Curso de actualización en Comercio Exterior. T.F.J.F. y A.€¦ · agente aduanal. De gestor de negocios autorizado a representante legal del contribuyente por ministerio de ley

“ Agentes Aduanales”

Curso de actualización en Comercio Exterior.

T.F.J.F. y A.

Mtro. Virgilio A. Vallejo Montaño.

25-01-2012

I. Naturaleza jurídica del agente aduanal.

De gestor de negocios autorizado a representante legal del contribuyente por ministerio de ley y mandatario por virtud del encargo especial conferido.

Se considera que la primera disposición endonde empieza a tomar forma la figura delAgente Aduanal, es la Ordenanza Generalde Aduanas Marítimas y Fronterizaspublicada el 24 de Enero de 1885, que semantuvo vigente hasta el 1º de julio de1887, publicada bajo el régimen de PorfirioDíaz, en donde se regula a las personasque podrán hacer el despacho demercancías, como se ve en su Capítulo I,Sección II, Artículo 94,

"Articulo. 94.- Los administradores de lasaduanas cuidarán, bajo su mas estrecharesponsabilidad, de no admitir en ninguna delas operaciones de las aduanas mas personani firma que la del consignatario de lamercancía; a no ser que éste de podersuficiente a una persona, o por lo menos quela acredite para asuntos aduanales concarta-poder; y en estos casos tendrá quepasar el dicho consignatario por todo lo quehaga, firme y apruebe su representante,entretanto no le revoque la autorización quele había concedido, y lo haga saber a laaduana ".

El presidente Porfirio Díaz dispuso que laOrdenanza de 1885 así como su tarifa yvocabulario, fuera modificada en el año 1887,emitiendo una nueva Ordenanza.

La Ordenanza General de Aduanas Marítimas yFronterizas del primero de julio de 1887 tuvorápidamente reformas, por los diversoscompromisos que el país iba adquiriendo. Asíse firmaron diversos tratados de amistad,comercio y navegación, por lo que se publicauna nueva Ordenanza General de AduanasMarítimas y Fronterizas, el 12 de Junio del año1891.

Articulo. 109. Personalidad de losconsignatarios. Los consignatarios demercancías o sus apoderados, serán los únicosindividuos a quienes las aduanas federales, elGobierno o cualquier otra autoridad, admitirána gestionar en los asuntos relativos a lasoperaciones aduanales.

Articulo. 112. Apoderados de los Consignatarios.Los administradores de las aduanas cuidaran,bajo su mas estrecha responsabilidad, de noadmitir en ninguna de las operaciones de lasaduanas mas persona ni firma que la delconsignatario de la mercancía;

a no ser que éste de poder suficiente auna persona, o por lo menos que laacredite para asuntos aduanales concarta-poder; y en estos casos tendrá quepasar el dicho consignatario por todo loque haga, firme y apruebe surepresentante, entretanto no le revoquela autorización que le había concedido,y lo haga saber a la aduana. Losconsignatarios podrán autorizar paraestas operaciones a una o mas personas,sean o no dependientes suyos.

Ley sobre los Agentes Aduanales y susFunciones.

En el gobierno de Venustiano Carranza, surgela figura del Agente Aduanal, por medio deldecreto del 15 de febrero de 1918, publicadoel día miércoles 20 de febrero del mismo año,en el Diario Oficial de la Federación.Reconociendo la personalidad jurídica yregulando su ejercicio profesional, por mediode una autorización otorgada por la Secretariade Hacienda, para que desempeñara ante lasautoridades aduaneras sus funciones.

El decreto que consta de siete artículos, y dostransitorios, dispuso:

"Considerando: Que para definir los derechos yobligaciones de las personas quehabitualmente gestionan, en nombre de otro,ante las Aduanas de la República, el despachode mercancías de importación y exportación,así como para garantizar los derechos del FiscoFederal y de los ciudadanos mexicanos, sehace necesario legislar sobre agentesaduanales y reglamentar sus funciones “.

"Articulo 1o.- Para los efectos de esta Ley,se reputan como agentes aduanales laspersonas que, en legitima representaciónde los dueños, remitentes o consignatariosde mercancías, gestionen habitualmenteante las oficinas aduaneras, la DirecciónGeneral de Aduanas o ante los cónsules oVicecónsules de México en el extranjero,las operaciones que autoriza laOrdenanza General de Aduanas ydisposiciones relativas”.

En esta ley se dota al agente aduanal deseguridad jurídica, ya que su ejercicioprofesional se encuentra regulado, reservandoestas funciones a personas físicas y denacionalidad mexicana como se desprendede su artículo tercero, y es por medio de laautorización de la Secretaria quedesempeñaran sus funciones, lo cual seaprecia en su artículo cuarto.

Posteriormente se reglamentó esta ley a travésdel instrumento jurídico de fecha 7 de mayode 1918.

Reglamento de la Ley Sobre los Agentes Aduanalesy sus Funciones del 7 de Mayo de 1918.(publicado el 10 de Mayo de 1918 en el D. O. F.)contenía tres capítulos, veintidós artículos y tresartículos transitorios, en este ordenamiento seprevén las obligaciones de los Agentes Aduanales ylas penas en las que incurren al incumplirlas; seestablece que la persona que quiera ejercer estasfunciones, tendrá que presentar solicitud por escritoante la Secretaria de Hacienda, por conducto de laDirección General de Aduanas, si se era residentede la capital, y en caso de no ser así, presentarloante la aduana respectiva donde estuvieradomiciliada la agencia aduanal o desearanestablecerla.

El reglamento señaló por primera vez los requisitospara aspirar a ser agente aduanal, como seobserva en el capítulo primero, en su artículo 1°,los cuales enumeramos a continuación:

I. Ser mayor de veintiún años.II. Ser mexicano por nacimiento o pornaturalización.III. Ser de reconocida buena conducta.IV. Tener aptitud en el Ramo de Comercio yAduanas.V. Residir dentro del Territorio Nacional.VI. Justificar si el interesado es extranjero. Queconforme a las leyes del país de su origen, no seprohíbe a los mexicanos ser Agentes Aduanales.

Decreto del 30 de Mayo de 1925 que Deroga laLey de Agentes Aduanales del 15 de Febrero de1918 y su Reglamento del 7 de mayo del mismoaño.

Fue emitido por el gobierno de Plutarco ElíasCalles, quien manifestó en su exposición demotivos lo siguiente.

"CONSIDERANDO que han desaparecido lascausas, que determinaron la promulgación, delDecreto de 15 de febrero de 1918, y de surespectivo reglamento, relativo a la actuación deAgentes Aduanales.

Ha tenido a bien expedir el siguiente.DECRETO.

La Ley de 1918 y su reglamento quedaron derogadaspor este decreto, estableciendo que los trámites yoperaciones aduanales se efectuarían deconformidad a la Ordenanza General de AduanasVigente.

"ARTICULO PRIMERO. Se derogan la ley de agentesaduanales expedida el 15 de febrero de 1918, y sureglamento de 7 de mayo del mismo año.ARTICULO SEGUNDO. Todas las personas que habitual oaccidentalmente tengan que hacer gestión ante lasAduanas, quedan sujetas a los preceptos de laOrdenanza General de Aduanas, vigente... ".

No se sabe cuáles fueron los verdaderos motivospara la promulgación del decreto de 1925, peromuy pronto se promulgó la:

Ley de Agentes Aduanales del 27 de Agosto de1927.

ARTICULO 1º: Son agentes aduanales los individuosa quienes el Ejecutivo Federal, por conducto de laDirección General de Aduanas, autorice mediantela patente respectiva, para ocuparse habitual yprofesionalmente, y siempre por cuenta ajena, enla gestión de las operaciones, de que trata laOrdenanza General de Aduanas... ".

"Articulo 2º: Solo podrán expedirse patentes comoagentes aduánales, a los individuos que reúnan losrequisitos siguientes:

I. Tener capacidad legal con arreglo al artículo 5º delCódigo de Comercio.II. Estar domiciliados en el territorio de la República.III. Ser de honorabilidad notoria, a juicio de laDirección General de Aduanas.IV. Constituir y mantener vigente la garantía que fijela Secretaria de Hacienda.V. No ser empleado ni funcionario de la Federación,ni militar en servicio activo.VI. No ser extranjero, salvo que en el país denacionalidad del solicitante, se permita el ejerciciode la agencia aduanal a los mexicanos ".

Reglamento de la Ley de Agentes Aduanales del27 de Agosto de 1927.Publicado el 21 de Febrero de 1928

Reglamenta la ley de agentes aduanales de1927, en 10 capítulos y 63 artículos, presentandouna verdadera transformación en materiaaduanal, al tener establecidos de forma prácticay sencilla los documentos que deben acompañara la solicitud con los que se podría demostrar losrequisitos que solicitaba la Secretaría deHacienda, así como el procedimiento queseguiría para otorgarle la patente.

Ley Aduanal del 18 de Abril de 1928."Articulo 44.- Son agentes aduanales losindividuos a quienes el Ejecutivo Federal, porconducto de la Dirección General de Aduanas,autorice mediante la patente respectiva, paraocuparse habitual y profesionalmente, y siemprepor cuenta ajena, en la gestión de lasoperaciones de que trata la presente ley...".

Ley Aduanal del 30 de Diciembre de 1929.Se contempla por primera vez la facultad paraque los agentes aduanales formen sociedadesmercantiles con la finalidad de explotar supatente, sin perder su carácter de agenteaduanal.

Ley Aduanal del 19 de Agosto de 1935.

…en el articulado referente al agente aduanal, quecomprende del artículo 44 al 51, se explica de formamás sintetizada el actuar del agente aduanal y susfunciones, en el artículo 44 se le define nuevamente yse observa una particularidad que dice:

"La patente conferirá derecho al beneficiario, paraque actúe ante la aduana que indique la patente;pero los adscritos a una aduana marítima o fronterizapodrán continuar en las aduanas interiores, la gestiónde operaciones iniciadas en el puerto de entrada, ylos adscritos a una aduana interior podrán tambiéngestionar ante las aduanas marítimas o fronterizas lareexpedición de mercancías "

Artículo 49. Solo podrá expedirse patente deagente aduanal, a los individuos que reúnan losrequisitos siguientes:

I.- Ser mexicano por nacimiento;II.- Tener capacidad Legal con arreglo al Códigode Comercio;III.- Ser de honorabilidad notoria, a juicio de laDirección General de Aduanas.IV.- Constituir y mantener vigente la garantía quefije el reglamento.V.- No ser empleado ni funcionario de laFederación, ni militar en servicio activo, niempleado o agente de alguna empresa detransporte, yVI.- No comerciar por cuenta propia.

En el párrafo final de estemismo artículo se faculta a laSecretaria de Hacienda paralimitar la expedición depatentes al número queconsidere necesario, y paraello deberá tomar en cuentalas necesidades de índoleaduanal de cada lugar endonde exista oficina del ramo.

Código Aduanero (publicado en el D.O.F., del 31 de diciembre de 1951).

ARTÍCULO 690.- Para ejercer como agenteaduanal será necesaria una patente expedidapor la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicopor conducto de la Dirección General deAduanas, por la cual aquélla autorice albeneficiario para actuar ante una aduana, porcuenta ajena, como gestor habitual de lasoperaciones aduaneras de toda denominación,en todas sus fases, actos y consecuencias deldespacho.

ARTÍCULO 691.- Para que pueda expedirse patente de agenteaduanal, el solicitante deberá reunir los requisitos siguientes:

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento.II.- Tener capacidad legal, con arreglo al Código de Comercio;III.- Ser de honorabilidad notoria;IV.- Sustentar examen en la ciudad de México para demostrarsus conocimientos y aplicación del Código Aduanero y de lastarifas de importación y exportación, ante un jurado queestará integrado por representantes del Secretario deHacienda y de la Dirección de Aduanas. Este examen esindependiente de los de eficiencia a que posteriormentedebe someterse el agente y a los cuales se refiere el presentetítulo;

V.- No ser funcionario o empleado de la Federación o de losEstados, militar en servicio activo, ni representante,empleado o agente de alguna empresa de transporte denacionalidad extranjera o en la que la mayoría del capital ode los socios tengan ese carácter. Se presumirá que esextranjera la mayoría del capital o de los socios de unaempresa de transportes constituida bajo la forma desociedad anónima por acciones al portador, cuando seanextranjeros el gerente a la mayoría de los miembros delconsejo de administración, y

VI.- No tener parentesco por consanguinidad o afinidad conel jefe o subjefe de la aduana de adscripción de la patente.

ARTÍCULO 701.- Para que una persona pueda ejercer comoagente aduanal, es necesario que constituya y mantengavigente durante todo el tiempo que esté en vigor su patente,una fianza de compañía legalmente autorizada, por la cantidadde veinticinco mil pesos, cuyo texto se ajustará al modelo 128.La fianza a que se refiere el párrafo anterior, garantizará al fiscocualquier multa o responsabilidad pecuniaria en que incurranlos agentes aduanales, durante su ejercicio, por actos uomisiones relacionados con el despacho de mercancías en queintervengan, sean delictuosos o no, así como por omisiones odeficiencias de las garantías otorgadas por operacionesaduaneras concretas.El monto de la fianza deberá ser reconstituído en un plazo dediez días hábiles cuando su cuantía disminuya por cualquiermotivo.

ARTÍCULO 702.- Los agentes aduanales efectuarán lasoperaciones de su ejercicio, como consignatarios omandatarios.En todo caso obrarán siempre al amparo de su patente,aun cuando despachen mercancías por las que tenganpersonalidad de destinatarios o remitentes. Por lo mismo,no podrán figurar como empleados de otro agenteaduanal, ni ejercer las funciones que su patente lesconfiere, en nombre o representación de la expedida afavor de otra persona.Los propios agentes no podrán sustituir el mandato oencargo que les haya sido conferido, ni tampoco endosarun conocimiento a su consignación, cuando no medie laautorización expresa y por escrito del comitente.

ARTÍCULO 704.- En los documentos en lo que seaobligado manifestar el nombre, y dirección deldestinatario o del remitente de las mercancías, elagente aduanal lo hará bajo protesta de decir verdad.Si a pesar de ello incurre en falsedad y en la operaciónresulta lesionado el interés fiscal, el hecho dará lugar ala cancelación de la patente y las autoridadesjudiciales impondrán las sanciones correspondientesal contrabando al agente aduanal responsable. Si nohay lesión ninguna para el fisco, la falsedad dará lugara que se imponga multa administrativa de cien milpesos que será distribuible en la forma dispuesta porel artículo 633 de este Código.

ARTÍCULO 706.- Los comitentes son responsablessolidarios, con sus agentes aduanales, de todas lasobligaciones pecuniarias a favor del fisco, por actos uomisiones de éstos, sean delictuosos o no.

Los agentes aduanales quedan obligados en los términosdel artículo 28 del Código Fiscal de la Federación.

Los agentes aduanales no son responsables del destinoque sus clientes den a las mercancías ya retiradas de lacustodia oficial; ni de las obligaciones fiscales que dichosclientes contraigan directamente con motivo de dichoretiro.

LEGISLACIÓN VIGENTE

ARTICULO 159. Agente aduanal es la persona física autorizadapor la Secretaría, mediante una patente, para promover porcuenta ajena el despacho de las mercancías, en los diferentesregímenes aduaneros previstos en esta Ley.

Para obtener la patente de agente aduanal se requiere:I a IX …

Nota. No se requiere forma alguna de garantizar su actuaciónni presentar exámenes de eficiencia distintos de lospresentados para obtener la patente.

II. APRECIACIONES SIN FUNDAMENTO SOBRE EL AGENTE

ADUANAL.

AGENTES ADUANALES Y SUS MANDATARIOS. SE ENCUENTRAN BAJO UNRÉGIMEN ESPECIAL DE SUJECIÓN PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERALQUE LOS CONSTRIÑE A ACATAR LAS DISPOSICIONES QUE NORMAN YORIENTAN EL SERVICIO PÚBLICO QUE PRESTAN. Cuando se trata de normar laeficiencia en el desempeño de una función pública delegada por el Estado aparticulares, como es el caso de las patentes de agentes aduanales y, porconsiguiente, de los poderes otorgados por éstos a sus mandatarios se deduceque se encuentran bajo un régimen especial de sujeción, porque se les habilitapara desarrollar y desempeñar un servicio público y es la propia ConstituciónFederal la que los constriñe a acatar el contexto general de disposicioneslegales que normen y orienten su conducta -conducirse con legalidad,honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia-, a fin de salvaguardar losprincipios que la propia Constitución estatuye como pilar del Estado dederecho, en beneficio de la colectividad, de conformidad con las normaspropias y estatutos que rigen la prestación del servicio público análogos a larelación laboral y administrativa que vincula al servidor público con el Estado.

TESIS AISLADA, TESIS: I.4O.A.527 A, Julio de 2006, No. Registro: 174,807.

