Cuando el dinero compra la democracia10 abr 2014Gerardo Pisarello

La degradacin del principio democrtico en los Estados Unidos no es ningn secreto. Puertas giratorias, corrupcin rampante, captura frecuente del potencial regulador por parte de quienes deberan ser regulados. Expresiones todas de la penetracin desmedida del dinero en la vida poltica. El fenmeno, desde luego, no se circunscribe a la tierra del multimillonario Warren Buffet. Pero tiene en ella un laboratorio de excepcin. La semana pasada, precisamente, el Tribunal Supremo de ese pas decidi abrir una va ms al dominio del 1% sobre el 99% restante. Y lo ha hecho en un mbito clave: la financiacin privada de los partidos.

La introduccin de restricciones a las donaciones privadas a los partidos fue una respuesta al escndalo de Watergate, en los aos 70 del siglo pasado. Las leyes que las hicieron posibles dieron al principio democrtico un respiro. Pero dur poco. Primero vino la desregulacin financiera, que barri de un golpe la Ley Glass Steagall, aprobada en tiempos de F. D. Roosevelt. Luego le lleg el turno a la financiacin de los partidos. En 2010, el Tribunal Supremo dio un paso decisivo para favorecer la influencia de los grandes poderes econmicos en la vida poltica. En el caso Citizens United contra la Comisin Electoral Federal, decidi anular los lmites mximos que las empresas podan aportar en las elecciones federales. Su argumento principal fue que las contribuciones empresariales estaban protegidas por la Primera Enmienda, que consagra el derecho a la libertad de expresin. Al dar dinero a los partidos, las empresas hablaban, emitan una opinin independiente. Y esa opinin deba tutelarse. Esta atribucin de derechos humanos a las grandes empresas permiti, en su momento, que las Agencias de Calificacin de Deuda pudieran sortear sanciones y responsabilidades penales. Y fue el que hizo que la eleccin de 2012 se convirtiera en la ms cara de la historia de los Estados Unidos.

Hace una semana, el Tribunal ha decidido ahondar en esta lnea. Anul, por 5 votos contra 4, las limitaciones al monto total que un individuo puede donar a candidatos y partidos. El fallo fue redactado por el presidente del Tribunal, John Roberts, nominado en 2005 por George W. Bush. El peticionario del caso era el empresario Shaun McCutcheon, tradicional donante del Partido Republicano. En su argumentacin, el juez Roberts niega que estas donaciones puedan, por s mismas, ser fuente de corrupcin. Segn Roberts, el nico tipo de corrupcin sobre la que el Congreso podra legislar sera aquella en la que hubiera una contrapartida directa. Sin la evidencia de ese quid pro quo, las restricciones a las contribuciones privadas seran una amenaza a la libertad de expresin y al derecho de las personas a participar en el debate pblico.

Con el nuevo fallo, continuarn existiendo lmites a las donaciones que un particular pueda realizar a un candidato concreto. Sin embargo, desaparecern los topes al monto total que pueda aportar a candidatos federales, partidos y comits electorales en un mismo ciclo electoral. Al conocerse la sentencia, se produjeron manifestaciones de protesta en diferentes ciudades. Para el propio New York Times, la decisin forma parte de una cruzada dirigida a desmantelar las barreras al poder distorsionador del dinero en la poltica estadounidense y a permitir que los intereses de los norteamericanos ms ricos tendrn mayor consideracin que los legisladores. Robert Weissman, presidente de la organizacin de derechos humanos Public Citizen, tambin denunci el pronunciamiento como un fallo a favor de la plutocracia y sostuvo que la Primera Enmienda nunca pretendi otorgar un megfono gigantesco a los ms ricos para que griten en nuestros odos. Igual de contundente fue Robert Reich, secretario del Trabajo con Bill Clinton y analista socioeconmico. Segn Reich, protagonista de un excelente e inquietante documental titulado Inequality for all (Desigualdad para todos), el fallo permitir a los ms ricos comprar votos para pagar menos impuestos, recibir rescates y subvenciones pblicas y realizar sus negocios con menos regulaciones. Eso permitir que se vuelvan ms ricos y que puedan comprar ms votos todava.

Las palabras del ex secretario del Trabajo son todo menos exageradas. Con el fallo del caso McCutcheon en la mano, se calcula que un individuo podr donar casi 6 millones de dlares a partidos, comits de campaas y candidatos por ciclo electoral. Uno de los magistrados disidentes ha sido menos optimista y ha sostenido que el nico lmite que se deja en pie es el infinito. Todo ello en un contexto en el que el 1% ms rico se ha hecho, desde 2009, con el 35% de los bienes privados y con el 95% de las ganancias producidas.

En las tierras de Brcenas y Millet, de Grtel y Pretoria, en las que el Tribunal de Cuentas es con frecuencia ciego y mudo y en las que el nudo entre partidos y poder inmobiliario financiero es apretado, nada de esto debera mover a escndalo. Sin embargo, marca una tendencia inquietante. Segn una reciente encuesta de Gallup, ocho de cada diez norteamericanos estn a favor de que se introduzcan limitaciones a los gastos de campaa y a las donaciones entre los partidos. Pero da igual. La plutocracia es eso: la compra y destruccin de la democracia a manos de la minora adinerada. Como dice Reich: La corrupcin alimenta a la corrupcin.