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CUENTA CORRIENTE BANCARIA: ALGUNOS ASPECTOS SUSTANCIALES Y PROCESALES
Por Silvina Cairo y Juan Manuel Hitters
SUMARIO: I.- INTRODUCCIÓN; II.- INSTRUMENTACIÓN DEL CONTRATO, A.- Generalidades, B.- Domicilio, C.- Titularidad y facultad para operar las cuentas, D.- Responsabilidad; III.- PROVISIÓN DE FONDOS, DÉBITOS Y GIROS EN DESCUBIERTO, A.- Los fondos a debitarse. Giros en descubierto, B.- Débitos generados por tarjetas de crédito, C.- Cuenta corriente e hipoteca abierta; IV.- VICISITUDES DEL RESUMEN DE CUENTA Y SU CIERRE, A.- Generalidades, B.- Obligación de rendir cuentas, C.- Cierre, D.- Acción judicial contra el rechazo de cheques, E.- Reapertura; V.- EL SALDO DEUDOR Y SU EJECUCIÓN, A- Validez del saldo deudor como título ejecutivo, B.- Intereses aplicables, C.- El cierre de la cuenta y el cómputo de los intereses, D.- Prescripción; E.- El descubierto y el bien de familia; VI.- REVISIÓN DEL SALDO DEUDOR, A.- Revisión de cuenta sin ejecución del saldo, B.- Imposibilidad de revisar el saldo deudor en el juicio ejecutivo; VII.- CONCLUSIONES.-
I.- INTRODUCCIÓN.
Nuestro objetivo radica en efectuar un somero estudio de la cuenta corriente
bancaria relacionando algunos de sus aspectos de fondo y forma.
Sabido es que múltiples son las relaciones entre el banco y el cliente que
pueden quedar subsumidas en este contrato de ejecución continuada o sucesiva
que, considerando su importancia en materia económica, tiene ciertas aristas
jurídicas que -entendemos- deben ser tratadas desde ambas perspectivas.
La instrumentación del contrato, sus condiciones, intereses, capitalización de
éstos, comisiones, débitos, el análisis del saldo deudor de la cuenta corriente
bancaria -entre otros elementos-, sumado a la legislación, doctrina y jurisprudencia
reinante en la materia son los tópicos que nos proponemos abordar en el presente
trabajo.
En ese orden de ideas, lejos de agotar la temática, pretendemos ilustrar
algunos puntos destacando aquellas cuestiones controvertidas que resultan
relevantes en una contienda judicial y que, seguramente, provocarán alguna que
otra inquietud en nuestro estimado lector.
II.- INSTRUMENTACIÓN DEL CONTRATO.
A.- Generalidades. La cuenta corriente bancaria es un convenio bilateral en
donde las partes son el cliente y el banco. Dable es destacar en este punto que las
únicas entidades autorizadas a recibir depósitos a la vista1 con apertura de crédito y
posibilidad de girar sin provisión de fondos son los bancos comerciales (art. 21 ley
21.526).
Antes del dictado de la ley 25.413, el Banco Central de la República
Argentina (en adelante, BCRA) era quien poseía la facultad de establecer las
normas reglamentarias de apertura y las causales de cierre de las cuentas
corrientes bancarias. Con la incorporación de dicha norma, que reformó la ley de
cheques (art. 66 inc. 1º de ley 24.452), cada banco tiene aquella potestad
autónomamente por lo que deben poseer un “Manual de Procedimientos”, dictado
sin más requisito que su comunicación al BCRA, que no ejerce un control real sobre
ellos.
Retomando el tema inicial, el contrato en estudio se instrumenta mediante
una “solicitud de apertura de cuenta corriente bancaria”,2 que se encuentra
regulado en el código de comercio y en varias disposiciones del BCRA, sin perjuicio
de la aplicación de las leyes de defensa al consumidor. Cabe igualmente consignar
que una cuenta corriente bancaria no puede ser abierta por decisión unilateral del
banco, sin que lo haya sido solicitado por su deudor, y con el único objeto de
disponer de un título ejecutivo en el supuesto de mora.3
Vinculado con este tópico, se ha dicho que la voluntad del contratante débil
se encuentra acotada frente a estipulaciones que le son impuestas y que no puede
discutir 4 toda vez que, comúnmente, no existe una etapa de negociación previa al
convenio. Éste, entre otras cosas, deberá cumplir con dos requisitos esenciales:
tener capacidad legal y contar con la solvencia moral y material que le permita al
banco suponer razonablemente que la cuenta será utilizada con absoluta
1 Los depósitos a la vista son aquellos que pueden ser retirados en cualquier momento por el titular, sin previo aviso.2 BASSO, Daniela Valeria, “Cuenta corriente bancaria”, en Contratos Bancarios y Financieros
(Roberto MUGUILLO, Director), Ediciones Fasta Biblioteca Universitaria, Buenos Aires año 1999, pág. 148. 3 NOVELLINO, Norberto José, Ejecuciones, Editorial Astrea, Buenos Aires, 4ª edición año 2003,
pág. 55. Ver también fallo de la Cám. Nac. Com, Sala A, del 13-12-65 publicado en ED 15-563. 4 Cám. Fed. Civ y Com, Sala II, 16-08-96, in re ‘Mademat’.
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corrección, característica esta última que se denomina calidad de cliente.5 Por su
parte, como veremos infra, es deber del banco, antes de proceder a la apertura de
una cuenta, asegurarse de la identidad del futuro titular a los efectos de no permitir
que su utilización se torne en una herramienta para defraudar a terceros.
B.- Domicilio. En la solicitud debe constar tanto el domicilio real del futuro
cliente, como la constitución de uno especial (art. 101 del CC).
La elección de uno convencional -que puede coincidir con el real- contribuye
a dar certeza y comunicación entre las partes. Este mantendrá sus efectos en tanto
no se haya constituido uno nuevo,6 debiendo el cliente obligarse a actualizar sus
datos cada vez que sea necesario puesto que es allí a donde se le enviarán los
resúmenes, notificaciones e intimaciones.
Se destaca que este domicilio se consignará exclusivamente a los efectos
contractuales pero no procesales,7 por lo que la eventual demanda por ejecución de
saldo deudor no podrá notificarse al domicilio convencional sino al real. Es que, la
calificación de domicilio como constituido sólo corresponde al ad litem que es fijado
a los efectos del proceso conforme el régimen que establece el art. 40 del Código
de forma.8
Asimismo, la referida solicitud se halla comprendida en la categoría de
instrumentos privados y estos producen los efectos previstos por el art. 1.026 del
Digesto Civil, por lo que el domicilio allí consignado no es útil para el
diligenciamiento del mandamiento de intimación de pago.9 Ello es así a diferencia
de la ejecución hipotecaria, en donde resulta válido aquél acto si se efectúa en el
constituido,10 salvo -claro está- que este sea defectuoso (edificio en ruinas, número
5 BERGIA, Marcelo Ramón, Cuenta corriente bancaria, Editorial Quórum, Bs. As., 1997, pág. 28.6 GIRALDI, Pedro Mario, Cuenta corriente bancaria y cheque, Editorial Astrea, Bs. As., 1973, pág.
82.7 Cám Nac. Com, Sala E, del 05-07-95.8 Cám. Civ. y Com. La Matanza, causa 348, Sent. del 14-04-03, ‘Telecentro c/ Pereyra’. 9 Cám. Civ. y Com. Quilmes, causa 3707, Sent. del 02-08-00, in re ‘Scifo c/Reggi s/ cobro
ejecutivo’.10 En relación a la ejecución con garantía pignoraticia, se remarcó que ese domicilio especial se
transforma en un centro de recepción de la notificación de actos procesales, o de actos o manifestaciones de la voluntad relativos al negocio o acto jurídico para el cual se eligió deliberadamente (Cám. Civ. y Com. San Isidro, Sala 1ª, causas 73969, RSD-904-99, Sent. del 30-03-99, ‘Spitaleri c/ Ortigueira s/ Ejecución Hipotecaria’; y 83118, RSD-904-99, Sent. del 16-11-99, Ondarts c/ Dabove s/ Ejecución Hipotecaria’).
3
inexistente, etc.), en cuyo caso habrá que notificar al real y, como última ratio, proceder a la
publicación de edictos (doctrina de los arts. 42 ap. 2º y 145 CPCC).
C.- Titularidad y facultad para operar las cuentas. Existe la posibilidad de
que la cuenta corriente sea abierta a nombre de una sola persona o de varias. A su
vez, la facultad para operar la cuenta11 puede corresponder a una persona (orden
individual) o a dos o más quienes la podrán ejercerla en forma conjunta, ya sea
todos o algunos de ellos (orden conjunta o colectiva, respectivamente), o
indistintamente cualquiera de ellos (orden indistinta o recíproca).12
El titular también puede otorgar un mandato a otra persona para que la opere
en su nombre, situación que generalmente ocurre en el caso de las personas
jurídicas.
D.- Responsabilidad. A continuación abordaremos diferentes tipos de
responsabilidad.
D.1) Responsabilidad del cuentacorrentista frente al banco. Partiendo
de la clasificación aludida supra, se dan algunos supuestos que adquieren
envergadura a la hora de evaluar la responsabilidad del cliente dependiendo que la
cuenta corriente se encuentre abierta:
1) A nombre y a la orden de una misma persona: su titular
puede disponer del crédito cuando lo desee y responde frente al banco en caso de
que exista saldo deudor.
2) A nombre de una persona y a la orden de otra: el sujeto a
cuyo nombre figura la cuenta es titular del crédito pudiendo disponer de éste por
medio del mandatario a quien dio la orden y respondiendo frente al banco en caso
de que exista saldo deudor.
