CAPÍTULO 3

De ese olvido al no recuerdo

Ya se ha hecho hincapié en que al menos durante los cuatro primeros años de la

dictadura o el “Proceso”, se habían desconocido absolutamente los derechos humanos

en Argentina; no había instituciones que participaran en la defensa o respeto de tales

derechos, y las organizaciones civiles que investigaban cualquier acto de este tipo eran

víctimas de represión y hostigamiento. De igual manera, la sociedad estaba sumergida

en un letargo del cual les costaría trabajo despertar y, más aún, actuar. Parecía como si

la sociedad argentina hubiera sido olvidada, en primera instancia, por ella misma, y ante

la incapacidad de reconocerse, los demás también la habían olvidado.

Sin embargo, la verdad es una búsqueda constante de todo ser humano, y la voz

y la conciencia de miles de personas no podía silenciarse en el vacío; tendría que hacer

eco. Por lo cual, en este capítulo haremos una exposición del despertar de una

sociedad apaleada, violentada y ultrajada. De una sociedad que se había reconocido

frente al espejo de la impunidad y la bestialidad y, que tendría que hacer de todo para

dejar de ser esa vil imagen que le aborrecía.

83

3.1 Los derechos humanos en Argentina y la búsqueda de resultados 83 Joven detenido y arrastrado por militares.

65

Sin verdad no habrá libertad ni democracia. Sin justicia no habrá paz. Que aparezcan con vida los detenidos desaparecidos.84

En el año de 1977, y en medio de toda la represión y violencia que practicaba el

Estado, un grupo de madres de desaparecidos comenzó a solicitar información sobre el

paradero de sus hijos; su punto de reunión era Plaza de Mayo y sus reuniones

semanales se convirtieron en punta de lanza para exigir la verdad sobre el paradero de

las víctimas. Estas madres conmovieron a la sociedad entera, y se rompió la

indiferencia del dolor. El movimiento de derechos humanos incitado por las Madres de

Plaza de Mayo en Argentina había comenzado su visible caminar.

En medio del terror, el 30 de abril las Madres de Plaza de Mayo llevaron a cabo su primera ronda en un intento por forzar una entrevista con Videla.

El presidente eludía una reunión con ellas. El 11 de Mayo, el ministro del Interior,

Harguindeguy, concedió una audiencia a una delegación de tres mujeres. Una de ella era Azucena Villaflor de Vicente, una de las fundadoras del grupo de Madres. La reunión comenzó poco después de las 7:30 de la tarde.

Harguindeguy les mostró a las mujeres una libreta en la que se detallaban los

desaparecidos “prioritarios”. Se trataba de hijos de oficiales, funcionarios públicos u otros que habían logrado llamar la atención sobre el asunto. Harguindeguy comenzó formulando una excusa común. “Esto es algo que están haciendo bandas que no podemos controlar”, dijo. “Pero señor”, le respondió Villaflor, “si usted como ministro del Interior y general de la Nación no puede controlar a esos grupos, ¿qué está haciendo en la Casa de Gobierno?”

Otra mujer era la esposa de un teniente coronel retirado. Su marido pertenecía a la

misma clase del general, un vínculo importante en las Fuerzas Armadas argentinas, conscientes de las castas, orientadas hacia la igualdad entre pares. La hija embarazada de ambos había desaparecido un año atrás. “¿Pero su hija todavía no apareció? ¡Yo creía que había aparecido!”, dijo Harguindeguy.

“Señoras, yo mismo he tenido que sacar a mi sobrina de acá, del país, la llevé a México y

les digo… allá en México hay muchas chicas que se han ido, se han ido… y algunas están ejerciendo la prostitución y hacen creer que están desaparecidas. Pero díganme, sus hijos… tal vez los muchachos se fueron con alguna mujer, miren que los chicos a veces…85

84 Lema del Primer Congreso por los Desaparecidos en el Mundo. 85 Andersen, op. cit., p. 276.

66

El movimiento por el respeto a los derechos humanos en Argentina nace con la

misma concepción valorativa de respeto a la vida, la verdad y la justicia, pero como

menciona Sonderéguer: también nace y abre la posibilidad de recuperar

históricamente la memoria de lucha. Los padres, los familiares, asumen, directa o

indirectamente, junto a la demanda por la vida, la valorización de esa vida, esa

trayectoria y ese proyecto, generando consensos, en los inicios del movimiento a

partir de postulados éticos y de principios. Anulando por completo las

justificaciones militares de combate al enemigo interno y restando legitimidad y

legalidad al gobierno militar reinante.86 El discurso de los derechos humanos en

Argentina era unísono y uniforme: que aparezcan con vida los desaparecidos, ya que

esta clasificación —la de desaparecidos— mantenía las esperanzas al alza y la lucha

certera.

Los movimientos durante el trienio sombrío fueron aislados, entumecidos y con

esporádicos intentos de resistencia. Sin embargo, años y discursos más tarde, el

movimiento de los derechos humanos se convertiría en un arduo trabajo por recuperar

la memoria colectiva, al ir reconstruyendo esa identidad disipada y construir un proyecto

a futuro que les permitiría planear opciones viables y exigibles como sociedad.

El asumir la defensa y reinvidicación de los derechos humanos nos coloca en un

lugar que despeja la naturaleza del régimen político y revela que su demanda es motor

86 Sonderéguer, op. cit., p. 159.

67

de democratización. Los derechos humanos ya no son sólo aquello que está antes y

hay que respetar, sino aquello que está después y hay que construir.87

El movimiento de derechos humanos impulsado por las Madres de Plaza de

Mayo no era el primer movimiento a favor de los derechos humanos, pero sí el que

mayor impacto y movilización logró en la sociedad como tal; organizaciones como la

Liga Argentina por los Derechos del Hombre, fundada en 1937, se encargaba de la

defensa de presos políticos; el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), fundada en 1974

por Adolfo Pérez Esquivel —a quien se le otorgó el Premio Nóbel de la Paz por su

trabajo en esta organización—, se concibió como un movimiento ecuménico de

inspiración cristiana que asistía a los menos favorecidos en la “búsqueda de justicia y

liberación”. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en la que

participaba activamente Raúl Alfonsín, se fundó en 1975, y se encargaba de promover

los derechos humanos y actuar como método de contraataque a las vejaciones

cometidas por la Triple A.

Otra organización, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos,

planteaba una visión pastoral de los derechos humanos y contaba con la participación y

ayuda de las Iglesias de diferentes denominaciones en Argentina; la organización

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas se creó en 1976, pero

concluyó intempestivamente con la detención de 350 familiares miembros de víctimas

en una manifestación frente al Congreso, manifestación que tan sólo tenía por objetivo

presentar un petitorio con 24,000 firmas a la Comisión de Asesoramiento Legislativo. 87 Sonderéguer, op. cit., p. 161.

68

La organización de Abuelas de Plaza de Mayo nació también en 1977, pero a

diferencia de su organización hermana, Madres de Plaza de Mayo, ésta se encargó de

la incesante búsqueda de los niños nacidos en cautiverio para que fueran restituidos a

sus respectivos padres. El Centro de Estudios Legales y Sociales fundado por Emilio

Mignone, nació con la concepción de un programa jurídico y de documentación que

resultaba vital para todas las denuncias de los desaparecidos y se convertiría en fuente

imprescindible para el trabajo que realizara la CIDH durante su visita a Argentina en

1979. Finalmente, en 1981, ya con todo el apoyo y demandas de las diversas

organizaciones de derechos humanos homogeneizadas, los partidos políticos

(justicialistas, radicales, desarrollistas, democristianos e incluso intransigentes) logran

un consenso y se forma así la Multipartidaria.

88

Las organizaciones citadas anteriormente, todas en pro de la defensa y

promoción de los derechos humanos, centraban su labor en la asistencia jurídica,

recepción de denuncias, apoyo a familiares y a víctimas, y la búsqueda de solidaridad,

fundamentalmente internacional. Algunos de sus miembros, además de ser 88 Foto izquierda: Madres de Plaza de Mayo durante una de sus manifestaciones. Foto derecha: Policía abrazando a una madre, un acto insólito en 1977.

69

constantemente amenazados y acosados sufrieron detenciones y desapariciones.89 El

discurso de unas y otras organizaciones variaba de forma significativa, pero terminarían

convirtiéndose en una voz unánime a las demandas incumplidas por el Proceso. Había

las que se manifestaban con una postura frontal y de completa oposición al gobierno y

con una consigna única: ¡que aparezcan con vida! Otras organizaciones postulaban

el diálogo y la negociación para una apertura política a favor de los derechos humanos.

La primera postura terminó homogeneizando la lucha y terminó por exigir la verdad, la

justicia y la paz.

Las tenues voces comenzaban a alzarse, tanto que los diferentes sectores que

habían sido menos golpeados empezaron a escuchar pero también a desconfiar de la

Junta Militar y de sus sistemas de operación; los empresarios y banqueros

desconfiaban de los militares, los sindicatos empezaron a ser más combativos e incluso

llamaron a manifestarse, la Iglesia modificó también su actitud hacia el régimen militar

que daba signos de debilidad, aunque el papel de la misma fue severamente

cuestionado por la indefinición y ambigüedad de su postura y de sus acciones.

Lo mismo sucedió con los partidos políticos, que comenzaron a exigir espacios

de los cuales se les había despojado y empezaron a ver en la democracia una opción

política necesaria exigiendo su ejecución. Toda la nación estaba en sintonía, o al

menos las condiciones estaban listas para una caída vertiginosa de la dictadura más

89 Tal fue el caso de Azucena Villaflor de Vicente quien tras una reunión en la iglesia de la Santa Cruz en Buenos Aires y por información proporcionada por Alfredo Ástiz (teniente de la ESMA infiltrado en el grupo de Madres bajo el nombre de Gustavo Nino, hermano de un supuesto “desaparecido”), fue secuestrada junto con otras personas militantes y religiosas francesas para después trasladarlas, torturarlas y finalmente asesinarlas por elementos de la ESMA. Adolfo Pérez Esquivel, también fue secuestrado, pero él apareció con vida tiempo después; su trabajo por buscar a los desaparecidos nunca cesó.

