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INDEX

La prevención de la inseguridad en la circulación 3 Joan Torres Los accidentes de tráfico: el caso de Barcelona 5 Manel Villalante y Antoni Plasencia La educación cívica y vial en la escuela 8 Juan Diego, José Begué y Núria Moreno La ilusión por el coche, motor social 16 Carlos Pedragosa Los incendios: prevenir antes que apagar 19 Juan Carlos López Encuesta de victimización en los comercios de Barcelona 22 Anna Alabart, Josep María Aragay y Juli Sabaté La seguridad tarea de cada comerciante 32 Pere Llorens Algo más sobre Baró de Viver 34 Esperança Esteve Participación ciudadana en la política de seguridad 37 Joana Luna de Toledo y Santiago Marsal Griñó La seguridad ciudadana en las grandes ciudades 42 Francesc Martí Jusmet

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Joan Torres

El aumento del parque motorizado ha provocado un incremento de los accidentes de tráfico, que es mayor a causa de la indisciplina y de la insolidaridad urbanas. Mejorar la estructura viaria, utilizar los nuevos recursos legales, especialmente la nueva ley de circulación, y mejorar la educación vial preventiva son los ejes de la actuación de la Administración municipal en este campo.

La revista PREVENCIÓ nació para tratar los problemas directa o indirectamente relacionados con la seguridad urbana y con la intención de poner especial interés en sus aspectos preventivos. En el primer número se dio más énfasis a la política de seguridad ciudadana. En el segundo se trató especialmente de las principales líneas de actuación de una política de prevención relacionada con la juventud y el tercer número se dedicó al bienestar social y a la problemática de diferentes barrios de Barcelona. Este cuarto número se dedica en su primera parte a la seguridad vial o, lo que es lo mismo, a la prevención de la inseguridad circulatoria.

La Guardia Urbana indica que son tres las principales causas de accidentes en la vía pública: no respetar los semáforos, no respetar los pasos de peatones y no llevar casco en motos y ciclomotores. También se observa que la mayoría de accidentes se producen en cruces debidamente señalizados.

En Barcelona el parque motorizado ha aumentado en estos últimos años (crecimiento del 9% en el último cuatrienio) y, por contra, la población ha sufrido una sensible baja. En esta situación se puede suponer que el riesgo de que dos vehículos sufran un accidente es mayor, pero menor la proporción de accidentes entre vehículos y peatones.

 La prevención de la inseguridad en la circulación

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La razón básica de este aumento de riesgo en la ciudad, y en especial en los cruces, se debe a un importante aumento de la indisciplina. La subjetividad, el factor humano, incide de forma directa en la generación de situaciones de indisciplina, y a veces, a causa de la presión del entorno, provoca verdaderas conductas de insolidaridad urbana.

Para la corrección de la indisciplina, las administraciones tienen tres vertientes de actuación: la mejora de la estructura viaria, los recursos legales y la educación vial preventiva.

En el primer ámbito, el de la mejora de la estructura viaria, la actuación de la Administración se encamina a mejorar y ampliar la red de las vías circulatorias (conectividad interna y cinturones), a aumentar las plazas de estacionamiento (creación de nuevas plazas o liberación de plazas en horario nocturno), a la regularización horaria en las principales zonas terciarias, a ampliar y mejorar la gestión de la regulación semafórica, así como a potenciar y proteger los transportes públicos.

Respecto a los recursos legales, acaba de entrar en vigor la nueva Ley de Circulación y Seguridad Vial. Con esta normativa se dispone ya de un ordenamiento jurídico adecuado a las necesidades reales de la circulación, que esperamos contribuya a una mejora de los derechos individuales y colectivos. La ley permite introducir nuevos criterios disciplinarios, como los de territorialización y diferenciación horaria, y la tipificación de las infracciones en leves, graves o muy graves, con unos baremos máximos y mínimos.

La nueva ley, más acorde con las normativas europeas, tiene como objetivo primordial la mejora de la seguridad vial y, en consecuencia, la disminución del grado de accidentabilidad en nuestras vías. En esta materia, la ley contempla la creación de un Consejo Nacional de Seguridad Vial, con la participación de los municipios.

Así, la actuación disciplinaria municipal, de acuerdo con las facultades que la nueva ley de seguridad vial atribuye a los ayuntamientos, está dirigida, en primer lugar, a evitar aquellos hechos derivados de la conducción o uso indebido del vehículo que puedan comportar peligro o riesgo al resto de ciudadanos; en segundo lugar, a mejorar la calidad de vida ciudadana mediante la corrección de las infracciones que la afecten directamente, y finalmente, a proteger los transportes públicos y a mejorar la fluidez del tráfico.

Las actuaciones municipales en materia de seguridad vial apuntan a distintas vertientes, aunque muy dirigidas a los jóvenes. Un ejemplo son las visitas de las escuelas al Centro de Control de Tráfico, con el fin de que los niños conozcan el funcionamiento general de los semáforos y de la circulación (en tres años han visitado el centro más de 27.000 niños y niñas de entre 10 y 20 años), y la Escuela de la Guardia Urbana.

También desde el Ámbito de la Vía Pública, se han iniciado distintas campañas informativas y de sensibilización, como por ejemplo Posa´ t casc, tingues cap (Ponte casco, ten cabeza), con el objetivo fundamental de aumentar la utilización del casco entre los motoristas. La campaña se ha debido al incremento del parque de motos y ciclomotores, coincidente en el tiempo con el creciente aumento de accidentes, con resultados demasiadas veces irreversibles, en los que se han visto implicados estos vehículos de dos ruedas.

Lo que hasta ahora hemos apuntado nos lleva a la conclusión de que una de las principales causas de accidentes es el factor humano. Por esta razón, nuestros esfuerzos se dirigen principalmente a incidir sobre las personas para prevenir y reducir los accidentes y elevar, así, la calidad de vida de la ciudad.

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En 1989 hubo en zona urbana, en toda España, un total de 58.234 accidentes, que provocaron la muerte de 1.248 personas y 78.436 heridos. En la ciudad de Barcelona, los accidentes fueron cerca de 12.000. Las cifras crecen cada año. De ahí la importancia de una política preventiva que los reduzca o los evite. Para ello es imprescindible un sistema integrado de información. Esta es la propuesta de Antoni Plasencia, médico, jefe del servicio de Epidemiología y Estadísticas Vitales, del Instituto Municipal de la Salud de Barcelona, y Manel Villalante, ingeniero, jefe del Gabinete del Ámbito de la Vía Pública del Ayuntamiento de Barcelona.

Manel Villalante y Antoni Plasencia

El tráfico debe analizarse fundamentalmente bajo dos aspectos: las causas que provocan la demanda de movilidad y los efectos que dicha movilidad produce. Entre los efectos cobran especial relevancia aquellos relacionados con la salud y la calidad de vida: seguridad vial y contaminación atmosférica y acústica.

La mejora de la seguridad vial es un objeto básico de las diferentes actuaciones a desarrollar en materia de tráfico: planeamiento, regulación, ordenación, vigilancia, etc.

El año pasado ocurrieron en todo el Estado 109.804 accidentes con víctimas, el 53% en zona urbana y el resto en carretera. De los 51 .570 accidentes producidos en carretera en 1989, en 4.899 hubo víctimas mortales con un saldo de 5.940 muertos. El número de heridos fue de 90.975. En zona urbana se produjeron, en idéntico período, 58.234 accidentes, con víctimas mortales en 1.152 de ellos, con un total de 1.248 defunciones. El número total de heridos fue de 78.436.

La rotundidad de estas cifras provoca una creciente preocupación respecto de la accidentalidad en el tráfico, tanto por su frecuencia como por su severidad. Y con la preocupación, la necesidad de desarrollar adecuadas políticas de seguridad vial. Para ello, debe realizarse un exhaustivo trabajo de recogida de información sobre los accidentes así como un profundo análisis multivariable de la misma.

Los accidentes de tráfico: el caso de Barcelona

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Existe una elevada multiplicidad de indicadores y fuentes de información respecto a los que analizar la accidentabilidad, la mortalidad, la morbilidad, etc. que hacen difícilmente comparable el impacto de este fenómeno. En consecuencia, deben diseñarse elementos indicadores que permitan los análisis comparativos necesarios para una correcta planificación y evaluación de la accidentalidad.

La información

En Barcelona, la información se obtiene a partir de los partes de accidente elaborados por la Guardia Urbana y también a partir de los boletines estadísticos de defunción de los residentes en la ciudad. Para análisis más especializados se han iniciado encuestas periódicas a partir de los principales servicios de urgencia hospitalarios de la ciudad.

Los indicadores utilizados en Barcelona para el análisis de los accidentes de tráfico son básicamente de dos tipos: absolutos y relativos. Los absolutos detectan únicamente la magnitud del fenómeno mientras que los relativos permiten analizar el impacto del mismo.

En ambos casos el análisis se realiza bajo dos perspectivas: complementarias y relacionadas. Cuando el fenómeno se estudia desde el punto de vista de la accidentalidad, se evalúan, después de un análisis exhaustivo de la información disponible, las diferentes causas que influyen en el accidente: vehículo, factor humano, entorno y otras circunstancias. Si lo que se persigue es conocer el impacto sobre la salud, se analizan la mortalidad, la morbilidad, las incapacidades producidas ya sean de carácter temporal o permanente, etc. Toda esta información se analiza respecto de diferentes características de la población: edad, sexo, residencia, etc.

En la década de los años 70, el número de accidentes con víctimas en Barcelona osciló entre 6.000 y 7.000 accidentes/año. A partir de 1980 se ha detectado una tendencia al crecimiento, que puede cifrarse en torno al 40% en lo que llevamos de década.

Este crecimiento ha sido análogo al del resto del Estado, representando la accidentalidad en Barcelona, prácticamente de forma constante desde 1970, alrededor del 22% del total del Estado en zona urbana.

El año pasado, se produjeron en Barcelona 11.830 accidentes con heridos, lo que representa el 20,3% del total estatal en zona urbana.

Por lo que respecta a la mortalidad, cabe decir que se ha mantenido alrededor de las 65 defunciones/año exceptuando los dos últimos años, en los que se ha detectado un sensible crecimiento.

Si consideramos estos datos respecto de la población (accidentes/100 habitantes), vemos que este índice indicativo se ha doblado en el período comprendido entre 1975 y 1989. Este dato se relativiza si analizamos el número de accidentes con víctimas respecto de los vehículos-kilómetros conducidos en la ciudad (tasa de accidentes).

Desde 1967 hasta 1980 esta tasa disminuyó en casi un 60%. No obstante, en lo que llevamos de década se ha detectado un incremento del 26% respecto del valor de la tasa en 1980. Por lo que respecta al impacto de los accidentes de tráfico (en zona urbana e interurbana) sobre la mortalidad del conjunto de residentes de la ciudad, la tasa media de mortalidad en el período 1983-87 se sitúa en torno a 9,3 defunciones por 100.000 habitantes, lo que representa un 25% de la mortalidad por causas externas.

Sin embargo, el impacto relativo de los accidentes ha sido distinto según la edad. Ha sido más importante en el grupo de 15 a 24 años (han supuesto el 26% de todas las defunciones en este grupo de edad) y en los mayores de 75 años (ha representado menos del 1% de todas las defunciones). En el período estudiado (1983-1988), se observa un incremento de las tasas de mortalidad por accidentes de tráfico, pasando de nueve defunciones por 100.000 habitantes en 1983 a 15,8 por 100.000 en 1988, incremento que se ha producido fundamentalmente a expensas de los accidentes producidos en el grupo de conductores 15 a 24 años y de peatones

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de más de 75 años. En el grupo de jóvenes, el 64% de las defunciones tuvieron lugar en la ciudad, mientras que el 36% tuvieron lugar fuera de Barcelona.

Finalmente, se estima que los servicios de urgencia de los principales centros hospitalarios de la ciudad atienden, en conjunto y diariamente, una media de casi 50 casos de mayores de 14 años afectados por patologías relacionadas con los accidentes de tráfico.

Una propuesta de análisis

Se hace cada vez más patente que el análisis de los accidentes de tráfico debe realizarse desde una perspectiva pluridisciplinaria y colaborativa.

