Demanda de accioacuten de inconstitucionalidad promovida por la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos

Ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten Pino Suaacuterez 2 Colonia Centro Delegacioacuten Cuauhteacutemoc

CP 06065 Meacutexico DF

El que suscribe Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos personalidad que se acredita con la copia certificada del Acuerdo de

designacioacuten del Senado de la Repuacuteblica (anexo uno) con domicilio legal para oiacuter y

recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en Benvenuto Cellini 106 esquina

Sassoferrato Colonia Alfonso XIII Delegacioacuten Aacutelvaro Obregoacuten CP 01460

Meacutexico Distrito Federal designo como delegados en teacuterminos del artiacuteculo 59 en

relacioacuten con el 11 segundo paacuterrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y

II del Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos a

Rubeacuten Francisco Peacuterez Saacutenchez y Jorge Luis Martiacutenez Diacuteaz con ceacutedulas

profesionales nuacutemeros 1508301 y 1985959 respectivamente que los acreditan

como licenciados en Derecho conforme al artiacuteculo 4deg de la invocada Ley

Reglamentaria autorizo para oiacuter notificaciones imponerse de los autos y recibir

copias de traslado a los licenciados Daniel Saacutenchez Peacuterez y Moises Israel Flores

Pacheco asiacute como a Paulina Montserrat Peacuterez Navarro Diana Gonzaacutelez Goacutemez e

Isrrael Loacutepez Arroyo con el debido respeto comparezco y expongo

1

De conformidad con lo dispuesto en el inciso g) de la fraccioacuten II del artiacuteculo 105

de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos y relativos de la Ley

Reglamentaria dentro del plazo establecido en el segundo paacuterrafo del precepto

constitucional y fraccioacuten citados y 60 de la Ley Reglamentaria promuevo

DEMANDA DE ACCIOacuteN DE INCONSTITUCIONALIDAD en los teacuterminos que a

continuacioacuten se expondraacuten

En acatamiento al artiacuteculo 61 de la Ley Reglamentaria manifiesto

I Nombre y firma del promovente

Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez en mi calidad de Presidente de la Comisioacuten Nacional

de los Derechos Humanos Firma al calce del documento

II Los oacuterganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas

A Oacutergano Legislativo Congreso del Estado de Meacutexico

B Oacutergano Ejecutivo Gobernador del Estado de Meacutexico

III La norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial en que se publicoacute

2

El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico contenido

en el Decreto nuacutemero 394 publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado

de Meacutexico

Decreto que como se anuncioacute fue publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad

el diacutea veintiseacuteis de enero de dos mil quince que en lo conducente dispone

ldquoDECRETO NO 394 ARTIacuteCULO PRIMERO SE REFORMAN LOS ARTIacuteCULOS 137 BIS EN SU FRACCIOacuteN II DEL SEGUNDO PAacuteRRAFO 193 EN SUS PAacuteRRAFOS PRIMERO Y TERCERO 229 EN SUS PAacuteRRAFOS SEGUNDO TERCERO Y CUARTO 266 EN SUS PAacuteRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO 290 EN SUS FRACCIONES I EN SU PRIMER PAacuteRRAFO II EN SU PRIMER PAacuteRRAFO III V XVIII Y EL 292 EN SU SEGUNDO PAacuteRRAFO Y SE ADICIONA AL 193 UN CUARTO PAacuteRRAFO DEL COacuteDIGO PENAL DEL ESTADO DE MEacuteXICO PARA QUEDAR COMO SIGUE (hellip)rdquo

Preceptos constitucionales e internacionales que se estiman violados

bullDe la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculos

1ordm 14 16 primer paacuterrafo y 20 apartado B fraccioacuten II y 21 cuarto

paacuterrafo

bullDe la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos Artiacuteculos 56 y

8

bullDel Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos Artiacuteculo 14

3

IV Derechos fundamentales que se estiman violados

bull Derecho a la seguridad juriacutedica

bull Derecho a la no autoincriminacioacuten

bull Competencia de la autoridad administrativa para la aplicacioacuten de

sanciones por las infracciones a los reglamentos gubernativos

bull Principio de legalidad

bull Principio de taxatividad

bull Principio de plenitud hermeacutetica

bull Principio de intervencioacuten miacutenima del derecho penal (ultima ratio)

bull Principio pro persona

VI Competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten es competente

para conocer de la presente accioacuten de inconstitucionalidad de conformidad

con lo dispuesto por los artiacuteculos 105 fraccioacuten II inciso g) de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 10 fraccioacuten I de la Ley Orgaacutenica

del Poder Judicial de la Federacioacuten y 1deg de la Ley Reglamentaria de las

Fracciones I y II del Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados

Unidos Mexicanos toda vez que por la presente se solicita la declaracioacuten de

inconstitucionalidad del artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del

Estado de Meacutexico

4

VII Oportunidad en la promocioacuten

Acorde al artiacuteculo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del

Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el

plazo para la presentacioacuten de la accioacuten de inconstitucionalidad es de treinta

diacuteas naturales a partir del diacutea siguiente al de la publicacioacuten de la norma

impugnada

En el caso se solicita la declaracioacuten de invalidez del artiacuteculo 193 paacuterrafo

tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico expedido mediante decreto

publicado el veintiseacuteis de enero del antildeo dos mil quince en la Gaceta Oficial del

Estado de Meacutexico por lo que el plazo para presentar la accioacuten corre del

veintisiete de enero al veinticinco de febrero del antildeo dos mil quince

Por tanto al promoverse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten el diacutea

de hoy la accioacuten es oportuna

VIII Legitimacioacuten activa de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos para promover la accioacuten de inconstitucionalidad

El artiacuteculo 105 fraccioacuten II inciso g) de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados

Unidos Mexicanos expresamente dispone que esta Comisioacuten Nacional de los

Derechos Humanos tiene atribuciones para plantear la posible inconstitucionalidad

de normas generales que vulneren los derechos humanos consagrados en la

Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que Meacutexico es parte y

respecto de las legislaciones federales estatales y del Distrito Federal en los

siguientes teacuterminos

5

ldquoArtiacuteculo 105 La Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten conoceraacute en los teacuterminos que sentildeale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes (hellip) II De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradiccioacuten entre una norma de caraacutecter general y esta Constitucioacuten Las acciones de inconstitucionalidad podraacuten ejercitarse dentro de los treinta diacuteas naturales siguientes a la fecha de publicacioacuten de la norma por (hellip) g) La Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de caraacutecter federal estatal y del Distrito Federal asiacute como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la Repuacuteblica que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que Meacutexico sea parte Asimismo los organismos de proteccioacuten de los derechos humanos equivalentes en los estados de la Repuacuteblica en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisioacuten de Derechos Humanos del Distrito Federal en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hellip)rdquo

A la luz del citado precepto Constitucional acudo a ese Alto Tribunal en mi calidad

de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos en los teacuterminos

del primer paacuterrafo del artiacuteculo 11 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II

del Artiacuteculo 105 Constitucional aplicable en materia de acciones de

inconstitucionalidad conforme al diverso 59 del mismo ordenamiento legal

Dicha representacioacuten y facultades se encuentran previstas en el artiacuteculo 15

fracciones I y XI de la Ley de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos y

en el diverso 18 del Reglamento Interno de la Comisioacuten Nacional de los Derechos

Humanos

6

IX Introduccioacuten

El veintiseacuteis de enero del presente antildeo se publicoacute en la Gaceta Oficial del Estado

de Meacutexico el decreto 394 por el cual se reforman los artiacuteculos 137 BIS en su

fraccioacuten II del segundo paacuterrafo 193 en sus paacuterrafos primero y tercero 229 en sus

paacuterrafos segundo tercero y cuarto 266 en sus paacuterrafos primero y segundo 290

en sus fracciones I en su primer paacuterrafo II en su primer paacuterrafo III V XVIII y el

292 en su segundo paacuterrafo y se adiciona al 193 un cuarto paacuterrafo del Coacutedigo

Penal del Estado de Meacutexico

Seguacuten establece la exposicioacuten de motivos de la iniciativa la reforma pretende

lograr la disminucioacuten de diversas conductas que conllevan a la falta de seguridad

en la entidad para ello se esboza un incremento a las penas para algunos delitos

Adicionalmente como parte de esta iniciativa se planteoacute que a fin de fortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas imponer de seis meses a dos antildeos de prisioacuten1 y multa

de cincuenta a cien diacuteas a quien manejareacute un vehiacuteculo de motor sin placas de

circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circular

De los artiacuteculos reformados se estima inconstitucional el artiacuteculo 193 paacuterrafo

tercero El texto del precepto impugnado es el siguiente

ldquoArtiacuteculo 193 (hellip)

1 Finalmente la pena se fijoacute al plazo de tres meses a un antildeo de prisioacuten

7

Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo

De inicio debe decirse que el tipo penal impugnado preveacute dos hipoacutetesis de hecho

diferentes para penar lo siguiente

bull ldquoldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten

(hellip)rdquo

bull ldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin (hellip) la autorizacioacuten para

circularrdquo

Por tanto en dicho precepto normativo se consideran iliacutecitas dos conductas la

primera manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin placas y la segunda manejar

o circular sin la autorizacioacuten correspondiente las cuales quedan sujetas a los

reglamentos de traacutensito respectivos

Ahora bien conviene precisar que en el Estado de Meacutexico existen dos

reglamentos de traacutensito el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el

Reglamento de Traacutensito Metropolitano del Estado de Meacutexico Este uacuteltimo se

distingue porque responde uacutenicamente a la regulacioacuten en las viacuteas primarias y

locales de comunicacioacuten en los municipios conurbados del Estado de Meacutexico 2

2 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten

8

remitiendo expresamente lo que no regula al Reglamento de Traacutensito del Estado

como norma general

En ese mismo sentido el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus

propios elementos tiacutepicos queacute se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo

que no se cumple el principio de taxatividad En este sentido tal elemento del tipo

requiere un ejercicio de interpretacioacuten conforme lo que en materia penal no estaacute

permitido allegaacutendose para ello del Reglamento de Traacutensito del Estado de

Meacutexico de doacutende se puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que

refiere el tipo penal impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de

circulacioacuten De ese ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo

penal impugnado se hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo

normativo reglamentario por lo que se comprueba que el tipo penal no se basta

en siacute mismo pues se completa en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de

caraacutecter administrativo que emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de

inconstitucionalidad

Dicho lo anterior las acciones administrativas relativas a las placas y a la tarjeta de

circulacioacuten que debe utilizar todo vehiacuteculo automotor se encuentran reguladas en

el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico del cual se desprenden las

condiciones que son requeridas a fin cualquier vehiacuteculo deberaacute estar debidamente

registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes entre los

Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

9

que se sentildealan para los vehiacuteculos de servicio particular las placas y la tarjeta de

circulacioacuten (Artiacuteculo 173)

Por cuanto hace a los requisitos de portar placas y tarjeta de circulacioacuten el artiacuteculo

194 del mismo ordenamiento sentildeala los requisitos para la matriculacioacuten de un

vehiacuteculo mientras que en el diverso artiacuteculo 26 se preveacute que la autoridad de

traacutensito deberaacute proporciona al interesado seguacuten el caso la placa de matriculacioacuten la calcomaniacutea y la tarjeta de circulacioacuten o la constancia del traacutemite correspondiente Con ello se evidencian que esos requisitos responden a

un traacutemite administrativo

3 Artiacuteculo 17 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida II- Tarjeta de circulacioacuten III- Calcomaniacutea de emisioacuten de contaminantes IV- Cinturones de seguridad en automoacuteviles y camionetas a partir de modelos 1985 y V- Extinguidor en buenas condiciones de uso4 Artiacuteculo 19 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Para la matriculacioacuten de un vehiacuteculo de servicio particular es necesario cumplir con los siguientes requisitos I Factura o carta factura en original y copia II Recibo del uacuteltimo pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehiacuteculos en original y copia III Identificacioacuten oficial del propietario en original y copia IV Constancia domiciliaria o recibos de servicios V Pago de derechos Para la matriculacioacuten o canje de placas de un vehiacuteculo de servicio puacuteblico tambieacuten deberaacute presentarse la documentacioacuten que sentildeale la reglamentacioacuten de transporte En el caso de expedicioacuten de placas a un vehiacuteculo que haya sido matriculado en otra entidad federativa ademaacutes de los anteriores requisitos deberaacuten presentarse la tarjeta de circulacioacuten y las placas correspondientes llenando el formato de baja que para tal efecto proporciona la autoridad administrativa El vehiacuteculo que se trate de matricular deberaacute ser presentado ante la autoridad de traacutensito competente para comprobar su funcionamiento y que cuenta con el equipo reglamentario El cambio de propietario deberaacute verificarse con la factura del vehiacuteculo debidamente endosada al nuevo propietario quien se identificaraacute ante la autoridad

10

Lo anterior se verifica en relacioacuten al artiacuteculo 118 en el cual se preveacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano cuando el

vehiacuteculo no tenga tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

(fraccioacuten II) y cuando al vehiacuteculo le falten ambas placas o el documento que

justifique la omisioacuten (fraccioacuten III)

Asiacute la reforma en mencioacuten tiene una acotacioacuten en lo relativo a imponer una pena

privativa de libertad a quien se ubique en los supuestos citados lo cual resulta

desproporcionado pues pretende castigar penalmente una conducta infractora

prevista en los reglamentos de traacutensito del Estado de Meacutexico por tanto su

inobservancia configura una infraccioacuten a un reglamento administrativo y no una

conducta delictiva

De ellos se infiere que el artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado

de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo y 20

apartado B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo todos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos

Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos por vulnerar

el derecho a la seguridad juriacutedica a la no autoincriminacioacuten la competencia de la

autoridad administrativa para la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones a los

reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de seguridad juriacutedica

legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten miacutenima del derecho

penal (ultima ratio) y pro persona como maacutes adelante se expone

X Marco Legal

11

A fin de respaldar esta postura procede reproducir el marco legal Constitucional

que daraacute sustento a lo aquiacute argumentado

A Nacional

bull Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

ldquoArtiacuteculo 1o En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia (hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 14 A ninguna ley se daraacute efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna

Nadie podraacute ser privado de la libertad o de sus propiedades posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y auacuten por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

En los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberaacute ser conforme a la letra o a la interpretacioacuten juriacutedica de la ley y a falta de eacutesta se fundaraacute en los principios generales del derecho

12

(hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 16 Nadie puede ser molestado en su persona familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento (hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 20

(hellip) Apartado B De los derechos de toda persona imputada

II A declarar o a guardar silencio Desde el momento de su detencioacuten se le haraacuten saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio el cual no podraacute ser utilizado en su perjuicio Queda prohibida y seraacute sancionada por la ley penal toda incomunicacioacuten intimidacioacuten o tortura La confesioacuten rendida sin la asistencia del defensor careceraacute de todo valor probatorio

(hellip)rdquo

ldquoArticulo 21 (hellip) Compete a la autoridad administrativa la aplicacioacuten de sanciones porlas infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto se permutaraacute esta por el arresto correspondiente que no excederaacute en ninguacuten caso de treinta y seis horas (hellip)rdquo

B Internacional

De la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos

ldquoArtiacuteculo 5 Derecho a la Integridad Personal 6 Las penas privativas de la libertad tendraacuten como finalidad esencial la reforma y la readaptacioacuten social de los condenados

13

(hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 8 Garantiacuteas Judiciales 1 Toda persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas ydentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciacioacuten de cualquier acusacioacuten penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro caraacutecter (hellip)rdquo

Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos

ldquoArtiacuteculo 14 1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia Toda persona tendraacute derecho a ser oiacuteda puacuteblicamente y con las debidas garantiacuteas por un tribunal competente independiente e imparcial establecido por la ley en la substanciacioacuten de cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil La prensa y el puacuteblico podraacuten ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral orden puacuteblico o seguridad nacional en una sociedad democraacutetica o cuando lo exija el intereacutes de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinioacuten del tribunal cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia pero toda sentencia en materia penal o contenciosa seraacute puacuteblica excepto en los casos en que el intereacutes de menores de edad exija lo contrario o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (hellip)rdquo

XI Conceptos de invalidez

UacuteNICO El artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo 20 apartado

14

B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos

El artiacuteculo impugnado vulnera el derecho a la seguridad juriacutedica a la no

autoincriminacioacuten a que la autoridad administrativa aplique las sanciones por las

infracciones a los reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de

seguridad juriacutedica legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten

miacutenima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona como enseguida se expone

A El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal para el Estado de Meacutexico tipifica como delito el manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin ambas placas o la autorizacioacuten para circular imponiendo una pena de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa lo que al tratarse de una falta administrativa resulta trasgresor de la seguridad juriacutedica consagrada en artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos al no respetar los principios de legalidad en materia penal taxatividad y plenitud hermeacutetica

Para demostrarlo se trae a colacioacuten la porcioacuten normativa en controversia

contenida en el artiacuteculo 193 paacuterrafo cuarto en lo que interesa

ldquoArticulo 193 (hellip) Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres a meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo

15

La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes

a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta

accioacuten

b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la

autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten

administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes

c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto

activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito

d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal

e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio

f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un

reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales

trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en

materia penal

Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten

para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los

reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o

cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al

16

reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la

localidad

En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten

de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad

del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los

procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del

Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe

confundirse con los elementos normativos del tipo

Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado

en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una

infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el

artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el

apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con

un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal

que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales

Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis

materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la

letra dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE

17

TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es

un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la

certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un

auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los

18

supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de

imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el

principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los

de legalidad y seguridad juriacutedica

Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo

penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y

pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios

utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos

especiacuteficos entre otros

Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a

establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de

cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger

En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo

tercero se integra con los siguientes elementos

1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten

resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito

y no un delito por siacute mismo

2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y

ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado

3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con

la pretendida conducta eacutestas se vean afectas

19

4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo

de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la

afectacioacuten de la propiedad de un tercero

5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la

norma

Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable

con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de

claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del

juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo

ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un

reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la

norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la

prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es

acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de

taxatividad

Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de

la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la

Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia

constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra

dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE

20

DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no

21

pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo

Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones

en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la

obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo

penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable

y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda

claridad las penas que deben aplicarse en cada caso

Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado

por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten

retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o

taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve

materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del

rubro y texto siguientes

ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por

22

virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo

Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia

penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al

legislador en el siguiente sentido

a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse

de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance

imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo

b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara

limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos

penales ambiguos

23

c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su

alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del

sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales

d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al

grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado

de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del

juzgador

Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el

sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo

y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con

que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten

linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de

certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar

un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del

aplicador de la norma

Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios

finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con

relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador

pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad

Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para

determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un

antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica

24

seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten

operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan

prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia

Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de

ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de

circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como

uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten

En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se

refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que

causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la

utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la

actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten

bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de

origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un

delito

Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten

de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de

prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin

placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que

la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de

esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma

25

adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es

decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute

mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un

delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado

Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo

Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la

Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en

discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente

pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los

particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico

que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por

el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su

existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia

de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten

bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se

reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio

Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios

elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no

se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace

necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se

puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal

impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese

ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se

26

hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por

lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa

en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que

emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad

Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el

nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta

Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena

Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone

ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los

27

elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo

En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las

previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten

Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se

establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas

que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda

persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo

razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial

establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de

cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la

determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el

artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones

Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a

partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a

rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el

Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de

constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales

cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la

28

interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y

brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas

Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas

interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con

mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto

es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja

con mayor alcance a los titulares de un derecho humano

Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la

conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para

circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria

que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o

trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena

privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten

Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias

radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona

deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes

favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el

caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso

resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda

alguna la reglamentaria

B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad

29

administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad

El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y

las sanciones a saber

bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la

autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute

como su modificacioacuten y duracioacuten

bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones

administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos

de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea

Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las

sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad

judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e

impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son

determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas

directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial

dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea

En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la

imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de

30

policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca

la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo

texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como

son

1 Multa

2 Arresto hasta por treinta y seis horas o

3 Trabajo a favor de la comunidad

Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos

gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son

emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local

Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un

Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos

de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento

gubernativo o de policiacutea

Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que

directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos

y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida

Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo

cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta

observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar

en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso

31

Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable

en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004

Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004

paacutegina 242 del rubro y texto siguientes

ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo

De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha

infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado

precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede

variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de

normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos

ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la

inobservancia de la ley penal

32

En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de

circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo

previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de

sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento

gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho

menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a

una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y

seis horas o trabajo a favor de la comunidad

Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una

infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento

gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva

de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como

delito por la legislacioacuten penal

Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones

administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la

sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento

mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley

Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo

XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero

1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes

33

ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo

Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las

penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas

de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las

originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se

califican como infracciones

Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de

traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento

34

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico

el lunes 21 de septiembre de 1992

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE

MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de

junio de 2007

Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional

Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar

I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida

II- Tarjeta de circulacioacuten

Artiacuteculo 16

Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con

I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben

a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo

b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro

de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos

sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de

caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute

una sancioacuten

5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

35

c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de

circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y

d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que

especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva

Artiacuteculo 5

Los conductores deben

II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el

documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo

Sanciones

Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los

siguientes casos

I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de

identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga

tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas

placas o el documento que justifique la omisioacuten

Artiacuteculo 16

(hellip) Fraccioacuten I

Sancioacuten

20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y

retiro de la placa delantera

Artiacuteculo 5

Fraccioacuten II

10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito

36

Artiacuteculo 26

Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos

al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones

I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para

operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del

permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la

peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de

salario miacutenimo

80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito

En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas

placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es

administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse

previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la

actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del

Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano

En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto

u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por

ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales

la naturaleza de ambas son distintas

37

Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el

artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a

infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las

autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos

gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o

trabajo a favor de la comunidad

C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del

artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos

Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a

la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten

Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de

mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como

garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico

nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la

seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona

familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de

la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento

El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la

arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da

como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino

que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten

38

para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia

sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento

En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute

misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la

policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar

autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le

corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante

un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin

que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia

o la querella

Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos

fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz

de los siguientes razonamientos

El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que

debe imperar en un acto de molestia

La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades

1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta

de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del

gobernado

39

2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito

derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que

la norma los establezca)

3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de

documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo

penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad

con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal

del procedimiento

Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la

real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos

y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee

Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o

posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin

observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de

asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes

Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que

realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y

de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una

detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al

momento de realizar sus investigaciones

40

Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a

una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten

proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el

Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los

siguientes teacuterminos

ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo

Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la

Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el

ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en

su referente 4 dice textual

ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y

41

De conformidad con lo dispuesto en el inciso g) de la fraccioacuten II del artiacuteculo 105

de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos y relativos de la Ley

Reglamentaria dentro del plazo establecido en el segundo paacuterrafo del precepto

constitucional y fraccioacuten citados y 60 de la Ley Reglamentaria promuevo

DEMANDA DE ACCIOacuteN DE INCONSTITUCIONALIDAD en los teacuterminos que a

continuacioacuten se expondraacuten

En acatamiento al artiacuteculo 61 de la Ley Reglamentaria manifiesto

I Nombre y firma del promovente

Luis Rauacutel Gonzaacutelez Peacuterez en mi calidad de Presidente de la Comisioacuten Nacional

de los Derechos Humanos Firma al calce del documento

II Los oacuterganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales impugnadas

A Oacutergano Legislativo Congreso del Estado de Meacutexico

B Oacutergano Ejecutivo Gobernador del Estado de Meacutexico

III La norma general cuya invalidez se reclame y el medio oficial en que se publicoacute

2

El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico contenido

en el Decreto nuacutemero 394 publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado

de Meacutexico

Decreto que como se anuncioacute fue publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad

el diacutea veintiseacuteis de enero de dos mil quince que en lo conducente dispone

ldquoDECRETO NO 394 ARTIacuteCULO PRIMERO SE REFORMAN LOS ARTIacuteCULOS 137 BIS EN SU FRACCIOacuteN II DEL SEGUNDO PAacuteRRAFO 193 EN SUS PAacuteRRAFOS PRIMERO Y TERCERO 229 EN SUS PAacuteRRAFOS SEGUNDO TERCERO Y CUARTO 266 EN SUS PAacuteRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO 290 EN SUS FRACCIONES I EN SU PRIMER PAacuteRRAFO II EN SU PRIMER PAacuteRRAFO III V XVIII Y EL 292 EN SU SEGUNDO PAacuteRRAFO Y SE ADICIONA AL 193 UN CUARTO PAacuteRRAFO DEL COacuteDIGO PENAL DEL ESTADO DE MEacuteXICO PARA QUEDAR COMO SIGUE (hellip)rdquo

Preceptos constitucionales e internacionales que se estiman violados

bullDe la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculos

1ordm 14 16 primer paacuterrafo y 20 apartado B fraccioacuten II y 21 cuarto

paacuterrafo

bullDe la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos Artiacuteculos 56 y

8

bullDel Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos Artiacuteculo 14

3

IV Derechos fundamentales que se estiman violados

bull Derecho a la seguridad juriacutedica

bull Derecho a la no autoincriminacioacuten

bull Competencia de la autoridad administrativa para la aplicacioacuten de

sanciones por las infracciones a los reglamentos gubernativos

bull Principio de legalidad

bull Principio de taxatividad

bull Principio de plenitud hermeacutetica

bull Principio de intervencioacuten miacutenima del derecho penal (ultima ratio)

bull Principio pro persona

VI Competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten es competente

para conocer de la presente accioacuten de inconstitucionalidad de conformidad

con lo dispuesto por los artiacuteculos 105 fraccioacuten II inciso g) de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 10 fraccioacuten I de la Ley Orgaacutenica

del Poder Judicial de la Federacioacuten y 1deg de la Ley Reglamentaria de las

Fracciones I y II del Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados

Unidos Mexicanos toda vez que por la presente se solicita la declaracioacuten de

inconstitucionalidad del artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del

Estado de Meacutexico

4

VII Oportunidad en la promocioacuten

Acorde al artiacuteculo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del

Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el

plazo para la presentacioacuten de la accioacuten de inconstitucionalidad es de treinta

diacuteas naturales a partir del diacutea siguiente al de la publicacioacuten de la norma

impugnada

En el caso se solicita la declaracioacuten de invalidez del artiacuteculo 193 paacuterrafo

tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico expedido mediante decreto

publicado el veintiseacuteis de enero del antildeo dos mil quince en la Gaceta Oficial del

Estado de Meacutexico por lo que el plazo para presentar la accioacuten corre del

veintisiete de enero al veinticinco de febrero del antildeo dos mil quince

Por tanto al promoverse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten el diacutea

de hoy la accioacuten es oportuna

VIII Legitimacioacuten activa de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos para promover la accioacuten de inconstitucionalidad

El artiacuteculo 105 fraccioacuten II inciso g) de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados

Unidos Mexicanos expresamente dispone que esta Comisioacuten Nacional de los

Derechos Humanos tiene atribuciones para plantear la posible inconstitucionalidad

de normas generales que vulneren los derechos humanos consagrados en la

Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que Meacutexico es parte y

respecto de las legislaciones federales estatales y del Distrito Federal en los

siguientes teacuterminos

5

ldquoArtiacuteculo 105 La Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten conoceraacute en los teacuterminos que sentildeale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes (hellip) II De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradiccioacuten entre una norma de caraacutecter general y esta Constitucioacuten Las acciones de inconstitucionalidad podraacuten ejercitarse dentro de los treinta diacuteas naturales siguientes a la fecha de publicacioacuten de la norma por (hellip) g) La Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de caraacutecter federal estatal y del Distrito Federal asiacute como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la Repuacuteblica que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que Meacutexico sea parte Asimismo los organismos de proteccioacuten de los derechos humanos equivalentes en los estados de la Repuacuteblica en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisioacuten de Derechos Humanos del Distrito Federal en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hellip)rdquo

A la luz del citado precepto Constitucional acudo a ese Alto Tribunal en mi calidad

de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos en los teacuterminos

del primer paacuterrafo del artiacuteculo 11 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II

del Artiacuteculo 105 Constitucional aplicable en materia de acciones de

inconstitucionalidad conforme al diverso 59 del mismo ordenamiento legal

Dicha representacioacuten y facultades se encuentran previstas en el artiacuteculo 15

fracciones I y XI de la Ley de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos y

en el diverso 18 del Reglamento Interno de la Comisioacuten Nacional de los Derechos

Humanos

6

IX Introduccioacuten

El veintiseacuteis de enero del presente antildeo se publicoacute en la Gaceta Oficial del Estado

de Meacutexico el decreto 394 por el cual se reforman los artiacuteculos 137 BIS en su

fraccioacuten II del segundo paacuterrafo 193 en sus paacuterrafos primero y tercero 229 en sus

paacuterrafos segundo tercero y cuarto 266 en sus paacuterrafos primero y segundo 290

en sus fracciones I en su primer paacuterrafo II en su primer paacuterrafo III V XVIII y el

292 en su segundo paacuterrafo y se adiciona al 193 un cuarto paacuterrafo del Coacutedigo