70

sangrienta de Argentina; la guerra de las Malvinas sería tan sólo la gota que derramaría

el vaso, puesto que restó toda legitimidad a la dictadura en esa última etapa conducida

por Bignone.90

3.2 Todos sabían… Las voces en el eco internacional

El Departamento de Estado informó que los derechos de vida, libertad y seguridad de los argentinos eran violados de manera regular por terroristas de ambos extremos del espectro político. Tanto el gobierno

militar como el peronista que lo había precedido habían consentido las violaciones cometidas por personas relacionadas con el gobierno. Según se sabía, las fuerzas de seguridad habían matado a los

detenidos sospechosos de terrorismo, decía el informe, y se habían llevado a cabo con impunidad actos de terrorismo de derecha o contraterrorismo. Los escuadrones estaban formados por militares en

servicio activo y retirados y por personal policial. Sin embargo, el informe sostenía que la tortura —tratamiento o castigo cruel, inhumano y degradante— no constituía una práctica general; tales métodos

se utilizaban para extraer información de algunos prisioneros,“en particular los terroristas sospechosos y comprobados”.91

En este apartado nos concentraremos en hablar de la experiencia de los Estados

Unidos respecto a su relación con la Junta Militar; esto sin duda, porque fue uno de los

países que más controversia generó con su firme apoyo a los gobiernos dictatoriales de

América del Sur, pero también por todo lo que se desprendió de esta relación en años

posteriores. Los gobiernos europeos, si bien tenían conocimiento de la situación

imperante en Argentina, sus acciones fueron muy limitadas. No obstante, los

gobiernos de Italia y Francia sí hicieron pronunciamientos fuertes y demandantes de un

respeto absoluto a los derechos humanos de todas las personas en Argentina.

90 El primer presidente de la Junta Militar fue Jorge Rafael Videla (1976-1980), le seguiría Roberto Marcelo Viola (1980-1981). Leopoldo Fortunato Galtieri asumiría el poder y dirigiría para declarar la guerra de la Malvinas (1981-1982). Alfredo Saint Jeane gobernó un brevísimo tiempo, y finalmente, Reynaldo Benito Bignone llevaría las riendas hasta el fin de la dictadura. 91 Andersen, op. cit., p. 259.

71

“Nuestro objetivo primordial en Latinoamérica es ayudar, donde sea necesario, al continuo desarrollo de las fuerzas militares y paramilitares nativas, capaces de proporcionar, en unión con la policía y otras

fuerzas de seguridad, la necesaria seguridad interna”92

El gobierno de los Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado,

sabía lo que acontecía en Argentina, y aun así había dejado actuar por intereses

propios a la dictadura argentina; la imperante Guerra Fría llamaba a los países a

manifestarse a favor o en contra de Estados Unidos, y la Junta Militar había acordado

que el gobierno de Estados Unidos representaba un aliado indiscutible para legitimar su

estancia en el poder.93 El presidente Ford amplió su margen de inversión en Argentina

a 1,400 millones de dólares y otorgó un crédito asegurado para la compra de arsenal

militar de 48.4 millones de dólares a la Argentina. Si bien había reportes de violaciones

a los derechos humanos argentinos y de ciudadanos norteamericanos acaecidos en

Argentina, el gobierno estadounidense no los condenó ni los condonó.

La única presión internacional que había recibido Argentina fue en 1976 con la

llegada de una comisión de Amnistía Internacional a Argentina con ánimos de conocer

lo que en reiteradas denuncias sentaban las víctimas; ahí pues, se entrevistaron con el

92 Discurso de Robert McNamara, Secretario de la Defensa de EEUU, ante el Congreso de EEUU en 1967, en Duhalde, Eduardo Luis, El Estado terrorista argentino, quince años después una mirada crítica, Editorial EUDEBA, Buenos Aires, 1999, p. 224. 93 Desde que el presidente John F. Kennedy subió al poder, el radicalismo del Tercer Mundo —socialismo, marxismo y comunismo— fue visto en EEUU como una amenaza independiente a los intereses norteamericanos. Por tanto, se buscó una alternativa a la estrategia dominante de represalia masiva; Kennedy, entonces, en 1961 aseguró la política de la contrainsurgencia. Que se tradujo en “medidas militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y cívicas tomadas por el gobierno para vencer la insurgencia subversiva”. Las Fuerzas Armadas resultan ser dentro de este esquema de ideas, “la única fuerza organizada capaz de actuar como integradora de la nación”. Son la única “alternativa posible” frente a la agresión extranjera, capaz de dar una respuesta nacional en cada país a sus propios problemas de seguridad y desarrollo. “La subversión” decía Videla en una conferencia de prensa de 1976, “no es un problema que requiera solamente una actuación militar, es un fenómeno global que requiere también una estrategia global de lucha en todos los campos: de la política, de la economía, de la cultura y el militar”. Duhalde, op. cit. cfr., pp. 222, 223.

72

director del diario Opinión, Jacobo TImerman,94 testigo de diferentes desapariciones,

secuestros y asesinatos de sus colaboradores, entre ellos el de Zelmar Michelini.

Amnistía Internacional recogió su testimonio sobre el genocidio que se estaba

llevando a cabo y sobre la admisión que habían hecho diversos militares respecto al

injustificable sacrificio que significaba “desaparecer a familiares de los guerrilleros”, con

el único objetivo de concretar el orden y “asegurar” tranquilidad en Argentina. La

próxima visita de una organización internacional sería hasta 1979 comandada por la

OEA, asistida de la comprometida y total ayuda del gobierno del Proceso.

Mientras tanto, la relación de los altos mandos militares argentinos con los

gobiernos republicanos cambiaría significativamente con la llegada en 1977 de James

Carter a la presidencia de los Estados Unidos. James Carter arribó con un aire de

renovación y una aspiración humanitaria al gobierno, que había ido decayendo desde la

guerra de Vietnam; sus primeras acciones serían tajantes95 y le darían a los defensores

94 Jacobo Timerman, un periodista judío argentino (dos características “subversivas” condenadas por la dictadura), era pieza clave en las denuncias sobre violaciones a derechos humanos. Su periódico La Opinión, había sido uno de los pocos periódicos que no habían desaparecido con la llegada del Proceso. Ahí se manifestaban algunas denuncias sobre violaciones a derechos fundamentales y sus colaboradores tenían gran peso al respecto. Timerman se convirtió en una persona incómoda para los militares en el Proceso, y tiempo después fue desaparecido; el gobierno de Estados Unidos presionó para su liberación. Hay que enunciar que durante la visita de Amnistía Internacional trataron de presionar a Timerman para que denunciara el maltrato a los judíos en la Argentina del Proceso; pero la respuesta de Timerman se limitó a comentar que el trato que recibían los judíos durante éste, no era tan diferente al recibido durante años anteriores. Sin embargo, debemos también señalar que la persecución a los judíos fue contundente y frontal. La dictadura y sus operadores, todos ellos, veían en los judíos (impíos y culpables) la causa del resquebrajamiento de la sociedad argentina. 95 Carter, a través del Secretario de Estado, Cyrus Vance, anunció que durante el año siguiente la administración reduciría la ayuda en seguridad a la Argentina de los 32 millones de dólares recomendados por la administración Ford a 15.7 millones de dólares. Vance relacionó la decisión de manera explícita con los antecedentes de los militares sobre los derechos humanos. La junta respondió denunciando la movida como una interferencia en los asuntos internos del país. Incluso rechazó con desdén la mínima suma ofrecida. La legislación parlamentaria puso énfasis en la preocupación de los EEUU por los derechos humanos. Andersen, op. cit., p. 262.

73

de derechos humanos de Argentina un aliento de alivio; pero para los militares de la

Junta Militar representaría una molestia absoluta y la intromisión total en los asuntos

internos de Argentina. Al mismo tiempo, la administración de James Carter buscó

reunirse con disidentes y activistas argentinos por los derechos humanos, e incluso

ordenó el uso de satélites norteamericanos para la búsqueda de campos de

concentración clandestinos; así era el grado de compromiso que tenía James Carter

con los derechos humanos.

La figura clave en todo este proceso de reivindicación de los derechos humanos

sería Patricia Derian, asistente de la Secretaría de Estado para los Derechos Humanos,

quien con gran fuerza se entrevistó en diversas ocasiones con el Presidente del

Proceso y logró imponerse e impactar en el tema de los derechos humanos. Andersen,

al respecto, comenta:

Durante la firma del Acuerdo del Canal de Panamá en Washington, Carter le entregó a

Videla una lista de personas desaparecidas, y lo apremió para que se encargara del tema. Uno de los nombres que figuraban en la lista era el del activista por los derechos humanos y líder sindical Alfredo Bravo. Dos meses después, en Buenos Aires, Vance le dijo a Videla que llevaba consigo una lista de 7,500 personas desaparecidas. Aconsejado por Derian, Vance recibió a un grupo de madres que protestaban en la Plaza de Mayo en busca de noticias sobre sus hijos desaparecidos. Se derribaron las barreras antiguas y se establecieron nuevas amistades.

En la embajada de los Estados Unidos, un joven diplomático sumamente alto llamado

Franklin (“Tex”) Harris trabajaba de manera incansable para ayudar a los familiares y amigos de los desaparecidos. Tex Harris, una leyenda para los políticos, los activistas de derechos humanos y los líderes religiosos… La embajada ya no era una fortaleza impenetrable y prohibida. Las ametralladoras calibre 50 que rodeaban la residencia del embajador, manejada por marines, fueron desmontadas.

… Harris también armó el rompecabezas de la represión ilegal al demostrar la falsedad

de los rumores sobre fuerzas de seguridad de accionar fuera del mando militar. La matanza era parte de un plan de exterminio sistemático de los opositores. Elogiados por sus superiores debido a su claridad y profundidad. Harris conocía la cadena desde Suárez Mason hasta el Ford Falcon.96

96 Andersen, op. cit., p. 263.

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En 1978, después del discurso de James Carter ante la OEA —en el cual

aseguraba su respaldo a esta organización y al trabajo de la Comisión Interamericana

de los Derechos Humanos—, y su exigencia para que la Comisión hiciera una visita

in loco a Argentina, el vicepresidente estadounidense Walter Mondale sostuvo una

plática en Buenos Aires con Rafael Videla; éste le aseguró que la Comisión

Interamericana de los Derechos Humanos tendría un margen de acción en la Argentina.

Videla hizo la invitación a la Comisión, la cual arribó en septiembre de 1979 en un clima

de total desesperanza. Casi inmediatamente, los créditos del Ex Im Bank que habían

sido congelados por el gobierno de Carter, fueron desbloqueados.

97

Los miembros de la Comisión se entrevistaron con autoridades del gobierno,

visitaron las cárceles y recibieron infinidad de denuncias de los familiares y afectados.