Ello supone intensificar los esfuerzos para integrar los conceptos, instrumentos analíticos, fuentes de información y estrategias de intervención y evaluación propias de cada ámbito implicado en el tema. Más específicamente, y con relación a los sistemas de información, conviene disponer de un sistema que integre indicadores de aquellos aspectos considerados fundamentales para la planificación y evaluación de las intervenciones diseñadas para disminuir la accidentalidad y la morbilidad, mortalidad y severidad asociadas a la misma. Tales indicadores deben reunir las características de fiabilidad, accesibilidad, interpretabilidad y bajo coste para poder ser utilizados de forma continuada.

A pesar de que no existen indicadores ideales, sino que cada uno de ellos suele tener ventajas e inconvenientes, en Barcelona se dan las condiciones

necesarias para desarrollar un sistema integrado de información sobre accidentes que cubra, de forma continuada, los siguientes aspectos: el tráfico en la ciudad; su accidentalidad; la mortalidad producida; la morbilidad atendida en los servicios de urgencias, hospitales y la gravedad de las lesiones producidas por los accidentes.

Dichos aspectos deben estar sujetos a monitorización continuada a fin de detectar periódicamente cambios en las tendencias temporales o en las características de su distribución.

Complementariamente, sería útil poder contar, aunque de forma más esporádica —por ejemplo, mediante encuestas repetidas de población—, con información relativa a otros aspectos, tales como las incapacidades resultantes de los accidentes, o las actitudes y comportamientos de las entidades y asociaciones ciudadanas y de los propios ciudadanos individualmente (conductores y peatones) en torno a aspectos concretos del tráfico.

El aforismo «tanta información como sea necesaria, pero tan poca como sea posible» debe enmarcar la necesidad de que el sistema de información sobre accidentes de tráfico sea riguroso, pertinente y flexible, y pueda adaptarse en todo momento a la evolución de los problemas y de los objetivos planteados en la ciudad sobre este aspecto. Sólo así dicho sistema podrá cumplir con su objetivo principal: el de ayudar a la toma de decisiones en el campo de la prevención y el control de los accidentes y de sus consecuencias.

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Juan Diego, José Begué y Núria Moreno

La educación cívica y vial en la escuela es una de las condiciones necesarias para reducir los accidentes. Juan Diego, subinspector jefe de la División Territorial de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona; José Begué, oficial de la misma División, y Núria Moreno, coordinadora de Educación Cívica y Vial, repasan las actividades municipales en este campo, explican los programas de formación para escolares y dan cuenta, con datos recientes, de los accidentes que afectan a los menores: el número de niños y jóvenes accidentados es relativamente alto (776 en el año 1989), y el 56,7% del total de accidentes cuyas víctimas son niños se deben a negligencias de éstos.

Una de las características más relevantes de la sociedad actual es la concentración de la vida en las grandes urbes. Este fenómeno conlleva naturalmente un crecimiento, a veces desaforado, de la ciudad en todos los órdenes: habitantes, viviendas, equipamientos, vehículos, etc.

El auge del parque automovilístico es hoy una de las mayores preocupaciones de los responsables municipales, así como de los ciudadanos, que se ven sometidos a una circulación excesivamente lenta y sobre todo estresante por los retrasos que provoca. A esta carga psíquica de los habitantes de una gran ciudad, hay que añadir el riesgo físico que supone la accidentalidad, con un considerable número de muertos y heridos, sin contar con la importante sangría de los daños materiales en vehículos.

Políticos y técnicos en busca de soluciones han propuesto, entre otras medidas, la ampliación de la red viaria, la construcción de aparcamientos, el establecimiento de áreas de estacionamiento restringido y las limitaciones de acceso al centro de la ciudad. En otro orden de cosas, cabe destacar el intento de desarrollar la sensibilidad de los ciudadanos, a través de una adecuada información que les motive a un comportamiento, en la vía pública, respetuoso con las normas y solidario con los demás.

La educación cívica y vial en la escuela

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En la misma línea de trabajar respecto al factor humano, con una rentabilidad inmediata, pero garantizada, además, a medio y largo plazo, se encuentra el trabajo con los niños. Nos referimos a la función de educación cívica y vial que monitores especiales de la Guardia Urbana realizan en los colegios de Barcelona.

Dicha actividad tiene su origen en 1956, cuando las circunstancias del tráfico eran muy diferentes. Entonces la Guardia Urbana organizaba estas actividades con niños, con el objeto de ir familiarizando a los menores con los reglamentos y señales de circulación. Con el mismo objetivo se crea en 1965 el Parque Infantil de Tráfico, donde los niños practican esas enseñanzas recorriendo en bicicleta un circuito señalizado. Hoy se dispone ya de vehículos a motor.

Esta situación se mantiene hasta 1983, año en que a la educación vial se incorpora de manera importante la educación cívica, en la hipótesis de que no se puede ser buen conductor si no se es buen ciudadano.

Este proyecto coincide en el tiempo con la puesta en marcha de la descentralización municipal, que en lo referente a Guardia Urbana se expresa en la potenciación de los recursos a cada uno de los distritos. Así, la educación vial que realizaba un grupo de agentes centralizados pasa a educación cívica y vial, impartida por agentes de cada distrito en los colegios de su territorio.

Objetivos y organización

Esta descentralización hacia los distritos comporta una mejora en este tipo de

actividades, puesto que el monitor es un agente conocedor del barrio y, por tanto, existe una mayor profundización en la problemática de la zona, lo que lleva a que se trabaje directamente sobre aquellas pautas de comportamiento que inciden negativamente en el entorno.

Si bien en cada caso se trabajan unos temas concretos, hay unos objetivos generales encaminados a que el niño adopte unas actitudes determinadas en su papel de ciudadano. Estos objetivos son: comprender la necesidad de una normativa que regule la vida ciudadana; eliminar tabúes con respecto al guardia: visión del agente como un ciudadano más que está en la calle para colaborar con otros ciudadanos; evitar las situaciones de riesgo y los accidentes; obtener información de los derechos y deberes que asisten al ciudadano a través de los canales de participación ciudadana, y despertar el interés hacia el conocimiento de temas relacionadas con el civismo y la conducción.

Estos puntos son trabajados por los monitores escolares, cuya labor está, por un lado, dirigida por los jefes de cada distrito y, por otro, coordinada desde la Jefatura de la División Territorial de Protección Ciudadana (DTPC), que dicta las pautas generales a seguir en los distritos y recoge, a través de la coordinación de Educación Cívica y Vial, las actividades, proyectos y sugerencias efectuadas por los monitores.

Esta organización se fundamenta en una estructura que canaliza las funciones hacia el destino final que son las escuelas, dentro del organigrama general de la Guardia Urbana:

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En líneas generales, las funciones que realiza la Coordinación de Educación Cívica y Vial se resumen en las siguientes:

• Recibe, a través de la línea jerárquica, las directrices que dicta la Alcaldía, el Àmbit de la Vía Pública o el Área de Protección Ciudadana.

• Confecciona el programa de actividades del curso.

• Recoge la información sobre absentismo y accidentalidad de toda Barcelona, así como las sugerencias que aportan los monitores.

• Prepara el material pedagógico necesario.

• Establece planes de protección y seguridad integral para los escolares.

• Convoca conferencias, seminarios, cursillos, etc., dirigidos a los monitores.

Para tener una idea cuantitativa del trabajo efectuado en un curso, presentamos a continuación un cuadro resumen del número de alumnos que han participado en

las diferentes actividades en el curso 1988-1 989, con expresión de las escuelas por distrito muni

Dto. Escuelas A B C E F G H Total

1 26 1.174

713 105

1.992

2 28 2.300

420 120

2.840

3 16 1.333

875 457

2.665

4 14 1.703

161 257 629 431 138 3.319

5 27 3.280

632 400

4.312

6 18 2.178 171 650 630 547 130 890 5.196

7 22 3.844 510 300 100 677 150 100 5.681

8 27 2.936

1.622 1.658

6.216

9 40 5.264

1.119 1.456 1.789 142 9.770

10 18 2.363

55 11.166 1.703 71 4.358

Total 236 26.375 681 1.111 2.161 8.737 5.943 1.341 46.349

• A: Sesiones en clase. • B: Circuitos en la propia escuela. • C: Itinerarios por el barrio. • E: Visitas al Parque Infantil de Tráfico. • F: Visitas a la Fuixarda. • G: Otras actividades

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Programas de formación y actividades

Exponemos a continuación el organigrama abreviado del programa de educación cívica y vial, que se elabora anualmente en función del curso escolar:

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El programa se adecúa a las etapas establecidas por la nueva Ley Reguladora de Educación. De este modo, las sesiones se acomodan a las diferentes edades de los alumnos. La primera etapa —edad infantil— se trabaja en las aulas y pretende desarrollar los hábitos de observación en los niños, prestando interés a los distintos elementos de la vía pública, la función del guardia en la calle, e identificando sonidos y ruidos propios de la vía pública.

La segunda etapa corresponde a la educación primaria y comprende tres ciclos: de 6 a 8 años, el primero; de 8 a 10 años, el segundo, y de 10 a 12 años, el tercero. Las actividades que se desarrollan parten de unas charlas en las aulas apoyadas con audiovisuales y trabajos, y se refuerzan con actividades extraescolares que comprenden gimkamas, exposiciones y prácticas de circulación en bicicleta, entre otras.

La tercera etapa —educación secundaria obligatoria— va destinada a consolidar la formación del alumno como ciudadano que debe respetar las normas de comportamiento cívico y su aprendizaje como posible conductor de bicicleta en el presente y de ciclomotor en el futuro inmediato, a través de sesiones sobre temas específicos en las aulas y visitas y prácticas de circulación como actividades fuera de las escuelas.

Por último, la etapa secundaria postobligatoria va encaminada, igual que la anterior, a formar definitivamente a los niños en el terreno del comportamiento cívico y vial, tanto a nivel de ciudadanos como de conductores.

Las actividades en la escuela son impartidas conjuntamente por los

profesores del propio centro y los monitores de la Guardia Urbana.

Accidentalidad

Según los últimos datos obtenidos, los accidentes de tráfico afectaron a un total de 776 niños y jóvenes en Barcelona durante el año 1989. Si bien se ha conseguido rebajar las cifras con respecto a años anteriores (879 niños en 1985), el número de accidentados es todavía muy elevado, más si tenemos en cuenta que, según las estadísticas, del total de accidentes en los que la víctima o las víctimas son niños, el 56,7% ha sido producido por negligencia de éstos en su condición de peatones. (Véase cuadros estadísticos al final del artículo.)

Es por ello que el tema se trabaja especialmente en la Coordinación de Educación Cívica y Vial. La Coordinación estudia el índice de accidentalidad por edades, sexo, lugar y lesiones, así como las causas que generan los accidentes, tales como la señalización incorrecta, la no presencia del guardia en los puntos de mayor índice de accidentalidad, la desinformación de los niños sobre seguridad vial, etc.

A partir de este estudio, se toman las medidas siguientes:

• Intensificación de la vigilancia en las escuelas por parte de la Guardia Urbana en las horas y días de mayor accidentalidad.

• Información al maestro sobre las medidas adoptadas en cada uno de los aspectos tratados, a fin de que colaboren dentro de la escuela para tratar el tema de prevención de accidentalidad.

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La ilusión por el coche, motor social Carlos Pedragosa

En los últimos diez años, la industria del automóvil ha invertido en España más de 250.000 millones de pesetas en publicidad. El coche ha sido y es, gracias a ello, el objeto del deseo de todo el mundo: el automóvil sigue pisando fuerte. Hay un coche para cada necesidad y también para cuando hay una necesidad. La cultura del automóvil es ya civilización del automóvil. Detrás de esta cultura hay intereses muy poderosos. Carlos Pedragosa, experto en publicidad, los apunta.

Ningún otro sector permite penetrar tanto en el tejido social moderno como el de la publicidad. Porque el abanico de posibilidades es total. Vives siempre con intensidad, ya sea el drama de un conservero de Vigo, ya sea el balance de unos resultados electorales. No importa.

Lo que verdaderamente importa para el comunicador es tener siempre presente que «lo que se haga, hacerlo bien», y para eso hace falta —antes que nada— conocer y vivir mejor que nadie el tema del que te ocupas.

A base de esto, uno se curte y conoce mejor el mundo que le rodea. Por eso, puede permitirse el lujo de opinar con cierto crédito sobre lo que sucede y también hacer balance de diferentes acontecimientos.