� ¿cuáles son las disposiciones constitucionales que serefieren a las funciones de los agentes aduanales? (Noexisten)

� ¿cuáles son las disposiciones constitucionales que serefieren a la prestación del servicio público dedesaduanamiento de mercancías? (No existen)

� Los únicos artículos constitucionales que se refieren a lasaduanas son: el 89, fracción XIII, 117, fracciones V, VI y VII,118, fracción I y 131

� ¿cómo un particular que presta servicios profesionalesprivados con autorización del Estado puede estar sujeto alEstatuto de los servidores públicos por analogía?

Comentario:

� La declaración veraz de los datos que determinan elcumplimiento de todas las disposiciones legales para laimportación o exportación de mercancías ¿es un serviciopúblico, o una obligación de los contribuyentes?

� La declaración de los datos y el cumplimiento de lasdisposiciones legales arriba mencionados a través deagente aduanal, o bien mediante apoderado aduanal ¿esun servicio público, o una prerrogativa de loscontribuyentes?

� ¿acaso un contribuyente puede manifestar a la aduana el arriboo la salida de mercancías y solicitar al Estado la prestación delservicio público de declaración de datos y cumplimiento dedisposiciones legales para el despacho de las mismas comocontraprestación por el pago del Derecho de Trámite Aduanero(artículo 48 de la Ley Federal de Derechos)?

� El párrafo tercero del artículo 1 de la Ley Federal de Derechosestablece que “Cuando se concesione o autorice que laprestación de un servicio que grava esta ley, se proporcione totalo parcialmente por los particulares, deberá disminuirse el cobrodel derecho que se establece por el mismo en la proporción querepresente el servicio concesionado o prestado por un particularrespecto del servicio total.” ¿acaso los contribuyentes puedendeducir del Derecho de Trámite Aduanero, los honorariospagados al agente aduanal?

III. Correcta apreciación sobre la naturaleza

jurídica de la patente de agente aduanal.

AGENTES ADUANALES. PATENTE QUE LOS HABILITA PARA EJERCER. NOTIENE EL CARACTER DE UNA CONCESION ADMINISTRATIVA. La patenteque habilita a los agentes aduanales para el ejercicio de sus actividades,tiene más bien el carácter de un permiso (o licencia) expedido por laSecretaría de Hacienda y Crédito Público, similar a la cédula profesionalexpedida por la Secretaría de Educación Pública en favor de los diversosprofesionistas, que el de una concesión administrativa federal, ya que estaúltima constituye una autorización expedida por el Estado en favor departiculares, para que éstos realicen una actividad que originariamentecorresponde desarrollar al propio Estado, consistente en la explotación debienes propiedad de la nación (minas, bosques, petróleo, etcétera), o en laprestación de un servicio público de interés colectivo (teléfonos, energíaeléctrica, ferrocarriles, etcétera), circunstancias éstas que no se dan en elcaso de los agentes aduanales.

TESIS AISLADA, SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 34 PRIMERA PARTE,PÁGINA: 24, Octubre 1971, No. Registro: 233,554.

� Todos los particulares que prestan servicios profesionalesprivados deben contar con una cédula con efectos depatente expedida por el Estado y no por ello se consideranservidores públicos. Conforme a la Constitución (artículos3º y 4º) Todo individuo tiene derecho a recibir educación ytoda persona tiene derecho a la protección de la salud. Sinembargo, los profesores y los médicos que prestanservicios profesionales privados y cuentan con cédula conefectos de patente expedida por el Estado, no prestan unservicio público delegado ni están sujetos al estatuto delos servidores públicos (precisamente porque sushonorarios son pagados por los particulares quelibremente contratan sus servicios) ni son suspendidos sinaudiencia previa.

El agente aduanal no es un auxiliar del Estado, sinode los contribuyentes obligados a declararcorrectamente. El Estado no otorga siquierapresunción de validez a las declaracionesformuladas mediante agente aduanal (como lo hacecon los dictámenes de Contador Público, deDictaminador Aduanero o con los actos de losservidores públicos). Por el contrario, se reserva elejercicio irrestricto de todas sus facultades decomprobación, sin distinción o consideración algunaen cuanto al declarante.

Peor aún, el rigor del estatuto del agente aduanalcontrasta con el de los dictaminadores aduaneros oel de los contadores públicos por inequitativo ydesproporcionado.

En efecto, al dictaminador aduanero se le cancelasu autorización hasta que se le haya sancionado entres ocasiones, a pesar de que los hechos queasiente en sus dictámenes se presumen ciertos yaunque no se le exige título profesional paraejercer sus delicadas funciones delegadas por elEstado.

Por lo que toca a los contadores públicos, cuyasafirmaciones factuales también se presumen ciertas,la ley prevé una progresiva graduación de sanciones(exhortación, amonestación, suspensión hasta por dosaños) en caso de incumplimiento de sus deberes, lascuales no podrán imponerse sin previa audiencia.Solo en caso de reincidencia, contumacia o comisiónde delitos fiscales, procederá la cancelación definitivade su registro en el padrón de contadores públicosregistrados para formular dictámenes, lo cual no losinhabilita para continuar en el ejercicio profesional.

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. ES PROCEDENTECONTRA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL REGISTRO DELCONTADOR PÚBLICO PARA DICTAMINAR ESTADOSFINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES, DERIVADA DE UNAOMISIÓN O ERROR AL REALIZAR UN ASIENTO CONTABLE ENEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA. Ante la suspensión delregistro del contador público registrado para dictaminarestados financieros de los contribuyentes, en términos delartículo 52 del Código Fiscal de la Federación, que tienecomo presupuesto una omisión o error al realizar unasiento contable en el procedimiento de auditoría, y nola diversa hipótesis relativa a la comisión de un delito decarácter fiscal, procede la suspensión provisional, aldarse los requisitos previstos por el artículo 124 de la Leyde Amparo, por solicitarse por el quejoso, sin que seafecte el interés social ni se contravengan disposicionesde orden público, y porque de lo contrario se causaríanal impetrante daños y perjuicios de difícil reparación. . .

Lo anterior, pues la concesión de la medida cautelar noimpide que la actuación del impetrante siga sujeta a larevisión que, en su caso, realice la autoridad sobre losdictámenes que éste emita, al ejercer las facultades decomprobación establecidas en el artículo 42 del CódigoFiscal de la Federación, y porque dada la naturaleza de lasfunciones del contador público registrado, la suspensiónde su registro ocasiona que no culmine sus obligacionesrespecto de dictámenes ya presentados, y limita laposibilidad de presentar nuevos mientras se ejecuta lasuspensión de su registro, no obstante que se leconcediera el amparo, al haber transcurrido los plazoslegales relativos. Registro IUS No. 162693

¿quién ejerce facultades de comprobación?

El Servicio de Administración Tributaria, a través de laAdministración General de Recursos y Servicios.

C O N V O C A

A personas con escolaridad mínima de bachillerato concluidoa participar en el proceso de selección para ingresar al CursoBásico de Formación para Oficial en Comercio Exterior, quetendrá una duración de cuatro meses. Quienes lo acreditentendrán la posibilidad de laborar en el Servicio deAdministración Tributaria.

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. PROCEDECONCEDER LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA ENCONTRA DE LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN TEMPORALDE SERVIDORES PÚBLICOS, PERO NO ASÍ POR LAINHABILITACIÓN, DADO QUE EN ESTE ÚLTIMO CASOEXISTE AFECTACIÓN AL INTERÉS PÚBLICO.- En el juiciocontencioso administrativo, tramitado ante elTribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,es procedente conceder como medida cautelar lasuspensión de la ejecución del acto impugnadoconsistente en la imposición, como sanción, de lasuspensión temporal en el encargo de un servidorpúblico, dado que al otorgarse dicha medida, nose contravienen disposiciones de orden público nise causa un perjuicio al interés social, . . .

pues aun cuando la referida sanción se sustentaen la Ley Federal de ResponsabilidadesAdministrativas de los Servidores Públicos, debeconsiderarse que la naturaleza temporal de lasanción impuesta, implica que una vez transcurridoel plazo de la misma, el servidor público seencontraría en posibilidad legal de ejercernuevamente su derecho para desempeñar suempleo, cargo o comisión, máxime que de nollevarse a cabo dicha concesión, se causaría undaño de carácter irreparable al solicitante, noobstante, que en la sentencia definitiva que sedictara en el juicio, fuera favorable a sus intereses.

Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, SextaÉpoca, Año IV, Núm. 39, marzo 2011. Págs. 336 a 349 VI-P-2aS-697

IV. Evolución del concepto de Orden Público en el Derecho Comparado.

En la extraordinaria monografía “El orden públicocomo límite al ejercicio de los derechos ylibertades” el tratadista José Carlos de BartoloméCenzano da cuenta de la evolución del concepto deorden público y nos explica como ha progresado:

o De la posición metajurídica de la escuela alemana,en la que bastaba invocarlo para justificar cualquiermedida administrativa. A esta postura correspondela Tesis de Jurisprudencia 21/93 de la Segunda Sala:

AGENTES ADUANALES, SUSPENSION IMPROCEDENTE CONTRA ELACTO EN QUE ACUERDE SUSPENDERLOS EN SUS FUNCIONES.Contra el acto en que se acuerde la suspensión de un agenteaduanal en sus funciones es improcedente conceder lasuspensión provisional, ya que afectaría el interés social y secontravendrían disposiciones de orden público, pues dichoagente estaría en posibilidad de continuar realizando susactividades en los nuevos trámites aduanales, ejerciendo así unaactividad que legalmente requiere autorización en protección delos intereses de la sociedad; autorización ésta que, por efectos dela suspensión de sus funciones, le ha sido retirada, así sea tan sólomientras dure el procedimiento de cancelación de la patente.

Contradicción resuelta el 19 de noviembre de 1993, entre la Q.A. 131/91 del 25 demarzo de 1991 y la Q.A. 273/89 del 23 de octubre de 1989.

o Pasando por la posición jurisprudencial de laescuela francesa, en la que es indispensablerazonar la noción de orden público de maneracasuística, a esta postura corresponde la Tesis deJurisprudencia 81/2002 de la Segunda Sala, bajo elrubro “SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVERSOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBEEXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUECONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO ALINTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NODISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO”………

…Uno de los requisitos que el artículo 124 de la Ley deAmparo establece para el otorgamiento de la suspensióndefinitiva, es el relativo a que con tal otorgamiento no sesiga perjuicio al interés social ni se contravengandisposiciones de orden público. Ahora bien, aun cuando laSuprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido loque debe entenderse por interés social y pordisposiciones de orden público, en tanto que laapreciación de su existencia depende del caso concreto ytoda vez que los juzgadores de amparo deben respetar elmandato constitucional relativo a la fundamentación ymotivación de sus resoluciones como una formalidadesencial del procedimiento, …

…tal como se desprende del contenido de los artículos 14 y16 de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, 77 de la Ley de Amparo y 219 del CódigoFederal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoriaconforme al artículo 2o. de la ley que regula el juicio degarantías, se concluye que dichos juzgadores, según sea elcaso, al otorgar o negar la suspensión definitiva del actoreclamado deben exponer los motivos por los queconsideren se ocasiona o no perjuicio al interés social, o sise contravienen o no disposiciones de orden público.”

Novena Época Registro: 186415 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia,Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo : XVI, Juliode 2002 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 81/2002 Página: 357

o Continuando con la posición constitucionalista de la escuelaitaliana y la posición de estricto derecho de la escuelaespañola, conforme a las cuales es necesario justificar laafectación de un derecho subjetivo público por la necesidadde proteger otro valor constitucional de mayorenvergadura. A esta postura corresponde la Tesis Aislada32/2004 del Cuarto Tribunal Colegiado en materiaadministrativa del primer circuito, de rubro “SUSPENSIÓN ENEL JUICIO DE AMPARO. PARA DETERMINAR SI SE AFECTA ELORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, DEBE SOPESARSE ELPERJUICIO REAL Y EFECTIVO QUE PODRÍA SUFRIR LACOLECTIVIDAD, CON EL QUE PODRÍA AFECTAR A LA PARTEQUEJOSA CON LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y ELMONTO DE LA AFECTACIÓN DE SUS DERECHOS ENDISPUTA”…

…El artículo 124 de la Ley de Amparo condiciona la concesiónde la suspensión, además de la solicitud del quejoso, enprimer lugar, a que no se afecte el orden público y el interéssocial, y en segundo, a que sean de difícil reparación los dañosy perjuicios que se le causen al agraviado con la ejecución delacto reclamado. Ahora bien, para determinar si existe esaafectación no basta que la ley en que se fundamente el actosea de orden público e interés social, sino que debe evaluarsesi su contenido, fines y consecución son contrarios a losvalores y principios que inspiran el orden público, capaz derestringir derechos fundamentales de los gobernados, o si sonrealmente significativos para afectar el interés social.Efectivamente, las leyes, en mayor o menor medida,responden a ese interés público,…

…sin embargo, esto no puede ser una habilitación absoluta, capaz deafectar derechos fundamentales de modo irreversible, ya que tambiénes deseable por la sociedad que las autoridades no afectenirremediablemente derechos sustanciales de los particulares,especialmente cuando tienen el carácter de indisponibles oirreductibles como la libertad, igualdad, dignidad y los demásconsagrados en el artículo 16 constitucional, por ser sus consecuenciasde difícil o de imposible reparación. Así las cosas, para aplicar elcriterio de orden público e interés social debe sopesarse el perjuicioque podrían sufrir las metas de interés colectivo perseguidas con losactos concretos de aplicación, con el perjuicio que podría afectar a laparte quejosa con la ejecución del acto reclamado y el monto de laafectación de sus derechos en disputa.

Novena Época Registro: 172133 Instancia: Tribunales Colegiados de CircuitoJurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo : XXV, Juniode 2007 Materia(s): Común Tesis: I.4o.A. J/56, Página: 986

o Para llegar a la posición personalizadora de la modernaescuela europea, concretizada en las sentencias delTribunal de Justicia de Luxemburgo, que exige que elconcepto de orden público se matice y relativiceconforme al valor del comportamiento personal delindividuo afectado. A grado tal, que aún la existenciade una condena penal previa, resulta irrelevante si eldelito que la originó no guarda relación con la conductapresente que se califica como amenaza para el ordenpúblico.

DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LACONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOSMEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA(INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1o., 14,TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, PRIMERPÁRRAFO).

LAS INFRACCIONES FISCALES SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS DELDERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y POR LASGARANTÍAS DEL DERECHO PENAL, EN LO QUE RESULTENAPLICABLES.

Registro IUS No. 173256

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LACONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALESES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICASGARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SONMANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.


Además la conducta amenazante debe ser real, actual ysuficientemente grave para un interés fundamental dela sociedad (no un simple riesgo ni algunaespeculación). La medida de orden público que lacontrarreste debe aplicarse siempre con carácterindividual y en magnitud proporcional, sin admitirpropósitos de ejemplaridad (prevención general) ni deestigmatización (prevención especial) expresada enpronósticos de reincidencia (prevención especial).Finalmente la medida en cuestión debe ser la últimaratio o recurso para restituir el orden público o evitar laconculcación del mismo y nunca una medida común osistemática.

Esta postura se refleja en la siguiente tesis:

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CONFORME A LA TEORÍA DEPONDERACIÓN DE PRINCIPIOS DEBE NEGARSE SI EL INTERÉSSOCIAL CONSTITUCIONALMENTE TUTELADO ES PREFERENTEAL DEL PARTICULAR. Cuando dos derechos fundamentalesentran en colisión, se debe resolver el problema atendiendo alas características y naturaleza del caso concreto, conforme alcriterio de proporcionalidad, ponderando los elementos osubprincipios siguientes: a) idoneidad, la cual es la legitimidadconstitucional del principio adoptado como preferente, porresultar ser el adecuado para el logro de un finconstitucionalmente válido o apto para conseguir el objetivopretendido; …

b) necesidad, consistente en que no exista otro medio menoslimitativo para satisfacer el fin del interés público y quesacrifique, en menor medida, los principios constitucionalesafectados por el uso de esos medios; o sea, que resulteimprescindible la restricción, porque no exista un mediomenos oneroso, en términos del sacrificio de otros principiosconstitucionales, para alcanzar el fin deseado y que afecten enmenor grado los derechos fundamentales de los implicados; yc) el mandato de proporcionalidad entre medios y finesimplica que al elegir entre un perjuicio y un beneficio a favorde dos bienes tutelados, el principio satisfecho o que resultaprivilegiado lo sea en mayor proporción que el sacrificado.