Emilio MIgnone desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, junto con otras

organizaciones de derechos humanos, ayudaron significativamente a los miembros de

97 James Carter saludando a Rafael Videla en 1977.

75

la CIDH para recavar testimonios. Algunos jerarcas de la Iglesia, por otra parte,

condenaron el trabajo de la CIDH argumentando una intromisión en asuntos privados

de Argentina. Algunos de los discursos utilizados, entre ellos el de monseñor Sansierra

—y que obviamente fueron poco contundentes— se expresaban de la siguiente

manera: “Los derechos humanos son observados en la Argentina… ellos son

suspendidos en tiempos de guerra”; él también había explicado ante sus feligreses y

diferentes medios de comunicación, “Yo voy también a la cárcel y nunca me quedo

dentro. Me dejan salir siempre”. De igual manera monseñor Guillermo Bolatti,

expresaba que “cada país debe regular los derechos humanos… no deben ser los

extranjeros (refiriéndose a la CIDH) los que vengan a indicar lo que tenemos que

hacer”.98

Pronto, antes de la visita de la Comisión, los militares sancionaron la ley 22.068

sobre fallecimiento presunto por desaparición en la cual se pretendía regular la

ausencia de una persona con presunción de fallecimiento, enunciaban los beneficios

provisionales además de una modificación importante en su discurso sobre la lucha

antisubversiva. Si bien antes había sido una perorata que apelaba a la represión, ahora

justificaba el uso sistemático de la violencia.

El informe de la Comisión llegó en 1980 con conclusiones que establecieron que

“por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República

98 Pero como menciona Emilio Mignone —consideración con la que concordamos— en su libro Iglesia y Dictadura, esta aseveración del prelado implica colocar la soberanía del Estado por encima de los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de conciencia, la cual ha sido reiteradamente condenada por papas y concilios.

76

Argentina se cometieron durante el periodo a que se contrae este informe (1975 a

1979) numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos”. La

Comisión emitió las siguientes recomendaciones: Investigar, enjuiciar y sancionar a los

responsables de las muertes, informar sobre la situación de los desaparecidos,

considerar la posibilidad de derogar el estado de sitio, restablecer el derecho de opción

para salir del país y disponer la libertad de los detenidos a disposición del Poder

Ejecutivo Nacional, investigar las denuncias sobre torturas y sancionar a los

responsables, adoptar medidas relativas a las garantías procesales y defensa en juicio,

garantizar los derechos de opinión, expresión e información, garantizar los derechos

laborales, garantizar los derechos políticos de los ciudadanos y restablecer la actividad

partidaria, y en lo que respecta a las entidades de defensa de los derechos humanos

dar las garantías y facilidades necesarias para que puedan contribuir a la promoción y

observancia de los derechos humanos en la República Argentina.99 Además de

terminar con la discriminación religiosa, y aún más, terminar con el antisemitismo.

El informe daba cuenta del secreto a voces, las violaciones a la seguridad e

integridad personal de las personas; y confirmaba la administración de la tortura como

método sistemático de accionar del gobierno. El Proceso se manifestó en contra del

Informe y sus recomendaciones, y negó la difusión del documento. Las organizaciones

de derechos humanos estaban contentas con el examen tan minucioso que hizo la

CIDH sobre la situación en Argentina; a pesar de éste logro, entre ellas vagaba un aire

de desolación, y Bousquet nos da cuenta de esto:

99 Conclusiones y recomendaciones de la CIDH tras su visita in loco a la Argentina en 1979 en http://www.cidh.org/

77

“Esta visita suscitó grandes esperanzas. Por fin se nos iba a escuchar. Nuestro testimonio fue tomado en cuenta y los hombres que vinieron se forjaron una opinión bastante exacta de la situación, a pesar de lo que cuenta ahora el gobierno. No es eso lo que nos inquieta, sino lo que surge de la investigación. Encontraron, sí, lugares clandestinos de detención, pero vacíos. Pudieron sospechar la presencia de detenidos no registrados en las cárceles, pero en pequeño número. Registraron, en cambio, muchas tumbas anónimas en los cementerios. Un escalofrío sacude nuestras esperanzas, algo que todo el mundo presiente, pero que nadie se atreve a expresar. Más que nunca, tenemos la impresión de que ha podido ocurrir lo peor, a pesar de lo monstruoso que resulta. Y nos encontramos acorraladas entre esta terrible sospecha y la negativa de aceptarla. ¿Es posible que hombres, que encima dicen ser cristianos, hayan consumado la masacre de tantos miles de personas que se encontraban a su merced?”100

Lo que no sabían todos estos activistas y defensores por los derechos humanos,

era que el final de esta batalla estaba por llegar. Patricia Derian —cuya nueva política

de derechos humanos obligaba a no vender más instrumentos de tortura, armamento,

al Proceso— se encontraba muy presionada por los legisladores estadounidenses

sobre las grandes pérdidas económicas por la negación de créditos y contratos para

armamento. Sus entrevistas con los militares en Argentina eran cada vez menos

fructíferas y su jefe, el presidente Carter, estaba por abandonar la Casa Blanca.

Carter tal como dijeron los militares argentinos y estadounidenses, era un

idealista tonto que no sería presidente por siempre.

… Alfonsín tuvo pocas razones para festejar. La lluvia que caía sobre Washington reflejaba su propia tristeza. Ronald Reagan había superado a su rival en una marejada electoral. Hasta el cómodo margen de los demócratas en el Senado había resultado barrido. En América Latina, los generales estaban resplandecientes.

Al día siguiente de las elecciones, Alfonsín y un pequeño grupo que viajaba con él fueron

invitados por Jeanne Kirkpatrick [futura embajadora de EEUU ante las Naciones Unidas] a un almuerzo en el salón comedor del conservador Instituto Americano de Empresas. “Todos allí estaban tomando champagne, [el economista Arthur] Burns estaba sentado a una mesa ubicada detrás de la nuestra”, recuerda uno de los amigos de Alfonsín. En algún momento, Alfonsín dijo amablemente en español: “Bueno, señora, hay algunos problemas en la relación entre nuestros

100 Bousquet, op. cit., p. 161.

78

países y los Estados Unidos. Usted sabe que, a veces, particularmente en el Caribe, la posición norteamericana ha sido menos que constructiva”. Kirkpatrick apoyó el cuchillo y el tenedor sobre la mesa. Se quitó los anteojos con lentitud. “Doctor Alfonsín, déjeme decirle algo”, le contestó con frialdad. “Los Estados Unidos nunca han intervenido en los asuntos internos de ningún otro país de América Latina o el Caribe, salvo en casos donde ustedes habían hecho tal estropicio con sus propios asuntos que tuvimos que ordenarlos para ustedes”. Alfonsín cambió de tema.

Luego Alfonsín y su grupo se dirigieron al estacionamiento al otro lado de la calle. El líder

radical apoyó su brazo sobre el de uno de sus amigos. Mirando hacia el cielo gris, murmuró “Dios mío, ¿qué nos va a pasar?”101

Lo que pasó fue que Reagan llegó al poder y la Junta Militar respiró tranquila de

nuevo; los lazos que había ido construyendo con Jesse Helms y con Henry Kissinger

habían rendido frutos, y la política de apoyo a la lucha anticomunista volvía a tener la

aprobación de su aliado más importante. Reagan los apoyaba y su nueva embajadora

ante las Naciones Unidas, Jeanne Kirkpatrick tomaba una posición tolerante y empática

hacia la Junta Militar Argentina. “Los Estados Unidos no deben criticar abiertamente las

violaciones a los derechos humanos de los amistosos ‘gobiernos autocráticos

moderadamente represivos’, dijo Kirkpatrick”.102

3.3 La fuerza de la unión

El movimiento de James Carter por los derechos humanos no había sido en vano

y pudo darle el eco internacional necesario a los derechos humanos para exigir

101 Andersen, op. cit., p. 310. 102 Andersen, op. cit., p. 35.

79

finiquitar la acción impune de la dictadura. Aunado a esta marcación, en 1980 y en una

de las acciones más sorprendentes y claras sobre el apoyo internacional a la defensa y

exigencia del respeto de los derechos humanos, Adolfo Pérez Esquivel —fundador de

Servicio Paz y Justicia— recibió el Premio Nóbel de la Paz, por ser su trabajo una

fuente incansable del respeto y promoción de los derechos humanos; este premio fue el

acto más significativo que puso a Argentina en el banquillo de los acusados y bajo el

escrutinio global. El lema que habían vitoreado los argentinos dos años antes durante

el Campeonato Mundial de Fútbol —los argentinos somos humanos y somos

derechos— quedaba vacío ante este acto sin precedentes.

Tiempo después se llevó a cabo el Primer Congreso por los Desaparecidos en

adhesión a la Semana Universal por la Aparición con vida de los Detenidos

Desaparecidos. Estos foros públicos le dieron una difusión considerable al movimiento

por el respeto y exigibilidad de los derechos humanos, e involucraron a gente que había

estado participando tímidamente (desde la barrera) en él; así, el movimiento lograba la

unidad y solidaridad por la cual había estado trabajando. Mil novecientos ochenta y uno

terminaba con una manifestación de resistencia y con la consigna única que había

logrado homogeneizar el reclamo de la sociedad argentina: que aparezcan con vida

los detenidos desaparecidos.

La violación a los derechos fundamentales más sacros era la denuncia más

enérgica que se oía y que exigía su inmediata solución; sin embargo debido a la

80

creciente crisis inmanejable por la Junta Militar,103 los derechos sociales también

aparecían en escena e intentaban solidarizarse con las primeras demandas. Los

partidos políticos, unificados en la famosa Manifestación Multipartidaria, hacían sonora

la exigencia de llamar a elecciones.

De igual manera, la guerra de Las Malvinas pondría en brevísimo impasse a los

movimientos por los derechos humanos, no porque se olvidaran, sino porque la Junta

Militar pretendía adherir los gritos de los desaparecidos a la justificación de la guerra.

Pretendía que los gestos de anticolonialismo y antiimperialismo se convirtieran en la

base para una sociedad nacionalista e idealista, y apoyara la labor mesiánica que

significaba para la Junta Militar la guerra por Las Malvinas. Obviamente, este no fue

un paso muy inteligente de la Junta y el discurso —que en un principio había sido

acogido con gran ánimo— fue rechazado por completo, al ver la cobardía e insensatez

de los generales ante la derrota.

No sólo se había perdido la guerra, sino también la dignidad, y las exigencias por

el respeto de los derechos humanos de todos los argentinos era imparable. En un

intento por aplacar los reclamos, se prohibieron las marchas, pues según Albano

Harguindeguy —Ministro del Interior— “apuntaban a ahondar las heridas causadas por

la guerra terrorista que asoló la República durante la época pasada”.104

103 El aumento alarmante de la desocupación [desempleo], el deterioro de la actividad industrial, el incremento de la tasa de inflación y la magnitud de la deuda externa. Sonderéguer, op. cit., p. 171. De igual manera, los sindicatos se unían a las consignas de los movimientos por los derechos humanos, a las cuales añadían sus demandas de libertad sindical. 104 Sonderéguer, op. cit., p. 175.