La época de los desencantos

Estamos viviendo hechos importantes que nos afectan ya en el presente y que condicionarán con seguridad el futuro. La década de los 90 será, sin duda, la época de los desencantos del consumidor. Con todo lo que ello conlleva para los productores, proveedores, servicios, etc., y también para sus respectivos planteamientos de marketing. Como gran presagio de esto, está el fenómeno de las marcas blancas y las promociones, que en los últimos tres años han adquirido un enorme significado.

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Se ha puesto casi todo al alcance de todos. Serán pocos los que no lo hayan probado todo. Serán muchos los que habrán aprendido que un coche nuevo pronto envejece y aquellos detalles de acabado o motor que tanto significado tenían para él se difuminan en el paisaje de lo cotidiano, mientras que todavía quedan varios años de incómodas cuotas mensuales.

Aunque seguirán existiendo los símbolos, la gente será más crítica y pragmática con lo tópico. Este es un fenómeno que se verá y se ve apoyado por la atomización de las televisiones.

Durante 30 años, la conciencia de España la hizo una televisión. Todo un país podía vibrar tanto por un gol de Marcelino como por el último telefilm de Perry Mason. Ahora es distinto. Hay cosas mejores y peores. Pero pronto incluso lo mejor será menos bueno. Y el boom del zapping no es sino la evidencia de la profunda insatisfacción que produce la televisión como objeto de consumo. La crisis de la televisión se traducirá en crisis de conciencia colectiva.

Y es que el hombre es algo más que un consumidor. Y los medios de comunicación son mucho más que una televisión. Y de ahora en adelante habrá que tener eso muy en cuenta.

El marketing deberá tender —cuando no haya oportunidad de ofrecer beneficios concretos y diferenciales— a desarrollar productos más funcionales, y las motivaciones deberán basarse en valores más permanentes. Uno de los aspectos que más desarrollo experimentará en esta próxima década será la comunicación de entidades o instituciones para promover nuevos hábitos de carácter prosocial, que son y serán cada vez más necesarios para equilibrar la sociedad. Han sido muchos años de comunicación orientada a la cultura de los detergentes y productos despreocupados de su vertiente ecológica. Debe venir irremediablemente —para

neutralizar y por una clara razón de supervivencia— la comunicación ecológica. Aunque sea financiada por la propia administración. Han sido muchos años de comunicaciones orientadas a introducir, mantener y hacer crecer productos y servicios que han llegado ya a su madurez. Una etapa difícil y coincidente con esos escepticismos del consumidor y que comportará, entre otros, efectos como la reducción de márgenes para los productos, el incremento de costes de la distribución, el escepticismo por promover nuevos lanzamientos en sectores iniciados (por poco atractivo económico, por alto riesgo, etc.) y la oportunidad y culto a las nuevas tecnologías y a la investigación.

El coche sigue pisando fuerte

Pero de estos mercados maduros hay uno especialmente significativo porque, hallándose en un estadio similar a otros, parece tener unas licencias o bulas. Se trata del sector de la automoción. Durante los últimos 10 años, la industria del automóvil ha invertido en España más de 250.000 millones de pesetas en comunicación. De ellos casi la mitad en los últimos tres años. Una escalada de cifras y presupuestos orientados exclusivamente a favor de un concepto de transporte que no parece tener visos de corrección como en otros sectores.

Y es que el coche ha sido durante años objeto de deseo de todo el mundo. Ha sido el gran premio de los concursos televisados de máxima audiencia y ha conseguido ser la gran ilusión por la que cualquier ciudadano podía expresar externamente su progreso económico. El coche símbolo de status, el coche objeto de distinción, el coche utilitario conquista del usuario de transporte público, el coche joven para los que estrenan carnet, el todo terreno para los amantes de aventuras, etc. El coche sigue pisando fuerte.

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Hay un coche para cada necesidad y también hay un coche para cuando hay una necesidad.

¿Cuáles son las causas de que el coche tenga esa extraña carta de ciudadanía respecto a otros sectores?

En primer lugar, el sector de la automoción ejerce —sin ningún género de dudas— una acción de moderación económica y social que la administración conoce, valora y consiente. La ilusión de la gente por el automóvil, además de que se ve apoyada por la cultura individualista y hedonista actual, aporta extraordinarios beneficios. La automoción está encuadrada dentro del sector del metal, del que dependen colectivos extraordinariamente numerosos y con potencial sindical capaz de poner en jaque a cualquier gobierno.

La ilusión por el coche hace que los ciudadanos paguen alegremente todos los impuestos y gastos que éste genera: impuesto de circulación, tasa sobre carburantes y lubricantes, parkings, tasa de autopistas, multas, seguros, etc. Hace, además, que se toleren sin oposición alguna todos los requerimientos de la conectividad moderna: apertura de viaductos (con deforestación, expropiaciones y aislamientos parciales de pequeños pueblos y caseríos), autopistas, bucles, etc. Todo se supedita a la velocidad y al paso del vehículo.

Quizá sean éstas las razones por las que no se proponen acciones alternativas de compensación a las lesiones culturales, ecológicas y operativas que la poderosa

acción de este sector viene llevando a cabo.

Dadas estas circunstancias, no sería raro que la Administración, lejos de iniciar campañas correctivas que promuevan el uso del transporte público (especialmente en ciudades), terminase financiando las campañas de los fabricantes de automóviles o permitiendo condiciones de financiación excepcionalmente favorables para aquellos que deseen acceder al coche. La cultura del coche es ya civilización del coche. Y será muy difícil que alguien pueda desarraigarla o atentar levemente contra ella. Sólo el grito de RENFE ha sido capaz de presentarse como valiente alternativa al coche, en su última campaña publicitaria. Lástima que el producto no responda. Pero todos debiéramos agradecerle el mensaje. Es el único elemento correctivo, claro y coherente, que en todo este tiempo se ha visto. ¿Habrá otros? ¿Interesa que los haya? Y si no los hay, ¿no habrá alternativa? Detrás del sector automoción hay demasiados intereses como para que los haya. Y se experimenta una sensación similar a la de estar atrapados en nuestro propio coche. Las salidas están lejos. Si alguien va en bicicleta (no en ocio, sino como medio de transporte), la gente se enfada, lo llaman loco y ácrata. Si va en transporte público es un desgraciado. El tema invita mucho a la reflexión. Pero, de momento, será mejor seguir alegrándose de tener ilusión por el coche, no sea que no tenerla nos pueda costar a todos más caro que comprarlo.

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Los incendios: prevenir antes que apagar Juan Carlos López

El mejor servicio de extinción de incendios no es aquél cuyos efectivos llegan antes al lugar del siniestro o logran apagar más rápidamente el fuego, sino el que crea las condiciones para que el incendio no se produzca. De acuerdo con esta filosofía, el Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Barcelona desarrolla una serie de tareas preventivas que resume Juan Carlos López López, jefe de los bomberos barceloneses.

La última década ha sido el punto de partida de un nuevo concepto en la lucha contra el fuego. Si bien el desarrollo de la prevención como el método más eficiente para combatir los siniestros se ha desarrollado en Estados Unidos y países europeos como Alemania, Francia y Gran Bretaña a partir de mediados de los años cincuenta, en España este concepto ha comenzado a introducirse de forma consciente en arquitectos e ingenieros desde la entrada en vigor de la Norma Básica de la Edificación (NBE-82).

Algunos ayuntamientos como el de Barcelona fueron pioneros con su ordenanza sobre normas constructivas para la prevención de incendios de 1974, cuyo artículo 6.2 ya prevé —aunque de manera muy genérica— el peligro de toxicidad de los gases que desprenden los materiales al inflamarse.

Tal como se piensa conceptualmente desde el punto de vista preventivo en el Servicio de Extinción de Incendios (SEIS), la mejor intervención no es aquella a la que se llega en el menor tiempo, o en la que se domina el siniestro en un tiempo muy breve, sino aquella que permite evitar el fuego. De acuerdo con este criterio, el SEIS desarrolla una política de actuación en diferentes frentes, a saber, la normativa, los proyectos, las inspecciones, las investigaciones, los ensayos, el control de riegos y la información.

En el campo de la normativa, el SEIS interviene directamente en las distintas comisiones de elaboración de normas de

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prevención de incendios, aportando, además de la experiencia de la acción cotidiana de los técnicos en siniestros de distinta envergadura, el análisis comparativo de la normativa extranjera. Junto con ello, también aporta la confección de especificaciones técnicas y fichas de control de edificios públicos, viviendas, locales comerciales, industrias, etc.

El ciudadano también encuentra el apoyo y asesoramiento técnico del SEIS en la revisión de proyectos, tarea en la que este organismo no sólo cuida del cumplimiento de la normativa, sino también ofrece las soluciones más seguras y viables para cada caso en particular. En este aspecto también asesora a los técnicos que elaboran los proyectos para que no encuentren impedimentos a la hora de solicitar la licencia correspondiente. Terminadas las obras, se comprueban las medidas de prevención de incendios de los proyectos que han sido ejecutados.

Otro campo que se cubre es el de comprobar las instalaciones de protección contra incendios en la vía pública y en edificios de gran altura. Debido a la falta de educación preventiva, muchas instalaciones que están correctamente ejecutadas no se encuentran en las óptimas condiciones de uso cuando se produce un siniestro. Tal es el caso de las salidas de emergencia en locales de pública concurrencia, que se cierran con llave y luego no se abren a la hora del espectáculo, por descuido o por temor a que sean utilizadas como accesos de entrada, vías de evacuación obstruidas con cajas de mercancías o alumbrados de emergencia sin conectar.

Los técnicos del SEIS realizan inspecciones periódicas de los locales de pública concurrencia en el horario en el que desarrollan su actividad para comprobar estas instalaciones y su estado de utilización. También atienden las denuncias de los ciudadanos. Una notable aportación a la política preventiva es la investigación posterior al siniestro. En este sentido se extraen muestras y se realizan croquis de los siniestros de cierta entidad, que son estudiados posteriormente a través del análisis cromatográfico para la detección de posibles acelerantes así como también el foco de origen del siniestro y su relación

respecto del conjunto. El comportamiento de los nuevos materiales frente al fuego y la reacción de los mismos ocupan también un lugar preponderante en este apartado, lo que permite un acopio de información que posteriormente es utilizada en la elaboración de nuevas normativas.

El SEIS efectúa también ensayos

El Laboratorio del Fuego funciona desde 1980 y está facultado para expedir certificaciones para los materiales incluidos en la norma UNE 23-727 de clasificación según la reacción al fuego y que, en general, afecta a materiales empleados en locales sujetos al Reglamento de Espectáculos Públicos que deben ser objeto de autorización municipal y gubernativa. Cuenta también con una cabina normalizada para la verificación de cables eléctricos no propagadores del incendio según la norma UNE 20-427.

La confidencialidad de los resultados de los ensayos efectuados por el Laboratorio Municipal del Fuego del Cuerpo de Bomberos de Barcelona está garantizada por el Real Decreto 3046, del 6 de octubre de 1977, que dice en su punto tercero: «Los funcionarios de la Administración local están obligados (...) a guardar sigilo respecto de los asuntos y datos que conozcan por razón de su cargo... »).

El SEIS realiza asimismo el estudio de edificios singulares, tarea ésta que se ha visto fuertemente incrementada en los últimos meses con la perspectiva de los Juegos Olímpicos, que ha estimulado la imaginación de los profesionales del proyecto en Barcelona. Con una respetuosa pero abierta aplicación de la normativa y de las pautas de seguridad marcadas, se estudian los anteproyectos de edificios singulares y los planes de actuación en caso de siniestro. También encuentran cabida en este apartado el estudio de los diferentes tipos de riesgos que existen en la ciudad y se proponen planes de actuación.

Por último, el SEIS dispone de un área de relaciones con el ciudadano a través de la cual realiza tareas de prevención en entidades y colectivos como escuelas, asociaciones vecinales, distritos, grupos

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con limitaciones sensoriales y motoras, ancianos y agrupaciones y gremios de diferentes actividades.

Esta área también se ocupa de la fiscalización de planes de emergencia y de la elaboración de publicaciones periódicas de divulgación sobre medidas de prevención.

Para articular este conjunto de actividades el Cuerpo de Bomberos de Barcelona ha propuesto una restructuración de envergadura en la División de Prevención, que quedará reflejada en el nuevo organigrama del servicio, que tendrá la siguiente estructura:

Esto permitirá la introducción de una política preventiva y transmitir este espíritu a los distintos colectivos profesionales para

el desarrollo de una nueva estética en el diseño de los elementos que intervienen en los sistemas de prevención.

