8/9/2019 Declaracion Pblica sobre Presos Polticos Mapuche ACCION

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Declaracin Pblica

La huelga de hambre de los presos mapuchey el doble discurso del gobierno

Una veintena de presos mapuche recluidos en diversos centros carcelariosde la regin del Bo Bo y la Araucana han iniciado en los ltimos das una huelgade hambre. Entre las demandas que plantean al Estado se encuentran el trminode la aplicacin de la ley antiterrorista en causas que les involucran, el fin alprocesamiento de algunos de ellos por la justicia militar, un juicio justo y ladesmilitarizacin de las zonas mapuche en que las comunidades reivindicanderechos humanos polticos y territoriales.

La prensa oficialista, y aquella vinculada al empresariado, como es yahabitual, poco o nada ha informado de esta huelga. Menos an de su trasfondopoltico y social. Por ello es necesario entregar algunos antecedentes quepermitan entender y contextualizar la accin iniciada por los presos.

En la actualidad, existen en el pas un total de 58 personas mapuche orelacionadas con el pueblo mapuche procesadas o condenadas por la leyantiterrorista por hechos de protesta social vinculados a la reivindicacin dederechos por tierras o de derechos polticos. De ellas cinco se encuentrancondenadas y 42 en prisin preventiva en diversos centros carcelarios del pas, en

tanto que 11 se encuentran cumpliendo medidas cautelares en libertad. Entre losdelitos que se les imputan, o por los cuales cumplen condena, estn los deincendio terrorista, homicidio frustrado y lesiones con carcter terrorista,amenazas terroristas, y el de asociacin ilcita terrorista.

Cabe sealar, en primer trmino, que la ley antiterrorista, aprobada bajo elrgimen militar, ha sido aplicada ya por cerca de una dcada en forma casiexclusiva a los mapuche frente a hechos de protesta social que les involucran.

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Aunque en algunas ocasiones estos hechos de protesta social puedan serconstitutivos de delitos, entidades nacionales e internacionales de derechoshumanos han cuestionado la aplicacin de dicha ley a estos casos, toda vez queen ella se establecen tipos penales muy amplios que posibilitan su aplicacinarbitraria a hechos que nada tiene que ver con terrorismo, y que bien pueden ser

juzgados y sancionados por la legislacin penal ordinaria.

La aplicacin de esta legislacin a los mapuche ha sido cuestionada,adems, por cuanto ella no garantiza adecuadamente el debido proceso al permitirla mantencin del secreto de la investigacin por largos perodos, al admitir laproteccin de los testigos, dando lugar a la existencia de testigos sin rostro en losprocesos que se siguen en base a ella, al posibilitar la intercepcin de lascomunicaciones del imputado, y al impedir la aplicacin de medidas cautelaresdistintas de la prisin preventiva. Tambin ha sido cuestionada por establecer unaelevada penalidad, la que duplica en varios casos a aquella establecida en lalegislacin ordinaria.

Por lo mismo, esta realidad ha sido representada por el Comit de DerechosHumanos de la ONU (2007), y ms recientemente (2009), por el Consejo deDerechos Humanos, el Comit contra la Tortura, el Comit para la Eliminacin de laDiscriminacin Racial y el Relator Especial de derechos Indgenas, James Anaya,todos ellos rganos de la ONU, los que han instado al Estado chileno a revisar laaplicacin de esta legislacin especial a los mapuche por hechos de protesta social,y a reformarla de modo de eliminar los tipos penales abiertos que ella contiene quehacen posible su aplicacin arbitraria.

Otro hecho que ha sido cuestionado desde la perspectiva de los derechos

humanos es la intervencin de la justicia militar en algunos de los procesos que sesiguen en contra de los mapuche por hechos de protesta social. Dicha justicia,

como sabemos, carece de la imparcialidad necesaria para juzgar delitos en que

intervienen civiles, ya sea como ofendidos o como ofensores. En el caso del

pueblo mapuche, la impunidad en que se encuentran los homicidios de Alex

Lemun, Matas Catrileo y Jaime Mendoza Collio, todos ellos cometidos por

efectivos policiales y conocidos por la justicia militar, son un claro ejemplo de ello.