3) A nombre de dos o más personas y a su orden conjunta:
frente al banco los titulares deben actuar conjuntamente y son responsables
solidariamente en caso de que exista saldo deudor.
11 Esta posibilidad comúnmente se denomina orden, y se vincula con el libramiento de cheques, autorizaciones para débitos, pagos, transferencias, conformar saldos, formular reclamos, pactar intereses, etc.12 BERGIA, Marcelo Ramón, ob. cit, pág. 53.
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4) A nombre de dos o más personas en forma indistinta: frente
al banco sus titulares pueden actuar en forma individual y responden solidariamente
en caso de que exista saldo deudor.
5) A nombre de dos o más personas y a la orden de otra u
otras: frente al banco, excepto que se haya convenido otra cosa, los titulares deben
actuar en forma conjunta. Responden solidariamente en caso de que exista saldo
deudor y pueden disponer del crédito por medio de la o las personas a quien/es se
le/s dio la orden y, de ser varias, actúan conjunta o indistintamente, según lo
convenido.
D.2) Responsabilidad del cuentacorrentista frente a terceros. Sin
perjuicio de lo expuesto precedentemente, peculiar situación ocurre en materia de
cheques, puesto que, dependiendo de las circunstancias del caso, variará la forma
en que el o los cuentacorrentistas responderán frente a terceros.
Así las cosas, los titulares de una cuenta bancaria abierta a la orden
recíproca o indistinta no serán deudores solidarios (frente a terceros) del pago del
cheque emitido sobre dicha cuenta por cualquiera de ellos (arts. 699 a 701 del CC).
En consecuencia, si se pretende su ejecución judicial, procederá la excepción de
inhabilidad de título interpuesta por el codemandado no firmante del cheque
ejecutado (art. 542 inc. 4 CPCBA, 544 inc. 4º CPCCN).13 Del mismo modo se
pronunció la doctrina procesal calificada.14
En tal hipótesis resultará exclusiva carga del demandante averiguar cuál de
los co-titulares ha sido el que suscribió el mentado documento y, para el supuesto
en que agote la vía extrajudicial sin éxito, tendrá que promover una medida
preliminar a los efectos de determinar con certeza la persona que va a ejecutar (art.
323 CPCCBA, art. 323 CPCCN).
Resulta imperioso aclarar en este punto que, más allá que el cobro judicial
de cheques se sustancia por juicio ejecutivo y, si bien las diligencias preliminares se
encuentran previstas en el ordenamiento adjetivo como posibilidad previa a un
proceso de conocimiento, dada la necesidad no puede haber obstáculos a la
13 Cám. Civ. y Com. 2ª, Sala 1ª, La Plata, causa B 80.605, RSD-175-95, Sent. del 10-08-95, autos: ‘Alberghini c/ Pellegrino s/ Ejecutivo’.14 MORELLO-SOSA-BERIZONCE, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de
Buenos Aires y de la Nación, Editorial Platense y Abeledo-Perrot, Tomo VI-B segunda edición, año 1996-, pág. 150.
5
interposición de éstas. De lo contrario, el accionante podrá burlar fácilmente el
escollo iniciando la medida en el marco de un juicio cognoscitivo para luego desistir
de aquél antes de la traba de la litis e iniciar el ejecutivo una vez concluida la etapa
del art. 323 del CPCC,15 o bien transformar la demanda en los términos del art. 331
del CPCC.
D.3) Responsabilidad del banco frente a terceros. Los bancos se ven
sometidos a innumerables juicios por daños y perjuicios promovidos por terceros a
raíz de negligencias cometidas al momento de abrir una cuenta corriente.
La doctrina judicial ha entendido que el incumplimiento de los recaudos
necesarios para comprobar la identidad y domicilio de la persona con la que
contrata le acarrea a la entidad financiera responsabilidad por culpa o negligencia
frente al tercero perjudicado16 (art. 1109 del CC). La diligencia que debe prestar un
banco en estas situaciones obviamente es mayor que la de un buen padre de
familia (art. 902 del CC), ya que las leyes especiales le exigen un alto grado de
contralor en sus actos.
Hace algún tiempo se sostenía -con certeza- que esta obligación tiene que
ser apreciada con mensura, puesto que está constreñido a informarse dentro de
ciertos límites lógicos, compatibles con el ejercicio de su comercio, pues no es una
investigación de tipo policial la que se pretende hacer.17 Actualmente, existen
diferentes medios de comprobar fácilmente la solvencia de las personas, entre los
que se incluyen además de los registros del BCRA, otros brindados por
particulares, a los que los bancos generalmente recurren.
A modo de ejemplo, la Cámara Nacional Civil, sala D, condenó a un banco a
abonar solidariamente con el cuentacorrentista el cincuenta por ciento de la
demanda, por haber incurrido en graves omisiones al momento de la apertura de la
cuenta. Se le reprochó aquí a la entidad el haber contribuido a generar el daño tras
haber omitido la indagación de titularidad de bienes del cliente.18 Este fallo fue
criticado por la doctrina por no haber precisado si la condena encontró su
fundamento en las omisiones del banco (situación atendible) o por haber
15 HITTERS, Juan Manuel, Las medidas preparatorias en el proceso civil, en Revista de Derecho Procesal, Editorial Rubinzal-Culzoni, Tomo 2004-II (Demanda y Reconvención), pág. 19.16 Cám. Nac. Com. Cap. Fed., Sala A, del 10-06-97, ‘Morea c/ Banco Mayo’.17 GIRALDI, Pedro Mario, ob. cit., págs. 80/81.18 Cám. Nac. Com., Sala C, fallo del 06-06-94, ‘Miroschnik c/ Banco Francés y ot. s/ ordinario’.
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prejuzgado erróneamente sobre la solvencia del cliente al abrirse la cuenta
(circunstancia cuestionable).19
Así también, en un reciente pronunciamiento se sancionó al ABN Amro Bank,
obligándolo a indemnizar al destinatario de dos cheques girados contra la entidad
que fueron rechazados por el cierre de la cuenta abierta en forma irregular puesto
que se entendió que la entidad no cumplió con el debido empeño y cuidado en las
averiguaciones sobre la identificación real y completa del cuentacorrentista o, al
menos, lo hizo defectuosamente.20
En otro caso bastante insólito, a una sociedad le habían sustraído varios
cheques de los cuales uno pudo ser cobrado por un individuo que abrió una cuenta
con un nombre falso, luego endosó dicho cartular a favor de ese cuentacorrentista
fantasma y lo depositó, para luego cobrarlo. Se entendió que la entidad crediticia
que facilitó la apertura de cuenta, obró imprudentemente como profesional en la
materia desatendiendo lo preceptuado por el art. 902 del CC.21
Cierto es que la responsabilidad civil extracontractual del banco frente al
tercero beneficiario de un cheque librado por el cuentacorrentista debe ser
aceptada sólo excepcionalmente, pues la relación que da motivo a dicho
libramiento es independiente de la cuenta corriente bancaria establecida entre el
librador y la entidad girada (conf. arts. 791 y cc del C. Com.). Más ello no es
obstáculo para que, acreditada la infracción a un deber jurídico por parte de la
empresa financiera, la existencia de un perjuicio para el tercero damnificado por el
libramiento del cheque y la relación causal entre ambos extremos, pueda
establecerse la su responsabilidad con arreglo a la prescripción de los artículos
1066, 1067, 1109 y concs. del CC, 22 puesto que quien comete un daño debe
repararlo.
D.4) Responsabilidad del banco frente al cliente. La entidad se
encuentra obligada a notificar al Banco Central el cierre de cuenta por
19 BONFANTI, Mario A., Resposabilidad del banco girado por libramiento de un cheque sin fondos, publicado en ED 162-165.20 Cám. Nac. Com., Sala D, fallo del 23-11-04, ‘Lesbegueris c/ ABN Amro Bank’ s/ Ver también
www.diariojudicial.comID_noticia_cabecera=24208 .21 ? Cám. Nac. Com., Sala C, fallo del 10-04, ‘Job Servicios Integrales para Empresas S.A. c/ Bank
Boston s/ ordinario’. Fuente: www.diariojudicial.comID_noticia_cabecera=24284 . 22 Cám. Civ. Com. 1ª, Mar del Plata, sala 2°, causa 99816 Sent. del 4-12-1997, en autos ‘Oddone
c/ Banco Crédito Argentino s/ Daños y Perjuicios’.
7
incumplimientos del cliente, debiendo actuar con diligencia toda vez que ello
provoca la inmediata inhabilitación de aquél para operar en todo el país.
Siguiendo estas aguas, la Cámara Civil de San Nicolás entendió que
corresponde indemnizar por daño moral a un comerciante a quien el banco le cerró
la cuenta corriente, sin anoticiarlo de la multa impuesta con motivo del rechazo de
un cheque visiblemente adulterado en el año de su fecha -que resultaba así
posterior al cierre voluntario solicitado del titular-. Ello derivó en su inhabilitación
comunicada al BCRA y le implicó el padecimiento de verse el primero sometido al
cuestionamiento de su imagen comercial frente a otras instituciones para con las
que contaba con solvencia y trayectoria intachables.23
Es conveniente puntualizar aquí que, en materia contractual, el resarcimiento
del daño moral debe ser interpretado con criterio restrictivo, no atendiendo a
reclamos que respondan a una susceptibilidad excesiva o que carezcan de
significativa trascendencia jurídica, quedando a cargo de quien invoca la
acreditación precisa del perjuicio que se alega haber sufrido.24
III.- PROVISIÓN DE FONDOS, DÉBITOS Y GIROS EN DESCUBIERTO.