Esto es que no se renuncie o sacrifiquen valores y principios conmayor peso o medida a aquel que se desea satisfacer. Así, el derechoo principio que debe prevalecer, en el caso, es aquel que optimicelos intereses en conflicto y, por ende, privilegiándose el que resulteindispensable y que conlleve a un mayor beneficio o cause un menordaño. Consecuentemente, tratándose de la suspensión debenegarse dicha medida cautelar cuando el interés socialconstitucionalmente tutelado es preferente al del particular, ya queel derecho o principio a primar debe ser aquel que cause un menordaño y el que resulta indispensable privilegiarse, o sea, el queevidentemente conlleve a un mayor beneficio.

Novena Época Registro: 174338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito TesisAislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo : XXIV,Agosto de 2006 Materia(s): Común Tesis: I.4o.A.70 K, Página: 2346

V. ¿qué ha sucedido desde 1990 a la fecha?

SUSPENSION CONTRA COBRO DE CONTRIBUCIONES.PRESUNCION LEGAL JURIS TANTUM DE QUE NO CAUSAPERJUICIO AL INTERES SOCIAL NI CONTRAVIENE DISPOSICIONESDE ORDEN PUBLICO. La facultad discrecional otorgada al juez deamparo en el artículo 135 de la Ley Reglamentaria de losArtículos 103 y 107 Constitucionales, analizada en congruenciacon lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 124 delmismo ordenamiento, permite inferir razonablemente que ellegislador estableció una presunción juris tantum de que con lasuspensión concedida contra el cobro de contribuciones no sesigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposicionesde orden público.

Si el legislador hubiera estimado que con esa suspensión sesigue perjuicio al interés social o se contravienendisposiciones de orden público, no habría otorgado talfacultad discrecional al órgano jurisdiccional, porque elloimplicaría inobservancia de la fracción II del artículo 124.Consecuentemente, corresponde a la autoridad responsableprobar que con la suspensión concedida en ejercicio de esafacultad discrecional se siguió perjuicio al interés social o secontravinieron disposiciones de orden público en el casoconcreto que se analice.

Octava Época Registro: 220324 Instancia: Tribunales Colegiados deCircuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo :IX, Marzo de 1992 Materia(s): Administrativa Tesis: Página: 308.

AGENTE ADUANAL. ORDEN DE SUSPENSION DE PATENTE DE.“Con la concesión de la suspensión respecto de la suspensión depatente de agente aduanal, no se sigue perjuicio al interéssocial, ni se contraviene disposiciones de orden público, toda vezque el propio Código Aduanero, en su artículo 147, permite, queejercitada la orden de suspender al agente aduanal, concluyaéste con las operaciones que ya hubiere iniciado, ya que éste seencuentra sometido a un régimen que garantizasatisfactoriamente las responsabilidades en que pudiera incurrir(artículo 143 fracción IX, 143 bis y 144 del código de la materia).

JURISPRUDENCIA, TESIS: XV.1O. J/3, AGENTE ADUANAL. ORDEN DE SUSPENSIONDE PATENTE DE., Julio de 1993, No. Registro: 215.786.

Los artículos invocados (143, fracción IX y 144)establecían la obligación de los agentes aduanales deconstituir un fondo de garantía mediante depósito endinero ante Nacional Financiera a favor de la Tesoreríade la Federación para caucionar su actividad. Sinembargo el 26 de julio de 1993 fueron publicadas enel Diario Oficial de la Federación reformas a la LeyAduanera que suprimieron la obligación de constituiry mantener tales fondos (en vigor al día siguiente desu publicación).

Selección aleatoria.

El artículo 29 de la Ley Aduanera vigente en la fecha enque se suscitaron las tesis contradictorias, establecíaen su primer párrafo lo siguiente: “…presentado elpedimento y efectuado el pago de las contribucionesdeterminadas por el interesado, se presentarán lasmercancías y se activará el mecanismo de selecciónaleatoria que determine si debe practicarse elreconocimiento aduanero de las mismas. En casoafirmativo, la autoridad aduanera lo efectuará antequien presente las mercancías en el recinto fiscal. Si nodebe practicarse se le entregarán dichas mercancías deinmediato.”

Segundo reconocimiento

Por las reformas del 26 de julio de 1993 al mismoartículo 29, le fue adicionado un tercer párrafo enlos siguientes términos: “…en caso de que se lleve acabo el reconocimiento a que se refiere el primerpárrafo de este artículo, quien haya presentado lasmercancías deberá activar nuevamente unmecanismo de selección aleatoria que determinarási dichas mercancías estarán sujetas a un segundoreconocimiento.”

Selección automatizada.Mediante Decreto publicado en el D.O.F. del 31 de diciembre de1998, el multicitado artículo 43, primer y segundo párrafos, quedóreformado en los siguientes términos:

ARTICULO 43. Elaborado el pedimento y efectuado el pago de lascontribuciones y cuotas compensatorias determinadas por elinteresado, se presentarán las mercancías con el pedimento ante laautoridad aduanera y se activará el mecanismo de selecciónautomatizado que determinará si debe practicarse el reconocimientoaduanero de las mismas. En caso afirmativo, la autoridad aduaneraefectuará el reconocimiento ante quien presente las mercancías en elrecinto fiscal. Concluido el reconocimiento, se deberá activarnuevamente el mecanismo de selección automatizado, quedeterminará si las mercancías se sujetarán a un segundoreconocimiento.

Revisión discrecional.

Es decir, que la revisión de las mercancías dejó de seraleatoria y devino discrecional para la autoridadaduanera, además de estar sujetas, al arbitrio de lamisma autoridad, a otra revisión (independientementedel resultado de la primera selección) practicada pordictaminadores autónomos contratados por empresasautorizadas por la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico (artículo 43, sexto párrafo, 174 y 175 de la LeyAduanera) antes de poder ser retiradas del recintofiscal.

Padrón de Importadores.

A mayor abundamiento, la Ley Aduanera que entró envigor el 1º de abril de 1996, estableció el registro en el“padrón de importadores”, como un requisito paraimportar mercancías; a su vez, el Reglamento publicadoen el D.O.F. del 06 de junio de 1996, señaló en el artículo78 las causales de suspensión en el citado padrón. Conello, la autoridad quedó en aptitud de suspender lasimportaciones desde su raíz, es decir, impedir que eldirectamente interesado y propietario de la mercancíacontinuara introduciéndola al país, contratando a otro (s)agente (s) aduanal (es).

ARTICULO 59. Quienes importen mercancías deberáncumplir, sin perjuicio de las demás obligaciones previstaspor esta Ley, con las siguientes:…IV. Estar inscritos en el Padrón de Importadores

Artículo 78. Procede la suspensión en el padrón deimportadores, en los siguientes casos:

IV. Por resolución firme, que determine que elcontribuyente cometió cualquiera de las infraccionesprevistas en los artículos 176, 177 y 179 de la Ley.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Entró en vigor el 1 de enero de 1994 y constituyó un giro de180º en la política de comercio exterior de México. Suprimió lagran mayoría de los permisos de importación, abatió losaranceles hasta nivel cero, admite como “certificados deorigen” simples declaraciones unilaterales del exportadorexpedidas por si y ante si; actualmente se están reconociendolos certificados de normas técnicas expedidos por entidades delos E.E.U.U. en la rama eléctrica y electrónica.

El comercio con E.U.A. y Canadá representa aproximadamenteel 85% de nuestro comercio exterior.

Tratados de libre comercio.

A raíz de la firma del TLCAN, México profundizó la política dedesmantelamiento de barreras arancelarias y no arancelarias,mediante la firma de 12 TLC´s con 44 países (presumimos de ser lasegunda economía mas abierta del mundo).

Hoy se puede afirmar que (salvo el caso de cuotas compensatoriasmuy específicas en cuanto a origen y mercancía) la protección dela planta industrial nacional dejó de ser un principio programáticode la política oficial desde fines del siglo pasado.

Actualmente de 12,450 fracciones arancelarias, únicamenterequieren de permiso previo de la Secretaría de Economía 124(uno por ciento del total).

http://www.promexico.gob.mx/wb/Promexico/libre_comercio

Constitución vigente en la fecha de contradicción de tesis.

Artículo 32.- …

Para pertenecer a la Marina Nacional de Guerra o la FuerzaAérea, y desempeñar cualquier cargo o comisión en ellas, serequiere ser mexicano por nacimiento. Esta misma calidad seráindispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas,mecánicos y, de una manera general, para todo el personal quetripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con labandera o insignia mercante mexicana. Será también necesariala calidad de mexicano por nacimiento para desempeñar loscargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje ycomandante de aeródromo, así como todas las funciones deagente aduanal en la República.

Constitución reformada el 20 de marzo de 1997.

Artículo 32.- …

En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, nien las fuerzas de policía o seguridad pública. Para pertenecer alactivo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de laFuerza Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo ocomisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento.

Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos,patrones, maquinistas, mecánicos y, de una manera general, paratodo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronaveque se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana.Será también necesaria para desempeñar los cargos de capitánde puerto y todos los servicios de practicaje y comandante deaeródromo.

AGENTE ADUANAL, SUSPENSION EN EL EJERCICIO DE SUSFUNCIONES. EL ARTICULO 147, FRACCION X, DE LA LEYADUANERA QUE LA PREVE, RESPETA LA GARANTIA DEAUDIENCIA, EN TANTO QUE DICHA MEDIDA ES DE CARACTERPROVISIONAL Y, POR ENDE, NO CONSTITUYE UN ACTOPRIVATIVO (LEGISLACION VIGENTE EN MIL NOVECIENTOSNOVENTA Y TRES). Conforme a la jurisprudencia de laSuprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía deaudiencia prevista en el artículo 14 constitucional únicamenterige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstosaquellos que en sí mismos constituyen un fin, con existenciaindependiente, cuyos efectos de privación son definitivos y noprovisionales o accesorios.

De ahí que la suspensión en el ejercicio de las funciones de unagente aduanal, prevista en la fracción X del artículo 147 de la LeyAduanera, que cobra vigencia en el caso de que se sujete a aquél aun procedimiento de cancelación de la patente y cuyos efectosperviven hasta que se dicte la resolución correspondiente,constituye una medida provisional, para la cual no rige el artículo14 constitucional, que se caracteriza por ser accesoria y sumaria;lo primero, en tanto no constituye un fin en sí misma; y losegundo, debido a que por su finalidad se tramita en plazosbreves; y cuyo fin es, previendo el peligro en la dilación, suplirinterinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia,por lo que la medida en comento, al encontrarse dirigida agarantizar la eficacia de la cancelación que pudiera determinarse,evitando la continuidad de trámites aduanales irregulares porparte del agente, constituye un instrumento no sólo de otraresolución, sino también del interés público,…

…pues aunado a que garantiza el desarrollo normal delprocedimiento aduanero sancionador que se inicia, buscarestablecer el ordenamiento jurídico conculcadodesapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputailegal. En abono a lo anterior, el carácter provisional y temporalde esta medida se pone de manifiesto al advertir que lasuspensión de la patente durará hasta en tanto se dicte laresolución correspondiente en el procedimiento administrativorelativo, por lo que aquélla no implica su privación definitiva,situación que estará condicionada a la resolución final que sedicte en dicho procedimiento, donde se decidirá si se le cancelaen forma definitiva o no.

Registro No. 199447, Localización: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente:Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Febrero de 1997, Página: 5,Tesis: P./J. 6/97, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa

AGENTES ADUANALES. SUSPENSION DE ACTIVIDADES DE LOS.Independientemente de que la suspensión en el ejercicio de lasactividades de agente aduanal pueda revocarse o, por elcontrario, pueda decretarse la cancelación de la patente, lareferida suspensión causa perjuicios por si misma (es decir, conindependencia de que posteriormente pudiera cancelarse lapatente), y no entraña una medida provisional, sino sólo unasanción de menor gravedad que la cancelación. No son denaturaleza fiscal los acuerdos que ordena la suspensión en lasactividades del agente aduanal o la cancelación de la patenterespectiva. Contra el acto en que se decide la suspensión en lasfunciones de un agente aduanal, el agraviado no tiene obligaciónde agotar el juicio previsto en el artículo 160, fracción IV, delcódigo tributario.

Registro IUS 267514

AGENTE ADUANAL. LA SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DESUS FUNCIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 164,FRACCIÓN IV, DE LA LEY ADUANERA NO REQUIERE ELOTORGAMIENTO DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIAPREVIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hasostenido el criterio de que la garantía de audienciaprevia consagrada en el artículo 14 de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, es deobservancia obligatoria únicamente tratándose de actosprivativos, entendiéndose por éstos, aquellos queconstituyen un fin por sí mismos, con existenciaindependiente.

En congruencia con tal criterio y tomando en consideración queexiste jurisprudencia del Pleno de este Alto Tribunal en la que seestableció la constitucionalidad de la fracción X del artículo 147de la Ley Aduanera abrogada, cuyo texto es idéntico al delnumeral 164, fracción IV, de la ley vigente, resulta inconcuso quela suspensión en el ejercicio de las funciones de un agenteaduanal prevista en el precepto últimamente citado, para el casode que aquél se encuentre sujeto a un procedimiento decancelación de la patente, no requiere el otorgamiento de lagarantía constitucional de referencia. Lo anterior es así, porque lamencionada suspensión constituye una medida provisionalaccesoria y sumaria que pretende garantizar no sólo la eficaciade la cancelación, sino también el interés público y fiscal, y queno entraña propiamente un acto privativo de carácter definitivo,en virtud de que sólo durará hasta en tanto se dicte laresolución respectiva.

Además, la referida medida tiene el carácter de cautelar,pues se adopta como reacción ante ciertos riesgos operturbaciones aduaneras y supone, por su contenido y fin,cautelas para evitar lesiones al interés público protegido, opara impedir la continuación de sus efectos antijurídicos,dadas las infracciones consignadas en el acta de inicio delprocedimiento administrativo en materia aduanera.

Registro No. 189231, Localización: Novena Época, Instancia: Primera Sala,Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIV, Agosto de 2001,Página: 165, Tesis: 1a. LXXVIII/2001, Tesis Aislada, Materia(s): Constitucional,Administrativa.

No es verdad que el procedimiento de cancelación depatente se tramite en “plazos breves”:

Procedimiento administrativo de

cancelación de patente.

Acuerdo de cancelación.

Plazo de resolución.

21 / agosto / 2003 24 / marzo / 2004 7 meses

18 / abril / 2002 26/ sept / 2005 3 años 5 meses

31 / julio / 2002 28 / enero / 2003 6 meses

16 / diciembre / 2004 22/ febrero/ 2005 2 meses

20 / enero / 2004 16 /octubre / 2008 4 años 9 meses

30 / abril / 2003 3 / junio / 2005 2 años 2 meses

Promedio: 23 meses

Sentencia de Amparo en Revisión

7/ octubre / 2008

2 / abril / 2008

25 /octubre/2004

27/ mayo / 2009

16 / abril / 2008

14/ mayo /2008

Número de expediente

02076/2007Pleno SCJN

00278/20081ª Sala SCJN

396/2004-53781er. C. mA. 1er. C

R.F. 117/200914º C. mA. 1er. C



Tiempo transcurrido

subjudice

5 años 2 meses

6 años

2 años 3 meses

4 años 5 meses

4 años 3 meses

5 años 1 mes

Promedio: 4 años y medio

Juicios ante el TFJFyA

TIPOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DELESTADO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DELSAT. VI-P-SS-521

Revista del TFJFyA, Número 40, Abril 2011, pág. 323.

En este asunto el juicio de nulidad se inició en el 2005y resolvió la nulidad de la cancelación de la patente el01 de diciembre de 2010.

1372 días = 3 años, 9 meses 7 días aprox.

Días promedio transcurridos para sustanciar un juicio en el año 2007 (Salas Regionales Metropolitanas)

Admisión

Contestación

Ampliación de Demanda

Sentencia de FondoContestación a la Ampliación

Cierre de instrucción

Días

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

13

Reforma a la Ley de Amparodel 24 de abril de 2006:

Artículo 124.- Fuera de los casos a que se refiere elartículo anterior, la suspensión se decretará cuandoconcurran los requisitos siguientes:…II.- Que no se siga perjuicio al interés social, ni secontravengan disposiciones de orden público.

Se considera, entre otros casos, que sí se siguen esosperjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando deconcederse la suspensión:

g) Se permita el ingreso en el país de mercancías cuyaintroducción esté prohibida en términos de Ley o bien seencuentre en alguno de lo supuestos previstos en elartículo 131 párrafo segundo de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con lasnormas relativas a regulaciones y restricciones noarancelarias a la exportación o importación, salvo el casode las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a loregulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan conlas Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producciónnacional;…

VI. Cambio jurisprudencial en la apreciación del Orden

Público y el interés social para otorgar la suspensión

del acto reclamado.

