurrente. Las agencias en
derecho se estiman en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.
($3.000.000.oo)
Cpiese, notifquese, publquese y devulvase el expediente al
Tribunal de origen.RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO
JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERN
LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE
