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26-05-2013

La dcada extractivaDaro ArandaComAmbiental

Soja, minera, monocultivo de rboles y petrleo. Desalojos, fumigaciones, desmontes y tierra enpocas manos. Judicializacin y represin sobre campesinos, indgenas y asambleassocioambientales. Las corporaciones y los asesinatos en el campo profundo. Diez aos que dejaronheridas.

El monocultivo de soja abarcaba 12 millones de hectreas en 2003 y, en diez aos, pas a ocupar20 millones de hectreas. La minera tambin fue por ms: de 40 proyectos se pas a 600 (creci1500 por ciento). Slo dos cifras, y dos actividades, que confirman el avance en la ltima dcadadel extractivismo (agronegocios, forestales, minera, petrleo), con consecuencias que el relatooficial silencia: masivo uso de agrotxicos, desmontes, desalojos rurales, leyes de escasocumplimiento, concentracin de tierras en pocas manos, judicializacin y represin. Y la bienvenidaa las corporaciones. Balance de una dcada extractiva.

Soja

Cuando Nstor Kirchner asumi la presidencia la soja ocupaba 12 millones de hectreas (el 38 porciento de las 25 millones de hectreas cultivadas).

En 2012, la soja abarc 19,8 millones de hectreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada.Llamada por tcnicos y funcionarios de manera eufemstica: "Corrimiento de la fronteraagropecuaria".

La soja transgnica, con uso de glifosato, fue aprobada en marzo de 1996 por el entoncesSecretario de Agricultura, Felipe Sol. Gobierno de Carlos Menen. El Estado no realiz estudiospropios. Bas su aprobacin en informes de las propias empresas de agronegocios.

El Plan Estratgico Agroalimentario, gestado por el Ministerio de Agricultura de la Nacin,provincias, universidades y empresas, fue presentado por la presidenta Cristina Fernndez deKirchner en 2011. Explicita la profundizacin del modelo: un aumento del 60 por ciento de laproduccin granaria (llegar a los 160 millones de toneladas) y un avance en la superficie sembrada:de 33 millones de hectreas actuales pretende llegar a las 42 millones.

No se avanzar sobre las grandes ciudades, sino sobre territorios campesinos e indgenas.

El avance del agronegocios llega incluso a lmites inesperados: en Neuqun y Chubut ya seplanifica soja y maz transgnicos.

El uso de agrotxicos alcanza, segn un informe de los Mdicos de Pueblos Fumigados, a 300millones de litros por ao. Otras consecuencias: al menos 200 mil familias expulsadas del campo,denuncia el Movimiento Nacional Campesino Indgena (MNCI-VC). A su vez, datos del propia INTAconfirman la concentracin de tierras: el dos por ciento de las explotaciones agropecuariasrepresenta el 50 por ciento de la tierra. Y el 57 por ciento de las explotaciones agropecuarias (lasms pequeas) tienen slo el tres por ciento. En Argentina se da una reforma agraria, pero al revs:muy pocos tienen casi todo, muchos no tienen casi nada.

En vsperas de los diez aos de Gobierno, el MNCI, la Asamblea Campesina Indgena del Norte(Acina), el Frente Nacional Campesino (FNC) y el Foro Nacional de la Agricultura Familiar (Fonaf)

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emitieron un comunicado conjunto (organizaciones con buenos niveles de dilogo con el Gobierno):"Las organizaciones campesina e indgenas y de la agricultura familiar vamos por lo que falta".

"En los ltimos diez aos las polticas pblicas a favor de los sectores populares y de los mercadosinternos han brindado alivio a la resistencia de las economas campesinas-indgenas pero an falta.El gigantesco avance de la frontera agropecuaria se acompa de concentracin de la tierra,monocultivo de soja y la commoditizacin de nuestro campo", afirma el comunicado. Y describe lasituacin actual: "El desmantelamiento de la economa nacional, la destruccin y concentracin dela cadena de valor y del consumo interno y la enorme dependencia de divisas en el monocultivo desoja".

Sealan adems que "hay muy buenas condiciones para dar un giro en la poltica" para fortaleceral campesinado y promover otro modelo agropecuario, pero alerta que "no es posible si no secambian las reglas de juego, especialmente debe legislarse sobre la funcin social de la tierra y afavor de la economa popular".

Destacan diez puntos: "tierra, trabajo y dignidad en el campo", frenar los desalojos, polticaintegral de tierras, fortalecer la produccin campesina y la soberana alimentaria, repoblar elcampo, limitar los agrotxicos y una ley de semillas que proteja las semillas nativas y criollas.