SUSPENSION DEFINITIVA. SUPUESTOS EN QUE SE CAUSARIAPERJUICIO AL INTERES SOCIAL NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DEAMPARO. NECESIDAD DE ACREDITARLOS. Es evidente que cuandose actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 124,fracción II de la Ley de Amparo, se sigue perjuicio al interés social,por lo que la medida solicitada debe negarse; sin embargo, cuandoese perjuicio no es notorio y manifiesto por no encuadrar en dichossupuestos, las autoridades o los terceros perjudicados debenaportar al ánimo del juzgador los elementos de convicciónsuficientes para que pueda razonablemente estimarse que, en elcaso concreto que se plantea, la concesión de la medidasuspensional causaría tales perjuicios.

Registro: 224256 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente:Semanario Judicial de la Federación Tomo : VII, Enero de 1991 Materia(s): ComúnTesis: Página: 488

SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DEOBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LALEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARACTERPROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTORECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de lanaturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son laapariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero deellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr unadecisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derechodiscutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de losactos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sindejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Leyde Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derechoinvocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo deprobabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo sedeclarará la inconstitucionalidad del acto reclamado.

Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107,fracción X, constitucional, en cuanto establece que para elotorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse encuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violaciónalegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que sedice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violaciónalegada no sólo comprende el concepto de violación aducidopor el quejoso sino que implica también el hecho o acto queentraña la violación, considerando sus características y sutrascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sinprejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre laconstitucionalidad o inconstitucionalidad de los actosreclamados, ya que esto sólo puede determinarse en lasentencia de amparo con base en un procedimiento más amplioy con mayor información,…..

…teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada enrelación con la suspensión no debe influir en la sentencia defondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional yse funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia delas pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con losotros elementos requeridos para la suspensión, porque si elperjuicio al interés social o al orden público es mayor a los dañosy perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso,deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservacióndel orden público o del interés de la sociedad están por encima delinterés particular afectado. Con este proceder, se evita el excesoen el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedarásujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión.

JURISPRUDENCIA, P./J. 15/96, Abril de 1996, No. Registro: 200.136.

SUSPENSION. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE CLAUSURAEJECUTADA POR TIEMPO INDEFINIDO. El artículo 107, fracción Xde la Constitución General de la República, establece como uno delos requisitos para la procedencia de la suspensión del actoreclamado en el amparo, el de tomar en cuenta la naturaleza de laviolación alegada; esto es, el juzgador deberá realizar un juicio deprobabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que podrácambiar al dictar la sentencia definitiva, pues el hecho de queanticipe la probable solución de fondo del juicio principal, es unadelanto provisional, sólo para efectos de la suspensión. Talanticipación es posible porque la suspensión se asemeja, en elgénero próximo, a las medidas cautelares, aunque es evidente queestá caracterizada por diferencias que la perfilan de manerasingular y concreta. Sin embargo, le son aplicables las reglas detales medidas, en lo que no se opongan a su específica naturaleza.

En este aspecto cabe señalar que son dos los extremos que hayque llenar para obtener la medida cautelar: 1) Apariencia de buenderecho y 2) Peligro en la demora. La apariencia de la existenciadel derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria quedescarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria ocuestionable, lo que se logra a través de un conocimientosuperficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidadrespecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; elpeligro en la demora consiste en la posible frustración de losderechos del pretendiente de la medida, que puede darse comoconsecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución defondo. En síntesis, la medida cautelar exige un preventivo cálculode probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no puedesepararse de otro preventivo cálculo de probabilidad, que se hacesobre la existencia del derecho cuya tutela se solicita a lostribunales.

Consecuentemente, si toda medida cautelar descansa en losprincipios de verosimilitud o apariencia del derecho y elpeligro en la demora, el Juez de Distrito puede analizar esoselementos en presencia de una clausura ejecutada portiempo indefinido, y si la provisión cautelar, como merasuspensión, es ineficaz, debe dictar medidas que implican nouna restitución, sino un adelanto provisional del derechocuestionado, para resolver posteriormente, en formadefinitiva, si el acto reclamado es o no inconstitucional; así, elefecto de la suspensión será interrumpir el estado de clausuramientras se resuelve el fondo del asunto, sin perjuicio de quesi se niega el amparo, porque la "apariencia del buenderecho" sea equivocada, la autoridad pueda reanudar laclausura hasta su total cumplimiento.

Lo expuesto anteriormente se sustenta en la fracción X deldispositivo constitucional citado, que establece que para conceder lasuspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violaciónalegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio deprobabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, con miras aotorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícilreparación al quejoso y conservar viva la materia del juicio, si conello no se lesionan el interés social y el orden público, lo cual podráresolver la sensibilidad del Juez de Distrito, ante la realidad del actoreclamado, pues si el perjuicio al interés social o al orden público esmayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrirel quejoso, deberá negar la suspensión solicitada, ya que lapreservación del orden público y el interés de la sociedad están porencima del interés particular afectado.

JURISPRUDENCIA P./J. 16/96, Abril 1996, Registro: 200.137

ORDEN PÚBLICO. ES UN CONCEPTO JURÍDICOINDETERMINADO QUE SE ACTUALIZA EN CADA CASOCONCRETO, ATENDIENDO A LAS REGLAS MÍNIMAS DECONVIVENCIA SOCIAL. El orden público no constituye unanoción que pueda configurarse a partir de la declaraciónformal contenida en una ley. Por el contrario, ha sido criterioconstante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quecorresponde al juzgador examinar su presencia en cada casoconcreto, de tal suerte que se perfila como un conceptojurídico indeterminado de imposible definición cuyocontenido sólo puede ser delineado por las circunstancias demodo, tiempo y lugar que prevalezcan en el momento enque se realice la valoración.

En todo caso, para darle significado, el juzgador debe tenerpresentes las condiciones esenciales para el desarrolloarmónico de la comunidad, es decir, las reglas mínimas deconvivencia social; en la inteligencia de que la decisión que setome en el caso específico no puede descansar en merasapreciaciones subjetivas, sino en elementos objetivos quetraduzcan las preocupaciones fundamentales de la sociedad,siempre buscando no obstaculizar la eficacia de los derechosde tercero.

Novena Época Registro: 177560 Instancia: Tribunales Colegiados deCircuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación ysu Gaceta Tomo : XXII, Agosto de 2005 Materia(s): Común Tesis:I.4o.A.63 K, Página: 1956.

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PARA CONCEDERLA DEBEEFECTUARSE LA PONDERACIÓN ENTRE LA APARIENCIA DELBUEN DERECHO, EL ORDEN PÚBLICO Y LOS INTERESES SOCIALE INDIVIDUAL EN FORMA CONCRETA. Toda vez que laconstatación de la apariencia del buen derecho no exime de laobservancia de los requisitos que establece el artículo 124 dela Ley de Amparo, referentes a que con el otorgamiento de lasuspensión no se siga perjuicio al interés social, ni secontravengan disposiciones de orden público, debenanalizarse dichos presupuestos pero ya no con unaperspectiva abstracta del conflicto entre el interés individualcontra el orden público e interés social, sino que ahora separtirá de una visión concreta del interés individual en contradel orden público y del interés social.

En efecto, hasta antes de que el Pleno de la Suprema Corte deJusticia de la Nación determinara en contradicción de tesis quepara resolver sobre la suspensión es factible hacer unaapreciación de carácter provisional de la inconstitucionalidaddel acto reclamado, la jurisprudencia tradicional negabarotundamente esa posibilidad. Ello traía como consecuenciaque el acto reclamado para efectos de la suspensión seexaminara de una forma avalorada, lo que provocaba quecuando se confrontaba el interés particular del quejoso contrael interés social y el orden público del acto de autoridad, suanálisis se hacía en abstracto, como podía ser el caso de lasuspensión en contra de órdenes militares, en que si se estudiade una forma abstracta, debe negarse la suspensión, deconformidad con la fracción II del artículo 124 de la Ley deAmparo,…..

…pues ello impediría el cumplimiento de ese tipo demandatos, no importando que la orden rebasara los límitesde su competencia, pues eso, acotaba la jurisprudenciatradicional, no podía ser materia de la suspensión ya queatañería al fondo del asunto que es propio de la sentencia;sin embargo cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justiciade la Nación determinó que en la suspensión es factiblehacer una apreciación de carácter provisional de lainconstitucionalidad del acto reclamado, la concepción deeste último dejó de ser avalorada para transformarse envalorada, lo que ocasiona que ahora la confrontación delinterés individual con el orden público y el interés social seaprecie de una forma concreta;…..

…así el acto ya no se verá en abstracto, sino que podrádeterminarse su probable inconstitucionalidad y de ese modose tendrá que ponderar ahora la confrontación de losintereses individual y social, y si se advierte del análisis de laapariencia del buen derecho que el acto de autoridadreclamado rebasa los límites de su competencia, es factibleotorgar la suspensión.

Registro No. 173984, Localización: Novena Época, Instancia:Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicialde la Federación y su Gaceta XXIV, Octubre de 2006, Página:1543, Tesis: VII.2o.C.25 K, Tesis Aislada, Materia: Común.

SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO ELJUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LAAPARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO ALINTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno dela Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudenciaP./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBREELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOSCONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO,HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LAINCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.“, sostuvoque para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar deobservar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley deAmparo,…..

...basta la comprobación de la apariencia del buenderecho invocado por el quejoso, de modo que seaposible anticipar que en la sentencia de amparo sedeclarará la inconstitucionalidad del acto reclamado,lo que deberá sopesarse con el perjuicio que puedaocasionarse al interés social o al orden público conla concesión de la medida, esto es, si el perjuicio alinterés social o al orden público es mayor a losdaños y perjuicios de difícil reparación que puedasufrir el quejoso.

Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudiosimultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en lademora con la posible afectación que pueda ocasionarse alorden público o al interés social con la suspensión del actoreclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referidoartículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posibleconsiderar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio deinconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con elorden público que pueda verse afectado con su paralización, y sinhaberse satisfecho previamente los demás requisitos legales parael otorgamiento de la medida.

Registro No. 165659, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala,Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Diciembre de2009, Página: 315, Tesis: 2a./J. 204/2009, Jurisprudencia, Materia(s):Común

AUTÉNTICA CONTRADICCIÓN DE TESIS:

Tesis de jurisprudencia 21/93 SCJN

V.S.

Tesis de jurisprudencia: 15/96, 16/96, 81/2002, SCJN, 2a/.J.204/2009.

(Tesis aisladas: A.R. 1254/90; 773/94; 143/95; 32/2004; I.3o.A.138 K; XIX.2o.4 A; I.4o.A.63.K;

VII.2o.C.25.K. Colegiados).

VII. La jurisprudencia no es intocable.

ACUERDO 5/2003 DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTEDE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

REGLAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TESIS AISLADASY JURISPRUDENCIALES.

1. La tesis es la expresión por escrito, en formaabstracta, de un criterio jurídico establecido alresolver un caso concreto. En consecuencia, la tesisno es un extracto, una síntesis o un resumen de laresolución.

2. La tesis se compondrá de rubro, texto y precedente.

RUBRO

El rubro es el enunciado gramatical queidentifica al criterio interpretativoplasmado en la tesis. Tiene por objetoreflejar con toda concisión, congruenciay claridad la esencia de dicho criterio yfacilitar su localización, proporcionandouna idea cierta del mismo.

TEXTO

En la elaboración del texto de la tesis se observaránlas siguientes reglas:

1. Deberá derivarse en su integridad de la parteconsiderativa fundamental de la resolucióncorrespondiente y no contener aspectos que, auncuando se hayan tenido en cuenta en la discusióndel asunto, no formen parte de aquella.

Se entenderá por parte considerativa fundamentalla concerniente al planteamiento del problema oproblemas tratados y las razones de su solución.

PRECEDENTE

En la elaboración del precedente se observaránlas siguientes reglas:

1. Se formará con los datos de identificación dela ejecutoria, señalándose en su orden y en sucaso, el tipo de asunto, el número delexpediente, el nombre del promovente del juicio,la fecha de resolución, la votación, el ponente yel secretario.

LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA ES UN CUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD.

JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIADE LA NACIÓN. SU APLICACIÓN REPRESENTA UNACUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD, AUN CUANDO SEREFIERA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O ALA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOSCONSTITUCIONALES.

Registro No. 161047

LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PUEDE GENERAR CONTRADICCIONES.

CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALESCOLEGIADOS DE CIRCUITO. PUEDE SUSCITARSEEN TORNO A LA APLICABILIDAD DE UNAJURISPRUDENCIA.

Registro No. 164614

LA JURISPRUDENCIA EXIGE PRONUNCIAMIENTO.

JURISPRUDENCIA O TESIS AISLADA INVOCADA EN LADEMANDA DE NULIDAD. OBLIGACIÓN DE LA SALAFISCAL DE PRONUNCIARSE RESPECTO DE SUAPLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASOCONCRETO, A FIN DE CUMPLIR CON LA GARANTÍA DELEGALIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16CONSTITUCIONAL Y CON EL PRINCIPIO DEEXHAUSTIVIDAD.

Registro No. 164574

LA JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES SE

APLICA DE OFICIO.

JURISPRUDENCIA EN LA QUE SE DECLARA LAINCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. LOS TRIBUNALESORDINARIOS COMO EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIAFISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁN OBLIGADOS AAPLICARLA, AUN ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTO DEIMPUGNACIÓN, A FIN DE HACER PREVALECER LACONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOSMEXICANOS, COMO LEY SUPREMA.

Registro No. 176257

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PARADESECHAR DICHO RECURSO POR NO REUNIRLOS REQUISITOS DE IMPORTANCIA YTRASCENDENCIA, AL EXISTIR JURISPRUDENCIADE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LANACIÓN, ES NECESARIO QUE EN ÉSTA SE HAYAEXAMINADO DE MODO DIRECTO Y PRECISO ELTEMA DE CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADO.

Registro No. 165918

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PARA QUEPROCEDA NO BASTA EL PLANTEAMIENTODE QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO OMITIÓAPLICAR ALGUNA JURISPRUDENCIA DE LASUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LANACIÓN QUE DECLARA LAINCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, SINOQUE ES NECESARIO VERIFICAR SUAPLICACIÓN AL CASO ESPECÍFICO.

Registro No. 167068

LA JURISPRUDENCIA PUEDE MODIFICARSE

JURISPRUDENCIA. EL REQUISITO DE LASOLICITUD DE MODIFICACIÓN RELATIVO A SUAPLICACIÓN EN UN CASO CONCRETO PARA SUPROCEDENCIA, SE ACTUALIZA CUANDO ENUNA RESOLUCIÓN SE CUESTIONA LA EFICACIADE UN CRITERIO OBLIGATORIO.

Registro No. 169468

ES NECESARIO CREAR JURISPRUDENCIA PARA DEFINIR EL ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA.

CAUSA DE PEDIR. LOS DOCUMENTOS A QUE SE REMITEEL ACTOR EN LA DEMANDA, DEBEN TAMBIÉN SERCLAROS Y PRECISOS (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIAPOR CONTRADICCIÓN DE TESIS NÚMERO 26/2002-PS).

Registro No. 165601

PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS, ALCANCE DE LAJURISPRUDENCIA BAJO LA VOZ DE.

Registro No. 812099

LA JURISPRUDENCIA ES INTERPRETABLE Y SU INTERPRETACIÓN PUEDE GENERAR NUEVA

JURISPRUDENCIA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE DERIVAR DELSENTIDO Y ALCANCE QUE LOS TRIBUNALESCOLEGIADOS DE CIRCUITO LE DEN A UNAJURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DEJUSTICIA DE LA NACIÓN.

Registro No. 170812

LA JURISPRUDENCIA ES DE JERARQUIA MENOR QUE LA LEY

JURISPRUDENCIA, SU ALCANCE.

Si bien es cierto que la jurisprudencia queestablecen los tribunales federales, tiene elcarácter de obligatorio; también lo es que dichajurisprudencia no deja de ser más que lainterpretación que de la ley hace el órganojurisdiccional federal, por lo que no puedetener el alcance de derogar la ley, ni siquieraequipararse a ésta.

Registro No. 218563

LA JURISPRUDENCIA ÚNICAMENTE PUEDE ALCANZAR A LA LEY A LA QUE SE REFIERE

“TAL CUAL ES” AL MOMENTO DE INTERPRETARLA.

JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DEUNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL YADMINISTRATIVA NO DEBE APLICARLA PARARESOLVER SOBRE LA LEGALIDAD DE UN ACTOFUNDADO EN UNA DISPOSICIÓN DIVERSA A LADECLARADA INCONSTITUCIONAL, AUN CUANDOREITERE SU CONTENIDO.

Registro No. 178426

REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SE SURTE LA COMPETENCIAORIGINARIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓNPARA CONOCER DEL RECURSO, CUANDO SE INTERPONGA CONTRAUNA SENTENCIA DICTADA POR UN JUEZ DE DISTRITO QUERESUELVA SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA ENMATERIA FISCAL RESPECTO DE LA CUAL EXISTE JURISPRUDENCIADEL ALTO TRIBUNAL, SI SE RECLAMA CON MOTIVO DE UNAREFORMA QUE NO FUE MATERIA DE LOS PRECEDENTES EN QUEAQUÉLLA SE SUSTENTÓ.