Penal del Estado de Meacutexico

Seguacuten establece la exposicioacuten de motivos de la iniciativa la reforma pretende

lograr la disminucioacuten de diversas conductas que conllevan a la falta de seguridad

en la entidad para ello se esboza un incremento a las penas para algunos delitos

Adicionalmente como parte de esta iniciativa se planteoacute que a fin de fortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas imponer de seis meses a dos antildeos de prisioacuten1 y multa

de cincuenta a cien diacuteas a quien manejareacute un vehiacuteculo de motor sin placas de

circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circular

De los artiacuteculos reformados se estima inconstitucional el artiacuteculo 193 paacuterrafo

tercero El texto del precepto impugnado es el siguiente

ldquoArtiacuteculo 193 (hellip)

1 Finalmente la pena se fijoacute al plazo de tres meses a un antildeo de prisioacuten

7

Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo

De inicio debe decirse que el tipo penal impugnado preveacute dos hipoacutetesis de hecho

diferentes para penar lo siguiente

bull ldquoldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten

(hellip)rdquo

bull ldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin (hellip) la autorizacioacuten para

circularrdquo

Por tanto en dicho precepto normativo se consideran iliacutecitas dos conductas la

primera manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin placas y la segunda manejar

o circular sin la autorizacioacuten correspondiente las cuales quedan sujetas a los

reglamentos de traacutensito respectivos

Ahora bien conviene precisar que en el Estado de Meacutexico existen dos

reglamentos de traacutensito el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el

Reglamento de Traacutensito Metropolitano del Estado de Meacutexico Este uacuteltimo se

distingue porque responde uacutenicamente a la regulacioacuten en las viacuteas primarias y

locales de comunicacioacuten en los municipios conurbados del Estado de Meacutexico 2

2 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten

8

remitiendo expresamente lo que no regula al Reglamento de Traacutensito del Estado

como norma general

En ese mismo sentido el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus

propios elementos tiacutepicos queacute se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo

que no se cumple el principio de taxatividad En este sentido tal elemento del tipo

requiere un ejercicio de interpretacioacuten conforme lo que en materia penal no estaacute

permitido allegaacutendose para ello del Reglamento de Traacutensito del Estado de

Meacutexico de doacutende se puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que

refiere el tipo penal impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de

circulacioacuten De ese ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo

penal impugnado se hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo

normativo reglamentario por lo que se comprueba que el tipo penal no se basta

en siacute mismo pues se completa en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de

caraacutecter administrativo que emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de

inconstitucionalidad

Dicho lo anterior las acciones administrativas relativas a las placas y a la tarjeta de

circulacioacuten que debe utilizar todo vehiacuteculo automotor se encuentran reguladas en

el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico del cual se desprenden las

condiciones que son requeridas a fin cualquier vehiacuteculo deberaacute estar debidamente

registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes entre los

Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

9

que se sentildealan para los vehiacuteculos de servicio particular las placas y la tarjeta de

circulacioacuten (Artiacuteculo 173)

Por cuanto hace a los requisitos de portar placas y tarjeta de circulacioacuten el artiacuteculo

194 del mismo ordenamiento sentildeala los requisitos para la matriculacioacuten de un

vehiacuteculo mientras que en el diverso artiacuteculo 26 se preveacute que la autoridad de

traacutensito deberaacute proporciona al interesado seguacuten el caso la placa de matriculacioacuten la calcomaniacutea y la tarjeta de circulacioacuten o la constancia del traacutemite correspondiente Con ello se evidencian que esos requisitos responden a

un traacutemite administrativo

3 Artiacuteculo 17 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida II- Tarjeta de circulacioacuten III- Calcomaniacutea de emisioacuten de contaminantes IV- Cinturones de seguridad en automoacuteviles y camionetas a partir de modelos 1985 y V- Extinguidor en buenas condiciones de uso4 Artiacuteculo 19 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Para la matriculacioacuten de un vehiacuteculo de servicio particular es necesario cumplir con los siguientes requisitos I Factura o carta factura en original y copia II Recibo del uacuteltimo pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehiacuteculos en original y copia III Identificacioacuten oficial del propietario en original y copia IV Constancia domiciliaria o recibos de servicios V Pago de derechos Para la matriculacioacuten o canje de placas de un vehiacuteculo de servicio puacuteblico tambieacuten deberaacute presentarse la documentacioacuten que sentildeale la reglamentacioacuten de transporte En el caso de expedicioacuten de placas a un vehiacuteculo que haya sido matriculado en otra entidad federativa ademaacutes de los anteriores requisitos deberaacuten presentarse la tarjeta de circulacioacuten y las placas correspondientes llenando el formato de baja que para tal efecto proporciona la autoridad administrativa El vehiacuteculo que se trate de matricular deberaacute ser presentado ante la autoridad de traacutensito competente para comprobar su funcionamiento y que cuenta con el equipo reglamentario El cambio de propietario deberaacute verificarse con la factura del vehiacuteculo debidamente endosada al nuevo propietario quien se identificaraacute ante la autoridad

10

Lo anterior se verifica en relacioacuten al artiacuteculo 118 en el cual se preveacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano cuando el

vehiacuteculo no tenga tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

(fraccioacuten II) y cuando al vehiacuteculo le falten ambas placas o el documento que

justifique la omisioacuten (fraccioacuten III)

Asiacute la reforma en mencioacuten tiene una acotacioacuten en lo relativo a imponer una pena

privativa de libertad a quien se ubique en los supuestos citados lo cual resulta

desproporcionado pues pretende castigar penalmente una conducta infractora

prevista en los reglamentos de traacutensito del Estado de Meacutexico por tanto su

inobservancia configura una infraccioacuten a un reglamento administrativo y no una

conducta delictiva

De ellos se infiere que el artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado

de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo y 20

apartado B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo todos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos

Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos por vulnerar

el derecho a la seguridad juriacutedica a la no autoincriminacioacuten la competencia de la

autoridad administrativa para la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones a los

reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de seguridad juriacutedica

legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten miacutenima del derecho

penal (ultima ratio) y pro persona como maacutes adelante se expone

X Marco Legal

11

A fin de respaldar esta postura procede reproducir el marco legal Constitucional

que daraacute sustento a lo aquiacute argumentado

A Nacional

bull Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

ldquoArtiacuteculo 1o En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia (hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 14 A ninguna ley se daraacute efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna

Nadie podraacute ser privado de la libertad o de sus propiedades posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y auacuten por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

En los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberaacute ser conforme a la letra o a la interpretacioacuten juriacutedica de la ley y a falta de eacutesta se fundaraacute en los principios generales del derecho

12

(hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 16 Nadie puede ser molestado en su persona familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento (hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 20

(hellip) Apartado B De los derechos de toda persona imputada

II A declarar o a guardar silencio Desde el momento de su detencioacuten se le haraacuten saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio el cual no podraacute ser utilizado en su perjuicio Queda prohibida y seraacute sancionada por la ley penal toda incomunicacioacuten intimidacioacuten o tortura La confesioacuten rendida sin la asistencia del defensor careceraacute de todo valor probatorio

(hellip)rdquo

ldquoArticulo 21 (hellip) Compete a la autoridad administrativa la aplicacioacuten de sanciones porlas infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto se permutaraacute esta por el arresto correspondiente que no excederaacute en ninguacuten caso de treinta y seis horas (hellip)rdquo

B Internacional

De la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos

ldquoArtiacuteculo 5 Derecho a la Integridad Personal 6 Las penas privativas de la libertad tendraacuten como finalidad esencial la reforma y la readaptacioacuten social de los condenados

13

(hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 8 Garantiacuteas Judiciales 1 Toda persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas ydentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciacioacuten de cualquier acusacioacuten penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro caraacutecter (hellip)rdquo

Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos

ldquoArtiacuteculo 14 1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia Toda persona tendraacute derecho a ser oiacuteda puacuteblicamente y con las debidas garantiacuteas por un tribunal competente independiente e imparcial establecido por la ley en la substanciacioacuten de cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil La prensa y el puacuteblico podraacuten ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral orden puacuteblico o seguridad nacional en una sociedad democraacutetica o cuando lo exija el intereacutes de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinioacuten del tribunal cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia pero toda sentencia en materia penal o contenciosa seraacute puacuteblica excepto en los casos en que el intereacutes de menores de edad exija lo contrario o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (hellip)rdquo

XI Conceptos de invalidez

UacuteNICO El artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo 20 apartado

14

B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos

El artiacuteculo impugnado vulnera el derecho a la seguridad juriacutedica a la no

autoincriminacioacuten a que la autoridad administrativa aplique las sanciones por las

infracciones a los reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de

seguridad juriacutedica legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten

miacutenima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona como enseguida se expone

A El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal para el Estado de Meacutexico tipifica como delito el manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin ambas placas o la autorizacioacuten para circular imponiendo una pena de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa lo que al tratarse de una falta administrativa resulta trasgresor de la seguridad juriacutedica consagrada en artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos al no respetar los principios de legalidad en materia penal taxatividad y plenitud hermeacutetica

Para demostrarlo se trae a colacioacuten la porcioacuten normativa en controversia

contenida en el artiacuteculo 193 paacuterrafo cuarto en lo que interesa

ldquoArticulo 193 (hellip) Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres a meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo

15

La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes

a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta

accioacuten

b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la

autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten

administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes

c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto

activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito

d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal

e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio

f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un

reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales

trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en

materia penal

Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten

para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los

reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o

cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al

16

reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la

localidad

En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten

de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad

del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los

procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del

Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe

confundirse con los elementos normativos del tipo

Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado

en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una

infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el

artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el

apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con

un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal

que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales

Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis

materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la

letra dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE

17

TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es

un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la

certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un

auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los

18

supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de

imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el

principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los

de legalidad y seguridad juriacutedica

Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo

penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y

pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios

utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos

especiacuteficos entre otros

Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a

establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de

cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger

En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo

tercero se integra con los siguientes elementos

1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten

resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito

y no un delito por siacute mismo

2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y

ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado

3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con

la pretendida conducta eacutestas se vean afectas

19

4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo

de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la

afectacioacuten de la propiedad de un tercero

5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la

norma

Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable

con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de

claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del

juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo

ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un

reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la

norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la

prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es

acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de

taxatividad

Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de

la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la

Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia

constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra

dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE

20

DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no

21

pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo

Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones

en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la

obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo

penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable

y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda

claridad las penas que deben aplicarse en cada caso

Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado

por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten

retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o

taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve

materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del

rubro y texto siguientes

ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por

22

virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo

Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia

penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al

legislador en el siguiente sentido

a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse

de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance

imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo

b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara

limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos

penales ambiguos

23

c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su

alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del

sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales

d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al

grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado

de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del

juzgador

Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el

sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo

y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con

que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten

linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de

certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar

un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del

aplicador de la norma

Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios

finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con

relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador

pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad

Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para

determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un

antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica

24

seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten

operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan

prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia

Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de

ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de

circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como

uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten

En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se

refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que

causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la

utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la

actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten

bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de

origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un

delito

Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten

de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de

prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin

placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que

la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de

esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma

25

adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es

decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute

mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un

delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado

Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo

Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la

Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en

discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente

pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los

particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico

que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por

el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su

existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia

de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten

bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se

reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio

Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios

elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no

se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace

necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se

puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal

impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese

ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se

26

hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por

lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa

en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que

emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad

Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el

nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta

Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena

Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone

ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los

27

elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo

En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las

previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten

Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se

establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas

que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda

persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo

razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial

establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de

cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la

determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el

artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones

Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a

partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a

rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el

Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de

constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales

cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la

28

interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y

brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas

Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas

interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con

mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto

es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja

con mayor alcance a los titulares de un derecho humano

Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la

conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para

circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria

que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o

trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena

privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten

Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias

radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona

deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes

favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el

caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso

resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda

alguna la reglamentaria

B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad

29

administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad

El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y

las sanciones a saber

bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la

autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute

como su modificacioacuten y duracioacuten

bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones

administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos

de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea

Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las

sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad

judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e

impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son

determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas

directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial

dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea

En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la

imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de

30

policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca

la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo

texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como

son

1 Multa

2 Arresto hasta por treinta y seis horas o

3 Trabajo a favor de la comunidad

Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos

gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son

emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local

Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un

Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos

de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento

gubernativo o de policiacutea

Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que

directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos

y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida

Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo

cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta

observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar

en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso

31

Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable

en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004

Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004

paacutegina 242 del rubro y texto siguientes

ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo

De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha

infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado

precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede

variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de

normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos

ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la

inobservancia de la ley penal

32

En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de

circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo

previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de

sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento

gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho

menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a

una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y

seis horas o trabajo a favor de la comunidad

Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una

infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento

gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva

de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como

delito por la legislacioacuten penal

Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones

administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la

sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento

mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley

Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo

XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero

1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes

33

ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo

Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las

penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas

de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las

originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se

califican como infracciones

Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de

traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento

34

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico

el lunes 21 de septiembre de 1992

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE

MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de

junio de 2007

Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional

Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar

I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida

II- Tarjeta de circulacioacuten

Artiacuteculo 16

Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con

I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben

a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo

b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro

de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos

sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de

caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute

una sancioacuten

5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

35

c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de

circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y

d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que

especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva

Artiacuteculo 5

Los conductores deben

II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el

documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo

Sanciones

Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los

siguientes casos

I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de

identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga

tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas

placas o el documento que justifique la omisioacuten

Artiacuteculo 16

(hellip) Fraccioacuten I

Sancioacuten

20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y

retiro de la placa delantera

Artiacuteculo 5

Fraccioacuten II

10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito

36

Artiacuteculo 26

Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos

al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones

I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para

operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del

permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la

peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de

salario miacutenimo

80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito

En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas

placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es

administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse

previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la

actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del

Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano

En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto

u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por

ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales

la naturaleza de ambas son distintas

37

Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el

artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a

infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las

autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos

gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o

trabajo a favor de la comunidad

C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del

artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos

Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a

la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten

Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de

mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como

garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico

nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la

seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona

familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de

la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento

El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la

arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da

como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino

que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten

38

para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia

sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento

En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute

misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la

policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar

autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le

corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante

un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin

que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia

o la querella

Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos

fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz

de los siguientes razonamientos

El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que

debe imperar en un acto de molestia

La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades

1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta

de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del

gobernado

39

2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito

derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que

la norma los establezca)

3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de

documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo

penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad

con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal

del procedimiento

Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la

real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos

y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee

Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o

posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin

observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de

asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes

Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que

realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y

de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una

detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al

momento de realizar sus investigaciones

40

Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a

una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten

proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el

Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los

siguientes teacuterminos

ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo

Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la

Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el

ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en

su referente 4 dice textual

ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y

41

El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico contenido

en el Decreto nuacutemero 394 publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado

de Meacutexico

Decreto que como se anuncioacute fue publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad

el diacutea veintiseacuteis de enero de dos mil quince que en lo conducente dispone

ldquoDECRETO NO 394 ARTIacuteCULO PRIMERO SE REFORMAN LOS ARTIacuteCULOS 137 BIS EN SU FRACCIOacuteN II DEL SEGUNDO PAacuteRRAFO 193 EN SUS PAacuteRRAFOS PRIMERO Y TERCERO 229 EN SUS PAacuteRRAFOS SEGUNDO TERCERO Y CUARTO 266 EN SUS PAacuteRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO 290 EN SUS FRACCIONES I EN SU PRIMER PAacuteRRAFO II EN SU PRIMER PAacuteRRAFO III V XVIII Y EL 292 EN SU SEGUNDO PAacuteRRAFO Y SE ADICIONA AL 193 UN CUARTO PAacuteRRAFO DEL COacuteDIGO PENAL DEL ESTADO DE MEacuteXICO PARA QUEDAR COMO SIGUE (hellip)rdquo

Preceptos constitucionales e internacionales que se estiman violados

bullDe la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos Artiacuteculos

1ordm 14 16 primer paacuterrafo y 20 apartado B fraccioacuten II y 21 cuarto

paacuterrafo

bullDe la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos Artiacuteculos 56 y

8

bullDel Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos Artiacuteculo 14

3

IV Derechos fundamentales que se estiman violados

bull Derecho a la seguridad juriacutedica

bull Derecho a la no autoincriminacioacuten

bull Competencia de la autoridad administrativa para la aplicacioacuten de

sanciones por las infracciones a los reglamentos gubernativos

bull Principio de legalidad

bull Principio de taxatividad

bull Principio de plenitud hermeacutetica

bull Principio de intervencioacuten miacutenima del derecho penal (ultima ratio)

bull Principio pro persona

VI Competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten es competente

para conocer de la presente accioacuten de inconstitucionalidad de conformidad

con lo dispuesto por los artiacuteculos 105 fraccioacuten II inciso g) de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 10 fraccioacuten I de la Ley Orgaacutenica

del Poder Judicial de la Federacioacuten y 1deg de la Ley Reglamentaria de las

Fracciones I y II del Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados

Unidos Mexicanos toda vez que por la presente se solicita la declaracioacuten de

inconstitucionalidad del artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del

Estado de Meacutexico

4

VII Oportunidad en la promocioacuten

Acorde al artiacuteculo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del

Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el

plazo para la presentacioacuten de la accioacuten de inconstitucionalidad es de treinta

diacuteas naturales a partir del diacutea siguiente al de la publicacioacuten de la norma

impugnada

En el caso se solicita la declaracioacuten de invalidez del artiacuteculo 193 paacuterrafo

tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico expedido mediante decreto

publicado el veintiseacuteis de enero del antildeo dos mil quince en la Gaceta Oficial del

Estado de Meacutexico por lo que el plazo para presentar la accioacuten corre del

veintisiete de enero al veinticinco de febrero del antildeo dos mil quince

Por tanto al promoverse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten el diacutea

de hoy la accioacuten es oportuna

VIII Legitimacioacuten activa de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos para promover la accioacuten de inconstitucionalidad

El artiacuteculo 105 fraccioacuten II inciso g) de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados

Unidos Mexicanos expresamente dispone que esta Comisioacuten Nacional de los

Derechos Humanos tiene atribuciones para plantear la posible inconstitucionalidad

de normas generales que vulneren los derechos humanos consagrados en la

Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que Meacutexico es parte y

respecto de las legislaciones federales estatales y del Distrito Federal en los

siguientes teacuterminos

5

ldquoArtiacuteculo 105 La Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten conoceraacute en los teacuterminos que sentildeale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes (hellip) II De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradiccioacuten entre una norma de caraacutecter general y esta Constitucioacuten Las acciones de inconstitucionalidad podraacuten ejercitarse dentro de los treinta diacuteas naturales siguientes a la fecha de publicacioacuten de la norma por (hellip) g) La Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de caraacutecter federal estatal y del Distrito Federal asiacute como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la Repuacuteblica que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que Meacutexico sea parte Asimismo los organismos de proteccioacuten de los derechos humanos equivalentes en los estados de la Repuacuteblica en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisioacuten de Derechos Humanos del Distrito Federal en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hellip)rdquo

A la luz del citado precepto Constitucional acudo a ese Alto Tribunal en mi calidad

de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos en los teacuterminos

del primer paacuterrafo del artiacuteculo 11 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II

del Artiacuteculo 105 Constitucional aplicable en materia de acciones de

inconstitucionalidad conforme al diverso 59 del mismo ordenamiento legal

Dicha representacioacuten y facultades se encuentran previstas en el artiacuteculo 15

fracciones I y XI de la Ley de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos y

en el diverso 18 del Reglamento Interno de la Comisioacuten Nacional de los Derechos

Humanos

6

IX Introduccioacuten

El veintiseacuteis de enero del presente antildeo se publicoacute en la Gaceta Oficial del Estado

de Meacutexico el decreto 394 por el cual se reforman los artiacuteculos 137 BIS en su

fraccioacuten II del segundo paacuterrafo 193 en sus paacuterrafos primero y tercero 229 en sus

paacuterrafos segundo tercero y cuarto 266 en sus paacuterrafos primero y segundo 290

en sus fracciones I en su primer paacuterrafo II en su primer paacuterrafo III V XVIII y el

292 en su segundo paacuterrafo y se adiciona al 193 un cuarto paacuterrafo del Coacutedigo

Penal del Estado de Meacutexico

Seguacuten establece la exposicioacuten de motivos de la iniciativa la reforma pretende

lograr la disminucioacuten de diversas conductas que conllevan a la falta de seguridad

en la entidad para ello se esboza un incremento a las penas para algunos delitos

Adicionalmente como parte de esta iniciativa se planteoacute que a fin de fortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas imponer de seis meses a dos antildeos de prisioacuten1 y multa

de cincuenta a cien diacuteas a quien manejareacute un vehiacuteculo de motor sin placas de

circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circular

De los artiacuteculos reformados se estima inconstitucional el artiacuteculo 193 paacuterrafo

tercero El texto del precepto impugnado es el siguiente

ldquoArtiacuteculo 193 (hellip)

1 Finalmente la pena se fijoacute al plazo de tres meses a un antildeo de prisioacuten

7

Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo

De inicio debe decirse que el tipo penal impugnado preveacute dos hipoacutetesis de hecho

diferentes para penar lo siguiente

bull ldquoldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten

(hellip)rdquo

bull ldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin (hellip) la autorizacioacuten para

circularrdquo

Por tanto en dicho precepto normativo se consideran iliacutecitas dos conductas la

primera manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin placas y la segunda manejar

o circular sin la autorizacioacuten correspondiente las cuales quedan sujetas a los

reglamentos de traacutensito respectivos

Ahora bien conviene precisar que en el Estado de Meacutexico existen dos

reglamentos de traacutensito el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el

Reglamento de Traacutensito Metropolitano del Estado de Meacutexico Este uacuteltimo se

distingue porque responde uacutenicamente a la regulacioacuten en las viacuteas primarias y

locales de comunicacioacuten en los municipios conurbados del Estado de Meacutexico 2

2 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten

8

remitiendo expresamente lo que no regula al Reglamento de Traacutensito del Estado

como norma general

En ese mismo sentido el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus

propios elementos tiacutepicos queacute se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo

que no se cumple el principio de taxatividad En este sentido tal elemento del tipo

requiere un ejercicio de interpretacioacuten conforme lo que en materia penal no estaacute

permitido allegaacutendose para ello del Reglamento de Traacutensito del Estado de

Meacutexico de doacutende se puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que

refiere el tipo penal impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de

circulacioacuten De ese ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo

penal impugnado se hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo

normativo reglamentario por lo que se comprueba que el tipo penal no se basta

en siacute mismo pues se completa en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de

caraacutecter administrativo que emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de

inconstitucionalidad

Dicho lo anterior las acciones administrativas relativas a las placas y a la tarjeta de

circulacioacuten que debe utilizar todo vehiacuteculo automotor se encuentran reguladas en

el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico del cual se desprenden las

condiciones que son requeridas a fin cualquier vehiacuteculo deberaacute estar debidamente

registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes entre los

Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

9

que se sentildealan para los vehiacuteculos de servicio particular las placas y la tarjeta de

circulacioacuten (Artiacuteculo 173)

Por cuanto hace a los requisitos de portar placas y tarjeta de circulacioacuten el artiacuteculo

194 del mismo ordenamiento sentildeala los requisitos para la matriculacioacuten de un

vehiacuteculo mientras que en el diverso artiacuteculo 26 se preveacute que la autoridad de

traacutensito deberaacute proporciona al interesado seguacuten el caso la placa de matriculacioacuten la calcomaniacutea y la tarjeta de circulacioacuten o la constancia del traacutemite correspondiente Con ello se evidencian que esos requisitos responden a

un traacutemite administrativo

3 Artiacuteculo 17 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida II- Tarjeta de circulacioacuten III- Calcomaniacutea de emisioacuten de contaminantes IV- Cinturones de seguridad en automoacuteviles y camionetas a partir de modelos 1985 y V- Extinguidor en buenas condiciones de uso4 Artiacuteculo 19 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Para la matriculacioacuten de un vehiacuteculo de servicio particular es necesario cumplir con los siguientes requisitos I Factura o carta factura en original y copia II Recibo del uacuteltimo pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehiacuteculos en original y copia III Identificacioacuten oficial del propietario en original y copia IV Constancia domiciliaria o recibos de servicios V Pago de derechos Para la matriculacioacuten o canje de placas de un vehiacuteculo de servicio puacuteblico tambieacuten deberaacute presentarse la documentacioacuten que sentildeale la reglamentacioacuten de transporte En el caso de expedicioacuten de placas a un vehiacuteculo que haya sido matriculado en otra entidad federativa ademaacutes de los anteriores requisitos deberaacuten presentarse la tarjeta de circulacioacuten y las placas correspondientes llenando el formato de baja que para tal efecto proporciona la autoridad administrativa El vehiacuteculo que se trate de matricular deberaacute ser presentado ante la autoridad de traacutensito competente para comprobar su funcionamiento y que cuenta con el equipo reglamentario El cambio de propietario deberaacute verificarse con la factura del vehiacuteculo debidamente endosada al nuevo propietario quien se identificaraacute ante la autoridad

10

Lo anterior se verifica en relacioacuten al artiacuteculo 118 en el cual se preveacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano cuando el

vehiacuteculo no tenga tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

(fraccioacuten II) y cuando al vehiacuteculo le falten ambas placas o el documento que

justifique la omisioacuten (fraccioacuten III)

Asiacute la reforma en mencioacuten tiene una acotacioacuten en lo relativo a imponer una pena

privativa de libertad a quien se ubique en los supuestos citados lo cual resulta

desproporcionado pues pretende castigar penalmente una conducta infractora

prevista en los reglamentos de traacutensito del Estado de Meacutexico por tanto su

inobservancia configura una infraccioacuten a un reglamento administrativo y no una

conducta delictiva

De ellos se infiere que el artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado

de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo y 20

apartado B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo todos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos

Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos por vulnerar

el derecho a la seguridad juriacutedica a la no autoincriminacioacuten la competencia de la

autoridad administrativa para la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones a los

reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de seguridad juriacutedica

legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten miacutenima del derecho

penal (ultima ratio) y pro persona como maacutes adelante se expone

X Marco Legal

11

A fin de respaldar esta postura procede reproducir el marco legal Constitucional

que daraacute sustento a lo aquiacute argumentado

A Nacional

bull Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

ldquoArtiacuteculo 1o En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia (hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 14 A ninguna ley se daraacute efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna

Nadie podraacute ser privado de la libertad o de sus propiedades posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y auacuten por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

En los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberaacute ser conforme a la letra o a la interpretacioacuten juriacutedica de la ley y a falta de eacutesta se fundaraacute en los principios generales del derecho

12

(hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 16 Nadie puede ser molestado en su persona familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento (hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 20

(hellip) Apartado B De los derechos de toda persona imputada

II A declarar o a guardar silencio Desde el momento de su detencioacuten se le haraacuten saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio el cual no podraacute ser utilizado en su perjuicio Queda prohibida y seraacute sancionada por la ley penal toda incomunicacioacuten intimidacioacuten o tortura La confesioacuten rendida sin la asistencia del defensor careceraacute de todo valor probatorio

(hellip)rdquo

ldquoArticulo 21 (hellip) Compete a la autoridad administrativa la aplicacioacuten de sanciones porlas infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto se permutaraacute esta por el arresto correspondiente que no excederaacute en ninguacuten caso de treinta y seis horas (hellip)rdquo

B Internacional

De la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos

ldquoArtiacuteculo 5 Derecho a la Integridad Personal 6 Las penas privativas de la libertad tendraacuten como finalidad esencial la reforma y la readaptacioacuten social de los condenados

13

(hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 8 Garantiacuteas Judiciales 1 Toda persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas ydentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciacioacuten de cualquier acusacioacuten penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro caraacutecter (hellip)rdquo

Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos

ldquoArtiacuteculo 14 1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia Toda persona tendraacute derecho a ser oiacuteda puacuteblicamente y con las debidas garantiacuteas por un tribunal competente independiente e imparcial establecido por la ley en la substanciacioacuten de cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil La prensa y el puacuteblico podraacuten ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral orden puacuteblico o seguridad nacional en una sociedad democraacutetica o cuando lo exija el intereacutes de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinioacuten del tribunal cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia pero toda sentencia en materia penal o contenciosa seraacute puacuteblica excepto en los casos en que el intereacutes de menores de edad exija lo contrario o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (hellip)rdquo

XI Conceptos de invalidez

UacuteNICO El artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo 20 apartado

14

B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos

El artiacuteculo impugnado vulnera el derecho a la seguridad juriacutedica a la no

autoincriminacioacuten a que la autoridad administrativa aplique las sanciones por las

infracciones a los reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de

seguridad juriacutedica legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten

miacutenima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona como enseguida se expone

A El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal para el Estado de Meacutexico tipifica como delito el manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin ambas placas o la autorizacioacuten para circular imponiendo una pena de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa lo que al tratarse de una falta administrativa resulta trasgresor de la seguridad juriacutedica consagrada en artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos al no respetar los principios de legalidad en materia penal taxatividad y plenitud hermeacutetica

Para demostrarlo se trae a colacioacuten la porcioacuten normativa en controversia

contenida en el artiacuteculo 193 paacuterrafo cuarto en lo que interesa

ldquoArticulo 193 (hellip) Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres a meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo

15

La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes

a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta

accioacuten

b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la

autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten

administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes

c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto

activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito

d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal

e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio

f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un

reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales

trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en

materia penal

Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten

para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los

reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o

cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al

16

reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la

localidad

En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten

de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad

del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los

procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del

Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe

confundirse con los elementos normativos del tipo

Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado

en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una

infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el

artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el

apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con

un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal

que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales

Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis

materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la

letra dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE

17

TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es

un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la

certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un

auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los

18

supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de

imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el

principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los

de legalidad y seguridad juriacutedica

Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo

penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y

pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios

utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos

especiacuteficos entre otros

Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a

establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de

cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger

En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo

tercero se integra con los siguientes elementos

1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten

resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito

y no un delito por siacute mismo

2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y

ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado

3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con

la pretendida conducta eacutestas se vean afectas

19

4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo

de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la

afectacioacuten de la propiedad de un tercero

5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la

norma

Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable

con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de

claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del

juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo

ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un

reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la

norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la

prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es

acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de

taxatividad

Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de

la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la

Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia

constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra

dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE

20

DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no

21

pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo

Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones

en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la

obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo

penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable

y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda

claridad las penas que deben aplicarse en cada caso

Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado

por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten

retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o

taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve

materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del

rubro y texto siguientes

ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por

22

virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo

Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia

penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al

legislador en el siguiente sentido

a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse

de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance

imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo

b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara

limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos

penales ambiguos

23

c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su

alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del

sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales

d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al

grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado

de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del

juzgador

Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el

sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo

y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con

que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten

linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de

certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar

un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del

aplicador de la norma

Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios

finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con

relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador

pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad

Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para

determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un

antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica

24

seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten

operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan

prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia

Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de

ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de

circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como

uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten

En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se

refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que

causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la

utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la

actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten

bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de

origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un

delito

Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten

de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de

prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin

placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que

la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de

esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma

25

adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es

decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute

mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un

delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado

Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo

Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la

Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en

discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente

pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los

particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico

que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por

el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su

existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia

de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten

bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se

reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio

Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios

elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no

se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace

necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se

puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal

impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese

ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se

26

hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por

lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa

en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que

emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad

Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el

nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta

Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena

Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone

ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los

27

elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo

En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las

previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten

Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se

establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas

que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda

persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo

razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial

establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de

cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la

determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el

artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones

Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a

partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a

rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el

Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de

constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales

cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la

28

interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y

brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas

Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas

interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con

mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto

es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja

con mayor alcance a los titulares de un derecho humano

Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la

conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para

circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria

que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o

trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena

privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten

Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias

radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona

deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes

favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el

caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso

resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda

alguna la reglamentaria

B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad

29

administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad

El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y

las sanciones a saber

bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la

autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute

como su modificacioacuten y duracioacuten

bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones

administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos

de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea

Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las

sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad

judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e

impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son

determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas

directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial

dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea

En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la

imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de

30

policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca

la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo

texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como

son

1 Multa

2 Arresto hasta por treinta y seis horas o

3 Trabajo a favor de la comunidad

Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos

gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son

emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local

Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un

Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos

de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento

gubernativo o de policiacutea

Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que

directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos

y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida

Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo

cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta

observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar

en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso

31

Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable

en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004

Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004

paacutegina 242 del rubro y texto siguientes

ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo

De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha

infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado

precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede

variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de

normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos

ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la

inobservancia de la ley penal

32

En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de

circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo

previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de

sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento

gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho

menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a

una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y

seis horas o trabajo a favor de la comunidad

Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una

infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento

gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva

de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como

delito por la legislacioacuten penal

Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones

administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la

sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento

mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley

Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo

XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero

1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes

33

ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo

Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las

penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas

de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las

originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se

califican como infracciones

Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de

traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento

34

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico

el lunes 21 de septiembre de 1992

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE

MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de

junio de 2007

Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional

Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar

I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida

II- Tarjeta de circulacioacuten

Artiacuteculo 16

Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con

I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben

a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo

b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro

de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos

sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de

caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute

una sancioacuten

5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

35

c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de

circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y

d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que

especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva

Artiacuteculo 5

Los conductores deben

II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el

documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo

Sanciones

Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los

siguientes casos

I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de

identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga

tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas

placas o el documento que justifique la omisioacuten

Artiacuteculo 16

(hellip) Fraccioacuten I

Sancioacuten

20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y

retiro de la placa delantera

Artiacuteculo 5

Fraccioacuten II

10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito

36

Artiacuteculo 26

Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos

al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones

I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para

operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del

permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la

peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de

salario miacutenimo

80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito

En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas

placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es

administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse

previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la

actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del

Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano

En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto

u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por

ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales

la naturaleza de ambas son distintas

37

Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el

artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a

infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las

autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos

gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o

trabajo a favor de la comunidad

C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del

artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos

Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a

la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten

Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de

mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como

garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico

nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la

seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona

familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de

la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento

El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la

arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da

como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino

que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten

38

para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia

sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento

En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute

misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la

policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar

autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le

corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante

un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin

que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia

o la querella

Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos

fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz

de los siguientes razonamientos

El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que

debe imperar en un acto de molestia

La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades

1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta

de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del

gobernado

39

2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito

derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que

la norma los establezca)

3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de

documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo

penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad

con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal

del procedimiento

Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la

real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos

y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee

Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o

posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin

observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de

asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes

Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que

realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y

de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una

detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al

momento de realizar sus investigaciones

40

Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a

una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten

proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el

Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los

siguientes teacuterminos

ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo

Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la

Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el

ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en

su referente 4 dice textual

ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y

41

IV Derechos fundamentales que se estiman violados

bull Derecho a la seguridad juriacutedica

bull Derecho a la no autoincriminacioacuten

bull Competencia de la autoridad administrativa para la aplicacioacuten de

sanciones por las infracciones a los reglamentos gubernativos

bull Principio de legalidad

bull Principio de taxatividad

bull Principio de plenitud hermeacutetica

bull Principio de intervencioacuten miacutenima del derecho penal (ultima ratio)

bull Principio pro persona

VI Competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten es competente

para conocer de la presente accioacuten de inconstitucionalidad de conformidad

con lo dispuesto por los artiacuteculos 105 fraccioacuten II inciso g) de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 10 fraccioacuten I de la Ley Orgaacutenica

del Poder Judicial de la Federacioacuten y 1deg de la Ley Reglamentaria de las

Fracciones I y II del Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados

Unidos Mexicanos toda vez que por la presente se solicita la declaracioacuten de

inconstitucionalidad del artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal del

Estado de Meacutexico

4

VII Oportunidad en la promocioacuten

Acorde al artiacuteculo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del

Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el

plazo para la presentacioacuten de la accioacuten de inconstitucionalidad es de treinta

diacuteas naturales a partir del diacutea siguiente al de la publicacioacuten de la norma

impugnada

En el caso se solicita la declaracioacuten de invalidez del artiacuteculo 193 paacuterrafo

tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico expedido mediante decreto

publicado el veintiseacuteis de enero del antildeo dos mil quince en la Gaceta Oficial del

Estado de Meacutexico por lo que el plazo para presentar la accioacuten corre del

veintisiete de enero al veinticinco de febrero del antildeo dos mil quince

Por tanto al promoverse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten el diacutea

de hoy la accioacuten es oportuna

VIII Legitimacioacuten activa de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos para promover la accioacuten de inconstitucionalidad

El artiacuteculo 105 fraccioacuten II inciso g) de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados

Unidos Mexicanos expresamente dispone que esta Comisioacuten Nacional de los

Derechos Humanos tiene atribuciones para plantear la posible inconstitucionalidad

de normas generales que vulneren los derechos humanos consagrados en la

Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que Meacutexico es parte y

respecto de las legislaciones federales estatales y del Distrito Federal en los

siguientes teacuterminos

5

ldquoArtiacuteculo 105 La Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten conoceraacute en los teacuterminos que sentildeale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes (hellip) II De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradiccioacuten entre una norma de caraacutecter general y esta Constitucioacuten Las acciones de inconstitucionalidad podraacuten ejercitarse dentro de los treinta diacuteas naturales siguientes a la fecha de publicacioacuten de la norma por (hellip) g) La Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de caraacutecter federal estatal y del Distrito Federal asiacute como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la Repuacuteblica que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que Meacutexico sea parte Asimismo los organismos de proteccioacuten de los derechos humanos equivalentes en los estados de la Repuacuteblica en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisioacuten de Derechos Humanos del Distrito Federal en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hellip)rdquo

A la luz del citado precepto Constitucional acudo a ese Alto Tribunal en mi calidad

de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos en los teacuterminos

del primer paacuterrafo del artiacuteculo 11 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II

del Artiacuteculo 105 Constitucional aplicable en materia de acciones de

inconstitucionalidad conforme al diverso 59 del mismo ordenamiento legal

Dicha representacioacuten y facultades se encuentran previstas en el artiacuteculo 15

fracciones I y XI de la Ley de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos y

en el diverso 18 del Reglamento Interno de la Comisioacuten Nacional de los Derechos

Humanos

6

IX Introduccioacuten

El veintiseacuteis de enero del presente antildeo se publicoacute en la Gaceta Oficial del Estado

de Meacutexico el decreto 394 por el cual se reforman los artiacuteculos 137 BIS en su

fraccioacuten II del segundo paacuterrafo 193 en sus paacuterrafos primero y tercero 229 en sus

paacuterrafos segundo tercero y cuarto 266 en sus paacuterrafos primero y segundo 290

en sus fracciones I en su primer paacuterrafo II en su primer paacuterrafo III V XVIII y el

292 en su segundo paacuterrafo y se adiciona al 193 un cuarto paacuterrafo del Coacutedigo

Penal del Estado de Meacutexico

Seguacuten establece la exposicioacuten de motivos de la iniciativa la reforma pretende

lograr la disminucioacuten de diversas conductas que conllevan a la falta de seguridad

en la entidad para ello se esboza un incremento a las penas para algunos delitos

Adicionalmente como parte de esta iniciativa se planteoacute que a fin de fortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas imponer de seis meses a dos antildeos de prisioacuten1 y multa

de cincuenta a cien diacuteas a quien manejareacute un vehiacuteculo de motor sin placas de

circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circular

De los artiacuteculos reformados se estima inconstitucional el artiacuteculo 193 paacuterrafo

tercero El texto del precepto impugnado es el siguiente

ldquoArtiacuteculo 193 (hellip)

1 Finalmente la pena se fijoacute al plazo de tres meses a un antildeo de prisioacuten

7

Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo

De inicio debe decirse que el tipo penal impugnado preveacute dos hipoacutetesis de hecho

diferentes para penar lo siguiente

bull ldquoldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten

(hellip)rdquo

bull ldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin (hellip) la autorizacioacuten para

circularrdquo

Por tanto en dicho precepto normativo se consideran iliacutecitas dos conductas la

primera manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin placas y la segunda manejar

o circular sin la autorizacioacuten correspondiente las cuales quedan sujetas a los

reglamentos de traacutensito respectivos

Ahora bien conviene precisar que en el Estado de Meacutexico existen dos

reglamentos de traacutensito el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el

Reglamento de Traacutensito Metropolitano del Estado de Meacutexico Este uacuteltimo se

distingue porque responde uacutenicamente a la regulacioacuten en las viacuteas primarias y

locales de comunicacioacuten en los municipios conurbados del Estado de Meacutexico 2

2 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten

8

remitiendo expresamente lo que no regula al Reglamento de Traacutensito del Estado

como norma general

En ese mismo sentido el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus

propios elementos tiacutepicos queacute se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo

que no se cumple el principio de taxatividad En este sentido tal elemento del tipo

requiere un ejercicio de interpretacioacuten conforme lo que en materia penal no estaacute

permitido allegaacutendose para ello del Reglamento de Traacutensito del Estado de

Meacutexico de doacutende se puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que

refiere el tipo penal impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de

circulacioacuten De ese ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo

penal impugnado se hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo

normativo reglamentario por lo que se comprueba que el tipo penal no se basta

en siacute mismo pues se completa en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de

caraacutecter administrativo que emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de

inconstitucionalidad

Dicho lo anterior las acciones administrativas relativas a las placas y a la tarjeta de

circulacioacuten que debe utilizar todo vehiacuteculo automotor se encuentran reguladas en

el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico del cual se desprenden las

condiciones que son requeridas a fin cualquier vehiacuteculo deberaacute estar debidamente

registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes entre los

Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

9

que se sentildealan para los vehiacuteculos de servicio particular las placas y la tarjeta de

circulacioacuten (Artiacuteculo 173)

Por cuanto hace a los requisitos de portar placas y tarjeta de circulacioacuten el artiacuteculo

194 del mismo ordenamiento sentildeala los requisitos para la matriculacioacuten de un

vehiacuteculo mientras que en el diverso artiacuteculo 26 se preveacute que la autoridad de

traacutensito deberaacute proporciona al interesado seguacuten el caso la placa de matriculacioacuten la calcomaniacutea y la tarjeta de circulacioacuten o la constancia del traacutemite correspondiente Con ello se evidencian que esos requisitos responden a

un traacutemite administrativo

3 Artiacuteculo 17 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida II- Tarjeta de circulacioacuten III- Calcomaniacutea de emisioacuten de contaminantes IV- Cinturones de seguridad en automoacuteviles y camionetas a partir de modelos 1985 y V- Extinguidor en buenas condiciones de uso4 Artiacuteculo 19 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Para la matriculacioacuten de un vehiacuteculo de servicio particular es necesario cumplir con los siguientes requisitos I Factura o carta factura en original y copia II Recibo del uacuteltimo pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehiacuteculos en original y copia III Identificacioacuten oficial del propietario en original y copia IV Constancia domiciliaria o recibos de servicios V Pago de derechos Para la matriculacioacuten o canje de placas de un vehiacuteculo de servicio puacuteblico tambieacuten deberaacute presentarse la documentacioacuten que sentildeale la reglamentacioacuten de transporte En el caso de expedicioacuten de placas a un vehiacuteculo que haya sido matriculado en otra entidad federativa ademaacutes de los anteriores requisitos deberaacuten presentarse la tarjeta de circulacioacuten y las placas correspondientes llenando el formato de baja que para tal efecto proporciona la autoridad administrativa El vehiacuteculo que se trate de matricular deberaacute ser presentado ante la autoridad de traacutensito competente para comprobar su funcionamiento y que cuenta con el equipo reglamentario El cambio de propietario deberaacute verificarse con la factura del vehiacuteculo debidamente endosada al nuevo propietario quien se identificaraacute ante la autoridad

10

Lo anterior se verifica en relacioacuten al artiacuteculo 118 en el cual se preveacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano cuando el

vehiacuteculo no tenga tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

(fraccioacuten II) y cuando al vehiacuteculo le falten ambas placas o el documento que

justifique la omisioacuten (fraccioacuten III)

Asiacute la reforma en mencioacuten tiene una acotacioacuten en lo relativo a imponer una pena

privativa de libertad a quien se ubique en los supuestos citados lo cual resulta

desproporcionado pues pretende castigar penalmente una conducta infractora

prevista en los reglamentos de traacutensito del Estado de Meacutexico por tanto su

inobservancia configura una infraccioacuten a un reglamento administrativo y no una

conducta delictiva

De ellos se infiere que el artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado

de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo y 20

apartado B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo todos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos

Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos por vulnerar

el derecho a la seguridad juriacutedica a la no autoincriminacioacuten la competencia de la

autoridad administrativa para la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones a los

reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de seguridad juriacutedica

legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten miacutenima del derecho

penal (ultima ratio) y pro persona como maacutes adelante se expone

X Marco Legal

11

A fin de respaldar esta postura procede reproducir el marco legal Constitucional

que daraacute sustento a lo aquiacute argumentado

A Nacional

bull Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

ldquoArtiacuteculo 1o En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia (hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 14 A ninguna ley se daraacute efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna

Nadie podraacute ser privado de la libertad o de sus propiedades posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y auacuten por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

En los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberaacute ser conforme a la letra o a la interpretacioacuten juriacutedica de la ley y a falta de eacutesta se fundaraacute en los principios generales del derecho

12

(hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 16 Nadie puede ser molestado en su persona familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento (hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 20

(hellip) Apartado B De los derechos de toda persona imputada

II A declarar o a guardar silencio Desde el momento de su detencioacuten se le haraacuten saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio el cual no podraacute ser utilizado en su perjuicio Queda prohibida y seraacute sancionada por la ley penal toda incomunicacioacuten intimidacioacuten o tortura La confesioacuten rendida sin la asistencia del defensor careceraacute de todo valor probatorio

(hellip)rdquo

ldquoArticulo 21 (hellip) Compete a la autoridad administrativa la aplicacioacuten de sanciones porlas infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto se permutaraacute esta por el arresto correspondiente que no excederaacute en ninguacuten caso de treinta y seis horas (hellip)rdquo

B Internacional

De la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos

ldquoArtiacuteculo 5 Derecho a la Integridad Personal 6 Las penas privativas de la libertad tendraacuten como finalidad esencial la reforma y la readaptacioacuten social de los condenados

13

(hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 8 Garantiacuteas Judiciales 1 Toda persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas ydentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciacioacuten de cualquier acusacioacuten penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro caraacutecter (hellip)rdquo

Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos

ldquoArtiacuteculo 14 1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia Toda persona tendraacute derecho a ser oiacuteda puacuteblicamente y con las debidas garantiacuteas por un tribunal competente independiente e imparcial establecido por la ley en la substanciacioacuten de cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil La prensa y el puacuteblico podraacuten ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral orden puacuteblico o seguridad nacional en una sociedad democraacutetica o cuando lo exija el intereacutes de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinioacuten del tribunal cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia pero toda sentencia en materia penal o contenciosa seraacute puacuteblica excepto en los casos en que el intereacutes de menores de edad exija lo contrario o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (hellip)rdquo

XI Conceptos de invalidez

UacuteNICO El artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo 20 apartado

14

B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos

El artiacuteculo impugnado vulnera el derecho a la seguridad juriacutedica a la no

autoincriminacioacuten a que la autoridad administrativa aplique las sanciones por las

infracciones a los reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de

seguridad juriacutedica legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten

miacutenima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona como enseguida se expone

A El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal para el Estado de Meacutexico tipifica como delito el manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin ambas placas o la autorizacioacuten para circular imponiendo una pena de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa lo que al tratarse de una falta administrativa resulta trasgresor de la seguridad juriacutedica consagrada en artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos al no respetar los principios de legalidad en materia penal taxatividad y plenitud hermeacutetica

Para demostrarlo se trae a colacioacuten la porcioacuten normativa en controversia

contenida en el artiacuteculo 193 paacuterrafo cuarto en lo que interesa

ldquoArticulo 193 (hellip) Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres a meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo

15

La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes

a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta

accioacuten

b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la

autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten

administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes

c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto

activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito

d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal

e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio

f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un

reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales

trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en

materia penal

Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten

para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los

reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o

cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al

16

reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la

localidad

En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten

de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad

del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los

procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del

Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe

confundirse con los elementos normativos del tipo

Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado

en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una

infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el

artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el

apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con

un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal

que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales

Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis

materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la

letra dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE

17

TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es

un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la

certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un

auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los

18

supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de

imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el

principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los

de legalidad y seguridad juriacutedica

Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo

penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y

pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios

utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos

especiacuteficos entre otros

Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a

establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de

cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger

En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo

tercero se integra con los siguientes elementos

1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten

resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito

y no un delito por siacute mismo

2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y

ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado

3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con

la pretendida conducta eacutestas se vean afectas

19

4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo

de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la

afectacioacuten de la propiedad de un tercero

5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la

norma

Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable

con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de

claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del

juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo

ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un

reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la

norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la

prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es

acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de

taxatividad

Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de

la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la

Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia

constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra

dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE

20

DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no

21

pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo

Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones

en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la

obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo

penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable

y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda

claridad las penas que deben aplicarse en cada caso

Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado

por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten

retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o

taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve

materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del

rubro y texto siguientes

ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por

22

virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo

Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia

penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al

legislador en el siguiente sentido

a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse

de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance

imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo

b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara

limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos

penales ambiguos

23

c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su

alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del

sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales

d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al

grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado

de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del

juzgador

Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el

sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo

y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con

que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten

linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de

certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar

un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del

aplicador de la norma

Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios

finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con

relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador

pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad

Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para

determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un

antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica

24

seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten

operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan

prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia

Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de

ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de

circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como

uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten

En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se

refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que

causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la

utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la

actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten

bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de

origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un

delito

Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten

de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de

prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin

placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que

la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de

esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma

25

adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es

decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute

mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un

delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado

Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo

Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la

Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en

discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente

pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los

particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico

que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por

el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su

existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia

de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten

bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se

reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio

Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios

elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no

se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace

necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se

puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal

impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese

ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se

26

hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por

lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa

en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que

emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad

Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el

nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta

Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena

Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone

ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los

27

elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo

En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las

previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten

Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se

establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas

que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda

persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo

razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial

establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de

cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la

determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el

artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones

Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a

partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a

rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el

Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de

constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales

cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la

28

interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y

brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas

Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas

interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con

mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto

es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja

con mayor alcance a los titulares de un derecho humano

Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la

conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para

circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria

que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o

trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena

privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten

Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias

radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona

deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes

favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el

caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso

resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda

alguna la reglamentaria

B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad

29

administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad

El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y

las sanciones a saber

bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la

autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute

como su modificacioacuten y duracioacuten

bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones

administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos

de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea

Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las

sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad

judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e

impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son

determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas

directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial

dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea

En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la

imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de

30

policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca

la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo

texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como

son

1 Multa

2 Arresto hasta por treinta y seis horas o

3 Trabajo a favor de la comunidad

Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos

gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son

emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local

Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un

Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos

de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento

gubernativo o de policiacutea

Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que

directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos

y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida

Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo

cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta

observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar

en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso

31

Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable

en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004

Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004

paacutegina 242 del rubro y texto siguientes

ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo

De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha

infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado

precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede

variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de

normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos

ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la

inobservancia de la ley penal

32

En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de

circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo

previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de

sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento

gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho

menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a

una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y

seis horas o trabajo a favor de la comunidad

Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una

infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento

gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva

de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como

delito por la legislacioacuten penal

Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones

administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la

sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento

mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley

Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo

XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero

1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes

33

ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo

Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las

penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas

de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las

originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se

califican como infracciones

Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de

traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento

34

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico

el lunes 21 de septiembre de 1992

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE

MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de

junio de 2007

Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional

Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar

I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida

II- Tarjeta de circulacioacuten

Artiacuteculo 16

Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con

I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben

a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo

b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro

de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos

sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de

caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute

una sancioacuten

5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

35

c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de

circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y

d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que

especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva

Artiacuteculo 5

Los conductores deben

II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el

documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo

Sanciones

Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los

siguientes casos

I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de

identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga

tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas

placas o el documento que justifique la omisioacuten

Artiacuteculo 16

(hellip) Fraccioacuten I

Sancioacuten

20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y

retiro de la placa delantera

Artiacuteculo 5

Fraccioacuten II

10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito

36

Artiacuteculo 26

Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos

al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones

I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para

operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del

permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la

peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de

salario miacutenimo

80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito

En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas

placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es

administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse

previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la

actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del

Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano

En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto

u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por

ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales

la naturaleza de ambas son distintas

37

Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el

artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a

infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las

autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos

gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o

trabajo a favor de la comunidad

C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del

artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos

Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a

la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten

Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de

mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como

garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico

nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la

seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona

familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de

la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento

El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la

arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da

como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino

que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten

38

para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia

sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento

En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute

misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la

policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar

autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le

corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante

un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin

que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia

o la querella

Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos

fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz

de los siguientes razonamientos

El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que

debe imperar en un acto de molestia

La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades

1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta

de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del

gobernado

39

2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito

derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que

la norma los establezca)

3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de

documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo

penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad

con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal

del procedimiento

Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la

real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos

y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee

Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o

posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin

observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de

asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes

Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que

realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y

de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una

detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al

momento de realizar sus investigaciones

40

Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a

una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten

proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el

Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los

siguientes teacuterminos

ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo

Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la

Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el

ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en

su referente 4 dice textual

ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y

41

VII Oportunidad en la promocioacuten

Acorde al artiacuteculo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del

Artiacuteculo 105 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el

plazo para la presentacioacuten de la accioacuten de inconstitucionalidad es de treinta

diacuteas naturales a partir del diacutea siguiente al de la publicacioacuten de la norma

impugnada

En el caso se solicita la declaracioacuten de invalidez del artiacuteculo 193 paacuterrafo

tercero del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico expedido mediante decreto

publicado el veintiseacuteis de enero del antildeo dos mil quince en la Gaceta Oficial del

Estado de Meacutexico por lo que el plazo para presentar la accioacuten corre del

veintisiete de enero al veinticinco de febrero del antildeo dos mil quince

Por tanto al promoverse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten el diacutea

de hoy la accioacuten es oportuna

VIII Legitimacioacuten activa de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos para promover la accioacuten de inconstitucionalidad

El artiacuteculo 105 fraccioacuten II inciso g) de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados

Unidos Mexicanos expresamente dispone que esta Comisioacuten Nacional de los

Derechos Humanos tiene atribuciones para plantear la posible inconstitucionalidad

de normas generales que vulneren los derechos humanos consagrados en la

Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que Meacutexico es parte y

respecto de las legislaciones federales estatales y del Distrito Federal en los

siguientes teacuterminos

5

ldquoArtiacuteculo 105 La Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten conoceraacute en los teacuterminos que sentildeale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes (hellip) II De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradiccioacuten entre una norma de caraacutecter general y esta Constitucioacuten Las acciones de inconstitucionalidad podraacuten ejercitarse dentro de los treinta diacuteas naturales siguientes a la fecha de publicacioacuten de la norma por (hellip) g) La Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de caraacutecter federal estatal y del Distrito Federal asiacute como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la Repuacuteblica que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que Meacutexico sea parte Asimismo los organismos de proteccioacuten de los derechos humanos equivalentes en los estados de la Repuacuteblica en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisioacuten de Derechos Humanos del Distrito Federal en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hellip)rdquo

A la luz del citado precepto Constitucional acudo a ese Alto Tribunal en mi calidad

de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos en los teacuterminos

del primer paacuterrafo del artiacuteculo 11 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II

del Artiacuteculo 105 Constitucional aplicable en materia de acciones de

inconstitucionalidad conforme al diverso 59 del mismo ordenamiento legal

Dicha representacioacuten y facultades se encuentran previstas en el artiacuteculo 15

fracciones I y XI de la Ley de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos y

en el diverso 18 del Reglamento Interno de la Comisioacuten Nacional de los Derechos

Humanos

6

IX Introduccioacuten

El veintiseacuteis de enero del presente antildeo se publicoacute en la Gaceta Oficial del Estado

de Meacutexico el decreto 394 por el cual se reforman los artiacuteculos 137 BIS en su

fraccioacuten II del segundo paacuterrafo 193 en sus paacuterrafos primero y tercero 229 en sus

paacuterrafos segundo tercero y cuarto 266 en sus paacuterrafos primero y segundo 290

en sus fracciones I en su primer paacuterrafo II en su primer paacuterrafo III V XVIII y el

292 en su segundo paacuterrafo y se adiciona al 193 un cuarto paacuterrafo del Coacutedigo

Penal del Estado de Meacutexico

Seguacuten establece la exposicioacuten de motivos de la iniciativa la reforma pretende

lograr la disminucioacuten de diversas conductas que conllevan a la falta de seguridad

en la entidad para ello se esboza un incremento a las penas para algunos delitos

Adicionalmente como parte de esta iniciativa se planteoacute que a fin de fortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas imponer de seis meses a dos antildeos de prisioacuten1 y multa

de cincuenta a cien diacuteas a quien manejareacute un vehiacuteculo de motor sin placas de

circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circular

De los artiacuteculos reformados se estima inconstitucional el artiacuteculo 193 paacuterrafo

tercero El texto del precepto impugnado es el siguiente

ldquoArtiacuteculo 193 (hellip)

1 Finalmente la pena se fijoacute al plazo de tres meses a un antildeo de prisioacuten

7

Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo

De inicio debe decirse que el tipo penal impugnado preveacute dos hipoacutetesis de hecho

diferentes para penar lo siguiente

bull ldquoldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten

(hellip)rdquo

bull ldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin (hellip) la autorizacioacuten para

circularrdquo

Por tanto en dicho precepto normativo se consideran iliacutecitas dos conductas la

primera manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin placas y la segunda manejar

o circular sin la autorizacioacuten correspondiente las cuales quedan sujetas a los

reglamentos de traacutensito respectivos

Ahora bien conviene precisar que en el Estado de Meacutexico existen dos

reglamentos de traacutensito el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el

Reglamento de Traacutensito Metropolitano del Estado de Meacutexico Este uacuteltimo se

distingue porque responde uacutenicamente a la regulacioacuten en las viacuteas primarias y

locales de comunicacioacuten en los municipios conurbados del Estado de Meacutexico 2

