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Revista de Prensa Del 28/05/2018 al 29/05/2018
M A RC E R E D O N D O
M A D R I D
Qué hacer con los residuos
y cómo gestionarlos en el
tiempo. El principal proble-
ma de las centrales nuclea-
res sigue sin resolverse. El
Plan General de Residuos
Radiactivos (PGRR), de
2006, que contemplaba
que en 2010 existiría un
Almacén Temporal Centra-
lizado (ATC), obviamente
no se ha cumplido: estamos
en 2018, el último PGRR es
papel mojado, aún no han
comenzado las obras del
ATC y la justicia mantiene
el bloqueo del plan urba-
nístico que contempla la
construcción del almacén
nuclear en Villar de Cañas
(Cuenca), localidad elegida
para esta instalación, que
ya lleva varios años de re-
traso y que aún no cuenta
con una declaración de im-
pacto ambiental.
La solución provisio-
nal que ha encontrado
Enresa, empresa pública
encargada de la gestión de
los residuos radiactivos, es
la creación de un almacén
temporal individualizado
(ATI) en los terrenos con-
tiguos a las centrales, que
todas están construyendo
o tienen planes de hacerlo.
No obstante, desde la em-
presa pública señalan que
“según las previsiones ac-
tuales se espera que el ATC
esté disponible en 2024 y
que el Almacén de Espera
de Contenedores (AEC)
pueda entrar en operación
en el año 2021”.
A la espera de un nue-
vo plan de residuos que
actualice las previsiones
del publicado en 2006, la
industria nuclear tiene dos
problemas que afrontar,
según Francisco Castejón,
de Ecologistas en Acción:
“El primero es que El Ca-
bril (Córdoba), el único ce-
menterio nuclear de baja y
media intensidad que hay
en España, está ya casi al
80% de su capacidad, no
queda espacio para acoger
los residuos del desman-
telamiento del parque
nuclear actual. El séptimo
plan tendría que aclarar
qué se va a hacer con El
Cabril, y no hay que olvidar
que ya hay un movimiento
de contestación en la zona
en contra de la ampliación”.
En España se han desman-
telado dos centrales, Zori-
ta y Vandellós I, y quedan
Garoña, que está parada,
y siete grandes reactores
funcionando que siguen
produciendo residuos y
que habrá que proceder
a su desguace llegado el
momento.
El otro gran problema
es que el ATC de Villar
de Cañas está paralizado.
“El Consejo de Seguridad
Nuclear está apretando el
acelerador para tener los
permisos listos antes del
verano. Pero no solamente
depende del consejo, sino
también de un estudio de
impacto ambiental positi-
vo, que no existe todavía
porque el Ministerio de
Medio Ambiente no lo ha
emitido, y del Plan de Or-
denación Municipal, que el
alcalde de la localidad pre-
sentó pero que la Junta de
Castilla-La Mancha no ha
aprobado”, añade Castejón.
Por otra parte, el co-
mité de expertos para la
El eterno problema de la gestión de los residuos de las nucleares
La solución provisional es un depósito temporal individualizado
Las obras del almacén nuclear de Villar de Cañas siguen bloqueadas
GETTY IMAGES
Atómica
transición energética ha
señalado que la tasa sobre
la generación eléctrica de
las centrales destinada a
su desmantelamiento y a
gestionar los residuos es
insuficiente.
El plan de residuos de
2006 cifraba en 17.000 mi-
llones de euros la cantidad
necesaria hasta 2080 para
gestionar tanto los residuos
como el desguace de las
centrales.
Aportaciones
Actualmente, los fondos
de Enresa, que hasta 2005
eran financiados por los
consumidores en la factu-
ra de la luz y que, a partir
de ese año, el Gobierno de
Rodríguez Zapatero deci-
dió cobrar a las empresas a
través de tasas, asciende a
unos 4.500 millones de eu-
ros. Una parte va destinada
al desmantelamiento de las
plantas y otra al tratamien-
to de los residuos radiacti-
vos (de baja, media y alta
intensidad). En este senti-
do, Enresa subraya que el
sistema de financiación, en
cumplimiento del principio
básico de quien contamina
paga, prevé que durante la
vida operativa de las cen-
trales nucleares se recau-
den los fondos necesarios
para atender la gestión de
los residuos radiactivos y
el desmantelamiento de las
instalaciones.
“Efectivamente, como
ya reconoció el Tribunal de
Cuentas en enero de 2015,
los recursos acumulados
en el fondo son inferiores
a la proyección futura de
los costes, en unos 1.500
millones de euros a la fe-
cha del informe. Para reme-
diarlo proponía revisar las
dos tasas que recaen sobre
las empresas titulares de
las centrales nucleares, en
función de las necesidades
de financiación futura”, su-
braya Enresa.
La compañía no hace
valoraciones sobre la pro-
puesta del Gobierno de
transferir a las eléctricas la
obligación de llevar a cabo
el desmantelamiento de
las plantas, que aún está
sobre la mesa, aunque todo
parece indicar que no tiene
visos de prosperar.
4.500millones de euros es el
fondo de Enresa aportado
por las empresas para la
gestión de los residuos.
2024es el año en que Enresa
prevé que esté disponi-
ble el Almacén Temporal
Centralizado (ATC).
17.000millones de euros es la
cantidad estimada para
gestionar tanto los resi-
duos como el desguace
hasta 2080.
29/05/2018Tirada:Difusión:Audiencia:
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Económicos Entorno 16
AREA (cm2): --- OCUPACIÓN: ---% V.PUB.: 8679€ ENERGIA NUCLEAR
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28/05/2018 EUROPA_PRESS
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MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Iberdrola Generación Nuclear, la filial que agrupa los intereses nucleares del
grupo energético, registró unas pérdidas de 110,87 millones de euros en el
ejercicio 2017, con lo que acumula unos 'números rojos' de casi 1.200 millones
de euros desde 2013.
El año pasado, la filial nuclear de Iberdrola recortó más de un 64% sus
pérdidas respecto a los 'números rojos' de 309,3 millones de euros de 2016,
aunque encadenó su quinto ejercicio consecutivo en negativo.
Desde su constitución a finales de 2012, Iberdrola Generación Nuclear ha
acumulado año tras año pérdidas, hasta llegar a esos casi 1.200 millones de
euros. Así, en 2013 la compañía perdió 232,6 millones de euros, en 2014 los
'números rojos' fueron de 311,39 millones de euros, en 2015 de 221,78
millones de euros y en 2016 y 2017 de 309,3 millones de euros y 110,87
millones de euros, respectivamente.
En el documento remitido al Registro Mercantil, facilitado a Europa Press por
Infoempresa, Iberdrola Generación Nuclear señala que los resultados
negativos de los dos últimos años se han debido, principalmente, a que el
descenso de los precios de mercado en esos ejercicios ha hecho "imposible
absorber la carga fiscal que soporta la actividad de generación nuclear que
realiza la sociedad, que se vio incrementada significativamente desde el
ejercicio 2013 con la entrada en vigor de la Ley 15/2012 respecto a la que
soportaba en ejercicios anteriores".