81

Sin importar las prohibiciones, se llevó a cabo la “Marcha por la Vida”, la cual

reunía entre 10,000 y 20,000 personas que fueron encabezadas por diferentes

activistas de los derechos humanos. A esta marcha le siguieron más movimientos que

incluían la firma de pliegos petitorios, más movilizaciones masivas, jornadas de ayuno

que exigían cumplir con las exigencias sociales de la aparición con vida de los

desaparecidos, juicios a los culpables y tolerancia cero a leyes de amnistía para

los violadores. La marcha que culminaría las atrocidades de la Junta Militar, la “Marcha

de Repudio”, planteaba un proyecto a futuro, que se concretaba al decir que “la política

de la desaparición de millares de personas respondió a un plan económico

maquiavélico”. Hebe de Bonafini —fundadora del Grupo Madres de Plaza de Mayo —

continuaba diciendo… “debemos tener en la memoria a los Camps, a los

Harguindeguys, a los Videlas y a los Violas. Sobre ellos deberá caer el peso de la ley.

Hablo en nombre de las madres de hijos que luchaban por un país mejor… Sólo el

imperio de la justicia sobre los crímenes cometidos será la garantía para que nuestro

país no vuelva a vivir el horror de los últimos años…. Porque sólo vivir en democracia

asegura la plena vigencia de los derechos humanos105.

105 Ibidem

82

106

El Proceso estaba llegando a su final, y comenzó a preparar su retirada, no sin

antes dejar una serie de artefactos que le permitirían una seguridad jurídica al

abandonar el poder; entre ellos se encontraba la sanción de la “Ley de Amnistía”,

aprobada por la Comisión de Asesoramiento Legislativo y sancionada en septiembre de

1982. Las movilizaciones eran desafiantes y la última marcha, la “Marcha por la

Resistencia”, antes de la instauración de la democracia, se llevó a cabo. El trabajo de

las organizaciones pro derechos humanos seguía en aumento y, su voz era cada vez

más sonora; Andersen nos señala así el trabajo incansable de algunas organizaciones

en este sentido:

El CELS de Emilio Mignone anunció el hallazgo del cuerpo de un organizador sindical secuestrado seis años antes y de otros 400 cuerpos en ochenta y ocho tumbas sin identificación en el cementerio de Grand Bourg. Desde Roma, el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Juan Carlos Aramburu, negó lo que los militares ya eran incapaces de encubrir: “En la Argentina no hay fosas comunes y a cada cadáver le corresponde un ataúd. Todo se registró regularmente en los correspondientes libros. Las tumbas comunes son de gente que murió sin que las autoridades consiguieran identificarlas. ¿Desaparecidos? No hay que confundir las cosas. Usted sabe que hay desaparecidos que hoy viven tranquilamente en Europa”.107

106 Foto arriba izquierda: El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, marcha con las Madres de Plaza de Mayo; foto arriba derecha: Madres protestando; Foto abajo: Abuelas de Plaza de Mayo en manifestación exigiendo saber el paradero de niños desaparecidos. 107 Andersen, op. cit., p. 319.

83

En abril de 1983 el régimen televisó un “Informe Final” sobre la guerra sucia. El

documental de cuarenta y cinco minutos de duración frustró las esperanzas de que los

militares proporcionaran una información completa sobre el destino de los

desaparecidos. Se presume que todos aquellos que no estén exiliados u ocultos están

muertos, decía el informe. Los generales asumieron la responsabilidad por el accionar

de las fuerzas de seguridad, explicando que los medios “apocalípticos” con que los

guerrilleros libraban la guerra exigían contramedidas drásticas. El tono nulo de

arrepentimiento de la filmación se veía intensificado por escenas de incendios,

protestas caóticas y cuerpos mutilados.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en la Argentina señaló la

existencia de una “innumerable cantidad de pruebas acerca de que el 80 por ciento de

los detenidos —desaparecidos— habían sido secuestrados en sus hogares, en las

calles o en sus lugares de trabajo en presencia de testigos”. Emilio Mignone, decano

de los grupos argentinos sobre derechos humanos, objetó las declaraciones del

gobierno, que afirmaba haber enfrentado 15,000 oponentes armados. Adolfo Pérez

Esquivel, quien llevaba once días de ayuno, marchó al frente de unas 25,000 personas

por la ciudad de Buenos Aires, en una protesta nocturna sobre el Informe Final.108 La

Junta Militar liderada ya por Bignone, llamó a elecciones adelantadas en Octubre de

1983.

108 Andersen, op. cit., p. 322.

84

109

3.4 La democracia en Argentina

Después del Pocho Después de Balbín, El líder del pueblo Es Raúl Alfonsín110

109 Arriba izquierda: Bignone, el último presidente de la dictadura militar durante el Informe Final; Arriba derecha: campo de concentración; Abajo centro: Manifestación en las calles de Buenos Aires tras el Informe Final.

85

Así, con elecciones adelantadas, los ánimos se exaltaron y las esperanzas

crecían a la par de las dudas. La democracia fue en primer lugar una ilusión: la tierra

prometida; la democracia aparecía como la llave para superar desencuentros y

frustraciones, no sólo creando una fórmula de convivencia política, sino también

solucionando cada uno de los problemas concretos. La democracia era la expresión de

una voluntad colectiva, el mostrarse y el reconocerse como integrantes de la

civilidad.111

Argentina estaba viviendo una segunda primavera de los pueblos,112 y estaba

ávida de tomar el poder que nunca había podido reclamar. Al frente de este cambio,

con gran fuerza política, estaba un personaje cardinal: Raúl Alfonsín, quien había sido

un férreo crítico de los militares durante el Proceso, y quien había arriesgado su vida al

participar en diferentes eventos y movimientos de derechos humanos, buscando

información sobre personas desaparecidas; pero sobre todo por participar en la

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Alfonsín fue el único político que

criticó la “locura” militar de invadir las Islas Malvinas.

El radicalismo —ya encabezado por Raúl Alfonsín, dado que el anterior líder

político y moral del partido, Ricardo Balbín, había fallecido— en 1972 volvía a tener

gran presencia en la vida política argentina, y ya se erigía como una opción viable para

110 Canto político durante los meses de elecciones en Argentina 1983. El Pocho hace referencia a Perón y Balbín había sido el líder radical más significativo desde tiempos de Perón. 111 Romero, op. cit. cfr., pp. 357, 358. 112 Ver capítulo 1

86

llegar fielmente a la democracia. El peronismo, si bien se encontraba consolidado,

había perdido gran fuerza entre la sociedad, debido al apoyo manifestado a los militares

durante la Guerra de las Malvinas y sus contactos más o menos turbios ó más o menos

claros con los militares. Ítalo Argentino Luder, candidato a la presidencia por el

Partido Peronista, tenía una relación pactada con los militares, ya que estos habían

empezado a negociar con los líderes sindicales peronistas para devolverles sus

derechos. La sociedad argentina, hastiada de violencia y de pactos secretos quería un

cambio, una respuesta afirmativa que dejara atrás toda ilegalidad e impunidad, teniendo

al mando a un presidente, a un líder, que no los inmolaría.

Raúl Alfonsín no estaba listo para ganar, sino para ser la fuerza opositora más

audaz; sin embargo, ganó con más de la mitad de votos.113 El triunfo de Alfonsín

marcó el fin de una época de horror en Argentina, y el principio de un gobierno que

enarbolaba los derechos humanos y que al mismo tiempo estaba obligado a conocer la

verdad de los desaparecidos, entre otros retos más.114 El escrutinio norteamericano

sería exhaustivo, y si bien la mayoría de países le dieron la bienvenida a Argentina a la

vida democrática, Estados Unidos guardaba su distancia e intensificaba su guarda; de

esto da cuenta Andersen:

Carsey [Director de la CIA] gruñó una pregunta y Horton [funcionario de Inteligencia Nacional] dijo que parecía que la victoria de Alfonsín iba a ser buena para la Argentina después

113 Del 52% de los votos que le dieron la victoria a Alfonsín, el voto de las mujeres que exigían un clima de seguridad para sus hijos y el de trabajadores desempleados fue determinante para el triunfo. 114 Dar soluciones inmediatos a la crisis económica y la hiperinflación dejada por los militares y la reactivación de la economía; la subordinación irrevocable de las Fuerzas Armadas al Estado argentino, pero sobre todo llevar a los militares a juicios, nulificando la ley de amnistía sancionada durante el gobierno de Benito Bignone justo antes de su partida. Esta ley garantizaba la amnistía para los militares en caso de enjuiciamiento por actos cometidos durante la “guerra sucia”.

87

de ocho años de dictadura militar, pero que dada su posición de centroizquierda, probablemente no fuera tan bueno para los Estados Unidos.115

El poder que administraba el presidente Alfonsín era generoso pero escaso a la

vez. Ya que si bien su partido tenía la mayoría en la Cámara de Diputados, no contaba

con la mayoría en la Cámara de Senadores; el partido tendría entonces que sortear

estas condiciones y demostrar ser un gobierno eficaz y creíble para toda la sociedad.

El Estado que planteaba Alfonsín era un “Estado de derecho, al cual esos

poderes corporativos debían someterse, y consolidar un conjunto de reglas capaces de

zanjar los conflictos de una manera pacífica, ordenada, transparente y equitativa”. Era

poco y demasiado: se trataba de una identidad política fundada en valores éticos, que

subsumía los intereses específicos de sus integrantes, en muchos casos representados

precisamente por aquellas corporaciones, pero que en el entusiasmo de la recuperación

democrática quedaban postergados.116 Alfonsín debía decidir entre gobernar o pactar,

y decidió entonces gobernar; los mandatos generales de la Argentina se delinearon

hacia la modernización cultural, la participación de todos los sectores y sobre todo la

heterogeneidad en la vida social, política y económica del país, que rechazaba todo

dogmatismo.

Alfonsín para ese trabajo se apoyó en intelectuales, defensores y activistas de

derechos humanos que poco a poco regresaban a la vida política o al país, y se

manifestaban a favor de la paz, el respeto a los derechos humanos y la solidaridad

internacional, para afianzar y fortalecer las diferentes instituciones quebrantadas

115 Andersen, op. cit., p. 28. 116 Romero, op. cit., p. 365.

88

durante el Proceso. Legitimar al Estado argentino, satisfaciendo las demandas arriba

mencionadas parecía difícil de concretar; Alfonsín, sin embargo, lo logró.

