Dammert, Lucía et al_Inseguridad y violencia en América Latina

(In)Seguridad y violencia en Amrica Latinaun reto para la democracia

Primera parte: La agenda del desarrollo

(In)Seguridad y violencia en Amrica Latinaun reto para la democracia

Coordinacin

Francisco Rojas AravenaFacultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

Manuela Mesa(CEIPAZ) / Fundacin Cultura de Paz

NIPO: Depsito Legal: ISSN:

De esta edicin Agencia Espaola de Cooperacin Internacional para el Desarrollo (AECID) Fundacin Carolina De los textos sus autores

Diseo: Alberto Corazn / Investigacin Grfica s.a. Maquetacin: Zita Moreno / Investigacin Grfica s.a. Imprime: Nombre de la imprenta

Consejo AsesorVictoria Abelln. Universidad de Barcelona Espaa. Manuel Alcntara. Universidad de Salamanca Espaa. Jos Antonio Alonso. Universidad Complutense de Madrid Espaa. Judith Astelarra. Universidad Autnoma de Barcelona Espaa. Alicia Brcena. Secretara General de la Organizacin de las Naciones Unidas. Juana Bengoa. Plataforma 2015 y ms Espaa. Fernando H. Cardoso. Instituto Fernando Henrique Cardoso Brasil. Adela Cortina. Universidad de Valencia Espaa. Celestino del Arenal. Universidad Complutense de Madrid Espaa. Ligia Elizondo. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Joaqun Estefana. Universidad Autnoma de Madrid Espaa. Rebeca Grynspan. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Enrique Iglesias. Secretara General Iberoamericana. Jos Miguel Insulza. Organizacin de los Estados Americanos. Ricardo Lagos. Fundacin Democracia y Desarrollo Chile. Nora Lustig. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Otilia Lux de Coti. Foro Indgena de la Organizacin de las Naciones Unidas Guatemala. Jos Luis Machinea. Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe Chile. Jos Antonio Ocampo. Universidad de Columbia. Francisco Rojas Aravena. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Costa Rica. Virginia Vargas. Fundacin Flora Tristn Per

Consejo de RedaccinJoaqun Arango. Universidad Complutense de Madrid Instituto Universitario Ortega y Gasset Espaa. Marta Arias. Miembro del Consejo de Cooperacin Espaa. Miguel Barroso. Casa de Amrica Espaa. Aurora Daz-Rato. Agencia Espaola de Cooperacin Internacional, AECID Espaa. Soledad Gallego. Diario El Pas- Espaa. Nstor Garca Canclini. Universidad Autnoma Metropolitana Iztapalapa Mxico. Milagros Hernando. Secretara de Estado de Cooperacin Internacional Espaa. Mnica Hirst. Universidad Torcuato Luca di Tella Argentina. Manuel Iglesia Caruncho. AECID. Marcela Lagarde. Universidad Nacional Autnoma de Mxico. Alfons Martinell. Agencia Espaola de Cooperacin Internacional, AECID Espaa. Jos M Medina. Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo Espaa. Alfredo Moreno. Fundacin Carolina Espaa. Ludolfo Paramio. Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Espaa. Teresa Rodrguez. Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer Mxico. Liliana Rojas. Center for Global Development - USA. Javier Sandomingo. MAEC - Espaa. Amelia Valcrcel. Universidad Nacional de Educacin a Distancia Espaa.

Directores Rosa Conde. Fundacin Carolina Juan Pablo de Laiglesia. AECID

Secretario del Consejo de Redaccin Ignacio Soleto. CeALCI Fundacin Carolina

Coordinador Tcnico Alfonso Gamo. CeALCI Fundacin Carolina

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ndice

PresentacinXIII

PRIMERA PARTE: CARACTERIZACIN DE LA VIOLENCIA1. Globalizacin y violencia en Amrica Latina. Debilidad estatal, inequidad y crimen organizado inhiben el desarrollo humano. Francisco Rojas Aravena. Secretario General de FLACSO 2. Un balance de la violencia en Amrica Latina: los costos y las acciones para la prevencin. Mayra Buvinic. Banco Mundial 3. Violencia y pobreza en Amrica Latina: Los actores armados. Dirk KruijtUniversidad de Utrecht 55 3

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4. Violencia y gnero en Amrica Latina. Carmen Rosa de LenDirectora IEPADES. Guatemala 71

SEGUNDA PARTE: RESPUESTAS MLTIPLES A LA VIOLENCIA5. Las respuestas desde los organismos internacionales. Manuela MesaDirectora CEIPAZ-Fundacin Cultura de Paz 95

6. Enfrentar la violencia criminal con mano dura: polticas de contencin en C.A.. Gabriel Aguilera Interpeace. Guatemala 7. La sociedad civil ante la violencia y los conflictos en Amrica Latina y el Caribe. Andrs Serbin. CRIES 8. El fenmeno de la impunidad: luces y sombras en Amrica Latina. Felipe Gmez IsaUniversidad de Deusto

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9. El desafo del liderazgo civil en seguridad pblica. Luca Dammert. FLACSO-Chile 10. Seguridad de las mujeres en el espacio pblico: aportes para las polticas pblicas. Carmen de la Cruz. Consultora

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TERCERA PARTE: EXPERIENCIAS Y CASOS DE ESTUDIOS11. Controlar la violencia armada: notas personales sobre la pequea historia de Viva Rio. Rubem Csar Fernandes. VIVA RIO 12. Violencia urbana, seguridad ciudadana y polticas pblicas: la reduccin de la violencia en las ciudades de Bogot y Medelln. Alejo Vargas. Universidad Nacional de Colombia Viviana Garca. Grupo de Investigacin sobre Seguridad y Defensa 13. El legado de la violencia: rehabilitacin y reconciliacin. Luisa CabreraConsultora 271 227

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CUARTA PARTE: RESEASA. Sida Regional Report 2006: Crimen y desarrollo en Centroamrica. Atrapados en una encrucijada. Leticia Casa. CEIPAZ B. Crime, violence, and development: trends, costs, and policy options in the Caribbean. Elena Couceiro. CEIPAZ C. Ni unas ms! El derecho a vivir una vida libre de violencia en Amrica Latina y el Caribe. Sonia Montao. CEPAL D. Bibliografa seleccionada 2007. Nilma Martins, FLACSO- Ecuador Eustolia Mucio, FLACSO- Mxico, Paula Pardo, FLACSO- Chile E. In Memoriam Juan Muoz F. De autores287

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Presentacin

Francisco Rojas AravenaFacultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

Manuela MesaCentro de Educacin e Investigacin para la Paz (CEIPAZ) / Fundacin Cultura de Paz

Presentacin La violencia y la criminalidad han aumentado de manera vertiginosa en Amrica Latina y el Caribe. Las dimensiones son preocupantes y ello se manifiesta en todas las encuestas de opinin efectuadas en la regin. Lo anterior refleja el aumento en el nmero de homicidios dolosos, de delitos, el crecimiento de las tasas de victimizacin, y la percepcin de inseguridad creciente. A esto ltimo contribuyen de manera especial los medios de comunicacin, en particular la televisin. La violencia y la criminalidad tienen mltiples manifestaciones en la regin. Estos fenmenos poseen una alta complejidad y en ellos inciden mltiples variables y factores de riesgo, que contribuyen a agravar el problema. Este nmero de Pensamiento Iberoamericano aborda el tema de la violencia y el crimen en Amrica Latina en el contexto de regmenes democrticos. Una conclusin importante se refiere al efecto directo que tiene la violencia, la criminalidad y la delincuencia sobre las oportunidades de los pases latinoamericanos y caribeos para promover un desarrollo humano sostenible. Supone costes econmicos y sociales crecientes que se expresan en importantes magnitudes de los respectivos productos internos brutos. La calidad de vida de los habitantes de la regin se ve severamente afectada y, en paralelo, se erosionan los sistemas democrticos. Los partidos polticos no abordan el tema o lo hacen con propuestas populistas contraproducentes, y en consecuencia la confianza de la ciudadana cae paulatinamente, afectando las capacidades de gobernabilidad democrtica.

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(In)seguridad y violencia en Amrica Latina: un reto para la democracia

Entre los principales factores de riesgo se encuentran: a) la debilidad de los Estados de la regin, y en particular la ausencia del Estado en muchas partes de los territorios nacionales, incluidas importantes reas urbanas de las principales ciudades; b) la inequidad en la distribucin de la riqueza y el acceso a la ley y la justicia que se observa en todas las sociedades de la regin. A mayor polarizacin en la distribucin del ingreso, mayores tasas de delitos; c) las drogas ilcitas, en particular el narcotrfico en sus distintas variedades, se han transformado en factores que incrementan el riesgo de delitos violentos; d) la circulacin de las armas livianas y la ausencia de un efectivo monopolio de la fuerza por parte del Estado incrementan las tasas de homicidios dolosos; e) la delincuencia transnacional y en especial el crimen organizado se han transformado en el principal factor de riesgo en el incremento de la violencia y la criminalidad. A los factores anteriores podemos sealar la dbil institucionalidad regional en estas materias, as como la escasa cooperacin internacional efectiva en este campo. En el mbito nacional se requiere mejorar los sistemas de recoleccin de la informacin, con el fin de poder tener un diagnstico ms efectivo sobre la criminalidad y la delincuencia en cada pas, e incluso ms especficamente en cada ciudad. Ello permitir establecer programas integrales que combinen las polticas nacionales con las municipales y locales; desarrollar programas preventivos junto con la implementacin de mejoras en las policas y ampliar los servicios de salud para las personas narcodependientes en forma concomitante con acciones ms efectivas de interdiccin. En breve, se requieren mejores conocimientos sobre la violencia y la criminalidad para abordar estas situaciones con polticas de Estado, las nicas que garantizarn alcanzar los logros y mantenerlos en el tiempo. En este Nmero 2 de Pensamiento Iberoamericano han participado destacados especialistas de Europa y de Amrica Latina. Por medio de 17 artculos se abordan las ms diferentes formas de violencia en el contexto de los sistemas democrticos en Amrica Latina y el Caribe. Se encuentra organizado en torno a cuatro secciones, que analizan, respectivamente, la caracterizacin de la violencia en Amrica Latina; las diferentes respuestas que se han dado a la violencia; algunos estudios de casos y anlisis de experiencias significativas; y una seccin con reseas y una bibliografa que recoge los ms importantes trabajos sobre estas cuestiones producidos en el ao 2007. El estudio de la violencia contra las mujeres se destaca en tres artculos. Tambin ocupan un lugar relevante en los trabajos el anlisis del crimen organizado y sus vnculos con la violencia, los homicidios y otras manifestaciones de ilcitos; el trfico de drogas y de armas livianas como factores de

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Pensamiento Iberoamericano n2