Según las cuentas correspondientes a 2017, la filial alcanzó unos ingresos de
1.209,25 millones de euros el pasado ejercicio, un 27% más que en 2016.
Iberdrola acumula casi 1.200millones de pérdidas en su negocionuclear en los últimos cinco años
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461 MILLONES AL PAGO DE IMPUESTOS Y TASAS.
De esta cifra, el 39% se destinó por la sociedad al pago de impuestos y tasas,
que representaron 461 millones de euros. De este importe, 165 millones de
euros correspondieron a la tasa Enresa -la compañía pública que gestiona
residuos nucleares-, 129 millones de euros al impuesto sobre residuos, 84
millones al impuesto sobre producción y 56 millones de euros a ecotasas.
Iberdrola Generación Nuclear agrupa las participaciones del grupo en las
centrales nucleares de Almaraz I y II (52,7%), Trillo (48%), Vandellós (28%) y
Ascó II (15%).
La producción de la sociedad en el ejercicio 2017 ascendió a 23.190
gigavatios hora (GWh), un 4,7% inferior a la del año anterior, como
consecuencia del mayor número de paradas por recarga de combustible en el
ejercicio.
Las principales inversiones durante 2017 ascendieron a 98,6 millones, de los
que se destinaron 49,85 millones a recargas de combustibles de los distintos
grupos según el calendario de paradas programadas.
Iberdrola ha defendido la necesidad de mantener la generación nuclear en el
'mix' energético y alargar la vida útil de estas centrales, aunque bajo un marco
que garantice su viabilidad económica.
VIDA UTIL, MINIMO HASTA LOS 40 AÑOS.
En el documento de las cuentas de 2017 de Iberdrola Generación Nuclear, la
compañía energética señala la "fuente de incertidumbre" respecto al efecto
contable en lo que se refiere a la explotación de las centrales.
No obstante, considera que, teniendo en cuenta la legislación vigente, así
como la política de inversiones y mantenimiento llevada a cabo en las
nucleares, los permisos de explotación serán renovados "como mínimo hasta
que alcancen los 40 años, procediendo a amortizarlas contablemente en dicho
periodo".
El pasado mes de abril, el presidente de la energética, Ignacio Sánchez Galán,
avaló la recomendación del informe de la Comisión de Expertos par la
Transición Energética de que para lograr los objetivos de emisiones será
necesario utilizar energía nuclear, aunque subrayó que "con una situación
adecuada".
En una conferencia con analistas para presentar los resultados trimestrales del
grupo, Galán insistió en que serán necesarias "enormes inversiones" para
prolongar la vida operativa de las centrales nucleares, "por lo que debe haber
una remuneración adecuada".
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Stop Uranio destaca que la CE continúa lainvestigación sobre la mina y planta deRetortillo (Salamanca)Stop Uranio ha informado este lunes de que la Comisión Europea ha explicado, en respuesta ala petición que formuló la asociación el año pasado, de que continúa la investigación sobre lamina y la planta de uranio de Retortillo (Salamanca).
28/5/2018 - 20:29
SALAMANCA, 28 (EUROPA PRESS)
Stop Uranio ha informado este lunes de que la Comisión Europea ha explicado, en respuesta a la peticiónque formuló la asociación el año pasado, de que continúa la investigación sobre la mina y la planta deuranio de Retortillo (Salamanca).
Según han informado fuentes de Stop Uranio, la Comisión considera que el proyecto "es susceptible deafectar de forma significativa a la zona especial de conservación (ZEC) Riberas de los ríos Huebra, Yeltes,Uces y afluentes (ES4150064) y la zona de especial protección para las aves (ZEPA) Riberas de los ríosHuebra y Yeltes".
En el comunicado, recuerdan que la Junta de Castilla y León emitió una Declaración de Impacto Ambientalfavorable de la que la Comisión "duda", pues señala que "parece que el proyecto en cuestión ha sidosometido a una evaluación de impacto ambiental que concluyó en septiembre de 2013".
La DIA, han añadido, fue aprobada en septiembre de 2013, pero "cualquier experto que la ha examinado enprofundidad ha llegado a la misma conclusión que las científicas de la Universidad de Castilla-La Mancha querealizaron un estudio encargado por WWF" en el sentido de que "la Declaración de Impacto Ambiental nodisipa las dudas científicas razonables sobre los efectos del proyecto en especies como la Sarda salmantinao el Sapillo pintojo ibérico, y presenta lagunas y conclusiones imprecisas".
Stop Uranio ha recalcado que los riesgos para el lugar y para ciertas especies de interés comunitario depeces, anfibios y reptiles son "evidentes y muy altos, y se ponen de manifiesto contradicciones y erroresrealizados en la evaluación de impactos y declaración de impacto ambiental".
Donde, según la asociación, no tiene dudas la Comisión es en que "el proceso evaluación ambiental en loreferente al análisis de la contaminación radiactiva no ha finalizado, por lo que todavía se requieren otrosinformes del CSN sobre protección radiológica antes de la concesión administrativa del permiso".
Por ello, han advertido de que, "a pesar de las dudas que genera este proyecto la empresa Berkeley, quesigue anunciando la inminente apertura de la mina de uranio de Retortillo para lo que necesita obtenerdinero", los potenciales clientes "deben saber que sus inversiones no están garantizadas, al igual queninguna autoridad o administración competente puede afirmar que las autorizaciones pendientes de obtenerpara abrir el proyecto de Retortillo van a ser otorgadas en este año o el que viene".
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La semana pasada, la Unión Internacional de Ciencias Geológicas nombró a la
española Lola Pereira (Salamanca, 1963) presidenta de su Comité de
Pubicaciones. Será la primera mujer en ocupar ese cargo en los 57 años de
historia de la institución. Desde su cargo podrá impulsar el conocimiento de la
geología a nivel mundial, una labor que considera fundamental, porque la geología
“es parte de nuestra vida diaria”. Por ese motivo está preocupada por la falta de
nuevos estudiantes en las universidades y en particular en la suya, la de
Salamanca. “Cada vez son menos y eso significa que algo estamos haciendo mal,
porque los humanos somos curiosos y cada vez que hay un terremoto o se
produce la erupción de un volcán tenemos interés por saber qué está pasando”,
explica. “Sin embargo, no hay nuevos estudiantes de geología y en España
estamos viendo que las principales empresas de minería, por ejemplo, son de
Australia y muchos de sus empleados vienen también de fuera”, añade.
En una sala del Museo Geológico Minero de Madrid, entre fósiles de hace 500
millones de años, explica cómo las dificultades para explicar al público lo que
hacen los geólogos tiene consecuencias prácticas “En Salamanca hay una
empresa australiana con todos los permisos concedidos para explotar una mina
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LOLA PEREIRA | GEÓLOGA
“A la gente le hablan de uranio y cree que si abren unamina todo el mundo va a tener un cáncer”La profesora de la Universidad de Salamanca será la primera presidenta del comité de publicaciones dela Unión Internacional de Ciencias Geológicas en su historia
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Cuando se tieneinformación, se descartauno de los problemasmás graves, que es elmiedo a no saber
A mí me parece unabarbaridad lo del Castor,como lo del frackingdentro de la península,donde se han hechocosas sin informar a lagente
de uranio con recursos importantes, pero no puede hacerlo porque tiene un
enfrentamiento con parte de la sociedad. “A la gente le hablan de uranio y cree
que si abren una mina todo el mundo va a tener un cáncer y se va a morir, cuando
el uranio está ahí desde siempre. Lo que hace falta es mejorar la comunicación y
explicarles por qué es importante la minería”, asegura.