Monocultivo de rboles

La Ley 25.080 fue aprobado por el menemismo (1999). Subsidia todos los pasos productivos, lasempresas no deben pagar impuesto inmobiliario por las tierras y estn exentos del pago sobreingresos brutos. Adems cuentan con devolucin del IVA. Otorga "estabilidad fiscal" por 30 aos(cualquier modificacin impositiva, que afecta a todos los ciudadanos, no modifica el rgimen fiscalde las compaas).

El monocultivo de rboles (con iguales consecuencias que la soja) pas de 600 mil hectreas en1998 al doble (1,2 millones) en 2008. La Asociacin Forestal Argentina (AFOA) proyecta llegar, en2018, a tres millones de hectreas.

Misiones concentra el 59 por ciento del monocultivo forestal. Le siguen Entre Ros (11 por ciento),Buenos Aires y Corrientes (ambas con ocho por ciento).

Una sola multinacional del sector (Alto Paran) concentra el diez por ciento de la tierra de Misiones(233 mil hectreas). Y es el emblema del monocultivo en la tierra colorada.

La ley 25.080 venca en enero de 2009, pero fue prorrogada por el Congreso en noviembre de2008. Hasta el 2018, como pedan las empresas nucleadas en AFOA.

Petrleo

Nstor Kirchner recibi YPF ya privatizada (por Carlos Menem). En octubre de 2006, el CongresoNacional aprob la Ley 26.154, que ampli los beneficios impositivos que ya tenan las petroleras ygasferas. Tambin se renovaron las concesiones de yacimientos (por ejemplo, Cerro Dragn). "Enpoltica hidrocarburfera, los ltimos diez aos fueron una consolidacin y profundizacin delneoliberalismo de la dcada del noventa. Hubo renovacin de concesiones y amplios beneficiospara los actores transnacionales, donde se les mantuvieron todos los amplios beneficios quetenan", afirm Diego Di Risio, del Observatorio Petrolero Sur.

El OPS seal que la "estatizacin parcial" del YPF cre expectativas y pensaron en la posibilidadde que sea un punto de inflexin. "El ltimo ao ha dado seales claras de que se mantiene elmodelo. La estatizacin slo busca disputar la renta, solucionar los problemas de dficit energticoy se sigue tratando como un commodity, sin cambio de concepcin con respecto a la dcada del

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noventa", afirm Di Risio.

No duda que, al igual que con la soja, se experimenta un "corrimiento de la fronterahidrocarburfera". Muestra de eso: la Organizacin Federal de los Estados Productores deHidrocarburos (Ofephi) estaba integrada por diez provincias (las de tradicin petrolera). Desde2006, todas las provincias restantes modificaron sus legislaciones para favorecer concesiones parala exploracin de hidrocarburos. "Claras zonas donde avanza la frontera es en Entre Ros, Salta yMendoza, entre otras", precis Di Risio.

La actividad petrolera sum un nuevo cuestionamiento la extraccin con la tcnica de"fractura hidrulica" (tambin llamado "fracking"). El agotamiento de las reservashidrocarburferas llev al desarrollo de tcnicas para explotar yacimiento "no convencionales", quese encuentran en una "roca madre". Es necesaria la fractura hidrulica, con grandes volmenes deagua y qumicos a presin que rompen la roca y extraen el hidrocarburo.

El fracking ya fue prohibido en Francia y Bulgaria. Y en estados de Australia, Sudfrica, Canad,Suiza y Estados Unidos. En Argentina fue prohibido, en los ltimos seis meses, en Cinco Saltos (RoNegro), San Carlos, Tupungato (Mendoza) y en las entrerrianas Concepcin del Uruguay, Coln yLos Conquistadores.

YPF present el 30 de agosto de 2012 su "Estrategia de gestin 2013-3017". En la pgina 51seala que "Argentina tiene un enorme potencial de no convencional" e identifica siete cuencas queinvolucran a 18 provincias.

La semana pasada, YPF anunci la firma de un "preacuerdo" con la estadounidense Chevron, paraexplotar la formacin Vaca Muerta (cuenca neuquina). Y avanzar tambin en la exploracin de laformacin Cacheuta (Mendoza).

La Confederacin Mapuche de Neuqun denunci que se est violando toda la legislacin indgena(provincial, nacional e internacional) que obliga al "consentimiento libre, previo e informado" de lascomunidades. La Confederacin Mapuche ya alert que resistir el nuevo avance petrolero.