Francisco Rojas Aravena Manuela Mesa

riesgo; y el coste econmico de la violencia y el crimen, incluyendo los impactos negativos sobre las inversiones y el clima de estabilidad. La impunidad como factor que es causa y consecuencia de estos problemas se aborda de manera especfica en uno de los captulos; y se ha hecho referencia expresa al trabajo de la Comisin Contra la Impunidad en Guatemala. Las visiones de los organismos internacionales y de la sociedad civil tambin estn presentes con contribuciones especficas. Como se ha indicado, el nmero incluye estudios de casos que muestran buenas prcticas. Los estudios del Banco Mundial, de Naciones Unidas, y en particular, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Banco Interamericano de Desarrolllo (BID), y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), entre otros, han sido de gran importancia para los autores en sus anlisis, que enfocan el fenmeno desde la perspectiva global, transnacional, y subregional, sin dejar de atender a las especificidades nacionales y locales. En la primera seccin sobre caracterizacin de la violencia, Francisco Rojas Aravena, uno de los dos coordinadores de este volumen, subraya que sin afrontar los factores estructurales no se lograrn progresos. Junto con lo anterior, se requerir la adopcin de medidas especficas para contrarrestar los factores de riesgo que inciden en las altas tasas de homicidios y de violencia. Su artculo tambin resalta que pese a las tensiones recientes en las relaciones interestatales en el rea andina, la probabilidad de un conflicto armado tradicional entre Estados es muy baja, pese a lo cual es necesario continuar con el desarrollo de medidas de confianza mutua y de seguridad. La contribucin de Mayra Buvinic, del Banco Mundial, destaca que Amrica Latina es la regin con la tasa de homicidios promedio por habitante ms alta del mundo, 25,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tambin seala que la regin posee una de las tasas ms elevadas de violencia domstica. El artculo analiza cmo la violencia acarrea costos directos e indirectos que incluyen impactos en la salud, en el mbito econmico y en el desarrollo social. En su trabajo plantea que es en el rea de prevencin en donde las acciones tienen la mejor relacin entre el costes y la eficacia. En particular, entre las que producen mayores xitos y poseen la ms alta efectividad se encuentran los programas municipales integrados de seguridad ciudadana, la inversin en los jvenes y en el desarrollo infantil temprano; as como el control de venta de armas, de alcohol y de drogas, junto con la prevencin situacional. Dirk Kruijt, de la Universidad de Utrecht, analiza la violencia y la pobreza en Latinoamrica y el Caribe en un contexto de emergencia de nuevos actores armados. Describe como el proceso de informaliza-

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cin caracterstico en Amrica Latina afecta a lo econmico, lo social, lo poltico, y en especial, a la seguridad. Destaca el papel de los distintos actores armados no estatales que operan en la zona gris que vincula la informalidad, la ilegalidad y la criminalidad, y que constituyen una sociedad no civil. Violencia y gnero es el tema que analiza Carmen Rosa de Len Escribano, del Instituto de Enseanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES). En su contribucin destaca como la inequidad y la exclusin se traduce en altos niveles de violencia que afectan primordialmente a mujeres, jvenes, nios y poblaciones indgenas. En su trabajo muestra cmo la prdida del tejido social causado por los diversos conflictos armados vividos en Centroamrica han producido una debilidad institucional y la ausencia de polticas pblicas incluyentes y equitativas. Ello, junto a la proliferacin de armas de fuego y el fcil acceso a las mismas, exacerban la conflictividad e incrementan la letalidad. Reafirma que desde la perspectiva de gnero surgen dos fenmenos relacionados: el feminicidio y la construccin de la masculinidad a partir de las pandillas juveniles. La segunda seccin analiza las respuestas mltiples a la violencia. All encontramos que los niveles de coordinacin y cooperacin internacionales son dbiles. Manuela Mesa, directora del Centro de Educacin e Investigacin para la Paz (CEIPAZ), de la Fundacin Cultura de Paz, y tambin coordinadora de este volumen, estudia la agenda de seguridad de la cooperacin al desarrollo y su relacin con la violencia transnacional. En concreto, su contribucin aborda las respuestas que se han dado desde la cooperacin internacional, y se analizan los principales obstculos institucionales y polticos que existen para abordar este problema en un marco de gobernanza multinivel, el cual debe combinar acciones locales, nacionales, regionales y globales. Las respuestas de mano dura para enfrentar la violencia han sido frecuentes en el rea centroamericana. En su trabajo, Gabriel Aguilera Peralta, diplomtico guatemalteco, aborda alguna de las reacciones frente a la violencia criminal, en particular aquellas que privilegian las medidas de contencin o represin en detrimento de la prevencin. Destaca cmo estas polticas impulsan tendencias autoritarias y se constituyen en un riesgo para la gobernabilidad democrtica y la creacin de una cultura de paz. El rol de la sociedad civil es cada vez ms significativo en la prevencin de conflictos. Andrs Serbin, de la Coordinadora Regional de Investigaciones Econmicas y Sociales (CRIES), analiza el desarrollo de la sociedad civil y sus caractersticas distintivas a partir del restablecimiento de los sistemas

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democrticos, con especial nfasis en sus vnculos y relaciones con el Estado. Subraya el papel de la sociedad civil en la promocin de la paz, la seguridad y la prevencin de conflictos armados. La impunidad es un importante factor de riesgo para el incremento de la violencia. Felipe Gmez Isa, de la Universidad de Deusto, estudia el fenmeno de la impunidad en Amrica Latina. Afirma que luchar efectivamente contra la impunidad en situaciones de transicin es esencial para la promocin de los derechos humanos, la consolidacin del Estado de derecho, el desarrollo democrtico y la paz. En su trabajo se destaca la importancia de la progresiva instauracin del principio de jurisdiccin universal y el avance que ello significa en la lucha contra la impunidad crnica que se ha manifestado en los pases de Amrica Latina. Las reformas a los sistemas de seguridad, en especial la construccin de un liderazgo civil en seguridad pblica, es el tema que aborda Luca Dammert, de FLACSO-Chile. Su artculo realiza un anlisis comparado de las instituciones policiales de la regin y presta particular atencin a la presencia del liderazgo civil democrtico desde el diseo a la implementacin de las polticas pblicas en materias de seguridad. Carmen de la Cruz, de la red Women in Development Europe (WIDE), aborda la seguridad de las mujeres en el espacio pblico. Resalta la importancia de profundizar en el diagnstico de la violencia urbana desde la perspectiva de gnero con el fin de disear intervenciones especficas. Igualmente manifiesta la necesidad de comprender y hacer visible por qu se sienten inseguras las mujeres, y en forma paralela aporta elementos explicativos para desentraar la relacin de violencia de gnero en el espacio privado y pblico. En la tercera seccin sobre experiencias y estudios de casos, Rubem Cesar Fernandes, de Viva Rio, destaca la experiencia y los logros de esta organizacin en la bsqueda de mejores respuestas para detener la violencia en la ciudad de Ro de Janeiro, en Brasil, y cmo las experiencias que all se recogen en la actualidad, pueden ser reproducidas en otras partes de Brasil y de la regin. Centra su atencin en el tema de control de armas y municiones, as como en el trabajo de perfeccionamiento y mejoramiento de las fuerzas de polica. El estudio de los casos de Bogot y Medelln es realizado por Alejo Vargas y Viviana Garca, de la Universidad Nacional de Colombia. Estos autores observan cmo la violencia y la delincuencia en

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los contextos urbanos constituye una seria amenaza a la seguridad y a la convivencia en las ciudades latinoamericanas, y cmo este tema se ha instalado en la agenda pblica de la regin. Se examina el caso de Medelln y de Bogot, dos ciudades que tenan niveles de violencia muy altos, y que lograron reducirla de manera drstica a partir de enfoques integrales, con medidas y estrategias de seguridad ciudadana especficas que han dado resultados satisfactorios. La mirada sobre los desafos de la rehabilitacin del tejido social la efecta Luisa Cabrera. En su artculo ofrece reflexiones sobre la rehabilitacin psicosocial en el trabajo sobre la memoria, la identidad y la justicia, como herramientas para reparar las necesidades de los grupos y colectivos afectados por la violencia poltica del pasado. Las tres reseas incluidas en este volumen examinan publicaciones recientes sobre la violencia y el crimen en Amrica Latina y el Caribe. La primera fue preparada por Leticia Casa, en la cual comenta el SIDA Regional Report 2006: Central America y Crimen y Desarrollo en Centroamrica: Atrapados en una encrucijada. La segunda resea, preparada por Elena Couceiro, valora el estudio Crimen, Violence and Development: trends, costs and policy options in the Caribbean. La tercera, elaborada por Sonia Montao, aborda la violencia contra las mujeres al analizar Ni Una Ms. El derecho a vivir una vida libre de violencia. Finalmente, las bibliotecarias de tres Sedes de FLACSO, Paula Pardo, de Chile; Nilma Martins, de Ecuador; y Eustolia Mucio, de Mxico, elaboraron una bibliografa con las referencias ms importante publicadas en el ao 2007. Quienes hemos coordinado este segundo volumen de Pensamiento Iberoamericano estamos persuadidos de que si no se resuelven los temas esenciales para la vida de las personas la educacin, la salud, la vivienda y el trabajo decente la polarizacin continuar y con ella se reproducirn las condiciones para el desarrollo de una cultura de exclusin. sta, en el contexto de sociedades cada vez ms inequitativas y segmentadas, facilitan expresiones de violencia; con ello se truncan las oportunidades para el desarrollo humano. En vez de potenciar a las personas se les reducen sus capacidades. En vez de limitar los riesgos, los aumenta. En vez de fomentar la cooperacin, se incrementa la desconfianza. Para reducir la violencia y la criminalidad, en el contexto de las democracias latinoamericanas y caribeas, la solucin pasa por concertar polticas pblicas, basadas en consensos de Estado, de alcance nacional e internacional, que fomenten la cooperacin, el dilogo y la construccin de sociedades ms inclusivas y democrticas.

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En esta tarea de coordinacin de este nmero 2 de Pensamiento Iberoamericano, ha sido un privilegio trabajar con los y las colegas que han contribuido con sus conocimientos, ideas y opciones de polticas. As tambin, expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento a la Fundacin Carolina y a la AECID y a quienes desde ellas han posibilitado la produccin de esta nueva entrega de la revista.