Pregunta. ¿El caso del almacén de gas del proyecto Castor, que provocó
pequeños terremotos en la zona de Castellón, fue un caso que se podría haber
evitado con mejor comunicación?
Respuesta. Fue todo. En primer lugar,
la gente no sabía. Imagina que estás en
una zona estable, que no tiene
problemas de movimientos sísmicos, y
de repente, sin que sea algo
catastrófico, empiezas a notar que tu
casa vibra y te empiezas a enterar de
que a lo mejor puede ser por unos
trabajos que están realizando en el mar. Entonces la gente se pregunta por qué no
sabe. Porque, si la gente sabe, aunque tengan la capacidad luego de protestar o
debatir, es diferente. Cuando se tiene información, se descarta uno de los
problemas más graves, que es el miedo a no saber.
Pero el proyecto Castor tuvo problemas de todo tipo. A mí me parece una
barbaridad lo del Castor, como lo del fracking dentro de la península, donde
también se han hecho cosas sin informar a la gente. Y con tantísimo dinero
público
P. ¿Pero además de no informar, también hay problemas de planificación?
R. Está claro que tiene ciertos riesgos, porque en el momento que tocas un
sustrato y mucho más dentro del mar, que no se conoce tanto, igual el terreno no
va a responder como tú piensas que va a hacerlo. Si no has dado la información,
no hay buenos estudios y no has seguido los consejos de los profesionales, se te
va a caer el proyecto por todos los sitios. A los de ACS les da igual, porque como
les van a devolver el dinero, pero para los demás es un problema.
P. ¿Hay nuevos recursos minerales que estén despertando interés?
R. Hay muchos recursos que se
estaban trayendo de otros países y
ahora estamos viendo que también los
podemos encontrar aquí. La ventaja de
hacerlo aquí es que además de riqueza
para Europa, evitamos los problemas
que se están provocando en África,
donde hay guerras para extraer los
recursos. Ahora la gente que hace
ciencias de la tierra está viendo que
contamos con materiales geológicos de donde podríamos extraer todo eso con
una calidad medioambiental y de respeto a los trabajadores mucho mejor
P. ¿Qué tipo de minerales serían?
28/05/2018
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MÁS INFORMACIÓN
Una grieta kilométrica recuerda que África se está dividiendo endos
R. Lo que más le sonará a la gente son los diamantes o las esmeraldas como
piedras preciosas y como materiales que se utilizan en las nuevas tecnologías.
Pero también está el coltán, que se explota en África y produce guerras. Hay que
hacer unos estudios específicos, ver dónde se acumulan estos elementos, ver si
tenemos las tecnologías desarrolladas para una extracción compatible con el
medio ambiente... La tendencia es a intentar generar riqueza en los lugares donde
se produce la extracción.
P. Por lo que sucede con minerales como estos, la minería tiene una imagen
bastante mejorable.
R. En España ha habido muy mala imagen porque no se han sabido explicar las
cosas desde el principio. Cuando se estudiaban las posibilidades de que se abriese
una mina o algún tipo de extracción de recursos, se mantenía oculto. No se daba
información a los vecinos y se despertaban suspicacias. Después se abría una
mina de uranio y los vecinos pensaban que si les habían ocultado la información
era porque había algo malo. Lo fundamental sería ofrecer la información desde el
principio para implicar a la población local desde el principio. Ahora, Europa no te
concede ningún proyecto si no pones un apartado amplio diciendo cuáles son los
beneficios sociales de un proyecto y cómo se va a comunicar.
P. También es vicepresidenta de AMIT (la Asociación de Mujeres Investigadoras y
Tecnólogas). ¿Cómo está la presencia de mujeres en geología?
R. Está mejorando, cada vez hay más mujeres. Yo en Salamanca doy clase en
geología y en ingeniería geológica. Y en ingeniería hay poquísimas mujeres. Los
roles son fundamentales para cambiar la situación, que las niñas vean que hay
mujeres ingenieras, que están en puestos elevados, que tienen representantes y
eso es lo que estamos trabajando.
En este sentido, hay algo importante que son las cuotas. La cuota quiere decir que
ponemos a tres hombres y tres mujeres y vemos los curriculum, y ponemos a un
hombre y una mujer con la misma preparación. Eso es la cuota, que no quiere
decir que te apoyen sin méritos. Eso sería enchufismo.
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CYL-NUCLEARES GAROÑA
Ecologistas piden "cuidado y transparencia"tras incendio en central Garoña28/05/2018 - 14:57 Agencia EFE
El portavoz de Ecologistas en Acción para asuntos nucleares, Francisco Castejón, pide "cuidado ytransparencia" en el proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña tras el incendiodel 31 de enero en la planta que no fue notificado por la empresa al Consejo de SeguridadNuclear.
Tras una pregunta del diputado de Equo en el Congreso, Juantxo López de Uralde, sobre unposible incendio en la planta que no se conoció hasta hace unos días, Castejón ha asegurado queel incendio "realmente se produjo, no fue ningún conato y tardó seis horas en ser controlado",desde las 15 hasta las 21 horas.
No obstante, Nuclenor, propietaria de la central, consideró que no era de aplicación la instrucciónde seguridad número 10 del Consejo de Seguridad Nuclear que obliga a notificar inmediatamente aeste organismo cualquier incidencia.
El incidente se ha conocido gracias al informe trimestral que realiza un técnico residente delConsejo de Seguridad Nuclear desde la parada de la central nuclear en diciembre de 2012.
Castejón ha explicado que, según ese informe técnico, el incendio se origino cuando se estabacortando una plancha de metal con 'oxicorte', una especie de soplete que corta a temperaturasmuy elevadas.
Cerca del lugar donde se realizaba esta operación había resinas de los filtros de intercambio quecomenzaron arder.
Aunque el incendio se limitó al contenedor de resinas, Castejón recuerda que uno de los defectoshistóricos de la central de Garoña es su deficiente sistema de protección contra incendios, quehabía llevado a plantearse cambiar "metros y metros de cableado" para asegurar que un incendioen cualquier zona de la central no pudiera llegar al reactor.
Ha precisado que, aunque el reactor está ahora sin combustible, se encuentra muy cerca de lapiscina donde se encuentran las barras de ese combustible, por lo que sigue existiendo peligro deque se produzca una fuga radiactiva.
Tras el incendio, el portavoz ecologista se pregunta por qué Nuclenor decidió no notificarinmediatamente lo ocurrido al Consejo de Seguridad Nuclear, y se muestra "alarmado porque nose deberían producir estos fallos en el desmantelamiento".