Conforme al punto quinto, fracción I, inciso D), del AcuerdoGeneral Número 5/2001, del Tribunal en Pleno de la SupremaCorte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados deCircuito son competentes para conocer de los amparos enrevisión en los cuales, no obstante haberse reclamado unaley federal o un tratado internacional por estimarlos violatoriosde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,sobre el tema debatido exista jurisprudencia. . .

Ahora bien, ese supuesto de competencia no se surte cuandose reclame una norma fiscal respecto de la cual, si bien existejurisprudencia del Máximo Tribunal en relación con suconstitucionalidad, en el amparo se combate el contenido delpropio precepto, empero, con motivo de una reformaposterior al establecimiento de la jurisprudencia, toda vezque cuando se reforma una ley y se sustituye por otra, conindependencia de su similitud con la anterior, al derivar deactos legislativos diversos, corresponde a la Suprema Cortede Justicia de la Nación conocer del recurso respectivo, entérminos de los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 84,fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, aun cuando seafactible la existencia de identidad entre la normatividadprevista en el texto del artículo ya analizado y el reformado,. . .

supuesto en el cual la jurisprudencia sustentada en relación conaquél sería aplicable a este último, puesto que es el Alto Tribunalel facultado para decidir si concurren en ambos textos loselementos que llevaron a sustentar el criterio jurisprudencial, sinvariaciones esenciales, o bien, al haber operado un cambiosustancial, determinar que la jurisprudencia es inaplicable alprecepto reformado. Situación distinta se presenta tratándose dela jurisprudencia temática, pues al existir un criterio genérico enrelación con un tema de constitucionalidad, es innecesaria laintervención de la Suprema Corte.

¿CUÁL ES LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA QUE DEFINECRITERIOS GENÉRICOS? ¿QUÉ ES UNA VARIACIÓNESCENCIAL? ¿QUÉ ES UN CAMBIO SUSTANCIAL?

Registro No. 170599

LA SCJN HABLA DE JURISPRUDENCIA TEMÁTICA O GENÉRICA PERO EL ACUERDO

5/2003 NO LA MENCIONA

REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SÓLO A LASUPREMA CORTE DE JUSTICIA LE CORRESPONDEDECIDIR SI SE SURTE O NO SU COMPETENCIAORIGINARIA CUANDO TENGA QUE ANALIZARSELA APLICABILIDAD DE UNA JURISPRUDENCIA AUN PRECEPTO REFORMADO O SI TIENE ELCARÁCTER DE TEMÁTICA O GENÉRICA.

Registro No. 166284

LOS PRECEDENTES FORMAN PARTE DE LA JURISPRUDENCIA Y ES IMPRESCINDIBLE CONSULTARLOS.

JURISPRUDENCIA. EXAMEN DE LAS SENTENCIAS QUE LACONSTITUYEN. ANALOGIA. APLICACION INOPERANTE DE LOSPRECEDENTES JUDICIALES POR ESTE CRITERIO. De una maneraexacta y rigurosa, una sentencia de la Suprema Corte deJusticia consiste en lo que decide y en las razones inmediatasde decidirlo. Por tal motivo, es necesario estudiar las cincosentencias que forman la jurisprudencia invocada, paraconocer sus vinculaciones con los casos concretos a que serefieren y al no existir elementos comunes entre los dossupuestos, los de las ejecutorías que formaron lajurisprudencia mencionada y el caso a estudio, se imponeconcluir que las razones jurídicas que informan las ejecutoriasque constituyen la jurisprudencia, no son aplicables poranalogía al problema planteado.

Registro No. 246982

José Cárdenas Guerra Aguilera:

“Del concepto de Autoridades. Las vicisitudes de una conocidajurisprudencia inexistente y ahora interrumpida”

(Cuestiones Constitucionales, Num. 12, Enero –Junio, 2005)

Refiere como Genaro Góngora Pimentel en 1987 y José de Jesús Gudiño Pelayo en 1991 demostraron que los precedentes NO eran coincidentes.

Refiere otros casos de jurisprudencia formada con precedentes inconsistentes en materia de :

• Refrendo

• Horas extraordinarias.

•Carga de la prueba.

•Faltas de asistencia.

•Causal de rescisión. Falta de pago.

• Concluye: parafraseando a Carnelutti “lajurisprudencia cierra la vida a la renovación delderecho, estancando las ideas jurídicas”

“Problemas de la jurisprudencia integradora yretroactiva”

Ponencia al Cuarto Congreso Nacional de Amparo.

Plantea: La jurisprudencia es interpretación NOINTEGRACIÓN.

Critica: La jurisprudencia “supletoria” de la ley, quecolma lagunas.

Dirección electrónica: [email protected]

“Criterios relativos de la SCJN en materia tributariay la informática jurisprudencial”

Ponencia al Quinto Congreso Nacional de Amparo.

Plantea: El problema de las tesis cambiantes,contradictorias, “abandonadas” y el fácil acceso atodas ellas mediante el sistema IUS.

Crítica: La presentación indiscriminada que puedeinducir a errores, la selección arbitraria y el usoacrítico de las tesis.

Jorge Mario Magallón Ibarra

“Los sonidos y el silencio de la jurisprudencia Mexicana”

IIJ-UNAM 1º Edición, 2004.

“La jurisprudencia interpreta los hechos no el derecho”.

Cossio, Carlos, “El derecho en el derecho judicial”, Buenos Aires, Ed. Kraft.

“Si la jurisprudencia colma lagunas de la ley, únicamente obliga a las partes del caso y pierde característica de generalidad”.

García Maynez Eduardo

“Sobre el concepto de Jurisprudencia en el SistemaJurídico Mexicano”

Miguel Carbonell en Boletín Mexicano de DerechoComparado, Septiembre-Diciembre, 1996.

En materias en las que la Constitución establece elprincipio de “Reserva de Ley” como son la penal y lafiscal, la Jurisprudencia NO puede integrar (colmarlagunas) la Ley.

AGENTES ADUANALES, SUSPENSION IMPROCEDENTE CONTRA ELACTO EN QUE ACUERDE SUSPENDERLOS EN SUS FUNCIONES.Contra el acto en que se acuerde la suspensión de un agenteaduanal en sus funciones es improcedente conceder lasuspensión provisional, ya que afectaría el interés social y secontravendrían disposiciones de orden público, pues dichoagente estaría en posibilidad de continuar realizando susactividades en los nuevos trámites aduanales, ejerciendo así unaactividad que legalmente requiere autorización en protección delos intereses de la sociedad; autorización ésta que, por efectos dela suspensión de sus funciones, le ha sido retirada, así sea tan sólomientras dure el procedimiento de cancelación de la patente.

Contradicción resuelta el 19 de noviembre de 1993, entre la Q.A. 131/91 del 25 demarzo de 1991 y la Q.A. 273/89 del 23 de octubre de 1989.

Esta jurisprudencia se gestó por una contradicción de tesisaparente, puesto que el Segundo Tribunal Colegiadoconcedió la suspensión provisional en un asunto dediferencia de clasificación arancelaria derivada de undictamen técnico del laboratorio central; el Primer TribunalColegiado la negó en un asunto de lesión al interés fiscal porun crédito no firme; el Tercer Tribunal Colegiado la negó porla resistencia a presentar examen de eficiencia. Este últimoaclaró: …la preservación de la seguridad jurídica de losterceros contratantes con el agente aduanal y de laconfiabilidad de su función es lo que impide a este órganocolegiado conceder la suspensión en supuestos como elahora analizado pues… debe prevalecer el interés… enconstatar la capacidad técnica… de quienes… se ostentancomo expertos…

“SEXTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de laNación, estima que debe prevalecer la tesis que sustentan losTribunales Colegiados Primero y Tercero en MateriaAdministrativa del Primer Circuito, al resolver las quejas 131/91y 273/89.

En efecto, y a fin de determinar con claridad la materia de lapresente contradicción de tesis se estima necesario hacer lassiguientes consideraciones:

1. En principio se debe tomar en consideraciónque los actos reclamados en los diversos casosanalizados, aunque no son exactamente iguales,sí son muy similares.

En efecto, en el caso del Segundo Tribunal Colegiado, elacto reclamado se hizo consistir en el inicio de unprocedimiento para cancelar la patente del quejoso y lasuspensión provisional, a partir de ese acuerdo, delagente aduanal en el ejercicio de sus funciones; en elcaso del Primer Tribunal Colegiado, la orden parasuspender como agente aduanal al quejoso, comoconsecuencia de haberse detectado irregularidades enlas operaciones que realiza; y en el caso del TercerTribunal Colegiado, la orden para que el quejoso comoagente aduanal presente un examen de eficiencia,habiendo solicitado la suspensión contra lasconsecuencias del acto reclamado…”

Respecto de la jurisprudencia por contradicciónque nos ocupa, cabe destacar que dos de lossupuestos de cancelación de patente queprovocaron la controversia fueron suprimidos enreformas posteriores y no existen en la leyvigente, a saber: el examen de eficiencia paraquienes ya obtuvieron patente y la diferencia declasificación arancelaria en perjuicio del fiscotratándose de mercancía que requiere de análisisde laboratorio para su identificación (hoyeximente de responsabilidad para el agenteaduanal).

De una sencilla búsqueda en el “IUS” puedeencontrarse que antes de los tres casos citados,existían ocho casos en los que se concedió lasuspensión del acto reclamado ya fuera la provisionaly/o la definitiva y un caso en el que se negó de planola suspensión así como dos más en los que solo seconcedió para concluir operaciones en curso.

Los asuntos en los que se concedió la suspensiónprovisional y/o definitiva se identifican con losregistros IUS: 214624, 224888, 251835, 255433,256270, 319913, 331189, 332896.

Petición de principio.

AGENTES ADUANALES, ES IMPROCEDENTE OTORGAR LASUSPENSION CONTRA EL ACTO QUE CANCELE SU PATENTE, PORCONTRAVENIR DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.- Conforme alartículo 167 de la Ley Aduanera, cuando se inicia el procedimientode cancelación de patente de agente aduanal, la autoridad deberádictar la resolución que corresponda en un plazo que no excedade cuatro meses, transcurrido dicho plazo, sin que se notifique laresolución correspondiente, el interesado podrá considerar que laautoridad aduanera puso fin a dicho procedimiento, resolviendoen el sentido de cancelar la patente respectiva. Ahora bien, si enel juicio contencioso administrativo se impugna la resolución decancelación ficta, o bien, la resolución que resolvió cancelar lapatente aduanal, ….

…contra esos actos es improcedente conceder la suspensióndefinitiva, ya que se contravendría lo dispuesto en el artículo 24,párrafo primero de la Ley Federal de Procedimiento ContenciosoAdministrativo, pues de otorgarse dicha medida cautelar, seafectaría el interés social y se contravendrían disposiciones deorden público, ya que dicho agente aduanal estaría en posibilidadde continuar realizando sus actividades en los nuevos trámitesaduanales, ejerciendo así una actividad que legalmente requiereautorización de la autoridad administrativa competente, enprotección de los intereses de la sociedad.

Recurso de Reclamación Núm. 1997/08-06-01-6/1860/09-S1-04-05.- Resuelto por laPrimera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal yAdministrativa, en sesión de l0 de noviembre de 2009, por mayoría de 4 votos afavor y 1 voto en contra.-

AGENTES ADUANALES, SUSPENSION EN CASODE CANCELACION DE LA PATENTE A LOS.Procede conceder la suspensión en el amparopedido contra la orden de cancelar la patente aun agente aduanal, ya que con ello no se leconcede autorización para ejercer, sinoúnicamente que no se le cancele la ya concedida,lo cual no afecta el orden público, ni a losintereses de la colectividad.

Registro IUS 319913

AGENTE ADUANAL. PARA DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO DECANCELACIÓN DE SU PATENTE NO DEBE TOMARSE EN CUENTALA RESOLUCIÓN QUE RECAIGA AL PROCEDIMIENTOADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA INICIADO CONMOTIVO DE SU ACTUACIÓN, PUES SON INDEPENDIENTES. Delartículo 165, primer párrafo, de la Ley Aduanera, que establecelas causas de cancelación de la patente de agente aduanal, seadvierte que el procedimiento relativo se sustanciará"independientemente" de las sanciones que procedan por lasinfracciones cometidas. Así, la determinación que recaiga alprocedimiento administrativo en materia aduanera, iniciado conmotivo de la actuación del agente aduanal, no debe tomarse encuenta para el inicio del procedimiento de cancelación de supatente, ya que en términos del artículo 10, fracción V, delReglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria,…..

… corresponde al Administrador General de Aduanas la facultadpara determinar la lesión al interés fiscal cuando constituya causalde suspensión o cancelación de patente de agente aduanal, lacual muestra que al evaluar el correcto ejercicio de la función deagente aduanal, la citada autoridad determinará la lesión alinterés fiscal aun cuando otra instancia se haya pronunciado alrespecto y que esta decisión pueda ser controvertida por otrosmedios, ya que el procedimiento de cancelación de patentereviste cualidades distintivas, enfocadas primordialmente alcuidado del servicio de despacho aduanero, para cuyo propósitose confieren facultades exclusivas al Administrador General deAduanas.

Novena Época Registro: 173124 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito TesisAislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo : XXV,Marzo de 2007 Materia(s): Administrativa Tesis: XIX.1o.19 A Página: 1585

PROCEDIMIENTO PARA LA CANCELACION DE PATENTE DE AGENTEADUANAL. LOS DATOS APORTADOS EN EL DIVERSOPROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION Y AUDIENCIA SONSUSCEPTIBLES DE TOMARSE EN CUENTA EN EL. Si bien es cierto queel procedimiento de investigación y audiencia y el de cancelación depatente de agente aduanal son distintos y se regulan por separado,ello no quiere decir que si un documento con el que se desvirtúa laexistencia de una infracción a las disposiciones aduanales que seatribuyen al agente aduanal y que fue la base para el inicio delsegundo de los procedimientos y además obra en el expedienteabierto con motivo del procedimiento de investigación y audiencia,no impide que en el distinto procedimiento pueda ser tomada enconsideración ya que haría desaparecer la causa de este último.

Octava Época Registro: 208679 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis AisladaFuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo : XV-II, Febrero de 1995 Materia(s):Administrativa Tesis: I.4o.A.852 A Página: 472

En efecto, el artículo 165, primer párrafo de la LeyAduanera dice textualmente: “Será cancelada la patentede agente aduanal, independientemente de las sancionesque procedan por las infracciones cometidas, por lassiguientes causas…”. Es decir que la cancelación seacumula a las sanciones determinadas en elprocedimiento administrativo de infracción. Pero de ellono se sigue lógicamente, que si en dicho procedimientono se acreditaron los hechos constitutivos de infracción,pueda válidamente cancelarse la patente por esosmismos hechos, pues se violaría el principio “non bis inidem”.

AGENTES ADUANALES, SUSPENSION TRATANDOSE DECANCELACION DE LA PATENTE DE. Si se reclama en amparo laorden de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que secancele la patente del agente aduanal del quejoso, fundándoseaquélla autoridad en que existían suficientes elementos deprueba en contra del agente, para considerar que pretendióconsumar un fraude al fisco y en que no existía el requisito dehonorabilidad exigido por la fracción III del artículo 49 de la LeyAduanal, si no está demostrada la responsabilidad del quejoso,al concederse la suspensión del acto reclamado, no secontraviene la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo yla suspensión debe otorgarse, puesto que se causaría unperjuicio de difícil reparación, al propio quejoso privándolo delúnico medio de vida que tiene.

Registro IUS. 332896

SUSPENSION. LOS DAÑOS QUE PUEDA PRODUCIR LA SUSPENSION DELEJERCICIO PROFESIONAL SON DE DIFICIL REPARACION, ADEMAS SONDAÑOS PATENTES QUE NO NECESITAN PRUEBA. DEBE CONCEDERSE LASUSPENSION CONTRA SUS EFECTOS, SIEMPRE Y CUANDO NO SECONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLICO O SE AFECTE ELINTERES SOCIAL. Este Tribunal Colegiado estima que los daños que puedao pudiera producir la suspensión del ejercicio profesional, son de difícilreparación por suponer un quebranto personal, profesional y familiar,que puede llevar consigo la pérdida de ingresos, de clientela, eldesprestigio profesional, etcétera, y que dichos daños son patentes y nonecesitan pruebas para demostrarlos, por lo que debe concederse lasuspensión contra efectos, siempre y cuando no se contravengandisposiciones de orden público o se afecte el interés social, y en elsupuesto caso de que la responsable o responsables aleguen que condicha medida suspensiva se contravienen disposiciones de orden públicoo se afecte el interés social,…..