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Primera parte: Caracterizacin de la violencia

Francisco Rojas AravenaSecretario General de FLACSO

Violencia en Amrica Latina. Debilidad estatal, inequidad y crimen organizado inhiben el desarrollo humano

Resumen: Sin atacar los factores que construyen el contexto y la base para la violencia y el crimen no se lograran progresos en el desarrollo humano sostenible en Amrica Latina y el Caribe. La inseguridad se transfiere con facilidad. En este trabajo nos referiremos slo a algunas formas de violencia: la violencia entre Estados, la violencia generada por la debilidad o ausencia del Estado, la violencia del crimen organizado, la respuesta de los linchamientos, y algunas otras. Los incentivos que producen el trafico de drogas ilcitas y el de armas livianas y pequeas. La violencia intrafamiliar que no abordo debe ser objeto de atencin especial. Los costos de la violencia afectan cada vez con ms fuerza las oportunidades del desarrollo. Ello requiere explorar los principales factores que estn detrs de las expresiones de violencia, entre los que cabe mencionar la inequidad, la urbanizacin, el desempleo, la pobreza y las debilidades de la institucionalidad democrtica.Palabras clave: violencia, inequidad, costos de la violencia, crimen organizado, violencia inter-estatal, inseguridad

Abstract: Without attacking the elements that build the context and the foundation of violence and crime, progress in sustainable human development would not be achieved. Insecurity is transferred with ease. In this paper we refer only to some kinds of violence: inter-state violence, violence generated by the weakness or absence of State; violence of organized crime, answers of lynchings, and some others. Incentives that produce illicit drug and small arms trafficking. Domestic violence which I dont refer to must be object of special attention. The costs of

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violence increasingly affect development opportunities. That requires exploring the main elements behind violence expressions, like inequity, urbanization, unemployment, poverty and the weakness of democratic institutions.Key words: violence, inequity, costs of violence, organized crime, inter- state violence, insecurity

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Francisco Rojas AravenaSecretario General de FLACSO


IntroduccinSin atacar los factores que construyen el contexto y la base para la violencia y el crimen no se lograrn progresos en el desarrollo humano sostenible en Amrica Latina y el Caribe. La inseguridad se transfiere con facilidad. La seguridad es interdependiente. Ello requiere un abordaje comprensivo que d cuenta de manera simultnea de diferentes polticas pblicas tales como las referidas a: reformas de los sistemas de seguridad y defensa; reformulacin de las polticas sociales; el desarrollo de polticas que contribuyan a la cohesin e integracin social; y un conjunto de iniciativas que permitan mejorar la gobernabilidad democrtica. Un esfuerzo de este tipo slo podr ser asumido sobre la base de grandes consensos nacionales y el desarrollo de polticas de Estado. Todo ello demandar, adems, una importante contribucin de la

cooperacin internacional, tanto de la ayuda oficial, como de las entidades de la sociedad civil. La cooperacin para la paz es un objetivo esencial en las relaciones internacionales de la hora presente. Las premisas fundamentales desarrolladas por el PNUD-Costa Rica, en su Informe Venciendo el Temor, posibilitan comprender de mejor manera el fenmeno y desarrollar polticas pblicas apropiadas para superar las principales vulnerabilidades que facilitan el desarrollo de la violencia y la inseguridad. Ellas son: 1) la inseguridad no es causada por un factor, sino por la convergencia de muchos, ligados a vulnerabilidades humanas y sociales. 2) La inseguridad ciudadana es un obstculo para el desarrollo humano por cuanto limita las posibilidades individuales para concebir y concretar un proyecto de vida, y erosiona la cooperacin social y la vida cvica necesaria para tal

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efecto. 3) Es posible construir una sociedad ms segura si se atienden las formas de vulnerabilidad social en que proliferan la violencia y el despojo, y se fortalecen los mecanismos colectivos de proteccin y capacidad de las personas para activarlos (PNUD-Costa Rica. 2005). El trasfondo de estas premisas se fundamenta en el concepto de seguridad humana. Una de sus definiciones bsicas seala que la seguridad humana consiste en proteger la esencia vital de todas las vidas humanas de una forma que realce las libertades humanas y la plena realizacin del ser humano (CSH.2003). En sntesis, construir un mundo libre de temor y de necesidades. Para enfrentar esta tarea es esencial desbanalizar la violencia. Frente a un importante incremento del 18,2% de las ejecuciones del narcotrfico en Mxico, al comparar las cifras del ao 2006 y 2007, un informe de los responsables de combatir esta situacin sealaba, que no hay razones para preocuparse: que es ms probable que un mexicano muera de sida que por las balas del narcotrfico; que hay 30,1 ms probabilidades de contraer diabetes que acabar encobijado; y que se tienen 31 veces ms probabilidades de pegarle al gordo de la lotera que de acabar sepultado en una narcofosa (Universal, 16/01/08. pp A11). La trivializacin de la violencia transforma en normal el horror. La responsabilidad de los medios de comunicacin es fundamental para mantener el equilibrio informativo y prevenir la banalizacin de la violencia.

Una sociedad informada potencia a las personas para encontrar respuestas y desarrollar acciones cooperativas. Por el contrario, en una sociedad con miedo se inhiben las capacidades, se incrementa la desconfianza y con ella la falta de cooperacin. El aislamiento incrementa los riesgos. Comprender las diferentes expresiones de la violencia en Amrica Latina y el Caribe permitir desarrollar mejores polticas pblicas que tengan como norte el desarrollo humano, es decir, aumentar las opciones de las personas para que puedan mejorar sus vidas. En este trabajo nos referiremos slo a algunas formas de violencia: la violencia entre Estados, la violencia generada por la debilidad o ausencia del Estado, la violencia del crimen organizado, la respuesta de los linchamientos, y algunas otras. Los incentivos que producen el trafico de drogas ilcitas y el de armas livianas y pequeas. La violencia intrafamiliar que no abordo debe ser objeto de atencin especial. Los costos de la violencia afectan cada vez con ms fuerza las oportunidades del desarrollo. Ello requiere explorar los principales factores que estn detrs de las expresiones de violencia, entre los que cabe mencionar la inequidad, la urbanizacin, el desempleo, la pobreza y las debilidades de la institucionalidad democrtica.

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Francisco Rojas Aravena

I. Contexto: la debilidad estatal como remanente de la guerra fraLas heridas dejadas por las dictaduras en la regin en muchos casos siguen abiertas. Ello es producto de las secuelas directas del terror ejercido por dcadas; y en otros, por la impunidad que ha prevalecido y que ha impedido que la justica acte en la etapa de transicin a la democracia. La doctrina de la seguridad nacional fue un producto de la Guerra Fra, ella conllev graves violaciones a los derechos humanos. El terrorismo ejercido desde el Estado se expres en genocidios, en desapariciones forzosas, en tortura y en las formas ms aberrantes de ejercicio de la violencia desde el Estado. Las sociedades y las poblaciones de Amrica Latina debieron convivir con las guerras internas, la violencia, la opresin y el miedo por dcadas. Se busc imponer un orden por la fuerza, fue la negacin de la poltica y la legitimidad del poder. No hubo Estado de derecho, haba un rgimen de terror. La violencia era ejercida no slo por actores oficiales sino por actores armados amparados por el Estado, pero al margen del respeto a la ley. La naturaleza de la violencia poltica ejercitada en los aos de dictadura militar no tiene paralelo con ningn momento de la historia latinoamericana (Torres-Rivas, 1998). Slo la conquista de Amrica puede ser equivalente. Los gobiernos perdieron autoridad y con ella capacidades de gobernabilidad, de all que

hicieran uso de la violencia indiscriminada. En Centroamrica luego de dcadas de conflicto se alcanzaron acuerdos de paz, ellos permitieron el paso a sociedades ms abiertas y plurales. Se abra una oportunidad a la democracia en sociedades post conflicto. Las transiciones a la democracia se abrieron paso por diferentes caminos: por colapso del rgimen, luego de la guerra de las Malvinas, en Argentina; por procesos de negociacin ms o menos complejos desde Brasil, pasando por Uruguay a Chile, ltimo pas en tener gobierno civil, en 1990. En Per la violencia terrorista de Sendero Luminoso se expres ya en democracia. La guerra en Colombia se ha mantenido con altos y bajos por ms de medio siglo. Este conjunto de cambios en los sistemas polticos fue acompaado de un cambio en los patrones de insercin econmica. El resultado fue debilitar an ms las capacidades del Estado para proveer bienes pblicos y seguridad a sus ciudadanos. La polarizacin econmica-social y la inequidad se asentaron como un rasgo caracterstico de la regin. Las sociedades post conflicto, las transiciones a la democracia y los desarrollos del modelo neoliberal redujeron las capacidades del Estado y le abrieron espacios a nuevos actores armados, a una nueva violencia. La inseguridad en las sociedades latinoamericanas se encuentra ms ligada a las debilidades del Estado que a las nuevas fuerzas y actores. Nuevos tipos de conflictos reducen la

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capacidad de los estados. Los pases de la regin encuentran grandes dificultades para enfrentar estos nuevos retos. Es decir, los actores no estatales ilegales poseen capacidad para constituirse en amenazas efectivas al Estado. La debilidad del Estado es una condicin de inseguridad que lo afecta a l mismo, como a su poblacin. Y va ms all. La inseguridad en un Estado genera una expansin de sta a los vecinos. La inseguridad fluye ms all de las fronteras. De all la preocupacin creciente sobre los espacios sin ley que se ha manifestado en las reuniones de Presidentes, como en las Cumbres de Ministros de Defensa de las Amricas. La seguridad es interdependiente. Adems, posee un carcter multidimensional, como lo expresaron los Estados del hemisferio en la Declaracin sobre Seguridad en las Amricas, de la OEA, de octubre de 2003, efectuada en Mxico. Si el exceso de Estado generaba la mayor amenaza para la poblacin, durante las dictaduras y la Guerra Fra, en la actualidad la debilidad o la ausencia del Estado se constituye en el mayor detonante de la inseguridad en Amrica Latina y el Caribe. Los estados estn desarrollando una guerra continua contra el crimen organizado internacional el cual posee mltiples manifestaciones. Esta forma de enfrentamiento corresponde a lo que se denominan las guerras de la globalizacin o nuevas guerras. stas implican un desdibujamiento de las

distinciones entre guerra (normalmente definida como la violencia por motivos polticos entre estados o grupos polticos organizados), crimen organizado (la violencia por motivos particulares, en general el beneficio econmico, ejercida por grupos organizados privados) y violaciones a gran escala de los derechos humanos (la violencia contra personas individuales ejercida por estados o grupos organizados polticamente). Las nuevas guerras se vinculan a la erosin del Estado, a la aparicin de estados debilitados que en lo esencial han perdido el monopolio de la violencia. Es en estos casos donde los factores transnacionales adquieren una mayor gravitacin (Kaldor, 2001). Las nuevas guerras son esencialmente guerras internas. Son redes transfronterizas las que sostienen. En segundo lugar, involucran a un amplio abanico de actores internacionales y en tercer lugar, se desarrollan en zonas de estados frgiles o fallidos. Las principales vctimas son los civiles y las violaciones a los derechos humanos se masifican (Kaldor, 2003). 1. La violencia interestatal: baja probabilidad. Los estados se preparan para ejercer la violencia en defensa de su soberana y de intereses esenciales de cada uno de ellos. Las guerras mundiales han evidenciado ese poder destructivo, as como la secuela de guerras de la Guerra Fra en diferentes partes del mundo. Las