A.- Los fondos a debitarse. Giros en descubierto. Entre algunas de las
obligaciones del cuentacorrentista, se encuentra la de mantener suficiente provisión
de fondos o en su caso, no librar cheques sin expresa autorización del banco para
girar en descubierto.
No obstante, resulta frecuente el contrato de crédito en la cuenta corriente
bancaria (giro en descubierto), el cual puede ser instrumentado simultáneamente a
su nacimiento o con posterioridad, determinándose el importe hasta el cual el
acreditado podrá girar y el banco deberá satisfacer, el plazo de su otorgamiento y el
23 Cám. Civ. y Com. San Nicolás, Sala 1ª, causa 2866, RSD-353-00, Sent. del 27-12-00, ‘Luchelli Ricardo c/ Banco Francés s/ Daños y Perjuicios’.24 En relación a esta temática, recientemente la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de
Mar del Plata rechazó una demanda por daños y perjuicios promovida por un particular que reclamaba daño moral a raíz de la inclusión errónea como deudor irrecuperable en el Veraz. Se destacó el actuar del banco ante el requerimiento del actor y que el tiempo que demandó la rectificación de los datos no exceden el avatar propio del mundo de los negocios (Cám. Civ. y Com. de Mar del Plata, fallo del 12-10-04, en autos `Del Río c/ Banco Francés S. A. S/ daños y perjuicios`. Fuente: www.diariojudicial.comID noticia_cabecera=24238. Ver también JA 1998-III, 369; LL 1999-D, 774.
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período de capitalización de los intereses.25 La entidad crediticia asume la
obligación de asegurar una disponibilidad de dinero y de cumplir un servicio de caja
presentando una forma contable por la cual los débitos y créditos son regulados
sobre la base de saldos periódicamente realizados.26 Más, es menester acotar que,
en general, no se pacta especialmente la tasa que devengará el saldo deudor
habida cuenta que las mismas se encuentran reglamentadas por circular y a ellas
se remite el contrato.
La finalidad del descubierto transitorio puede apuntar a superar
circunstancias más o menos excepcionales que hayan sobrevenido en las
operaciones del cuentacorrentista.27 Se destaca que el convenio debe ser expreso
toda vez que no constituye obligación del banco atender los giros del
cuentacorrentista que no tuviere provisión de fondos y, si lo hiciere, dicha
circunstancia no es vinculante.28
Sin perjuicio de ello, en este punto corresponde hacer mención a un reciente
pronunciamiento en donde la Cámara Nacional Comercial se expidió acerca de la
autorización tácita para girar en descubierto. En efecto, consideró el Tribunal que a
la luz de la regla del art. 218 inc. 4° del C. Com., cabe inferir que la continua
atención de cheques sin provisión de fondos por parte del banco había generado la
razonable expectativa del cliente de contar con autorización para girar en
descubierto, siendo irrelevante que no hubiese un pacto escrito al respecto y sin
que el hecho de tratarse de una manifestación tácita de la voluntad pueda restarle
plena eficacia. 29
B.- Débitos generados por t arjetas de crédito . Liminarmente cabe
puntualizar que, en tanto la cuenta especial es aquella que es abierta con el único
fin de registrar saldos de operaciones de tarjetas de crédito o cajeros automáticos;
la común, a más de aquél tiene múltiples objetivos tales como la utilización de
disponibilidad, servicio de caja, custodia, prestación de servicios, etc.25 RAPONI, Osvaldo A. – URTUBEY, Raul A., El crédito en descubierto en la cuenta corriente
bancaria, Editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos aires año 1993, pág. 114. 26 Cám. Nac. Com., Sala F, fallo del 28-08-97, en autos ‘Citibank N.A. c/ Szmulewicz s/ ejecutivo’,
LL 1998 C, 492-97271.27 BONFANTI, Mario A., Variaciones sobre la cuenta corriente bancaria, publicado en ED 162-159. 28 Cám. Nac. Com., Sala C, fallo del 12-10-94, ‘Verchik c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/
ordinario’.29 Cám. Nac. Com., Sala D, sent. de noviembre de 2004, registro 71.581/98, in re ‘Fast Lunch c/
Banco Francés S.A. s/ Ordinario’.
9
Sentado ello, conforme el art. 42 de la ley 25.065, los saldos de tarjetas de
créditos o los que se debiten en cuentas corrientes especiales abiertas a ese fin
exclusivo, en principio, no serán susceptibles de cobro ejecutivo directo. A todo
evento el mencionado artículo reza que regirá para su cobro la preparación de la
vía ejecutiva prescrita en los artículos 38 y 39 de la dicha ley, sin perjuicio que, en
rigor de verdad, debió remitir a los artículos 39 y 40 de la citada normativa que
aluden a aquel procedimiento previo al juicio ejecutivo.
En ese orden de ideas, la cuenta corriente bancaria común pierde la vía
ejecutiva de cobro cuando es abierta con el único fin de registrar saldos resultantes
de operaciones de tarjetas de crédito. Contrario sensu, cuando tal cuenta no tiene
ese único fin conserva el andarivel ejecutivo que el art. 793 del Código de Comercio
otorga facultativamente -claro está- al emisor.30
En consecuencia, como política de cobro, a las entidades financieras les
resulta conveniente que el resumen de tarjeta de crédito, una vez consentido por su
titular, se debite de una cuenta corriente bancaria común con los demás
movimientos, ya que la acción a entablarse en tal caso -como se dijo- será
ejecutiva. En este supuesto, ya no se aplica la tasa de mora de la tarjeta sino el
descubierto de la cuenta -si lo hubiera- que, sin lugar a dudas, es ampliamente
superior.
Asimismo, toda vez que el art. 793 del Código de Comercio dispone que los
bancos sólo pueden debitar las operaciones generadas directa o indirectamente por
el libramiento de cheques o de otras relaciones cuando exista conformidad expresa,
se ha sostenido que resulta procedente la inhabilidad de título cuando se incluyen
débitos correspondiente a tarjetas de crédito en el certificado de saldo de una
30 REYNOSO, Daniel Gerardo, Tarjeta de Crédito, Editorial Depalma, Buenos Aires año 2000, pág. 325. Asimismo ver Cám. Civ. y Com., Sala 1ª, San Martín, causa 34.245, RSD-247-93, Sent. del 31-08-93, ‘Banco Cooperativo de Caseros c/ Sampayo s/ Juicio ejecutivo’ en donde sobre este tema, en la Provincia de Buenos Aires, y aún antes del dictado de la ley nacional 25.065, se resolvió que los modos de contabilizar los movimientos de los titulares de las tarjetas de crédito no constituyen la demostración de la existencia de una cuenta corriente bancaria según la previsión del Código de Comercio. La circunstancia de que el titular de la tarjeta otorgue un mandato al banco para que proceda a descontar de la caja de ahorro o cuenta corriente abiertos al efecto, los saldos deudores por la utilización de ese medio de pago, no alcanza a transformar esa constancia de saldo deudor en título hábil para proceder en un juicio ejecutivo, requiriéndose, conjuntamente con la documentación elaborada por la entidad crediticia, la preparación de la vía ejecutiva a través de la citación al deudor para su reconocimiento.
10
cuenta corriente bancaria, en tanto la entidad no acredite la conformidad prestada
por el titular de la cuenta para que aquellos gastos puedan ser incluidos en ella.31
Es menester también mencionar un interesante fallo en donde la Sala D de la
Cámara Nacional Comercial, a pesar de haber negado la habilidad del certificado
emitido sobre la cuenta corriente y admitido que la deuda se originó por el uso de
tarjeta de crédito, resolvió que constituiría un exceso ritual rechazar la ejecución por
el defecto atribuido al título elaborado por el acreedor cuando los ejecutados, de
todos modos, resultarían perseguidos por la justicia como consecuencia del
reconocimiento de la deuda.32 No compartimos esta postura puesto que
entendemos que no es la vía procesal adecuada. En efecto, el legislador ha
establecido diferentes carriles para accionar judicialmente, por lo que la tácita
“economía procesal” que fundamenta este fallo desvirtúa el espíritu de la ley
quebrantando las reglas del juego propugnadas por el codificador.
Retomando el tema de los débitos en cuenta corriente común, también se
aclaró que tal práctica no supone la desnaturalización de este instituto ni obsta a la
habilidad del certificado de saldo deudor emitido en consecuencia, pues la amplitud
del art. 791 del Código de Comercio permite aprehender, dentro de este típico
contrato bancario, las diversas operaciones de crédito nacidas del acuerdo libre de
voluntades entre el cliente y el banco (arts. 1137 y 1197 del C.C.).33
Es dable aclarar que el criterio judicial mayoritario es el de no transformar
una cuenta corriente operativa en el respaldo ejecutivo de la tarjeta de crédito para
31 Cám. Nac. Com., sala A, sent. del 31-05-01 in re ‘Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Fernández s/ cobro ejecutivo’, LL 2001-D, págs. 623/624. Ver también Cám. Nac. Com., sala A sent. del 09-05-01 en autos ‘Compañía Financiera Argentina S. A. c/ Krimker s/ cobro ejecutivo’, LL 2001-D, pág. 625. Se ha resuelto también que no corresponde la ejecución del saldo deudor de una cuenta corriente bancaria omitiéndose justificar la existencia del convenio por el cual se autoriza la debitación de la cuenta de los importes correspondientes al uso de tarjeta de crédito. En tal supuesto, probado que el saldo se compone casi exclusivamente por tal rubro y no por libramiento de cheques, correspondería la declaración de inhabilidad del título presentado y la frustración de la vía ejecutiva intentada (Cám. Civ. y Com. Pergamino, causa 3942, RSD-105-1L, Sent. del 18-09-01, ‘HSBC Bank Argentina S. A. c/ Marchisello s/ Cobro ejecutivo’). Se entiende que la prueba de tales hechos corresponde al demandado, pero se debe evitar el avance desmedido sobre la causa de la obligación, tal como se hizo en el caso citado. Sobre este tema ver además, Cám. Civ. y Com. 2ª, Sala 1ª, La Plata, causa B 72845, RSD-5-92, Sent. del 11-02-92, autos: ‘Multicompras c/ Montes s/ Cobro ejecutivo’ Cám. Civ. y Com. 1ª, Sala 1ª, Mar del Plata, causa 121.557, RSI-1328-2, Inetrloc. del 17-09-02, ‘Bco. Provincia Bs. As. c/ Avalos s/ Cobro Ejecutivo’32 Cám. Nac. Com., Sala D, del 13-03-92, autos: ‘Banco Cooperativo de caseros c/ Fiscbein’, ver
en JA 1992-III, 374. Ver también LL, 1992-D, 310 y Cám. Nac. Com. Sala C 16-10-90 in re `Banco del Buen Ayre c/ Katz`, LL-1992-A, 173.33 Cám. Civ. y Com. Pergamino, causa 3942, RSD-105-1, Sent. del 18-09-01, ‘HSBC Bank
Argentina S. A. c/ Marchisello s/ Cobro ejecutivo’.