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Encuesta de victimización en los comercios de Barcelona

Anna Alabart, Josep Maria Aragay y Juli Sabaté

Más del 14 % de los comercios de Barcelona ha resultado víctima, en 1989, de algún delito, consumado o en grado de tentativa. No es una cifra especialmente elevada y, en cualquier caso, es baja si la comparamos con la sensación colectiva de inseguridad de los comerciantes. El coste directo de la delincuencia en los comercios puede cifrarse en unos mil millones de pesetas anuales, 20.000 pesetas por tienda. Estos son, en síntesis, los resultados de una encuesta de victimización, realizada con una muestra de 3.000 establecimientos comerciales (de un total de 54.382), gracias a un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, que comentan Anna Alabart, Josep Maria Aragay y Juli Sabaté, profesores de la Universidad de Barcelona.

Los comercios son una caja de resonancia de los hechos ciudadanos, tanto de los satisfactorios como de los problemáticos. Esto es aún más cierto cuando estos hechos les afectan directamente como es el caso de la seguridad ciudadana: el sentimiento de miedo que hay en las tiendas de una ciudad y la victimización que pueden sufrir dejan su huella en la vida cotidiana de sus habitantes. Es por esta razón que una correcta política de seguridad ciudadana debe ser sensible al sentimiento de miedo y a la victimización que exista en los comercios.

Este estudio —buena muestra de esta sensibilidad— es el primer esfuerzo científico que se hace en nuestro país para conocer y comprender tanto la realidad de la victimización como el sentimiento de miedo que hay en las tiendas de una gran ciudad. Su realización ha sido el resultado de una triple preocupación por esta problemática: política, en el caso del Ayuntamiento de Barcelona; profesional, en el caso de la Cámara de Comercio, y científica, por lo que respecta al equipo de trabajo.

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Una doble realidad

La principal conclusión del estudio confirma nuestra hipótesis de la construcción social de la inseguridad: hay una doble realidad, la objetiva, que es la victimización, y la subjetiva, que es la sensación colectiva de inseguridad. Las dos pueden haber tenido un inicio conjunto (la inseguridad colectiva apareció cuando aumentó la delincuencia), pero a partir de aquí las dos tienen vida propia, con sus lógicas y leyes de funcionamiento específicas.

En este sentido podemos extraer la siguiente conclusión: la victimización total —contando hechos consumados y no consumados— en los comercios de Barcelona afecta al 14,3% de los establecimientos. Este dato, si bien es relativamente elevado, no es excesivamente preocupante si se tienen en consideración tres factores. En primer lugar, la problemática de la seguridad de todas las grandes ciudades (el riesgo de victimización tiene una relación directamente proporcional al tamaño de la aglomeración urbana). En segundo lugar, las características de la propia actividad comercial (abierta al público, con garantías de encontrar dinero y género para sustraer). Y por último, los efectos de la crisis económica y algunas de sus consecuencias morales (pérdidas de valores, drogadicción, etc.). En definitiva y para establecer una mínima comparación, el riesgo de victimización de los comerciantes de Barcelona es menor que el que tiene cualquier propietario de vehículo.

A pesar de ello, el sentimiento de inseguridad es fuerte ya que la valoración que los comerciantes dan al nivel de seguridad que hay en la ciudad es francamente muy baja. Está muy por debajo de la que dan el conjunto de ciudadanos, incluso de los que han sufrido alguna experiencia de victimización. Y no hace faltar decir que los tenderos que han sido víctimas de algún hecho delictivo dan una valoración mínima al nivel de seguridad que creen que hay en la ciudad, en su barrio y en los comercios en general.

La explicación de esta relativa paradoja radica obviamente en las características estructurales de los comercios —establecimientos indefensos, abiertos al

público, normalmente pequeñas empresas familiares—, que exigen una importante dosis de sensibilidad política para con sus problemas. Pero también se explica, sobre todo, por la autonomía de las dos realidades y la mayor persistencia de la subjetiva (la construcción del sentimiento de inseguridad).

20.000 pesetas por tienda y año.

El costo de la victimización merece también una reflexión, porque los resultados de la encuesta relativizan su incidencia, tanto en términos de costo directo como de costo indirecto. Por lo que respecta al costo directo total, que obtenemos sumando el valor del dinero y género robados, así como los desperfectos ocasionados en todas las tiendas de todos los sectores, se puede cifrar en unos mil millones anuales, cantidad que no llega a las 20.000 pesetas por tienda y año. Por otra parte, el costo indirecto (lo que le cuesta al comerciante el seguro) afecta a menos de las dos terceras partes de los comercios y representa un gasto muy tolerable (del 0,06 % al 0,38% de las ventas según el volumen de facturación).

Es evidente que si la victimización fuese realmente grave, el costo directo sería muy superior y el costo indirecto lo asumirían la práctica totalidad de los comerciantes, que además pagarían cuotas de seguros más elevadas.

Finalmente, hay que decir que las expectativas profesionales de los comerciantes de Barcelona son muy buenas: la mayoría piensan en seguir con el negocio, hay un 11 % que proyectan ampliarlo pronto y sólo un 3,3 % está pensando en cerrarlo por pérdidas.

Las reflexiones anteriores se desprenden de los resultados de la encuesta, cuya síntesis veremos a continuación.

La encuesta

Este estudio sobre la victimización en los comercios de la ciudad de Barcelona es fruto de un acuerdo entre el ámbito de la Vía Pública del Ayuntamiento y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación.

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La población real objeto de estudio la componen todos los establecimientos comerciales de la ciudad con licencia fiscal, dedicados a la venta al por menor y a los que se tiene acceso desde la calle. La población estadística está compuesta por todos los comercios que constan en las listas de licencias fiscales de la Cámara de Comercio.

La población estadística está compuesta por 54.382 establecimientos comerciales, y

la muestra con la que se ha trabajado ha sido de 3.000 entrevistas. Así pues, se ha escogido un comercio de cada veinte, excepto en los subsectores de farmacias y joyerías, donde se ha elegido uno de cada cinco.

La desagregación de población y muestra según los sectores del comercio ha sido la siguiente:

Alimentación, bebidas y tabaco

14.760 27,1 %

Textil, calzado y cuero 9.400 17,2 %

Madera, corcho, papel y artes gráficas

5.760 10,6 %

Productos químicos y drogas

2.990 5,5 %

Materiales y artículos de la construcción

900 1,6 %

Minerales y metales 2.385 4,4 %

Maquinaria y material de transporte Bares, restaurantes y peluquerías

4.560 13.800

8,4 % 25,3 %

Total 54.555 100,0%

Índices de victimización

La evolución de la victimización en los últimos años es relativamente homogénea. Los índices se han situado desde 1986 alrededor del 14 %.

El índice global de victimización de 1989 ha sido del 14,3 % Este índice se desagrega por los cuatro tipos de hechos delictivos que se han estudiado:

• Robos consumados: índice, 5,6 %

• Atracos consumados: índice, 5,6 %

• Robos no consumados: índice, 1,2 %

• Atracos no consumados: índice, 1,9 %

Las tiendas afectadas por hechos consumados son mucho más numerosas que las afectadas por los hechos no consumados; y las afectadas por atracos, consumados, y frustrados son un poco más numerosas que las afectadas por robos.

Si desagregamos el índice de victimización por sectores, observamos que el sector con el índice más alto es el químico (20,7%) En este sector se encuentran incluidas las farmacias, una cuarta parte de las cuales ha pasado por alguna experiencia de victimización.

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Tienen también índices superiores al promedio sectores como el textil, calzado y cuero, con un 19,4 %; madera, corcho, papel y artes gráficas, con un 18,0 %; minerales y metales, que incluye las joyerías, con un 17,8 %, y maquinaria y material de transporte, donde se incluyen las tiendas de electrodomésticos, con un 17,1%. El sector con el índice más bajo es el de los bares, restaurantes y peluquerías, con un 9,4%. Tienen también índices inferiores al promedio los sectores de alimentación, bebidas y tabaco, con un 11,8 % y material y artículos de la construcción, con un 11,1 %.

El índice, según cuatro tipos de hechos

La desagregación del índice de victimización por sectores según los cuatro tipos de hechos presenta una distribución robos-atracos que puede explicarse claramente en función de la especialización comercial de los distintos sectores: los productos que se venden y la frecuencia de clientes.

Lo demuestran los cuatro datos siguientes: los elevados índices de atracos, consumados y frustrados, del sector químico, en el que se encuentran las farmacias; los elevados índices de robos, consumados y frustrados, en el sector de minerales y metales; los elevados índices de robos consumados en el sector de maquinaria y material de transporte, donde están las tiendas de electrodomésticos, y los altos índices de los atracos consumados en los sectores textil, calzado

y cuero y madera, corcho, papel y artes gráficas.

En cuanto a la desagregación del índice de victimización por subsectores, vemos que los subsectores donde hay más comercios

son los que tienen los índices más bajos. Así, en los bares, el índice es del 9,1 %; en los colmados, del 10,6%; en los comercios de carne y aves, del 10,1 0/e; en los restaurantes, del 11,4 %; en las verdulerías, del 12,6 %, y en las peluquerías, del 8,1 %.

Se puede concluir que los comercios más numerosos son los más seguros, precisamente por ser los más cotidianos y habituales en la vida de la gente, es decir, los más frecuentados. Los subsectores más victimizados son, en cambio, los que tienen comercios con ventas seguras, regulares y constantes, pero no cotidianas, es decir, que no tienen la frecuencia de gente de los anteriores. De esta forma, en las librerías el índice es del 25,8 %; en las zapaterías, del 24,9 %; en las ferreterías, del 23,1 %, y en las tiendas de confección, del 21,9 %.

Por distritos

Respecto a la disgregación del índice de victimizaciones por distritos, Nou Barris y Les Corts-Pedralbes son los de mayor riesgo y Sarrià-Sant Gervasi, el más seguro:

Distritos % Ciutat Vella 12,7 L’Eixample 15,3 Sants-Montjuïc 12,4 Les Corts-Pedralbes 19,6 Sarrià-Sant Gervasi 11,5 Gràcia 14,2 Horta Guinardó 15,7 Nou Barris 19,7 Sant Andreu 12,5 Sant Martí 13,1

El índice de multivictimización pone en relación el número de hechos que se han registrado con el número de víctimas: es del 1,18 %. Si el cálculo se establece teniendo en cuenta los cuatro tipos de hechos, se puede ver como el índice de

multivictimización es superior en los atracos que en los robos: en los robos consumados el índice es del 1,13 %; en los robos frustrados, del 1,14 %; en los atracos consumados, del 1,20 %, y en los atracos frustrados, del 1,28 %

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Las tiendas atracadas tienen, pues, más riesgo de ser multiatracadas que las robadas de ser multirobadas. Por lo que respecta a los sectores, el de la química, donde están las farmacias, es el que tiene el índice más alto: 1,31 %. La multivictimización afecta más a las mujeres (índice del 1,21%) que a los hombres (índice del 1,04%) Las tiendas de zonas de baja densidad comercial son más multivictimizadas que las de las zonas de alta densidad. Y parece haber una cierta lógica según la cual las tiendas más modernas son las más multivictimizadas.

Características de la victimización

Por lo que respecta a la superficie de la tienda, cuanto mayor sea ésta, mayor riesgo de robo, tanto consumado como frustrado. En cambio, no parece haber relación entre la superficie de la tienda y los atracos. Por otra parte, las reformas de la tienda parecen estar asociadas a la victimización, pues son los comercios más nuevos o los que han hecho reformas últimamente los que registran un mayor porcentaje de victimización.

En cuanto al personal que trabaja en la tienda, el riesgo de victimización es alto cuando en la tienda trabaja una sola persona. Este riesgo disminuye cuando trabajan de 2 a 5 personas, y vuelven a aumentar si trabajan más de 5. Esto se explica por la diferente lógica de los robos y los atracos. Así, el máximo riesgo de ser atracados lo tienen los comercios donde trabaja una sola persona, y también el máximo riesgo de ser robados lo tienen los comercios con más de 5 personas.

Las razones que explican estos índices están relacionadas con el mayor atractivo de los grandes comercios para los robos y con la mayor facilidad que para los atracos implica que sólo trabaje una persona.