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armas de destruccin masiva tienen la capacidad para destruir a la humanidad. Amrica Latina y el Caribe es una Zona de Paz. sta es una regin libre de armas atmicas, qumicas y bacteriolgicas, lo que ha sido refrendado por acuerdos internacionales vinculantes. Las guerras interestatales en Amrica Latina fueron pocas en el siglo XX, en comparacin con otras regiones del planeta. Sin embargo, las tensiones limtrofes y las crisis generadas por ellas estuvieron presentes de manera importante. Con el fin de la Guerra Fra y, principalmente, con el advenimiento de gobiernos democrticos, se puso fin a una poltica fundada en una geopoltica autorreferente y se desarrollaron mecanismos efectivos para resolver los contenciosos limtrofes. Los litigios que se mantienen en la actualidad han tendido a judicializarse. Es decir, han sido llevados a la Corte Internacional de Justicia; entre stos estn los casos de Nicaragua y Colombia; Nicaragua y Honduras; Costa Rica y Nicaragua. El caso de El Salvador y Honduras haba sido resuelto con anterioridad por la Corte Internacional de Justicia. Recientemente se ha sumado la presentacin de Per con relacin a la delimitacin de la frontera martima con Chile. No obstante lo anterior, el desplazamiento masivo de colombianos a Ecuador y los conflictos que se desarrollan en la frontera de ambos pases han tensionado las relaciones entre ambas naciones al punto de que las autoridades ecuatorianas han expresado que su pas

limita al norte con las FARC (El Tiempo 8/02/08). En medio de la polarizacin polticosocial venezolana, el gobierno del Presidente Chvez ha subido el tono de sus discursos respecto a su relacin con Colombia (El Tiempo 18/01/08). La crisis entre Colombia y Ecuador y Venezuela se agudiz por la incursin de las fuerzas armadas de Colombia, el 1 de marzo de 2008, al territorio ecuatoriano que termin con la muerte del segundo hombre de las FARC (Ecuador Presidencia, 2008). Ecuador rompi relaciones diplomticas. Nicaragua adopt la misma decisin. Venezuela retir su embajador y el personal de la embajada de Colombia. Ecuador y Venezuela movilizaron tropas a la frontera. Durante unos das se evidenci un clima de gran tensin que inclua la posibilidad del uso de la fuerza. Una reunin Cumbre de las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertacin Poltica Grupo de Ro reunidos en ocasin de la XX Reunin Cumbre en Santo Domingo, Repblica Dominicana, alcanz una solucin satisfactoria para todas las partes. All se indic Son motivo de profunda preocupacin para toda la regin los acontecimientos que tuvieron lugar el 1 de marzo de 2008 cuando fuerzas militares y efectivos de la polica de Colombia incursionaron en territorio de Ecuador, en la provincia de Sucumbos, sin consentimiento expreso del Gobierno de Ecuador para realizar un operativo en contra de miembros de un

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grupo irregular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se encontraba clandestinamente acampando en el sector fronterizo ecuatoriano. Seguidamente y en lo que constituye un amplio, slido e irrenunciable compromiso regional, los y las Jefes de Estado sealaron: Rechazamos esta violacin a la integridad territorial de Ecuador, y por consiguiente reafirmamos el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupacin militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aun de manera temporal. La reunin de Consulta de Cancilleres, mecanismo formal de la OEA, luego de largas negociaciones reiter, el 17 de marzo de 2008, la vigencia del principio de soberana territorial y de los principios referidos a la abstencin del uso o amenaza de uso de la fuerza, as como el de la injerencia en asuntos de otros estados. A la vez, rechaz la incursin de fuerzas armadas y policiales de Colombia, del 1 de marzo 2008, las que constituyen una violacin a los principios antes mencionados (OEA, 2008). Los temas relativos a la soberana territorial son los ms sensibles para los estados. Ms an en el caso latinoamericano, en donde las intervenciones de la potencia hegemnica del continente han quedado marcadas en la memoria poltica de los pases de la regin. De all la importancia de la institucionalizacin de mecanismos de fomento de la confianza y de

resolucin de conflictos. El desarrollo de medidas de alerta temprana posee gran importancia, al igual que los mecanismos de transparencia referidos a las adquisiciones y la homologacin del gasto militar.

II. Percepcin de temor y carencia de seguridadLas estadsticas mundiales indican que 520.000 personas fueron vctimas de homicidio en el ao 2000. De stos se estima que 199.000 fueron homicidios de jvenes. Las cifras reales son muchsimo ms altas dada la baja calidad de la informacin en esta materia. (WHO. 2004) Amrica Latina y el Caribe, considerados como regin, poseen tasas de homicidios que obligan a pensar que este tipo de violencia constituye una pandemia. El Caribe presenta la tasa mayor con 30 homicidios por 100.000/hab. El promedio de Sudamrica es de 26 y el de Amrica Central de 22 (UN-WB. 2007). Sin embargo, al mirar los casos nacionales, la regin es tan diversa y heterognea como en otras dimensiones. En efecto, algunas subregiones y pases poseen cifras muy altas, por sobre la media regional y mundial; y en otros muestra cifras muy bajas. Es as como Chile, Costa Rica, Uruguay y Cuba, muestran cifras bajas, en contraste con el Caribe, Colombia, El Salvador, Brasil y Venezuela. En la mayora de los pases de la regin ha crecido la violencia y las tasas de homicidios. Las

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tasas de Amrica Latina, en el perodo 20002004, son de 25,4 por 100.000/hab. Para enfrentar este flagelo existe una frgil, dbil e inconsistente institucionalidad regional, hemisfrica e iberoamericana. sta es la nica rea en la cual no existe una Cumbre de los Ministros del tema. No hay una reunin de los Ministros del Interior y/o de Seguridad Pblica de los pases del hemisferio. Es una paradoja que se tengan encuentros regulares en prcticamente todas las reas, desde finanzas a turismo, de la defensa a la salud; pero que no se desarrollen encuentros de los responsables de la seguridad pblica. El Secretario General de la Organizacin de Estados Americanos (OEA) ha convocado para el mes de octubre 2008, en Mxico, la Primera Conferencia Ministerial sobre Crimen y Violencia en las Amricas. En algunos esquemas subregionales se han establecido secretaras con un mnimo de institucionalidad en este tema, para generar ms coordinacin y cooperacin, pero an son dbiles. Avanzar requiere de mayor integracin y transferencia de competencias, lo que en el marco de los conceptos de soberana vigentes es difcil. Se requerir una mayor voluntad poltica para enfrentar mancomunadamente estas tareas. La violencia deteriora la integracin social; rompe el tejido social; impacta negativamente el crecimiento y desarrollo econmico. Ahuyenta la inversin nacional y en especial la extranjera. Erosiona la legitimidad del Estado y aumenta la desconfianza de la ciudadana; y

reduce el apoyo a la democracia. Sin seguridad no hay predictibilidad y las incertidumbres aumentan. Sin seguridad no hay desarrollo humano. Los costos de la seguridad individual y de las sociedades aumentan, con ellos la inequidad y la fragmentacin de las ciudades. La violencia aumenta la ingobernabilidad, debilita la democracia, incrementa la desconfianza y genera las condiciones para violaciones a los derechos humanos.Cuadro N 1 Comparacin internacional de tasas de homicidio EconomaColombia El Salvador Rusia Brasil Venezuela Puerto Rico Ecuador Kazajstn Estonia Ucrania Letonia Moldavia Bielorrusia Mxico Panam Lituania Rep. de Kyrgyz Nicaragua Estados Unidos Costa Rica Uruguay Cuba

Ao2000 1999 2000 2000 2000 1999 2000 1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1999 2000 2000 2000

Tasa de homicidio (por 100.000 hab.)68,0 37,0 28,4 27,1 26,2 17,4 16,8 16,4 13,9 13,1 12,5 11,9 11,4 10,9 9,8 9,3 8,0 6,7 6,1 6,1 5,5 5,2

Fuente: World Bank. Crime,Violence and Economic Development in Brazil: Elements of Effective Public Policy. Poverty Reduction and Economic Management Sector Unit.World Bank.Washington D.C. 2006

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La seguridad pblica, la seguridad domstica, la seguridad ciudadana, son bienes pblicos que deben reforzarse y perfeccionarse. sta es un rea de dficit en la regin. All se evidencian las mayores vulnerabilidades de los gobiernos democrticos; stas afectan las capacidades de gobernabilidad democrtica. Para poder enfrentar esta situacin la construccin de polticas pblicas de Estado es una condicin esencial. Sin ellas surgirn propuestas autoritarias y populistas que agravarn los problemas, adems de politizar y polarizar las opciones. Su carcter de Estado est dado por la construccin de una visin nacional y de largo plazo. sta va ms all de la del partido en el poder o de la coalicin gubernamental; y de su perodo de gobierno. Ellas incorporan perspectivas de diferentes actores, con un horizonte temporal que cruza los perodos de gobierno. Es un tipo de poltica pblica sobre la cual se ha construido una efectiva voluntad poltica. Es decir, metas y objetivos; un camino para alcanzarlas; y los recursos humanos y materiales necesarios para ello; expresado todo lo anterior en un marco institucional, con discursos coherentes de los diferentes actores. Ello no significa la ausencia de debates, por el contrario stos son ms profundos y profesionales y apuntan a mejorar la calidad de la poltica pblica y los logros de ellas. Enfrentar la violencia en Amrica Latina y el Caribe requiere de un conjunto de polticas pblicas, desde las de seguridad y defensa a las relativas a la violencia intrafamiliar.