Aunque en este momento es Nuclenor la que se encarga de los trabajos preparatorios de la parteprincipal de desmantelamiento, que será acometida por la empresa pública Enresa, Castejón pideque aumenten "claridad y transparencia", y pone como ejemplo el proceso de desmantelamientode la central nuclear de Zorita, "muy correcto pese a que lleve dos años de retraso".
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Tres de las siete nucleares españolas están ahora
mismo paradasoriginal
Más de tres mil cien megavatios de potencia nuclear (3.180 MW) se encuentran ahora
mismo desenchufados: Ascó II, en parada caliente, no programada; Vandellós II, en
estado de recarga; y Trillo, también en recarga. La última de las centrales en parar
máquinas ha sido Ascó II, que informó el domingo que había vuelto a detectar "valores
anómalos" en uno de los dos canales que proporcionan indicación de flujo neutrónico.
Según el Consejo de Seguridad Nuclear, la reparación de esa anomalía exige "llevar
previamente la planta a situación de parada caliente”. La central ya está en ello.
Además, el octavo pasajero del parque atómico nacional, Garoña, se mantiene parado
desde hace cinco años por decisión empresarial (el Gobierno denegó por fin la
renovación de su permiso de explotación el verano pasado, pero aún no ha comenzado
su desmantelamiento).
Dos de las tres centrales nucleares catalanas están paradas: Vandellós II, que se haya
en situación de recarga, y Ascó II, que ha vuelto a tener problemas técnicos que han
obligado a sus propietarios a realizar una parada no programada. Vandellós II es
propiedad de Endesa (72%) e Iberdrola (28%), tiene una potencia de 1.087 megavatios y
acaba de cumplir treinta años de operación comercial. Ascó II pertenece también a
Endesa (85%) e Iberdrola (15%), tiene una potencia de 1.027 megavatios y comenzó a
operar comercialmente en marzo de 1986. Ambas se encuentran en la provincia de
Tarragona.
Vandellós II paró el pasado 2 de marzo -parada no programada (debida a un problema
técnico)-, padeció en abril más problemas (que la obligaron a continuar en parada fría) y,
poco después, entró en fase de recarga, actividad que exige que la central esté parada y
que suele durar entre 40 y 50 días, por lo que, entre unas cosas y otras, cuando vuelva
a operar habrán pasado aproximadamente cuatro meses. A ella se suma ahora Ascó II,
que también ha debido abordar una parada no programada. El titular notificó un
incidente el viernes, volvió a detectar valores anómalos el domingo y ahora mismo se
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encuentra parada.
Además, Trillo
La tercera central nuclear parada hoy es Trillo, que tiene 1.066 megavatios de potencia
y se encuentra en la provincia de Guadalajara. La central es propiedad de Iberdrola
(48%), Gas Natural Fenosa (34,5%), HC Energía (15,5%) y Nuclenor (el 2% restante).
Nuclenor está participada a su vez, a partes iguales, por Iberdrola y Endesa. Trillo fue
desconectada de la red eléctrica a las ocho de la tarde del pasado 18 de mayo para
iniciar su trigésima recarga de combustible. La operación -informan sus propietarios-
durará 38 días. Las tres centrales ahora mismo paradas suman 3.180 megavatios de
potencia.
Actualmente hay en España siete reactores nucleares operativos: Almaraz I y II
(Cáceres), Ascó I y II (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós
II (Tarragona). Además, hay dos centrales que están siendo desmanteladas (Zorita y
Vandellós I) y una tercera, Garoña, que lleva cinco años parada. Según Red Eléctrica
de España, la energía nuclear produjo el año pasado el 21,17% de la electricidad bruta
total que fue generada en España (las renovables generaron más del 30%). Según Foro
Nuclear, la asociación patronal del sector, "los siete reactores operativos actualmente en
España resultan esenciales para la estabilidad del sistema eléctrico al estar siempre
disponibles (24 horas 365 días al año)".
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propietarias de las centrales
Ecologistas en Acción denuncia la existencia de "piezas caducadas" y de otras "cuya
fecha de caducidad estaba falseada" en Garoña
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Controversia en torno a la fecha del apagón nuclearoriginal
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El futuro de la energía nuclear en España es un rompecabezas en cuya resolución interviene
factores muy distintos e incluso a veces contradictorios entre sí. Según las previsiones de
Enresa, que es la sociedad pública a la que se ha asignado gestionar los residuos nucleares,
el almacén para contenerlos podría estar en marcha dentro de sólo 6 años, en 2024. Sin
embargo, las centrales nucleares también consideran que el caos burocrático y de organización
que puede suponer la gestión de dichos residuos y su propio desmontaje, retrasarían esa
fecha dos décadas más, hasta el año 2045. Tal y como opina la patronal Foro Nuclear, el
retraso que acumula el propio (ATC) almacén temporal de Villar de Cañas, en Cuenca, cuyas
obras aún no se han iniciado como consecuencia del conflicto legal existente para su
construcción, obliga a retrasar el cierre de centrales, de tal forma que hasta 2032 no podría
hacerlo la siguiente, y las siguientes deberían hacerlo de modo escalonado. Todo ello aunque
la vigencia de las licencias de explotación de los siete reactores nucleares en uso ahora
mismo vencen entre 2020 y 2024.
Según el Plan General de Residuos Radiactivos, cuya última edición data de 2006 y es ya muy
antigua, la situación ideal para gestionar los residuos radiactivos de modo correcto pasa por
no iniciar el cierre de las centrales nucleares en vigor al menos hasta 7 u 8 años después de
la puesta en marcha del cementerio nuclear.
Así las cosas, el propio sector nuclear aboga por otorgar protagonismo a las centrales en la
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transición energética necesaria para luchar contra el cambio climático, porque no emiten CO2,
ayudan a garantizar el suministro gracias a su producción constante y permiten contener el
precio de la electricidad porque entran en el mercado mayorista a precio cero. Aunque al
mismo tiempo amenaza con cerrar las centrales debido a las pérdidas que llevan padeciendo
años y a los impuestos que soportan. Por otro lado, el desmantelamiento supone
complicaciones por falta de personal y recursos y por las dificultades añadidas del transporte
de residuos. El escalonamiento necesario de los cierres ayudaría a retrasar la fecha del
apagón nuclear, hasta el citado 2045 o más tarde aún.
El Gobierno se prepara para vetar la clausura de cualquier tipo de central que estime
necesaria para el sistema y además quiere que sean las propias eléctricas quienes asuman el
coste del citado desmantelamiento, algo que éstas consideran inasumible. Actualmente este
proceso se financia con un fondo cuyas tasas pagan las eléctricas, pero que no sirve para
cubrir todos los costes previstos y, según Enresa, ya tendría un déficit por encima de los 1.500
millones de euros, aunque hay quien dobla ya esa cifra. Para paliarlo lo ideal, según la propia
Enresa, sería ampliar su vida hasta los 50 años, o incluso los 60, de modo que el déficit se
convirtiese en superávit. En ese punto y de cara a retrasar el cierre, las centrales exigen
cambios en la normativa y una rebaja de impuestos que permita que sean viables
económicamente, aunque el Gobierno duda de esa inviabilidad que afirman las eléctricas.