…no basta que en forma general e imprecisa se afirmen talessituaciones, sino que es menester que la autoridad justifique laurgencia de realizar el acto reclamado y que demuestren en formarazonable, para los efectos del incidente de suspensión y con losmedios probatorios que en él puedan aportarse, la conexión queexiste entre el caso combatido y el fin que se persigue, ya que delo contrario, bastaría la enunciación de un fin de interés social o lasimple afirmación de que se contravienen disposiciones de ordenpúblico, para negar la suspensión, a pesar de que se pudierancausar al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación, lo cualsería incorrecto.

Octava Época Registro: 210922 Instancia: Tribunales Colegiados deCircuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo :XIV, Agosto de 1994 Materia(s): Común Tesis: I. 3o. A. 138 K Página: 665

AGENTES ADUANALES. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIONPROVISIONAL CONTRA LA ORDEN DE SUSPENSION TAMBIENPROVISIONAL EN SUS FUNCIONES. La suspensión provisional de unagente aduanal en sus funciones se traduce no sólo en lainhabilitación temporal para el ejercicio de las funciones propias deagente aduanal en nuevos despachos de mercancías, sino tambiénen la abstención de las autoridades aduanales a dar trámite acualquier gestión que durante esa suspensión pretenda realizar unagente suspendido. De esto se colige que el acuerdo de suspensióndel quejoso en sus funciones de agente aduanal y su ejecucióntienen, fundamentalmente, el carácter de positivos (su emisiónmisma y la notificación de la propia resolución), con efectos decarácter negativo, como son, básicamente, la abstención de lasautoridades aduaneras de dar y realizar todos los trámitesinherentes al despacho de mercancías extranjeras en cualquiera delos regímenes aduaneros previstos en la ley de la materia. . .

Por consiguiente, cuando los actos de carácter positivo de méritose encuentran consumados, porque el acuerdo de suspensióndel quejoso en sus funciones de agente aduanal y su notificaciónya se realizaron y, por ende, no son susceptibles de sersuspendidos, la suspensión provisional resulta improcedente,porque respecto de los citados actos no existe materia sobre lacual decretarla. Sin embargo, la medida cautelar sí es procedenterespecto de los efectos y consecuencias que derivan del acuerdoque decreta la suspensión provisional del agente aduanal en susfunciones, que se traducen en los actos de carácter negativoprecisados con antelación, ya que la medida cautelar no siempredebe tener como efecto la paralización de actos de carácterpositivo, pues, de seguir este criterio indefectiblemente en todoslos casos, habrían actos que escaparían del control constitucionalque los Tribunales Federales ejercen a través del juicio deamparo. . .

Por consiguiente, a fin de conservar la materia del juiciode garantías, cuyo fin primordial es el de restituir alagraviado en el goce de la o las garantías vulneradas conel acto reclamado, resulta incuestionable que en los casosen que el acto reclamado se haya consumado que laejecución del acto no sea susceptible de ser paralizada,debe darse a la medida cautelar de referencia efectosrestitutorios provisionales, hasta en tanto se resuelvasobre la suspensión definitiva o, en su caso, hasta en tantose dicte la sentencia definitiva en el fondo del amparo, sinque con esto se este decidiendo el amparo, sinoúnicamente se posterga o aplaza la ejecución ocumplimiento del acto reclamado. . .

.Por tanto, cuando la suspensión provisional del quejoso en susfunciones de agente aduanal durante la tramitación delprocedimiento administrativo de cancelación de su patentepuede consumarse irreparablemente durante el trámite deljuicio de garantías en la hipótesis de que durante la tramitaciónde dicho juicio concluyese el procedimiento administrativo demérito, haciendo imposible la restitución del quejoso en el gocede garantías individuales que estima violadas si se le concedierael amparo contra tal acto, con apoyo en todos los razonamientosantes expuestos y con fundamento además en el artículo 124,fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a fin deconservar la materia del juicio de garantías, debe concederse lasuspensión provisional del acto reclamado.

Registro IUS 214624

AGENTE ADUANAL. SUSPENSION EN EL EJERCICIO DE SUPATENTE. ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACION, PARA LAPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTIAS. El artículo 114,fracción II, de la Ley de Amparo, establece que contra los actosque no provengan de tribunales judiciales, administrativos o deltrabajo, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolucióndefinitiva que se dicte en un procedimiento seguido en forma dejuicio; sin embargo, tal regla admite una excepción consistente enaquellos actos definitivos que se dicten antes de pronunciarse lareferida resolución como acontece en el caso de la suspensión dela patente de agente aduanal, el que se considera como un actodefinitivo en tanto no existe en la Ley Aduanera, un recursomediante el cual pueda revocarse o modificarse, amén de ser unacto de ejecución irreparable,…..

porque las consecuencias derivadas del mismo no podrían serreparadas con la sentencia que se dictara en el procedimientoadministrativo correspondiente en caso de que éste resultarafavorable a los intereses del quejoso, puesto que el tiempo quedurara la privación del derecho para ejercer la patente aduanaly la consecuente prohibición para despachar y recibirmercancías no podría restituirse por efectos de la propiaresolución; razón por la que debe considerarse tal acto como deimposible reparación, resultando procedente el amparoindirecto conforme a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IVde la Ley de Amparo.

Novena Época Registro: 203939 Instancia: Tribunales Colegiados deCircuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y suGaceta Tomo : II, Octubre de 1995 Materia(s): Administrativa Tesis:XIX.2o.4 A Página: 476

VIII. Una nueva era en el derecho positivo mexicano:

Derechos Humanos

y

Control de Convencionalidad

TARJETA INFORMATIVA SCJN 04-10-11

¿Qué es la “Décima Época” del SemanarioJudicial de la Federación?Al igual que otras publicaciones, el Semanario Judicial

de la Federación –que es el órgano oficial de difusiónde los criterios del Poder Judicial de la Federación,excepto en lo que se refiere al Tribunal Electoral deeste Poder–, ha dividido sus diversas etapastemporales de aparición en épocas. A partir de 1917,el inicio y término de cada una de ellas ha estadoseñalado por acontecimientos del ámbito jurídico deespecial trascendencia, como son las reformasconstitucionales y legales.

La Novena Época nació por la reformaconstitucional y legal de diciembre de 1994,vigente a partir de 1995, que transformó laestructura del Poder Judicial de la Federacióny varias importantes atribuciones.

Ahora, en virtud de que el juicio de amparodebe ser visto como una nueva institución,porque sus elementos esenciales cambiaron yporque se requiere de interpretaciones másgarantistas, así como proteccionistas de losderechos humanos, que sean acordes a lareforma en esa materia, necesariamente debetener lugar una Décima Época.

POSTURA FILOSÓFICA

ANTE EL DERECHO

ESTATISTA HUMANISTA(IDEOLÓGICA) (SOCIOLÓGICA)

ESTATISTA

INGLESA ALEMANA

“El Rey no se equivoca” “orden público”

“Los agentes de la “interés del Estado igual

Corona no se equivocan” a interés social”

Juez Bridge Karl Shmitt

Sentencia “Factortame” Nacionalsocialismo

derrotado por el Derecho derrotado por la Ley

Comunitario (TJCE) Fundamental de Bonn

HUMANISTA

FRANCESA ESPAÑOLA EUROPEA

Decisión del artículo 24 art 13 CEDH

Consejo Constitucional Sentencias:

Constitucional - Soering T E D H

23-01-1987 - Hoechts T J C E

“Susp. de la ejec. “Tutela -”Recurso efectivo”

garantía esencial Judicial - Sociedad democrática

de los der. de la Efectiva” -Der. Humanos son

Defensa” ppios. grales. del Der.

(Italiana)

DERECHO A LA DIGNIDAD ACCESO A LA JUSTICIA

Presunción de inocencia Tutela Judicial efectiva

Derecho a la Defensa Debido proceso

Medidas Cautelares Remedio Efectivo

- el Derecho a la Presunción de Inocencia es underecho fundamental reconocido en todos lossistemas jurídicos occidentales;JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. SUUTILIDAD ORIENTADORA EN MATERIA DEDERECHOS HUMANOS.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOSHUMANOS: OPINIÓNCONSULTIVAOC-18/03, 17DE SEPTIEMBREDE 2003. SOLICITADAPORLOSESTADOS UNIDOS MEXICANOS. “CONDICIÓNJURÍDICA Y DERECHOS DELOS MIGRANTESINDOCUMENTADOS”

“la inexistencia de un recurso efectivo contra lasviolaciones a los derechos reconocidos por la Convenciónconstituye una transgresión de la misma por el EstadoParte en el cual semejante situación tenga lugar. En esesentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista,no basta con que esté previsto por la Constitución o la leyo con que sea formalmente admisible, sino que serequiere que sea realmente idóneo para establecer si seha incurrido en una violación a los derechos humanos yproveer lo necesario para remediarla…

No pueden considerarse efectivos aquellos recursosque, por las condiciones generales del país o inclusopor las circunstancias particulares de un caso dado,resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo,cuando su inutilidad haya quedado demostrada por lapráctica, porque el Poder Judicial carezca de laindependencia necesaria para decidir con imparcialidado porque falten los medios para ejecutar sus decisiones;por cualquier otra situación que configure un cuadro dedenegación de justicia, como sucede cuando se incurreen retardo injustificado en la decisión; o, por cualquiercausa, no se permita al presunto lesionado el acceso alrecurso judicial”

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

Art.8.- Garantías Judiciales.

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con lasdebidas garantías y dentro de un plazo razonable,por un juez o tribunal competente, independiente eimparcial, establecido con anterioridad por la ley,en la sustanciación de cualquier acusación penalformulada contra ella, o para la determinación desus derechos y obligaciones de orden civil, laboral,fiscal o de cualquier otro carácter.

Art.11.- Protección de la Honra y de la Dignidad.

1. Toda persona tiene derecho al respecto de suhonra y al reconocimiento de su dignidad.2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrariaso abusivas en su vida privada, en la de su familia,en su domicilio o en su correspondencia, ni deataques ilegales a su honra o reputación.3. Toda persona tiene derecho a la protección de laley contra esas injerencias o esos ataques.

- el DPU es reconocido expresamente por Méxicoa nivel constitucional y convencional;PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIORELATIVOSECONTIENEDE MANERAIMPLÍCITAENLA CONSTITUCIÓNFEDERAL.

TRATADOS INTERNACIONALES. CUANDOLOSCONFLICTOS SESUSCITENEN RELACIÓN CONDERECHOS HUMANOS, DEBENUBICARSE ANIVELDE LA CONSTITUCIÓN.

- el DPU rige en todo el orden jurídicomexicano, sin excepción; PRESUNCIÓNDEINOCENCIA. ALCANCES DEESEPRINCIPIOCONSTITUCIONAL.

- ninguna ley, reglamento ni jurisprudencia puedeviolentar el DPU aunque su texto lo ignore o locontravenga; PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTOADMINISTRATIVOSANCIONADORELECTORAL

CONTROLDE CONVENCIONALIDAD. DEBE SEREJERCIDO POR LOS JUECES DEL ESTADOMEXICANO EN LOS ASUNTOS SOMETIDOS A SUCONSIDERACIÓN, A FINDE VERIFICARQUE LALEGISLACIÓN INTERNA NO CONTRAVENGAELOBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVENCIÓNAMERICANASOBREDERECHOS HUMANOS.

- ninguna autoridad administrativa, ni tribunaljudicial o administrativo debe aplicar unadisposición contraria al DPU; RESPONSABILIDADADMINISTRATIVADE LOS JUZGADORES. ENLOSPROCEDIMIENTOS RELATIVOS SONPLENAMENTE APLICABLES LOS PRINCIPIOSCONSTITUCIONALES DE PRESUNCIÓN DEINOCENCIA Y DE CARGADE LA PRUEBAQUEIMPERANEN MATERIAPENAL

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN SEDEINTERNA. LOS TRIBUNALES MEXICANOS ESTÁNOBLIGADOS A EJERCERLO.

-la aplicación estricta de la ley no autoriza aninguna autoridad a aplicar una disposiciónlegal contraria al DPU; PRINCIPIO PROHOMINE. SUAPLICACIÓNES OBLIGATORIA.

- a ninguna autoridad que deje de aplicar unadisposición legal contraria al DPU se le debefincar responsabilidad;

-el DPU es un derecho fundamentalsustantivo de contenido claramentedefinido, superior a cualquier conceptojurídico indeterminado;

- el juicio de amparo es una forma de"garantía" de los derechos fundamentales,entre ellos el DPU;

- la "garantía" como derecho adjetivo, nopuede limitar "a priori" el derecho sustantivoque debe proteger; SUSPENSIÓN. PARADECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO ELJUZGADOR DEBE PONDERARSIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DELBUEN DERECHO CON EL PERJUICIO ALINTERÉS SOCIALO ALORDENPÚBLICO.

-el "orden público y el interés social" sonconceptos jurídicos indeterminados, nomencionados en la Constitución;

- la Ley de Amparo es reglamentaria de losarts. 103 y 107 constitucionales, no puedecondicionar derechos fundamentales medianteconceptos jurídicos indeterminadosexpresados en fórmulas procesales quelimiten “a priori” el acceso a la justicia;

- el OP y el IS son mencionados en el art.124, Fr. II de la Ley de Amparo, sincontenido ni alcance definidos, sino medianteuna fórmula abierta y algunos ejemplos;SUSPENSIONDEFINITIVA. SUPUESTOS ENQUE SE CAUSARIAPERJUICIO AL INTERESSOCIALNO COMPRENDIDOS ENLA LEY DEAMPARO. NECESIDADDE ACREDITARLOS.

-el "interés público" es un concepto jurídicoindeterminado mencionado en el art. 107, Fr.X constitucional;

- en un juicio de ponderación no cabeposibilidad alguna de que el DPU seaderrotado por algún concepto jurídicoindeterminado, puesto que el OP y el ISpresuponen el respeto al DPU como parte desu propio contenido esencial;

“No puede haber “interés público” capaz de justificar que la tutelajudicial deje de ser efectiva, y a ello conduce la negaciónsistemática de medidas cautelares. Esta sería una versión modernade la vieja cláusula salutaris del Estado absoluto, que afirmaba laexistencia de una cláusula tácita salus publica suprema lex… queahora intente aplicarse, frente al derecho fundamental de tutelajudicial efectiva, equivale a la subordinación de un derecho que esfundamento del orden político y de la paz social, a pequeñasconveniencias administrativas o burocráticas, o incluso políticas,pero en ningún caso capaces de despojar radicalmente decualquier derecho, y menos de uno fundamental”.

García de Enterría Eduardo, La batalla por las medidas cautelares. Derechocomunitario europeo y proceso contencioso administrativo español, Ed. Thomson,Tercera Edición, España, 2004, págs. 80-81.

- diversos principios y valores de unasociedad en un momento y espacio históricosinforman de contenido a los conceptos de OPe IS que por lo tanto son cambiantes; ORDENPÚBLICO. ES UN CONCEPTO JURÍDICOINDETERMINADO QUE SE ACTUALIZA ENCADACASOCONCRETO, ATENDIENDOA LASREGLAS MÍNIMAS DECONVIVENCIASOCIAL.

- la doctrina y la jurisprudencia aceptanpacíficamente que el contenido y alcance detodo concepto jurídico indeterminado debe serconcretado por el juzgador de maneracasuística; SUSPENSIÓNEN EL AMPARO. PARACONCEDERLA DEBE EFECTUARSE LAPONDERACIÓNENTRE LA APARIENCIA DELBUEN DERECHO, ELORDENPÚBLICO Y LOSINTERESES SOCIALE INDIVIDUAL EN FORMACONCRETA.

- la legislación por su carácter general yabstracto, así como la jurisprudencia por suobligatoriedad y fijeza no son funcionales paradeterminar el contenido y alcance del OP y elIS en cada caso concreto;

- si dos principios, valores o derechos queconforman el OP y el IS entran en conflicto enun caso concreto, el juzgador debe ponderarcual es el que debe prevalecer atendiendo lasafectaciones reales y ciertas que resultenprobadas, mas no a declaraciones dogmáticasexpresadas en forma de jurisprudencia;SUSPENSIÓNEN EL AMPARO. CONFORMEALA TEORÍADE PONDERACIÓNDE PRINCIPIOSDEBE NEGARSE SI EL INTERÉS SOCIALCONSTITUCIONALMENTE TUTELADO ESPREFERENTEAL DEL PARTICULAR.