La necesidad de que el Estado chileno reforme el Cdigo de Justicia Militar,

limitando la jurisdiccin de los tribunales militares al enjuiciamiento de personal

militar acusado de delitos de carcter militar, ha sido representada al Estado chilenono solo por las instancias de la ONU antes referidas, sino adems por la Corte

Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia en el caso Palamara Ibarne

v. Chile (2005). Lamentablemente a la fecha, dicha reforma sigue sin materializarse.

Por ltimo, otro hecho que tambin ha concitado la preocupacin de lacomunidad internacional, ha sido la militarizacin de las comunidades mapucheinvolucradas en conflictos de tierras. Dicha militarizacin, que se manifiesta en la

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presencia permanente de efectivos policiales en comunidades, y en el usodesproporcionado de la fuerza en contra de sus integrantes, ha generado gravesimpactos psicosociales en ellas, los que han sido reconocidos por instituciones delpropio Estado. Recordemos que el ao pasado la UNICEF manifest supreocupacin por los impactos adversos que generaron la presencia masiva de las

policas, as como su actuar abusivo, en nios y nias de diversas comunidadesde la Araucana, entre ellas Temucuicui y Rofue.

Como sabemos, la huelga de hambre iniciada das atrs no es la primeraque desarrollan presos mapuche para denunciar el trato discriminatorio quereciben de parte del Estado chileno. Sin embargo, es la primera que serenfrentada por el gobierno de Piera. Lamentablemente, los mensajes que laautoridad gubernamental ha dado en la materia, no son muy auspiciosos. Pocosdas antes del inicio de la huelga el propio presidente anunci el endurecimientode la poltica de seguridad pblica. Entre las propuestas realizadas por elgobierno para estos efectos, se incluye la reforma a la ley antiterrorista hasta

ahora aplicada a los mapuche, no precisamente para adecuarla a los estndaresinternacionales de derechos humanos antes referidos, sino para agravar las penaspor los delitos que considera y para establecer garantas, incluyendo la exencinde responsabilidad penal, a favor de quienes colaboren en su desactivacin. Losanuncios de Piera desoyen claramente las recomendaciones de Naciones Unidasen la materia, dejando en evidencia que su compromiso con los derechoshumanos no pasa de ser meramente discursivo.

El inicio de la huelga de hambre, adems, coincide con la liberacin depresos polticos en Cuba, hecho por cierto valorable, que ha sido celebrado pordiversos personeros de gobierno y de oposicin, por constituir una sealalentadora de parte del gobierno cubano en favor de los derechos humanos en laisla.

Curiosamente en Chile, quienes aplauden esta medida mantienen hastaahora silencio respecto a la situacin de los mapuche encarcelados por laaplicacin de legislacin antiterrorista, quienes bien pueden considerarse comopresos polticos. Ello en la medida en que la aplicacin en su contra de esta ley,responde claramente a una opcin poltica del Ministerio Publico, o de la autoridadgubernamental, para perseguir su responsabilidad en hechos que, si bien enocasiones pueden ser delictivos, claramente pueden ser investigados ysancionados en base a la legislacin ordinaria existente en el pas.

Es por ello que llamamos a las autoridades a considerar y a acoger lasdemandas de los presos mapuche que en estos das inician esta huelga dehambre, en particular poniendo trmino a la aplicacin de esta ley en su contra,as como a la militarizacin de las comunidades mapuche involucradas enprocesos de reivindicacin de derechos humanos. Llamamos tambin al gobiernoy al poder legislativo a adoptar a la brevedad las reformas legislativas propuestaspor los rganos de Naciones Unidas, en particular, la reforma de la ley antiterrorista y del Cdigo de Justicia Militar. Ello, para adecuarlas a la normativa

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internacional de los derechos humanos, garantizando el derecho al debidoproceso y la realizacin de justicia en las causas que involucran a los mapuche,as como en general, a la poblacin civil.

Finalmente, llamamos a los diversos actores polticos en Chile, incluyendo

al gobierno y a la oposicin, a tener mayor coherencia en su actuacin, aplicandoen este caso en el mbito interno, el mismo razonamiento esgrimidorecientemente en favor de la liberacin de los presos polticos en Cuba, e instandoa la revisin y al trmino de las situaciones de procesamiento y prisin arbitrariaque afectan a ms de medio centenar de personas mapuche en el pas.