En cuanto al índice de victimización según la zona de ubicación de la tienda, los comercios de las zonas de baja densidad comercial son los menos victimizados (normalmente son, además, pequeños). Su índice de victimización es del 11,9 % Resulta paradójicamente lógico que en las zonas de baja densidad los pocos comercios victimizados sean, en cambio, muy multivictimizados.

Las zonas de elevada densidad comercial resultan también poco victimizadas. El índice de sus tiendas es del 12,1 % El movimiento comercial y de clientes es su mayor protección.

Las tiendas más victimizadas son las que están ubicadas en zonas de densidad comercial media con un índice del 16,7 %. Victimizarlas resulta más «rentable» que en el caso de las tiendas del primer grupo, y menos arriesgado que en las tiendas del segundo.

Respecto al volumen de ventas, puede decirse que en la medida que aumentan las ventas, aumenta también el porcentaje de tiendas victimizadas. Esta afirmación se puede matizar si se desagrega el análisis según el tipo de hechos. Robos y atracos están asociados a la variable ventas, pero de forma inversa: mientras los robos son más frecuentes en las tiendas que venden más, los atracos lo son más en las que tienen un volumen de ventas mediano.

La observación no parece reñida con la lógica de la actividad delictiva ya que se roba donde hay más posibilidades de botín, pero no se atraca porque se supone que, al tratarse de comercios más grandes, tienen más personal y más clientes. Por la misma lógica, los comercios medianos, que cuentan con menos personal, tienen mayores probabilidades de ser atracados.

Las medidas de seguridad

Las medidas de seguridad más habituales en las tiendas de Barcelona son las rejas, las alarmas y el timbre en la puerta. En líneas generales, se puede decir que los comercios victimizados tienen éstas y otras medidas de seguridad en mayor proporción que los demás, pero esto resulta del comportamiento posterior a la victimización. En efecto, los comercios victimizados tenían, en el momento del hecho, menos medidas de seguridad que los otros, y ha sido después cuando han aumentado notablemente su protección. Las medidas de protección que las tiendas han introducido después de ser victimizadas son las mayoritarias que hemos comentado anteriormente: alarma, rejas y timbre.

Por lo que respecta a la época de victimización, los meses de mayo, octubre

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y noviembre son los que presentan un índice más elevado. El reducido porcentaje de los hechos que corresponden al mes de diciembre hace pensar en un cierto olvido producido por el momento en que hubo que hacer el trabajo de campo.

Respecto al momento en que se han producido los robos y los atracos, hay diferencias significativas. La mayoría de los robos se hacen al anochecer, cuando la tienda está cerrada, mientras que los atracos se distribuyen entre tres horas que podríamos llamar punta: media mañana, media tarde y a la hora de cerrar.

En cuanto a las personas que intervienen, la mayoría de hechos son cometidos por una o dos personas. Sólo en un 5,5 % de casos intervienen más de dos personas.

Las características de los atracadores, según la descripción de los comerciantes victimizados, permiten casi hacer un retrato robot de los que han atracado comercios. Mayoritariamente son jóvenes o adolescentes y rara vez de edades mezcladas. En general son hombres. Pocas veces parejas de hombre-mujer y menos aún mujeres solas. Pueden tener aspecto de clientes normales (56 % de los casos), o tener un aspecto extraño (44 % de los casos). A veces se muestran tranquilos, pero la frecuencia de los que no

dominan la situación es aún más elevada (40,9 % y 59,1 %). El idioma que utilizan es, en general, el castellano; sólo un 3,9 %, el catalán y un 1 ,9 % un idioma extranjero. El procedimiento más utilizado para atemorizar es la navaja, usado en más de la mitad de los casos.

En el caso de los atracos no consumados, las características más destacables son, lógicamente, que el porcentaje de atracadores que van solos es superior; que la utilización de medios atemorizadores más suaves, sprays o gestos, es más frecuente; y que la imagen de los atracadores también varía (en los atracos frustrados es más frecuente encontrar a personas más jóvenes y menos profesionales).

El coste de la victimización

Los 9.190 hechos que se han registrado en Barcelona durante el año 1989 han tenido un coste medio de 118.374 pesetas, contando dinero, género y desperfectos, lo que representa un total de 1 .081 .938.000 pesetas.

La siguiente tabla desagrega por tipos de hecho el coste medio y el coste global de la victimización:

Los hechos consumados, sobre todo os robos, suponen mayor costes que los no consumados. Estos prácticamente sólo implican coste en desperfectos, aunque en

algunos casos hayan comportado sustracción de dinero o género.

Tipo de hecho

Coste medio (en pesetas)

Coste total (en pesetas)

Robo consumado 215.649 745.067.300

Robo no consumado 16.596 12.447.000

Atraco consumado 88.018 320.385.520

Atraco no consumado 3.119 4.039.105

Global 118.374 1.081.938.925

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Las experiencias más caras resultan las del sector de electrodomésticos y el menor coste lo soporta el sector químico, hecho que no es extraño, ya que la victimización

del sector químico, y en especial del subsector de las farmacias, no se caracteriza precisamente por la búsqueda de dinero.

Sector Coste medio (en pesetas)

Coste total (en pesetas)

Alimentación, bebidas y tabaco 106.823 21 3.646.000

Textil, calzado y cuero 113.743 236.585.440

Madera, corcho, papel y artes gráficas 47.885 60.335.100

Productos químicos y drogas 26.517 20.683.260

Materiales y artículos de la construcción 105.000 12.600.000

Minerales y metales 149.979 77.989.080

Maquinaria y materiales de transporte 342.276 31 4.893.920

Bares, restaurantes y peluquerías 99.447 145.192.620

El móvil principal de los atracos es estrictamente el dinero. En cambio, el móvil de los robos es también el género. Ello queda claramente de manifiesto si tenemos en cuenta dos datos. Primero, que sólo en un 12 % de atracos no ha habido sustracción de dinero, mientras que en un 75,8 % de los atracos sus autores no se han llevado nada de género. Segundo: el porcentaje de robos en los que no se registra sustracción de dinero es elevado (50,1 %), aunque, cuando la hay, las cantidades suelen ser importantes. En cambio, el valor del género sustraído en los robos triplica el del dinero, y además un 1 2 % de casos supusieron costes superiores a las 200.000 pesetas en género.

Los atracos casi nunca implican desperfectos. En cambio, la media de gasto por desperfectos que originan los robos es de casi 30.000 pesetas. Las experiencias más caras resultan las del sector de electrodomésticos y el menor coste lo soporta el sector químico, hecho nada extraño, ya que la victimización del sector químico, y en especial del subsector de farmacias, no se caracteriza precisamente por la búsqueda de dinero.

Pocos comerciantes victimizados recuperan lo que les fue sustraído, y además lo que se recupera, género o dinero, puede tardar en llegar a sus propietarios porque los trámites judiciales o burocráticos lo retardan.

Por lo que respecta a los comercios robados, sólo un 2 % ha recuperado parte del efectivo y un 6,5 %, parte del género, cuando de hecho ha sido recuperado un 4,9 % del efectivo y un 8,8 % del género. Para los atracos, las cifras muestran una misma tendencia. Se ha recuperado dinero en un 13,5% de casos, y género en un 1,8 %. Y sólo han llegado a un 9,9 % y un 1,2 % de sus propietarios, respectivamente.

Coste psicológico de la victimización por distritos y sectores

El coste psicológico de la victimización se calcula en una escala que mide el susto provocado por la experiencia desde 1 (nada) a 9 (mucho). Los atracos afectan más que los robos y los hechos consumados más que los no consumados. Esto se puede ver en las valoraciones medias de los cuatro tipos de hechos: atracos, 7,0; intentos de robo, 5,5; robos, 5,3, e intentos de robo, 5.0. Desde el punto

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de vista psicológico un intento de atraco puede ser mucho más traumático que un robo.

Donde más ha afectado la victimización ha sido en Nou Barris y al sector de la construcción, y donde menos ha afectado ha sido en Gràcia y al sector de los electrodomésticos. A continuación se presentan las valoraciones medias por distritos y sectores:

Distritos Valoración

Ciutat Vella 6,51

L’Eixample 5,84

Sants-Montjuïc 5,36

Sarrià-Sant Gervasi 6,12

Gràcia 4,96

Horta 5,61

Nou Barris 7,65

Sant Andreu 5,59 Sant Martí 5,74

Sectores Valoración media

Alimentos 17

Ropa 6,70

Madera 6,58

Química 6,03

Construcción 7,50

Metales 5,01

Electrodomésticos 4,48

Bares 5,38

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El seguro

El 67,5 % de los comercios tienen contratado algún tipo de seguro (la mayoría son multiriesgo o combinados). La mayoría de las pólizas son ofertadas por empresas aseguradoras, aunque una pequeña parte lo han sido por parte de bancos o de los gremios o colegios.

Las diferencias entre sectores son notables y están muy relacionadas con el riesgo de victimización. Así, el sector más cubierto es el químico, donde se encuentran las farmacias, y el que suscribe menos seguros es el sector de la alimentación.

Los seguros también están estrechamente asociados al tamaño de la tienda, ventas,

superficie, número de dependientes, etc. Se puede comprobar con una de estas variables: la superficie. Los resultados son claros y muestran que en la medida que las tiendas son más grandes aumenta el porcentaje de las que están aseguradas.

La mayoría de comerciantes están satisfechos con la compañía aseguradora. Únicamente un 18,5 % en el caso de los robos y un 16,2% en el caso de los atracos se muestra descontento.

De promedio, los comerciantes de Barcelona pagan 30.221 pesetas anuales por seguro. A medida que aumentan las ventas de los comercios crece la cuota media que pagan de seguro. Así:

Ventas de las tiendas Cuota media Menos de 5 millones 24.833 De 5 a 10 millones 29.970 De 10 a 20 millones 48.003 De 20 a 50 millones 62.108 De 50 a 100 millones 84.382 Más de 100 millones 122.832

Ahora bien, también a medida que aumentan las ventas resulta más barato el coste del seguro. Esto se puede comprobar calculando, por ejemplo, lo que cuesta el

seguro en relación a cada 1 .000 pesetas de venta. El resultado de este cálculo aparece a continuación:

Ventas de las tiendas Coste por 1.000 pesetas Menos de 5 millones 3,8 De 5 a 10 millones 2,5 De 10 a 20 millones 2,4 De 20 a 50 millones 1,3 De 50 a 100 millones 0,8 Más de 100 millones 0,6

Si nos atenemos a las respuestas que los comerciantes han dado a las preguntas sobre el volumen de ventas y el coste del seguro, se puede convenir en la rentabilidad de éste: a las tiendas de menos ventas el seguro les representa sólo el 0,38 % de éstas y a las de más ventas, el 0,06 %

La denuncia y la opinión

La proporción de hechos delictivos de los que se informa a la policía está alrededor del 70 % cuando se trata de los hechos consumados. En el caso de los hechos no

consumados la proporción es más baja y se sitúa alrededor de un 30 %. Prácticamente los mismos que dan parte de los hechos, formalizan después la denuncia. Estos son los índices de denuncia: robo consumado, 67,9 %; atraco, 71,2 %; robo no consumado, 26,7 %, y atraco no consumado, 19,3%.

El principal motivo que hace que los comerciantes denuncien los hechos contra las tiendas es que el seguro les pide este trámite para hacerse cargo de los gastos. Pero tanto en el caso de los robos como en el caso de los atracos hay un elevado

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porcentaje de victimizados que afirman haber denunciado por civismo o por dejar constancia de ello.

Respecto a los casos de no denuncia, las principales razones esgrimidas por los entrevistados son la inutilidad de la acción (26 % y 22 %) o las molestias (alrededor de un 30 %)

Los entrevistados han evaluado en una escala del 1 al 9 su satisfacción por el trato recibido de la policía tanto en la tienda como en la comisaría. Las puntuaciones medias obtenidas son las siguientes. Respecto al trato en el establecimiento: robos, 5,5 puntos, y atracos, 5,7 puntos; respecto al trato en la comisaría: robos, 4,9 puntos, y atracos, 4,9 puntos.

La mayoría de los comerciantes piensan continuar su negocio sin muchas variaciones durante los próximos años. Sólo un 11,1 % piensa ampliar, un 9,2 % tendrá que realizar algún cambio, a menudo obligado por hechos como la jubilación, y un 3,3 % está pensando en cerrar por pérdidas.