2 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten

8

remitiendo expresamente lo que no regula al Reglamento de Traacutensito del Estado

como norma general

En ese mismo sentido el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus

propios elementos tiacutepicos queacute se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo

que no se cumple el principio de taxatividad En este sentido tal elemento del tipo

requiere un ejercicio de interpretacioacuten conforme lo que en materia penal no estaacute

permitido allegaacutendose para ello del Reglamento de Traacutensito del Estado de

Meacutexico de doacutende se puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que

refiere el tipo penal impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de

circulacioacuten De ese ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo

penal impugnado se hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo

normativo reglamentario por lo que se comprueba que el tipo penal no se basta

en siacute mismo pues se completa en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de

caraacutecter administrativo que emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de

inconstitucionalidad

Dicho lo anterior las acciones administrativas relativas a las placas y a la tarjeta de

circulacioacuten que debe utilizar todo vehiacuteculo automotor se encuentran reguladas en

el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico del cual se desprenden las

condiciones que son requeridas a fin cualquier vehiacuteculo deberaacute estar debidamente

registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes entre los

Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

9

que se sentildealan para los vehiacuteculos de servicio particular las placas y la tarjeta de

circulacioacuten (Artiacuteculo 173)

Por cuanto hace a los requisitos de portar placas y tarjeta de circulacioacuten el artiacuteculo

194 del mismo ordenamiento sentildeala los requisitos para la matriculacioacuten de un

vehiacuteculo mientras que en el diverso artiacuteculo 26 se preveacute que la autoridad de

traacutensito deberaacute proporciona al interesado seguacuten el caso la placa de matriculacioacuten la calcomaniacutea y la tarjeta de circulacioacuten o la constancia del traacutemite correspondiente Con ello se evidencian que esos requisitos responden a

un traacutemite administrativo

3 Artiacuteculo 17 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida II- Tarjeta de circulacioacuten III- Calcomaniacutea de emisioacuten de contaminantes IV- Cinturones de seguridad en automoacuteviles y camionetas a partir de modelos 1985 y V- Extinguidor en buenas condiciones de uso4 Artiacuteculo 19 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Para la matriculacioacuten de un vehiacuteculo de servicio particular es necesario cumplir con los siguientes requisitos I Factura o carta factura en original y copia II Recibo del uacuteltimo pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehiacuteculos en original y copia III Identificacioacuten oficial del propietario en original y copia IV Constancia domiciliaria o recibos de servicios V Pago de derechos Para la matriculacioacuten o canje de placas de un vehiacuteculo de servicio puacuteblico tambieacuten deberaacute presentarse la documentacioacuten que sentildeale la reglamentacioacuten de transporte En el caso de expedicioacuten de placas a un vehiacuteculo que haya sido matriculado en otra entidad federativa ademaacutes de los anteriores requisitos deberaacuten presentarse la tarjeta de circulacioacuten y las placas correspondientes llenando el formato de baja que para tal efecto proporciona la autoridad administrativa El vehiacuteculo que se trate de matricular deberaacute ser presentado ante la autoridad de traacutensito competente para comprobar su funcionamiento y que cuenta con el equipo reglamentario El cambio de propietario deberaacute verificarse con la factura del vehiacuteculo debidamente endosada al nuevo propietario quien se identificaraacute ante la autoridad

10

Lo anterior se verifica en relacioacuten al artiacuteculo 118 en el cual se preveacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano cuando el

vehiacuteculo no tenga tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

(fraccioacuten II) y cuando al vehiacuteculo le falten ambas placas o el documento que

justifique la omisioacuten (fraccioacuten III)

Asiacute la reforma en mencioacuten tiene una acotacioacuten en lo relativo a imponer una pena

privativa de libertad a quien se ubique en los supuestos citados lo cual resulta

desproporcionado pues pretende castigar penalmente una conducta infractora

prevista en los reglamentos de traacutensito del Estado de Meacutexico por tanto su

inobservancia configura una infraccioacuten a un reglamento administrativo y no una

conducta delictiva

De ellos se infiere que el artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado

de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo y 20

apartado B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo todos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos

Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos por vulnerar

el derecho a la seguridad juriacutedica a la no autoincriminacioacuten la competencia de la

autoridad administrativa para la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones a los

reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de seguridad juriacutedica

legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten miacutenima del derecho

penal (ultima ratio) y pro persona como maacutes adelante se expone

X Marco Legal

11

A fin de respaldar esta postura procede reproducir el marco legal Constitucional

que daraacute sustento a lo aquiacute argumentado

A Nacional

bull Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

ldquoArtiacuteculo 1o En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia (hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 14 A ninguna ley se daraacute efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna

Nadie podraacute ser privado de la libertad o de sus propiedades posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y auacuten por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

En los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberaacute ser conforme a la letra o a la interpretacioacuten juriacutedica de la ley y a falta de eacutesta se fundaraacute en los principios generales del derecho

12

(hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 16 Nadie puede ser molestado en su persona familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento (hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 20

(hellip) Apartado B De los derechos de toda persona imputada

II A declarar o a guardar silencio Desde el momento de su detencioacuten se le haraacuten saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio el cual no podraacute ser utilizado en su perjuicio Queda prohibida y seraacute sancionada por la ley penal toda incomunicacioacuten intimidacioacuten o tortura La confesioacuten rendida sin la asistencia del defensor careceraacute de todo valor probatorio

(hellip)rdquo

ldquoArticulo 21 (hellip) Compete a la autoridad administrativa la aplicacioacuten de sanciones porlas infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto se permutaraacute esta por el arresto correspondiente que no excederaacute en ninguacuten caso de treinta y seis horas (hellip)rdquo

B Internacional

De la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos

ldquoArtiacuteculo 5 Derecho a la Integridad Personal 6 Las penas privativas de la libertad tendraacuten como finalidad esencial la reforma y la readaptacioacuten social de los condenados

13

(hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 8 Garantiacuteas Judiciales 1 Toda persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas ydentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciacioacuten de cualquier acusacioacuten penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro caraacutecter (hellip)rdquo

Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos

ldquoArtiacuteculo 14 1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia Toda persona tendraacute derecho a ser oiacuteda puacuteblicamente y con las debidas garantiacuteas por un tribunal competente independiente e imparcial establecido por la ley en la substanciacioacuten de cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil La prensa y el puacuteblico podraacuten ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral orden puacuteblico o seguridad nacional en una sociedad democraacutetica o cuando lo exija el intereacutes de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinioacuten del tribunal cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia pero toda sentencia en materia penal o contenciosa seraacute puacuteblica excepto en los casos en que el intereacutes de menores de edad exija lo contrario o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (hellip)rdquo

XI Conceptos de invalidez

UacuteNICO El artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo 20 apartado

14

B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos

El artiacuteculo impugnado vulnera el derecho a la seguridad juriacutedica a la no

autoincriminacioacuten a que la autoridad administrativa aplique las sanciones por las

infracciones a los reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de

seguridad juriacutedica legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten

miacutenima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona como enseguida se expone

A El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal para el Estado de Meacutexico tipifica como delito el manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin ambas placas o la autorizacioacuten para circular imponiendo una pena de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa lo que al tratarse de una falta administrativa resulta trasgresor de la seguridad juriacutedica consagrada en artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos al no respetar los principios de legalidad en materia penal taxatividad y plenitud hermeacutetica

Para demostrarlo se trae a colacioacuten la porcioacuten normativa en controversia

contenida en el artiacuteculo 193 paacuterrafo cuarto en lo que interesa

ldquoArticulo 193 (hellip) Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres a meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo

15

La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes

a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta

accioacuten

b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la

autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten

administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes

c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto

activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito

d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal

e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio

f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un

reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales

trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en

materia penal

Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten

para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los

reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o

cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al

16

reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la

localidad

En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten

de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad

del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los

procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del

Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe

confundirse con los elementos normativos del tipo

Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado

en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una

infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el

artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el

apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con

un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal

que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales

Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis

materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la

letra dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE

17

TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es

un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la

certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un

auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los

18

supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de

imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el

principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los

de legalidad y seguridad juriacutedica

Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo

penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y

pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios

utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos

especiacuteficos entre otros

Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a

establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de

cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger

En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo

tercero se integra con los siguientes elementos

1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten

resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito

y no un delito por siacute mismo

2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y

ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado

3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con

la pretendida conducta eacutestas se vean afectas

19

4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo

de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la

afectacioacuten de la propiedad de un tercero

5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la

norma

Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable

con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de

claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del

juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo

ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un

reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la

norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la

prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es

acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de

taxatividad

Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de

la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la

Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia

constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra

dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE

20

DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no

21

pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo

Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones

en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la

obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo

penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable

y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda

claridad las penas que deben aplicarse en cada caso

Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado

por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten

retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o

taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve

materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del

rubro y texto siguientes

ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por

22

virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo

Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia

penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al

legislador en el siguiente sentido

a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse

de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance

imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo

b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara

limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos

penales ambiguos

23

c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su

alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del

sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales

d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al

grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado

de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del

juzgador

Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el

sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo

y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con

que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten

linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de

certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar

un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del

aplicador de la norma

Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios

finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con

relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador

pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad

Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para

determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un

antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica

24

seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten

operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan

prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia

Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de

ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de

circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como

uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten

En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se

refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que

causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la

utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la

actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten

bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de

origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un

delito

Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten

de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de

prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin

placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que

la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de

esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma

25

adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es

decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute

mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un

delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado

Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo

Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la

Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en

discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente

pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los

particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico

que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por

el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su

existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia

de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten

bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se

reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio

Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios

elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no

se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace

necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se

puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal

impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese

ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se

26

hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por

lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa

en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que

emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad

Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el

nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta

Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena

Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone

ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los

27

elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo

En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las

previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten

Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se

establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas

que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda

persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo

razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial

establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de

cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la

determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el

artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones

Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a

partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a

rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el

Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de

constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales

cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la

28

interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y

brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas

Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas

interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con

mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto

es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja

con mayor alcance a los titulares de un derecho humano

Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la

conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para

circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria

que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o

trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena

privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten

Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias

radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona

deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes

favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el

caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso

resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda

alguna la reglamentaria

B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad

29

administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad

El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y

las sanciones a saber

bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la

autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute

como su modificacioacuten y duracioacuten

bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones

administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos

de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea

Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las

sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad

judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e

impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son

determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas

directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial

dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea

En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la

imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de

30

policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca

la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo

texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como

son

1 Multa

2 Arresto hasta por treinta y seis horas o

3 Trabajo a favor de la comunidad

Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos

gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son

emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local

Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un

Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos

de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento

gubernativo o de policiacutea

Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que

directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos

y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida

Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo

cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta

observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar

en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso

31

Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable

en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004

Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004

paacutegina 242 del rubro y texto siguientes

ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo

De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha

infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado

precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede

variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de

normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos

ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la

inobservancia de la ley penal

32

En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de

circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo

previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de

sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento

gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho

menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a

una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y

seis horas o trabajo a favor de la comunidad

Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una

infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento

gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva

de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como

delito por la legislacioacuten penal

Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones

administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la

sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento

mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley

Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo

XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero

1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes

33

ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo

Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las

penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas

de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las

originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se

califican como infracciones

Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de

traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento

34

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico

el lunes 21 de septiembre de 1992

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE

MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de

junio de 2007

Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional

Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar

I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida

II- Tarjeta de circulacioacuten

Artiacuteculo 16

Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con

I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben

a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo

b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro

de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos

sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de

caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute

una sancioacuten

5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

35

c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de

circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y

d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que

especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva

Artiacuteculo 5

Los conductores deben

II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el

documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo

Sanciones

Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los

siguientes casos

I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de

identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga

tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas

placas o el documento que justifique la omisioacuten

Artiacuteculo 16

(hellip) Fraccioacuten I

Sancioacuten

20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y

retiro de la placa delantera

Artiacuteculo 5

Fraccioacuten II

10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito

36

Artiacuteculo 26

Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos

al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones

I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para

operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del

permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la

peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de

salario miacutenimo

80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito

En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas

placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es

administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse

previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la

actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del

Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano

En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto

u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por

ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales

la naturaleza de ambas son distintas

37

Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el

artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a

infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las

autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos

gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o

trabajo a favor de la comunidad

C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del

artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos

Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a

la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten

Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de

mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como

garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico

nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la

seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona

familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de

la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento

El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la

arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da

como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino

que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten

38

para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia

sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento

En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute

misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la

policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar

autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le

corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante

un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin

que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia

o la querella

Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos

fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz

de los siguientes razonamientos

El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que

debe imperar en un acto de molestia

La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades

1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta

de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del

gobernado

39

2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito

derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que

la norma los establezca)

3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de

documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo

penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad

con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal

del procedimiento

Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la

real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos

y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee

Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o

posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin

observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de

asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes

Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que

realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y

de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una

detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al

momento de realizar sus investigaciones

40

Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a

una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten

proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el

Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los

siguientes teacuterminos

ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo

Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la

Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el

ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en

su referente 4 dice textual

ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y

41

ldquoArtiacuteculo 105 La Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten conoceraacute en los teacuterminos que sentildeale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes (hellip) II De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradiccioacuten entre una norma de caraacutecter general y esta Constitucioacuten Las acciones de inconstitucionalidad podraacuten ejercitarse dentro de los treinta diacuteas naturales siguientes a la fecha de publicacioacuten de la norma por (hellip) g) La Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de caraacutecter federal estatal y del Distrito Federal asiacute como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la Repuacuteblica que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que Meacutexico sea parte Asimismo los organismos de proteccioacuten de los derechos humanos equivalentes en los estados de la Repuacuteblica en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisioacuten de Derechos Humanos del Distrito Federal en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hellip)rdquo

A la luz del citado precepto Constitucional acudo a ese Alto Tribunal en mi calidad

de Presidente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos en los teacuterminos

del primer paacuterrafo del artiacuteculo 11 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II

del Artiacuteculo 105 Constitucional aplicable en materia de acciones de

inconstitucionalidad conforme al diverso 59 del mismo ordenamiento legal

Dicha representacioacuten y facultades se encuentran previstas en el artiacuteculo 15

fracciones I y XI de la Ley de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos y

en el diverso 18 del Reglamento Interno de la Comisioacuten Nacional de los Derechos

Humanos

6

IX Introduccioacuten

El veintiseacuteis de enero del presente antildeo se publicoacute en la Gaceta Oficial del Estado

de Meacutexico el decreto 394 por el cual se reforman los artiacuteculos 137 BIS en su

fraccioacuten II del segundo paacuterrafo 193 en sus paacuterrafos primero y tercero 229 en sus

paacuterrafos segundo tercero y cuarto 266 en sus paacuterrafos primero y segundo 290

en sus fracciones I en su primer paacuterrafo II en su primer paacuterrafo III V XVIII y el

292 en su segundo paacuterrafo y se adiciona al 193 un cuarto paacuterrafo del Coacutedigo

Penal del Estado de Meacutexico

Seguacuten establece la exposicioacuten de motivos de la iniciativa la reforma pretende

lograr la disminucioacuten de diversas conductas que conllevan a la falta de seguridad

en la entidad para ello se esboza un incremento a las penas para algunos delitos

Adicionalmente como parte de esta iniciativa se planteoacute que a fin de fortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas imponer de seis meses a dos antildeos de prisioacuten1 y multa

de cincuenta a cien diacuteas a quien manejareacute un vehiacuteculo de motor sin placas de

circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circular

De los artiacuteculos reformados se estima inconstitucional el artiacuteculo 193 paacuterrafo

tercero El texto del precepto impugnado es el siguiente

ldquoArtiacuteculo 193 (hellip)

1 Finalmente la pena se fijoacute al plazo de tres meses a un antildeo de prisioacuten

7

Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo

De inicio debe decirse que el tipo penal impugnado preveacute dos hipoacutetesis de hecho

diferentes para penar lo siguiente

bull ldquoldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten

(hellip)rdquo

bull ldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin (hellip) la autorizacioacuten para

circularrdquo

Por tanto en dicho precepto normativo se consideran iliacutecitas dos conductas la

primera manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin placas y la segunda manejar

o circular sin la autorizacioacuten correspondiente las cuales quedan sujetas a los

reglamentos de traacutensito respectivos

Ahora bien conviene precisar que en el Estado de Meacutexico existen dos

reglamentos de traacutensito el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el

Reglamento de Traacutensito Metropolitano del Estado de Meacutexico Este uacuteltimo se

distingue porque responde uacutenicamente a la regulacioacuten en las viacuteas primarias y

locales de comunicacioacuten en los municipios conurbados del Estado de Meacutexico 2

2 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten

8

remitiendo expresamente lo que no regula al Reglamento de Traacutensito del Estado

como norma general

En ese mismo sentido el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus

propios elementos tiacutepicos queacute se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo

que no se cumple el principio de taxatividad En este sentido tal elemento del tipo

requiere un ejercicio de interpretacioacuten conforme lo que en materia penal no estaacute

permitido allegaacutendose para ello del Reglamento de Traacutensito del Estado de

Meacutexico de doacutende se puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que

refiere el tipo penal impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de

circulacioacuten De ese ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo

penal impugnado se hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo

normativo reglamentario por lo que se comprueba que el tipo penal no se basta

en siacute mismo pues se completa en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de

caraacutecter administrativo que emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de

inconstitucionalidad

Dicho lo anterior las acciones administrativas relativas a las placas y a la tarjeta de

circulacioacuten que debe utilizar todo vehiacuteculo automotor se encuentran reguladas en

el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico del cual se desprenden las

condiciones que son requeridas a fin cualquier vehiacuteculo deberaacute estar debidamente

registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes entre los

Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

9

que se sentildealan para los vehiacuteculos de servicio particular las placas y la tarjeta de

circulacioacuten (Artiacuteculo 173)

Por cuanto hace a los requisitos de portar placas y tarjeta de circulacioacuten el artiacuteculo

194 del mismo ordenamiento sentildeala los requisitos para la matriculacioacuten de un

vehiacuteculo mientras que en el diverso artiacuteculo 26 se preveacute que la autoridad de

traacutensito deberaacute proporciona al interesado seguacuten el caso la placa de matriculacioacuten la calcomaniacutea y la tarjeta de circulacioacuten o la constancia del traacutemite correspondiente Con ello se evidencian que esos requisitos responden a

un traacutemite administrativo

3 Artiacuteculo 17 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida II- Tarjeta de circulacioacuten III- Calcomaniacutea de emisioacuten de contaminantes IV- Cinturones de seguridad en automoacuteviles y camionetas a partir de modelos 1985 y V- Extinguidor en buenas condiciones de uso4 Artiacuteculo 19 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Para la matriculacioacuten de un vehiacuteculo de servicio particular es necesario cumplir con los siguientes requisitos I Factura o carta factura en original y copia II Recibo del uacuteltimo pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehiacuteculos en original y copia III Identificacioacuten oficial del propietario en original y copia IV Constancia domiciliaria o recibos de servicios V Pago de derechos Para la matriculacioacuten o canje de placas de un vehiacuteculo de servicio puacuteblico tambieacuten deberaacute presentarse la documentacioacuten que sentildeale la reglamentacioacuten de transporte En el caso de expedicioacuten de placas a un vehiacuteculo que haya sido matriculado en otra entidad federativa ademaacutes de los anteriores requisitos deberaacuten presentarse la tarjeta de circulacioacuten y las placas correspondientes llenando el formato de baja que para tal efecto proporciona la autoridad administrativa El vehiacuteculo que se trate de matricular deberaacute ser presentado ante la autoridad de traacutensito competente para comprobar su funcionamiento y que cuenta con el equipo reglamentario El cambio de propietario deberaacute verificarse con la factura del vehiacuteculo debidamente endosada al nuevo propietario quien se identificaraacute ante la autoridad

10

Lo anterior se verifica en relacioacuten al artiacuteculo 118 en el cual se preveacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano cuando el

vehiacuteculo no tenga tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

(fraccioacuten II) y cuando al vehiacuteculo le falten ambas placas o el documento que

justifique la omisioacuten (fraccioacuten III)

Asiacute la reforma en mencioacuten tiene una acotacioacuten en lo relativo a imponer una pena

privativa de libertad a quien se ubique en los supuestos citados lo cual resulta

desproporcionado pues pretende castigar penalmente una conducta infractora

prevista en los reglamentos de traacutensito del Estado de Meacutexico por tanto su

inobservancia configura una infraccioacuten a un reglamento administrativo y no una

conducta delictiva

De ellos se infiere que el artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado

de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo y 20

apartado B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo todos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos

Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos por vulnerar

el derecho a la seguridad juriacutedica a la no autoincriminacioacuten la competencia de la

autoridad administrativa para la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones a los

reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de seguridad juriacutedica

legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten miacutenima del derecho

penal (ultima ratio) y pro persona como maacutes adelante se expone

X Marco Legal

11

A fin de respaldar esta postura procede reproducir el marco legal Constitucional

que daraacute sustento a lo aquiacute argumentado

A Nacional

bull Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

ldquoArtiacuteculo 1o En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia (hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 14 A ninguna ley se daraacute efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna

Nadie podraacute ser privado de la libertad o de sus propiedades posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y auacuten por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

En los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberaacute ser conforme a la letra o a la interpretacioacuten juriacutedica de la ley y a falta de eacutesta se fundaraacute en los principios generales del derecho

12

(hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 16 Nadie puede ser molestado en su persona familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento (hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 20

(hellip) Apartado B De los derechos de toda persona imputada

II A declarar o a guardar silencio Desde el momento de su detencioacuten se le haraacuten saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio el cual no podraacute ser utilizado en su perjuicio Queda prohibida y seraacute sancionada por la ley penal toda incomunicacioacuten intimidacioacuten o tortura La confesioacuten rendida sin la asistencia del defensor careceraacute de todo valor probatorio

(hellip)rdquo

ldquoArticulo 21 (hellip) Compete a la autoridad administrativa la aplicacioacuten de sanciones porlas infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto se permutaraacute esta por el arresto correspondiente que no excederaacute en ninguacuten caso de treinta y seis horas (hellip)rdquo

B Internacional

De la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos

ldquoArtiacuteculo 5 Derecho a la Integridad Personal 6 Las penas privativas de la libertad tendraacuten como finalidad esencial la reforma y la readaptacioacuten social de los condenados

13

(hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 8 Garantiacuteas Judiciales 1 Toda persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas ydentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciacioacuten de cualquier acusacioacuten penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro caraacutecter (hellip)rdquo

Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos

ldquoArtiacuteculo 14 1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia Toda persona tendraacute derecho a ser oiacuteda puacuteblicamente y con las debidas garantiacuteas por un tribunal competente independiente e imparcial establecido por la ley en la substanciacioacuten de cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil La prensa y el puacuteblico podraacuten ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral orden puacuteblico o seguridad nacional en una sociedad democraacutetica o cuando lo exija el intereacutes de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinioacuten del tribunal cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia pero toda sentencia en materia penal o contenciosa seraacute puacuteblica excepto en los casos en que el intereacutes de menores de edad exija lo contrario o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (hellip)rdquo

XI Conceptos de invalidez

UacuteNICO El artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo 20 apartado

14

B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos

El artiacuteculo impugnado vulnera el derecho a la seguridad juriacutedica a la no

autoincriminacioacuten a que la autoridad administrativa aplique las sanciones por las

infracciones a los reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de

seguridad juriacutedica legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten

miacutenima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona como enseguida se expone

A El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal para el Estado de Meacutexico tipifica como delito el manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin ambas placas o la autorizacioacuten para circular imponiendo una pena de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa lo que al tratarse de una falta administrativa resulta trasgresor de la seguridad juriacutedica consagrada en artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos al no respetar los principios de legalidad en materia penal taxatividad y plenitud hermeacutetica

Para demostrarlo se trae a colacioacuten la porcioacuten normativa en controversia

contenida en el artiacuteculo 193 paacuterrafo cuarto en lo que interesa

ldquoArticulo 193 (hellip) Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres a meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo

15

La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes

a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta

accioacuten

b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la

autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten

administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes

c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto

activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito

d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal

e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio

f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un

reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales

trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en

materia penal

Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten

para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los

reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o

cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al

16

reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la

localidad

En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten

de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad

del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los

procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del

Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe

confundirse con los elementos normativos del tipo

Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado

en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una

infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el

artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el

apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con

un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal

que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales

Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis

materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la

letra dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE

17

TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es

un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la

certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un

auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los

18

supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de

imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el

principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los

de legalidad y seguridad juriacutedica

Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo

penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y

pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios

utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos

especiacuteficos entre otros

Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a

establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de

cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger

En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo

tercero se integra con los siguientes elementos

1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten

resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito

y no un delito por siacute mismo

2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y

ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado

3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con

la pretendida conducta eacutestas se vean afectas

19

4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo

de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la

afectacioacuten de la propiedad de un tercero

5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la

norma

Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable

con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de

claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del

juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo

ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un

reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la

norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la

prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es

acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de

taxatividad

Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de

la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la

Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia

constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra

dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE

20

DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no

21

pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo

Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones

en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la

obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo

penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable

y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda

claridad las penas que deben aplicarse en cada caso

Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado

por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten

retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o

taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve

materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del

rubro y texto siguientes

ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por

22

virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo

Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia

penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al

legislador en el siguiente sentido

a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse

de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance

imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo

b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara

limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos

penales ambiguos

23

c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su

alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del

sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales

d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al

grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado

de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del

juzgador

Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el

sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo

y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con

que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten

linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de

certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar

un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del

aplicador de la norma

Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios

finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con

relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador

pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad

Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para

determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un

antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica

24

seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten

operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan

prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia

Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de

ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de

circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como

uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten

En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se

refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que

causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la

utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la

actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten

bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de

origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un

delito

Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten

de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de

prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin

placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que

la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de

esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma

25

adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es

decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute

mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un

delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado

Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo

Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la

Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en

discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente

pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los

particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico

que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por

el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su

existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia

de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten

bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se

reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio

Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios

elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no

se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace

necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se

puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal

impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese

ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se

26

hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por

lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa

en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que

emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad

Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el

nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta

Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena

Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone

ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los

27

elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo

En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las

previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten

Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se

establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas

que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda

persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo

razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial

establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de

cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la

determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el

artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones

Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a

partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a

rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el

Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de

constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales

cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la

28

interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y

brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas

Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas

interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con

mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto

es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja

con mayor alcance a los titulares de un derecho humano

Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la

conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para

circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria

que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o

trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena

privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten

Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias

radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona

deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes

favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el

caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso

resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda

alguna la reglamentaria

B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad

29

administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad

El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y

las sanciones a saber

bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la

autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute

como su modificacioacuten y duracioacuten

bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones

administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos

de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea

Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las

sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad

judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e

impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son

determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas

directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial

dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea

En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la

imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de

30

policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca

la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo

texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como

son

1 Multa

2 Arresto hasta por treinta y seis horas o

3 Trabajo a favor de la comunidad

Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos

gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son

emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local

Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un

Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos

de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento

gubernativo o de policiacutea

Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que

directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos

y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida

Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo

cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta

observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar

en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso

31

Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable

en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004

Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004

paacutegina 242 del rubro y texto siguientes

ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo

De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha

infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado

precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede

variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de

normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos

ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la

inobservancia de la ley penal

32

En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de

circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo

previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de

sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento

gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho

menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a

una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y

seis horas o trabajo a favor de la comunidad

Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una

infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento

gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva

de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como

delito por la legislacioacuten penal

Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones

administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la

sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento

mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley

Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo

XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero

1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes

33

ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo

Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las

penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas

de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las

originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se

califican como infracciones

Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de

traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento

34

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico

el lunes 21 de septiembre de 1992

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE

MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de

junio de 2007

Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional

Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar

I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida

II- Tarjeta de circulacioacuten

Artiacuteculo 16

Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con

I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben

a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo

b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro

de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos

sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de

caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute

una sancioacuten

5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

35

c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de

circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y

d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que

especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva

Artiacuteculo 5

Los conductores deben

II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el

documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo

Sanciones

Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los

siguientes casos

I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de

identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga

tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas

placas o el documento que justifique la omisioacuten

Artiacuteculo 16

(hellip) Fraccioacuten I

Sancioacuten

20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y

retiro de la placa delantera

Artiacuteculo 5

Fraccioacuten II

10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito

36

Artiacuteculo 26

Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos

al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones

I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para

operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del

permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la

peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de

salario miacutenimo

80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito

En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas

placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es

administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse

previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la

actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del

Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano

En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto

u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por

ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales

la naturaleza de ambas son distintas

37

Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el

artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a

infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las

autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos

gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o

trabajo a favor de la comunidad

C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del

artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos

Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a

la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten

Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de

mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como

garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico

nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la

seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona

familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de

la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento

El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la

arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da

como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino

que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten

38

para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia

sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento

En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute

misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la

policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar

autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le

corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante

un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin

que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia

o la querella

Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos

fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz

de los siguientes razonamientos

El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que

debe imperar en un acto de molestia

La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades

1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta

de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del

gobernado

39

2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito

derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que

la norma los establezca)