Como se puede ver, el discurso y el gobierno de los derechos humanos de Raúl

Alfonsín —coincidiendo con Andrés Clérici— tuvo que enfrentar tres tareas centrales:

subordinar las fuerzas armadas al poder civil, castigar a los culpables de violaciones a

los derechos humanos y manejar las crisis que se iban generando a causa de sus

acciones subsecuentes, los juicios. Sin duda estas tres tareas suponían implícitamente

la subordinación de las fuerzas armadas al poder civil, pero significarían un intento del

control civil subjetivo.117

Inmediatamente después de tomar el mando el 10 de diciembre de 1983,

Alfonsín se dispuso a cumplir las promesas hechas durante la campaña sobre el retorno

al imperio de la ley y la paz. Enseguida tomó medidas —políticas oficiales de justicia y

verdad— para mejorar el clima y ampliar el marco legal necesario para que la

democracia pudiera sobrevivir. La primera medida adoptada fue poner en libertad

a cuarenta y tres presos políticos; también en 1984 se aprobó una ley que permitía que

los tribunales civiles absolvieran cargos de tribunales militares contra civiles. Se inició

una reforma importante en el plano militar, que forzaba el retiro de numerosos

generales; se designó a un civil como director de Fabricaciones Militares. y se puso

bajo control el desbocado presupuesto de defensa. La ley de amnistía del gobierno de

Bignone fue anulada, y se decretó la corte marcial para los nueve miembros de las tres

primeras juntas, bajo los cargos de asesinatos masivos. (Posteriormente los casos 117 Clérici, op. cit., p. 230.

89

fueron transferidos a los tribunales civiles, ya que los militares se mostraron renuentes a

enjuiciar a sus iguales). En un síntoma temprano de independencia judicial, incluso

contra la voluntad de Alfonsín, el mismo Bignone fue procesado bajo el cargo de estar

vinculado con dos “desapariciones”.118

De igual manera se llamó a enjuiciamiento a Mario Firmenich y Enrique Gorriarán

Merlo (cabecillas de los grupos insurgentes), y se manifestaron otros cambios con

respecto a los asesores y agregados militares en las diferentes embajadas de

Argentina; al mismo tiempo y en contra de diferentes voces, Alfonsín —con la

sobresaliente participación de Dante Caputo, Ministro de Relaciones Exteriores— pudo

llegar a un acuerdo con Chile respecto al Canal del Beagle, con ayuda de un comité

mediador del Vaticano.

119

3.5 La Comisión Sabato y el Nunca Más

A medida de que [el fiscal] Strassera avanzaba hacia sus conclusiones finales, la audiencia empezó a agitarse. “No estoy solo en esta tarea”, dijo el fiscal, “me acompañan en el reclamo más de 9,000

desaparecidos”. Pidió a los jueces sentencias de por vida para los generales del Ejército Videla y Viola, los almirantes retirados Emilio Massera Armando Lambruschini y el brigadier retirado de la Fuerza Aérea

Orlando Agosti. Solicitó penas de entre diez y quince años para los otros cuatro acusados, incluida una

118 Andersen, op. cit., p. 325. 119 Raúl Alfonsín.

90

sentencia de quince años para Galtieri. “Señores jueces”, dijo, “quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ¡Nunca Más!120

Sin duda alguna, el paso más importante en la primera parte del gobierno de

Alfonsín fue el decreto para la creación de la Comisión de la Verdad, o Comisión

Sabato,121 que debería investigar los crímenes cometidos durante la “guerra sucia”.

En las semanas siguientes a la asunción de Alfonsín, se encontraron más de 200

cuerpos en excavaciones hechas en cementerios de todo el país. Algunos tenían

sepulturas individuales, otros estaban enterrados en masa. La mayoría mostraba

signos de violencia: cráneos perforados por impactos de bala, esqueletos sin manos, un

montón de fragmentos humanos en una bolsa de plástico. Muchos detenidos habían

sido quemados vivos decían los informes. Otros fueron drogados, atados unos con

otros de pies y manos, y, como una ristra de salchichas, arrojados desde aviones al

Atlántico. Las mujeres embarazadas tenían cucharas insertadas en las vaginas, hecho

atroz cometido por hombres de sobrenombres tales como “Mengele”, que luego les

aplicaban electricidad a los fetos.122

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, se creó el

15 de diciembre de 1983, bajo el decreto No. 187, por el presidente Raúl Alfonsín. Su

mandato se centraba en investigar las violaciones contra los derechos humanos

ocurridas entre 1976 y 1983 (periodo de las última dictadura militar), recibir las

120 Andersen, op. cit., p. 24. 121 La Comisión Sabato también es el nombre de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, presidida por el escritor Ernesto Sabato. La presidencia de la Comisión se le ofreció a diversas personas, entre ellas a Pérez Esquivel; sin embargo hubo muchas discrepancias en las formas para la investigación; finalmente, después de una votación unánime entre sus 12 miembros, Sabato fue elegido para esta titánica labor. El equipo lo componían 60 especialistas argentinos. 122 Andersen, op. cit., p. 327.

91

denuncias sobre desapariciones y secuestros en ese período y elaborar un Informe

sobre el trabajo de la Comisión. Su finalidad era investigar la suerte de los

desaparecidos y determinar lo sucedido como una manera de aportar al resurgimiento

de la democracia.

La composición de la CONADEP consistía en doce miembros nombrados por el

presidente Raúl Alfonsín. Los candidatos que apoyaban el establecimiento de una

comisión bicameral declinaron en protesta, y las nominaciones finales fueron duramente

criticadas, ya que algunos comisionados, o bien habían participado directamente, o

habían hecho un reconocimiento público al régimen militar; no se nombró a nadie

vinculado con la búsqueda de los desaparecidos.123

Los crímenes que investigó la CONADEP eran actos relacionados con la

desaparición de personas (secuestros sin hallazgo de cuerpos). Ahí se constituyeron

cinco secretarías: a) Secretaría de Recepción de Denuncias y Documentos, que se

encargaba de la recepción de denuncias y atención a las personas que iban a dar

testimonios; b) Secretaría de Documentación y Procesamiento de Datos; c) Secretaría

de Procedimientos, que se encargaba de hacer excavaciones, obtención de mayor

información fuera de la Comisión, inspección de centros clandestinos de detención y

constatación de documentos; d) Secretaría de Asuntos Legales y e) Secretaria

Administrativa.

123 Comisión de Derechos Humanos del DF, Memoria Seminario Internacional Comisiones de la Verdad: tortura, reparación y prevención, CDHDF, México, DF, 2003, p. 42.

92

La sede de la Comisión se estableció en Capital Federal, con oficinas en otras

cuatro provincias en las que se tenía conocimiento sobre un gran número de actos

violatorios acaecidos (Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Tucumán). La CONADEP

contó con el apoyo de organizaciones de derechos humanos locales y nacionales que

colaboraron para proporcionar información sobre víctimas y denuncias; también tuvo

apoyo de los organismos internacionales como la OEA y la ONU. De igual manera, la

Comisión tuvo acceso y facultades para requerir a todos los funcionarios públicos de las

Fuerzas Armadas y de seguridad, al mismo tiempo que accedió sin miramientos a

informes, datos, documentos y lugares que ésta requiriera. Todas las personas

estaban obligadas a cumplir con los requerimientos, pero esta obligación no siempre

fue satisfecha, puesto que muchos oficiales alegaron que la información había

desaparecido o había sido destruida antes de la salida de la Junta Militar. Esta

obstaculización fue la más frustrante durante la investigación, ya que ésta conducía a

investigaciones poco creíbles o ambiguas.

Se efectuaron cerca de 1,300 oficios a instancias estatales de las Fuerzas

Armadas y la policía, muchas, sin embargo, quedaron sin respuesta. Esto porque la

misión encomendada no implicaba la determinación de responsabilidad. Los juicios que

se llevarían a cabo más tarde determinarían y decidirían su culpabilidad o no.

El arduo trabajo tuvo como resultado el Informe Nunca Más, presentado el 20 de

septiembre de 1984, donde se determinó la existencia de 8,960 personas detenidas-

desaparecidas durante el proceso de denuncia; la Comisión, sin embargo, advierte que

la cantidad de desaparecidos pudiera ser mayor, con lo cual concuerdan las diferentes

93

organizaciones de derechos humanos, que aseguran que la cantidad asciende a cerca

de 30,000 desaparecidos. De los cerca de nueve mil casos, se presentaron 1,080

casos ante un tribunal. La Comisión también enumera 340 centros clandestinos de

detención y una lista con los nombres de 1,351 personas que habían cooperado con la

dictadura militar, entre ellos sacerdotes y médicos.

Como recomendaciones, la CONADEP se concretó a tomar acciones dirigidas a

prevenir, reparar y evitar la repetición de conculcaciones a los derechos humanos, y a

que la justicia realizara una profunda investigación judicial de los hechos que no fueron

denunciados.

3.6 Consideraciones importantes sobre la Comisión de la Verdad

La CONADEP fue una pieza fundamental para acercarse al proceso, por demás

doloroso, de la reconciliación social. Sin embargo, muchos documentos y testimonios

apuntan a que no hubo una reconciliación individual, ni resultados claros con respecto

al castigo que debían recibir los victimarios. La CONADEP, al igual que otras

comisiones de la verdad, nació con tres objetivos muy definidos: la búsqueda de la

verdad, la reparación del daño y dar comienzo al proceso de reconciliación de

una sociedad profundamente dividida. A final de cuentas, la comisión nació y se

desarrolló con una finalidad ética y moral del Estado democrático hacia la búsqueda de

resultados para propiciar la “memoria histórica”, ya que a través de las investigaciones,

las vejaciones a los derechos humanos no podrán ser ocultadas ni negadas.

94

El trabajo de la CONADEP y sus resultados eran acciones titánicas que

enfrentaría Alfonsín; sin embargo las condiciones de su creación, las formas de trabajo,

pero sobre todo los resultados obtenidos de las investigaciones no fueron lo

suficientemente contundentes ni satisfactorios como respuesta a las demandas del un

pueblo que iba encontrando su camino a la civilidad. La CONADEP fue parte de un

proceso de negociación que iba llevando finalmente a la impunidad… como una política

de Estado para evitar desmantelar los aparatos represivos. Muchos sintieron que al

asumir el poder, el gobierno constitucional no podía no hacer algo para lidiar con las

violaciones de derechos humanos.124

Debemos recordar que si bien la CONADEP tuvo un margen de acción por

mandato, éste fue considerablemente minúsculo. Si bien la denuncia social nacional e

internacional era saber qué pasó con los detenidos-desaparecidos, la demanda

individual de los afectados directos era que aparecieran con vida las víctimas; dentro

del mandato de la CONADEP, esta demanda no se cumplió. Durante el proceso de las

investigaciones, las víctimas fueron nombradas y su testimonio apareció en un Informe,

pero el nombre de los victimarios no apareció en él. La Comisión justificó esta acción

señalando que a ella no le correspondía determinar la inocencia o culpabilidad de los

torturadores; la lista, que incluye a 1,351 perpetradores, sigue sin conocerse totalmente.