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El ministro Nadal utiliza el Congreso en su guerracon las eléctricasDANIEL MARTÍN • original
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El ministro de Energía, Álvaro Nadal; el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; el
presidente de Asturias, Javier Fernández; y el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. EFE
El Partido Popular registró el pasado 27 de abril una Proposición de Ley (PDL) en elCongreso de los Diputados para restringir los escenarios en los que se permite el cierre deinstalaciones de generación de energía eléctrica, lo que reabre uno de los frentes de batallaentre el ministro de Energía, Álvaro Nadal, y las corporaciones del sector.
La propuesta del grupo conservador llega al Congreso después de que el Gobiernoemprendiese el pasado mes de enero la elaboración de un Real Decreto para dar desarrolloa los planes de Nadal al respecto. Sin embargo, dicho proyecto no llegó a ver la luz.
El 24 de enero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) –obligada apronunciarse sobre el asunto mediante de manera preceptiva, aunque no vinculante– semostró contraria a una buena parte de las medidas propuestas por Nadal y, además, puso enduda tanto la necesidad de emprender una reforma para limitar el cierre de centrales como lapertinencia de hacerlo mediante un Real Decreto.
Tras el pronunciamiento de la CNMC, el proyecto, rechazado tanto por las compañías
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eléctricas y como por grupos ecologistas, quedó guardado en un cajón. Ahora, el PartidoPopular intentará que esas reformas se emprendan desde el Congreso a través de una PDL.Este movimiento permite al Gobierno evitar el informe preceptivo de la CNMC, pero tambiénabre la posibilidad de que la propuesta sea rechazada por el resto de grupos parlamentarios.
El portavoz de Energía del PP en el Congreso, Guillermo Mariscal, admite en conversacióncon Público, que la presentación de esta PDL es una acción coordinada con el Gobierno para“agilizar la tramitación” de un “asunto complejo”. Aunque la tramitación por vía parlamentariapermite a Moncloa eludir a la CNMC, Mariscal destaca que ahora la propuesta queda expuestaal escrutinio de otros grupos, lo que a su vez “refuerza la posibilidad de llegar a acuerdos”.
Desde Greenpeace, en cambio, creen que este movimiento otorga una capa de opacidad alproceso, ya que, pese a que se debatirá y votará en la sede de la soberanía nacional, sutramitación parlamentaria cierra la puerta a que grupos ecologistas presenten alegaciones. “Alpresentarlo mediante Proposición de Ley, lo que hacen es restar transparencia al proceso yevitar no sólo el informe de la CNMC, sino también el trámite de audiencia pública, que sí lohabría en el caso de que fuera un proyecto de Ley del Gobierno”, relata Tatiana Nuño,responsable de la campaña de Cambio climático de Greenpeace.
Una nueva batalla en la guerra de Nadal
El enfrentamiento entre el Ejecutivo y las eléctricas tiene como uno de sus principalesdetonantes la presentación por parte de Iberdrola de dos solicitudes para el para el cierre desus centrales de carbón en Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). De acuerdo con el discurso dela compañía, el cierre de esas centrales le permite quitarse lastres para la transición haciamodelo energético más eficiente y respetuoso con el medioambiente.
Planta térmica de Velilla (Palencia). EFE
Por el contrario, Moncloa opina que su clausura supondrá un obstáculo para la garantíadel suministro, producirá precios más volubles y, perjudicará al empleo indirecto que creanlas centrales. Según apunta Guillermo Mariscal, esos son los mismos argumentos que
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justifican la presentación de una PDL para limitar los cierres de centrales.
Otros episodios de la guerra entre Gobierno y eléctricas son las maniobras de Nadal paraintentar que la responsabilidad de un eventual desmantelamiento de centrales nuclearesrecaiga directamente sobre las compañías propietarias, las distintas polémicas sobre quiéndebe pagar el bono social o a la conflictividad judicial contra la reforma energética delGobierno.
En este tira y afloja, Nadal pretende hacer prevalecer su capacidad de actuación ante unaserie de empresas que a su modo de despliegan actitudes monopolísticas. "Soy liberal, pero laenergía es algo muy sui géneris, un servicio público y un bien estratégico del Estado", dijoNadal el pasado mes de junio, en una conferencia que cómo concibe su labor al frente deEnergía. En aquella ocasión –un encuentro con periodistas especializados en informacióneconómica–, el ministro destacó que “la política energética la hace el Gobierno y no lasempresas” y abogó por que la transición hacia energías más limpias se haga “de maneraordenada”. Es decir, bajo la batuta del Gobierno.
¿Qué propone la PDL presentada por el PP?
Para reforzar la posición de Nadal, la PDL registrada por el PP busca estrechar los escenariosen los que se permite el cierre de los establecimientos con una potencia instalada superior alos 50 MW eléctricos. En su exposición de motivos, el grupo popular alude al artículo 128de la Constitución –aquel que dice que toda la riqueza del país debe estar subordinada alinterés general– para argumentar que, en el caso de la energía, la libertad de empresa debeestar supeditada a tres factores: la garantía en la prestación de la suministro, elcumplimiento de los objetivos medioambientales y la consecución de unos precios estables.
Según el texto, cuando esos aspectos puedan ser sacudidos por el eventual cierre de unestablecimiento, el Gobierno podrá denegar su clausura tras estudiar el caso mediante elinforme preceptivo de tres entidades: la CNMC, la Oficina de Cambio Climático, el Institutopara la Diversificación y Ahorro de la Energía.
“Es un proyecto que pretende dificultar el cierre de las centrales térmicas de carbón ynucleares y dar todas las facilidades para que sigan operando, bloqueando la transición haciaun nuevo modelo energético basado en energías renovables, perpetuando un modelo obsoleto,sucio, contaminante y peligroso”, opina Tatiana Nuño, activista de Greenpeace.
Nuño lamenta que, de forma paradójica, las propias compañías eléctricas “se están dandocuenta de que el futuro no es del viejo modelo energético” y, mientras se inclinan cadavez más por invertir en una energía “más limpia, eficiente y rentable”, el Gobierno siguedificultando esa transición.
El informe emitido por la CNMC sobre el Real Decreto proyectado por Nadal –cuyas líneasgenerales están reflejadas en la PDL del PP– valoraba que los escenarios dibujados parapermitir la denegación del cierre de una central creaban un “margen de discrecionalidad”que podría generar “inseguridad jurídica para las nuevas inversiones”.
Dicho informe –que además calificaba como “muy complicado” el procedimiento de subastadiseñado por el Gobierno para que las eléctricas pudieran desprenderse de los
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establecimientos sin cerrarlos– subrayaba que la ambigüedad sobre escenarios podían “actuarcomo barreras a la salida en una actividad que debe desarrollarse en régimen de librecompetencia”.
Además, recordaba que la legislación vigente –tanto a nivel europeo como nacional– yaprotege el interés general, permitiendo la denegación de cierre cuando esté en peligro elsuministro, argumento que difícilmente puede ser empleado ahora mismo en España, donde“existe un claro exceso de capacidad” para la generación de energía.