- la suspensión de la ejecución del actoimpugnado es solo una especie de lasmedidas cautelares que pueden dictarse encualquier juicio;

- la Ley Federal de Procedimiento ContenciosoAdministrativo (promulgada el 01 de diciembrede 2005) prevé la posibilidad de decretar todaclase de medidas cautelares (art. 24), inclusivepositivas (art. 26) independientemente de lasuspensión de la ejecución (art. 28); MEDIDACAUTELAR POSITIVA PARA DEJAR SINEFECTOS LASUSPENSIÓNDEL IMPORTADOREN LOS PADRONES DEIMPORTADORES O ENEL DE SECTORES ESPECÍFICOS. ELEMENTOSQUE DEBEN VALORARSE PARA SUOTORGAMIENTO

El ejercicio de una actividad previamente autorizadapor el Estado, se presume legal frente a terceros yfrente al propio Estado, si éste decide revocarla, tienela carga de la prueba (hechos demostrados, no solofundamentación y motivación) ; SUSPENSION. LOSDAÑOS QUE PUEDA PRODUCIR LA SUSPENSIONDEL EJERCICIO PROFESIONAL SONDE DIFICILREPARACION, ADEMAS SONDAÑOS PATENTES QUENO NECESITANPRUEBA. DEBE CONCEDERSELASUSPENSIONCONTRA SUS EFECTOS, SIEMPREYCUANDO NO SE CONTRAVENGANDISPOSICIONESDE ORDEN PUBLICO O SE AFECTE EL INTERESSOCIAL.,

- la presunción de legalidad de los actos yresoluciones de las autoridades fiscales (art. 68C.F.F.) no es absoluta, menos aún cuando preexistenresoluciones favorables al particular; PRESUNCIÓNDE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.OBLIGACIONES INHERENTES A DICHAPRESUNCIÓNPORPARTEDE LA AUTORIDAD.-

PRESUNCIÓN DE VALIDEZ.- CONFORME ALARTÍCULO 68 DEL CÓDIGO FISCAL DE LAFEDERACIÓN, PARACONSIDERAR QUE EN LOSACTOS DEAUTORIDAD SUBSISTELA PRESUNCIÓNQUE CONTRAE ESTE DISPOSITIVO LEGAL, ESNECESARIOQUE LA AUTORIDADDEMUESTREQUESUACTUACIÓNSEAPEGÓA ESTRICTODERECHO.-

IX. Presunción de Legalidadvs

Presunción de Inocencia.

El otorgamiento de medidas cautelares NO es una cuestión dogmática sino

instrumental (materia de prueba).

PRESUNCION DE LEGALIDAD. ARTICULO 68 DELCODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, NO HACEPRESUMIR LA COMPETENCIA DE LAAUTORIDAD EMISORA.

No procede la presunción de legalidad de los actos yresoluciones fiscales prevista por el artículo 68 delCódigo Fiscal de la Federación, en los casos en que secontrovierte la competencia de una autoridad; portanto, no es factible presumir dicha competencia,sino que es necesario que la ley faculte a la autoridadpara emitir un acto autoritario.

Registro No. 210596

AUTORIDADES FISCALES. DESTRUCCION DE LAPRESUNCION DE LEGALIDAD EN SUS ACTOS,CUANDO EXISTE NEGATIVA LISA Y LLANA.

La presunción de legalidad en los actos y resolucionesfiscales, prevista en el artículo 68 del Código Fiscal de laFederación, sólo subsiste si ante la negativa lisa y llana delafectado, la autoridad demuestra fehacientemente loshechos, causas particulares, motivos y circunstanciasespeciales del caso, tomados en cuenta para evidenciar lalegalidad de la notificación del adeudo, salvo que dichanegativa, conlleve a la afirmación de otro hecho.

Registro No. 220731

ACTOS DE AUTORIDAD, PRESUNCION DELEGALIDAD DE LOS.

La presunción de legalidad de los actos deautoridad, admite prueba en contrario y, antela negativa lisa y llana del particular afectado,corresponde a la autoridad demostrar lavalidez de su acto, conforme a lo dispuesto enel artículo 68 del Código Fiscal de laFederación.

Registro No. 227894

ACTOS Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. PRESUNCIÓN DELEGALIDAD DE LOS.- De acuerdo con el contenido de los artículos68 del Código Fiscal de la Federación y 42 de la Ley Federal deProcedimiento Contencioso Administrativo, los actos y resolucionesadministrativas se presumen legales; ahora bien, cuando elafectado no está conforme con tales actos o resoluciones y losimpugna ante un órgano jurisdiccional como en el caso lo es elTribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, negando lisa yllanamente los hechos que los motivan, la autoridad debe probartales hechos, pues en caso que la autoridad demandada no losacredite, la presunción de legalidad deja de surtir efectos y,consecuentemente, mediante la declaratoria que decida endefinitiva el juicio contencioso administrativo, se debe declarar lanulidad del acto o resolución administrativa impugnada; por elcontrario, cuando la autoridad demandada sí prueba los hechosque motivan sus actos impugnados, la Juzgadora cobrará convicciónde la legalidad del acto de que se trata, . . .

operando de esta forma la presunción que los numerales enestudio confieren respecto a la legalidad del acto o resoluciónque se impugna al ser corroborada la existencia de los hechosque los motivan, pues es de explorado derecho que lapresunción de legalidad a que se refieren los numeralesaludidos, es una presunción relativa, es decir "iuris tantum", aladmitir prueba en contrario y, en este último caso, la Juzgadoradebe reconocer la validez de dicho acto en el fallo definitivo;pues en ambos casos, una vez sometidos a la potestadjurisdiccional de esta Juzgadora, la referida presunción deja deser tal, para que a partir del fallo definitivo se constituya laverdad legal y adquieran certeza jurídica los actos impugnados.

VI-TASR-XXXII-15 Revista del Tribunal Federal deJusticia Fiscal y Administrativa, Revista Núm. 26, SextaÉpoca, Año III, Febrero 2010.

CONTRABANDO PRESUNTO. LA DETERMINACIÓN DE LAAUTORIDAD JURISDICCIONAL DE TENER POR ACREDITADO ESTEDELITO POR EL HECHO DE QUE NO EXISTE PRUEBA FEHACIENTEDE QUE LAS MERCANCÍAS FUERON RETORNADAS ALEXTRANJERO EN EL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO, NOTRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIACONSAGRADO IMPLÍCITAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICADE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El delito de contrabando presunto previsto en el artículo 103,fracción XVII, del Código Fiscal de la Federación, en relación con eldiverso 108, fracción I, de la Ley Aduanera surge cuando el activoque realice la importación temporal de mercancías no acrediteque las retornó al extranjero dentro del plazo legalmenteestablecido; por tanto, es un delito de comisión por omisión y deresultado, en donde éste debe ser atribuido al sujeto de laomisión, pues estuvo en la posibilidad fáctica de evitarlo; …

en consecuencia, la determinación de la autoridad jurisdiccionalde tener por acreditado dicho ilícito por el hecho de que noexiste prueba fehaciente de que las mercancías fueronretornadas al extranjero en el plazo legalmente establecido, notransgrede el principio de presunción de inocencia consagradoimplícitamente en la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, toda vez que la razón de ser de este principio es la degarantizar a toda persona inocente que no será condenada sinque existan pruebas suficientes que destruyan tal presunción, entanto que el tipo de referencia de ninguna manera releva alMinisterio Público de probar todos los elementos del delito, sinoque al acreditar el órgano acusador esos extremos, por tratarseprecisamente de actos omisivos, únicamente se impone alinculpado la carga probatoria demostrativa de que no tuvo ladecisión de permanecer inactivo para que se produjera el delito.

Registro No. 164825

CONFESIÓN DIVISIBLE VEROSÍMIL. LA CARGA DE LAPRUEBA RESPECTO DE LA PARTE SUBJETIVA DEL TIPONO RECONOCIDA POR EL INCULPADO, ANTE LAINEXISTENCIA DE PRUEBAS DIRECTAS O INDIRECTASEN SU CONTRA CORRESPONDE AL MINISTERIOPÚBLICO, DE ACUERDO CON EL PRINCIPIO DEPRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

Del artículo 207 del Código Federal de ProcedimientosPenales se advierte que la confesión opera cuando elinculpado acepta ante el Ministerio Público, el Juez otribunal de la causa, la comisión de hechos propios queson constitutivos de un delito, entendiéndose por éste laconducta típica, antijurídica y culpable. …

Ahora bien, para que exista confesión debe manifestarse unreconocimiento sobre todos los aspectos del delito, aunque es factibleque la aceptación se divida y recaiga sólo sobre alguno de suscomponentes de modo total o parcial, en cuyo caso se estará ante unaconfesión divisible. Por lo que, si el acusado acepta la parte objetivadel tipo, pero niega la subjetiva por ignorar sus elementos, estadivisión presenta un problema relativo a la verosimilitud del aspectono confesado que se resuelve tomando en cuenta el principio deinocencia, la carga de la prueba y los medios de convicción directos oindirectos que obren en la causa penal. De manera que, si el aspectono reconocido que hace divisible a la confesión no se trata de unhecho cuya prueba corresponda demostrar al inculpado, sino a larepresentación social al no existir en las constancias pruebas directaso indirectas en contrario, debe convenirse que la confesión divisibleserá verosímil, pues quedará intacto el principio de presunción deinocencia, conforme al cual, el acusado no tiene la carga de probar suinocencia.

Registro No. 173590

CONFESIÓN DIVISIBLE EN EL DELITO CONTRA LA SALUD EN SUMODALIDAD DE TRANSPORTE. SI EL INCULPADO DECLARADESCONOCER LA EXISTENCIA DE LA DROGA ENCONTRADA ENUN COMPARTIMIENTO OCULTO DEL VEHÍCULO EN QUE VIAJAY EN LA CAUSA PENAL NO EXISTEN PRUEBAS DIRECTAS O NOSE CONFORMA LA INDICIARIA QUE HAGA INVEROSÍMIL LONEGADO POR EL ACUSADO, LA CONFESIÓN, EN ATENCIÓN ALPRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, SERÁ DIVISIBLEVEROSÍMIL.

Si el inculpado declara que viajó de un punto geográfico a otrodistinto en un vehículo que tenía un compartimiento oculto en elque se encontró droga, del cual dijo ignorar su existencia hasta elmomento de su detención, se está ante una confesión divisibleen el tipo penal, pues admite la parte objetiva, pero niega lasubjetiva. …

En este supuesto, como la división recae en el dolo, corresponde alMinisterio Público la carga de probar conforme a la jurisprudencia1a./J. 117/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justiciade la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación ysu Gaceta, Tomo XXII, octubre de 2005, página 253, de rubro:"DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DETRANSPORTACIÓN. LA SOLA MANIFESTACIÓN DEL INCULPADORESPECTO A QUE DESCONOCÍA LA EXISTENCIA DEL NARCÓTICOTRANSPORTADO, NO DESVIRTÚA LA EXISTENCIA DEL DOLO.". Portanto, si en la causa penal no existen pruebas directas o no seconforma la indiciaria, encaminadas a demostrar ese elementosubjetivo que hagan inverosímil lo negado por el acusado, laconfesión debe valorarse atendiendo al principio de presunción deinocencia conforme al cual éste no tiene la carga de demostrarla,por lo que su confesión será divisible verosímil.

Registro No. 173591

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DESVIRTUADA, LACARGA PROBATORIA EN CONTRARIO LECORRESPONDE AL INCULPADO (SALUD, DELITOCONTRA LA. TRANSPORTACIÓN DEMARIHUANA).

Es cierto que corresponde al agente del MinisterioPúblico la carga de probar los elementos y hechos queintegran el delito imputado de transportación demarihuana y la probable responsabilidad del quejosoen su comisión, atento a la vigencia del principiouniversal de derecho de que toda persona se presumeinocente mientras no se pruebe lo contrario. …

Sin embargo, al quedar probado fehacientemente en la especie queal inculpado se le detuvo manejando un vehículo de motor que teníaun compartimiento especial para la transportación de cosas enforma oculta, lugar donde se encontró determinada cantidad delestupefaciente y, por ende, su participación en dicha transportación;así las cosas, dable es afirmar que entonces, la carga probatoria encontrario, corresponde al inculpado respecto de los hechosdemostrados en su contra, debiendo así acreditar que no estuvo enla posibilidad de enterarse de la existencia de la marihuana quetransportaba, como también la falta de voluntariedad en larealización del ilícito atribuido, debiendo demostrar todos y cadauno de los hechos que se dieron desde el momento en que salió desu domicilio hasta el diverso momento en que fue detenido con elenervante cuya existencia dijo desconocer. Y al no hacerlo, el actoque se reclama resulta apegado a la legalidad, al constatarse que elórgano acusador cumplió su obligación probatoria, desvirtuando elreferido principio de inocencia.

Registro No. 192954

CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE LEÓN, GUANAJUATO. ELARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE HONORY JUSTICIA RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2003).

El precepto citado, vigente hasta el 31 de octubre de 2003, establece quelos elementos operativos de los cuerpos de seguridad pública de esamunicipalidad, incurren en una falta grave, entre otros supuestos, al causarestado el auto de formal prisión que se les dicte por la probable comisiónde delito doloso, dentro o fuera de servicio, lo cual infringe el principio depresunción de inocencia que deriva de los artículos 14, párrafo segundo,16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102,apartado A, segundo párrafo, de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, porque de su relación con los preceptos 17, segundopárrafo y 23 de la propia Norma Fundamental, se concluye que el auto detérmino constitucional de ninguna manera constituye prueba plena paratener por acreditada la responsabilidad penal en la comisión de un delito y,por ende, para considerar que ha cometido una falta grave en la materiaseñalada.

Registro No. 166696

INFORME DE MEDIDAS CAUTELARES.- SI NO SEREFIERE A TODOS LOS HECHOS QUE SE IMPUTAN,DEBERÁN TENERSE POR CIERTOS.- El artículo 25 de laLey Federal de Procedimiento ContenciosoAdministrativo, señala que en el acuerdo que admita atrámite el incidente de medidas cautelares, elMagistrado Instructor resolverá sobre las medidascautelares previas y ordenará correr traslado a quien seimpute el acto o hechos objeto de la medida cautelar,para que en el término de tres días rinda el informerespectivo. Asimismo, el numeral en comentoestablece, que en caso de que el informe no se rinda, obien, no se refiera a los hechos que se imputan, taleshechos se tendrán por ciertos. . .

De lo anterior se desprende, que el artículo 25 de la LeyFederal de Procedimiento Contencioso Administrativo,contiene una presunción de carácter juris et de jure; esdecir, que no admite prueba en contrario, dado que excluyela prueba de un hecho considerándolo como verdadero.Esto es, cuando la autoridad a quien se le atribuya el actoobjeto de la medida cautelar, haya sido omisa enpronunciarse en relación a alguno de los hechos imputadosen la petición de medidas cautelares, se actualiza lapresunción juris et de jure,y por ende, se deberán tenerpor ciertos dichos hechos.

Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal yAdministrativa, Sexta Época, Año IV, Núm. 41, Mayo2011, págs. 44 y 45

APARIENCIA DEL BUEN DERECHO.- CORRESPONDEA LA ACTORA ACREDITAR LA APLICACIÓN DE DICHOPRINCIPIO.- Cuando el actor solicita la suspensiónde la ejecución, al amparo del principio de laapariencia del buen derecho la Sala delconocimiento está constreñida a practicar un juiciode probabilidad y verosimilitud del derecho delreclamante para efectos de anticipar una posiblesolución del fondo del negocio y estar encondiciones de decidir sobre la suspensión.

En esa consideración, si la parte actora no aporta en la víaincidental los medios de prueba que pudieran llevar a la Saladel conocimiento a inferir la posibilidad de un fallo que leresultare favorable, no puede regir el principio de aparienciadel buen derecho, ni se genera convicción de que proceda elotorgamiento de la medida cautelar, ya que sin prejuzgar sobreel aspecto de fondo, es a cargo de la accionante la obligaciónde sostener los argumentos y rendir los medios de prueba, queincluso de un análisis preliminar y superficial, hicieran inferirque la actuación de la autoridad en el acto impugnado esilegal, y que resulta indispensable conceder la medidasuspensional en tanto se dicta el fallo definitivo.

Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,Séptima Época, Año I, Núm. 1, Agosto 2011, pág. 96.

INFRACCIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVAS. LAAUTORIDAD DEBE ACREDITAR EN SU RESOLUCIÓN, QUE LACONDUCTA DEL GOBERNADO ENCUADRA EN LA HIPÓTESISJURÍDICA QUE LAS PREVÉ.- Todo acto de autoridad debeestar suficientemente fundado y motivado, entendiéndosepor fundar, el citar los preceptos legales aplicables, y pormotivar, el señalar las circunstancias especiales, causasespecíficas y razones particulares en el texto de la resolución.Tratándose de infracciones fiscales y administrativas, laautoridad debe acreditar en su resolución todos loselementos del tipo de la infracción que se atribuye algobernado, no solo señalando el precepto jurídico que prevéla infracción, sino encuadrando la hipótesis normativa queconsidere infringida con la conducta del administrado, de talmanera que no exista duda que cometió la infracción. . .