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lo cual sería conveniente evaluar los porcentajes de débitos de cheques y de tarjeta
de crédito que componen el resumen.
C.- Cuenta corriente e hipoteca abierta. La hipoteca puede garantizar un
crédito eventual o uno futuro, como ser el saldo deudor de una cuenta corriente.34
En este caso, la deuda puede crecer o disminuir pero siempre estará garantizada
por la hipoteca hasta su monto en la medida del tipo previsto, cumpliéndose así con
el principio de especialidad,35 (art. 3153 del CC). Así, la gestión del crédito no
impide que la hipoteca pueda inscribirse de inmediato, pues hasta tanto nazca la
obligación principal, la garantía sigue latente.36
IV.- VICISITUDES DEL RESUMEN DE CUENTA Y SU CIERRE.
A.- Generalidades. El resumen de cuenta debe confeccionarse al menos
trimestralmente, y como mínimo ocho días después del cierre de cada ejercicio (art.
793 C. Com.) se le enviará al domicilio que ha constituido el cliente, teniendo éste
la carga de reclamarlo en el supuesto que no lo hubiese recibido.
Si en el plazo de cinco días el cliente guardara silencio, se tendrá por
reconocido, sin que ello impida la discusión en juicio de conocimiento.37
Con relación a los débitos, debe acordarse qué rubros y montos pueden ser
extraídos de la cuenta (comisiones, servicios, seguros, tarjeta de crédito, según lo
prescripto por el art. 793 ap. 4º y 796 C. Com.) destacándose que el cheque
expresamente se encuentra autorizado a ser debitado (793 ap. 4º C. Com.). A su
vez, salvo pacto en contrario, la capitalización de intereses es trimestral (795 C.
Com.).
34 KIPER, Claudio (Director), Código Civil comentado, editorial Rubinzal-Culzoni, Derechos Reales (Tomo III, año 2004), pág. 371 (este comentario pertenece a Mario ARRAGA PENIDO, como colaborador de la obra).35 Cám. Nac. Civ., sala H, sent. del 17-10-00, ‘Banco Credicoop Cooperativo Limitado c/ Russo’, JA
2001-III, 619.36 Cám. Nac. Civ., sala A, sent. del 03-03-97, ‘Citibank N.A. c/ Alvarez s/ ejecución hipotecaria, ED
173, 576-48111. Ver también: BORETTO, Mauricio, Hipotecas Abiertas, editorial Rubinzal-Culzoni, año 2004, págs. 62/4 en donde se destaca que en la cuenta corriente mercantil esta práctica de garantizar el saldo deudor con hipoteca se encuentra expresamente permitida mas no se encuentra prohibida en las cuentas corrientes bancarias.37 Cám. Civ y Com, Rosario, Sala I, del 31-03-92.
12
B.- Obligación de rendir cuentas. Nuestro régimen procesal señala, en el
juicio de rendición de cuentas, la existencia de dos etapas diferenciadas. La
primera, que necesariamente es previa, tiene por objeto que el órgano jurisdiccional
determine si existe obligación de rendir las cuentas, por lo que resulta inadmisible
en ese estadío discutir el contenido de aquéllas.38 La segunda, que le sigue y es
consecuencia de la anterior (art. 649 del CPCCBA, art. 652 CPCCN), persigue el
detalle de la gestión realizada en relación a los bienes total o parcialmente ajenos,
consistiendo en una exposición ordenada de los ingresos y egresos, con los
respectivos comprobantes y, eventualmente, cabe aquí la discusión de las
operaciones presentadas para lograr, finalmente, la determinación del saldo
acreedor o deudor39 pudiendo, incluso, demostrar mediante prueba de inexistencia
del hecho causa del débito.40
Siendo indudable la obligación de rendir cuentas que posee aquel que
administra fondos ajenos, entendemos que, en el supuesto que el cuentacorrentista
demandare a la entidad financiera por tal concepto,41 la primera fase estará
soslayada y sólo habrá que atender a la segunda etapa aludida.
C.- Cierre. Se encuentra regulado por el Código de Comercio y en diversas
disposiciones del BCRA. Algunas de sus causales de cierre son: en el caso del
cuentacorrentista, por fallecimiento, incapacidad sobreviniente (art. 1195 del CC,
doctr. art. 782 inc. 3º del C. Com.), quiebra, concurso, disolución o liquidación de la
sociedad titular (arts. 101, 105 de la ley 19.550); y, en el caso del banco, por
quiebra, liquidación voluntaria o forzosa, onerosidad sobreviniente, revocación de la
autorización de la entidad para funcionar.
Asimismo, la cuenta puede clausurarse en caso que el librador de un cheque
devuelto por falta de fondos o sin autorización para girar en descubierto o por
defectos formales no abone la multa prevista por el art. 1 de la ley 25.730 dentro de
los treinta días de su rechazo.
38 Cám. Nac. Civ, Sala C, fallo del 13-04-72, ‘Halperín c/ Scheimberg’, véase en ED 48-295.39 Cám. Civ. y Com. Morón, Sala 2ª, causa 32.958, RSD-128-95, Sent. del 27-04-95, ‘Paillafil de
Nieva c/ Balan s/ Rendición de cuentas’, Cám. Civ. y Com. 1ª, Sala 3ª, La Plata, causa 157.071, RSD 187/73.40 Cám. Nac. Com, Sala E, fallo del 17-12-93.41 Esto implica un juicio de conocimiento posterior por revisión de saldo deudor.
13
Asimismo, el contrato de cuenta puede concluirse de común acuerdo o
prever un plazo contractual (art. 1197 del CC, art. 792 in fine del C. Com.), vencido
el cual se cerrará, aunque generalmente, lo es por tiempo indefinido,42 en cuyo caso
la cuenta puede clausurarse por cualquiera de las partes con diez días de
anticipación, salvo convención en contrario (art. 792 del C. Com.).
El cliente puede cerrar la cuenta de facto, retirando la totalidad de lo
depositado. No obstante, mientras no realice una declaración formal, el contrato
subsistirá y la cuenta permanecerá abierta. En tal caso, si la cuenta tiene varios
titulares y es a la orden conjunta, todos deberán prestar su conformidad y, si la
misma es a la orden indistinta, bastará con la voluntad de uno sólo de ellos (arts.
707, 713, 715 del CC).
El cierre de la cuenta puede arrojar saldo acreedor o deudor. En el primer
caso, el banco debe reintegrarle el dinero sobrante al cliente y, en el segundo, de
no convenirse una forma de cancelar la deuda, tiene que promoverse la pertinente
ejecución. El carácter de título ejecutivo válido del certificado de saldo deudor
suscripto por gerente y contador es conferido por el código de comercio -rubro que
luego ampliaremos-, debiendo aplicarse la correspondiente ley adjetiva a los fines
de ejecutar el mismo (art. 793 ap. 3º C. Com.).
D.- Acción judicial contra el rechazo de cheques. El cliente tiene la facultad de
recurrir la decisión de los bancos acerca de los rechazos de los cheques por ellos
librados, en el plazo de quince días de recibida la notificación por la entidad,
mediante demanda ante los juzgados con competencia comercial (art. 64 ley
24.452). Destaca el artículo citado que será de aplicación el Código Procesal Civil y
Comercial de la jurisdicción interviniente.
Por otra parte y como se ha indicado supra, la ley 25.730, en su artículo 1°
impone una multa al librador de un cheque rechazado por falta de fondos o sin
autorización para girar en descubierto o por defectos formales. En caso de no ser
satisfecha la sanción dineraria dentro de los 30 días del rechazo, ocasionará el
cierre de la cuenta corriente bancaria y la inhabilitación, aunque por lo general los
bancos la debitan instantáneamente a su cliente salvo ausencia de capital en la
cuenta del caso. Esta multa puede ser restituida en su 50 % cuando el librador
42 RAPONI, Osvaldo A. - URTUBEY, Raul A., op. cit., pág. 68.
14
cancelare dentro de los 30 días el cheque motivo de la sanción (art. 1º, segundo
ap., ley 25.730).
Ahora bien, sólo la acción contra las multas tendrá efecto suspensivo. Se da
así la paradoja que la multa ya debitada podrá devolverse pero la cuenta corriente
permanecerá cerrada durante la sustanciación de la demanda. No obstante la
promoción de estas acciones, se computaran los rechazos a los efectos de la
inhabilitación (art. 64, segundo ap., ley 24.452).