Minera

La Secretara de Minera de Nacin emiti el 13 de enero de 2012 un comunicado: "Histricainversin (minera)". Inform el aumento de la exploracin en un 664 por ciento en los ltimos ochoaos. El comunicado remarc que "el rcord histrico ratifica a la Argentina como uno de los pasescon mayor dinmica en esta actividad" y explic que "el fuerte aumento de la actividad exploratoriagener la aparicin de nuevos emprendimientos, el pas ya cuenta con ms de 600, en todoconcepto". Y detall que las principales provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan,Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuqun y La Rioja.

Siempre segn datos oficiales (informe "La minera en nmeros"), en 2003 haba slo 40 proyectosmineros en estudio. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un 1500 porciento ms que en 2003.

Nunca antes la minera haba crecido tanto.

El jueves 9 de febrero de 2012, en un discurso pblico, la Presidenta hizo una puesta en escenacon un trabajador minero (que reivindic la actividad y cuestion a los ambientalistas --luego sesupo que era un militante del PJ--) y reconoci la necesidad de "una discusin en serio" respecto ala minera.

El viernes 10 de febrero, a las 3.45, la polica de Tucumn desaloj el corte de Amaicha del Valle,donde tambin se frenaba el avance de camiones de Alumbrera.

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"En estos ltimos diez aos la minera fue uno de los sectores que ms creci en Argentina, comodemuestran los proyectos de inversin en ejecucin que totalizan 614, contra los 18 que haba en2003, y una produccin de minerales que se multiplic por diez", celebra el cable de la agenciaestatal Telam del 19 de mayo pasado. El ttulo es claro: "Dcada minera. Uno de los sectores quems creci entre 2003 y 2013".

Y cita al secretario de Minera, Jorge Mayoral: "La puesta en marcha del Plan Minero Nacional(presentado en 2004) dio como resultado un nivel de crecimiento sin precedentes". Y destacque la premisa del Gobierno es "profundizar la visin de considerar a la Minera como polticade Estado".

Otro dato de importancia sectorial fue la constitucin de la Organizacin Federal de EstadosMineros (OFEMI), en 2012, con la participacin de las provincias mineras, con el fin de favorecer eldesarrollo regional generando empleos y oportunidades para pymes de servicios nacionales.Espacio gubernamental-empresario para impulsar la actividad.

La megaminera es cuestionada por medio centenar de asambleas cordilleranas que denuncian almenos cuatro puntos de la actividad: la contaminacin ambiental, el despojo de los recursosnaturales ("bienes comunes"), el cambio drstico que implica la llegada de la megaminera apueblos y pequeas ciudades, y falta de consulta sobre qu futuro desean para los lugares dondeviven. No aceptan que empresarios y polticos decidan, sin escuchar a las poblaciones, laexplotacin de yacimientos mineros.

En la ltima dcada, slo dos ciudades pudieron votar si aceptaban o rechazaban la megaminera. Esquel (2003) y Loncopu (Neuqun, 2012). En ambas gano el "no a la mina" por ms del 80 porciento de los votos. Los gobiernos provinciales han prohibido plebiscitos en Calingasta (San Juan),Andalgal y Tinogasta (Catamarca), y en Famatina y Chilecito (La Rioja).

Leyes

En la ltima dcada el Congreso Nacional, con mayora oficialista, sancion tres leyes que puedenleerse como posibles frenos al extractivismo.

En noviembre de 2006 se sancion la Ley 26.160, que frena los procesos judiciales de desalojos decomunidades indgenas. Y ordena relevar, en tres aos, todos los territorios indgenas.

El retraso del relevamiento oblig a prorrogar la ley, hasta noviembre de 2013. A casi seis aos dela sancin, hay provincias donde an no ha comenzado el relevamiento (Neuqun).

La Auditora General de la Nacin (AGN) alert en junio de 2012 que en tres aos slo se habarelevado el cuatro por ciento de las comunidades y destac que se desconocan el destino del 70por ciento de los 24 millones de pesos que se giraron a las provincias para llevar adelante elprograma. "El Programa de Relevamiento Territorial ha logrado un escaso nivel de ejecucin en susprimeros tres aos de implementacin, sobre 1470 comunidades indgenas se relevaron lascarpetas tcnicas de 62, esto es el 4,22 por ciento", denunci la AGN.