Fuentes de Iberdrola –la compañía que se sitúa en el centro de la polémica– rechazaron enconversación con Público emitir un nuevo juicio sobre la PDL presentada por el Gobierno,argumentando que ésta no introduce ninguna novedad relevante respecto al proyectorechazado por la CNMC, por lo que se remiten a viejos sus pronunciamientos al respecto.
Aunque la intención de la PDL sigue el camino marcado por el proyecto de Real Decreto deNadal, el escenario es nuevo. La CNMC no tiene obligación de pronunciarse y los gruposecologistas sin representación parlamentaria no tienen capacidad para formar parte delproceso. En ese escenario, serán labor de los grupos parlamentarios decidir si apoyan o no ala mayoría minoritaria del Partido Popular para dar más poder a Nadal.
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Las grandes compañías apoyan la necesidad de descarbonizar la economía y piden al Gobierno la rápida aprobación de la norma
EL PAÍS
Antes del verano ve-rá la luz el borrador de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Ener-gética con la que el
Gobierno de Mariano Rajoy quiere fi-jar las bases para el cumplimiento de los objetivos de descarbonización es-tablecidos por la Unión Europea (UE). Esa es la fecha que ha planteado la Se-cretaría de Medio Ambiente, depen-diente del Ministerio de Agricultura, que trabaja junto al departamento de Energía (aunque quizás no con toda la sintonía necesaria), para diseñar una ley que sea consensuada con las fuer-zas políticas, puesto que se trata de un marco legal que tiene que perdurar en el tiempo, ya que las dos fechas fijadas por Bruselas, 2030 y 2050, no son pre-cisamente pasado mañana.
Las empresas energéticas consul-tadas para este reportaje, que decla-ran que no han tenido acceso al bo-rrador del proyecto que saben que existe, “aunque la Administración sí contó con nosotros después de unas jornadas sobre medio ambiente ce-lebradas hace un año”, precisan fuen-tes de Iberdrola, son conscientes de su urgencia. “Entendemos que es una
norma que cuenta con el consenso sobre su utilidad para cumplir con el compromiso con Bruselas. España es uno de los países más afectados por el cambio climático, según los modelos de científicos, y todos los estamentos de la sociedad son conscientes de la necesidad de una ley”, agrega.
De hecho, recientemente una treintena de compañías entre las que figuran Abertis, Acciona, BBVA, Ban-kia, Endesa, Eulen, Ferrovial, Ikea, Mapfre, NH Hotel Group, OHL, REE, Siemens Gamesa, Telefónica y la pro-pia Iberdrola, han remitido una peti-ción al Ejecutivo para que ponga en marcha un marco legal “estable, am-bicioso y eficaz, que proporcione cer-tidumbre para inversiones a largo pla-zo” y que lo haga este año.
A algunas organizaciones, como la Asociación Empresarial Eólica (AEE), “nos inquieta no haber visto el borra-dor de la ley. Porque un buen enfoque como punto de partida es esencial. Y el marco normativo es necesario y ur-gente para saber las condiciones y la hoja de ruta para cumplir con los ob-jetivos hacia la descarbonización, que son muy ambiciosos”, sostiene su di-rector general, Juan Virgilio Márquez.
Abordaje integral“Se precisan políticas efectivas y con-cretas que garanticen el camino hacia un mix energético descarbonizado en los próximos años. La eólica está pre-parada y tiene las capacidades nece-sarias para seguir liderando el aumen-to de la presencia de renovables en el sistema”, señala Enrique Pedrosa, con-sejero delegado onshore para el sur de Europa y África de Siemens Gamesa.
Pero no solo se trata hallar el mix energético adecuado (es decir, de si
sobrevivirán las centrales nucleares porque las de carbón tienen los días contados), “el modelo energético de-be mantener el necesario equilibrio entre la sostenibilidad medioam-biental, la sostenibilidad económi-ca y la seguridad de suministro. Y to-do ello debe ayudar a incrementar la competitividad de la economía y el bienestar de los ciudadanos”, según Redexis Gas.
Precisamente el ministro de Ener-gía, Álvaro Nadal, se refirió en una comparecencia pública reciente a que España debe tener en cuenta la competitividad a la hora de afrontar sus objetivos medioambientales y ex-
plicó que su política energética se re-sume en tratar de “cumplir las obli-gaciones medioambientales como un socio más de la Unión Europea, pero una vez cumplidas, hay que minimi-zar los precios”.
“Hay que hablar de inversiones, al-go que todavía no se ha puesto sobre la mesa, a pesar de que hacer menos esfuerzos nos va a restar competiti-vidad frente a otros países”, se queja Juan Virgilio Márquez, quien, sin em-bargo, cree muy positivo que con es-ta ley se haya abierto el debate de la fiscalidad energética, de penalizar a quien contamina; igual que el debate sobre el diseño del mercado.
Nuevos actoresLas últimas empresas en llegar al sec-tor energético son más críticas con la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética porque, en opinión de Som Energia, “no aborda las cuestiones realmente relevantes, ni es ambiciosa ni hace las preguntas adecuadas en su proceso participati-vo”. Para Miguel Lasa, consejero de-legado de InnoEnergy Iberia, “la re-gulación en España debe evolucionar para permitir un sistema de energía descarbonizada y para dar cabida a las nuevas oportunidades comer-ciales que lo harán posible. Para los innovadores tener la regulación co-rrecta es la clave”. A su juicio, aunque el proyecto podría ser más ambicio-so, abrirá nuevas oportunidades de negocios en algunas áreas, como la energía solar y eólica, pero no abor-da otras áreas relevantes relaciona-das, por ejemplo, con los biocombus-tibles. “La regulación debe respaldar la innovación y permitir exenciones reglamentarias para probar nuevas tecnologías”, agrega.
Han colaborado en este reportaje Fernando
Barciela, Susana Blázquez, Ramón
Casamayor y Carmen Sánchez-Silva.
�El poder de la eficiencia
�Limpiar de emisiones, no
solo la economía, sino la socie-
dad es un cambio sustancial,
un reto tan desafiante como
necesario. No es facilón. Es-
paña se ha comprometido y
cumpliremos. Son palabras
de Juan Luis López Cardene-
te, profesor de IESE, que aña-
de: “Hablar de energía y medio
ambiente es hablar de trans-
porte, urbanismo y edificación,
a cada uno de los cuales la Ley
de Cambio Climático dedicará
un apartado, tras el marco ex-
celente que ha creado la Comi-
sión de Expertos presidida por
Jorge Sanz para la ley”.
�El ahorro energético tam-
bién contará con un espacio
importante, pues de la ener-
gía primaria que consumimos
al año, solo una quinta parte es
energía útil para los usuarios;
el resto se desperdicia. Por eso
en muchos casos la energía
más limpia y más barata es la
que se puede evitar. Esta es la
fuente más renovable de todas,
según la OCDE, de ahí que ne-
cesite apoyarse en medidas fis-
cales, según el docente.