Lo anterior es así, en tanto que el principio de tipicidad secumple cuando consta en la norma una predeterminacióninequívoca de la infracción, y supone en todo caso lapresencia de una ley cierta que permita predecir con suficientegrado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones,por lo tanto, si cierta disposición administrativa establece unasanción por alguna infracción, la autoridad debe acreditar ensu resolución que la conducta realizada por el afectadoencuadra exactamente en la hipótesis normativa previamenteestablecida, sin que sea lícito ampliarésta por analogía o pormayoría de razón.

Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal yAdministrativa, Sexta Época, Año IV, Núm. 41, Mayo2011, pág. 191.

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN. PROCEDE CONCEDERLA,CUANDO LA AUTORIDAD NO ACREDITE QUE SE AFECTEEL INTERÉS SOCIAL, SE CONTRAVENGAN DISPOSICIONESDE ORDEN PÚBLICO, Y QUE NO SEAN DE DIFÍCILREPARACIÓN LOS DAÑOS O PERJUICIOS QUE SE CAUSENAL SOLICITANTE.- De conformidad con la fracción I delartículo 28 de la Ley Federal de ProcedimientoContencioso Administrativo, la suspensión de laejecución del acto impugnado, se concederá siempreque: a) No se afecte el interés social, ni se contravengandisposiciones de orden público, y b) Sea de difícilreparación los daños o perjuicios que se causen alsolicitante con la ejecución del acto impugnado; . . .

por lo tanto, si al realizar la solicitud correspondiente, la parteactora expresa que reúne dichos requisitos, corresponde a laautoridad de mandada, la carga de la prueba, de acreditar locontrario, puesto queúnicamente ella está en aptitud paradeterminar, si con la suspensión se afectaría el interés social yse contravendrían disposiciones de orden público, capaces deafectar la organización y desempeño de las funciones propiasdel Estado, y, si son de difícil reparación los daños o perjuiciosque se causen al solicitante, en virtud de que sólo ésta puededeterminar el alcance del cobro del crédito impugnado; enatención a lo anterior, si al rendir el informe correspondiente ala solicitud de suspensión, no controvierte lo señalado por eldemandante, procede conceder la suspensión del actoimpugnado.

Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,Séptima Época, Año I, Núm. 3, Octubre 2011, págs. 266 y 267.

AGENTE ADUANAL. EL ARTÍCULO 167, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEYADUANERA AL NO ESTABLECER PLAZO A LAS AUTORIDADES PARADARLE A CONOCER LOS HECHOS U OMISIONES QUE CONFIGUREN LACANCELACIÓN DE SU PATENTE, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDADJURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2009). La garantía de seguridadjurídica consagrada por el artículo 16 de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos, da certidumbre al gobernado sobre susituación y sobre los plazos legales para que la autoridad cumpla consus facultades. De ahí que el artículo 167, párrafo tercero, de la LeyAduanera, vigente en dos mil nueve, al no establecer plazo para dar aconocer al agente aduanal los hechos u omisiones que configuren lacancelación de su patente viola esa garantía, pues deja al arbitrio de laautoridad el plazo para la emisión y notificación del acta que comunicalos hechos u omisiones que configuraron la cancelación de la patentede agente aduanal, y que sirve para dar inicio al procedimiento decancelación establecido en los artículos 164 y 165 de la citadalegislación.

Por tanto, si la autoridad aduanera conoció el seis dediciembre de dos mil cinco, los hechos u omisiones que en sumomento dan pauta para el inicio del procedimientoadministrativo de cancelación de patente del agente aduanal yno fue sino hasta el veintisiete de febrero de dos mil nueve,cuando le notificó al particular dichos motivos, resultainconcuso que, al haber transcurrido más de tres años entreesos hechos y la notificación, es claro que se vulnera enperjuicio del agente aduanal la garantía de seguridad jurídica,pues al no constreñirse la autoridad a un límite, es evidenteque no se satisface uno de los objetivos esenciales de lagarantía de seguridad jurídica, esto es, proscribir laarbitrariedad de la actuación de la autoridad.


X. Conclusiones.

�No es exacto que el legislador mantenga un criterioconstante en cuanto a la trascendencia de las funciones deagente aduanal, ni por lo que toca al interés fiscal ni encuanto a su capacidad técnica profesional. De ello dancuenta los siguientes vaivenes legislativos, para obtener ymantener la patente:

En el Código Aduanero (1952-1982):

•No se requería acreditar estudios formales (art. 691).

•Debía aprobarse examen de conocimientos (fr. IV).

•Debían aprobarse exámenes de eficiencia periódicamente(art. 710, fr. XIV).

•Debía mantenerse fianza vigente (art.701).

En la Ley Aduanera (1982-1985):

•Debía acreditarse el bachillerato (art. 143, fr. VI).

•Debía aprobarse examen de conocimientos (fr. VIII).

•Debía otorgarse garantía anual (art. 145, fr. III).

•Debían aprobarse exámenes de eficiencia cuando la S.H.C.P. loordenara (fr. X).

Reformas para 1990:

•Debía presentarse título profesional de licenciado en:

Derecho, Economía, Administración de Empresas, ContadorPúblico, Vista Aduanal (art. 143, fr. VI).

•Suprime requisito de examen de conocimientos.

•Suprime requisito de exámenes de eficiencia.

Reformas para 1991:

•Reinstalan examen “psicotécnico” (art. 143, fr. X).

Reformas para 1993:

•Se admite cualquier título profesional (art. 143, fr. VI).

•Se suprime el requisito de garantía (art. 143, fr. IX).

Ley Aduanera vigente 1996:

•No se exige garantía (art. 159).

•Se admite cualquier título profesional (fr. VI).

•Debe aprobarse examen psicotécnico (fr. IX)

�Hoy conviven en funciones agentes aduanales queobtuvieron su patente bajo diferentes condicioneslegales. Llama poderosamente la atención el hecho deque la ley admita cualquier título profesional, hayasuprimido los exámenes periódicos de eficiencia y noexija garantía del interés fiscal, pues todo ello indicaque el legislador no considera tan importante ytrascendente la función del agente aduanal, lo cualcontradice la antigua jurisprudencia que estima que lasola duda sobre una sola operación presuntamenteincorrecta impide la continuación de actividades porofender el orden público y el interés social.

�Las disposiciones legales en vigor permiten lafiscalización exhaustiva de las operaciones de cualquieragente aduanal, por lo que no constituyen un riesgo fuerade control de la autoridad.

�La suspensión de funciones del agente aduanal no es lamedida idónea para conjurar un presunto riesgo a laeconomía, la sanidad o la seguridad nacional, sino lasuspensión del importador del padrón de importadores.

�Las prioridades de la política aduanera han cambiadoradicalmente, del proteccionismo industrial y la sustituciónde importaciones hemos pasado a la total aperturacomercial.

�Las funciones que desempeña el agente aduanal notienen valor alguno desde el punto de vistaconstitucional, por lo que en términos generales yabstractos su eventual deficiencia no causa perjuicio alorden público ni al interés social. La Constitución serefiere al orden público en los artículos 6, 16, 115, 122y 130; menciona el interés público en los artículos 2,25, 27, 28, 36, 41, 94 y 107; (desconoce el concepto deinterés social). Ninguno de esos artículos se refiere a lafunción del agente aduanal.

�Ni remotamente son comparables las funciones deagente aduanal con las de impartición de justicia bajoningún punto de vista. Sin embargo aquellos no gozan dela presunción de inocencia, ni la garantía de audienciaprevia, de la que si disfrutan los juzgadores en todoasunto de responsabilidad administrativa.

�Para determinar si la continuación en sus funciones deun agente aduanal sometido a procedimiento decancelación de patente, afectan al orden público y alinterés social es imprescindible calificar los hechosconcretos conforme a la teoría de la ponderación, elprincipio de inocencia y el criterio pro homine.

�La suspensión no tiene efectos restitutorios porque lasoperaciones que el agente aduanal dejó de hacer ya nopuede hacerlas. El objeto de la suspensión es reanudaroperaciones al amparo de una patente vigente porque noha sido cancelada, mientras que el objeto del juicio principales demostrar que la cancelación de la patente es infundada.Así las cosas, el otorgamiento de la suspensión no tieneefectos restitutorios respecto de la patente pues ésta no seha perdido, los efectos de la suspensión son reinstalar alquejoso en el goce de un derecho que venía gozando porautorización (patente) de autoridad competente la cual nopuede revocar ipso facto, por sí y ante sí, la autorizaciónotorgada, puesto que ésta no es una concesiónadministrativa.

�A diferencia de los casos de clausura deestablecimientos por falta de licencias defuncionamiento, el agente aduanal no venía realizandooperaciones sin autorización, por el contrario, veníadesarrollando una actividad estrictamente reglada yestrechamente vigilada por la autoridad, cumpliendo conla ley. La presunción lógica es que continuaráhaciéndolo así, no que dejará de hacerlo, máximecuando ya está sujeto a un procedimiento, respecto delcual podría constituirse en reincidente. Un dato muyrelevante para considerar el otorgamiento de lasuspensión es el “historial” del agente aduanal (años deejercicio, cantidad de operaciones, antecedentes deinfracciones graves, etc.).

�Por ello la continuación o reanudación de actividadesno causa perjuicio al interés social ni atenta contra elorden público, pues para otorgarle la patente laautoridad comprobó previamente sus aptitudes paradesempeñar dichas actividades y la prueba de que asívenía haciéndolo es que no existen otrosprocedimientos pendientes en su contra. Pero si existeprueba en contrario (sobre la aptitud y rectitud delagente aduanal) corresponde a la autoridadproducirla. Máxime que la Secretaría de Hacienda yCrédito Público lo considera un perito en la materia(Art. 144, fracción XIV, Ley Aduanera).

�Los supuestos del artículo 124, fracción II, inciso g) de laLey de Amparo no son aplicables, prima facie al agenteaduanal, sino al importador, puesto que aquél no es eldueño de la mercancía interesado en su importación, salvoque hubiese falseado la descripción de la mercancía conel fin de evadir un control de auténtica trascendencia.

No entraré en esta ocasión a la controversia sobre elexceso en que incurre el legislador de amparo al agregarsupuestos no contemplados en el artículo 131constitucional, como son las Normas Oficiales Mexicanas,ni a la discutible importancia de algunas de ellas, vgr.Etiquetado de información comercial.

�La configuración de la negativa ficta, cuatro meses despuésde iniciado el procedimiento de cancelación, mas la duraciónpromedio de cuatro años del juicio de nulidad, aunadas conla negativa de suspensión del acto reclamado o impugnadoen su caso, hacen de su impugnación un recurso ilusorio. Porel contrario, el otorgamiento de la suspensión, estimula lapronta resolución administrativa y no vincula a la sentenciadefinitiva.

�La evolución del derecho positivo mexicano,particularmente la interpretación constitucional de losderechos fundamentales y la aplicación directa de losconvenios internacionales sobre derechos humanos hacencompletamente anacrónica y antinómica a nivelconstitucional, la aplicación de la jurisprudencia 21/93.

�Hoy día es inaceptable el trato jurisdiccional que recibenlos agentes aduanales, como mexicanos de segunda clase aquienes se priva de derechos sin audiencia previa en francaviolación al principio de inocencia.

�La práctica actual de la jurisdicción administrativa y aún lajudicial, mediante la aplicación de la jurisprudencia 21/93,niegan el pleno acceso a la justicia a los agentes aduanales,para quienes lo respectivos juicios resultan precarios deoficio, al no tener posibilidad de obtener la suspensión delacto privativo.

�Por ello la irregularidad presuntamente cometida porel agente aduanal en un acto singular debe ser de unaentidad mayúscula, suficiente para desvirtuar todas lasoperaciones que ha culminado correctamente, peroademás debe acreditarse el dolo incurrido por elagente aduanal que permita suponer que se proponecontinuar violando la ley.

�Los diferentes tipos de causales de cancelación depatente son de entidad y gravedad radicalmentedistintas, por lo que no es lógico ni jurídico aplicarles elmismo rasero para decidir en forma general y abstractaque su actualización atenta contra el orden público y elinterés social.

ARTICULO 165. Será cancelada la patente de agenteaduanal, independientemente de las sanciones queprocedan por las infracciones cometidas, por lassiguientes causas:

I. Contravenir lo dispuesto en el artículo 163, fracción II.(constituir sociedades con extranjeros para prestar sus

servicios)

Il. Declarar con inexactitud algún dato en el pedimento, o enla factura tratándose de operaciones con pedimentoconsolidado, siempre que se dé alguno de los siguientessupuestos:

a) La omisión en el pago de impuestos al comercio exterior,derechos y cuotas compensatorias, en su caso, exceda de$141,917.00 y dicha omisión represente más del 10% del totalde los que debieron pagarse.

b) Efectuar los trámites del despacho sin el permiso o sin contarcon la asignación del cupo de las autoridades competentes,cuando se requiera, o sin realizar el descargo total o parcialsobre el permiso o cupo antes de activar el mecanismo deselección automatizado.

c) Se trate de mercancía de importación o exportaciónprohibida.

No procederá la cancelación a que se refiere esta fracción,cuando la omisión de contribuciones y cuotascompensatorias, en su caso, se deba a la inexactaclasificación arancelaria por diferencia de criterios en lainterpretación de las tarifas contenidas en las leyes de losimpuestos generales de importación o exportación, siempreque la descripción, naturaleza y demás característicasnecesarias para la clasificación de las mercancías hayan sidocorrectamente manifestadas a la autoridad.

llI. Señalar en el pedimento el nombre, domicilio fiscal o laclave del registro federal de contribuyentes de algunapersona que no hubiere solicitado la operación al agenteaduanal, o cuando estos datos resulten falsos o inexistentes.

IV. Retribuir de cualquier forma, directa o indirectamentea un agente aduanal suspendido en el ejercicio de susfunciones o a alguna persona moral en que éste sea socioo accionista o esté relacionado de cualquier otra forma,por la transferencia de clientes que le haga el agenteaduanal suspendido; así como recibir pagos directa oindirectamente de un agente aduanal suspendido en susfunciones o de una persona moral en la que éste seasocio o accionista o esté relacionado de cualquier otraforma, por realizar trámites relacionados con laimportación o exportación de mercancías propiedad depersonas distintas del agente aduanal suspendido o de lapersona moral aludida.

V. Ser condenado en sentencia definitiva por haberparticipado en la comisión de delitos fiscales o de otrosdelitos intencionales que ameriten pena corporal.

VI. Permitir que un tercero, cualquiera que sea su carácter,actúe al amparo de su patente.

Vll. Tratándose de los regímenes aduaneros temporales, dedepósito fiscal y de tránsito de mercancías, declarar coninexactitud alguno de los datos a que se refiere el primerpárrafo de la fracción Il de este artículo, siempre que con losdatos aportados, excluida la liquidación provisional a que serefieren los artículos 127, fracción II y 131, fracción II de estaLey, de haberse destinado la mercancía de que se trate alrégimen de importación definitiva, se dé alguno de lossiguientes supuestos:

a) La omisión exceda de $141,917.00 y del 10% de los impuestosal comercio exterior, derechos y, en su caso, cuotascompensatorias causadas.

b) Efectuar los trámites del despacho sin el permiso o sin contarcon la asignación del cupo de las autoridades competentes,cuando se requieran, o sin realizar el descargo total o parcialsobre el permiso o cupo antes de activar el mecanismo deselección automatizado.

c) Se trate de mercancía de importación o exportación prohibida.

VIII. Carecer por tercera ocasión de bienes suficientes paracubrir créditos fiscales que hayan quedado firmes y que para sucobro se haya seguido el procedimiento administrativo deejecución en los cinco años anteriores.

�Con todo lo expuesto, no se pretendeafirmar que en todo caso procede lasuspensión del acto privativo, sino que enningún caso procede negarla poraplicación directa de la jurisprudencia21/93, sin analizar los hechos a detalle yponderar los derechos individuales ysociales afectados en el caso concreto.

� La jurisprudencia de conceptos (rechazadapor Ihering) invade el terreno de laDoctrina..

� La jurisprudencia 21/93 ha generado unasecuela injustificada de negativas desuspensión y de medidas cautelarespositivas a la que debe ponerse fin en estanueva época a la luz de los argumentosexpuestos.

Lecturas recomendadas.

•Quijano Villanueva Guadalupe Eugenia, ANALÍSIS CRÍTICO DE LAJURISPRUDENCIA EN MÉXICO, (CASOS DE REITERACIÓN Y PORCONTRADICCIÓN DE TESIS), Ed. Porrúa, México, 2011, 272 pp.

•Silva Meza Juan N, Silva García Fernando, DERECHOSFUNDAMENTALES, Ed. Porrúa, México, 2009, 540 pp.

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Curso de actualización en Comercio Exterior. T.F.J.F. y A.€¦ · agente aduanal. De gestor de negocios autorizado a representante legal del contribuyente por ministerio de ley