El apoyo a la democracia en Amrica Latina y el Caribe se ha mantenido por sobre el 50% a lo largo de los ltimos 12 aos, con la excepcin del ao 2001, cuando cay al 48 %. El ao 2006, ascendi a un 58%, para caer al 54%, en el ao 2007. En lo referente al grado de satisfaccin con la democracia, el promedio regional es de un 37%. Es un nivel bajo de satisfaccin con los gobiernos democrticos. Salvo Uruguay y Venezuela, que manifiestan un 66% y un 59% de satisfaccin respectivamente, en el resto de los pases est por debajo del 50%. Cuatro pases estn bajo el 30% y uno de ellos, Paraguay, el grado de satisfaccin es slo de 9%. (Latinobarmetro, 2007). En la regin hay un descontento con los gobiernos democrticos, independientemente de su orientacin. En este contexto, se hace notar con ms fuerza que las ciudadanas y los ciudadanos se sienten cada da ms inseguros. La violencia, la inseguridad afectan y deterioran la calidad de vida de las personas. El miedo limita el pleno ejercicio de los derechos e inhibe las capacidades para el emprendimiento y relaciones sociales que propendan al desarrollo de sus comunidades. Un 63% de las personas en Amrica Latina y el Caribe se sienten inseguras, es decir, sienten temor. Un 73% de las personas en la regin teme ser vctima de un delito violento. Esta percepcin se sustenta en el hecho que las vctimas de delitos han aumentado significativamente desde 1995, cuando el 29% fue vctima de algn delito; en el ao 2006 subi a un

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32% y en el ao 2007, esta cifra aumenta al 38%. (Latinobarmetro, 2007). La violencia y la inseguridad adquieren cada da ms relevancia en las agendas gubernamentales y polticas de los diferentes pases. Ello demanda mejores y renovadas polticas pblicas; diseadas, ejecutadas y evaluadas con carcter de poltica de Estado.

alcanz al 48,3% de la poblacin. En el ao 2006 se haba reducido en 10 puntos, alcanzando la cifra de 38,5% de pobres y de ellos un 14,7% eran indigentes. No obstante lo anterior, en trminos del nmero de personas los pobres haban crecido de 200 millones en 1990, a 205 millones en el ao 2006 (CEPAL, 2007). La Organizacin Mundial de la Salud efectu un estudio comprehensivo del estado del

III. Condiciones que generan la violencia1. Inequidad, desempleo y falta de oportunidades: factores fundantes de la violencia. Muchas de las polticas pblicas aplicadas para combatir la violencia y la criminalidad lo que hacen es reprimir el delito, atacar a la delincuencia, pero con ello no se atacan las diferentes causas que los generan. Es esencial mirar a las causas junto con las manifestaciones que posibilitan su desarrollo. Sobre esta materia el presidente scar Arias seal He hablado de acciones nacionales e internacionales que responden a la pregunta de cmo tratar a la criminalidad, pero no responde a la pregunta de por qu existe la criminalidad (Arias Snchez, 2008) La violencia es un sntoma; debemos buscar las causas detrs de ese sntoma. Una de las situaciones ms graves en la regin es su nivel de inequidad. La pobreza es grave, pese a que ha disminuido de manera lenta y progresiva desde el ao 1990 cuando

arte en relacin con los factores que inciden en la violencia interpersonal. All, luego de revisar ms de 21 trabajos internacionales, sistematiz los hallazgos ms importantes (WHO, 2004). Entre stos se destacan: La pobreza parece ser un factor agravante en todo tipo de violencias. La inequidad en el ingreso muestra una fuerte asociacin con el crimen violento, mientras que ste tiene una dbil asociacin con niveles absolutos de pobreza. El desempleo motiva el crimen, pero las teoras que exploran las relaciones macroeconmicas como determinantes del crimen deben evaluar adems aspectos de las polticas de control social. La relacin entre inequidad y homicidios poseen un conjunto de factores intervinientes tales como desempleo, privaciones econmicas, frustracin y desintegracin social; todo lo que hace complejizar dicha relacin. Crecimiento urbano y crimen violento se ligan. Las inequidades socioeconmicas dirigen sus efectos sobre otros factores tales como pobreza, raza y localizacin geogrfica de la violencia.

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Esto provee referencias tiles para argumentar que la inequidad ms que la privacin absoluta producida por la pobreza, es un riesgo para la violencia interpersonal. La inequidad es un mejor predictor de la violencia que el desarrollo econmico. El incremento de las inequidades predispone para la violencia letal. Inequidad en los ingresos estn fuertemente correlacionada con el crimen violento armado. Por otra parte, pobreza y homicidios demuestran slo una dbil relacin. La relacin entre inequidad econmica y tasas de homicidios no fueron consistentes para diferentes rangos de edad o gnero, en general fueron ms fuertes para jvenes y hombres El alcohol las drogas impactan todo tipo de violencias

All encontramos que Colombia, que aparece con tasa mayor de homicidios, tambin ocupa uno de los 10 primeros lugares en el ndice de inequidad, de pobreza, de desempleo urbano y juvenil. En el caso de El Salvador, 2 en la tasa de homicidios, surge slo entre los 10 primeros lugares en el ndice de pobreza. Venezuela, que se ubica en el tercer lugar de la tasa de homicidios, irrumpe entre los 10 primero en corrupcin, urbanismo, desempleo urbano y juvenil. Brasil, ubicado en 4 lugar en la tasa de homicidios, emerge entre los 10 primeros lugares en inequidad, urbanizacin, desempleo urbano y juvenil. Guatemala, que es el quinto pas con la mayor tasa de homicidios, se manifiesta entre los 10 primeros lugares en corrupcin, inequidad y pobreza.

Del conjunto de factores descritos podemos destacar una serie de factores que generan condiciones para las manifestaciones de violencia y crimen. Entre stos estn la inequidad, que se puede visualizar con el ndice de Gini; la pobreza, el grado de urbanizacin, las tasas de desempleo, en especial el juvenil. Tambin la corrupcin como indicador de impunidad se debe incluir. Si correlacionamos los 10 pases con ms altas tasas de homicidios de la regin y comparamos con los indicadores sealados encontramos una importante superposicin en los primeros lugares con los otros indicadores. Esta situacin se evidencia en el cuadro N 2.

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Cuadro N 2 Amrica Latina: indicadores comparadosndice de Gini b) Porcentaje de Pobreza (2006) Porcentaje de Poblacin Urbana (2007)% Tasa de Desempleo Urbano c) 2006 Tasa de Desempleo Juvenil Urbano d) 2006

Tasa de Homicidios (100 mil hab) a) 2000-2004

ndice de Corrupcin Percibida 2007


Ranking

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pas Colombia El Salvador Venezuela Brasil Guatemala Paraguay Ecuador Nicaragua Panam Mxico

Tasa 79,7 45,6 34,5 31,7 24,0 20,7 16,2 15,1 13,5 11,4

Pas ndice Venezuela 2,0 Ecuador 2,1 Paraguay 2,4 Honduras 2,5 Nicaragua 2,6 Guatemala 2,8 Bolivia 2,9 Argentina 2,9 R. Dominic. 3,0 Panam 3,2

Pas Bolivia Brasil Honduras Colombia Nicaragua R. Dominic. Panam Guatemala Paraguay Ecuador

ndice 0,614 0,602 0,587 0,584 0,579 0,578 0,548 0,543 0,536 0,526

Pas Honduras Nicaragua Bolivia Paraguay Guatemala El Salvador Colombia Per R. Dominic. Ecuador

% 71,5 69,4 [63,9] [60,5] 60,2 [47,5] [46,8] 44,5 44,5 39,9

Pas Venezuela Uruguay Argentina Chile Brasil Mxico Panam Per Colombia R. Dominic.

% 94 92 90 88 85 77 73 73 73 68

Pas R. Dominic. Colombia Uruguay Argentina Panam Ecuador Brasil Venezuela Paraguay Per

Tasa 16,2 13,0 11,4 10,7 10,4 10,1 10,0 10,0 8,6 8,5

Pas R. Dominic. Uruguay Colombia Argentina Panam Brasil Ecuador Chile Venezuela Costa Rica

Tasa 36,0 29,3 25,3 23,6 23,4 21,0 (20,5) 19,7 18,0 15,3

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Nota: Las cifras dentro de [ ] corresponden a datos de 2005; y los datos dentro de ( ) corresponden a 2004. a) Honduras y Bolivia no fueron considerados debido a la ausencia de datos sobre homicidios de ambos pases. b) Datos de la CEPAL basado en Encuestas Nacionales. Las cifras corresponden al ao ms reciente en que se realiz la Encuesta por lo que son diferentes entre los pases. c) Tomado de la OIT. No hay informacin homognea, los datos se presentan para dibujar una imagen del desempleo urbano pero no son comparables entre s. El territorio abarcado vara, en algunos pases se trata de una o varias reas metropolitanas, en otros las cifras corresponden a un total nacional urbano y en otros al total nacional. d) Tomado de la OIT. No hay informacin homognea, los datos se presentan para dibujar una imagen del desempleo juvenil urbano pero no son comparables entre s. Los grupos de edad considerados son diferentes entre s en un rango de los 15 a los 24 aos. El territorio abarcado vara, en algunos pases se trata de una o varias reas urbanas, y en otros las cifras corresponden a un total nacional Francisco Rojas Aravena

Fuente: Elaboracin propia con base en UNFPA. Estado de la Poblacin Mundial 2007: Liberar el potencial del crecimiento urbano. En: www.unfpa.org; CEPAL Panorama Social de Amrica Latina 2007; OPS. Situacin de Salud en las Amricas: Indicadores Bsicos. 2007. En: www.paho.org; PNUD. Informe de Desarrollo Humano 2007/2008. En: www.undp.org


2. Acceso desigual a la justicia e impunidad Las bandas criminales se han beneficiado ms que algunos estados de la revolucin en las comunicaciones y de la globalizacin. En Amrica Latina y el Caribe existe una fuerte percepcin sobre la incapacidad de los estados para hacer cumplir las leyes. Esto afecta las bases de la gobernabilidad y con ella de la estabilidad democrtica. De acuerdo con el informe del Latinobarmetro, una preocupacin fundamental de los ciudadanos de la regin est vinculada a la incapacidad de los estados para que las leyes se cumplan. Los fundamentos de la incapacidad para hacer cumplir las leyes estn radicados en, por un lado, la dificultad de ejercer un control territorial pleno, quedando zonas sin ley, urbanas y rurales. Por el otro, el pas aparece que no est gobernado para el bien del pueblo, sino que est gobernado para los intereses de los poderosos. Consecuentemente en 16 pases ms de un 50% de los entrevistados seala que un poco de mano dura del gobierno no viene mal (Latinobarmetro, 2004). Lo que de aplicarse posee resultados contraproducentes. La percepcin ciudadana es que no funciona el Estado de Derecho, que no se cumplen las leyes, lo que deteriora a los sistemas democrticos y a la vez menoscaba la cultura de la legalidad. Por otro lado, ello genera tambin inequidad, la ley deja de ser para todos. Sobre esto existe una clara conciencia entre los latino-

americanos y latinoamericanas, slo el 22% estiman que existe un acceso con iguales oportunidades. Por el contrario, el 75%, es decir, 3 de cada 4 personas, consideran que el acceso es desigual. La erosin del Estado se incrementa, la confianza en la justicia disminuye y aumenta la sensacin de impunidad.Cuadro N 3 Amrica Latina: Cumplimiento de la Ley PasArgentina Brasil Bolivia Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Honduras Guatemala Mxico Nicaragua Panam Paraguay Per R. Dominicana Uruguay Venezuela Amrica Latina

20044,1 3,9 4,4 5,4 5,4 5,0 4,0 4,5 4,7 3,8 4,8 4,4 4,4 3,7 3,9 4,7 5,2 4,7 4,5

20054,8 4,4 4,5 5,9 6,1 6,1 3,9 5,0 4,9 4,8 5,2 4,7 5,2 4,1 4,4 5,6 6,3 5,8 5,1

Fuente: Corporacin Latinobarmetro. Informe Latinobarmetro 2004 y 2005. Santiago, Chile. (1 ninguna ley se cumple, 10 todas ellas se cumplen). En: www.latinobarometro.org.