En la lista de represores aparecen, entre otros personajes, el obispo Pío Laghi, el

Nuncio Apostólico del Estado Vaticano en Argentina, el ex obispo de La Plata, Antonio

Plaza, Monseñor Emilio Graselli, el sacerdote Christian Von Wernich, el capellán

Pelanda López, y Monseñor Adolfo Tórtolo, vicario de las Fuerzas Armadas. 124 CDHDF, op. cit., p. 36.

95

Después de dar a conocer el Informe, el gobierno argentino se limitó a reconocer

el contenido de éste como “verdad histórica”; no hubo mayor reflexión. Las Fuerzas

Armadas, que fueron desacreditadas en el Informe, no reconocieron la bestialidad de

sus acciones, explicándolas únicamente como excesos cometidos. Sus esfuerzos se

centraron en justificar sus acciones, como si éstas hubieran ocurrido en combate y

formaran parte del legítimo derecho a librar una guerra. Los excesos fueron

desconocidos dentro del Informe de la CONADEP, puesto que ésta argumenta que los

excesos no pueden ser reconocidos, ya que las brutales acciones eran práctica común

y extendida, y eran los actos normales y comunes efectuados por la represión, es decir,

violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Lo que se aceptó con beneplácito por los diferentes grupos de derechos

humanos, fue que salió a la luz la verdad, o al menos parte de ella. Sin embargo,

anunciaron ciertas limitaciones dentro del Informe, ya que: muchas violaciones no

fueron consideradas (incluyendo tortura que no ocasionó la muerte); el hecho de que se

considerara la violencia política ejercida por particulares como una violación a los

derechos humanos y el hecho de que no fueran presentados los nombres de los

perpetradores. La derecha política argentina tuvo una reacción ambigua, aceptando

las conclusiones y condenando las violaciones, mientras que las justificaban como

excesos inevitables del conflicto social. Las fuerzas armadas y policiales reivindicaron

sus acciones como patrióticas y desacreditaron los informes históricos y su validez

96

legal.125 Dentro de las recomendaciones que emitió la CONADEP, sin embargo, no se

menciona la necesidad de depurar las fuerzas armadas.

En cuanto a la reparación individual o reconciliación, la comisión argentina no

habla de estas particularidades, sino que se limita a decir que la recuperación de la

verdad es asunto primordial de un Estado que avanza hacia la civilidad y la democracia.

La verdad, señala la CODEPU, fue vista tanto como algo superior a la reparación y

como una manera de restaurar la dignidad de las víctimas, así como la oportunidad de

que los perpetradores recuperaran la suya. Acompaña a la verdad la justicia, y éste no

fue trabajo de la Comisión, pero sí una de sus recomendaciones.126

El trabajo y los resultados de la Comisión, a nuestro juicio, fueron esenciales en

la reconciliación social, pero no en la individual. No hubo una reparación individual de

125 CODEPU/APT, Comisiones de la Verdad ¿un camino incierto?, CODEPU, Chile, 2002, p. 50. 126 Las recomendaciones elaboradas por la CONADEP tras el fin de sus investigaciones, se destinaron a los diferentes poderes del Estado argentino, con la finalidad de prevenir, reparar y finalmente evitar la repetición de conculcaciones a los derechos humanos en ese país. Las recomendaciones tienden a que no se pierda de vista la necesidad de una profunda investigación judicial de los hechos que fueron denunciados.

a. Que el organismo que sustituya a la Comisión acelere los trámites tendientes a remitir a la justicia la documentación recogida durante la investigación encomendada por el Poder Ejecutivo.

b. Que el Poder Judicial se aboque adecuadamente a la agilización de los trámites investigativos y de comprobación de las denuncias recibidas por la Comisión.

c. Que se dicten las normas necesarias para que los hijos y/o familiares de personas desaparecidas durante la represión reciban asistencia económica, becas para estudio, asistencia social, puestos de trabajo. Asimismo, que se sancionen medidas que se estimen convenientes y que concurran a palear los diversos problemas familiares y sociales emergentes de la desaparición forzada de personas.

d. Sancionar normas que tiendan a: 1. Declarar crimen de lesa humanidad la desaparición forzada de personas. 2. Apoyar el reconocmiento y la adhesión a las organizaciones nacionales e internacionales

de derechos humanos. 3. Establecer la enseñanza obligatoria de la defensa y difusión de los derechos humanos en

los organismos docentes del Estado, sean ellos civiles, militares o de seguridad. 4. Fortalecimiento y adecuación plena de los medios con que deberá contar la justicia civil

para la investigación de oficio en relación a la violación de derechos humanos. 5. Derogar toda la legislación represiva que se encuentre vigente.

CONADEP, op. cit., pp. 477-478.

97

los casos y todo se concretó a querer cerrar heridas sin curarlas previamente. La

voluntad política estaba presente, pero la vulnerabilidad y la fragmentación entre los

grupos de derechos humanos, grupos políticos y el trabajo de la Comisión era evidente.

Más grave aún fue que no se señalaron culpables en este trabajo, sino que la

señalización se hizo en los juicios subsecuentes. Pero el esfuerzo, para la época y

situación políticamente frágil que vivía Argentina, parece haber sido satisfactorio. Sin

embargo, en todo este proceso de reconciliación aparece una frase que parece resumir

el sentir individual de las víctimas de la represión:

“nosotros no nos reconciliamos con los asesinos, vamos a seguir denunciando […] vamos a seguir señalando con el dedo a los instigadores […] para salvar el futuro es preciso no olvidar el pasado, es preciso conservar la memoria y hacer justicia”.127

Y es que esta actitud y pensamiento obedece a un factor importante; el gobierno

de Alfonsín no señaló culpables, no los nombró, y fue precisamente esa acción la que

limitó y obstaculizó el proceso de perdón y reconciliación de todas y cada una de las

víctimas ante los perpetradores.

Además del trauma sufrido, la impunidad y la falta de reparación provocaron un

sentimiento de frustración, marginalización, estigmatización, mezclados con

sentimientos de culpa, vergüenza y miedo.128 En el momento de la transición se

enfrentaron dos actores de este terrible acontecimiento: por un lado las organizaciones

de derechos humanos, partidos de oposición y otros grupos sociales que exigían la

127 CODEPU, op. cit., p. 83. 128 CDHDF, op. cit., p. 81.

98

revelación de la verdad para contrarrestar años de profundas y sistemáticas violaciones

a los derechos humanos, y por otro lado se encontraban los militares y aliados que se

oponían a cualquier tipo de rendición de cuentas. Un proceso nacional que se dirigía a

encontrar objetivos de reconciliación nacional y un proceso estable de

democratización.129

130

3.7 Los juicios a los militares

Mi futuro es una celda. Lo fue desde que empezó este fantástico juicio y allí transcurrirá mi vida

biológica, ya que la otra —la vida creadora, la vida de la inteligencia, la vida del alma— se la entregué voluntariamente a esta veleidosa y amada Nación131.

Dante Alighieri --en "La Divina Comedia"-- reservaba el séptimo círculo del infierno para los violentos:

para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto, sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabunda a cierto género de condenados, así descritos por

el poeta: "Éstos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas faltas".132

El relato de los horrores nos da la pauta para una reconciliación entre victimas y

victimarios, por un solo motivo, la verdad. Cuando los afectados que quieren saber la

verdad —los familiares de las víctimas también tienen el derecho o la elección de no

querer saber más de las atrocidades cometidos contra sus familiares, les basta con

129 Barahona de Brito, Alexandra, Verdad, Justicia, Memoria y Democratización en el Cono Sur, en Aguilar Fernández, Paloma, Barahona de Brito, Alexandra & González Enríquez Carmen, Las políticas hacia el pasado, Istmo, Madrid, España, 2002, p. 196. 130 Ernesto Sabato haciendo entrega al presidente Raúl Alfonsín del Informe Nunca más de la CONADEP 131 Palabras de Emilio Eduardo Massera durante su comparecencia, en Andersen, op. cit., p. 25 132 Palabras de Julio Strassera durante el juicio a los militares, 1984.

99

tener los restos en sus manos para contar con un lugar donde llorar y orar por ellos; la

verdad para ellos resulta para ellos demasiado dolorosa y no les traerá a sus muertos

de vuelta— llegan a conocerla y conocen dónde están sus “desaparecidos” o muertos,

el proceso doloroso comienza a desbloquearse y encaminarse hacia el perdón. No

pretendemos afirmar que este proceso es fácil, ni siquiera pensar que es una fórmula

exacta para aliviar el dolor, pero sí resulta un comienzo necesario.

… el periodo de oposición al régimen, si bien generó nuevos actores sociales y provocó novedosas prácticas, tales como la encarnada por el movimiento de derechos humanos, delineando el horizonte (verdad, justicia, paz, libertad, democracia) en que debía inscribirse la sociedad futura, dejó pendiente el problema de la formulación de un proyecto político en toda su verdadera complejidad.133

Tras el Informe de la CONADEP, y haciendo caso a una de sus

recomendaciones necesarias para combatir la impunidad y sanear a la sociedad

argentina, comenzaron los complicados e impresionantes juicios a los altos mandos

militares responsables de los cerca de dos mil desaparecidos. Atendiendo a estas

recomendaciones, el Presidente Raúl Alfonsín por decreto ordenó que se llevaran a

juicio a los miembros del llamado Proceso.

Por ello, el Presidente de la Nación Argentina decreta:

Artículo 1. Sométase a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos juntas militares subsiguientes, Teniente General Jorge R. Videla, Brigadier General Orlando R. Agosti, Almirante Emilio A. Massera, Teniente General Roberto E. Viola, Brigadier General Omar D. R. Graffigna, Almirante Armando J. Lambruschini, Teniente General Leopoldo F. Galtieri, Brigadier General Basilio Lami Dozo y Almirante Jorge I. Anaya.

133 Sonderéguer, op. cit., p. 180.

100

Artículo 2. Ese enjuiciamiento se referirá a los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos, sin perjuicio de los demás de que resulten autores inmediatos o mediatos, instigadores o cómplices los oficiales superiores mencionados en el Artículo 1.

Artículo 3. La sentencia del tribunal militar será apelable ante la Cámara Federal en los términos de las modificaciones al Código de Justicia Militar una vez sancionadas por el H. Congreso de la Nación el proyecto remitido en el día de la fecha.

Artículo 4. Practíquense los ajustes presupuestarios necesarios para el cumplimiento del presente decreto, y la dotación de equipamiento y personal transitorios que requiere el señor Presidente del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas134.