Una ley contra los malos humos
GE
TT
Y I
MA
GE
S
Las divergencias entre Agricultura y Energía están retrasando el texto necesa-rio para cumplir las exigen-cias de la Unión Europea
l eg i s l ac ión
29/05/2018Tirada:Difusión:Audiencia:
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Categoría:Edición:Página:
Inf General Suplemento 4
AREA (cm2): --- OCUPACIÓN: ---% V.PUB.: 52 679€ ENERGIA NUCLEAR | ENERGIA
NADAL VATICINÓ MEJORES PRECIOS EN 2018 QUE EN 2017
Las fuertes lluvias son incapaces de contenerel precio de la electricidad
El precio mayorista de la luz escala alrededor de un 20% con respecto a hace un año, pese a que laproducción hidroeléctrica es más del doble. La situación llama la atención de Ciudadanos
El pantano de Eugi suelta agua por un aliviadero para evitar una acumulación superior a la normal en el embalse. (EFE)
AHORA EN PORTADA
El 46,6% de loselectores apoya lamoción aunque seacon losindependentistas
Santander y BBVAsufren en bolsa porsus bonos de Españae Italia
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JUAN CRUZ PEÑA -
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ELECTRICIDAD – ÁLVARO NADAL – PRECIOS – CIUDADANOS –
INFLACIÓN – ENDESA
29.05.2018 – 05:00 H.
Las abundantes lluvias de 2018 y el consecuente incremento de la
producción hidráulica se están demostrando incapaces de contener el
precio de la electricidad en España. A estas alturas, el precio mayorista
está rondando los 65 euros por megavatio hora en el mercado, cuando
hace un año estaba en torno a 10 euros más barato.
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PP, PSOE y Ciudadanos luchan por elpoder, no contra la corrupciónJUAN RAMÓN RALLO
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JUAN CRUZ PEÑA
En 2017, tanto el ministro de Energía, Álvaro Nadal, como el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, apuntaron públicamente en varias
ocasiones a la sequía como la razón tras los elevados precios de la luz,
ya que la falta de agua en los embalses y ríos obligaba a producir con
tecnologías más caras como el carbón o el gas.
Sin embargo, la producción hidráulica ha sido más del doble en abril de
2018 que en el mismo mes de 2017. Mayo lleva camino de una
situación similar. Este panorama está llamando la atención a nivel
político. La portavoz de Ciudadanos en la comisión de Energía del
Congreso de los Diputados, Melisa Rodríguez, ha registrado una serie
de cuestiones para que el ministro responda en sede parlamentaria.
Entre ellas, le pregunta si sigue siendo optimista, ya que Nadal
auguraba un precio de la luz más barato en 2018 que en 2017.
¿Por qué se da esta situación?Expertos en la materia consultados esgrimen varias causas. Lo primero
de todo es que la producción hidroeléctrica no abarata el precio de la
luz como se podría pensar. Las empresas propietarias de las grandes
centrales hidráulicas ofertan el agua embalsada cuando más les
interesa, y eso suele ser cuando se producen picos de demanda.
Además, el mercado les permite vender esa energía al llamado coste
de oportunidad.
La sequía deja la producciónhidroeléctrica en el nivel más bajo dela historia de España
El ínfimo caudal de los embalses y la escasez delluvia en los últimos meses han provocado queoctubre cierre como el peor mes en generación
Esto quiere decir que por esa agua ambalsada pueden pedir casi lo que
pediría una central de carbón o gas cuyos costes de producción son
mucho más elevados. Por ello, las empresas no tienen incentivos para
producir energía hidráulica a cualquier hora del día sino justo cuando
más se paga por ella, ya que pueden obtener mucha más rentabilidad.
Eso se empezó a notar ya en las cuentas de las compañías en el
primer trimestre, y todo apunta a que lo seguirán notando de forma
positiva en sus resultados del segundo.
En este sentido, uno de los expertos apunta que quien abarata la luz de
manera instantánea es la eólica, ya que el viento sopla de forma
aleatoria. Esto es diferente en el caso del agua, ya que la capacidad de
gestionarla la convierte en un bien mucho más aprovechable para las
empresas que poseen las centrales, fundamentalmente Iberdrola y
Endesa.
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EL REDACTOR RECOMIENDA
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Escasa producción nuclearOtro factor destacado es la escasa producción nuclear. Ahora mismo
hay tres centrales de siete sin producir. Esto provoca que el hueco de
las nucleares, que ofertan a coste cero, dado que son inflexibles (no
pueden arrancar y parar cuando quieran), lo cubran otras tecnologías
más caras. ¿Por qué están paradas? Dos de ellas, por motivos
planificados, y la tercera, por supervisión de un imprevisto. En los
últimos meses se han producido varias paradas no previstas que están
llegando a provocar recelos por lo que implican de subida de los
precios mayoristas de la luz.
Iberdrola lleva la generación eléctricacon gas a máximos en seis años trasparar su nuclear
La producción con ciclos combinados en Españaha repuntado en los últimos dos meses a sumayor nivel desde septiembre de 2011, impulsada
Por último, hay que tener en cuenta que a día de hoy tanto el gas como
el carbón y los derechos de emisión de CO2 están muy por encima
que hace un año, en un contexto de fuerte escalada del petróleo. Esto
lleva a casar oferta y demanda eléctrica a precios superiores, ya que
son las propias centrales térmicas quienes muchas veces acaban
determinando el precio en el mercado marginalista. Sin embargo, este
factor puede estar jugando a favor de algunas empresas, ya que la
mayoría cierran contratos por las materias primas o los derechos de
CO2 a largo plazo, con lo que no se verían afectados del repunte actual.
Por si esto fuera poco, el alza se ve agravada por los impuesos,
mayores cuanto más alto es el precio.
Por el momento, la CNMC guarda silencio. Sin embargo, las
especulaciones van al alza y hay quien cuestiona el diseño del mercado
en vista de que la sequía ya no sirve de excusa. Los grandes
consumidores cada vez se muestran más disconformes, dado el
mayor coste para producir y las menores ventajas que ofrece el nuevo
sistema de interrumpibilidad. Una fuente empresarial sostiene que las
compañías implicadas tratan de obtener la mayor rentabilidad en este
sistema en un escenario de recortes previstos por el ministro de
Energía.
La sequía eleva al máximo lacontaminación: la hidráulica sehunde y el carbón se dispara
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CincoDías
Entorno
o se puede perder este tren. Hay
que subirse ya. “Avanzar hacia una
economía baja en carbono no es una
opción. La transición energética
es obligada y urge un marco legal
ambicioso que genere certidumbre
para aprovechar las oportunidades
que supone este cambio de mode-
lo (en el que España puede tener
buena posición, si nos ponemos a
ello)”, destacan los portavoces del
Grupo Español para el Crecimiento
Verde (GECV). No obstante, la Ley
de Cambio Climático y Transición
Energética sigue esperándose des-
de el primer trimestre del año.
—P10-11
N
Extra Energía
Próxima estación:
una economía electri�cada
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En portada
M A M E N LUC I O
M A D R I D
Por propuestas que no que-
de. Si 2018 no fuera el año
de la transición energéti-
ca en sí misma, que nadie
dude que lo será al menos
de su diseño. Mientras –al
cierre de esta edición– en
el Ministerio de Energía
contestan: “No tenemos
fechas para la ley por la
que preguntas”, un buen
puñado de estudios sí han
visto la luz en los últimos
meses. Hipótesis para dis-
tintos escenarios y matices
que vienen a demostrar
que es tan posible como
necesario transformar el
modelo energético del país.