La llamada "ley de glaciares" fue sancionada dos veces. Fue aprobada por amplia mayora delCongreso el 22 de octubre de 2008. Se interpretaba, de aplicarse, como un virtual freno a laavanzada de la megaminera. Fue vetada por la Presidenta el 10 de noviembre. "El veto Barrick", labautiz el funcionario nacional, Enrique Martnez, entonces presidente del Instituto Nacional deTecnologa Industrial (INTI).

En septiembre de 2010 volvi a aprobarse. Llamada formalmente Ley 26.639 de PresupuestosMnimos para la Preservacin de Glaciares y del Ambiente Periglacial. Prohbe las actividadescontaminantes en los cuerpos de agua, hielo y sus zonas aledaas, y establece que el Inventario

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Nacional de Glaciares debe ser realizado por el Instituto Argentino de Nivologa, Glaciologa yCiencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet.

La norma fue frenada judicialmente por un medida cautelar (por una presentacin de la empresaBarrick Gold en San Juan). Recin en julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia ratific la vigenciade la ley.

La norma estableci un plazo de 180 das para la realizacin del relevamiento.

En marzo pasado, el Ianiglia difundi una gacetilla con el "primer informe del Inventario Nacionalde Glaciares". Relev "cuerpos de hielo" en seis provincias, donde "se identificaron ms de 4 milglaciares que cubren un rea superior a los 3.700 kilmetros cuadrados".

El Ianiglia present el trabajo a la Secretara de Ambiente de la Nacin. Pero nunca hizo pblico losinformes completos.

La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mnimos de Proteccin Ambiental de los Bosques Nativos (ms conocida como Ley de Bosques) se sancion el 28 de noviembre de 2007. Pero la Presidentatard catorce meses en reglamentarla. Lo hizo luego del alud que inund y destruy parte de laciudad de Tartagal, febrero de 2009, donde organizaciones sociales y acadmicos apuntaron a latala selectiva por venta de madera y por la actividad petrolera.

A cinco aos de la sancin de la norma, en febrero pasado, Greenpeace, Fundacin Ambiente yRecursos Naturales (FARN) y Vida Silvestre presentaron un informe conjunto en el que --en base adatos oficiales-- evaluaron el nivel de cumplimiento de la Ley de Bosques. "Si bien desde la sancinde la Ley el promedio de deforestacin anual disminuy casi un 20 por ciento (pas deaproximadamente 280.000 a 230.000 hectreas al ao), el mismo sigue siendo muy elevado: segndatos oficiales entre 2008 y 2011 se desmontaron 932.109 hectreas. Santiago del Estero(399.660), Salta (222.868), Formosa (113.109) y Chaco (102.592) han sido las provincias con mayordeforestacin", afirman las ONGs.

El informe, llamado "Ley de Bosques: cinco aos con pocos avances", estima que desde la sancinde la ley hasta fines de 2012 se deforestaron 1.145.044 hectreas. 229.009 hectreas por ao, 627hectreas por da. 26 hectreas por hora. Si se suman los desmontes del periodo 2004-2008(1.356.868), en los ltimos nueve aos se arrasaron 2.501.912, el equivalente a 124 veces lasuperficie de la Ciudad de Buenos Aires.

Una ley, nacida de las organizaciones campesinas, fue presentada en noviembre de 2011. Proponefrenar los desalojos rurales por cinco aos. Aunque fue presentada por legisladores oficialistas(Frente Transversal y Movimiento Evita), el proyecto no fue aprobado.

Corporaciones

"No soy la Presidenta de las corporaciones", afirm Cristina Fernndez de Kirchner el 10 dediciembre de 2011, en el discurso de reasuncin, en el Congreso Nacional.

En abril de 2009, la Presidenta recibi en Casa de Gobierno a Peter Munk, presidente de BarrickGold, la mayor multinacional minera. El encuentro se repiti en junio de 2010, en Toronto (Canad),en el marco de la cumbre del G20. El veto a la ley de glaciares y el desarrollo de Pascua Lama(proyecto binacional, con Chile, de extraccin de oro) fueron parte de las crnicas periodsticas.

El 15 de junio de 2012, en un almuerzo en el Consejo de las Amricas (espacio emblemtico delestablishment econmico estadounidense), la Presidenta anunci: "Hace unos instantes estuve conMonsanto, que nos anunciaba una inversin muy importante en materia de maz. Y adems estabanmuy contentos porque Argentina hoy est, digamos, a la vanguardia en materia de eventos

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biotecnolgicos. Aqu tengo, y esto la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa,el prospecto de Monsanto. Una inversin muy importante en Malvinas Argentinas, en Crdoba, enmateria de maz con una nueva digamos semilla de carcter transgnico".