La encuesta pedía evaluar el nivel de seguridad en una escala del 1 al 9. Los resultados varían notablemente según que los entrevistados hayan sido victimizados o no. Los primeros evalúan la seguridad de forma mucho más positiva, tal y como se puede ver comparando las evaluaciones medias:

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La seguridad, tarea de cada comerciante Pere Llorens

La inseguridad afecta a todos los sectores, pero en algunos tiene más trascendencia que en otros. Es el caso del comercio, que se caracteriza por su notable indefensión. Pere Llorens, presidente de la Confederación de Comercio de Catalunya y del Consejo de Gremios de Comercio y Servicios de Barcelona, defiende en estas breves notas la necesidad de que los propios comerciantes incrementen la inversión en medidas de seguridad de los establecimientos. Porque la seguridad es, también, tarea de cada comerciante.

La sociedad actual ha adquirido una dinámica de progreso que ha supuesto avances cualitativos y cuantitativos, que en muchas ocasiones desbordan las previsiones de los más optimistas, pero esto, que es positivo para el desarrollo de los distintos sectores o colectivos sociales, comporta igualmente aceptar los inconvenientes que dicho progreso conlleva y que son inherentes a los tiempos actuales.

Entre los aspectos negativos que tiene la sociedad de 1990, hay que tener en cuenta la existencia de una innegable inseguridad ciudadana, que, aunque no llega al alto nivel registrado durante el año 1988, sigue siendo uno de los puntos que más preocupan a las autoridades y a los ciudadanos. Se trata de un problema que afecta a todos por igual pero que tiene más trascendencia en determinados sectores como es el caso del comercio.

El colectivo que integra este mundo se ha visto obligado en numerosas ocasiones a realizar movilizaciones y protestas ante las autoridades para expresar un estado de ánimo que se corresponde con el grado de indefensión que sufre.

Desgraciadamente, y muy a nuestro pesar, hemos de destacar no sólo las numerosas bajas que ha sufrido el comercio, sino también la gran cantidad de denuncias, sin resultados en la mayoría de las ocasiones, de comerciantes que han sido atracados repetidamente por el mismo desaprensivo.

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Somos conscientes de que la solución a esta problemática es difícil, pero no imposible, y que tiene que ser el resultado de un trabajo del conjunto de la sociedad apoyando a las instituciones encargadas de la prevención y represión del delito. Por esta razón, el Consejo de Gremios de Comercio y Servicios de Barcelona, en estrecha colaboración con la Comisión Técnica de Seguridad Urbana, ha proporcionado a sus asociados y a los comerciantes en general unas normas para paliar los efectos de la inseguridad y para prevenirla en la medida que sea posible.

El papel de los comerciantes

Es importante que entidades como el Consejo de Gremios de Comercio y Servicios de Barcelona y la Confederación de Comercio de Cataluña ayuden a las instituciones públicas encargadas de velar por la seguridad general, aportando su experiencia y voluntad.

Aunque en el sector del comercio existe una concienciación de este problema, hay que decir que en muchas ocasiones el exceso de confianza o la inadecuada preparación del establecimiento facilitan con relativa frecuencia que se cometan delitos. Por eso, hay que conseguir que todos los ciudadanos velen por su propia seguridad.

Actualmente el proceso de modernización de los establecimientos, apoyado por la

Confederación de Comercio de Cataluña y por el Consejo de Gremios de Comercio y Servicios de Barcelona, contempla, a pesar del punto de vista negativo de los propios comerciantes, el incremento de la inversión en medidas de seguridad para dificultar al máximo el trabajo de los delincuentes, tanto en las horas de servicio al público como cuando el establecimiento se mantiene cerrado, evitando en lo posible la sensación de búnker.

Este incremento de las medidas de seguridad supone para el comerciante un considerable aumento del coste previsto en el negocio, muy superior al que conlleva la propia actividad comercial. Las extremas medidas de seguridad a las que hay que recurrir —puertas y cristales blindados, alarmas o vigilancia— son requisitos que actualmente exigen todas las entidades aseguradoras y que elevan el presupuesto de los comerciantes.

Una ciudad segura se hace mediante el compromiso de los que vivimos en ella, pero especialmente de aquellos que tienen la responsabilidad de estar al frente de determinados colectivos, y que influyen para conseguir una mejor convivencia. Debemos ser nosotros mismos quienes denunciemos todo aquello que deteriore la convivencia, contribuyendo con nuestra experiencia a desarrollar proyectos que permitan a la sociedad alcanzar un nivel de vida aceptable dentro del actual estado de cosas. No corresponsabilizarnos del tema de la inseguridad ciudadana sería un grave error.

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Algo más sobre Baró de Viver

Esperança Esteve

Esperança Esteve, responsable del núcleo intersectorial de la Franja del Besós, del Ayuntamiento de Barcelona, y el equipo de trabajadores sociales del Baró de Viver responden en este artículo al trabajo del periodista Eugenio Madueño sobre el barrio, publicado en el número anterior de PREVENCIÓ. Los autores del trabajo recuerdan la pesada herencia que la población del barrio ha recibido y trazan las líneas de intervención en la zona iniciadas por los responsables del distrito de Sant Andreu.

En el anterior número de PREVENCIÓ, el periodista Eugenio Madueño, bajo el título «El Baró de Viver, un barrio ocupado», apuntaba algunos pasajes de la vida en esta barriada. La deducción final, corroborada por la sinopsis del artículo, pintaba unos resultados de abandono y dependencia a clanes y grupos fuera de la ley.

Bajo el epígrafe de miedo y complicidad, el autor apuntaba unas pinceladas que, sin pretender desmentirlas totalmente, no creemos se ajusten al cuadro general que hoy presenta el barrio. Por otro lado, el singular esfuerzo de la Administración y el respeto debido al serio trabajo de los agentes sociales, al que este artículo permite aproximarnos, nos obligan a unas consideraciones generales que quisiéramos exponer.

Baró de Viver es uno de los barrios que forman parte del distrito de Sant Andreu. Este núcleo poblacional es, en la mayoría de las ocasiones, más conocido por los habitantes de la ciudad vecina de Santa Coloma de Gramenet, con la que le unen dos importantes vías de comunicación: la carretera de Santa Coloma y el metro. El barrio está delimitado por el río Besós, el extenso polígono industrial del Bon Pastor, la carretera de Santa Coloma y los Talleres de Renfe. Al ciudadano de Barcelona le resultaría difícil señalarlo con exactitud en el plano, pues su entramado callejero queda recortado por la tradicional cuadratura de las plegables guías urbanas.

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La herencia del pasado

Para el conocimiento histórico de Baró de Viver, baste remitirse a la lectura del volumen sexto de «Tots els barris de Barcelona», de Jaume Fabre y Josep María Huertas Clavería, publicado por Edicions 62. Aquí interesa remarcar el origen humilde de sus habitantes, el aislamiento físico, social y cultural al que han estado sometidos durante décadas, y consecuentemente su limitada regeneración endógena, y observar su urbanismo, resultado de los diversos aluviones migratorios que han configurado el barrio. Actualmente, residen en Baró de Viver unas 2.500 personas, la mayoría todavía en viviendas de apenas 50 metros cuadrados. Según el censo municipal de 1986, la mitad de la población es menor de 30 años, ha nacido en Barcelona y entiende el catalán. Cerca de 300 personas no saben leer ni escribir, y casi el 30 por ciento de la población en situación laboral está oficialmente en paro.

Un lastre que pesa sobre el barrio, acarreando consecuencias graves, es el estigma o etiqueta de barrio delictivo y marginal, no sólo por la impregnación y asunción de tales calificativos entre la población, sino también por llegar a convertirse en referencia para diversos colectivos de delincuencia organizada (droga, robo, etc.).

Es obvio que el aislamiento del barrio, la procedencia de sus habitantes (existe una importante comunidad gitana) y el abandono de la Administración durante años ha dado como resultado una peculiar organización del tejido social, en la que en muchas etapas se ha sustituido la reivindicación por la pasividad y la solidaridad por la complicidad.

Ciertamente, el barrio carece de instalaciones deportivas adecuadas, no hay continuidad en la enseñanza obligatoria, no existen comercios, bancos, centros de atención sanitaria ambulatoria o médica, con lo que su dependencia del exterior es casi absoluta.

El peso de la etiqueta

Y sin embargo, el barrio está vivo y avanza. Es probable que la percepción que el visitante ocasional pueda llevarse sea la descrita anteriormente. Pero para los profesionales que día a día trabajan con esta comunidad el análisis es bien distinto. Baró de Viver, como muchos barrios de Barcelona, ha terminado asumiendo, como denominación de origen, la etiqueta que algunos expertos le asignan, en cuanto a prever comportamientos y actitudes colectivas propios de una zona marginal, y en ocasiones ha acabado actuando de acuerdo con lo que se espera de él. Romper este estigma ha sido uno de los objetivos que el colectivo de trabajadores sociales se había propuesto, presentando una cara distinta del barrio y estimulando lenta pero claramente los procesos de participación y organización de su estructura social.

En este sentido, es necesario señalar los importantes cambios producidos en los últimos años, relativos a la emergencia de diferentes grupos que han resultado ser importantes interlocutores sociales, generadores de una dinámica vecinal altamente interesante, en un proceso de mirar hacia afuera y estableciendo relaciones explícitas de solidaridad y corresponsabilidad. Nos referimos a la Asociación de Vecinos y Comisión de Fiestas, así como a grupos de mujeres, consejo del centro cívico, comisión de infancia, grupos de jóvenes, el cada vez más numeroso grupo de ancianos incorporados, etc., que, junto con la pequeña pero viva red de entidades en torno a temas deportivos, están configurando un barrio con unos niveles de participación y concienciación que es seguro superan en porcentaje a otras zonas de más tradición.

Esto nos lleva a formular la hipótesis —que deberá ser confirmada o rechazada— de que en la medida que el tejido social sea más fuerte y se den más posibilidades a sus habitantes, el sector más marginal de carácter delictivo se encontrará cada vez más aislado y con más dificultades de operar al no tener una red social en que apoyarse.

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La acción sobre el barrio

Para ello es necesario continuar con las líneas de intervención iniciadas por los responsables del distrito de Sant Andreu. Estas líneas son nueve. Primera: proseguir con la reforma urbanística del barrio y finalizar el traslado de los vecinos que todavía viven en casas y bloques antiguos en pésimas condiciones; ordenación de espacios que faciliten la comunicación y las relaciones cotidianas y que permitan articular pautas conductuales distintas; mejorar la red de servicios.

Segunda: continuar con la labor iniciada en el proyecto de infancia, que abarca aspectos tan importantes como el tiempo libre, la orientación y formación de los padres, la coordinación con las escuelas para evitar aspectos como el absentismo (que se da en reducido número), la conexión del niño o niña con otras realidades, así como la intervención en distintas situaciones de riesgo (atención individualizada a las familias cuando esto se requiera).

Tercera: potenciar aún más el recurso materno-infantil, con carácter preventivo, que ayude a evitar situaciones de riesgo futuras. Hoy se está trabajando con un grupo de madres del barrio a través del proyecto Recreo Ba-vi, de atención a niños de 2 a 4 meses y en el que es necesario profundizar todavía más.

Cuarta: reforzar el proyecto Ba-vi Trànsit (adolescentes), que realiza un trabajo grupal y personalizado con el adolescente, intervención en familias, orientación escolar, colonias, actividades, etc.

Quinta: proseguir con el trabajo iniciado con los ancianos, para estimular su máxima participación y ofrecer recursos que mejoren sus condiciones de vida. En este momento se están realizando excursiones, manualidades, colonias de verano, participación en la Comisión de Fiestas, grupos de encuentro, gimnasia, además de servicio de ayuda domiciliaria y ayuda individual en aquellos casos en que es

necesario. Cuando estas páginas hayan salido a la luz estará ya inaugurado el nuevo Casal d’Avis, una iniciativa del Distrito que permitirá mejorar la calidad de la oferta.

Sexta: proyecto sociocultural (centro cívico). Es de destacar la alta participación que se registra en todas las actividades y propuestas que el consejo del centro cívico está impulsando. Cabe resaltar la insuficiencia y baja calidad del equipamiento actual (antiguo centro social adecuado posteriormente como centro cívico), que se encuentra saturado y sin posibilidad de ampliar las actividades.