3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de

documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo

penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad

con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal

del procedimiento

Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la

real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos

y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee

Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o

posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin

observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de

asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes

Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que

realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y

de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una

detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al

momento de realizar sus investigaciones

40

Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a

una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten

proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el

Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los

siguientes teacuterminos

ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo

Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la

Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el

ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en

su referente 4 dice textual

ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y

41

IX Introduccioacuten

El veintiseacuteis de enero del presente antildeo se publicoacute en la Gaceta Oficial del Estado

de Meacutexico el decreto 394 por el cual se reforman los artiacuteculos 137 BIS en su

fraccioacuten II del segundo paacuterrafo 193 en sus paacuterrafos primero y tercero 229 en sus

paacuterrafos segundo tercero y cuarto 266 en sus paacuterrafos primero y segundo 290

en sus fracciones I en su primer paacuterrafo II en su primer paacuterrafo III V XVIII y el

292 en su segundo paacuterrafo y se adiciona al 193 un cuarto paacuterrafo del Coacutedigo

Penal del Estado de Meacutexico

Seguacuten establece la exposicioacuten de motivos de la iniciativa la reforma pretende

lograr la disminucioacuten de diversas conductas que conllevan a la falta de seguridad

en la entidad para ello se esboza un incremento a las penas para algunos delitos

Adicionalmente como parte de esta iniciativa se planteoacute que a fin de fortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas imponer de seis meses a dos antildeos de prisioacuten1 y multa

de cincuenta a cien diacuteas a quien manejareacute un vehiacuteculo de motor sin placas de

circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circular

De los artiacuteculos reformados se estima inconstitucional el artiacuteculo 193 paacuterrafo

tercero El texto del precepto impugnado es el siguiente

ldquoArtiacuteculo 193 (hellip)

1 Finalmente la pena se fijoacute al plazo de tres meses a un antildeo de prisioacuten

7

Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo

De inicio debe decirse que el tipo penal impugnado preveacute dos hipoacutetesis de hecho

diferentes para penar lo siguiente

bull ldquoldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten

(hellip)rdquo

bull ldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin (hellip) la autorizacioacuten para

circularrdquo

Por tanto en dicho precepto normativo se consideran iliacutecitas dos conductas la

primera manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin placas y la segunda manejar

o circular sin la autorizacioacuten correspondiente las cuales quedan sujetas a los

reglamentos de traacutensito respectivos

Ahora bien conviene precisar que en el Estado de Meacutexico existen dos

reglamentos de traacutensito el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el

Reglamento de Traacutensito Metropolitano del Estado de Meacutexico Este uacuteltimo se

distingue porque responde uacutenicamente a la regulacioacuten en las viacuteas primarias y

locales de comunicacioacuten en los municipios conurbados del Estado de Meacutexico 2

2 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten

8

remitiendo expresamente lo que no regula al Reglamento de Traacutensito del Estado

como norma general

En ese mismo sentido el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus

propios elementos tiacutepicos queacute se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo

que no se cumple el principio de taxatividad En este sentido tal elemento del tipo

requiere un ejercicio de interpretacioacuten conforme lo que en materia penal no estaacute

permitido allegaacutendose para ello del Reglamento de Traacutensito del Estado de

Meacutexico de doacutende se puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que

refiere el tipo penal impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de

circulacioacuten De ese ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo

penal impugnado se hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo

normativo reglamentario por lo que se comprueba que el tipo penal no se basta

en siacute mismo pues se completa en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de

caraacutecter administrativo que emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de

inconstitucionalidad

Dicho lo anterior las acciones administrativas relativas a las placas y a la tarjeta de

circulacioacuten que debe utilizar todo vehiacuteculo automotor se encuentran reguladas en

el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico del cual se desprenden las

condiciones que son requeridas a fin cualquier vehiacuteculo deberaacute estar debidamente

registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes entre los

Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

9

que se sentildealan para los vehiacuteculos de servicio particular las placas y la tarjeta de

circulacioacuten (Artiacuteculo 173)

Por cuanto hace a los requisitos de portar placas y tarjeta de circulacioacuten el artiacuteculo

194 del mismo ordenamiento sentildeala los requisitos para la matriculacioacuten de un

vehiacuteculo mientras que en el diverso artiacuteculo 26 se preveacute que la autoridad de

traacutensito deberaacute proporciona al interesado seguacuten el caso la placa de matriculacioacuten la calcomaniacutea y la tarjeta de circulacioacuten o la constancia del traacutemite correspondiente Con ello se evidencian que esos requisitos responden a

un traacutemite administrativo

3 Artiacuteculo 17 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida II- Tarjeta de circulacioacuten III- Calcomaniacutea de emisioacuten de contaminantes IV- Cinturones de seguridad en automoacuteviles y camionetas a partir de modelos 1985 y V- Extinguidor en buenas condiciones de uso4 Artiacuteculo 19 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Para la matriculacioacuten de un vehiacuteculo de servicio particular es necesario cumplir con los siguientes requisitos I Factura o carta factura en original y copia II Recibo del uacuteltimo pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehiacuteculos en original y copia III Identificacioacuten oficial del propietario en original y copia IV Constancia domiciliaria o recibos de servicios V Pago de derechos Para la matriculacioacuten o canje de placas de un vehiacuteculo de servicio puacuteblico tambieacuten deberaacute presentarse la documentacioacuten que sentildeale la reglamentacioacuten de transporte En el caso de expedicioacuten de placas a un vehiacuteculo que haya sido matriculado en otra entidad federativa ademaacutes de los anteriores requisitos deberaacuten presentarse la tarjeta de circulacioacuten y las placas correspondientes llenando el formato de baja que para tal efecto proporciona la autoridad administrativa El vehiacuteculo que se trate de matricular deberaacute ser presentado ante la autoridad de traacutensito competente para comprobar su funcionamiento y que cuenta con el equipo reglamentario El cambio de propietario deberaacute verificarse con la factura del vehiacuteculo debidamente endosada al nuevo propietario quien se identificaraacute ante la autoridad

10

Lo anterior se verifica en relacioacuten al artiacuteculo 118 en el cual se preveacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano cuando el

vehiacuteculo no tenga tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

(fraccioacuten II) y cuando al vehiacuteculo le falten ambas placas o el documento que

justifique la omisioacuten (fraccioacuten III)

Asiacute la reforma en mencioacuten tiene una acotacioacuten en lo relativo a imponer una pena

privativa de libertad a quien se ubique en los supuestos citados lo cual resulta

desproporcionado pues pretende castigar penalmente una conducta infractora

prevista en los reglamentos de traacutensito del Estado de Meacutexico por tanto su

inobservancia configura una infraccioacuten a un reglamento administrativo y no una

conducta delictiva

De ellos se infiere que el artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado

de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo y 20

apartado B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo todos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos

Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos por vulnerar

el derecho a la seguridad juriacutedica a la no autoincriminacioacuten la competencia de la

autoridad administrativa para la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones a los

reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de seguridad juriacutedica

legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten miacutenima del derecho

penal (ultima ratio) y pro persona como maacutes adelante se expone

X Marco Legal

11

A fin de respaldar esta postura procede reproducir el marco legal Constitucional

que daraacute sustento a lo aquiacute argumentado

A Nacional

bull Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

ldquoArtiacuteculo 1o En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia (hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 14 A ninguna ley se daraacute efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna

Nadie podraacute ser privado de la libertad o de sus propiedades posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y auacuten por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

En los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberaacute ser conforme a la letra o a la interpretacioacuten juriacutedica de la ley y a falta de eacutesta se fundaraacute en los principios generales del derecho

12

(hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 16 Nadie puede ser molestado en su persona familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento (hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 20

(hellip) Apartado B De los derechos de toda persona imputada

II A declarar o a guardar silencio Desde el momento de su detencioacuten se le haraacuten saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio el cual no podraacute ser utilizado en su perjuicio Queda prohibida y seraacute sancionada por la ley penal toda incomunicacioacuten intimidacioacuten o tortura La confesioacuten rendida sin la asistencia del defensor careceraacute de todo valor probatorio

(hellip)rdquo

ldquoArticulo 21 (hellip) Compete a la autoridad administrativa la aplicacioacuten de sanciones porlas infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto se permutaraacute esta por el arresto correspondiente que no excederaacute en ninguacuten caso de treinta y seis horas (hellip)rdquo

B Internacional

De la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos

ldquoArtiacuteculo 5 Derecho a la Integridad Personal 6 Las penas privativas de la libertad tendraacuten como finalidad esencial la reforma y la readaptacioacuten social de los condenados

13

(hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 8 Garantiacuteas Judiciales 1 Toda persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas ydentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciacioacuten de cualquier acusacioacuten penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro caraacutecter (hellip)rdquo

Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos

ldquoArtiacuteculo 14 1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia Toda persona tendraacute derecho a ser oiacuteda puacuteblicamente y con las debidas garantiacuteas por un tribunal competente independiente e imparcial establecido por la ley en la substanciacioacuten de cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil La prensa y el puacuteblico podraacuten ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral orden puacuteblico o seguridad nacional en una sociedad democraacutetica o cuando lo exija el intereacutes de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinioacuten del tribunal cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia pero toda sentencia en materia penal o contenciosa seraacute puacuteblica excepto en los casos en que el intereacutes de menores de edad exija lo contrario o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (hellip)rdquo

XI Conceptos de invalidez

UacuteNICO El artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo 20 apartado

14

B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos

El artiacuteculo impugnado vulnera el derecho a la seguridad juriacutedica a la no

autoincriminacioacuten a que la autoridad administrativa aplique las sanciones por las

infracciones a los reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de

seguridad juriacutedica legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten

miacutenima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona como enseguida se expone

A El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal para el Estado de Meacutexico tipifica como delito el manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin ambas placas o la autorizacioacuten para circular imponiendo una pena de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa lo que al tratarse de una falta administrativa resulta trasgresor de la seguridad juriacutedica consagrada en artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos al no respetar los principios de legalidad en materia penal taxatividad y plenitud hermeacutetica

Para demostrarlo se trae a colacioacuten la porcioacuten normativa en controversia

contenida en el artiacuteculo 193 paacuterrafo cuarto en lo que interesa

ldquoArticulo 193 (hellip) Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres a meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo

15

La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes

a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta

accioacuten

b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la

autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten

administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes

c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto

activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito

d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal

e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio

f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un

reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales

trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en

materia penal

Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten

para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los

reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o

cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al

16

reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la

localidad

En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten

de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad

del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los

procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del

Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe

confundirse con los elementos normativos del tipo

Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado

en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una

infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el

artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el

apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con

un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal

que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales

Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis

materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la

letra dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE

17

TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es

un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la

certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un

auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los

18

supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de

imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el

principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los

de legalidad y seguridad juriacutedica

Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo

penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y

pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios

utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos

especiacuteficos entre otros

Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a

establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de

cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger

En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo

tercero se integra con los siguientes elementos

1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten

resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito

y no un delito por siacute mismo

2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y

ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado

3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con

la pretendida conducta eacutestas se vean afectas

19

4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo

de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la

afectacioacuten de la propiedad de un tercero

5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la

norma

Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable

con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de

claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del

juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo

ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un

reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la

norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la

prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es

acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de

taxatividad

Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de

la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la

Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia

constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra

dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE

20

DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no

21

pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo

Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones

en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la

obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo

penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable

y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda

claridad las penas que deben aplicarse en cada caso

Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado

por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten

retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o

taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve

materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del

rubro y texto siguientes

ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por

22

virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo

Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia

penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al

legislador en el siguiente sentido

a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse

de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance

imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo

b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara

limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos

penales ambiguos

23

c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su

alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del

sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales

d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al

grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado

de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del

juzgador

Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el

sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo

y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con

que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten

linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de

certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar

un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del

aplicador de la norma

Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios

finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con

relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador

pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad

Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para

determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un

antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica

24

seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten

operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan

prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia

Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de

ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de

circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como

uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten

En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se

refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que

causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la

utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la

actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten

bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de

origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un

delito

Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten

de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de

prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin

placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que

la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de

esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma

25

adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es

decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute

mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un

delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado

Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo

Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la

Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en

discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente

pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los

particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico

que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por

el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su

existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia

de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten

bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se

reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio

Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios

elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no

se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace

necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se

puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal

impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese

ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se

26

hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por

lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa

en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que

emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad

Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el

nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta

Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena

Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone

ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los

27

elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo

En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las

previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten

Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se

establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas

que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda

persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo

razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial

establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de

cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la

determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el

artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones

Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a

partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a

rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el

Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de

constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales

cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la

28

interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y

brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas

Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas

interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con

mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto

es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja

con mayor alcance a los titulares de un derecho humano

Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la

conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para

circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria

que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o

trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena

privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten

Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias

radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona

deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes

favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el

caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso

resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda

alguna la reglamentaria

B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad

29

administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad

El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y

las sanciones a saber

bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la

autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute

como su modificacioacuten y duracioacuten

bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones

administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos

de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea

Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las

sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad

judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e

impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son

determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas

directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial

dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea

En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la

imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de

30

policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca

la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo

texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como

son

1 Multa

2 Arresto hasta por treinta y seis horas o

3 Trabajo a favor de la comunidad

Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos

gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son

emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local

Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un

Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos

de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento

gubernativo o de policiacutea

Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que

directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos

y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida

Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo

cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta

observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar

en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso

31

Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable

en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004

Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004

paacutegina 242 del rubro y texto siguientes

ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo

De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha

infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado

precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede

variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de

normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos

ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la

inobservancia de la ley penal

32

En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de

circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo

previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de

sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento

gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho

menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a

una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y

seis horas o trabajo a favor de la comunidad

Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una

infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento

gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva

de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como

delito por la legislacioacuten penal

Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones

administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la

sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento

mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley

Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo

XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero

1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes

33

ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo

Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las

penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas

de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las

originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se

califican como infracciones

Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de

traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento

34

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico

el lunes 21 de septiembre de 1992

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE

MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de

junio de 2007

Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional

Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar

I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida

II- Tarjeta de circulacioacuten

Artiacuteculo 16

Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con

I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben

a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo

b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro

de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos

sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de

caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute

una sancioacuten

5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

35

c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de

circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y

d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que

especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva

Artiacuteculo 5

Los conductores deben

II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el

documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo

Sanciones

Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los

siguientes casos

I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de

identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga

tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas

placas o el documento que justifique la omisioacuten

Artiacuteculo 16

(hellip) Fraccioacuten I

Sancioacuten

20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y

retiro de la placa delantera

Artiacuteculo 5

Fraccioacuten II

10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito

36

Artiacuteculo 26

Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos

al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones

I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para

operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del

permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la

peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de

salario miacutenimo

80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito

En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas

placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es

administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse

previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la

actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del

Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano

En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto

u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por

ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales

la naturaleza de ambas son distintas

37

Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el

artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a

infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las

autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos

gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o

trabajo a favor de la comunidad

C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del

artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos

Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a

la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten

Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de

mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como

garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico

nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la

seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona

familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de

la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento

El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la

arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da

como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino

que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten

38

para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia

sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento

En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute

misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la

policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar

autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le

corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante

un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin

que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia

o la querella

Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos

fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz

de los siguientes razonamientos

El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que

debe imperar en un acto de molestia

La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades

1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta

de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del

gobernado

39

2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito

derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que

la norma los establezca)

3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de

documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo

penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad

con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal

del procedimiento

Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la

real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos

y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee

Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o

posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin

observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de

asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes

Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que

realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y

de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una

detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al

momento de realizar sus investigaciones

40

Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a

una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten

proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el

Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los

siguientes teacuterminos

ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo

Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la

Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el

ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en

su referente 4 dice textual

ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y

41

Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo

De inicio debe decirse que el tipo penal impugnado preveacute dos hipoacutetesis de hecho

diferentes para penar lo siguiente

bull ldquoldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten

(hellip)rdquo

bull ldquoAl que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin (hellip) la autorizacioacuten para

circularrdquo

Por tanto en dicho precepto normativo se consideran iliacutecitas dos conductas la

primera manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin placas y la segunda manejar

o circular sin la autorizacioacuten correspondiente las cuales quedan sujetas a los

reglamentos de traacutensito respectivos

Ahora bien conviene precisar que en el Estado de Meacutexico existen dos

reglamentos de traacutensito el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el

Reglamento de Traacutensito Metropolitano del Estado de Meacutexico Este uacuteltimo se

distingue porque responde uacutenicamente a la regulacioacuten en las viacuteas primarias y

locales de comunicacioacuten en los municipios conurbados del Estado de Meacutexico 2

2 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten

8

remitiendo expresamente lo que no regula al Reglamento de Traacutensito del Estado

como norma general

En ese mismo sentido el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus

propios elementos tiacutepicos queacute se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo

que no se cumple el principio de taxatividad En este sentido tal elemento del tipo

requiere un ejercicio de interpretacioacuten conforme lo que en materia penal no estaacute

permitido allegaacutendose para ello del Reglamento de Traacutensito del Estado de

Meacutexico de doacutende se puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que

refiere el tipo penal impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de

circulacioacuten De ese ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo

penal impugnado se hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo

normativo reglamentario por lo que se comprueba que el tipo penal no se basta

en siacute mismo pues se completa en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de

caraacutecter administrativo que emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de

inconstitucionalidad

Dicho lo anterior las acciones administrativas relativas a las placas y a la tarjeta de

circulacioacuten que debe utilizar todo vehiacuteculo automotor se encuentran reguladas en

el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico del cual se desprenden las

condiciones que son requeridas a fin cualquier vehiacuteculo deberaacute estar debidamente

registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes entre los

Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

9

que se sentildealan para los vehiacuteculos de servicio particular las placas y la tarjeta de

circulacioacuten (Artiacuteculo 173)

Por cuanto hace a los requisitos de portar placas y tarjeta de circulacioacuten el artiacuteculo

194 del mismo ordenamiento sentildeala los requisitos para la matriculacioacuten de un

vehiacuteculo mientras que en el diverso artiacuteculo 26 se preveacute que la autoridad de

traacutensito deberaacute proporciona al interesado seguacuten el caso la placa de matriculacioacuten la calcomaniacutea y la tarjeta de circulacioacuten o la constancia del traacutemite correspondiente Con ello se evidencian que esos requisitos responden a

un traacutemite administrativo

3 Artiacuteculo 17 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida II- Tarjeta de circulacioacuten III- Calcomaniacutea de emisioacuten de contaminantes IV- Cinturones de seguridad en automoacuteviles y camionetas a partir de modelos 1985 y V- Extinguidor en buenas condiciones de uso4 Artiacuteculo 19 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Para la matriculacioacuten de un vehiacuteculo de servicio particular es necesario cumplir con los siguientes requisitos I Factura o carta factura en original y copia II Recibo del uacuteltimo pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehiacuteculos en original y copia III Identificacioacuten oficial del propietario en original y copia IV Constancia domiciliaria o recibos de servicios V Pago de derechos Para la matriculacioacuten o canje de placas de un vehiacuteculo de servicio puacuteblico tambieacuten deberaacute presentarse la documentacioacuten que sentildeale la reglamentacioacuten de transporte En el caso de expedicioacuten de placas a un vehiacuteculo que haya sido matriculado en otra entidad federativa ademaacutes de los anteriores requisitos deberaacuten presentarse la tarjeta de circulacioacuten y las placas correspondientes llenando el formato de baja que para tal efecto proporciona la autoridad administrativa El vehiacuteculo que se trate de matricular deberaacute ser presentado ante la autoridad de traacutensito competente para comprobar su funcionamiento y que cuenta con el equipo reglamentario El cambio de propietario deberaacute verificarse con la factura del vehiacuteculo debidamente endosada al nuevo propietario quien se identificaraacute ante la autoridad

10

Lo anterior se verifica en relacioacuten al artiacuteculo 118 en el cual se preveacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano cuando el

vehiacuteculo no tenga tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

(fraccioacuten II) y cuando al vehiacuteculo le falten ambas placas o el documento que

justifique la omisioacuten (fraccioacuten III)

Asiacute la reforma en mencioacuten tiene una acotacioacuten en lo relativo a imponer una pena

privativa de libertad a quien se ubique en los supuestos citados lo cual resulta

desproporcionado pues pretende castigar penalmente una conducta infractora

prevista en los reglamentos de traacutensito del Estado de Meacutexico por tanto su

inobservancia configura una infraccioacuten a un reglamento administrativo y no una

conducta delictiva

De ellos se infiere que el artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado

de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo y 20

apartado B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo todos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos

Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos por vulnerar

el derecho a la seguridad juriacutedica a la no autoincriminacioacuten la competencia de la

autoridad administrativa para la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones a los

reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de seguridad juriacutedica

legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten miacutenima del derecho

penal (ultima ratio) y pro persona como maacutes adelante se expone

X Marco Legal

11

A fin de respaldar esta postura procede reproducir el marco legal Constitucional

que daraacute sustento a lo aquiacute argumentado

A Nacional

bull Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

ldquoArtiacuteculo 1o En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia (hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 14 A ninguna ley se daraacute efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna

Nadie podraacute ser privado de la libertad o de sus propiedades posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y auacuten por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

En los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberaacute ser conforme a la letra o a la interpretacioacuten juriacutedica de la ley y a falta de eacutesta se fundaraacute en los principios generales del derecho

12

(hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 16 Nadie puede ser molestado en su persona familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento (hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 20

(hellip) Apartado B De los derechos de toda persona imputada

II A declarar o a guardar silencio Desde el momento de su detencioacuten se le haraacuten saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio el cual no podraacute ser utilizado en su perjuicio Queda prohibida y seraacute sancionada por la ley penal toda incomunicacioacuten intimidacioacuten o tortura La confesioacuten rendida sin la asistencia del defensor careceraacute de todo valor probatorio

(hellip)rdquo

ldquoArticulo 21 (hellip) Compete a la autoridad administrativa la aplicacioacuten de sanciones porlas infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto se permutaraacute esta por el arresto correspondiente que no excederaacute en ninguacuten caso de treinta y seis horas (hellip)rdquo

B Internacional

De la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos

ldquoArtiacuteculo 5 Derecho a la Integridad Personal 6 Las penas privativas de la libertad tendraacuten como finalidad esencial la reforma y la readaptacioacuten social de los condenados

13

(hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 8 Garantiacuteas Judiciales 1 Toda persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas ydentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciacioacuten de cualquier acusacioacuten penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro caraacutecter (hellip)rdquo

Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos

ldquoArtiacuteculo 14 1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia Toda persona tendraacute derecho a ser oiacuteda puacuteblicamente y con las debidas garantiacuteas por un tribunal competente independiente e imparcial establecido por la ley en la substanciacioacuten de cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil La prensa y el puacuteblico podraacuten ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral orden puacuteblico o seguridad nacional en una sociedad democraacutetica o cuando lo exija el intereacutes de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinioacuten del tribunal cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia pero toda sentencia en materia penal o contenciosa seraacute puacuteblica excepto en los casos en que el intereacutes de menores de edad exija lo contrario o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (hellip)rdquo

XI Conceptos de invalidez

UacuteNICO El artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo 20 apartado

14

B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos

El artiacuteculo impugnado vulnera el derecho a la seguridad juriacutedica a la no

autoincriminacioacuten a que la autoridad administrativa aplique las sanciones por las

infracciones a los reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de

seguridad juriacutedica legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten

miacutenima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona como enseguida se expone

A El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal para el Estado de Meacutexico tipifica como delito el manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin ambas placas o la autorizacioacuten para circular imponiendo una pena de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa lo que al tratarse de una falta administrativa resulta trasgresor de la seguridad juriacutedica consagrada en artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos al no respetar los principios de legalidad en materia penal taxatividad y plenitud hermeacutetica

Para demostrarlo se trae a colacioacuten la porcioacuten normativa en controversia

contenida en el artiacuteculo 193 paacuterrafo cuarto en lo que interesa

ldquoArticulo 193 (hellip) Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres a meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo

15

La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes

a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta

accioacuten

b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la

autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten

administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes

c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto

activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito

d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal

e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio

f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un

reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales

trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en

materia penal

Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten

para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los

reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o

cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al

16

reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la

localidad

En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten

de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad

del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los

procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del

Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe

confundirse con los elementos normativos del tipo

Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado

en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una

infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el

artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el

apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con

un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal

que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales

Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis

materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la

letra dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE

17

TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es

un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la

certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un

auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los

18

supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de

imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el

principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los

de legalidad y seguridad juriacutedica

Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo

penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y

pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios

utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos

especiacuteficos entre otros

Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a

establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de

cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger

En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo

tercero se integra con los siguientes elementos

1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten

resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito

y no un delito por siacute mismo

2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y

ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado

3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con

la pretendida conducta eacutestas se vean afectas

19

4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo

de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la

afectacioacuten de la propiedad de un tercero

5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la

norma

Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable

con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de

claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del

juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo

ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un

reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la

norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la

prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es

acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de

taxatividad

Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de

la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la

Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia

constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra

dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE

20

DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no

21

pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo

Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones

en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la

obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo

penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable

y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda

claridad las penas que deben aplicarse en cada caso

Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado

por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten

retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o

taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve

materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del

rubro y texto siguientes

ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por

22

virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo

Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia

penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al

legislador en el siguiente sentido

a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse

de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance

imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo

b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara

limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos

penales ambiguos

23

c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su

alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del

sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales

d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al

grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado

de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del

juzgador

Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el

sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo

y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con

que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten

linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de

certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar

un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del

aplicador de la norma

Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios

finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con

relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador

pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad

Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para

determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un

antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica

24

seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten

operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan

prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia

Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de

ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de

circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como

uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten

En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se

refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que

causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la

utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la

actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten

bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de

origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un

delito

Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten

de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de

prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin

placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que

la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de

esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma

25

adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es

decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute

mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un

delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado

Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo

Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la

Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en

discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente

pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los

particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico

que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por

el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su

existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia

de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten

bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se

reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio

Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios

elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no

se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace

necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se

puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal

impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese

ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se

26

hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por

lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa

en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que

emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad

Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el

nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta

Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena

Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone

ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los

27

elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo

En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las

previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten

Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se

establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas

que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda

persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo

razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial

establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de

cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la

determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el

artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones

Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a

partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a

rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el

Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de

constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales

cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la

28

interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y

brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas

Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas

interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con

mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto

es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja

con mayor alcance a los titulares de un derecho humano

Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la

conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para

circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria

que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o

trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena

privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten

Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias

radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona

deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes

favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el

caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso

resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda

alguna la reglamentaria

B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad

29

administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad

El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y

las sanciones a saber

bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la

autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute

como su modificacioacuten y duracioacuten

bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones

administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos

de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea

Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las

sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad

judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e

impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son

determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas

directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial

dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea

En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la

imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de

30

policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca

la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo

texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como

son

1 Multa

2 Arresto hasta por treinta y seis horas o

3 Trabajo a favor de la comunidad

Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos

gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son

emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local

Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un

Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos

de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento

gubernativo o de policiacutea

Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que

directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos

y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida

Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo

cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta

observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar

en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso

31

Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable

en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004

Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004

paacutegina 242 del rubro y texto siguientes

ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo

De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha

infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado

precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede

variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de

normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos

ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la

inobservancia de la ley penal

32

En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de

circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo

previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de

sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento

gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho

menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a

una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y

seis horas o trabajo a favor de la comunidad

Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una

infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento

gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva

de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como

delito por la legislacioacuten penal

Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones

administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la

sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento

mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley

Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo

XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero

1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes

33

ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo

Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las

penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas

de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las

originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se

califican como infracciones

Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de

traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento

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REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico

el lunes 21 de septiembre de 1992

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE

MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de

junio de 2007

Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional

Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar

I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida

II- Tarjeta de circulacioacuten

Artiacuteculo 16

Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con

I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben

a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo

b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro

de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos

sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de

caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute

una sancioacuten

5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

35

c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de

circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y

d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que

especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva

Artiacuteculo 5

Los conductores deben

II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el

documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo

Sanciones

Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los

siguientes casos

I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de

identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga

tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas

placas o el documento que justifique la omisioacuten

Artiacuteculo 16

(hellip) Fraccioacuten I

Sancioacuten

20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y

retiro de la placa delantera

Artiacuteculo 5

Fraccioacuten II

10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito

36

Artiacuteculo 26

Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos

al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones

I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para

operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del

permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la

peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de

salario miacutenimo

80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito

En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas

placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es

administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse

previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la

actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del

Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano

En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto

u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por

ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales

la naturaleza de ambas son distintas

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Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el

artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a

infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las

autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos

gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o

trabajo a favor de la comunidad

C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del

artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos

Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a

la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten

Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de

mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como

garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico

nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la

seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona

familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de

la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento

El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la

arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da

como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino

que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten

38

para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia

sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento

En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute

misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la

policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar

autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le

corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante

un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin

que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia

o la querella

Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos

fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz

de los siguientes razonamientos

El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que

debe imperar en un acto de molestia

La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades

1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta

de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del

gobernado

39

2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito

derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que

la norma los establezca)