Por ello, creemos que el cuentacorrentista podría peticionar junto con su
reclamación una medida cautelar de no innovar (o innovativa) para que no se
compute tal rechazo durante dicho trámite, siempre que acredite el cumplimiento de
los requisitos procesales para su concesión (arts. 195, 198, 199 CPCC).
Coincidiendo con lo esbozado por Gómez Leo, se propone: a) que se
establezca claramente que el débito o percepción de la multa impuesta debe
hacerse, por el banco girado, cuando la sanción quede firme administrativamente
hablando, esto es que el sancionado habiendo transcurrido el plazo de 15 días
desde que fue notificado, no hubiera deducido la acción judicial que prevé el art. 64
de la Ley de Cheques, y b) que cuando tal acción se deduce, ella tenga efectos
suspensivos sin distinguir el aspecto pecuniario (la multa) y el aspecto
administrativo (de la inhabilitación o cierre de la cuenta).43
E.- Reapertura. Una vez que se ha procedido al cierre de la cuenta
corriente, no podrán incorporarse nuevos débitos a la misma, salvo que estos sean
anteriores, e inadvertidos por error.
Así, se edictó que la regla referida a que el saldo deudor de cuenta corriente
no puede engrosarse luego del cierre, no debe llevarse al extremo de interpretar
que el monto comunicado al cliente en oportunidad del cierre implique la
imposibilidad de realizar ajustes correspondientes a débitos por otras operaciones
comerciales celebradas con el mismo banco y que tengan un origen anterior a la
fecha del cierre.44
43 GOMEZ LEO, Osvaldo, Cuenta corriente bancaria y cheque: reformas, véase en http://ucalp.edu.ar/ Mesa%20redonda.pdf 44 Cám. Civ. y Com. 1ª, Sala 2ª, Mar del Plata, causa 113978, RSI-1029-00, Ienterloc. del 12-10-
00, ‘Banco Rio de La Plata c/ Gavilan y otro s/ Ejecución’.
15
En este supuesto, entendemos que habrá que reabrir la cuenta y readecuar
el saldo deudor.
V.- EL SALDO DEUDOR Y SU EJECUCIÓN.
A.- Validez del saldo deudor como título ejecutivo. La diferencia entre el
total de los débitos y los créditos -tal como lo hemos anticipado- constituirá el saldo
de la cuenta. De resultar éste favorable al cliente, podrá retirarlo.
Si por el contrario el saldo es deudor, se confecciona el certificado con la
firma del gerente y contador (art. 793, ap. 3º del C. Com) constituyendo título
ejecutivo (art. 521 inc. 5 CPCBA, art. 523 inc. 5 CPCCN).
Repárese que el documento mencionado es conformado unilateralmente por
los bancos, ya que el cliente se limita a suscribir un contrato de cuenta corriente y
luego a operarla. Una vez cerrada la misma, con saldo deudor, las entidades
financieras -reiteramos- serán las únicas responsables de elaborar el instrumento a
ejecutar. Esta facultad se asienta en la presunción de legitimidad de la contabilidad
bancaria45 y, sin lugar a dudas, procura salvaguardar la fluidez en los ingresos y el
recupero de fondos que requiere el sistema.
Sobre este aspecto, la jurisprudencia ha señalado -correctamente a nuestro
modo de ver- que la excepción de cosa juzgada procede cuando habiéndose
denegado la ejecución en virtud de haber prosperado una excepción perentoria
(falsedad de título, prescripción, pago, compensación, etc.), el actor interpone una
nueva pretensión ejecutiva fundada en el mismo título que el anterior. Sin perjuicio
de ello, la defensa aludida no tendrá asidero si se subsanaron las deficiencias
formales que dieron lugar a la inhabilidad de título en virtud de la facultad
excepcional que se ha otorgado a los bancos para extender un título ejecutivo (art.
793 del C. Com.), por lo que, al ser el saldo deudor de cuenta corriente bancaria un
documento de creación unilateral efectuado por el propio ejecutante resulta
procedente la iniciación de otro juicio, sobre la base del nuevo título así producido.46
45 Cám. Nac. Civ., sala F, Capital Federal, Sent. del 28-08-97, ‘Citibank N.A. c/ Szmulewicz s/ Cobro ejecutivo’.46 Cám. Civ. y Com., Trenque Lauquen, causa 9360, RSD-18-90, Sent. del 03-08-89, ‘Banco de la
Provincia de Buenos Aires c/ Laurinat S.A. s/ Cobro ejecutivo’.
16
Como se esbozó anteriormente, destacamos que no es título ejecutivo el
certificado expedido como consecuencia del cierre de una cuenta corriente
especial,47 habida cuenta que su existencia no surge del art. 793 del Código de
Comercio. Por ello, lo más recomendable es atenerse a las reglas de los juicios de
conocimiento pertinentes.
Como todo título ejecutivo, las constancias de saldo deudor se
autoabastecen sin necesidad de ocurrir a complemento alguno48, no
correspondiendo discutir la causa de la obligación. Es por ello que si no ha sido
cuestionada la existencia de la cuenta corriente bancaria cuyo saldo se ejecuta, no
es pertinente discutir la liquidación y la conformación de dicho saldo, pues ello
implicaría anular el beneficio de la acción ejecutiva y el consecuente fracaso de la
finalidad del título.49
Asimismo, se ha sostenido que si la excepción de pago documentado se
funda en una cancelación realizada con posterioridad a la clausura de la cuenta
corriente bancaria y a la emisión del certificado de saldo deudor que se ejecuta, su
consideración importa discernir la conformación de dicho saldo, cuestión
igualmente vedada en el marco del juicio ejecutivo.50
No obstante, se ha señalado que si al contestar las excepciones la
accionante adujo que, al confeccionar el certificado de saldo deudor de cuenta
corriente se incurrió en error material al insertar la fecha de cierre de la misma,
resulta admisible la producción de prueba pericial contable a efectos de demostrar
tal extremo. Ello así por cuanto se entendió que se está frente a una discordancia
fáctica emergente de la mera confrontación de documentos que exhiben el carácter
de indubitados, sin que tal diligencia procesal contraríe aquel principio esencial que
dispone que todo título ejecutivo debe bastarse a sí mismo.51
A tenor de lo normado por el art. 793 del Código de Comercio resultan
requisitos indispensables las firmas del gerente y contador del banco. Partiendo de
47 Cám. Civ. y Com. Mercedes, Sala 2ª, LL 1988-E, 35. 48 MORELLO-SOSA-BERIZONCE, Códigos procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de
Buenos Aires y de la Nación, Editorial Platense y Abeledo-Perrot, Tomo VI-A -segunda edición, año 1997-, pág. 359.49 Cám. Civ. y Com. Dolores, DJBA 123-171. 50 Cám. Nac. Com., sala B, sent. De 28-10-96 in re ‘Banco Credit. Lyonnais Argentina S.A. c/
Carvajal s/ Cobro Ejecutivo’.51 Cám. Civ. y Com. San Nicolás, Sala 1ª, causas Nro. 871270, RSD-58-88, Sent. del 01-03-88,
‘Banco Exterior S.A. c/ Bucca’; y Nro. 890554, RSD-341-89, Sent. del 07-11-89, ‘Banco de la Ribera c/ Berdullas’.
17
la enumeración dada por diversos autores52 se puede sostener que, además, debe
consignarse fecha del cierre de la cuenta, monto del saldo deudor, el día de
emisión del certificado, la identificación de la entidad bancaria, del cliente y de la
cuenta.
Así las cosas, corresponde en este momento realizar algunas elementales
consideraciones:
A.1) Firma de gerente y contador: No constituye título ejecutivo
el certificado que carece de las firmas conjuntas de gerente y contador.53 Esta
circunstancia le confiere facultades al juez para proceder al rechazo in limine de la
acción (arts. 529 CPCCBA y 531 CPCCN) o, en su caso, autoriza al deudor para
interponer la excepción de inhabilidad de título (arts. 542 inc. 4º CPCCBA y 544
inc. 4º CPCCN).
El legislador, al habilitar a estas categorías de empleados para emitir dichos
instrumentos, lo hizo sobre el presupuesto de que ambos llevan el control cruzado
de los asientos contables y de los saldos que arrojan las cuentas al cierre de las
operaciones de cada día, siendo por ello quienes con mayor fidedignidad pueden
certificar al respecto. Se destaca que no es requisito que las firmas señaladas
deben encontrarse certificadas por otro funcionario (art. 793 C. Com.).54
La ley alude a la función de gerente y contador y no solamente a quienes
invisten la titularidad de dichos cargos. De ahí que, quienes por ausencia de dichos
funcionarios los reemplazan temporariamente, puedan expedir válidamente los
certificados de deuda mientras cumplen la suplencia.55 Incluso, se sostiene que no
es necesario que el contador posea titulo universitario, siendo suficiente que
52 RODRÍGUEZ, Leonardo G., Requisitos formales del certificado de saldo deudor en cuenta corriente, en Lexis Nexis - Jurisprudencia Argentina, del 12 de Setiembre de 2001, pág. 29/31. Ver también RAPONI, Osvaldo A. – URTUBEY, Raul A., op. cit., pág. 157.53 SCBA, fallo publicado en DJBA 130-106.54 Cám. Civ. y Com. de Quilmes, sala 1º, causa 1261, Interloc. del 26-08-97 en autos `Banco
Quilmes S.A. c/ Zogbi s/ cobro ejecutivo`. Cám. Civ. y Com. de Quilmes, sala 1º, causa 1871, Interloc. del 18-6-98 en autos ‘Banco de la Pcia. de Bs. As. c/ Meyer s/ cobro ejecutivo’.55 Cám. Civ. y Com., Sala 2ª, San Martín, causa 47.355, RSD-16-00, Sent. del 15-02-00,
‘Compañía Financiera Argentina S.A c/ Satronati s/ Ejecutivo’. Ver también MORELLO-SOSA-BERIZONCE, Códigos... op. cit., T. VI-A, pág. 463. Cabe hacer mención que también se ha resuelto que no es título hábil el que detenta las firmas de sub-gerente y contador, si no constaba en el mismo ni surge al menos de las constancias del expediente la ausencia del gerente en aquella oportunidad y la especial habilitación de fiorma del sub-gerente para tal fin (Cám. Civ. y Com. de PE, sent. del 28-08-94, in re ‘Banco Popular Argentino S.A. c/ Visca s/ cobro ejecutivo’).