Empezados los procesos judiciales por orden del entonces presidente Dr. Raúl

Alfonsín, los jueces se enfrentaron con cuatro problemas principales:

• La no-retroactividad de la ley penal

• La noción difusa de autoría

• La selectividad de las sanciones

• Tribunales Militares

Del mismo modo, se enfrentaron con la falta de tipos penales en la legislación

interna; por ejemplo, el delito de genocidio, principio conocido como la “inadecuación de

la ley penal ordinaria”, y por lo que una actuación judicial internacional hubiera

134 Orden presidencial de procesar a las juntas militares. Decreto 158 de 13 de diciembre de 1983. Este decreto tiene la virtud de diseñar el "plan criminal" y se convirtió en su momento en la gran proclama de reparación republicana. Manda enjuiciar a nueve personas integrantes de las tres primeras Juntas de Gobierno. No incluyó a la cuarta Junta, que es la que convocó a elecciones y traspasó el gobierno dando tránsito a la salida institucional; sin embargo esta última Junta es la que tuvo a su cargo la importante etapa de la "garantía de impunidad", a través de dos instrumentos: a) ley de autoamnistía; b) decreto secreto N 2726/83, ordenando la incineración de todo documento oficial comprometedor, con lo cual se destruyeron pruebas fundamentales. La orden presidencial —Dcto. 158— del Dr. Alfonsín representaba inaugurar un nuevo juicio —el de las Juntas—, que se sumaba a los dos mil juicios en trámite en ese momento contra diversos represores de todas las jerarquías, y que representaban el esfuerzo popular, en el terreno judicial, contra y durante la dictadura.

En http://www.desaparecidos.org/arg/doc/secretos/orden02.htm

101

cambiado los procesos no en cuanto a los juicios strictu sensu, sino más bien en

cuanto a la aplicabilidad de las penas.

El encargado de presentar las acusaciones de cerca de dos mil víctimas fue el

fiscal Julio César Strassera,135 quien junto con sus colaboradores y con los testimonios

de distintas víctimas y familiares de las mismas pusieron en el banquillo de los

acusados a militares de altos mandos, ejecutores y responsables de la época más

obscura y triste que ha vivido Argentina, respecto a los derechos humanos. Strassera

presentaba su argumento de esta manera:

Por todo ello, señor presidente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la Nación argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad toma monstruosa la mera hipótesis de la impunidad. Salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan "hechos políticos" o "contingencias del combate". Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores sobre la base de los cuales se constituyó la Nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal... Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándola en el olvido, y fracasamos: ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por la vía de la violencia y el exterminio del adversario, y fracasamos: me remito al periodo que acabamos de describir.

A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido sino en la memoria; no en la violencia sino en la justicia. Ésta es nuestra oportunidad: quizá sea la última.136

En abril de 1985 el Juez Strassera, del Tribunal Federal de Apelaciones, inició

acciones judiciales contra la Junta. Strassera solicitó las siguientes penas para los

militares responsables de todas y cada una de las muertes de las víctimas: Reclusión

perpetua para Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti,

Roberto Eduardo Viola y Armando Lambruschini. Quince años de prisión para 135 Anexo Fragmento de las Acusaciones del Fiscal Julio Strassera; Juicio a las juntas militares, 1985. 136 Fragmento de la Acusación del Fiscal Julio Strassera, Juicio a las juntas militares, 1985.

102

Leopoldo Fortunato Galtieri, Omar Rubens Graffigna; doce años de prisión para Jorge

Isaac Anaya; diez años de prisión para Basilio Lami Dozo.137 Los militares fueron

puestos en prisión preventiva.

¿Quiénes desaparecieron?

obreros 30.20%estudiantes 21.00%empleados 17.90%profesionales 10.70%docentes 5.70%autónomos y varios 5.00%amas de casa 3.80%conscriptos y personal de fuerzas de seguridad 2.50%periodistas 1.60%actores y artistas en general 1.30%religiosos .30%

138

La defensa de los acusados y los acusados mismos cuando fueron llamados a

atestiguar o a responder a las acusaciones que se les imputaban, respondían con

abierto cinismo y sin ánimos de ofrecer disculpa alguna; la justificación total a sus

acciones se basaban en la guerra que libraron contra la insurgencia, la cual actuaba de

manera terrorista usando sistemas apocalípticos. Del mismo modo argumentaron que

137 Ver Anexo sobre Juicio a Juntas donde se describe específicamente los cargos por los que fueron culpados los miembros de la Junta Militar. 138 CONADEP, op. cit., p. 480

103

era responsabilidad absoluta de las fuerzas militares de responder al ataque con la

misma fuerza que lo hacían los miembros de Montoneros y ERP. Ellos sólo habían

respondido a la agresión.

No obstante, Strassera —durante el juicio— se dedicó a minar los argumentos de

la defensa, y dijo que si bien las acciones de los grupos subversivos habían sido

violentas y eran condenables, el accionar de las Fuerzas Armadas había sobrepasado

los límites de la racionalidad y les habían negado el derecho a defenderse ante las

acusaciones. Ellos, los perpetradores, habían juzgado a los militantes subversivos

desde su gestación; la guerra había sido “declarada” unilateralmente y se había estado

librando de manera desigual. La argumentación de Strassera era que no había tal

guerra como lo afirmaban los militares; ninguno de los documentos preliminares del

Proceso habla de guerra, y ello resulta por demás significativo. Porque resulta obvio

—señalaba Strassera—, que si los tres militares responsables del alzamiento del 24 de

marzo de 1976 hubiesen creído que estaban emprendiendo una guerra, cualesquiera

fuesen los calificativos que les mereciera, no hubieran omitido esa circunstancia en la

proclama revolucionaria. Julio Strassera aseguró que los culpables de la represión se

comportaron "como pandilleros antes que soldados"; destacó que era preciso "buscar la

paz basada en la memoria", y concluyó su informe, acogido con aplausos y lágrimas por

los asistentes, con el título del texto de Sábato: "Señores, nunca más".

Otra situación importante que surgió durante los juicios era la responsabilidad

que habían tenido los militares acusados y la materialización de las ejecuciones. Es

decir, su defensa sostenía que si bien ellos pudieron haber ordenado las

104

desapariciones, no las habían ejecutado; esta situación dio origen a una exposición por

demás contundente para el juicio por el fiscal, y que exponemos a continuación:

En definitiva, la aplicación de la reglas del concurso a la situación así creada ha de conducir, de todos modos, a dar al autor de la orden el tratamiento de autor mediato. Sólo resta señalar que a la luz del artículo 514 del Código de Justicia Militar, aplicable a los procesados en esta causa, el tratamiento como autores de quienes imparte órdenes que conducen a la realización de un delito resulta inexorable. A modo de conclusión, sólo cabe señalar que, más allá de la regla expresa del artículo 514 del Código de Justicia Militar, que instituye inequívocamente en autores a quienes cometen delitos por medios de sus subordinados en el aparato castrense, cualquiera de las soluciones propuestas para la punición de quienes delinquen mediante un aparato organizado de poder, sea que los consideren autores mediatos —como sostiene la más importante corriente doctrinaria, sea que los encuadren dentro de la coautoría o de la instigación— como también se ha sostenido, conduce a idéntica conclusión en punto a declararlos comprendidos en los términos del artículo 45 del Código Penal, y con ello a la aplicación de la misma pena: 1° que se encuentra legalmente prevista para los autores.

Señores jueces, alguna vez escribió Piero Calamandrei: "El saber jurídico no es idéntico al sentido común, pero lo incluye". Seguramente por ello, mucho antes de que aparecieran las modernas sistematizaciones sobre los temas que acabo de tratar, se registraron antecedentes jurisprudenciales que los anticipaban. Tal lo que aparece en las célebres causas seguidas en octubre de 1853 contra Fermín Suárez, y, en diciembre del mismo año, contra Ciriaco Cuitiño y Leandro Alem, donde se consagra la equivalencia entre lo que allí se denomina perpetradores y cómplices. De este modo Cuitiño resulta no sólo responsable de los crímenes cometidos de mano propia, sino por aquellos ejecutados por subordinados del escuadrón de vigilantes de policía que él comandaba.139

En diciembre de 1985 los nueve jefes y ex miembros del Proceso fueron

condenados por 709 crímenes contra derechos humanos. El Tribunal había oído el

testimonio de 833 personas y produjo tres toneladas de documentos además de 900

horas de grabaciones en cinta; la sentencia del tribunal fue transmitida por radio y

televisión.140 Los militares apelaron el dictamen de la Corte; sin embargo, sus

sentencias fueron ratificadas. La sentencia se pronunció por unanimidad y se hizo

pública el 8 de diciembre de 1985: Videla y Massera fueron condenados a reclusión

perpetua; Viola a 17 años, Lambruschini a 8 años; Agostí a 4 años y seis meses, el

139 Acusación del Fiscal Julio Strassera, Juicio a las juntas militares, 1985, en http://www.nuncamas.org/juicios/juicios.htm 140 Barahona de Brito, op. cit., p. 198.

105

resto de integrantes de las juntas fueron absueltos. Los perpetradores, aún así, no

permanecieron mucho tiempo en prisión.141 Del mismo modo, los militares nunca

pudieron comprobar su inocencia.

Bajo el mando de Alfonsín, la tortura pasó a ser un crimen punible con la misma

severidad que el asesinato. Los arquitectos de la represión militar ilegal fueron

encarcelados, lo mismo que muchos de los extremistas políticos que trazaron el camino

hacia la “guerra sucia”. Toda sed de venganza se iba apagando a medida que las

víctimas comprobaban la eficacia del sistema de justicia. A los militares se les suprimió

la responsabilidad de seguridad interna, y las fuerzas policiales argentinas tuvieron

jefes que surgieron de sus propias filas, en lugar de comisarios nombrados por los

militares, lo que sirvió para levantarles la moral y les infundió un nuevo sentido de

profesionalismo.142 Sin embargo, la etapa democratizadora estaba por sufrir un grave

revés que detendría y cuestionaría severamente el camino a la civilidad tan ensalzado

por Alfonsín.

141 La memoria es un arma de larga duración en Pozuelo, Eduardo Martín de y Tarín, Santiago, España Acusa, Plaza y Janés, Barcelona, mayo de 1999 en http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2003/2003prim/noticias3/esp18-1.html 142 Andersen, op. cit., p. 332.

106

143

3.8 Aldo Rico y la situación de Semana Santa

Durante su gobierno, Alfonsín tuvo que enfrentar varios intentos de golpe de

estado comandados por algunas facciones de las fuerzas armadas que no terminaban

de aceptar su papel subordinado a la democracia, y que aun tenían gran poder en el

país y sobre algunas decisiones políticas. Los juicios a los militares de 1985-1986 ya

habían cansado a éstos y decidieron actuar… o al menos una facción actuó —con

anuencia de las elites militares de mayor envergadura—, y logró acentuar gravemente

una acción que parecía haber concluido con la llegada de la democracia: la impunidad.