Séptima: proyecto de prevención y abordaje de las drogodependencias, para trabajar en los hábitos de salud haciendo una detección precoz, introduciendo factores de prevención en el resto de proyectos, así como asegurando la atención directa a afectados y familiares.

Octava: Aula d’adults, heredera del proyecto Entrelíneas, que tanto dinamizó en su día la comunidad.

Y novena: proyecto de dinamización de jóvenes. A pesar de los esfuerzos que se están realizando, este proyecto encuentra escollos en la falta de equipamientos. Pretende dar una alternativa global a la población juvenil que le sirva para su formación e inserción laboral y evite así el recurso a la salida más fácil y rápida de ganar dinero.

Finalmente, señalar que las acciones desarrolladas permiten plantear un plan integral que aglutine las diferentes acciones más todas aquellas de desarrollo económico y social que faciliten la superación de los problemas señalados.

El camino trazado en los últimos años hace prever todavía muchas más transformaciones, en las cuales están poniendo todo su empeño y profesionalidad los diez trabajadores sociales, que no cincuenta como cita Madueño en su artículo, que la zona tiene asignados.

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Participación ciudadana en política de seguridad

Joana Luna de Toledo

Santiago Marsal Griñó

Frente a la inseguridad, se apunta —y en algunos casos se consolida— la tendencia de los ciudadanos a dirigir sus demandas a los responsables de la Administración. Es un cambio de tendencia de lo que, no hace mucho, eran reacciones de autodefensa o de inhibición, demandas exclusivamente punitivas. La descentralización territorial y administrativa, el diseño de una política de prevención, la labor de los distritos y la articulación de un sistema de intervención ante los responsables municipales están en la base de este cambio.

A lo largo de los últimos años de gestión democrática del Ayuntamiento de Barcelona se viene consolidando, por parte de los ciudadanos, la tendencia tanto colectiva como individual, a dirigir sus demandas de seguridad directamente hacia la Administración local. Sin embargo, cabe reconocer que no toda la acción colectiva de los ciudadanos es canalizada por las instituciones públicas.

Este fenómeno político no es gratuito. Más bien es el resultado de algunos aspectos sobre los que queremos introducir alguna reflexión:

• La progresiva familiarización por parte de los ciudadanos (si bien no siempre explícita) de las posibilidades de desarrollo de las libertades democráticas a través del marco legal vigente.

• Los avances en el proceso de descentralización política territorial y administrativa en el contexto de los distritos municipales. Estos avances abarcan desde la conciencia de sus beneficios políticos hasta las redefiniciones presupuestarias.

• La administración tiende progresivamente a reconocer no sólo la delegación local como objetivo político sino también la necesidad de la activa participación ciudadana. Y, simultáneamente, los ciudadanos recurren a la administración que perciben como más cercana, en este caso, la municipal, concretada en los distritos.

• El diseño y la planificación de una amplia política de prevención y seguridad ha ido desplazando a una concepción puramente represiva de la seguridad ciudadana. En

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este sentido, el principal vehículo de intervención ha sido la creación de un órgano representativo: los consejos de prevención y seguridad de los distritos. Forman parte de ellos los órganos de dirección de los distritos, los presidentes de asociaciones de vecinos, de comerciantes y otras entidades cívicas, sindicatos, comisarías de Policía, Guardia Urbana y otras instituciones. Sus funciones básicas se resumen grosso modo en hacer propuestas y aprobar planes de actuación y memorias, ejercer la participación y la representación, fomentar la representación y conseguir un mayor grado de eficacia policial.

• La labor de estos consejos es reforzada por las Mesas de Coordinación Policial presididas por el regidor de cada distrito. Su función se ha concretado en la coordinación de los servicios policiales.

• Finalmente, cabe destacar la puesta en marcha en los distritos de secretarías técnicas de prevención y seguridad con personal especializado. Los técnicos que asumen estas secretarías configuran un servicio ejecutivo concreto que integra aspectos funcionales de todos los servicios de distrito. Su objetivo es movilizar los recursos y las facultades de la administración municipal para conseguir niveles aceptables de convivencia y seguridad ciudadana.

La consolidación de las nuevas actitudes sociales

El Informe Socias del año 1986 apuntaba la existencia de un cambio de actitudes en relación a la experiencia de inseguridad inducida por la percepción —no siempre realista— de la delincuencia. El informe enfatizaba cómo en un plano individual se tendían a adoptar posiciones de inhibición o bien una reacción de autodefensa. En un plano colectivo se destacaba la articulación de medidas particulares de protección, no siempre en el ámbito de la legalidad.

En realidad, el cambio sustancial en relación a la situación anterior a la década de los años ochenta se localizaba, según aquel estudio, en la dimensión política. En efecto, algunos sectores ciudadanos reclamaban una intervención decidida de los poderes públicos. En la mayoría de ocasiones tales demandas comportaban

una connotación represiva y exclusivamente punitiva. Desde entonces la demanda de intervención pública ha sido prioritariamente canalizada hacia la administración local, en concreto, hacia los distritos municipales.

En este sentido apuntan varios indicios. El primero es la petición, por parte de la asociación de comerciantes «Barna Centre>), del distrito de Ciutat Vella, de acabar con la presencia de prostitutas en la calle, en plena zona peatonal y comercial. En otra época hubiera supuesto una presión sobre la Policía Nacional en el sentido de hacer aplicar la llamada ley de vagos y maleantes —o la Ley de Peligrosidad Social—. O bien, la presión ciudadana recaía sobre el poder judicial con argumentos de proxenetismo, explotación de la prostitución, etc. En cambio, en los dos últimos años estas demandas se han orientado hacia el distrito municipal, con la conciencia de una responsabilidad democrática de la administración local. Por su parte, ésta ha articulado unas comisiones sectoriales donde participan todos los sectores implicados en la resolución del conflicto.

En el caso de Ciutat Vella se ha establecido, como fruto de estas reuniones, una política de cierre y control de las casas de prostitución. Así, a lo largo de este período se han cerrado 17 mueblés mientras que de forma simultánea se ha reconocido la posibilidad de instalar estos negocios siempre y cuando no ofrezcan contradicciones y conflictos en el uso de la vía pública, dispongan de condiciones técnico-sanitarias adecuadas (10 metros cuadrados de salón por habitación) y de controles de inspección de trabajo. También se viene desarrollando un plan de acción social para la prostitución, proyectando con un sentido realista y sin caer en el abuso asistencialista. Cabe aclarar que las demandas de los vecinos no son producidas por el ejercicio de la prostitución sino por el conjunto de factores delincuenciales asociados a su desarrollo en la calle (traficantes de drogas, proxenetas, timadores, carteristas, etc.

Un sentido caso es el cierre de los «Apartamentos Tamara» en el distrito de Sants-Montjuic. La presión de la asociación de vecinos de Poble Sec aceleró la movilización de los recursos municipales.

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De esta forma, el distrito asumió desde un primer momento la demanda del cierre de estos locales en los que había habido numerosas pruebas de tráfico de drogas. Al margen de que se trata de un proceso que hoy por hoy se está resolviendo judicialmente, lo cierto es que la administración municipal ha intentado conjugar las demandas vecinales con las facultades de disciplina urbanística de los distritos.

Un tercer caso es la demanda de los vecinos de la plaza Pastrana, en el barrio del Carmelo, del distrito de Horta-Guinardó. Una situación percibida como límite de tráfico y consumo de drogas, agravada por una serie de robos con intimidación en los comercios de la zona, originó una movilización vecinal que desde un primer momento se desarrolló organizadamente. Así, los vecinos y comerciantes se erigieron en asociación cuyo objetivo programático era acabar con esa situación. Para ello eligió como interlocutor principal a la administración municipal con la exigencia expresada de poder participar en los consejos de prevención y seguridad. En un primer momento su demanda era puramente represiva, no exenta de cierta intolerancia y actitudes primarias, que a lo largo de un trabajo continuado en el que han intervenido las diferentes divisiones del distrito, la Guardia Urbana y la Policía Nacional, se está positivando. Los vecinos saben que es tan importante una acción policial contundente como la ocupación del espacio que les pertenece, y actúan en este sentido.

Un último caso hace referencia no tanto a la inseguridad como a la demanda de calidad de vida. Se trata de la petición por parte de los vecinos del distrito de Sarrià-Sant Gervasi (un distrito que se está especializando como zona de recreo nocturno) de tranquilidad en relación a los ruidos nocturnos. En este sentido, el distrito y la Guardia Urbana han realizado una operación especial denominada Operación reposo para conseguir este fin.

Casos como éstos son frecuentes y susceptibles de desarrollos particulares en todos y cada uno de los diferentes distritos. Por otra parte, los estudios sobre la acción colectiva y los movimientos sociales urbanos destacan que, lejos de ser simplemente un resultado de la

marginación socioeconómica, la protesta ciudadana se articula en torno a la experiencia y a la conciencia de pertenecer a una comunidad. La cultura política de los ciudadanos y ciudadanas no es, por tanto, una reacción mecánica a las situaciones de crisis; más bien implica el desarrollo oscilante de formas de asociación y protesta.

La mayoría de los fenómenos conflictivos relatados anteriormente en el caso de Barcelona tenían un carácter endémico; las personas que canalizaron las demandas a la administración local convivían —en una frágil tolerancia— con tales situaciones. La experiencia de los últimos años muestra cómo llega un momento en que las situaciones toleradas tácitamente son revisadas en función de una conciencia renovada de la vida comunitaria, así como por efecto de situaciones políticas y económicas coyunturales. Ante tales desafíos, las comunidades de vecinos acostumbran a generar sus propios mecanismos de control social, pero éstos se diluyen cada vez más en la sociedad urbana y en la responsabilidad estatal. Existe, por tanto, un umbral en el cual la conciencia comunitaria de pertenencia a un territorio es sensible a la pérdida de lo que considera su propio espacio; la percepción de esta amenaza facilita el reclamo de la intervención pública. Esta compleja dinámica de la sociedad urbana contemporánea requiere nuevas e imaginativas vías de reflexión y trabajo en la planificación social.

Un sistema de intervención desde la Administración local

Hemos mencionado anteriormente la puesta en marcha de las secretarías técnicas de los consejos de prevención y seguridad de los distritos. Estas secretarias agilizan los recursos administrativos municipales en beneficio de la seguridad al mismo tiempo que promueven y apoyan planes preventivos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. En su labor cabe destacar que lo importante, en relación a la participación y la permeabilidad ciudadano-administración en cuestiones de seguridad ciudadana, es abrir canales de información recíproca y analizar los problemas realizando propuestas concretas para su resolución.

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Con diferentes grados de implantación en los distritos municipales se trata de garantizar a los ciudadanos los siguientes canales de expresión y de demanda:

• denuncias reglamentarias,

• carta o notificación al regidor, coordinador, etc.,

• comunicación telefónica (llamada al 092 o directamente a la secretaría),

• teléfono de denuncia anónima (caso del distrito de Ciutat Vella),

• entrevista personal,

• reuniones sectoriales, y

• reuniones con vecinos afectados por cuestiones concretas.

Todo ello con independencia de la división que recibe la demanda (servicios técnicos, servicios personales, etc.), que en definitiva acabará recayendo en las secretarías técnicas de prevención y seguridad.

Las temáticas más usuales de las demandas de los ciudadanos son:

• denuncia de tráfico y consumo de drogas en la vía pública (escándalo, presencia de jóvenes en riesgo, proximidad de centros escolares, aparición de jeringas en lugares concretos);

• denuncias sobre la salubridad de los locales (bares, pensiones, pisos, locales, terrazas, comunales, etc.);

• denuncias de alojamiento de supuestos delincuentes (pensiones y pisos insalubres);

• denuncia sobre presencia de tironeros, carteristas, timadores, etc. en lugares concurridos;

• denuncia de vehículos abandonados con drogadictos que se pinchan;

• denuncia de robos de vehículos;

• denuncia de gamberrismo y vandalismo (destrozos, ruidos, disturbios);

• locales donde se trafica con objetos robados;

• denuncias que alteran la tranquilidad (mueblés, horarios nocturnos, etc.);

• ocupaciones ilegales de pisos desocupados o casas vacías por afectaciones urbanísticas, solares, etc.;

• menores no escolarizados, absentistas o abandonados;

• presencia de prostitución en la vía pública;

• inseguridad en los comercios, e

• inseguridad en general en zonas concretas.