18
desempeñe el cargo que posee esa denominación en la institución bancaria de que
se trate.56
A.2) El cierre, fecha y monto de la cuenta. Provisionalidad del
saldo. El monto que contenga el título debe ser cierto y determinado, no pudiendo
ser suplida su ausencia por una intimación notarial al pago de los saldos deudores
de la cuenta corriente bancaria pues dicha diligencia no substituye el principio de
autosuficiencia que debe contener con precisión el monto del crédito que se
ejecuta.57
En otro orden de ideas, largamente se ha discutido si el banco, previo a
emitir el certificado de saldo deudor, debe cerrar la cuenta corriente o si puede
crearlo en cualquier momento de la relación contractual.
El fundamento de la primer postura radica en que, al momento de la clausura
de la cuenta, la entidad certifica su saldo definitivo puesto que a partir de entonces
no se podrá efectuar operación alguna. De lo contrario se dice que no resultaría un
crédito líquido ni exigible a favor de la entidad bancaria por cuanto el certificado
podría contener un saldo inexacto al momento de promoverse la ejecución.58
Se ha sostenido que el título es hábil sin perjuicio que no se haya
consignado en el mismo el cierre de la cuenta y la fecha en que ello se produjo,
pues la sola expedición de aquél, conteniendo suma líquida y exigible y la
determinación de los sujetos pasivos y activos de la obligación, presupone esa
clausura.59
Por otro lado, se postula que el cierre de la cuenta corriente bancaria y la
determinación del saldo de la misma persiguen finalidades muy diversas, razón por
la cual, para el cobro del referido saldo, no es imprescindible la clausura o cierre de
aquélla.60 Tal es así que el Supremo Tribunal de Córdoba ha permitido la
posibilidad de suspender la cuenta y ejecutarla en el ínterin, a pesar de quedar 56 MARTORELL, Ernesto, El juicio ejecutivo en las operaciones bancarias, Editorial Ad-hoc,
Buenos Aires año 1992, págs. 112/3. 57 Cám. Civ. y Com. 2ª, Sala 1ª, La Plata, causa B 80.755, RSD-103-95, Sent. del 09-05-95, autos:
‘Veterinaria San Patricio S.A. c/ Capponi s/ Cobro ejecutivo’.58 Cám Nac. Com., Sent. del 05-09-69 en autos ‘Banco Galicia c/Lussich’, LL 136-209.59 Cám. Civ. y Com., Sala 1ª, San Nicolás, causa 2813, RSD-239-00, S 21-09-00, ‘Banco Río de la
Plata S.A. c/ García s/ Cobro ejecutivo’. En el mismo sentido ver Cám. Civ. y Com. 1ª, Sala 2ª, Mar del Plata, causa 114.263, RSI-1331-00, Interloc. del 28-12-00, ‘Banco Bisel S.A. c/ Padron s/ Ejecución’.60 Cám. Civ. y Com. 1ª, Sala 1ª, Mar del Plata, causa 83.647, RSI-458-92, Interloc. del 09-06-92,
‘Banco Marplatense Coop. Ltdo. c/ Francano s/ Ejecución’.
19
operaciones pendientes de liquidación. 61 Para esta tesitura la entidad suspende la
cuenta y ejecuta el saldo existente en ese momento. Podrá entonces continuar
operando con aquélla por lo que, ante la existencia de un nuevo saldo deudor, el
banco estaría facultado para crear un nuevo título y ejecutarlo judicialmente.
En ese entendimiento, a nuestro modo de ver, no resulta muy convincente la
postura que propugna la inexistencia de deuda exigible cuando se ejecuta un saldo
provisional mientras la cuenta permanece abierta puesto que, por un lado, el
cuentacorrentista tiene la obligación de proveer fondos y de saber cuál es el saldo
de la cuenta y, por otro lado el banco, al ejecutar, deberá acreditar contablemente
en la cuenta los fondos que han entrado en mora en el certificado de saldo -
provisorio-, no pudiendo, en consecuencia, efectuar el mismo reclamo más de una
vez. En tal caso tendrá cabida la excepción de litispendencia o cosa juzgada, 62 la
cual procederá -igualmente- en el supuesto en que se intente ejecutar dos saldos
deudores definitivos.
Si bien no desconocemos que una demanda -incluso con fundamento- pueda
llegar a manchar el buen nombre y reputación de una persona, consideramos que
es más grave aún que la entidad decida cerrarle la cuenta, notifique al BCRA y
surjan así innumerables consecuencias encadenadas. Por estos motivos, creemos
que no existen argumentos sólidos para prohibir la ejecución de saldos
provisionales a la vez que entendemos que económicamente es más conveniente
para el cliente tener una ejecución en su contra que una cuenta cerrada.
A.3) Identificación de la entidad bancaria, del cliente y de la
cuenta. La consignación del banco y del cliente hacen a la legitimación activa y
pasiva del proceso judicial, por ello es conveniente la individualización detallada en
el certificado de saldo deudor de ambas partes. Así, resulta sumamente importante
que se acredite el carácter de cuentacorrentista aportando datos como , por
ejemplo, su nombre y apellido completo, su número de documento nacional de
identidad o de inscripción en personas jurídicas, su domicilio, entre otros.
61 Trib. Supremo de Córdoba, sentencia del 05-08-88, en autos ‘Banco de la Provincia de Córdoba c/ Nacachian’, ED 135-531. 62 Sin perjuicio de su prueba, habida cuenta que habrá que acreditar -considerando la vía
ejecutiva- que el certificado corresponde a los mismos débitos.
20
De esta forma se evita la posibilidad de confusiones como errores
tipográficos u homónimos que podrían acarrear la interposición de excepciones. De
otro modo cabría la eventualidad de exigir que el título se complete con la solicitud
de apertura de cuenta u otra prueba que acredite la relación contractual obviando la
completividad del título ejecutivo63 -cuestión que, a todas las luces, resulta
netamente discutible- o, atendiendo al principio de autosuficiencia, podría
generarse -injustamente- la ejecución de una persona ajena a la relación
contractual.
Sin embargo, se ha resuelto que, más allá de la falta de identificación del
presunto deudor en el certificado, con las firmas obrantes en el referido instrumento
y la mención que pertenece al contador y gerente, aparecen debidamente
cumplimentados los requisitos exigidos por el art. 793 del C. Com.64
Además, el certificado debe hacer referencia necesariamente a la cuenta
corriente bancaria, puesto que su existencia es presupuesto necesario para la
habilidad ejecutiva. En tal caso será indispensable que la entidad la identifique con
claridad, indicando su número y la sucursal bancaria.65
En este punto cabe hacer alusión a un interesante fallo en donde se sostuvo
que si bien la mención del número de cuenta no es requisito indispensable para la
procedencia de la vía ejecutiva (art. 793 C. Com.), resulta útil para identificar a
aquélla cuyo saldo se intenta ejecutar. Por lo que, si es voluntariamente señalado
por el ejecutante y el certificado contiene un número de cuenta que no pertenece a
la ejecutada, corresponde rechazar la ejecución.66
B.- Intereses aplicables. Partiendo de la base que la mora se traduce en el
derecho que tiene el banco de incrementar la alícuota de interés a partir de la fecha
de su constitución, el porcentual exigible quedará integrado con la tasa de interés
compensatorio que persiste luego del cierre de la cuenta, con más la tasa del
63 ? Cám. Civ y Com. Ap. de Rosario, sala 1° sent. del 15-10-93 en autos ‘Banco Horizonte Coop. Ltdo. c/ Eujanian s/ Demanda Ejecutiva’.64 Cám. Civ y Com. Ap. La Matanza, sala 1°, Interloc. del 13-06-02, en autos ‘Scotiabank Quilmes
S.A. c/ Sánchez s/ Cobro Ejecutivo de Dinero’. 65 BERGIA, Marcelo Ramón, op. cit.pág 162.66 Cám. Nac. Com., sala D, Sent. del 03-11-00, in re ‘Banco Bansud SA c/ Junovich s/ cobro
ejecutivo’, Jurisprudencia Argentina del 12 de septiembre de 2001, Editorial Lexis Nexis, pág. 26/27.