La Ley de Cambio Cli-
mático y Transición Ener-
gética fue anunciada por
el presidente del Gobierno
en 2015, tras el Acuerdo de
París, en el que España se
comprometió, junto a sus
socios de la UE, a reducir
un 40% las emisiones de
CO2 en 2030 con respecto
a las de 1990 y contar con
al menos un 27% de renova-
bles en su consumo total de
energía, porcentaje que el
Parlamento Europeo pro-
puso elevar al 35% en enero.
Casi tres años después de
ese anuncio no se conoce
aún ni un borrador que
detalle la estrategia espa-
ñola hasta 2050, cuando se
deberá lograr una produc-
ción de electricidad libre
de carbono.
“Una revolución a esca-
la global que va a generar
enormes oportunidades”,
reseñan las grandes del
Ibex 35 en el manifiesto
que difundieron el mes pa-
sado, bajo la coordinación
del Grupo Español para el
Crecimiento Verde (GECV),
y en el que reclaman a los
poderes públicos “un so-
porte legal y unas rutas
de�nidas para aprovechar
la buena posición que, sin
duda, tienen muchas em-
presas españolas y que no
queremos ceder por no lle-
gar a tiempo. El reto requie-
re planes sectoriales que
reduzcan su complejidad”,
Asociaciones, fundaciones, ecologistas y expertos, impacientes ante la falta de concreción gubernamental
En los últimos meses se han publicado más de una decena de informes de todos los agentes implicados
explica Gonzalo Sáenz de
Miera, director de cambio
climático de Iberdrola.
“Esta iniciativa aquí pio-
nera, en otros países ya ha
funcionado. Las grandes
empresas tienen más capa-
cidad de actuación que los
usuarios, aunque también
ellos vayan modelando la
demanda y promoviendo el
cambio y desde luego, una
visión más a largo plazo que
los horizontes políticos”,
a�rma Valentín Alfaya, pre-
sidente de GECV y portavoz
de este grupo de 32 empre-
sas, además de director de
calidad y medio ambiente
de Ferrovial.
Días antes de la presen-
tación de dicho documento
empresarial, la Comisión de
Expertos sobre Transición
Energética –de 14 miem-
bros, cuatro designados
por el Gobierno, uno de cada
grupo parlamentario y tres
de UGT, CC OO y CEOE– es-
trenaba abril con su infor-
me Análisis y propuestas
para la descarbonización,
“un estudio profundo, cuya
contribución será decisiva
en el marco del proceso de
elaboración del plan inte-
grado de energía y clima de
España a 2030”, comentan
desde el GECV.
Por contra, otros no ven
en él planteada “una verda-
dera reforma del mercado
eléctrico”, aseguran en el
sector. Aunque el análisis
En 2050 se deberá lograr una producción de electricidad totalmente libre de carbono
DescarbonizaciónUn mani�esto empresarial para activar la transición energética
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Hacia una transición energética sostenible
Emisiones en el periodo
17,0
68,0
120,4
6,742,9
520
214
40
17,0
5,728,8
40,429,2
6
30
1113
En millones de toneladas de CO2
En megatoneladas de petróleo equivalente
Comparativa de la cobertura total de la demanda por fuentes de energía para 2015 y para 2030
2015 2030
Evolución de la demanda de energía inal
y de la matriz energética para 2015 y para 2030
ó í Í
Petróleo
22
Electricidad
50
Gas
18
Renovableno eléctrica
10
Petróleo
50
Electricidad
25
Gas
17
Renovableno eléctrica
6
Carbón noeléctrico
2
Petróleo
Electricidad
Gas
CarbónRenov. no eléctricasPetróleoElectricidad
GasCarbón
Re�no + fugas
0
300
203020150
100
20302015
En % En %
80
60
255
104,1
propone un encarecimiento del gas del 5,8%, así como de derivados del petróleo –es-pecialmente el gasóleo, que subiría un 28,6%, frente a un alza del 1,8% de la gasolina–, abaratando el precio de la electricidad en un 6,8% para el consumidor doméstico, según el escenario maneja-do, puesto que plantea cua-tro supuestos diferentes. Y también ha reactivado la conveniencia de mantener la vida de las centrales nu-cleares y reconoce compli-cado el alcanzar el 35% de energías renovables”.
Jorge Sanz Oliva, el técnico que preside la co-misión, considera que “son planteamientos sólidos
mientras se espera que se hagan explícitos los objeti-vos interministeriales. Por primera vez se han puesto números sobre la mesa, y esto asusta. Hemos demos-trado que se puede lograr consenso entre perfiles políticos distintos, preci-samente por el grado de tecni�cación conseguido”.
“Y no hay tiempo que perder”, continúa Sanz. “Si la electricidad no crece, ¿cómo vamos a descarbo-nizar? Es imprescindible no penalizar su consumo y evitar las señales confusas que le llegan al usuario so-bre los precios. Su problema es ese cuello de botella del 25% que supone su peso en
la demanda �nal. Todo esto necesita un campo de bata-lla neutral, ajeno a discusio-nes, puesto que se saldará con ganadores y perdedores, según se sepa dar la mejor tarifa, la mayor e�ciencia. Lo de quien contamina paga, es para todos, salgas favorecido o no. Y lo que es evidente es que la eólica y la fotovoltaica son las más baratas de las renovables”.
En este terreno, como consecuencia de la primera subasta de renovables reali-zada por el Gobierno, Engie España acaba de �rmar un acuerdo de compraventa de energía que garantiza la creación de nueve parques eólicos en Zaragoza, el pro-
yecto Goya. “Se trata de un PPA, vehículo financiero aquí pionero que facilitará todo el desarrollo, en un plazo previsto de 12 años”, comenta Alfonso Pascual director de regulación, re-laciones institucionales y RSC de la compañía.
“El momento es trascen-dente, por los compromi-sos asumidos en el ámbito internacional y el grado de involucramiento de la Unión Europea en ello. Hay que estar ahí ”, concluye Sanz.
Subámonos al tren y que empiece a coger velocidad. Como referente, el que ya corre por raíles australianos solo usando energía solar. Y es apenas un ejemplo.
Las irmantes del maniiesto
Abertis, Acciona,
Asociación Forestal de
Soria, Bankia, BBVA,
Climate&Strategy,
Contazara, Ecoacsa,
Ecoalf, Ecoembes,
Ecoterrae, Endesa, Eulen,
Ferrovial, Fraternidad
Mutrespa, Iberdrola,
Ikea, Inclam, Ineco,
Lafargeholcim, Logista,
Mapfre, NH Hotel Group,
OHL, PWC, Red Electrica,
SicaSoft, Siemens
Gamesa, SinCe02, Sust4IN,
Teimas, Telefonica, Vestas
y Willis Towers Watson.
18millones de empleos gene-
rará hasta 2030 la transi-
ción energética, según la
Organización Internacio-
nal del Trabajo.
7%han crecido las emisiones
de dióxido de carbono
(CO2) en España en 2017.
GETTY IMAGES
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