Monsanto es la mayor corporacin del agronegocios. Domina el 27 por ciento del mercado desemillas (transgnicas y convencionales), el 86 por ciento del mercado de transgnicas y es uno delos mayores productores de agrotxicos.

Dos meses despus del anunci, en agosto, el Ministro de Agricultura aprob a Monsanto unanueva semilla de soja ("RR2 Intacta").

Como ya fue mencionado, YPF anunci un "preacuerdo" con la estadounidense Chevron. Se tratade una de las mayores compaas petroleras del mundo, fue condenada en Ecuador a pagar 19.000millones de dlares por contaminacin: 103 millones de litros de crudo derramado (650 milbarriles), 63.000 millones de litros de agua txica arrojada a ros y la contaminacin de dos millonesde hectreas donde vivan y trabajaban pueblos indgenas y campesinos.

Modelo

Horacio Machado Aroz es docente de la Universidad Nacional de Catamarca y militante delColectivo Sumaj Kawsay (parte de la Asamblea Socioambiental del NOA -Asanoa-). "Si bien enmuchos aspectos y dimensiones esta dcada pasada ha significado el avance en la restitucin yrecuperacin de derechos conculcados y/o vulnerados desde el terrorismo de estado alneoliberalismo de guerra de los '90, tambin hay que marcar en esta dcada se ha abierto tambinun nuevo ciclo de violacin a los derechos humanos", afirma Machado Aroz. Y denuncia: "Losderechos ms elementales de poblaciones fumigadas, intoxicadas a gran escala, sometidas avoladuras y a la contaminacin masiva de sus fuentes de agua, sus suelos y su atmsfera,poblaciones perseguidas y reprimidas, por policas provinciales, por la Gendarmera y por patotas yguardias para-policiales armadas desde una perversa articulacin 'pblico-privada' porterratenientes sojeros, empresarios mineros, petroleros, y caudillos polticos provincianos".

Araz, coautor del libro "15 mitos y realidades de la minera transnacional en Argentina", describeque en la ltima dcada en las provincias ha crecido el (trmino nuevo) "feu-deralismoextractivista". Explica que los "ingresos" de las actividades primario-exportadoras han contribuidomuy poco a avanzar en la democratizacin de las sociedades: "Si bien se han recuperado losniveles de empleo y se ha reducido la pobreza, tambin es cierto que ha crecido la proporcin de lapoblacin cautiva, sujeta a los mandatos de punteros polticos que manejan la administracinarbitraria de polticas y recursos asistencialistas".

Resume al extractivismo como la "combinacin de la depredacin de los ecosistemas, ladegradacin de las condiciones de salud, y el deterioro y vulneracin de derechos y las condicionesde una democracia sustantiva".

Pueblos originarios

En mayo de 2010, una histrica marcha de pueblos indgenas lleg hasta Plaza de Mayo, en elmarco de las celebraciones del "Bicentenario". Haban marchado durante una semana en trescolumnas (NOA, NEA y Patagonia). Y fueron recibidos por la Presidenta. Hubo promesas de nuevasleyes, entrega de radios comunitarias y fotos protocolares, pero no hubo respuesta sobre laprincipal demanda de los pueblos indgenas: el territorio.

Un ao despus, se conoci el audio de esa histrica reunin. La Presidenta advirti que priorizarla actividad petrolera por sobre las comunidades y les pidi ser "inteligentes" para aceptar losavances de la modernidad.

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Fue la confirmacin de que el modelo extractivo (ejemplificado con el petrleo) iba a tenerprioridad por sobre territorio indgena. El discurso de la Presidenta dur 14 minutos y 57 segundos.Llam en nueve oportunidades a ser "inteligentes" para negociar y aceptar los cambios. Tambinllam a ser "realistas" y "sensatos".

Cuando la reunin terminaba, de imprevisto, tom la palabra Paz Argentina Quiroga, Amta (guaespiritual) del Pueblo Nacin Warpe de San Juan. "Le pido que tenga una reflexin en relacin aestas cuestiones porque no es slo un problema de discriminacin, es una deuda histrica que elpas de los argentinos que va a cumplir 200 aos todava tiene (...) Soy capaz de decirle en la caray mirndola a los ojos, voy a decirle a usted, tenemos mucha inteligencia. No se trata slo deorganizarse y ser inteligente cuando tenemos un territorio avasallado por las trasnacionales",contest la referente warpe y, frente a la misma Presidenta, le aclar: "somos un pueblo espiritual yde resistencia. Hemos resistido pero tambin necesitamos de un estado nacional y provincial queejecute las leyes".