3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de

documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo

penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad

con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal

del procedimiento

Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la

real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos

y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee

Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o

posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin

observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de

asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes

Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que

realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y

de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una

detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al

momento de realizar sus investigaciones

40

Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a

una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten

proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el

Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los

siguientes teacuterminos

ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo

Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la

Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el

ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en

su referente 4 dice textual

ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y

41

remitiendo expresamente lo que no regula al Reglamento de Traacutensito del Estado

como norma general

En ese mismo sentido el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus

propios elementos tiacutepicos queacute se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo

que no se cumple el principio de taxatividad En este sentido tal elemento del tipo

requiere un ejercicio de interpretacioacuten conforme lo que en materia penal no estaacute

permitido allegaacutendose para ello del Reglamento de Traacutensito del Estado de

Meacutexico de doacutende se puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que

refiere el tipo penal impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de

circulacioacuten De ese ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo

penal impugnado se hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo

normativo reglamentario por lo que se comprueba que el tipo penal no se basta

en siacute mismo pues se completa en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de

caraacutecter administrativo que emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de

inconstitucionalidad

Dicho lo anterior las acciones administrativas relativas a las placas y a la tarjeta de

circulacioacuten que debe utilizar todo vehiacuteculo automotor se encuentran reguladas en

el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico del cual se desprenden las

condiciones que son requeridas a fin cualquier vehiacuteculo deberaacute estar debidamente

registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes entre los

Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

9

que se sentildealan para los vehiacuteculos de servicio particular las placas y la tarjeta de

circulacioacuten (Artiacuteculo 173)

Por cuanto hace a los requisitos de portar placas y tarjeta de circulacioacuten el artiacuteculo

194 del mismo ordenamiento sentildeala los requisitos para la matriculacioacuten de un

vehiacuteculo mientras que en el diverso artiacuteculo 26 se preveacute que la autoridad de

traacutensito deberaacute proporciona al interesado seguacuten el caso la placa de matriculacioacuten la calcomaniacutea y la tarjeta de circulacioacuten o la constancia del traacutemite correspondiente Con ello se evidencian que esos requisitos responden a

un traacutemite administrativo

3 Artiacuteculo 17 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida II- Tarjeta de circulacioacuten III- Calcomaniacutea de emisioacuten de contaminantes IV- Cinturones de seguridad en automoacuteviles y camionetas a partir de modelos 1985 y V- Extinguidor en buenas condiciones de uso4 Artiacuteculo 19 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Para la matriculacioacuten de un vehiacuteculo de servicio particular es necesario cumplir con los siguientes requisitos I Factura o carta factura en original y copia II Recibo del uacuteltimo pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehiacuteculos en original y copia III Identificacioacuten oficial del propietario en original y copia IV Constancia domiciliaria o recibos de servicios V Pago de derechos Para la matriculacioacuten o canje de placas de un vehiacuteculo de servicio puacuteblico tambieacuten deberaacute presentarse la documentacioacuten que sentildeale la reglamentacioacuten de transporte En el caso de expedicioacuten de placas a un vehiacuteculo que haya sido matriculado en otra entidad federativa ademaacutes de los anteriores requisitos deberaacuten presentarse la tarjeta de circulacioacuten y las placas correspondientes llenando el formato de baja que para tal efecto proporciona la autoridad administrativa El vehiacuteculo que se trate de matricular deberaacute ser presentado ante la autoridad de traacutensito competente para comprobar su funcionamiento y que cuenta con el equipo reglamentario El cambio de propietario deberaacute verificarse con la factura del vehiacuteculo debidamente endosada al nuevo propietario quien se identificaraacute ante la autoridad

10

Lo anterior se verifica en relacioacuten al artiacuteculo 118 en el cual se preveacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano cuando el

vehiacuteculo no tenga tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

(fraccioacuten II) y cuando al vehiacuteculo le falten ambas placas o el documento que

justifique la omisioacuten (fraccioacuten III)

Asiacute la reforma en mencioacuten tiene una acotacioacuten en lo relativo a imponer una pena

privativa de libertad a quien se ubique en los supuestos citados lo cual resulta

desproporcionado pues pretende castigar penalmente una conducta infractora

prevista en los reglamentos de traacutensito del Estado de Meacutexico por tanto su

inobservancia configura una infraccioacuten a un reglamento administrativo y no una

conducta delictiva

De ellos se infiere que el artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado

de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo y 20

apartado B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo todos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos

Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos por vulnerar

el derecho a la seguridad juriacutedica a la no autoincriminacioacuten la competencia de la

autoridad administrativa para la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones a los

reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de seguridad juriacutedica

legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten miacutenima del derecho

penal (ultima ratio) y pro persona como maacutes adelante se expone

X Marco Legal

11

A fin de respaldar esta postura procede reproducir el marco legal Constitucional

que daraacute sustento a lo aquiacute argumentado

A Nacional

bull Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

ldquoArtiacuteculo 1o En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia (hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 14 A ninguna ley se daraacute efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna

Nadie podraacute ser privado de la libertad o de sus propiedades posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y auacuten por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

En los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberaacute ser conforme a la letra o a la interpretacioacuten juriacutedica de la ley y a falta de eacutesta se fundaraacute en los principios generales del derecho

12

(hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 16 Nadie puede ser molestado en su persona familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento (hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 20

(hellip) Apartado B De los derechos de toda persona imputada

II A declarar o a guardar silencio Desde el momento de su detencioacuten se le haraacuten saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio el cual no podraacute ser utilizado en su perjuicio Queda prohibida y seraacute sancionada por la ley penal toda incomunicacioacuten intimidacioacuten o tortura La confesioacuten rendida sin la asistencia del defensor careceraacute de todo valor probatorio

(hellip)rdquo

ldquoArticulo 21 (hellip) Compete a la autoridad administrativa la aplicacioacuten de sanciones porlas infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto se permutaraacute esta por el arresto correspondiente que no excederaacute en ninguacuten caso de treinta y seis horas (hellip)rdquo

B Internacional

De la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos

ldquoArtiacuteculo 5 Derecho a la Integridad Personal 6 Las penas privativas de la libertad tendraacuten como finalidad esencial la reforma y la readaptacioacuten social de los condenados

13

(hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 8 Garantiacuteas Judiciales 1 Toda persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas ydentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciacioacuten de cualquier acusacioacuten penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro caraacutecter (hellip)rdquo

Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos

ldquoArtiacuteculo 14 1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia Toda persona tendraacute derecho a ser oiacuteda puacuteblicamente y con las debidas garantiacuteas por un tribunal competente independiente e imparcial establecido por la ley en la substanciacioacuten de cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil La prensa y el puacuteblico podraacuten ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral orden puacuteblico o seguridad nacional en una sociedad democraacutetica o cuando lo exija el intereacutes de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinioacuten del tribunal cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia pero toda sentencia en materia penal o contenciosa seraacute puacuteblica excepto en los casos en que el intereacutes de menores de edad exija lo contrario o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (hellip)rdquo

XI Conceptos de invalidez

UacuteNICO El artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo 20 apartado

14

B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos

El artiacuteculo impugnado vulnera el derecho a la seguridad juriacutedica a la no

autoincriminacioacuten a que la autoridad administrativa aplique las sanciones por las

infracciones a los reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de

seguridad juriacutedica legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten

miacutenima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona como enseguida se expone

A El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal para el Estado de Meacutexico tipifica como delito el manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin ambas placas o la autorizacioacuten para circular imponiendo una pena de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa lo que al tratarse de una falta administrativa resulta trasgresor de la seguridad juriacutedica consagrada en artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos al no respetar los principios de legalidad en materia penal taxatividad y plenitud hermeacutetica

Para demostrarlo se trae a colacioacuten la porcioacuten normativa en controversia

contenida en el artiacuteculo 193 paacuterrafo cuarto en lo que interesa

ldquoArticulo 193 (hellip) Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres a meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo

15

La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes

a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta

accioacuten

b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la

autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten

administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes

c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto

activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito

d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal

e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio

f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un

reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales

trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en

materia penal

Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten

para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los

reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o

cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al

16

reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la

localidad

En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten

de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad

del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los

procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del

Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe

confundirse con los elementos normativos del tipo

Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado

en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una

infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el

artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el

apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con

un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal

que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales

Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis

materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la

letra dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE

17

TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es

un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la

certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un

auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los

18

supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de

imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el

principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los

de legalidad y seguridad juriacutedica

Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo

penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y

pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios

utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos

especiacuteficos entre otros

Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a

establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de

cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger

En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo

tercero se integra con los siguientes elementos

1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten

resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito

y no un delito por siacute mismo

2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y

ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado

3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con

la pretendida conducta eacutestas se vean afectas

19

4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo

de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la

afectacioacuten de la propiedad de un tercero

5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la

norma

Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable

con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de

claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del

juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo

ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un

reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la

norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la

prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es

acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de

taxatividad

Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de

la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la

Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia

constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra

dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE

20

DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no

21

pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo

Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones

en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la

obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo

penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable

y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda

claridad las penas que deben aplicarse en cada caso

Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado

por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten

retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o

taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve

materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del

rubro y texto siguientes

ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por

22

virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo

Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia

penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al

legislador en el siguiente sentido

a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse

de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance

imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo

b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara

limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos

penales ambiguos

23

c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su

alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del

sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales

d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al

grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado

de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del

juzgador

Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el

sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo

y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con

que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten

linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de

certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar

un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del

aplicador de la norma

Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios

finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con

relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador

pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad

Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para

determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un

antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica

24

seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten

operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan

prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia

Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de

ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de

circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como

uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten

En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se

refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que

causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la

utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la

actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten

bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de

origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un

delito

Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten

de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de

prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin

placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que

la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de

esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma

25

adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es

decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute

mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un

delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado

Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo

Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la

Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en

discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente

pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los

particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico

que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por

el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su

existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia

de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten

bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se

reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio

Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios

elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no

se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace

necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se

puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal

impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese

ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se

26

hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por

lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa

en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que

emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad

Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el

nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta

Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena

Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone

ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los

27

elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo

En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las

previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten

Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se

establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas

que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda

persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo

razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial

establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de

cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la

determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el

artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones

Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a

partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a

rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el

Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de

constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales

cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la

28

interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y

brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas

Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas

interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con

mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto

es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja

con mayor alcance a los titulares de un derecho humano

Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la

conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para

circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria

que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o

trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena

privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten

Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias

radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona

deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes

favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el

caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso

resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda

alguna la reglamentaria

B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad

29

administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad

El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y

las sanciones a saber

bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la

autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute

como su modificacioacuten y duracioacuten

bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones

administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos

de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea

Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las

sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad

judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e

impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son

determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas

directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial

dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea

En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la

imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de

30

policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca

la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo

texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como

son

1 Multa

2 Arresto hasta por treinta y seis horas o

3 Trabajo a favor de la comunidad

Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos

gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son

emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local

Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un

Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos

de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento

gubernativo o de policiacutea

Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que

directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos

y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida

Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo

cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta

observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar

en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso

31

Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable

en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004

Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004

paacutegina 242 del rubro y texto siguientes

ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo

De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha

infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado

precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede

variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de

normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos

ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la

inobservancia de la ley penal

32

En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de

circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo

previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de

sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento

gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho

menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a

una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y

seis horas o trabajo a favor de la comunidad

Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una

infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento

gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva

de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como

delito por la legislacioacuten penal

Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones

administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la

sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento

mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley

Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo

XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero

1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes

33

ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo

Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las

penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas

de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las

originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se

califican como infracciones

Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de

traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento

34

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico

el lunes 21 de septiembre de 1992

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE

MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de

junio de 2007

Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional

Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar

I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida

II- Tarjeta de circulacioacuten

Artiacuteculo 16

Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con

I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben

a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo

b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro

de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos

sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de

caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute

una sancioacuten

5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

35

c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de

circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y

d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que

especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva

Artiacuteculo 5

Los conductores deben

II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el

documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo

Sanciones

Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los

siguientes casos

I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de

identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga

tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas

placas o el documento que justifique la omisioacuten

Artiacuteculo 16

(hellip) Fraccioacuten I

Sancioacuten

20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y

retiro de la placa delantera

Artiacuteculo 5

Fraccioacuten II

10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito

36

Artiacuteculo 26

Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos

al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones

I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para

operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del

permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la

peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de

salario miacutenimo

80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito

En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas

placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es

administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse

previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la

actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del

Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano

En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto

u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por

ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales

la naturaleza de ambas son distintas

37

Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el

artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a

infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las

autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos

gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o

trabajo a favor de la comunidad

C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del

artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos

Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a

la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten

Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de

mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como

garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico

nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la

seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona

familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de

la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento

El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la

arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da

como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino

que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten

38

para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia

sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento

En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute

misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la

policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar

autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le

corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante

un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin

que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia

o la querella

Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos

fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz

de los siguientes razonamientos

El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que

debe imperar en un acto de molestia

La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades

1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta

de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del

gobernado

39

2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito

derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que

la norma los establezca)

3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de

documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo

penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad

con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal

del procedimiento

Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la

real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos

y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee

Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o

posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin

observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de

asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes

Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que

realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y

de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una

detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al

momento de realizar sus investigaciones

40

Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a

una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten

proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el

Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los

siguientes teacuterminos

ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo

Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la

Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el

ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en

su referente 4 dice textual

ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y

41

que se sentildealan para los vehiacuteculos de servicio particular las placas y la tarjeta de

circulacioacuten (Artiacuteculo 173)

Por cuanto hace a los requisitos de portar placas y tarjeta de circulacioacuten el artiacuteculo

194 del mismo ordenamiento sentildeala los requisitos para la matriculacioacuten de un

vehiacuteculo mientras que en el diverso artiacuteculo 26 se preveacute que la autoridad de

traacutensito deberaacute proporciona al interesado seguacuten el caso la placa de matriculacioacuten la calcomaniacutea y la tarjeta de circulacioacuten o la constancia del traacutemite correspondiente Con ello se evidencian que esos requisitos responden a

un traacutemite administrativo

3 Artiacuteculo 17 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida II- Tarjeta de circulacioacuten III- Calcomaniacutea de emisioacuten de contaminantes IV- Cinturones de seguridad en automoacuteviles y camionetas a partir de modelos 1985 y V- Extinguidor en buenas condiciones de uso4 Artiacuteculo 19 del Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico Para la matriculacioacuten de un vehiacuteculo de servicio particular es necesario cumplir con los siguientes requisitos I Factura o carta factura en original y copia II Recibo del uacuteltimo pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehiacuteculos en original y copia III Identificacioacuten oficial del propietario en original y copia IV Constancia domiciliaria o recibos de servicios V Pago de derechos Para la matriculacioacuten o canje de placas de un vehiacuteculo de servicio puacuteblico tambieacuten deberaacute presentarse la documentacioacuten que sentildeale la reglamentacioacuten de transporte En el caso de expedicioacuten de placas a un vehiacuteculo que haya sido matriculado en otra entidad federativa ademaacutes de los anteriores requisitos deberaacuten presentarse la tarjeta de circulacioacuten y las placas correspondientes llenando el formato de baja que para tal efecto proporciona la autoridad administrativa El vehiacuteculo que se trate de matricular deberaacute ser presentado ante la autoridad de traacutensito competente para comprobar su funcionamiento y que cuenta con el equipo reglamentario El cambio de propietario deberaacute verificarse con la factura del vehiacuteculo debidamente endosada al nuevo propietario quien se identificaraacute ante la autoridad

10

Lo anterior se verifica en relacioacuten al artiacuteculo 118 en el cual se preveacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano cuando el

vehiacuteculo no tenga tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

(fraccioacuten II) y cuando al vehiacuteculo le falten ambas placas o el documento que

justifique la omisioacuten (fraccioacuten III)

Asiacute la reforma en mencioacuten tiene una acotacioacuten en lo relativo a imponer una pena

privativa de libertad a quien se ubique en los supuestos citados lo cual resulta

desproporcionado pues pretende castigar penalmente una conducta infractora

prevista en los reglamentos de traacutensito del Estado de Meacutexico por tanto su

inobservancia configura una infraccioacuten a un reglamento administrativo y no una

conducta delictiva

De ellos se infiere que el artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado

de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo y 20

apartado B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo todos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos

Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos por vulnerar

el derecho a la seguridad juriacutedica a la no autoincriminacioacuten la competencia de la

autoridad administrativa para la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones a los

reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de seguridad juriacutedica

legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten miacutenima del derecho

penal (ultima ratio) y pro persona como maacutes adelante se expone

X Marco Legal

11

A fin de respaldar esta postura procede reproducir el marco legal Constitucional

que daraacute sustento a lo aquiacute argumentado

A Nacional

bull Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

ldquoArtiacuteculo 1o En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia (hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 14 A ninguna ley se daraacute efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna

Nadie podraacute ser privado de la libertad o de sus propiedades posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y auacuten por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

En los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberaacute ser conforme a la letra o a la interpretacioacuten juriacutedica de la ley y a falta de eacutesta se fundaraacute en los principios generales del derecho

12

(hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 16 Nadie puede ser molestado en su persona familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento (hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 20

(hellip) Apartado B De los derechos de toda persona imputada

II A declarar o a guardar silencio Desde el momento de su detencioacuten se le haraacuten saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio el cual no podraacute ser utilizado en su perjuicio Queda prohibida y seraacute sancionada por la ley penal toda incomunicacioacuten intimidacioacuten o tortura La confesioacuten rendida sin la asistencia del defensor careceraacute de todo valor probatorio

(hellip)rdquo

ldquoArticulo 21 (hellip) Compete a la autoridad administrativa la aplicacioacuten de sanciones porlas infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto se permutaraacute esta por el arresto correspondiente que no excederaacute en ninguacuten caso de treinta y seis horas (hellip)rdquo

B Internacional

De la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos

ldquoArtiacuteculo 5 Derecho a la Integridad Personal 6 Las penas privativas de la libertad tendraacuten como finalidad esencial la reforma y la readaptacioacuten social de los condenados

13

(hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 8 Garantiacuteas Judiciales 1 Toda persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas ydentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciacioacuten de cualquier acusacioacuten penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro caraacutecter (hellip)rdquo

Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos

ldquoArtiacuteculo 14 1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia Toda persona tendraacute derecho a ser oiacuteda puacuteblicamente y con las debidas garantiacuteas por un tribunal competente independiente e imparcial establecido por la ley en la substanciacioacuten de cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil La prensa y el puacuteblico podraacuten ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral orden puacuteblico o seguridad nacional en una sociedad democraacutetica o cuando lo exija el intereacutes de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinioacuten del tribunal cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia pero toda sentencia en materia penal o contenciosa seraacute puacuteblica excepto en los casos en que el intereacutes de menores de edad exija lo contrario o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (hellip)rdquo

XI Conceptos de invalidez

UacuteNICO El artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo 20 apartado

14

B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos

El artiacuteculo impugnado vulnera el derecho a la seguridad juriacutedica a la no

autoincriminacioacuten a que la autoridad administrativa aplique las sanciones por las

infracciones a los reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de

seguridad juriacutedica legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten

miacutenima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona como enseguida se expone

A El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal para el Estado de Meacutexico tipifica como delito el manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin ambas placas o la autorizacioacuten para circular imponiendo una pena de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa lo que al tratarse de una falta administrativa resulta trasgresor de la seguridad juriacutedica consagrada en artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos al no respetar los principios de legalidad en materia penal taxatividad y plenitud hermeacutetica

Para demostrarlo se trae a colacioacuten la porcioacuten normativa en controversia

contenida en el artiacuteculo 193 paacuterrafo cuarto en lo que interesa

ldquoArticulo 193 (hellip) Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres a meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo

15

La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes

a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta

accioacuten

b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la

autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten

administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes

c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto

activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito

d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal

e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio

f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un

reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales

trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en

materia penal

Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten

para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los

reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o

cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al

16

reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la

localidad

En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten

de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad

del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los

procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del

Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe

confundirse con los elementos normativos del tipo

Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado

en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una

infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el

artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el

apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con

un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal

que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales

Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis

materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la

letra dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE

17

TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es

un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la

certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un

auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los

18

supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de

imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el

principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los

de legalidad y seguridad juriacutedica

Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo

penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y

pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios

utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos

especiacuteficos entre otros

Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a

establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de

cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger

En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo

tercero se integra con los siguientes elementos

1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten

resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito

y no un delito por siacute mismo

2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y

ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado

3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con

la pretendida conducta eacutestas se vean afectas

19

4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo

de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la

afectacioacuten de la propiedad de un tercero

5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la

norma

Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable

con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de

claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del

juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo

ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un

reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la

norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la

prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es

acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de

taxatividad

Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de

la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la

Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia

constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra

dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE

20

DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no

21

pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo

Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones

en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la

obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo

penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable

y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda

claridad las penas que deben aplicarse en cada caso

Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado

por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten

retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o

taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve

materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del

rubro y texto siguientes

ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por

22

virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo

Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia

penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al

legislador en el siguiente sentido

a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse

de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance

imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo

b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara

limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos

penales ambiguos

23

c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su

alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del

sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales

d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al

grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado

de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del

juzgador

Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el

sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo

y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con

que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten

linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de

certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar

un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del

aplicador de la norma

Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios

finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con

relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador

pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad

Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para

determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un

antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica

24

seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten

operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan

prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia

Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de

ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de

circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como

uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten

En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se

refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que

causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la

utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la

actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten

bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de

origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un

delito

Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten

de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de

prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin

placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que

la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de

esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma

25

adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es

decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute

mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un

delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado

Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo

Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la

Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en

discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente

pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los

particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico

que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por

el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su

existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia

de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten

bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se

reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio

Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios

elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no

se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace

necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se

puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal

impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese

ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se

26

hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por

lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa

en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que

emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad

Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el

nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta

Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena

Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone

ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los

27

elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo

En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las

previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten

Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se

establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas

que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda

persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo

razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial

establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de

cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la

determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el

artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones

Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a

partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a

rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el

Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de

constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales

cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la

28

interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y

brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas

Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas

interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con

mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto

es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja

con mayor alcance a los titulares de un derecho humano

Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la

conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para

circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria

que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o

trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena

privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten

Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias

radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona

deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes

favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el

caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso

resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda

alguna la reglamentaria

B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad

29

administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad

El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y

las sanciones a saber

bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la

autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute

como su modificacioacuten y duracioacuten

bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones

administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos

de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea

Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las

sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad

judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e

impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son

determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas

directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial

dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea

En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la

imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de

30

policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca

la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo

texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como

son

1 Multa

2 Arresto hasta por treinta y seis horas o

3 Trabajo a favor de la comunidad

Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos

gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son

emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local

Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un

Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos

de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento

gubernativo o de policiacutea

Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que

directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos

y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida

Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo

cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta

observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar

en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso

31

Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable

en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004

Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004

paacutegina 242 del rubro y texto siguientes

ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo

De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha

infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado

precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede

variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de

normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos

ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la

inobservancia de la ley penal

32

En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de

circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo

previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de

sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento

gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho

menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a

una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y

seis horas o trabajo a favor de la comunidad

Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una

infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento

gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva

de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como

delito por la legislacioacuten penal

Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones

administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la

sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento

mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley

Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo

XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero

1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes

33

ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo

Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las

penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas

de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las

originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se

califican como infracciones

Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de

traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento

34

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico

el lunes 21 de septiembre de 1992

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE

MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de

junio de 2007

Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional

Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar

I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida

II- Tarjeta de circulacioacuten

Artiacuteculo 16

Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con

I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben

a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo

b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro

de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos

sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de

caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute

una sancioacuten

5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

35

c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de

circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y

d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que

especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva

Artiacuteculo 5

Los conductores deben

II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el

documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo

Sanciones

Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los

siguientes casos

I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de

identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga

tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas

placas o el documento que justifique la omisioacuten

Artiacuteculo 16

(hellip) Fraccioacuten I

Sancioacuten

20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y

retiro de la placa delantera

Artiacuteculo 5

Fraccioacuten II

10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito

36

Artiacuteculo 26

Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos

al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones

I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para

operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del

permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la

peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de

salario miacutenimo

80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito

En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas

placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es

administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse

previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la

actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del

Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano

En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto

u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por

ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales

la naturaleza de ambas son distintas

37

Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el

artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a

infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las

autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos

gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o

trabajo a favor de la comunidad

C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del

artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos

Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a

la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten

Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de

mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como

garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico

nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la

seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona

familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de

la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento

El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la

arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da

como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino

que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten

38

para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia

sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento

En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute

misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la

policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar

autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le

corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante

un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin

que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia

o la querella

Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos

fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz

de los siguientes razonamientos

El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que

debe imperar en un acto de molestia

La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades

1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta

de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del

gobernado

39

2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito

derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que

la norma los establezca)

3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de

documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo

penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad

con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal

del procedimiento

Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la

real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos

y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee

Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o

posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin

observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de

asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes

Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que

realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y

de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una

detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al

momento de realizar sus investigaciones

40

Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a

una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten

proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el

Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los

siguientes teacuterminos

ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo

Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la

Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el

ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en

su referente 4 dice textual

ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y

41

Lo anterior se verifica en relacioacuten al artiacuteculo 118 en el cual se preveacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano cuando el

vehiacuteculo no tenga tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

(fraccioacuten II) y cuando al vehiacuteculo le falten ambas placas o el documento que

justifique la omisioacuten (fraccioacuten III)

Asiacute la reforma en mencioacuten tiene una acotacioacuten en lo relativo a imponer una pena

privativa de libertad a quien se ubique en los supuestos citados lo cual resulta

desproporcionado pues pretende castigar penalmente una conducta infractora

prevista en los reglamentos de traacutensito del Estado de Meacutexico por tanto su

inobservancia configura una infraccioacuten a un reglamento administrativo y no una

conducta delictiva

De ellos se infiere que el artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado

de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo y 20

apartado B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo todos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos

Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos por vulnerar

el derecho a la seguridad juriacutedica a la no autoincriminacioacuten la competencia de la

autoridad administrativa para la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones a los

reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de seguridad juriacutedica

legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten miacutenima del derecho

penal (ultima ratio) y pro persona como maacutes adelante se expone

X Marco Legal

11

A fin de respaldar esta postura procede reproducir el marco legal Constitucional

que daraacute sustento a lo aquiacute argumentado

A Nacional

bull Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

ldquoArtiacuteculo 1o En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia (hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 14 A ninguna ley se daraacute efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna

Nadie podraacute ser privado de la libertad o de sus propiedades posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y auacuten por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

En los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberaacute ser conforme a la letra o a la interpretacioacuten juriacutedica de la ley y a falta de eacutesta se fundaraacute en los principios generales del derecho

12

(hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 16 Nadie puede ser molestado en su persona familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento (hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 20

(hellip) Apartado B De los derechos de toda persona imputada

II A declarar o a guardar silencio Desde el momento de su detencioacuten se le haraacuten saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio el cual no podraacute ser utilizado en su perjuicio Queda prohibida y seraacute sancionada por la ley penal toda incomunicacioacuten intimidacioacuten o tortura La confesioacuten rendida sin la asistencia del defensor careceraacute de todo valor probatorio

(hellip)rdquo

ldquoArticulo 21 (hellip) Compete a la autoridad administrativa la aplicacioacuten de sanciones porlas infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto se permutaraacute esta por el arresto correspondiente que no excederaacute en ninguacuten caso de treinta y seis horas (hellip)rdquo

B Internacional

De la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos

ldquoArtiacuteculo 5 Derecho a la Integridad Personal 6 Las penas privativas de la libertad tendraacuten como finalidad esencial la reforma y la readaptacioacuten social de los condenados

13

(hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 8 Garantiacuteas Judiciales 1 Toda persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas ydentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciacioacuten de cualquier acusacioacuten penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro caraacutecter (hellip)rdquo

Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos

ldquoArtiacuteculo 14 1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia Toda persona tendraacute derecho a ser oiacuteda puacuteblicamente y con las debidas garantiacuteas por un tribunal competente independiente e imparcial establecido por la ley en la substanciacioacuten de cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil La prensa y el puacuteblico podraacuten ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral orden puacuteblico o seguridad nacional en una sociedad democraacutetica o cuando lo exija el intereacutes de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinioacuten del tribunal cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia pero toda sentencia en materia penal o contenciosa seraacute puacuteblica excepto en los casos en que el intereacutes de menores de edad exija lo contrario o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (hellip)rdquo