Como resultado tenemos una sensacin de mayor inseguridad y de desproteccin. Los espacios sin ley, los territorios donde est ausente el Estado aparecen como situaciones

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Cuadro N 4 Amrica Latina: Acceso a la Justicia (Porcentaje de la poblacin que considera que todos tienen iguales oportunidades de acceder a la justicia)

Fuente: Corporacin Latinobarmetro, Informe Latinobarmetro 2007. Santiago, Chile. 2007

de normalidad. Es all, en esas zonas, surgen otros poderes para imponer su orden y sus normas por medio de la violencia. Son actores armados al margen del Estado de Derecho. Uno de los problemas ms graves es la falta de conocimiento de los nuevos fenmenos de violencia y de sus efectos en los diferentes estados. Ello redunda en que los actores estatales estn desarrollando polticas y estrategias con instrumentos ineficaces, sin coordinacin internacional y en ausencia de acuerdos que generen las condiciones de una mayor cooperacin y una reduccin de los espacios sin ley en donde no llega la accin del Estado, ni el imperio del derecho. Esta situacin es espe-

cialmente sensible y de gran vulnerabilidad en las fronteras. All actores armados ilegales usan esos territorios, como zonas protegidas, para accionar en diferentes espacios, burlando la dbil soberana que se ejerce por parte de los estados en esas zonas. Esta situacin es particularmente grave en Amrica Latina y el Caribe si consideramos su alta inestabilidad. sta es una de las regiones en donde existe el peligro de desarrollo de estados erosionados y debilitados. Es decir, estados sin capacidad para potenciar el imperio de la ley; detentar el monopolio de la violencia, proveer de servicios y bienes al conjunto de la poblacin, en especial el de la seguridad. En estos casos se

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reducen las reas donde opera el Estado de Derecho y se amplan los espacios sin ley. El ejercicio del control territorial es responsabilidad nacional, de cada pas. La accin del crimen organizado genera una fuerte desafeccin de la poltica, de sus partidos y en definitiva del sistema democrtico; adems de grandes costos. La percepcin de corrupcin generalizada recorre la regin y con ella se erosionan las dbiles instituciones y abren espacios al crimen organizado y se facilita la desafeccin democrtica y se incrementa la violencia y el crimen.

3. El trfico de armas livianas. Un factor acelerador de la violencia. La proliferacin de armas pequeas, su tratamiento y su control, constituyen una amenaza constante a nivel internacional. Se estima que el 75% de las armas en el mundo se encuentra fuera de las manos del Estado. El impacto de las armas pequeas debilita el Estado de Derecho, erosiona la democracia, desafa la paz y generan inestabilidad e incertidumbre. Asimismo, en muchos de los casos las armas y municiones se encuentran en lugares

Cuadro N 5 Pases con las mayores tasas registradas de muertes por arma de fuego en el mundo* (por 100.000 hab.)A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B Colombia Venezuela Sudfrica El Salvador Brasil Puerto Rico Jamaica Guatemala Honduras Uruguay Ecuador Argentina C 2002 2000 2002 2001 2002 2001 1997 2000 1999 2000 2000 2001 D 22,827 5,689 11,709 1,641 38,088 734 450 2,109 1,677 104 1,321 371 29,753 E 55,7 34,3 26,8 25,8 21,72 19,12 18,6 18,5 16,2 13,91 13,39 11,49 10,27 F 51,8 22,15 26,1 25,3 19,54 17,36 18,2 16,2 3,11 10,73 3,34 3,98 G 1,16 0,78 1,17 0,37 7,18 0,77 2,88 5,92 H 0,42 0,18 0,49 3,53 0,25 0,64 0,28 I 10,57 . . 1,22 0,1 0,09 1,63 3,63 0,08 J 86 67 54 71 64 91 58 63 68 70 64 K 93 95 97 98 97 91 98 22 80 38 38

Estados Unidos 2001

A: Ranking B: Pas C: Ao D: Total muertes por arma de fuego (mnimo) E: Tasa total de muertes por arma de fuego (mnimo) F: Tasa de homicidios por arma de fuego

G: Tasa de suicidio por arma de fuego H: Tasa de muertes accidentales por arma de fuego I: Tasa de muertes no determinadas por arma de fuego J: % de homicidios por arma de fuego K: % de muertes por arma de fuego que son homicidios

* Tasa de muerte por arma de fuego considerando 112 pases Fuente: Rangel Bandeira, Antonio y Bourgois, Josephine. (2006). Armas de fuego Proteccin? O Riesgo? Foro Parlamentario sobre Armas Pequeas y Ligeras. Ro Janeiro. www.parlametaryforum.org; tambin en: Dreyfus, Pablo y Rangel,Antonio. En Stella Saenz, Armas Pequeas y Livianas: Una amenaza a la Seguridad Hemisfrica. FLACSO-Secretara General. San Jos, Costa Rica 2007. www.flacso.org

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inseguros desde donde son hurtados, contribuyendo al trfico y proliferacin de stas. En Amrica Latina las cifras de homicidios por armas de fuego convierten a la regin en una de las ms peligrosas, y en la que mueren ms personas por armas de fuego sin estar asociadas a conflictos armados. De las trece ciudades con mayores tasas de homicidio de este tipo en el mundo, diez de ellas corresponden a Amrica Latina y el Caribe, situacin que evidencia la existencia de una alta circulacin de armas y una carencia de instrumentos efectivos de control de stas. La desigualdad econmica y social, sumada con la alta tenencia de armas de fuego por parte de la poblacin civil, ha producido el aumento de la percepcin de inseguridad ciudadana y de las tasas de mortalidad a causa de armas de fuego. La proliferacin de armas y su tenencia en manos de civiles no slo tiene que ver con los grupos que se encargan de su comercializacin ilcita, sino que, adems, existe en diferentes casos, un traspaso ilegal entre militares/policas y la poblacin. De hecho la desviacin de arsenales desde el sector privado y pblico son uno de los recursos ms importantes que tienen los criminales y otros grupos para armarse. Cabe destacar que el control de estas fugas se complejiza an ms en los territorios post-conflicto, como por ejemplo en la mayora de los pases centroamericanos, en donde luego de finalizar el conflicto armado, la tenencia de armas en manos de civiles representa un desa-

fo adicional. El rea andina se debe incluir por el derrame del conflicto colombiano y los remanentes en el caso peruano. Diversos estudios muestran cmo el Caribe y la Centroamrica son puentes estratgicos de trasbordo para la droga y refugio para organizaciones que dirigen diferentes ilcitos internacionales, entre los que se cuenta el de armas livianas. En sntesis, con respecto al control y regulacin de armas, algunas deficiencias en la regin son evidentes: existe poca confiabilidad de los datos en todos los pases; concurre una urgencia por vincular las instituciones de control intraestatales, mediante la definicin de polticas que establezcan entidades de coordinacin con capacidad decisoria; la vinculacin institucional debe hacerse tambin a nivel subregional, armonizando procedimientos y mecanismos. Por ltimo, se debe tener claro que los esfuerzos en el diseo de polticas a nivel regional requieren partir de un anlisis contextual, en donde el conflicto colombiano resulta un factor fundamental para comprenderlo. En este contexto regional, producto de la preocupacin internacional y regional con respecto al tema, el 13 de noviembre de 1997 fue aprobada por la Organizacin de Estados Americanos (OEA), la Convencin Interamericana contra la Fabricacin y el Trfico Ilcitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA). La CIFTA ha sido firmada y ratificada por todos los pases latinoamericanos

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con excepcin de Repblica Dominicana, que est pendiente de ratificacin. En el caso caribeo, Surinam, San Vicente y las Granadinas, Jamaica, Guyana y Dominica no han ratificado la Convencin. Cabe destacar que Estados Unidos y Canad tampoco la han ratificado. 4. El trfico de drogas. Estimulador de la violencia En la guerra en contra de las drogas luego de ms de una dcada los resultados son decepcionantes. La presencia de la droga es uno de los factores que incrementa la violencia en los hechos delictivos. Drogas y trfico de armas livianas son sinnimo de ms homicidios. En el caso de la cocana los pases andinos son los principales proveedores. La produccin de droga aument en el ao 2007 o por lo menos se mantiene estable con una produccin que emana de entre 178 a 255 mil hectreas, lo que posibilita una produccin cercana a las 1.000 toneladas. (International Crisis Group. 2008) Para distribuir estas inmensas cantidades de drogas las redes criminales trasnacionales se han expandido por todos los pases de la regin. Junto a ellas se ha propagado la violencia y la criminalidad, desde mayor corrupcin hasta el sicariato. Uno de los fenmenos que explica esta situacin es la lucha entre bandas rivales por el control de los mercados locales. Parte del pago por el trnsito dej de efectuarse en dinero y se paga en droga, que debe ser vendida en los pases de la regin. El consumo

se incrementa en todos los pases y con ello la criminalidad asociada. Una vctima menos visible, pero que posee graves consecuencias para las sociedades es la feminizacin del micro-trfico, nacional e internacional. Las crceles para mujeres se estn llenando de internas vinculadas al micro-trfico de drogas. Esto destruye las familias y erosiona los tejidos sociales de las comunidades de origen. En muchos casos el llevar un encargo aparece como una alternativa al desempleo y la privacin. O el comercio ilcito como una alternativa de resolver en forma rpida la pobreza, incluso se percibe como una opcin laboral, que no es daina y ms honesta que el robo (Arias B, 2007). Si la guerra contra las drogas no es posible ganarla y la ilegalizacin y las polticas de tolerancia cero no han dado resultados esperados es necesario buscar nuevos enfoques. stos se centran no en la reduccin de la demanda sino en la reduccin del dao. Es decir, disminuir el nmero de muertes, reducir la violencia de la delincuencia, de las enfermedades y del sufrimiento ligado al mal empleo de los narcticos y las polticas prohibicionistas. Si esto es as, se requiere pensar nuevas polticas que no repitan el fracaso de dcadas de una guerra que no se gana (Ethan Nadelmann, 2007).