21
moratorio -también llamado punitorio en la jerga bancaria- que puede adicionar con
carácter sancionatorio por el retardo incurrido, hasta el efectivo pago.67
Constituyendo este último una penalidad, debe existir pacto a su respecto o
una ley en sentido material que los imponga. Se ha dicho que si no existe prueba
de que se hubiere pactado un interés punitorio para el caso de mora, ni el Código
de Comercio contiene disposición alguna que lo establezca legalmente cuando se
trata de saldos deudores de una cuenta corriente bancaria, no cabe su acogimiento
(arts. 652 y 791 del CC, art. 375 del CPCC).68 No obstante ello, yendo aún más
lejos, sentado el origen convencional de los punitorios -strisctu sensu- y teniendo
en consideración que los caracteres de literalidad, abstracción y autonomía del
saldo de cuenta corriente bancaria impiden acudir al negocio jurídico sustancial
que le dio causa, se ha resuelto que no corresponde la condena al pago de los
intereses mencionados aunque haya existido pacto expreso que los establezca. 69
Consideramos importante recalcar que esta doctrina sólo deviene aplicable
para el cómputo de los intereses punitorios que operen luego del cierre de la
cuenta, ya que los anteriores se encuentran incorporados al saldo deudor, y su
discusión -con fundamento o no- no es admisible en el proceso ejecutivo. Por esta
misma razón, entendemos que en este tipo de proceso, el juez solamente podrá
morigerar los intereses posteriores al cierre de la cuenta mas no los anteriores toda
vez que éstos podrán discutirse únicamente en un juicio plenario. De todos modos,
habrá que hacer un adecuado balance para moderar los frutos, ya que la persona
que posee su cuenta corriente cerrada no puede estar en mejores condiciones que
aquélla que efectúa un gran esfuerzo para evitar su clausura abonando altas tasas.
También se ha aclarado en un pronunciamiento que resulta improcedente
aplicar la tasa sobre la base de lo legislado en el art. 565 del C. Com.70
C.- El cierre de la cuenta y el cómputo de los intereses. Jurisprudencialmente se ha exigido la necesidad de interpelación para la
67 Cám. Civ. y Com. 1ª, Sala 3ª, La Plata, causa 219648, RSD-12-95, Sent. del 14-2-1995, ‘Banco Municipal de La Plata c/ Molinaro’.68 Cám. Civ. y Com., Sala 2ª, San Martín, causa 32047, RSD-526-92 S 2-7-1992, ‘Banco
Cooperativo de Caseros Ltdo. c/ Devias’.69 Cám. Civ. y Com. 2ª, Sala 1ª, La Plata, causa 100.273, RSD-97-3, Sent. del 10-04-03, ‘Banco de
la Provincia de Buenos Aires c/ Bifano s/ Cobro ejecutivo’.70 Cám. Nac. Com., Sala B, fallos del 28-10-96, ‘Banco Credit Lyonnais Argentina S.A. c/ Carvajal’;
y del 25-09-92, ‘Banco Popular Argentino SA c/ Pilito’.
22
constitución en mora del deudor conforme la doctrina del art. 509 del CC.71 En este
sentido, la Suprema Corte de Justicia bonaerense sostuvo que la circunstancia de
que constituya título ejecutivo el saldo deudor de cuenta corriente bancaria que
reúne los requisitos del art. 793 in fine del C. Com y que dicho saldo resulte
exigible desde su determinación, no sirven por sí solas para acarrear la mora del
deudor.72
Para algunos esta regla se puede revertir si existen convenciones de parte
que prescriban el acaecimiento automático de tal estado moratorio.73
Así, se ha juzgado que en la ejecución de saldo deudor de cuenta corriente
debe acudirse al CC y no rige la mora automática. No se trata de una obligación a
la que se le pueda aplicar la mora ex re porque es pura y simple (sin plazo),
rigiendo en consecuencia la mora. Resulta necesaria, entonces, la intimación al
deudor (art. 508, 509 2º párrafo del CC) acotando que, si la cuenta es recíproca,
rige el principio de solidaridad por lo que aquélla se agota haciéndose efectiva
sobre cualquiera de los cuentacorrentistas.
No obstante, la interpelación citada será solamente a los efectos del
nacimiento de la obligación de abonar intereses moratorios, en ausencia de pacto
expreso, pudiendo aquélla concretarse judicial o extrajudicialmente y en aquel
primer supuesto mediante la intimación de pago en el juicio ejecutivo dispuesto por
el art. 529 del CPCCBA (art. 531 del CPCCN), acto que fijará la fecha de mora.74
Dable es aclarar que la liquidación de los compensatorios continúa
aplicándose no obstante la clausura de la cuenta corriente -como hemos
anticipado-, con fundamento en la onerosidad y la naturaleza jurídica propia del
instituto analizado (art. 777 del C. Com.).75
71 Plenario de la Cám. Nac. Com del 21-11-84, ‘Banco de Entre Ríos’.72 Ac. 36.122, Sent. del 24-06-86, causa ‘Banco de los Arroyos Cooperativo Limitado c/
Fernandez’, y Ac 69.792, Sent. del 31-05-00, ‘Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Lizaso’, entre otros.73 Cám. Civ. y Com. San Nicolás, Sala 1ª, causa 3294, RSD-135-2, Sent. del 18-04-02, ‘Banco
Integrado Departamental Cooperativo Limitado (su quiebra) c/ Cristofani’.74 Cám. Civ. y Com., Sala 2ª, Azul, causa 41.237, RSD-16-00, Sent. del 02-03-00, ‘Banco Bansud
S.A. c/ Díaz’. En el mismo sentido, ver Cám. Civ. y Com. 2ª, Sala 1ª, La Plata, causa B 79.930, RSD-36-95, Sent. del 07-03-95, ‘Banco Cooperativo de La Plata c/ Bonadeo’; Cám. Civ. y Com. 2ª, Sala 1ª, Mar del Plata, causa 97.042, RSI-350-96, Interloc. del 07-05-96, ‘Banco de Galicia y Buenos Aires c/ Ferrari’; Cám. Civ. y Com. 1ª, Sala 2ª, Mar del Plata, causa 100.056, RSI-496-97, Interloc. del 05-06-97, ‘Banco de la Edificadora de Olavarría S.A c/ Oliver’.75 Cám. Civ. y Com., Sala 1ª, San Nicolás, causa 4126, RSD-222-1, Sent. del 01-11-01, ‘Banco
Integrado Departamental (su quiebra) c/ Pozzolo s/ Cobro ejecutivo’.
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Por nuestra parte, y sin implicar una crítica a las teorías precitadas,
queremos remarcar que es indudable que el deudor no solo tiene el derecho a
recibir el resumen de cuenta, sino también la carga de reclamarlo cuando en el
plazo que correspondía expedirlo y el banco no se lo extendiera. A tales efectos,
siendo de aplicación los arts. 73, 793 ap. 1º y 2º del C. Com., la cuenta se
transformará en líquida y aprobada e igual suerte correrá el cierre de la cuenta que
también consta en el mismo detalle, razón por la cual la intimación perdería cierta
exigencia.
D.- Prescripción. Mucho se ha debatido con respecto a la institución
prescripción de la ejecución de cuenta corriente bancaria, dado que no existe entre
las normas de los arts. 791 al 797 del Código de Comercio (Título XII, Capítulo II),
disposición alguna al respecto.
Las alternativas entonces son tres: a) la prescripción quinquenal del art. 790
del mismo cuerpo legal, norma que está inserta en el Capítulo I del mismo Título y
que pertenece a la cuenta corriente mercantil, b) la prescripción de cuatro años por
tratar la cuestión de las cuentas aprobadas (art. 847 inc. 1 del mismo código y c) la
residual decenal legislada en el art. 846 de ese cuerpo legal.
En lo que atañe al plazo quinquenal, se falló que si bien no existe en el
Código de Comercio previsión concreta acerca del término de prescripción de las
acciones emergentes de saldos en cuentas bancarias, del ordenamiento
sistemático de ese cuerpo legal resulta que las reglas de la cuenta corriente
mercantil pueden ser llevadas al régimen de la bancaria y de allí que el plazo de
prescripción contenido en el art. 790 de dicho texto legal le sea igualmente
aplicable.76 A nuestro modo de ver esta tesitura es la más acertada.
Ahora bien, se ha establecido que el referido plazo quinquenal se cuenta a
partir del cierre de la cuenta.77 Pero en determinadas ocasiones, los bancos -por
diversas circunstancias- no emiten el certificado de saldo deudor el mismo día de la
76 Cám. Nac. Com., Sala A, fallo del 19-05-99, carátula: ‘Banco de Galicia y Buenos Aires c/ Olmedo’, ampliar en LL 2000-A, 457 y JA 2000-II, 638. Cám. Nac. Com., Sala E, fallo del 13-04-87, ‘Banco del Interior y Buenos Aires S.A. c/ Shneider’, ampliar en ED 126-564. Cám. Civ. y Com., Sala 1ª, San Nicolás, causa 4478, RSD-50-2, Sent. del 28-02-02, ‘Banco Integrado Departamental Cooperativo Limitado (su quiebra) c/ Noat’.77 Cám. Nac. Com., Sala A, fallo del 14-08-95, ‘Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/ Fundación
Centro Infantil para Rehabilitación Incapacitados Neuromotrices’, ampliar en ED 167-555 y LL 1996-A, 43.
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clausura de aquélla, por lo que existen casos en que transcurrió el término
prescriptivo entre el cierre y la confección del título.
En algún pronunciamiento que no compartimos, se dijo que aquél se
computa desde que se notifica al deudor el cierre de la cuenta y el saldo respectivo
-plazo que igualmente juega respecto de los intereses por cuanto éstos se
encuentran incluidos en el saldo-.78
La postura que contempla el plazo de 4 años, podría regir por aplicación
analógica del principio de rendición de cuentas (arts. 73 y 847 inc. 1º C. Com.),
pero no nos parece adecuada.
