Sectores Sociales Populares para la Paz en Colombia

GRUPO DE PAZ DE PLANETA PAZ IV DECLARACIÓN PÚBLICA

Sin justicia, verdad y reparación no habrá paz ni reconciliación en Colombia

Las organizaciones sociales y populares, y las personas que suscribimos esta cuarta dec larac ión pública, como víctimas de la v iolenc ia social y política, y voceras de miles de hombres, mujeres, niñas y niños afec tados y afectadas por el conflicto social y armado colombiano, consideramos necesar io ratificar los pr inc ipios que deben inspirara cualquier Ley de Verdad, Justicia y Reparación, y dejar una constancia histórica sobre la actitud del Gobierno Colombiano frente a la negociación con los grupos paramilitares . En febrero de 2004, el Gobierno de Á lvaro Ur ibe Vélez presentó ante el Congreso de la República un Proyecto de Alternativi dad Penal, que, como lo dijimos en esa ocas ión, no contr ibuía ni a la paz, ni a la reconciliación de los colombianos. Por el contrar io, buscaba la reinserc ión de los paramilitares en la vida social, política e instituc ional del país, por el camino del perdón, el olvido y la impunidad. Los mecanismos de suspensión prov isional de las penas y las penas alternativas compensatorias, comprendidos en el proyecto, permitían que quienes hubieran cometido delitos atroces y de lesa humanidad quedarán en libertad, cumpliendo condiciones irrisorias con respecto a su inmensa responsabilidad frente a las víctimas y al país ; además, el proyecto no garantizaba ni la verdad histórica ni la judicial y, mucho menos, la reparac ión moral, material y simbólica de las víc timas. Ante las cr íticas provenientes de las organizaciones de v íctimas, los organismos de derechos humanos, la comunidad internacional y de algunos parlamentar ios , a finales de abr il del mismo año, el Gobierno le presentó al Congreso de la República un pliego de modificaciones al proyecto de Ley de Alternati vidad Penal que, como resaltamos en la segunda declaración pública, avanzó en el reconocimiento formal de los pr incipios de verdad, jus ticia y reparación, pero no en los mecanismos efectivos para garantizar los. La sombra del perdón, el olv ido y la impunidad siguió cubr iendo la propuesta gubernamental. En los meses siguientes , la falta de voluntad del Gobierno para superar los límites éticos y políticos del primer proyecto, llevó a los Representantes a la Cámara Wilson Borja, Gina Parodi y Luis Fernando Velasco, y al Senador Rafael Pardo a elaborar una propuesta alternativa. El nuevo proyecto fue presentado al Gobierno en diciembre de 2004 y su contenido buscaba garantizar los pr incipios básicos de verdad, justicia y reparación, aunque no lo lograba con plenitud. Como lo pusimos de presente en la tercera dec laración pública, la actitud displicente del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez frente a es ta propuesta, demostró de nuevo su falta de voluntad política para adelantar un proceso de negoc iac ión transparente y verificable con los paramilitares, tendiente a desmontar definitivamente el paramilitarismo en Colombia, con sus redes de apoyo, financ iac ión y legitimac ión.

Las pr imeras semanas de 2005 estuvieron marcadas por la profunda incoherencia del Gobierno en este tema, intencional o involuntar ia, y por la presentación de proyectos contradictorios de su autor ía, de acuerdo con los diversos escenar ios políticos: el Minis tro del Inter ior preparó uno para la Comunidad Internacional, el Comisionado de Paz otro, con el respaldo del Representante Benedetti, para cumplir con los acuerdos con los paramilitares, y finalmente el Vicepresidente Franc isco Santos dio unas declaraciones en las que volvió a izar las banderas de la impunidad y el olvido, a nombre de la reconc iliac ión nac ional. Mientras tanto, los intentos de la Senadora Piedad Córdoba por recoger en un nuevo proyecto las propuestas de algunas organizaciones de Derecho Hu manos, contrastaron con la fer ia de propuestas parlamentar ias en la misma dirección del gobierno que llegaron hasta la presentación de proyectos que pretenden favorecer la incorporac ión explíc ita de los narcotraficantes en el proceso de negoc iación con los paramilitares. Es ta actitud errática del Gobierno terminó, como era de esperarse, con la amenaza de los paramilitares de abandonar la mesa de negoc iac iones si no les garantizaban el perdón, el olv ido y la impunidad. La confusión generada en la opinión pública ha refundido los princ ipios de verdad, justic ia y reparac ión, y el sentido de cualquier proyecto de ley, en medio de discusiones jur ídicas y políticas de menor importancia o en proc lamas vagas sobre la paz y la reconc iliación de los colombianos, fundamentadas en “sentimientos generosos” de perdón y olv ido” . En esta cuarta dec larac ión pública pretendemos reafirmar los principios que han inspirado las anteriores, como una constanc ia his tórica que pueda ser considerada en un futuro por la justic ia internac ional:

1. La negociación con los paramilitares debe estar orientada al desmonte definitivo del paramilitarismo en Colombia, con sus redes de apoyo, financiación y legitimación.

2. En la búsqueda de ese objetivo, la negociación debe tener como referente externo un diálogo permanente entre el Estado y la sociedad, ser transparente y verificable en su agenda y en cada una de sus etapas, y garantizar la prote cción de los derechos de las víctim as y el cum plimiento de los acuerdos suscritos. Por tal razón, debe estar inspirada en el establecim iento efectivo de la verdad, la consecución de la justicia y la reparación moral, m aterial y simbólica de las personas, organizaciones y com unidades que han sufrido las consecuencias de las acciones paramilitares.

3. El derecho a la verdad debe ser integral y buscar tanto la verdad judicial com o la histórica; por consiguiente, la confesión plena de todos los delitos por parte de sus responsables y la conform ación de una Com isión de la Verdad y el Esclarecim iento Histórico, que perm ita establecer im parcialmente las respons abilidades de los actores sociales, económ icos, políticos o estatales que contribuyeron a la formación y desarrollo del paramilitarismo en Colombia, constituyen requisitos mínimos para que se pueda establecer la verdad com o requisito previo para la justicia y la reparación.

4. El derecho a la justicia e xige que el Tribunal que juzgue a los paramilitares sea autónomo con respecto a cualquier actor que pueda tener responsabilidad histórica en la conformación y el desarrollo de dichos grupos. Para evitar la impunidad moral de los paramilitares, cualquier beneficio judicial debe estar antecedido por una sentencia que establezca las sanciones respectivas, sin que se puedan contemplar mecanism os jurídicos como la resolución inhibitoria o la cesación del procedimiento que impidan llegar hasta la sentencia judicial. Par a los delitos atroces o los crím enes de lesa humanidad, los beneficios judiciales otorgados no deben reducir la pena privat iva de la libertad a menos de la mitad de su duración y durante ese lapso no se puede permitir el ejercicio de cargos públicos o de los derechos políticos. Para evitar la institucionalización del par amilitarism o, en ningún momento sus miem bros o los responsables de su formación y desarrollo deben ingresar o permanecer en la fuerza pública.

5. El derecho a la reparación exige que esta sea integral (material, simbólica y moral) y que contemple a las víct imas y sus familiares, las organizaciones sociales y polít icas, y la sociedad. El Fondo para las Reparaciones, compuesto por los bienes que están obligados a devolver los param ilitares, debe estar garantizado por el presupuesto nacional. En todo el proceso de verdad, justicia y reparación, las víctim as, o las organizaciones que las representen autónomamente, deben llevar su propia vocería y defender sus propios intereses, sin que puedan ser representadas por otros organismos, gubernamentales o no gubernamentales.

Volvemos a ratificar que queremos un país en el que las v iolaciones de nuestros derechos no se vuelvan a repetir y una paz sostenible con justic ia social que no se fundamente en la amnes ia colectiva o en el perdón indiscr iminado. Sólo as í tendremos la certeza de que no volveremos a sufrir jamás la exper ienc ia trágica de las v iolencias sociales y políticas internas que han azotado por más de un siglo a la sociedad colombiana. Bogotá, marzo de 2005 Grupo de Paz de Planeta Paz