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5. Poltica de deportaciones: altos costos e impactos negativos La poltica de deportaciones de Estados Unidos a los pases del Caribe y Centroamrica realizada desde inicios de los aos noventa, signific el regreso de un nmero significativo de convictos, stos para el caso del Caribe alcanzan a un promedio superior a los 5.000 deportados anuales en 2004 y 2005 (UN y BN, 2007). Ellos emigraron muy jvenes a EEUU y luego de ser detenidos y encarcelados son enviados a sus pases de origen. Esto ha generado una percepcin de que el incremento de la violencia encuentra una de sus causas en este hecho. No existen investigaciones que permitan fundamentar o desmentir estas percepciones. Lo que s es claro es que los pases receptores no poseen los recursos econmicos para monitorear los deportados. stos muchas veces han perdido completamente sus vnculos con sus comunidades de origen. Sus relaciones quedaron en EEUU y es hacia all donde mantendrn sus relaciones, con lo que la transnacionalizacin de los vnculo se incrementa, sean stos legales o ilegales. Queda claro que con estas deportaciones se debilita la cultura de la legalidad, se deben destinar recursos a la prevencin y a la atencin de esta poblacin. Los gobiernos necesitan establecer planes de reinsercin. Son recursos que se distraen de otras tareas y se restan en definitiva al desarrollo. En sntesis, es un alto costo que transfiere EEUU a los pases ms pobres y vulnerables de las Amricas.

6. Corrupcin: erosiona al Estado, debilita la democracia y abre espacio a la violencia De los 9 mandatarios latinoamericanos destituidos o renunciados, entre 1995 y 2005, en buena parte de los casos la corrupcin ocup un lugar determinante en su destitucin. La ausencia de capacidad estatal se ha constituido en una seria amenaza para el mundo desarrollado (Fukuyama, 2004). Las percepciones de erosin de la estatalidad y el desarrollo de espacios sin ley y la posibilidad de incremento de estados colapsados, generan grandes vulnerabilidades externas a las que los estados de la regin debern responder con nuevas formas de coordinacin y nuevas maneras de enfrentar a fuerzas como el crimen organizado, para lo cual la cooperacin internacional es esencial. Cuando se analizan los problemas de seguridad se destaca que la democracia es una condicin indispensable para la estabilidad, la paz, la seguridad y el desarrollo, junto con ello se subraya que la corrupcin es uno de los elementos que afectan con mayor fuerza a las democracias y generan espacios para la accin del crimen transnacional, el cual posee un alcance que va mucho ms all de las fronteras nacionales. Slo en dos pases se tiene una percepcin de baja corrupcin: Chile 7,0 y Uruguay 6,7. En 21 pases la ponderacin es menor que la mitad del ndice, es decir, estn bajo 5,0 y en Hait la ponderacin es muy baja de 1,6 (Transparencia Internacional, 2007).

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Cuadro N 6 Amrica Latina: Confianza en las instituciones1996 76 50 41 30 33 27 20 1997 74 46 39 42 36 36 36 28 1998 78 45 38 38 28 32 32 27 21 1999- 2000 77 42 39 43 32 32 27 21 2001 72 49 30 38 36 31 30 27 24 19 2003 62 36 31 30 24 30 24 29 20 17 11 2004 71 38 36 40 30 42 34 41 37 32 24 18 2005 71 44 43 42 36 38 37 39 37 31 28 18 2006 71 64 47 44 43 42 37 36 27 22 2007 74 47 43 51 39 41

Iglesia Televisin Presidente FFAA Gobierno Empresas grandes Empresa privada Municipalidad Bancos Polica Sistema judicial Congreso Partidos polticos

39 30 29 20

Fuente: Corporacin Latinobarmetro Informe Latinobarmetro 2007. Santiago, Chile. 2007. En: www.latinobarometro.org; Corporacin Latinobarmetro Informe Latinobarmetro 2006. Santiago, Chile. 2006. En: www.latinobarometro.org

Oponerse a la corrupcin es una tarea esencial para la democracia. Tambin lo es para enfrentar el crimen organizado. Adicionalmente el delito organizado posee una marcada dimensin transnacional y una gran capacidad para la adaptacin y la especializacin en mbitos especficos como lo son el trfico ilegal de estupefacientes, armas, personas y el blanqueo de dinero asociado con los anteriores. Las redes ilegales se manifiestan tanto en el mundo desarrollado como en los pases en desarrollo. Para las Naciones Unidas ste es un tema de preocupacin creciente (ONU, 2004). Tres obstculos impiden una respuesta eficaz: I) cooperacin insuficiente entre los estados; II) falta de coordinacin entre los organismos internacionales;III) incumplimiento por parte de muchos estados.

rables a la corrupcin y por lo tanto a la erosin de su institucionalidad. La lucha contra la corrupcin adquiere cada vez mayor significacin poltica. La erosin que produce genera intersticios para la intromisin del crimen organizado y con l de la violencia. Es una lucha compleja, con resultados a largo plazo y son pocas las buenas prcticas que permitan replicarlas inmediatamente. El rol de la sociedad civil es crucial en esta materia. La corrupcin se liga a la confianza. Los grados de confianza de las y los latinoamericanos es muy baja con relacin a tres instituciones esenciales en la democracia: los tribunales, el parlamento y los partidos polticos. Ello incide en el bajo grado de participacin de la ciudadana, en el respaldo a la institucionalidad democrtica y del Estado de Derecho.

En general, los pases ms pobres y con mayores niveles de inequidad son ms vulne-

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El grado de desconfianza de la ciudadana y los altos niveles de corrupcin facilitaron la participacin del crimen organizado en Guatemala. Esto se evidenci con el asesinato de tres parlamentarios centroamericanos y el asesinato posterior de los policas involucrados y responsables materiales de dichas muertes. Un diputado fue sindicado como uno de los autores intelectuales. El ex-presidente Berger seal que su pas estaba sobrepasado por el accionar del crimen organizado (Nacin 8/7/07). En ese contexto se aprob por parte del parlamento una solicitud de ayuda a Naciones Unidas para crear la Comisin Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala (CICIG). La CICIG tiene como misin: a) determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos contra los derechos de los guatemaltecos; b) colaborar con el Estado en la desarticulacin de esto por medio de la persecucin penal; c) recomendar al Estado las reformas y las polticas pblicas para erradicar estos cuerpos legales. A cargo de la CICIG fue nombrado el juez espaol Carlos Castresana Fernndez. (Vase anexo).

diversas regiones del mundo. Sin embargo, ms del 50% de los secuestros ocurren en Amrica Latina. Naciones Unidas ha estado preocupada por este tema. En el ao 2003 realiz una encuesta entre los pases para conocer la situacin de este delito y avanzar hacia la Cooperacin internacional para prevenir, combatir y eliminar el secuestro y prestar asistencia a las vctimas (ONU, 2003). La Asamblea General de la ONU adopt una resolucin, en su 74 sesin plenaria, el 20 de diciembre del 2004, en la que adems de su preocupacin por el aumento de este delito, reitera que el secuestro de personas, en cualquier circunstancia e independientemente del propsito, constituye un delito grave y una violacin de la libertad individual que menoscaba los derechos humanos. Adems, la Asamblea General indicaba que, convencida de que los vnculos entre las diversas actividades ilcitas, incluido el terrorismo, y la delincuencia organizada plantean una amenaza adicional contra la seguridad y la calidad de vida, obstaculizado el desarrollo econmico y social. Seala que la Convencin de la UN contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ofrece el marco jur-

IV. Algunas expresiones de la violencia en Amrica Latina y el Caribe1. El secuestro Los secuestros se han transformado en una forma de extorsin cada vez ms usual en las

dico necesario para la cooperacin internacional contra el secuestro (ONU, 2005).

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Cuadro N7 Amrica Latina: Nmero de Secuestros (2003) Pas NmeroColombia Mxico Brasil (1) Argentina Venezuela El Salvador (2) Filipinas (3) Honduras (1) Guatemala (1) Nicaragua (1) Costa Rica (1) 1.470 532 417 260 150 114 39 33 32 14 13

donde no podra encontrarse; 4) el objetivo es obtener beneficios econmicos o financieros y/o influencia poltica o de otro tipo, inclusive mediante la prctica de la extorsin. Todos los Estados lo consideran un delito grave 2. Las maras: tema militar o tema social? Las pandillas juveniles se han convertido en uno de los nuevos rostros de la violencia en Amrica Latina y el Caribe. Han adquirido fuerza e importancia particularmente en Centroamrica y crecientemente en Mxico, aunque son originarias de los Estados Unidos, especialmente de Los ngeles. El anlisis de la violencia juvenil ligado a la exclusin social, poltica, econmica se ubica en el centro del problema. La principal conclusin a la que han arribado los investigadores de FLACSO (Savenije y Beltran, s/f ; Luis G. Sols, 2007; Rojas Aravena, 2005) en esta materia es que la violencia de las pandillas juveniles no es el resultado de conductas sin sentido o irracionales sino que es su respuesta a las necesidades y dinmicas que hayan por vivir en situacin de exclusin social. Su identidad social se establece por su pertenencia a estas pandillas y la violencia se transforma en un instrumento de comunicacin. La exclusin, la marginacin tanto de la educacin como, principalmente, del acceso al trabajo y en especial al trabajo digno, son uno de los incentivos para que los jvenes se agrupen en organizaciones que les otorguen identidad y proteccin; lo que en la actualidad no les

Fuente: Coparmex. (Confederacin Patronal de la Repblica Mexicana) Casos denunciados: 1: 2001; 2: 2000; 3: 1999.