El sistema de respuesta de la administración local pasa por una actuación interdisciplinar que se concreta en mecanismos como:

• • requerimiento de subsanación de anomalías técnico-sanitarias: multas:

• expedientes sancionadores:

• expediente de cierre de locales;

• patrullaje, vigilancia e intervención de la Policía y la Guardia Urbana, supervisados desde la mesa de coordinación policial:

• comunicaciones y entrevistas de advertencia a los propietarios de pisos en situación de ruina;

• despacho semanal de la dirección del distrito i la Guardia Urbana:

• tapiado de edificaciones abandonadas o vacías;

• retirada de vehículos abandonados que sirven de cobertura:

• puesta en funcionamiento de planes sociales (plan de acción contra las drogodependencias, proyecto de absentismo escolar, información contra el SIDA, prostitución, etc.) y

• tramitación de información a las comisarías de Policía y control de actuaciones en la mesa de coordinación policial.

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Todo esto conforma un sistema interrelacionado que en buena lógica ha de acabar (para volver a comenzar) con la información a los vecinos de las acciones realizadas y de sus resultados. Podríamos

resumirlo en la siguiente propuesta de esquema:

Una de las características del sistema es la no coincidencia en la práctica del número de entradas (canales) con el número de salidas (actuaciones). Asimismo no coinciden el número de demandas y reivindicaciones con el número de denuncias expresamente formuladas por cualquier canal. El número de actuaciones es superior al de resultados.

La relación que se establece entre las reivindicaciones y las demandas explicitadas nos dará un índice de fiabilidad de los canales que hemos establecido y de su adecuación. La razón establecida entre las denuncias realizadas y las actuaciones acordadas nos dará un índice de eficiencia del sistema administrativo. La relación entre las actuaciones y los resultados

concretos de las mismas nos aportará el índice más importante.

La retroafirmación o comunicación dialéctica entre los ciudadanos y la administración de las actuaciones y particularmente de los resultados es el componente esencial para la mejora de la fiabilidad de todo el sistema. En definitiva, se trata de una propuesta de un sistema realista, que confirma la importancia de la seguridad como premisa básica en la calidad de vida de los ciudadanos y que, por tanto, la administración local asume tratando de hacer lo más rentables posible sus recursos y competencias.

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Francesc Martí Jusmet

Tras repasar el concepto de seguridad, los problemas específicos que, en este campo, presentan las grandes ciudades y definir el marco legal y real de la lucha contra la delincuencia, Francesc Martí Jusmet, delegado del Gobierno en Catalunya, defiende en este artículo —texto de una ponencia presentada en un seminario sobre la seguridad en las grandes ciudades celebrado a principios de este año— una política basada en el establecimiento de órganos de planificación a escala metropolitana: los consejos de seguridad urbana.

El concepto de seguridad ciudadana es multidisciplinar y complejo: se halla ligado a la satisfacción del ejercicio de los derechos y libertades consagrados por la Constitución: derecho a la vida, a la libertad personal, a la protección de la salud, a la propiedad, a la inviolabilidad del domicilio y libre residencia, etc.

En este sentido, la seguridad ciudadana ha venido a sustituir y trascender la vieja noción de orden público —de exclusivas connotaciones represivas y de autoritarias resonancias—, anclada en el ámbito de la juridicidad penal, para instalarse en el campo amplio y abierto de las ciencias sociales y de la política de bienestar social. De ahí su carácter pluridisciplinar.

Ello no obstante, su indiscutida relación conceptual y avecinamiento político con el bienestar social no debe llevarnos a diluir los contenidos específicos de la seguridad ciudadana en consideraciones omnicomprensivas acerca del bienestar pues, a nuestro entender, el núcleo de hierro de la seguridad sigue siendo la delincuencia y la quiebra, real o sentida, de la convivencia.

Por otra parte, su complejidad viene dada por su componente de subjetividad: tal y como es percibida o sentida por el sujeto individual o colectivo, es claramente verificable que la seguridad o su carencia, más allá de una realidad mensurable estadísticamente, es una sensación

La seguridad ciudadana en las grandes ciudades

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ideológica, una percepción subjetiva que no se corresponde necesariamente con las cifras.

Podemos, pues, a partir de las anteriores consideraciones, perfilar un concepto de seguridad ciudadana. Su obligado punto de partida es la satisfacción del ejercicio de las libertades públicas demandada por la ciudadanía, que a su vez conlleva el reconocimiento del derecho, que a todo ciudadano alcanza, de exigir y obtener de los poderes públicos las garantías de una pacífica convivencia.

En este sentido, seguridad ciudadana es la garantía del ejercicio de las libertades públicas mediante una actuación política coordinada y específica de prevención, disuasión, coerción, solidaridad y rehabilitación, cuyo objeto es la reducción de la delincuencia y del sentimiento de seguridad que genera.

Las grandes ciudades

Gran número de los hechos delictivos y los fenómenos de marginalidad, nueva pobreza e insolidaridad tienen su finca en los grandes núcleos urbanos. Paralelamente, la población urbana coloca en el primer lugar de sus exigencias la demanda de seguridad, en su más amplio concepto, desde la seguridad ciudadana strictu sensu —seguridad en las vías y locales públicos y domicilios— hasta la seguridad ante situaciones catastróficas o de infortunio.

Las encuestas y sondeos de opinión muestran que la demanda de seguridad ciudadana ocupa el primer lugar, por delante incluso de la calidad de vida. Y no son precisamente delitos mayores los que promueven aquella demanda, sino la pequeña delincuencia urbana.

Y entramos con esto en uno de los grandes postulados de la seguridad ciudadana, el que se refiere al sentimiento de inseguridad como factor determinante del deterioro del clima social.

En este sentido podríamos decir que resulta paradójico, y no por ello menos cierto, que el tráfico circulatorio, que genera de forma reiterada auténticos partes de guerra perfectamente previstos y

anunciados de muertos y heridos, no crea sentimiento de inseguridad y, sin embargo, constituye un factor objetivo de inseguridad mucho mayor que la pequeña delincuencia. Efectivamente, la posibilidad de resultar muerto o herido a manos de la delincuencia es remotísima respecto a la posibilidad —no tan remota— de no retornar de vacaciones por mor de un accidente de circulación, previsible además estadísticamente con ligeros márgenes de error.

Y, sin embargo, la alarma frente a esta inseguridad cierta y objetiva no se produce entre la ciudadanía en términos de que sea de menester un combate. Es más, individuos y grupos sociales son escasamente receptivos a los consejos que al respecto dan las autoridades del ramo y a las medidas paliativas o disuasorias que puedan adoptar. En este sentido, es claramente verificable que la inseguridad, más allá de la realidad, es una sensación ideológica, una percepción subjetiva, individual o colectiva.

Marco legal y marco real

Es apreciación comúnmente admitida que nuestra vigente normativa básica reguladora del régimen local introdujo una doble tendencia, limitadora del minifundismo municipal y alentadora al mismo tiempo de la fusión de municipios, que responde a muy elogiables criterios de modernidad y buen sentido. No puede decirse lo mismo de las previsiones contenidas en la Ley 7/85, de 2 de abril, al contemplar la realidad de las grandes ciudades y conurbaciones, que desbordan de lleno las posibilidades operativas del municipio tradicional. En este punto la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) aborda el tema restrictivamente, manteniendo vigente, con modificaciones mínimas, la normativa anterior en todo lo que no contradiga las previsiones la misma LBRL.

«La seguridad en lugares públicos» encabeza el listado de competencias mínimas municipales contenido en el artículo 25.2 de la LBRL, a la que le siguen la ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas, la protección civil, del medio ambiente y de la salubridad pública, la prestación de servicios sociales, de promoción y reinserción social y la

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vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria; todas ellas integradoras de una política global de seguridad a escala municipal.

La competencia exclusiva del Estado en materia de seguridad pública (artículo 149.29 de la Constitución) y la competencia de las comunidades autónomas que estatutariamente puedan disponer de policías propias, condicionan por una parte y completan por otra la competencia municipal en materia de seguridad.

Así, es de referencia obligatoria la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la cual determina que las corporaciones locales participarán en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos establecidos en la LBRL y en el marco de la misma ley de cuerpos y fuerzas, y reconoce a los cuerpos de Policía Municipal, en igualdad con la Policía Autonómica, la condición de colaboradores de las Fuerzas de Seguridad del Estado en las funciones de policía judicial, definiéndolos como institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizadas y con funciones, entre otras, de prevención y actuaciones tendentes a la evitación de delitos en el marco de colaboración establecido en la Junta de Seguridad.

La ley de fuerzas y cuerpos constituye un válido armazón definitorio de la competencia sectorial de los municipios en materia de seguridad. Sin embargo, es claramente insuficiente un tratamiento específico de los grandes núcleos y conurbaciones urbanas donde confluyen, además de las policías locales de cada municipio conurbado, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y —allí donde se ha creado— la Policía Autonómica.

La ciudadanía mira con desconfianza y aun con cierta irritación este mosaico policial, intuyendo que los problemas de coordinación entre cuerpos van en detrimento de la seguridad.

Planificación metropolitana

Una política de seguridad para las grandes conurbaciones urbanas exige, como medida ineludible, establecer un órgano de planificación de la seguridad a escala

metropolitana, en el que participen los ayuntamientos con un protagonismo a la altura de sus responsabilidades, y desde el que se imbuya a las distintas policías que actúan en el territorio una cultura que comprenda y aprenda la compleja realidad de la conurbación —con el respeto a la diversidad de los municipios que la integran—, como un espacio continuo de colaboración y coordinación logística y operativa que conjure las deficiencias en el intercambio de información, las actuaciones descoordinadas, la insuficiencia técnica y la infrautilización de recursos.

Este es el objeto que justifica y reclama un modelo policial metropolitano cuyos perfiles han sido adelantados por la logística, la operatividad, la coordinación, los medios técnicos y los recursos antes mencionados. Sus tareas preventivas, disuasorias y coercitivas en defensa de la salud pública, de la vida y la integridad física, de la libertad individual, de la inviolabilidad del domicilio, de la propiedad, etc., nos acaban de dar la imagen de unas policías cualificadas y especializadas, lejos de un modelo de policía de barrio, tan idílico como desfasado por la experiencia real. En ese sentido, el tratamiento específico por temas está dando mayores índices de eficacia real y psicológica.

Es necesario poner en marcha, en el campo de la seguridad pública, mecanismos organizativos para los planeamientos temáticos multidisciplinares, con desarrollo y ejecución a escala estatal, autonómica, metropolitana y municipal. Este entramado aseguraría criterios de globalidad y racionalización en la aplicación de las distintas políticas de seguridad, que se desarrollarían coordinadamente en los distintos ámbitos territoriales y competenciales.

Para que la coordinación interinstitucional no quede en mera invocación ritual y retórica, la realización de las iniciativas de acciones de prevención a llevar a cabo en los planos autonómico y local debería concertarse mediante convenios o contratos-programa, suscribibles por el Estado y las comunidades autónomas y entes locales.

La concreción territorial de estos organismos, por lo que respecta a las grandes ciudades, podrían ser los consejos

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de seguridad urbana que, presididos por los alcaldes, integrarían a representantes de las administraciones estatal y autonómica, de la Magistratura y la Fiscalía y de entidades profesionales y vecinales. Los contenidos de la política a diseñar por este modelo organizativo —ensayado por el Ayuntamiento de Barcelona desde 1984, y con acreditada andadura en Francia—, serían de signo fundamentalmente preventivo, entendiendo la prevención en su acepción más globalizadora, como estrategia que contempla y comprende todas las actuaciones dirigidas a evitar conductas delictivas y a disminuir el sentimiento de seguridad. La prevención así entendida es una estrategia pluridisciplinar. Para alcanzar su objetivo deberá integrar aspectos educativos,

culturales, asistenciales, urbanísticos, etc., incluyendo, al mismo tiempo:

• Actuaciones rehabilitadoras dirigidas tanto a los delincuentes, para disminuir la delincuencia, como a las víctimas, para atenuar entre la población la sensación de des protección. .

• Intervenciones disuasorias.

• Actuaciones coercitivas, que no sólo no se oponen a las medidas a emprender en las áreas de bienestar social y a las actuaciones de rehabilitación antes mencionadas, sino que constituyen un punto de apoyo imprescindible porque no se puede hablar de prevención en un marco de impunidad.