Finalmente, las teorías que sostienen la liberación decenal arguyen que al no
contener el Código de Comercio un término especial que contemple la prescripción
de la acción por cobro del saldo deudor de la cuenta corriente bancaria, debe
concluirse en que es el previsto para la prescripción ordinaria contemplada por el
art. 846 de la citada norma sustantiva.79
Otra situación que merece especial análisis es que no hay en la cuenta
corriente bancaria un plazo de prescripción para la acción ejecutiva y otro diferente
para el proceso ordinario de cobro de pesos (acción causal) por el cual podría optar
el banco al momento de interponer la demanda (art. 519 CPCCBA y 521 CPCCN),
tal como ocurre en materia de cheques. Sea cual fuera la elección de la actora, el
término es el mismo para ambas vías procesales,80 postura que compartimos.
Sin embargo, otros tribunales han resuelto que aplicando analógicamente las reglas
de ejecución de cheques y pagarés, cada vía tendía un plazo de fenecimiento diferente. Es
decir, para el proceso ejecutivo se aplica el art. 790 C. Com, y para el de conocimiento el
decenal previsto en el 846 del mismo cuerpo legal.81
78 Cám. Fed. Civ., Sala III, Capital Federal, del 11-04-00, ‘Banco de la Nación Argentina c/ Establecimientos Mirón S.A.’, ampliar en LL 2001-B, 605 79 Cám. Civ. y Com. 1ª, Sala 1ª, Mar del Plata, causas 74.059 RSI-596-89, Interloc. del 10-08-89,
en autos: ‘Banco Los Pinos Cooperativa c/ Leon s/ Cobro ejecutivo’; y 123.535 RSD-372-3, Interloc. del 25-09-03, en: ‘Banco Francés SA c/ Echeverría s/ Cobro Ejecutivo’. Ver también Cám. Civ. y Com. 1ª, Sala 2ª, Mar del Plata, causa 102.935, RSI-999-97, Interloc. del 19-08-97, ‘Banca Nazionale del Lavoro S.A c/ Espinosa’. 80 Con similar criterio se resolvió en ‘Banco Credit Lyonnais Argentina S.A. c/ Carvajal’. Ampliar en
LL 1997-B, 459, y ED 173-561.81 Cám. Nac. Com., del 11-10-77, ver en ED 74-417; Cám. Civ. y Com. Sala 2ª, Neuquen, causa
505, RSD-661-97, Sent. del 02-10-97, autos ‘Banco de la Provincia del Neuquen c/ Miguel s/ ejecutivo’.
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E.- El descubierto y el bien de familia. La Suprema Corte de la Provincia
de Buenos Aires ha entendido que resulta inoponible al Banco ejecutante la
inscripción de un inmueble de los deudores como bien de familia realizada, con
posterioridad a la celebración del contrato de cuenta corriente bancaria y antes de
la expedición del certificado del saldo deudor, porque la causa de la obligación
nació con la suscripción de aquel contrato, fecha a partir de la cual el
cuentacorrentista es deudor, entre otras, de la obligación de mantener en la cuenta
suficiente provisión de fondos para atender a las libranzas (unidad de causa). 82
Según la tesis mayoritaria, la causa de la obligación radica en garantizar todo
futuro saldo deudor que resulte de esa cuenta. Lo que interesa es la fecha en que
se produjo el hecho o acto generador del mismo, pues la tutela prevista por la ley
14.394 no puede convertirse en vehículo para sorprender a los acreedores,
burlando las legítimas expectativas que han tenido en cuenta para conocer los
créditos, basadas fundamentalmente en la confianza y solvencias demostradas por
el deudor.83
Para la minoría existe una dualidad de causa debiendo diferenciar la
suscripción del contrato de las sucesivas operaciones que se efectúen puesto que
no pueden confundirse una cosa con la otra.84
No obstante, habrá que considerar que la mayoría de los bancos solicitan un
estado patrimonial de los clientes, con declaración jurada acerca de los
gravámenes que registren.
VI.- REVISIÓN DEL SALDO DEUDOR.
A.- Revisión de cuenta sin ejecución del saldo. Si bien por lo común la
problemática de las acciones de revisión o de rectificación se presenta unida a una
ejecución de saldo deudor de cuenta corriente bancaria -o sea, cuando ya se ha
producido la clausura de ésta y la determinación de su saldo deudor definitivo (art.
82 S.C.B.A., Ac. 79828, fallo del 23-12-02, “Banco Río de La Plata S.A. c/ Cheves -Incidente de desafectación de bien de familia, en autos ‘Banco Río de la Plata c/ Cheves’”.83 Cám. Nac. Com., sala B, Sent. del 30-06-94 in re ‘Ruétalo Mujica c/ Transportes Automotores
Chevallier s/ ordinario’; Cám. Nac. Com., sala B, Sent. del 15-06-99 en autos ‘Sobral s/ Quiebra’, LL 2000-A, ADLA XIV-A, 237.84 CAMPS, Carlos E., en: Doctrina actual de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires -coordinado por BERIZONCE-LOGAR-, editado por el Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, año 2004, págs. 28 y ss.), comentando el fallo precitado.
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793 párr. tercer, C. de Com.; art. 521 inc. 5° CPCCBA -523 inc. 5º CPCCN-), no
debe perderse de vista que aquéllas son figuras autónomas, por lo que es posible
la existencia de una acción de revisión o de rectificación de la cuenta sin que se
hubiera promovido ejecución alguna del saldo deudor de la misma.85
B.- Imposibilidad de revisar el saldo deudor en el juicio ejecutivo. El
documento al que se refieren los arts. 793 del Código de Comercio y 521 inc. 5° del
CPCCBA (523 inc. 5º CPCCN), es título ejecutivo con la sola constancia del saldo
deudor, expedida por las personas a que se refiere la norma por lo que, no
cuestionada la existencia de la cuenta corriente bancaria no es pertinente -como
hemos dicho- ventilar en el proceso ejecutivo si es real y exacto el importe
consignado, ni cómo está compuesto, ni la aptitud de los procedimientos utilizados
para arribar al saldo de la cuenta corriente bancaria, pues son cuestiones que
deben diferirse para una etapa posterior, es decir, el proceso de conocimiento
previsto por el art. 551 CPCCBA (553 CPCCN).86 De otro modo, ello implicaría
anular el beneficio de la acción ejecutiva, resultando inadmisible la apertura a
prueba a tales fines.87
Siguiendo con la estrechez cognoscitiva de esta clase de procesos, se ha
resuelto que está vedado considerar la excepción de pago documentado
fundamentada en uno realizado con anterioridad a la clausura de la cuenta
corriente bancaria y a la emisión del certificado de saldo deudor cuya ejecución se
persigue, puesto que ello importa discernir la conformación de dicho saldo.88
No obstante, si el certificado de saldo deudor presenta notoria discordancia
con los extractos emitidos por la institución, procederá la inhabilidad del título
ejecutivo 89 y, dado que mayormente la prueba de las excepciones debe basarse en
documentos (art. 547 CPCCBA - 549 CPCCN), le bastará al ejecutado con adjuntar
85 Cám. Civ. y Com. 1ª, Sala 1ª, La Plata, causa 231.915, RSD-194-98, Sent. del 15-12-98, ‘Distribuidora Lassaro S.H. c/ Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. s/ Revisión y rectificación de asientos’.86 Cám. Civ. y Com., Sala 2ª, San Isidro, causa 91.476, RSI-816-2, Interloc. del 10-09-02, ‘Banco
Sudameris Argentina S.A. c/ Bonomi s/ Ejecutivo’. Ver también Cám. Nac. Com., sala B, sent. del 28-10-96 in re ‘Banco Credit Lyonnais Argentina S.A. c/ Carvajal s/ Cobro ejecutivo’, LL 1997-B, 459.87 Cám. Civ. y Com. Junín, LL 1990-B, 620.88 Cám. Nac. Com., sala B, sent. del 28-10-96 in re ‘Banco Credit Lyonnais Argentina S.A. c/
Carvajal s/ Cobro ejecutivo’, LL 1997-B, 459. 89 Cám. Nac. Com., Sala D, fallo del 10-12-85, ver en LL 1986-A, 347.
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los resúmenes de cuenta, toda vez que no es obligación del actor hacerlo en
función de la autonomía del título.
VII.- CONCLUSIONES.
Existe una tendencia a la aceleración histórica y la globalización del
economía, al igual que a las necesidades dinámicas de la empresa y de las
relaciones patrimoniales, en la agilización de la cobranza de los créditos.
En ese entendimiento, el transcurso del tiempo ha ido transformando y
consolidando a la cuenta corriente bancaria en un elemento socioeconómico de
trascendencia. No obstante, aún quedan aspectos jurídicos que deben ser
considerados.
Como consecuencia del tráfico mercantil, la cuenta corriente bancaria genera
relaciones jurídicas que requieren un andamiaje legal que, por su escasez
normativa, no contempla la totalidad de las situaciones que pueden provocarse.
Resulta, entonces, indispensable para el mundo actual el dictado de una legislación
(léase ley) específica, máxime a los efectos de evitar abusos. Es así que, a la hora
de dirimir una contienda judicial, les corresponde a los jueces completar e
interpretar el derecho existente debiendo procurar igualmente la celeridad del
proceso, compatible con la agilidad que requieren los negocios bancarios.
Más, principios como legitimidad, transparencia, seguridad y equivalencia en
las prestaciones son los fines perseguidos en las operaciones comerciales y, sin
lugar a dudas, los que abogan los justiciables cuando encuentran quebrantados sus
derechos.
Cabe agregar que, dada la generalidad de los temas abordados en este
trabajo, resulta inconciliable acceder a una conclusión genérica abarcativa de cada
tópico en particular.
Sin perjuicio de ello, hemos pretendido poner en evidencia cuáles son, a
nuestro criterio, algunas de las cuestiones jurídicas trascendentales de fondo y
forma que giran en torno a la cuenta corriente bancaria.
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