XI Conceptos de invalidez

UacuteNICO El artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo 20 apartado

14

B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos

El artiacuteculo impugnado vulnera el derecho a la seguridad juriacutedica a la no

autoincriminacioacuten a que la autoridad administrativa aplique las sanciones por las

infracciones a los reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de

seguridad juriacutedica legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten

miacutenima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona como enseguida se expone

A El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal para el Estado de Meacutexico tipifica como delito el manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin ambas placas o la autorizacioacuten para circular imponiendo una pena de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa lo que al tratarse de una falta administrativa resulta trasgresor de la seguridad juriacutedica consagrada en artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos al no respetar los principios de legalidad en materia penal taxatividad y plenitud hermeacutetica

Para demostrarlo se trae a colacioacuten la porcioacuten normativa en controversia

contenida en el artiacuteculo 193 paacuterrafo cuarto en lo que interesa

ldquoArticulo 193 (hellip) Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres a meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo

15

La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes

a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta

accioacuten

b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la

autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten

administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes

c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto

activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito

d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal

e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio

f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un

reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales

trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en

materia penal

Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten

para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los

reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o

cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al

16

reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la

localidad

En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten

de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad

del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los

procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del

Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe

confundirse con los elementos normativos del tipo

Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado

en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una

infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el

artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el

apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con

un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal

que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales

Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis

materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la

letra dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE

17

TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es

un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la

certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un

auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los

18

supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de

imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el

principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los

de legalidad y seguridad juriacutedica

Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo

penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y

pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios

utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos

especiacuteficos entre otros

Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a

establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de

cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger

En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo

tercero se integra con los siguientes elementos

1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten

resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito

y no un delito por siacute mismo

2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y

ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado

3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con

la pretendida conducta eacutestas se vean afectas

19

4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo

de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la

afectacioacuten de la propiedad de un tercero

5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la

norma

Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable

con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de

claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del

juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo

ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un

reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la

norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la

prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es

acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de

taxatividad

Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de

la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la

Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia

constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra

dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE

20

DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no

21

pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo

Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones

en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la

obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo

penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable

y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda

claridad las penas que deben aplicarse en cada caso

Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado

por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten

retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o

taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve

materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del

rubro y texto siguientes

ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por

22

virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo

Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia

penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al

legislador en el siguiente sentido

a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse

de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance

imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo

b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara

limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos

penales ambiguos

23

c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su

alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del

sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales

d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al

grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado

de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del

juzgador

Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el

sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo

y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con

que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten

linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de

certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar

un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del

aplicador de la norma

Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios

finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con

relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador

pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad

Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para

determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un

antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica

24

seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten

operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan

prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia

Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de

ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de

circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como

uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten

En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se

refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que

causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la

utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la

actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten

bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de

origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un

delito

Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten

de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de

prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin

placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que

la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de

esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma

25

adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es

decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute

mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un

delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado

Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo

Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la

Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en

discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente

pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los

particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico

que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por

el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su

existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia

de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten

bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se

reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio

Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios

elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no

se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace

necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se

puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal

impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese

ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se

26

hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por

lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa

en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que

emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad

Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el

nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta

Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena

Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone

ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los

27

elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo

En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las

previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten

Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se

establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas

que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda

persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo

razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial

establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de

cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la

determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el

artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones

Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a

partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a

rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el

Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de

constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales

cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la

28

interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y

brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas

Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas

interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con

mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto

es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja

con mayor alcance a los titulares de un derecho humano

Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la

conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para

circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria

que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o

trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena

privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten

Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias

radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona

deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes

favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el

caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso

resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda

alguna la reglamentaria

B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad

29

administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad

El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y

las sanciones a saber

bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la

autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute

como su modificacioacuten y duracioacuten

bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones

administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos

de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea

Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las

sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad

judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e

impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son

determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas

directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial

dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea

En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la

imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de

30

policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca

la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo

texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como

son

1 Multa

2 Arresto hasta por treinta y seis horas o

3 Trabajo a favor de la comunidad

Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos

gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son

emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local

Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un

Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos

de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento

gubernativo o de policiacutea

Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que

directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos

y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida

Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo

cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta

observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar

en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso

31

Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable

en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004

Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004

paacutegina 242 del rubro y texto siguientes

ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo

De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha

infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado

precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede

variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de

normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos

ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la

inobservancia de la ley penal

32

En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de

circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo

previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de

sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento

gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho

menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a

una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y

seis horas o trabajo a favor de la comunidad

Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una

infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento

gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva

de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como

delito por la legislacioacuten penal

Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones

administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la

sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento

mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley

Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo

XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero

1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes

33

ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo

Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las

penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas

de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las

originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se

califican como infracciones

Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de

traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento

34

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico

el lunes 21 de septiembre de 1992

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE

MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de

junio de 2007

Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional

Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar

I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida

II- Tarjeta de circulacioacuten

Artiacuteculo 16

Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con

I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben

a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo

b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro

de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos

sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de

caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute

una sancioacuten

5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

35

c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de

circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y

d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que

especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva

Artiacuteculo 5

Los conductores deben

II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el

documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo

Sanciones

Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los

siguientes casos

I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de

identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga

tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas

placas o el documento que justifique la omisioacuten

Artiacuteculo 16

(hellip) Fraccioacuten I

Sancioacuten

20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y

retiro de la placa delantera

Artiacuteculo 5

Fraccioacuten II

10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito

36

Artiacuteculo 26

Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos

al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones

I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para

operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del

permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la

peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de

salario miacutenimo

80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito

En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas

placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es

administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse

previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la

actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del

Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano

En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto

u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por

ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales

la naturaleza de ambas son distintas

37

Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el

artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a

infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las

autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos

gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o

trabajo a favor de la comunidad

C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del

artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos

Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a

la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten

Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de

mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como

garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico

nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la

seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona

familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de

la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento

El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la

arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da

como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino

que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten

38

para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia

sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento

En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute

misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la

policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar

autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le

corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante

un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin

que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia

o la querella

Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos

fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz

de los siguientes razonamientos

El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que

debe imperar en un acto de molestia

La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades

1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta

de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del

gobernado

39

2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito

derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que

la norma los establezca)

3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de

documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo

penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad

con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal

del procedimiento

Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la

real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos

y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee

Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o

posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin

observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de

asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes

Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que

realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y

de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una

detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al

momento de realizar sus investigaciones

40

Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a

una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten

proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el

Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los

siguientes teacuterminos

ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo

Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la

Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el

ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en

su referente 4 dice textual

ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y

41

A fin de respaldar esta postura procede reproducir el marco legal Constitucional

que daraacute sustento a lo aquiacute argumentado

A Nacional

bull Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

ldquoArtiacuteculo 1o En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaraacuten de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucioacuten y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte asiacute como de las garantiacuteas para su proteccioacuten cuyo ejercicio no podraacute restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitucioacuten establece

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaraacuten de conformidad con esta Constitucioacuten y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteccioacuten maacutes amplia (hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 14 A ninguna ley se daraacute efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna

Nadie podraacute ser privado de la libertad o de sus propiedades posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y auacuten por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

En los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberaacute ser conforme a la letra o a la interpretacioacuten juriacutedica de la ley y a falta de eacutesta se fundaraacute en los principios generales del derecho

12

(hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 16 Nadie puede ser molestado en su persona familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento (hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 20

(hellip) Apartado B De los derechos de toda persona imputada

II A declarar o a guardar silencio Desde el momento de su detencioacuten se le haraacuten saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio el cual no podraacute ser utilizado en su perjuicio Queda prohibida y seraacute sancionada por la ley penal toda incomunicacioacuten intimidacioacuten o tortura La confesioacuten rendida sin la asistencia del defensor careceraacute de todo valor probatorio

(hellip)rdquo

ldquoArticulo 21 (hellip) Compete a la autoridad administrativa la aplicacioacuten de sanciones porlas infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto se permutaraacute esta por el arresto correspondiente que no excederaacute en ninguacuten caso de treinta y seis horas (hellip)rdquo

B Internacional

De la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos

ldquoArtiacuteculo 5 Derecho a la Integridad Personal 6 Las penas privativas de la libertad tendraacuten como finalidad esencial la reforma y la readaptacioacuten social de los condenados

13

(hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 8 Garantiacuteas Judiciales 1 Toda persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas ydentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciacioacuten de cualquier acusacioacuten penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro caraacutecter (hellip)rdquo

Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos

ldquoArtiacuteculo 14 1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia Toda persona tendraacute derecho a ser oiacuteda puacuteblicamente y con las debidas garantiacuteas por un tribunal competente independiente e imparcial establecido por la ley en la substanciacioacuten de cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil La prensa y el puacuteblico podraacuten ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral orden puacuteblico o seguridad nacional en una sociedad democraacutetica o cuando lo exija el intereacutes de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinioacuten del tribunal cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia pero toda sentencia en materia penal o contenciosa seraacute puacuteblica excepto en los casos en que el intereacutes de menores de edad exija lo contrario o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (hellip)rdquo

XI Conceptos de invalidez

UacuteNICO El artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo 20 apartado

14

B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos

El artiacuteculo impugnado vulnera el derecho a la seguridad juriacutedica a la no

autoincriminacioacuten a que la autoridad administrativa aplique las sanciones por las

infracciones a los reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de

seguridad juriacutedica legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten

miacutenima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona como enseguida se expone

A El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal para el Estado de Meacutexico tipifica como delito el manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin ambas placas o la autorizacioacuten para circular imponiendo una pena de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa lo que al tratarse de una falta administrativa resulta trasgresor de la seguridad juriacutedica consagrada en artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos al no respetar los principios de legalidad en materia penal taxatividad y plenitud hermeacutetica

Para demostrarlo se trae a colacioacuten la porcioacuten normativa en controversia

contenida en el artiacuteculo 193 paacuterrafo cuarto en lo que interesa

ldquoArticulo 193 (hellip) Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres a meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo

15

La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes

a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta

accioacuten

b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la

autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten

administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes

c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto

activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito

d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal

e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio

f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un

reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales

trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en

materia penal

Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten

para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los

reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o

cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al

16

reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la

localidad

En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten

de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad

del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los

procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del

Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe

confundirse con los elementos normativos del tipo

Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado

en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una

infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el

artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el

apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con

un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal

que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales

Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis

materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la

letra dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE

17

TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es

un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la

certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un

auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los

18

supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de

imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el

principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los

de legalidad y seguridad juriacutedica

Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo

penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y

pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios

utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos

especiacuteficos entre otros

Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a

establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de

cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger

En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo

tercero se integra con los siguientes elementos

1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten

resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito

y no un delito por siacute mismo

2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y

ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado

3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con

la pretendida conducta eacutestas se vean afectas

19

4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo

de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la

afectacioacuten de la propiedad de un tercero

5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la

norma

Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable

con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de

claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del

juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo

ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un

reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la

norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la

prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es

acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de

taxatividad

Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de

la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la

Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia

constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra

dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE

20

DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no

21

pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo

Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones

en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la

obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo

penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable

y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda

claridad las penas que deben aplicarse en cada caso

Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado

por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten

retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o

taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve

materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del

rubro y texto siguientes

ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por

22

virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo

Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia

penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al

legislador en el siguiente sentido

a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse

de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance

imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo

b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara

limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos

penales ambiguos

23

c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su

alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del

sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales

d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al

grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado

de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del

juzgador

Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el

sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo

y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con

que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten

linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de

certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar

un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del

aplicador de la norma

Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios

finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con

relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador

pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad

Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para

determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un

antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica

24

seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten

operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan

prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia

Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de

ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de

circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como

uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten

En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se

refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que

causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la

utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la

actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten

bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de

origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un

delito

Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten

de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de

prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin

placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que

la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de

esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma

25

adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es

decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute

mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un

delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado

Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo

Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la

Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en

discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente

pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los

particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico

que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por

el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su

existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia

de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten

bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se

reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio

Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios

elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no

se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace

necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se

puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal

impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese

ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se

26

hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por

lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa

en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que

emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad

Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el

nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta

Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena

Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone

ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los

27

elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo

En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las

previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten

Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se

establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas

que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda

persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo

razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial

establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de

cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la

determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el

artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones

Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a

partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a

rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el

Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de

constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales

cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la

28

interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y

brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas

Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas

interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con

mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto

es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja

con mayor alcance a los titulares de un derecho humano

Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la

conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para

circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria

que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o

trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena

privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten

Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias

radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona

deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes

favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el

caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso

resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda

alguna la reglamentaria

B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad

29

administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad

El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y

las sanciones a saber

bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la

autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute

como su modificacioacuten y duracioacuten

bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones

administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos

de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea

Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las

sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad

judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e

impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son

determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas

directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial

dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea

En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la

imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de

30

policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca

la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo

texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como

son

1 Multa

2 Arresto hasta por treinta y seis horas o

3 Trabajo a favor de la comunidad

Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos

gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son

emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local

Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un

Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos

de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento

gubernativo o de policiacutea

Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que

directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos

y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida

Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo

cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta

observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar

en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso

31

Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable

en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004

Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004

paacutegina 242 del rubro y texto siguientes

ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo

De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha

infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado

precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede

variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de

normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos

ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la

inobservancia de la ley penal

32

En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de

circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo

previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de

sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento

gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho

menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a

una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y

seis horas o trabajo a favor de la comunidad

Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una

infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento

gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva

de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como

delito por la legislacioacuten penal

Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones

administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la

sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento

mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley

Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo

XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero

1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes

33

ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo

Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las

penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas

de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las

originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se

califican como infracciones

Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de

traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento

34

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico

el lunes 21 de septiembre de 1992

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE

MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de

junio de 2007

Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional

Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar

I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida

II- Tarjeta de circulacioacuten

Artiacuteculo 16

Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con

I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben

a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo

b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro

de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos

sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de

caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute

una sancioacuten

5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

35

c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de

circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y

d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que

especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva

Artiacuteculo 5

Los conductores deben

II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el

documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo

Sanciones

Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los

siguientes casos

I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de

identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga

tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas

placas o el documento que justifique la omisioacuten

Artiacuteculo 16

(hellip) Fraccioacuten I

Sancioacuten

20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y

retiro de la placa delantera

Artiacuteculo 5

Fraccioacuten II

10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito

36

Artiacuteculo 26

Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos

al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones

I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para

operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del

permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la

peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de

salario miacutenimo

80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito

En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas

placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es

administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse

previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la

actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del

Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano

En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto

u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por

ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales

la naturaleza de ambas son distintas

37

Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el

artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a

infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las

autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos

gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o

trabajo a favor de la comunidad

C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del

artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos

Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a

la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten

Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de

mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como

garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico

nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la

seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona

familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de

la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento

El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la

arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da

como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino

que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten

38

para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia

sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento

En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute

misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la

policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar

autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le

corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante

un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin

que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia

o la querella

Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos

fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz

de los siguientes razonamientos

El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que

debe imperar en un acto de molestia

La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades

1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta

de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del

gobernado

39

2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito

derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que

la norma los establezca)

3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de

documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo

penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad

con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal

del procedimiento

Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la

real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos

y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee

Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o

posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin

observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de

asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes

Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que

realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y

de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una

detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al

momento de realizar sus investigaciones

40

Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a

una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten

proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el

Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los

siguientes teacuterminos

ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo

Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la

Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el

ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en

su referente 4 dice textual

ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y

41

(hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 16 Nadie puede ser molestado en su persona familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento (hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 20

(hellip) Apartado B De los derechos de toda persona imputada

II A declarar o a guardar silencio Desde el momento de su detencioacuten se le haraacuten saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio el cual no podraacute ser utilizado en su perjuicio Queda prohibida y seraacute sancionada por la ley penal toda incomunicacioacuten intimidacioacuten o tortura La confesioacuten rendida sin la asistencia del defensor careceraacute de todo valor probatorio

(hellip)rdquo

ldquoArticulo 21 (hellip) Compete a la autoridad administrativa la aplicacioacuten de sanciones porlas infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto se permutaraacute esta por el arresto correspondiente que no excederaacute en ninguacuten caso de treinta y seis horas (hellip)rdquo

B Internacional

De la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos

ldquoArtiacuteculo 5 Derecho a la Integridad Personal 6 Las penas privativas de la libertad tendraacuten como finalidad esencial la reforma y la readaptacioacuten social de los condenados

13

(hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 8 Garantiacuteas Judiciales 1 Toda persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas ydentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciacioacuten de cualquier acusacioacuten penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro caraacutecter (hellip)rdquo

Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos

ldquoArtiacuteculo 14 1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia Toda persona tendraacute derecho a ser oiacuteda puacuteblicamente y con las debidas garantiacuteas por un tribunal competente independiente e imparcial establecido por la ley en la substanciacioacuten de cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil La prensa y el puacuteblico podraacuten ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral orden puacuteblico o seguridad nacional en una sociedad democraacutetica o cuando lo exija el intereacutes de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinioacuten del tribunal cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia pero toda sentencia en materia penal o contenciosa seraacute puacuteblica excepto en los casos en que el intereacutes de menores de edad exija lo contrario o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (hellip)rdquo

XI Conceptos de invalidez

UacuteNICO El artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo 20 apartado

14

B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos

El artiacuteculo impugnado vulnera el derecho a la seguridad juriacutedica a la no

autoincriminacioacuten a que la autoridad administrativa aplique las sanciones por las

infracciones a los reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de

seguridad juriacutedica legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten

miacutenima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona como enseguida se expone

A El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal para el Estado de Meacutexico tipifica como delito el manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin ambas placas o la autorizacioacuten para circular imponiendo una pena de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa lo que al tratarse de una falta administrativa resulta trasgresor de la seguridad juriacutedica consagrada en artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos al no respetar los principios de legalidad en materia penal taxatividad y plenitud hermeacutetica

Para demostrarlo se trae a colacioacuten la porcioacuten normativa en controversia

contenida en el artiacuteculo 193 paacuterrafo cuarto en lo que interesa

ldquoArticulo 193 (hellip) Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres a meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo

15

La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes

a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta

accioacuten

b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la

autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten

administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes

c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto

activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito

d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal

e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio

f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un

reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales

trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en

materia penal

Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten

para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los

reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o

cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al

16

reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la

localidad

En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten

de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad

del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los

procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del

Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe

confundirse con los elementos normativos del tipo

Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado

en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una

infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el

artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el

apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con

un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal

que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales

Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis

materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la

letra dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE

17

TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es

un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la

certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un

auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los

18

supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de

imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el

principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los

de legalidad y seguridad juriacutedica

Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo

penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y

pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios

utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos

especiacuteficos entre otros

Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a

establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de

cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger

En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo

tercero se integra con los siguientes elementos

1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten

resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito

y no un delito por siacute mismo

2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y

ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado

3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con

la pretendida conducta eacutestas se vean afectas

19

4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo

de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la

afectacioacuten de la propiedad de un tercero

5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la

norma

Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable

con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de

claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del

juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo

ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un

reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la

norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la

prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es

acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de

taxatividad

Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de

la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la

Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia

constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra

dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE

20

DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no

21

pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo

Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones

en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la

obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo

penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable

y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda

claridad las penas que deben aplicarse en cada caso

Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado

por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten

retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o

taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve

materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del

rubro y texto siguientes

ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por

22

virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo

Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia

penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al

legislador en el siguiente sentido

a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse

de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance

imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo

b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara

limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos

penales ambiguos

23

c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su

alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del

sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales

d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al

grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado

de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del

juzgador

Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el

sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo

y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con

que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten

linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de

certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar

un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del

aplicador de la norma

Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios

finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con

relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador

pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad

Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para

determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un

antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica

24

seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten

operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan

prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia

Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de

ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de

circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como

uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten

En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se

refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que

causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la

utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la

actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten

bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de

origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un

delito

Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten

de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de

prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin

placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que

la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de

esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma

25

adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es

decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute

mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un

delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado

Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo

Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la

Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en

discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente

pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los

particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico

que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por

el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su

existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia

de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten

bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se

reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio

Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios

elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no

se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace

necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se

puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal

impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese

ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se

26

hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por

lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa

en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que

emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad

Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el

nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta

Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena

Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone

ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los

27

elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo

En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las

previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten

Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se

establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas

que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda

persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo

razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial

establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de

cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la

determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el

artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones

Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a

partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a

rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el

Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de

constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales

cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la

28

interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y

brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas

Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas

interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con

mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto

es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja

con mayor alcance a los titulares de un derecho humano

Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la

conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para

circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria

que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o

trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena

privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten

Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias

radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona

deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes

favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el

caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso

resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda

alguna la reglamentaria

B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad

29

administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad

El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y

las sanciones a saber

bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la

autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute

como su modificacioacuten y duracioacuten

bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones

administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos

de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea

Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las

sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad

judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e

impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son

determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas

directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial

dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea

En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la

imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de

30

policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca

la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo

texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como

son

1 Multa

2 Arresto hasta por treinta y seis horas o

3 Trabajo a favor de la comunidad

Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos

gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son

emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local

Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un

Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos

de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento

gubernativo o de policiacutea

Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que

directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos

y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida

Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo

cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta

observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar

en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso

31

Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable

en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004

Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004

paacutegina 242 del rubro y texto siguientes

ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo

De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha

infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado

precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede

variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de

normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos

ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la

inobservancia de la ley penal

32

En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de

circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo

previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de

sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento

gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho

menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a

una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y

seis horas o trabajo a favor de la comunidad

Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una

infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento

gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva

de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como

delito por la legislacioacuten penal

Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones

administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la

sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento

mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley

Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo

XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero

1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes

33

ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo

Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las

penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas

de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las

originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se

califican como infracciones

Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de

traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento

34

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico

el lunes 21 de septiembre de 1992

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE

MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de

junio de 2007

Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional

Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar

I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida

II- Tarjeta de circulacioacuten

Artiacuteculo 16

Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con

I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben

a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo

b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro

de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos

sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de

caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute

una sancioacuten

5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

35

c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de

circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y

d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que

especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva

Artiacuteculo 5

Los conductores deben

II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el

documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo

Sanciones

Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los

siguientes casos

I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de

identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga

tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas

placas o el documento que justifique la omisioacuten

Artiacuteculo 16

(hellip) Fraccioacuten I

Sancioacuten

20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y

retiro de la placa delantera

Artiacuteculo 5

Fraccioacuten II

10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito

36

Artiacuteculo 26

Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos

al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones

I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para

operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del

permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la

peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de

salario miacutenimo

80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito

En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas

placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es

administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse

previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la

actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del

Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano

En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto

u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por

ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales

la naturaleza de ambas son distintas

37

Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el

artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a

infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las

autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos

gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o

trabajo a favor de la comunidad

C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del

artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos

Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a

la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten

Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de

mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como

garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico

nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la

seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona

familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de

la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento

El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la

arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da

como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino

que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten

38

para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia

sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento

En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute

misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la

policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar

autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le

corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante

un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin

que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia

o la querella

Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos

fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz

de los siguientes razonamientos

El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que

debe imperar en un acto de molestia

La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades

1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta

de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del

gobernado

39

2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito

derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que

la norma los establezca)

3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de

documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo

penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad

con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal

del procedimiento

Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la

real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos

y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee

Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o

posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin

observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de

asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes

Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que

realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y

de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una

detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al

momento de realizar sus investigaciones

40

Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a

una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten

proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el

Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los

siguientes teacuterminos

ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo

Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la

Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el

ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en

su referente 4 dice textual

ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y

41

(hellip)rdquo

ldquoArtiacuteculo 8 Garantiacuteas Judiciales 1 Toda persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas ydentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciacioacuten de cualquier acusacioacuten penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral fiscal o de cualquier otro caraacutecter (hellip)rdquo

Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos

ldquoArtiacuteculo 14 1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia Toda persona tendraacute derecho a ser oiacuteda puacuteblicamente y con las debidas garantiacuteas por un tribunal competente independiente e imparcial establecido por la ley en la substanciacioacuten de cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil La prensa y el puacuteblico podraacuten ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral orden puacuteblico o seguridad nacional en una sociedad democraacutetica o cuando lo exija el intereacutes de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria en opinioacuten del tribunal cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia pero toda sentencia en materia penal o contenciosa seraacute puacuteblica excepto en los casos en que el intereacutes de menores de edad exija lo contrario o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (hellip)rdquo

XI Conceptos de invalidez

UacuteNICO El artiacuteculo 193 tercer paacuterrafo del Coacutedigo Penal del Estado de Meacutexico trasgrede el contenido de los artiacuteculos 1ordm 14 16 primer paacuterrafo 20 apartado

14

B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos

El artiacuteculo impugnado vulnera el derecho a la seguridad juriacutedica a la no

autoincriminacioacuten a que la autoridad administrativa aplique las sanciones por las

infracciones a los reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de

seguridad juriacutedica legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten

miacutenima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona como enseguida se expone

A El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal para el Estado de Meacutexico tipifica como delito el manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin ambas placas o la autorizacioacuten para circular imponiendo una pena de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa lo que al tratarse de una falta administrativa resulta trasgresor de la seguridad juriacutedica consagrada en artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos al no respetar los principios de legalidad en materia penal taxatividad y plenitud hermeacutetica

Para demostrarlo se trae a colacioacuten la porcioacuten normativa en controversia

contenida en el artiacuteculo 193 paacuterrafo cuarto en lo que interesa

ldquoArticulo 193 (hellip) Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres a meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo

15

La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes

a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta

accioacuten

b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la

autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten

administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes

c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto

activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito

d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal

e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio

f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un

reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales

trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en

materia penal

Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten

para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los

reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o

cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al

16

reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la

localidad

En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten

de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad

del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los

procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del

Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe

confundirse con los elementos normativos del tipo

Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado

en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una

infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el

artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el

apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con

un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal

que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales

Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis

materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la

letra dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE

17

TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es

un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la

certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un

auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los

18

supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de

imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el

principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los

de legalidad y seguridad juriacutedica

Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo

penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y

pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios

utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos

especiacuteficos entre otros

Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a

establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de

cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger

En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo

tercero se integra con los siguientes elementos

1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten

resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito

y no un delito por siacute mismo

2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y

ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado

3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con

la pretendida conducta eacutestas se vean afectas

19

4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo

de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la

afectacioacuten de la propiedad de un tercero

5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la

norma

Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable

con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de

claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del

juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo

ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un

reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la

norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la

prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es

acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de

taxatividad

Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de

la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la

Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia

constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra

dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE

20

DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no

21

pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo

Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones

en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la

obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo

penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable

y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda

claridad las penas que deben aplicarse en cada caso

Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado

por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten

retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o

taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve

materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del

rubro y texto siguientes

ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por

22

virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo

Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia

penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al

legislador en el siguiente sentido

a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse

de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance

imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo

b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara

limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos

penales ambiguos

23

c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su

alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del

sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales

d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al

grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado

de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del

juzgador

Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el

sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo

y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con

que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten

linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de

certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar

un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del

aplicador de la norma

Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios

finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con

relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador

pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad

Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para

determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un

antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica

24

seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten

operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan

prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia

Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de

ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de

circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como

uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten

En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se

refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que

causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la

utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la

actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten

bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de

origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un

delito

Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten

de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de

prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin

placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que

la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de

esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma

25

adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es

decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute

mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un

delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado

Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo

Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la

Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en

discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente

pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los

particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico

que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por

el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su

existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia

de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten

bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se

reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio

Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios

elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no

se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace

necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se

puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal

impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese

ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se

26

hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por

lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa

en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que

emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad

Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el

nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta

Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena

Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone

ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los

27

elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo

En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las

previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten

Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se

establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas

que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda

persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo

razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial

establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de

cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la

determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el

artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones

Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a

partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a

rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el

Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de

constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales

cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la

28

interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y

brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas

Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas

interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con

mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto

es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja

con mayor alcance a los titulares de un derecho humano

Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la

conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para

circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria

que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o

trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena

privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten

Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias

radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona

deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes

favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el

caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso

resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda

alguna la reglamentaria

B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad

29

administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad

El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y

las sanciones a saber

bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la

autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute

como su modificacioacuten y duracioacuten

bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones

administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos

de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea

Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las

sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad

judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e

impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son

determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas

directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial

dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea

En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la

imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de

30

policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca

la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo

texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como

son

1 Multa

2 Arresto hasta por treinta y seis horas o

3 Trabajo a favor de la comunidad

Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos

gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son

emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local

Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un

Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos

de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento

gubernativo o de policiacutea

Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que

directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos

y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida

Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo

cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta

observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar

en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso

31

Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable

en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004

Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004

paacutegina 242 del rubro y texto siguientes

ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo

De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha

infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado

precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede

variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de

normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos

ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la

inobservancia de la ley penal

32

En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de

circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo

previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de

sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento

gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho

menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a

una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y

seis horas o trabajo a favor de la comunidad

Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una

infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento

gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva

de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como

delito por la legislacioacuten penal

Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones

administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la

sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento

mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley

Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo

XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero

1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes

33

ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo

Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las

penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas

de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las

originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se

califican como infracciones

Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de

traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento

34

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico

el lunes 21 de septiembre de 1992

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE

MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de

junio de 2007

Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional

Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar

I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida

II- Tarjeta de circulacioacuten

Artiacuteculo 16

Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con

I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben

a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo

b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro

de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos

sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de

caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute

una sancioacuten

5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

35

c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de

circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y

d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que

especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva

Artiacuteculo 5

Los conductores deben

II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el

documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo

Sanciones

Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los

siguientes casos

I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de

identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga

tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas

placas o el documento que justifique la omisioacuten

Artiacuteculo 16

(hellip) Fraccioacuten I

Sancioacuten

20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y

retiro de la placa delantera

Artiacuteculo 5

Fraccioacuten II

10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito

36

Artiacuteculo 26

Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos

al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones

I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para

operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del

permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la

peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de

salario miacutenimo

80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito

En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas

placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es

administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse

previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la

actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del

Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano

En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto

u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por

ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales

la naturaleza de ambas son distintas

37

Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el

artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a

infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las

autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos

gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o

trabajo a favor de la comunidad

C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del

artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos

Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a

la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten

Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de

mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como

garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico

nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la

seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona

familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de

la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento

El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la

arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da

como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino

que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten

38

para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia

sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento

En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute

misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la

policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar

autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le

corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante

un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin

que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia

o la querella

Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos

fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz

de los siguientes razonamientos

El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que

debe imperar en un acto de molestia

La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades

1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta

de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del

gobernado

39

2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito

derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que

la norma los establezca)