Uno de los casos ms dramticos en cuanto al nmero de secuestrados es el de Colombia. All la situacin de Ingrid Betancourt ha puesto de relieve este grave flagelo que ha concitado el repudio mundial. Luego de una importante alza en el ao 2000, se ha logrado reducir este delito a una cifra de 500 secuestros anuales, segn la Fundacin Pas Libre de Colombia. La mayora, el 64,4% de los secuestros tiene fines extorsivos. El 52% de los secuestros tienen como actores responsables a los grupos irregulares de las FARC y el ELN. Un 22% sin establecer; y entre las Autodefensa y Delco un 21,4% (Fundacin Pas Libre, 2007). La industria del secuestro reportara ms de 1.500 millones de dlares anuales a quienes lo perpetran (Aznarez, 2008). La ONU identifica cuatro elementos comunes en este delito: 1) aprehensin ilegal; 2) empleo de la violencia; 3) retencin de la vctima en un lugar

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Cuadro N 8 Tasa de homicidios por categora, 2003 y 2004. Guatemala, El Salvador y Costa RicaGuatemala 2003 2004 34,9 40,1 64,9 88,3 9,1 6,2 66,6 80,0 7,8 7,8 El Salvador 2004 47,6 79,3 99,1 11,4 7,3 Costa Rica 2003 2004 7,2 7,0 12,0 11,6 2,2 2,2 ND ND ND 2,4

Poblacin (total) Hombres (total) Jvenes (18-29) Menores (1-17) Mujeres (total)

2003 36,0 66,6 72,4 7,2 6,9

Fuente: Fundacin Gnero y Sociedad GESO, 2005. Con base en datos de PNUD para Guatemala, Instituto de Medicina Legal y Polica Nacional Civil para El Salvador y Poder Judicial para Costa Rica.

entrega ni el sistema poltico, ni el sistema econmico, ni la familia. El desempleo es un indicador crucial. Tradicionalmente las pandillas fueron analizadas como un fenmeno eminentemente local, jvenes que compartan un vecindario y que establecan formas de organizacin para defenderse o disuadir a otros provenientes de comunidades distintas, promover la lealtad y la solidaridad. Sin embargo, en la actualidad reflejan esencialmente un problema transnacional, es decir, estos grupos se encuentran relacionados bajo una denominacin comn internacional, con fuerte identidad grupal, aunque poseen plena autonoma y no se evidencia una estructura jerrquica transnacional, ni nacional. Este fenmeno se liga a la poltica de deportacin de los Estados Unidos de jvenes que son apresados en ciudades estadounidenses y deportados hacia los pases latinoamericanos y caribeos. La Mara Salvatrucha y la Mara 18 se han transformado en dos nombres rele-

vantes a nivel internacional. El origen de ambas se encuentra en los barrios de Los ngeles; en la actualidad su accionar se extiende por el norte de Centroamrica, Mxico y los Estados Unidos. El accionar delictivo de bandas juveniles violentas se ha incrementado de manera muy importante, han establecido nuevos tipos de violencia, nuevas formas de delincuencia, las cuales corren el peligro de vincularse al crimen transnacional y con ello producir una escalada en el tipo de delitos y de la violencia asociada. Los jvenes entre 18 y 29 aos constituyen las principales vctimas y victimarios de las pandillas. La respuesta estatal tiende a militarizarse. Por ejemplo, en el caso de El Salvador primero fue el Plan Mano Dura, luego vino el Plan Super Mano Dura. Las Naciones Unidas han expresado su preocupacin por estas leyes dado que vulneran la convencin de derechos de los nios. Como resultado especfico se encuentra en que con el Plan Mano Dura en un ao, entre julio del 2003 y julio del 2004 en El

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Salvador se detuvo a 17.162 personas, de estas el 91%, 15.618 fueron sobresedas. Detenidas judicialmente quedaron 858 personas lo que representa un 5% del total de los detenidos y un 4% est pendiente de audiencia (Gamarra, 2005). El tema de la posesin de armas livianas y las pandillas juveniles adquiere cada vez ms importancia en particular en situaciones como las de la Favelas en Ro de Janeiro. El tema de las maras muestra de mejor manera que cualquier otro tipo de violencia el vnculo con la exclusin y la falta de empleo, as como una dbil cohesin social. De all que los errores que se cometan en su combate tendrn no slo graves consecuencias para los derechos humanos, sino para las posibilidades de reinsercin de un importante nmero de jvenes. La militarizacin no resuelve el problema; se requiere de polticas multidimensionales, acuerdos sociales y econmicos permitirn reducir la violencia y mejorar las oportunidades de acceso, en especial al trabajo. 3. La justicia por la propia mano: linchamientos La falta de acceso a la justicia, potencia la bsqueda de formas alternativas de justicia altamente violentas. Tal es el caso de los linchamientos. Estas situaciones ocurren en diferentes pases, en especial en aquellos lugares donde los ndices del Desarrollo Humano son desfavorables. En la regin se han reporta-

do linchamientos en Guatemala, Mxico, Per, Hait, Brasil. Tambin ha habido intentos en Buenos Aires y Santiago. En muchos casos esto coincide con poblaciones originarias a las cuales se les han negado de manera sistemtica sus derechos. En Mxico, una investigacin que cubri de 1987 a 1998, recogi 103 linchamientos. La definicin operativa indic que linchamiento se consideraba a: 1) una accin colectiva, 2) de carcter privado e ilegal, 3) que puede provocar la muerte de la vctima, 4) en respuesta a actos o conductas de sta, 5) quien se encuentra en inferioridad numrica abrumadora frente a los linchadores. La mayora de los casos fueron en zonas rurales, en torno a un 73%, y en un 54% el mtodo usado fueron golpes. Esto ltimo refuerza el sentido de justicia por mano propia en forma literal. Las vctimas en un 95,4% fueron hombres. En lo referido a la situacin econmica y social no hay diferencias, es una forma de violencia de pobres contra pobres. (Vilas, 2001) Tambin se dan casos en diferentes pases en los cuales las vctimas fueron autoridades acusadas de corrupcin u otro tipo de abusos. Naciones Unidas, en Bolivia ha expresado su preocupacin por el aumento de linchamientos en los dos primeros meses del ao 2008. El ao 2007 fueron reportados casos que afectaron a ms de 15 personas en diferentes ciudades. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, indic que la debilidad del aparato de justicia, sumada, en

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algunos casos, a la reaccin tarda de los agentes, produce un cuadro de impunidad que alienta a la repeticin de este tipo de conductas. El 1 de marzo de 2008, tres policas fueron asesinados por pobladores del pueblo de Epizana, Cochabamba, a los que los pobladores acusaron de extorsin y cobros irregulares a los conductores (Cable DPA, 2008). En Guatemala, MINUGUA ha registrado 552 vctimas, la mayora hombres entre 18 y 49 aos. Entre 1999 y 2002, veinte y cuatro de las vctimas eran menores de edad y 8 con menos de 16 aos. En los lugares en donde la Comisin de Esclarecimiento Histrico seal que hubo graves hechos de violaciones a los derechos humanos y masacres es donde se realizaron el 64% de los linchamientos o intentos de linchamiento (MINUGUA, 2002). Los linchamientos concentran en nuestro caso todas las crueldades y horrores del pasado conflicto armado. Revela tambin las tensiones y ambigedades de una paz que no ha llegado a todo el pas y que, en visin retrospectiva hace presente tiempo idos, atrae fantasmas que no podemos olvidar. Pesadillas de nuestro atrasado tiempo social (Torres-Rivas, 2003). El Estado contrainsurgente dej un Estado dbil. A ello se une la dinmica de una cultura autoritaria heredada de la misma poca, que privilegi la violencia y la coaccin; as como la impunidad. Es una sociedad civil violenta y desprotegida, por lo que ante la ausencia del Estado busca protegerse por mano propia.

4. El terrorismo, una expresin ausente La guerra contra el terrorismo es una de las principales polticas de Estados Unidos. El terrorismo de alcance global no ha tenido ninguna expresin en Amrica Latina y el Caribe. Desde la regin no han probado vnculos con las organizaciones terroristas globales ligadas a extremismos religiosos. La regin suscribi la Convencin Interamericana Contra el Terrorismo que se encuentra vigente desde el ao 2003. En forma paralela se cre un Comit Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) cuya funcin principal es la prevencin de estos actos. Los actos de terrorismo en la regin se han reducido de manera considerable. Colombia concentra la mayora de hechos. En trminos comparativos el terrorismo est ausente de esta regin del planeta. No obstante, es crucial implementar medidas preventivas permanentes dado el dao que estos actos pueden producir.

V. El crimen organizado: el principal generador de violencia colectivaLa presencia del crimen organizado se manifiesta con gran fuerza en Amrica Latina. Ello ha demandado conocer de mejor forma el fenmeno, para poder estudiar sus efectos negativos sobre la sociedad y a la vez considerar las mejores opciones de polticas para enfrentarlo.

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Un primer debate se produce en la discusin terica en torno a la definicin de crimen o delito organizado. Cmo se define crimen o delito, y si ste es organizado? Tal discusin, principalmente jurdica, seala la existencia de un tipo de delincuencia que se diferencia de lo que se denomina delincuencia comn debido a los procesos de evolucin o perfeccionamiento que caracterizan este antiguo fenmeno rejuvenecido con el advenimiento de la sociedad de la informacin. Varios elementos sealan esta diferencia: a) rebasa los controles gubernamentales, b) establece lneas especiales de operaciones basadas en un sistema complejo de tipo empresarial, bien estructurado para la comisin de hechos delictivos, c) persigue por medio de determinadas acciones violentas la bsqueda y obtencin de poder econmico y social, no tanto poltico d) la delincuencia est delante de lo que caracteriza a la delincuencia comn tradicional y convencional. e) adicionalmente, se puede sealar que el delito organizado posee una marcada dimensin transnacional y una alta capacidad de adaptacin al nuevo contexto, f) una fuerte especializacin en los mbitos especficos como lo son el trfico ilegal de estupefacientes, armas, personas, as como el blanqueo de dinero asociado con los delitos anteriores. La transnacionalizacin del crimen ha aumentado los problemas que de l se derivan. El crimen organizado cruza las fronteras y sus acciones se relacionan con los distintos tipos de

amenazas de carcter global. Para poder enfrentar esta nueva forma de criminalidad es necesario contar con una perspectiva y visin transnacional; esto significa coordinar polticas globales y locales, convirtindose esto en uno de los principales retos que poseen los Estados, las sociedades y todos los actores que buscan enfrentar este flagelo. El crimen organizado tiene un objetivo esencialmente econmico, sin embargo, para poder recibir esos recursos ocupa la extorsin y la violencia como instrumentos fundamentales. Esta caracterstica es la que representa el mayor peligro para las sociedades latinoamericanas y caribeas. El crimen organizado posee una fuerte coherencia interna, altos grados de especializacin y sofisticacin. No es ideolgico, no busca el poder poltico como tal, lo que busca es la influencia y la capacidad de decisin sobre los agentes del Estado, con independencia de la ideologa de stos. Es una empresa ilegal, aunque normalmente penetran empresas legtimas. Para desarrollar una accin efectiva en este campo, se necesita una mirada sistmica, multifactorial y que recoja las visiones de una pluralidad de actores para, sobre esas bases, construir confianza como uno de los activos ms importantes. Esto slo ser posible si se desarrollan miradas y percepciones integrales sobre el fenmeno, que a la vez puedan manifestarse en acciones locales, circunscritas, y especficas las cuales pueden ser evaluadas y revisadas para

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alcanzar los resultados propuestos. La cooperacin internacional es esencial para enfrentar el fenmeno (Rojas Aravena, 2006). El crimen organizado se vincula a los ms variados mbitos, entre stos destacan: 1 La democracia y el crimen organizado. 2. Corrupcin y crimen organizado. 3. El crimen organizado y el trfico de armas. 4.. El trfico internacional de personas. 5. Polticas de deportaciones y el crimen organizado. 6. El crecimiento econmico, el crimen organizado y el lavado de dinero. 7. Los medios de comunicacin y el crimen organizado. 8. La ciberseguridad y el crimen organizado. 9

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Dammert, Lucía et al_Inseguridad y violencia en América Latina