Lo que se conoce como la Revuelta de Semana Santa se refiere al

atrincheramiento de dos militares en zonas militares, Ernesto Barreiro y Aldo Rico,

negándose a testificar ante los juicios de la verdad. El atrincheramiento no era sino la

acción detonadora para que Alfonsín negociara las condiciones de coexistencia entre

los militares y el poder civil; un pacto al que Alfonsín se había negado al principio y que

daba fin a su mandato como presidente de una Argentina democráticamente inmadura.

143 En sentido de las manecillas del reloj: manifestaciones durante los juicios a los militares torturadores; testimonio de Melchor Basterra; Videla, Galtieri y Lambuschini compartiendo el auto tras el juicio; Videla frente al fiscal Strassera; juicios a la Junta Militar

107

La condición de la salida de Rico se concretó en acentuar dos leyes de impunidad

absoluta: Obediencia Debida y Punto Final.144

Al finalizar la semana de visita del Papa Juan Pablo II, oportunidad en la que el Pontífice declaró “¡Nunca Más!” ante una multitud congregada en el centro de Buenos Aires el domingo de Ramos, el mayor Ernesto Barreiro, jefe de obturadores del campo de concentración La Perla, se refugió en una base del ejército, y se negó a testificar ante un tribunal civil. A las pocas horas, los oficiales de todo el país se declararon a favor de la protesta y exigieron que Alfonsín pusiera fin a los juicios, que amnistiara a sus ex comandantes encarcelados y el reemplazo de los generales leales, que purgara los cuerpos de altos oficiales del Ejército mediante el reemplazo de los generales leales por hombres elegidos por ellos. Durante tres días dramáticos, Alfonsín, que había dicho que la democracia argentina no se negociaba, reunió al país y llenó la Plaza de Mayo con cientos de miles de personas.

… El domingo de Pascua, Alfonsín llegó hasta la base del ejército en Campo de Mayo, donde cientos de rebeldes estaban atrincherados para exigirles que se rindieran. Haciendo muestra de un coraje físico considerable, Alfonsín logró forzar al cabecilla, Aldo Rico, a rendirse. Menos de un mes más tarde, sin embargo, Alfonsín anunció una mayor restricción en los juicios contra los militares en relación con los derechos humanos, limitando el enjuiciamiento de la mayoría de los oficiales a delitos por violaciones, hurtos, robos y secuestros de niños. “Soy perfectamente consciente de que esta ley puede dejar en libertad a quienes cometieron delitos graves”, admitió Alfonsín, “y no me gusta”. La maniobra fue acogida por los rebeldes como un reconocimiento a sus exigencias, tanto como una concesión ganada en la revuelta. Aunque el gobierno respondió que las concesiones ya habían sido programadas con anterioridad aquel mismo año, el público no estaba con ánimos para compromisos.145

Los partidos políticos, la sociedad civil y las organizaciones de derechos

humanos se manifestaron unidos en apoyo a la institucionalidad; incluso se lanzaron a

las plazas para manifestarle su apoyo al presidente Alfonsín en un abierto y sonoro ¡sí!

a la institucionalidad y un ¡no! a la impunidad; pero cuando se decretaron las leyes de

144 La ley de Punto Final fue decretada en 1986 por una situación que parecía salirse de las manos del gobierno argentino; esto debido a que a consideración del gobierno los procesos judiciales debían ser restringidos, lo cual debía acelerar intempestivamente la solución a los casos restantes y detener el influjo de nuevos casos. Se habían presentado cerca de 60,000 casos que involucraban a cerca de 600 oficiales militares. Esta ley no se cumplió, puesto que en una carrera contra reloj se presentó un mayor número de casos, las organizaciones de derechos humanos trabajaron horas extras y los tribunales no tomaron vacaciones durante este proceso. Por esto consideramos que con este hecho físicamente violento es que se rompe el encanto de la institucionalidad y se acentúa se la impunidad durante gobierno de Alfonsín. 145 Andersen, op. cit., p. 333.

108

Obediencia Debida y Punto Final el sueño se derrumbó; si bien la medida obedecía a

una decisión política, pero ni jurídica y mucho menos ética, el camino a la civilidad, se

había esfumado. Nadie acompañó al gobierno en la sanción de estas leyes. Al

respecto, Alfonsín declaró: "Llegamos hasta donde pudimos; hasta el borde del

precipicio”. La relación de Alfonsín con las organizaciones de derechos humanos, en

especial con Madres de Plaza de Mayo fue en detrimento, hasta el punto de una franca

oposición.

… después de los juicios célebres de 1985, los radicales intentaron poner un “punto final” al procesamiento de los delincuentes militares, estableciendo un plazo para terminar con las acciones legales contra los miembros de las Fuerzas Armadas. La maniobra, que según se cernía sobre el personal de las fuerzas de seguridad, fue duramente criticada por las organizaciones de derechos humanos y por amplios sectores de los partidos radical y peronista, este último embarcado en un plan de reforma y modernización de su poder de convocatoria. En enero de 1987, los grupos de derechos humanos hicieron una carrera contra el reloj para presentar en los tribunales más de 600 casos nuevos, incluyendo los que acusaban a treinta y cinco generales, y a un almirante en actividad, antes del plazo establecido para el punto final.146

En lo referente a las penas aplicables conviene destacar la promulgación de las

leyes de Punto Final No. 23.492, sancionada el 23 de diciembre de 1986, y Obediencia

Debida No. 23.521, sancionada el 4 de junio de 1987. La ley de Punto Final extingue la

acción penal147 de la cual es titular el Estado, pero no las acciones civiles emergentes y

expresa en su artículo 1: “Se extinguirá la acción penal respecto de toda persona por su

presunta participación en cualquier grado... En las mismas condiciones se extinguirá la

acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la

instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983”.

146 Andersen, op. cit., p. 335. 147 Acción penal es la que se promueve en ocasión de delito o falta, y que tiene por cometido determinar la responsabilidad por el hecho ilícito.

109

Asimismo, el artículo 5 de la misma ley, establece cuáles son las excepciones,

esto es, en qué casos sí procede el ejercicio de la acción. Éstas son:

• Cuando se trate del delito de sustitución de estado civil

• Cuando se trate del delito de sustracción u ocultación de menores.

Por otro lado, la ley de Obediencia Debida establece una presunción absoluta de

obediencia, y por tanto declara inimputables a todos aquellos que participaron en la

represión militar durante el gobierno de facto. Se expresa en este sentido:

1. “Se presume sin admitir prueba en contrario que quienes a la fecha de comisión

del hecho revistaban como oficiales...no son punibles... por haber obrado en

virtud de obediencia debida.”

2. “La presunción establecida en el artículo anterior no será aplicable respecto de

delitos de:

• violación

• sustracción u ocultación de menores

• sustitución de estado civil

• apropiación de inmuebles por medio de extorsión

Lo destacable es que estas leyes reconocen que existieron delitos y que en

algunos casos no pueden dejar de juzgarse, pero las circunstancias históricas fueron

tales que el gobierno democrático no pudo contener los avances militares que

110

protestaban, no por la imputación de delitos, sino por las penas. Esto se constata en las

excepciones que enumeran las mismas leyes, artículos 5 y 2 respectivamente, y en el

hecho de dejar latente la responsabilidad civil emergente de esos delitos, tales como la

indemnización al Estado, a las victimas, confiscaciones, embargos, entre otras.148

¿Por qué dio marcha atrás después el gobierno? La administración de Alfonsín

perdió en lo esencial el control de la política que había trazado, al calcular

equivocadamente el nivel de independencia y el compromiso del poder judicial

respecto de la justicia, así como la autonomía institucional del proceso judicial una vez

puesto en marcha. También calculó equivocadamente que la restricción de los

procesamientos sería respaldada por las graduaciones inferiores e impediría una

reacción violenta en lo que era una institución militar debilitada. Los derechos

humanos y su reclamo a una no violación de ellos se confundió con un asunto

intramilitar149.

150

148 Ver leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En anexo. 149 Barahona de Brito, op. cit., p. 201. 150 Foto izquierda: Amotinamiento de Aldo Rico, Foto derecha: Manifestación de apoyo a Alfonsín durante el amotinamiento de Aldo Rico

111

3.9 El regreso al olvido

En 1988 el teniente coronel Aldo Rico volvió a levantarse en armas, pero fue

sometido y encarcelado; en 1989 un último golpe de estado en La Tablada liderado por

Mariano Grondona, fue sofocado. Ya la estrella de Alfonsín no brillaba más, y

terminaría por extinguirse totalmente con el triunfo del Gobernador de La Rioja, Carlos

Saúl Menem—prisionero durante gran parte de la dictadura militar—, quien ya en

funciones como presidente en 1989 y 1990 declararía indultos a favor de militares

implicados en violaciones de derechos humanos. Con estos indultos, Menem cerró toda

posibilidad de juicio y castigo a los culpables, aún por tribunales o instancias

internacionales de protección y defensa, basándose en:

• La no-intervención en asuntos de jurisdicción interna, “soberanía”.

• La existencia de mecanismos internos de solución del conflicto.

• La territorialidad de la ley penal.

La década de los ochenta para los argentinos acababa de una manera sórdida e

inesperada, puesto que una batalla más se perdía. Habían puesto toda la carne en el

asador, y ésta parecía consumirse ante la imposibilidad de seguir en dolorosos, pero

necesarios juicios para saber la verdad; pero más allá, para que los culpables

reconocieran su culpa y purgaran una condena. La historia nos sigue demostrando

que, sobre todo en las nuevas democracias, la fragilidad es una característica

omnipresente a la cual hay que atender, y tener siempre presente.

112

El proceso postdictatorial argentino tiene características muy particulares. Por un

lado ha sido puesto como ejemplo de transición a la democracia, y por otro nos

conduce a la crítica de no haber podido materializar ningún castigo a los culpables de

crímenes tan atroces. La llegada de la democracia no significa el fin de los problemas

de una nación; la democracia, como tal, necesita madurar y consolidarse en todos los

aspectos de la existencia del Estado-nación; debemos recordar que la democracia en

este primer momento es totalmente vulnerable.

Este apartado nos permitió una recapitulación de la historia moderna argentina y

su lucha por la defensa, respeto y exigencia de los derechos humanos. En los

siguientes capítulos explicaremos por qué el proceso de reconciliación, a través de la

incansable búsqueda de la verdad, es necesario para alcanzar el perdón —para pedirlo

y también para otorgarlo—, siempre recurriendo a la memoria para así lograr el

crecimiento no sólo como sociedad, sino como individuos; seguido, pues, de una

verdadera reconciliación.

113