A tres aos de aquel hecho histrico, la gua espiritual evala los diez aos de gobiernokirchnerista: "Esta dcada unos la dan por 'ganada' y otros por 'perdida'. Para los pueblos indgenases una dcada ensangrentada, llena de dolor, desalojos y judicializacin. Este Gobierno no cesa consus planes extractivistas, una muestra es que entrega la cordillera a las multinacionales mineras.Pero estamos de pie y seguiremos en lucha".

Un captulo aparte debiera escribirse sobre la lucha de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh(La Primavera) de Formosa. La sistemtica violencia del gobierno de Gildo Insfrn es un smbolo depadecer de los pueblos originarios de Argentina y de la impunidad de los gobiernos feudales.

Represin

El 9 de febrero de 2012, un centenar de efectivos reprimi violentamente en Tinogasta(Catamarca) a hombres, mujeres y nios que cortaban el paso a los camiones de Minera Alumbrera,smbolo de la megaminera en Argentina. Hubo balazos de goma en rostros, patadas a mujeres,gases lacrimgenos para todos.

La Unin de Asambleas Ciudadanas (UAC, que rene a asambleas de todo el pas) declar elestado de altera y movilizacin. "La respuesta de los gobiernos cmplices de las transnacionales hasido la represin (...) Las amenazas y los maltratos hacia las resistencias populares a la brutalmegaminera no finalizan (...) La brutalidad y las amenazas provenientes del Estado nacional y losestados provinciales, no cesa. Las empresas mineras pretenden avanzar sin ms, imponiendo supoltica de ganancias y destruccin".

En julio pasado, en Cerro Negro (cruce de rutas 40 y 60), la polica de Catamarca y grupos dechoque reprimieron a asamblestas que rechazan la megaminera y bloqueaban el paso decamiones de Minera Alumbrera. En un hecho inslito en democracia, 56 militantes fueron forzadospor la polica a dejar la provincia.

En noviembre pasado fue el turno de Rawson, donde patotas promineras, de la Uocra y punterospolticos golpearon con cadenas y palos a asamblestas en la puerta de Legislatura.

El sbado 11 de mayo pasado reprimieron a asamblestas de Famatina (La Rioja), que resiste elavance de la megaminera. El mircoles 22 de mayo, la polica de Chaco reprimi un corte de rutaen Castelli (realizado por comunidades qom y organizaciones sociales que reclamaban por la formade distribucin de planes sociales). Ayer noms, 24 de mayo, fue el turno de comunidadesTonocot en Santiago del Estero.

Slo un puado de las decenas de represiones de los ltimos aos.

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Y la judicializacin tambin est presente. Solo en el NOA hay 150 activistas socioambientalesjudicializados. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indgenas contabiliz 347integrantes del Pueblo Mapuche judicializados en Neuqun por defender el territorio. El MovimientoCampesino de Santiago del Estero (Mocase-VC) precisa que 500 campesinos enfrentan causasjudiciales por resistir los desalojos.

En los ltimos aos cinco aos se sucedieron asesinatos y muertes dudosas (catalogados como"accidentes" por la polica pero denunciadas como asesinatos por las organizaciones sociales).Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tucumn), Sandra Jurez (marzo de 2012, Santiagodel Estero), Roberto Lpez (noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario Lpez (noviembre de2010, pilag de Formosa), Mrtires Lpez (junio de 2011, de Chaco), Cristian Ferreyra (noviembrede 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galvn (octubre de 2012, lule-vilela de Santiago delEstero), Celestina Jara y Lila Coyip --beba de 10 meses-- (ambas qom de La Primavera, Formosa),Imer Flores (enero de 2013, qom de Chaco), Juan Daniel Daz Asijak (enero de 2013, qom de LaPrimavera), Florentn Daz (22 de mayo, qom de Chaco).

Tanto la violencia contra asambleas socioambientales como los asesinatos de campesinos eindgenas tienen un denominador comn: el silencio de la Presidenta.

Fuente: http://www.comambiental.com.ar/2013/05/la-decada-extractiva.html

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