3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de

documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo

penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad

con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal

del procedimiento

Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la

real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos

y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee

Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o

posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin

observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de

asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes

Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que

realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y

de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una

detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al

momento de realizar sus investigaciones

40

Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a

una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten

proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el

Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los

siguientes teacuterminos

ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo

Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la

Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el

ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en

su referente 4 dice textual

ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y

41

B fraccioacuten II y 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos 56 y 8 de la Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos

El artiacuteculo impugnado vulnera el derecho a la seguridad juriacutedica a la no

autoincriminacioacuten a que la autoridad administrativa aplique las sanciones por las

infracciones a los reglamentos gubernativos asiacute como a los principios de

seguridad juriacutedica legalidad taxatividad plenitud hermeacutetica de intervencioacuten

miacutenima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona como enseguida se expone

A El artiacuteculo 193 paacuterrafo tercero del Coacutedigo Penal para el Estado de Meacutexico tipifica como delito el manejar o utilizar un vehiacuteculo automotor sin ambas placas o la autorizacioacuten para circular imponiendo una pena de tres meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa lo que al tratarse de una falta administrativa resulta trasgresor de la seguridad juriacutedica consagrada en artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos al no respetar los principios de legalidad en materia penal taxatividad y plenitud hermeacutetica

Para demostrarlo se trae a colacioacuten la porcioacuten normativa en controversia

contenida en el artiacuteculo 193 paacuterrafo cuarto en lo que interesa

ldquoArticulo 193 (hellip) Al que maneje o utilice un vehiacuteculo de motor sin ambas placas de circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular se le impondraacuten de tres a meses a un antildeo de prisioacuten y de cincuenta a cien diacuteas multa (hellip)rdquo

15

La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes

a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta

accioacuten

b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la

autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten

administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes

c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto

activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito

d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal

e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio

f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un

reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales

trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en

materia penal

Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten

para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los

reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o

cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al

16

reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la

localidad

En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten

de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad

del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los

procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del

Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe

confundirse con los elementos normativos del tipo

Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado

en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una

infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el

artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el

apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con

un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal

que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales

Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis

materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la

letra dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE

17

TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es

un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la

certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un

auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los

18

supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de

imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el

principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los

de legalidad y seguridad juriacutedica

Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo

penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y

pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios

utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos

especiacuteficos entre otros

Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a

establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de

cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger

En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo

tercero se integra con los siguientes elementos

1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten

resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito

y no un delito por siacute mismo

2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y

ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado

3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con

la pretendida conducta eacutestas se vean afectas

19

4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo

de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la

afectacioacuten de la propiedad de un tercero

5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la

norma

Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable

con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de

claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del

juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo

ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un

reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la

norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la

prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es

acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de

taxatividad

Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de

la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la

Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia

constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra

dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE

20

DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no

21

pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo

Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones

en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la

obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo

penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable

y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda

claridad las penas que deben aplicarse en cada caso

Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado

por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten

retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o

taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve

materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del

rubro y texto siguientes

ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por

22

virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo

Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia

penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al

legislador en el siguiente sentido

a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse

de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance

imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo

b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara

limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos

penales ambiguos

23

c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su

alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del

sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales

d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al

grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado

de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del

juzgador

Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el

sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo

y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con

que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten

linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de

certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar

un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del

aplicador de la norma

Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios

finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con

relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador

pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad

Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para

determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un

antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica

24

seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten

operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan

prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia

Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de

ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de

circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como

uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten

En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se

refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que

causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la

utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la

actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten

bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de

origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un

delito

Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten

de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de

prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin

placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que

la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de

esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma

25

adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es

decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute

mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un

delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado

Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo

Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la

Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en

discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente

pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los

particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico

que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por

el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su

existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia

de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten

bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se

reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio

Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios

elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no

se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace

necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se

puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal

impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese

ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se

26

hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por

lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa

en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que

emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad

Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el

nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta

Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena

Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone

ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los

27

elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo

En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las

previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten

Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se

establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas

que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda

persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo

razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial

establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de

cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la

determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el

artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones

Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a

partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a

rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el

Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de

constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales

cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la

28

interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y

brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas

Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas

interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con

mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto

es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja

con mayor alcance a los titulares de un derecho humano

Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la

conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para

circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria

que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o

trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena

privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten

Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias

radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona

deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes

favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el

caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso

resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda

alguna la reglamentaria

B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad

29

administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad

El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y

las sanciones a saber

bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la

autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute

como su modificacioacuten y duracioacuten

bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones

administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos

de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea

Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las

sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad

judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e

impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son

determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas

directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial

dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea

En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la

imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de

30

policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca

la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo

texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como

son

1 Multa

2 Arresto hasta por treinta y seis horas o

3 Trabajo a favor de la comunidad

Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos

gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son

emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local

Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un

Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos

de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento

gubernativo o de policiacutea

Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que

directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos

y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida

Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo

cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta

observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar

en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso

31

Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable

en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004

Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004

paacutegina 242 del rubro y texto siguientes

ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo

De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha

infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado

precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede

variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de

normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos

ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la

inobservancia de la ley penal

32

En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de

circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo

previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de

sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento

gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho

menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a

una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y

seis horas o trabajo a favor de la comunidad

Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una

infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento

gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva

de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como

delito por la legislacioacuten penal

Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones

administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la

sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento

mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley

Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo

XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero

1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes

33

ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo

Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las

penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas

de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las

originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se

califican como infracciones

Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de

traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento

34

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico

el lunes 21 de septiembre de 1992

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE

MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de

junio de 2007

Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional

Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar

I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida

II- Tarjeta de circulacioacuten

Artiacuteculo 16

Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con

I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben

a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo

b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro

de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos

sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de

caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute

una sancioacuten

5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

35

c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de

circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y

d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que

especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva

Artiacuteculo 5

Los conductores deben

II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el

documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo

Sanciones

Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los

siguientes casos

I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de

identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga

tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas

placas o el documento que justifique la omisioacuten

Artiacuteculo 16

(hellip) Fraccioacuten I

Sancioacuten

20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y

retiro de la placa delantera

Artiacuteculo 5

Fraccioacuten II

10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito

36

Artiacuteculo 26

Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos

al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones

I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para

operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del

permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la

peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de

salario miacutenimo

80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito

En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas

placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es

administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse

previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la

actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del

Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano

En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto

u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por

ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales

la naturaleza de ambas son distintas

37

Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el

artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a

infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las

autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos

gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o

trabajo a favor de la comunidad

C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del

artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos

Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a

la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten

Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de

mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como

garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico

nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la

seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona

familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de

la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento

El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la

arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da

como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino

que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten

38

para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia

sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento

En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute

misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la

policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar

autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le

corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante

un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin

que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia

o la querella

Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos

fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz

de los siguientes razonamientos

El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que

debe imperar en un acto de molestia

La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades

1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta

de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del

gobernado

39

2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito

derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que

la norma los establezca)

3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de

documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo

penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad

con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal

del procedimiento

Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la

real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos

y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee

Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o

posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin

observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de

asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes

Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que

realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y

de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una

detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al

momento de realizar sus investigaciones

40

Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a

una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten

proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el

Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los

siguientes teacuterminos

ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo

Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la

Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el

ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en

su referente 4 dice textual

ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y

41

La reproduccioacuten de la definicioacuten del delito evidencia las imprecisiones siguientes

a) Utiliza ambiguamente la locucioacuten ldquoutilicerdquo sin delimitar ni describir esta

accioacuten

b) Se penaliza manejar o utilizar vehiacuteculo de motor sin placas o sin la

autorizacioacuten para circular lo cual constituye simplemente una infraccioacuten

administrativa asiacute prevista en los ordenamientos correspondientes

c) No se conectoacute el verbo rector del tipo con la intencionalidad del sujeto

activo como pudiera ser la comisioacuten de un delito

d) No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal

e) No utiliza el derecho penal como ultima ratio

f) Pretende determinar un tipo penal con la remisioacuten a un

reglamentoadministrativo dariacutea injerencia del Ejecutivo en los tipos penales

trastocando la facultad exclusiva del Congreso del Estado para legislar en

materia penal

Es de advertirse que el manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o la autorizacioacuten

para circular se trata de una falta meramente administrativa prevista en los

reglamentos de traacutensito pues la obligacioacuten de que los vehiacuteculos porten placas o

cuenten con la autorizacioacuten para circular es reglamentaria es decir se atiene al

16

reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la

localidad

En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten

de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad

del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los

procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del

Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe

confundirse con los elementos normativos del tipo

Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado

en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una

infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el

artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el

apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con

un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal

que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales

Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis

materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la

letra dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE

17

TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es

un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la

certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un

auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los

18

supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de

imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el

principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los

de legalidad y seguridad juriacutedica

Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo

penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y

pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios

utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos

especiacuteficos entre otros

Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a

establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de

cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger

En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo

tercero se integra con los siguientes elementos

1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten

resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito

y no un delito por siacute mismo

2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y

ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado

3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con

la pretendida conducta eacutestas se vean afectas

19

4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo

de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la

afectacioacuten de la propiedad de un tercero

5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la

norma

Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable

con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de

claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del

juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo

ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un

reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la

norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la

prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es

acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de

taxatividad

Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de

la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la

Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia

constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra

dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE

20

DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no

21

pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo

Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones

en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la

obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo

penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable

y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda

claridad las penas que deben aplicarse en cada caso

Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado

por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten

retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o

taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve

materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del

rubro y texto siguientes

ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por

22

virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo

Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia

penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al

legislador en el siguiente sentido

a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse

de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance

imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo

b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara

limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos

penales ambiguos

23

c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su

alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del

sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales

d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al

grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado

de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del

juzgador

Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el

sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo

y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con

que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten

linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de

certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar

un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del

aplicador de la norma

Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios

finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con

relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador

pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad

Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para

determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un

antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica

24

seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten

operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan

prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia

Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de

ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de

circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como

uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten

En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se

refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que

causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la

utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la

actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten

bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de

origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un

delito

Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten

de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de

prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin

placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que

la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de

esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma

25

adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es

decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute

mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un

delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado

Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo

Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la

Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en

discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente

pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los

particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico

que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por

el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su

existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia

de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten

bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se

reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio

Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios

elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no

se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace

necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se

puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal

impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese

ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se

26

hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por

lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa

en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que

emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad

Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el

nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta

Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena

Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone

ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los

27

elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo

En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las

previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten

Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se

establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas

que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda

persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo

razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial

establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de

cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la

determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el

artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones

Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a

partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a

rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el

Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de

constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales

cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la

28

interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y

brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas

Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas

interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con

mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto

es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja

con mayor alcance a los titulares de un derecho humano

Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la

conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para

circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria

que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o

trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena

privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten

Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias

radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona

deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes

favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el

caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso

resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda

alguna la reglamentaria

B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad

29

administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad

El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y

las sanciones a saber

bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la

autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute

como su modificacioacuten y duracioacuten

bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones

administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos

de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea

Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las

sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad

judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e

impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son

determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas

directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial

dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea

En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la

imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de

30

policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca

la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo

texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como

son

1 Multa

2 Arresto hasta por treinta y seis horas o

3 Trabajo a favor de la comunidad

Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos

gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son

emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local

Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un

Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos

de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento

gubernativo o de policiacutea

Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que

directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos

y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida

Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo

cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta

observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar

en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso

31

Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable

en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004

Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004

paacutegina 242 del rubro y texto siguientes

ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo

De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha

infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado

precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede

variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de

normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos

ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la

inobservancia de la ley penal

32

En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de

circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo

previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de

sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento

gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho

menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a

una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y

seis horas o trabajo a favor de la comunidad

Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una

infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento

gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva

de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como

delito por la legislacioacuten penal

Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones

administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la

sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento

mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley

Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo

XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero

1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes

33

ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo

Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las

penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas

de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las

originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se

califican como infracciones

Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de

traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento

34

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico

el lunes 21 de septiembre de 1992

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE

MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de

junio de 2007

Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional

Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar

I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida

II- Tarjeta de circulacioacuten

Artiacuteculo 16

Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con

I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben

a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo

b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro

de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos

sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de

caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute

una sancioacuten

5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

35

c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de

circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y

d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que

especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva

Artiacuteculo 5

Los conductores deben

II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el

documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo

Sanciones

Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los

siguientes casos

I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de

identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga

tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas

placas o el documento que justifique la omisioacuten

Artiacuteculo 16

(hellip) Fraccioacuten I

Sancioacuten

20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y

retiro de la placa delantera

Artiacuteculo 5

Fraccioacuten II

10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito

36

Artiacuteculo 26

Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos

al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones

I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para

operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del

permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la

peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de

salario miacutenimo

80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito

En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas

placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es

administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse

previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la

actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del

Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano

En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto

u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por

ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales

la naturaleza de ambas son distintas

37

Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el

artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a

infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las

autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos

gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o

trabajo a favor de la comunidad

C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del

artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos

Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a

la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten

Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de

mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como

garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico

nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la

seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona

familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de

la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento

El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la

arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da

como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino

que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten

38

para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia

sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento

En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute

misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la

policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar

autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le

corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante

un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin

que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia

o la querella

Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos

fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz

de los siguientes razonamientos

El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que

debe imperar en un acto de molestia

La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades

1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta

de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del

gobernado

39

2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito

derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que

la norma los establezca)

3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de

documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo

penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad

con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal

del procedimiento

Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la

real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos

y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee

Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o

posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin

observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de

asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes

Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que

realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y

de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una

detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al

momento de realizar sus investigaciones

40

Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a

una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten

proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el

Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los

siguientes teacuterminos

ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo

Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la

Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el

ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en

su referente 4 dice textual

ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y

41

reglamento de traacutensito que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo de la

localidad

En este sentido pretender que el tipo penal pueda completarse por la intervencioacuten

de un reglamento tendriacutea como efecto que la ley penal pudiera variar a voluntad

del Ejecutivo quien gozariacutea de la facultad de modificarla sin siquiera acudir a los

procesos legislativos ordinarios lo que trastocariacutea la facultad exclusiva del

Congreso del Estado para legislar en materia penal Lo anterior no debe

confundirse con los elementos normativos del tipo

Asentada esta base partimos de la inconstitucionalidad del tipo penal impugnado

en tanto preveacute la privacioacuten de la libertad de las personas por la comisioacuten de una

infraccioacuten reglamentaria En este sentido la descripcioacuten tiacutepica contenida en el

artiacuteculo impugnado como un tipo penal que para su perfeccionamiento requiere el

apoyo de un reglamento emanado del Poder Ejecutivo resulta incompatible con

un sistema desarrollado en torno al principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal

que rige el Estado Mexicano y en los instrumentos internacionales

Lo anterior se ve sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nacioacuten en su Tesis publicada bajo el nuacutemero II2oP187 P en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIII febrero de dos mil seis

materias penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ochocientos setenta y nueve que a la

letra dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE CON LOS PRINCIPIOS DE

17

TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es

un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la

certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un

auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los

18

supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de

imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el

principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los

de legalidad y seguridad juriacutedica

Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo

penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y

pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios

utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos

especiacuteficos entre otros

Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a

establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de

cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger

En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo

tercero se integra con los siguientes elementos

1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten

resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito

y no un delito por siacute mismo

2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y

ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado

3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con

la pretendida conducta eacutestas se vean afectas

19

4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo

de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la

afectacioacuten de la propiedad de un tercero

5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la

norma

Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable

con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de

claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del

juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo

ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un

reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la

norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la

prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es

acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de

taxatividad

Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de

la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la

Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia

constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra

dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE

20

DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no

21

pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo

Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones

en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la

obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo

penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable

y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda

claridad las penas que deben aplicarse en cada caso

Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado

por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten

retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o

taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve

materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del

rubro y texto siguientes

ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por

22

virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo

Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia

penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al

legislador en el siguiente sentido

a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse

de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance

imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo

b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara

limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos

penales ambiguos

23

c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su

alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del

sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales

d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al

grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado

de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del

juzgador

Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el

sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo

y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con

que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten

linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de

certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar

un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del

aplicador de la norma

Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios

finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con

relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador

pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad

Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para

determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un

antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica

24

seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten

operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan

prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia

Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de

ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de

circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como

uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten

En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se

refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que

causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la

utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la

actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten

bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de

origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un

delito

Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten

de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de

prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin

placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que

la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de

esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma

25

adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es

decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute

mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un

delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado

Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo

Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la

Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en

discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente

pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los

particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico

que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por

el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su

existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia

de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten

bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se

reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio

Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios

elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no

se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace

necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se

puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal

impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese

ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se

26

hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por

lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa

en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que

emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad

Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el

nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta

Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena

Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone

ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los

27

elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo

En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las

previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten

Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se

establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas

que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda

persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo

razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial

establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de

cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la

determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el

artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones

Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a

partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a

rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el

Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de

constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales

cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la

28

interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y

brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas

Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas

interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con

mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto

es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja

con mayor alcance a los titulares de un derecho humano

Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la

conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para

circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria

que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o

trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena

privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten

Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias

radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona

deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes

favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el

caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso

resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda

alguna la reglamentaria

B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad

29

administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad

El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y

las sanciones a saber

bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la

autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute

como su modificacioacuten y duracioacuten

bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones

administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos

de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea

Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las

sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad

judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e

impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son

determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas

directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial

dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea

En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la

imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de

30

policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca

la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo

texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como

son

1 Multa

2 Arresto hasta por treinta y seis horas o

3 Trabajo a favor de la comunidad

Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos

gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son

emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local

Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un

Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos

de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento

gubernativo o de policiacutea

Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que

directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos

y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida

Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo

cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta

observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar

en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso

31

Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable

en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004

Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004

paacutegina 242 del rubro y texto siguientes

ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo

De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha

infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado

precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede

variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de

normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos

ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la

inobservancia de la ley penal

32

En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de

circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo

previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de

sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento

gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho

menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a

una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y

seis horas o trabajo a favor de la comunidad

Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una

infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento

gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva

de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como

delito por la legislacioacuten penal

Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones

administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la

sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento

mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley

Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo

XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero

1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes

33

ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo

Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las

penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas

de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las

originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se

califican como infracciones

Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de

traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento

34

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico

el lunes 21 de septiembre de 1992

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE

MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de

junio de 2007

Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional

Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar

I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida

II- Tarjeta de circulacioacuten

Artiacuteculo 16

Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con

I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben

a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo

b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro

de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos

sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de

caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute

una sancioacuten

5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

35

c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de

circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y

d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que

especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva

Artiacuteculo 5

Los conductores deben

II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el

documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo

Sanciones

Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los

siguientes casos

I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de

identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga

tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas

placas o el documento que justifique la omisioacuten

Artiacuteculo 16

(hellip) Fraccioacuten I

Sancioacuten

20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y

retiro de la placa delantera

Artiacuteculo 5

Fraccioacuten II

10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito

36

Artiacuteculo 26

Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos

al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones

I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para

operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del

permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la

peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de

salario miacutenimo

80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito

En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas

placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es

administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse

previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la

actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del

Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano

En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto

u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por

ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales

la naturaleza de ambas son distintas

37

Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el

artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a

infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las

autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos

gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o

trabajo a favor de la comunidad

C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del

artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos

Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a

la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten

Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de

mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como

garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico

nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la

seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona

familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de

la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento

El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la

arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da

como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino

que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten

38

para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia

sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento

En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute

misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la

policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar

autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le

corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante

un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin

que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia

o la querella

Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos

fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz

de los siguientes razonamientos

El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que

debe imperar en un acto de molestia

La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades

1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta

de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del

gobernado

39

2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito

derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que

la norma los establezca)

3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de

documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo

penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad

con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal

del procedimiento

Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la

real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos

y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee

Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o

posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin

observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de

asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes

Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que

realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y

de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una

detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al

momento de realizar sus investigaciones

40

Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a

una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten

proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el

Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los

siguientes teacuterminos

ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo

Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la

Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el

ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en

su referente 4 dice textual

ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y

41

TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMEacuteTICA DERIVADOS DE AQUEacuteL COMO PILAR DE UN SISTEMA DE DERECHO PENAL ENUN ESTADO DEMOCRAacuteTICO DE DERECHO El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena nullum poena sine lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley especiacutefica y concreta para el hecho de que se trate de ello deriva la importancia que la dogmaacutetica juriacutedico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad entendido como la constatacioacuten plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipoacutetesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo faacutectico La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloracioacuten de un hecho sin ponderar aun el reproche posible a su autor y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige con todas sus derivaciones como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democraacutetico de derecho Asiacute del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la leyes decir que la descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad de igual forma el principio de plenitud hermeacutetica en cuanto a la prohibicioacuten de analogiacutea o mayoriacutea de razoacuten en la aplicacioacuten de laley penal traducieacutendose en la exigencia de exacta aplicacioacuten de la ley que se contiene de manera expresa en el caso mexicano en el actual paacuterrafo tercero del artiacuteculo 14 constitucional que dice En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata

De lo anterior podemos decir que el principio de taxatividad en materia penal es

un liacutemite al legislador penal en el que subyacen dos valores fundamentales la

certeza juriacutedica y la imparcialidad en la aplicacioacuten del Derecho por ende es un

auteacutentico deber constitucional del legislador formular en teacuterminos precisos los

18

supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de

imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el

principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los

de legalidad y seguridad juriacutedica

Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo

penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y

pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios

utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos

especiacuteficos entre otros

Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a

establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de

cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger

En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo

tercero se integra con los siguientes elementos

1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten

resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito

y no un delito por siacute mismo

2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y

ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado

3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con

la pretendida conducta eacutestas se vean afectas

19

4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo

de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la

afectacioacuten de la propiedad de un tercero

5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la

norma

Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable

con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de

claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del

juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo

ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un

reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la

norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la

prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es

acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de

taxatividad

Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de

la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la

Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia

constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra

dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE

20

DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no

21

pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo

Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones

en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la

obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo

penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable

y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda

claridad las penas que deben aplicarse en cada caso

Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado

por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten

retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o

taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve

materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del

rubro y texto siguientes

ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por

22

virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo

Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia

penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al

legislador en el siguiente sentido

a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse

de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance

imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo

b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara

limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos

penales ambiguos

23

c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su

alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del

sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales

d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al

grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado

de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del

juzgador

Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el

sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo

y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con

que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten

linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de

certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar

un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del

aplicador de la norma

Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios

finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con

relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador

pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad

Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para

determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un

antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica

24

seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten

operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan

prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia

Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de

ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de

circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como

uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten

En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se

refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que

causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la

utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la

actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten

bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de

origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un

delito

Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten

de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de

prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin

placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que

la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de

esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma

25

adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es

decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute

mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un

delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado

Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo

Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la

Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en

discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente

pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los

particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico

que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por

el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su

existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia

de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten

bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se

reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio

Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios

elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no

se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace

necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se

puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal

impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese

ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se

26

hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por

lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa

en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que

emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad

Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el

nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta

Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena

Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone

ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los

27

elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo

En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las

previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten

Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se

establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas

que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda

persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo

razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial

establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de

cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la

determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el

artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones

Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a

partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a

rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el

Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de

constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales

cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la

28

interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y

brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas

Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas

interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con

mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto

es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja

con mayor alcance a los titulares de un derecho humano

Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la

conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para

circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria

que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o

trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena

privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten

Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias

radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona

deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes

favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el

caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso

resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda

alguna la reglamentaria

B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad

29

administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad

El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y

las sanciones a saber

bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la

autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute

como su modificacioacuten y duracioacuten

bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones

administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos

de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea

Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las

sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad

judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e

impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son

determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas

directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial

dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea

En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la

imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de

30

policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca

la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo

texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como

son

1 Multa

2 Arresto hasta por treinta y seis horas o

3 Trabajo a favor de la comunidad

Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos

gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son

emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local

Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un

Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos

de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento

gubernativo o de policiacutea

Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que

directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos

y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida

Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo

cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta

observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar

en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso

31

Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable

en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004

Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004

paacutegina 242 del rubro y texto siguientes

ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo

De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha

infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado

precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede

variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de

normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos

ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la

inobservancia de la ley penal

32

En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de

circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo

previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de

sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento

gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho

menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a

una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y

seis horas o trabajo a favor de la comunidad

Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una

infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento

gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva

de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como

delito por la legislacioacuten penal

Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones

administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la

sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento

mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley

Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo

XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero

1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes

33

ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo

Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las

penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas

de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las

originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se

califican como infracciones

Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de

traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento

34

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico

el lunes 21 de septiembre de 1992

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE

MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de

junio de 2007

Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional

Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar

I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida

II- Tarjeta de circulacioacuten

Artiacuteculo 16

Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con

I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben

a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo

b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro

de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos

sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de

caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute

una sancioacuten

5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

35

c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de

circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y

d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que

especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva

Artiacuteculo 5

Los conductores deben

II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el

documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo

Sanciones

Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los

siguientes casos

I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de

identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga

tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas

placas o el documento que justifique la omisioacuten

Artiacuteculo 16

(hellip) Fraccioacuten I

Sancioacuten

20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y

retiro de la placa delantera

Artiacuteculo 5

Fraccioacuten II

10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito

36

Artiacuteculo 26

Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos

al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones

I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para

operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del

permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la

peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de

salario miacutenimo

80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito

En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas

placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es

administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse

previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la

actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del

Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano

En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto

u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por

ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales

la naturaleza de ambas son distintas

37

Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el

artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a

infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las

autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos

gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o

trabajo a favor de la comunidad

C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del

artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos

Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a

la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten

Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de

mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como

garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico

nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la

seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona

familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de

la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento

El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la

arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da

como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino

que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten

38

para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia

sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento

En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute

misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la

policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar

autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le

corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante

un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin

que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia

o la querella

Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos

fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz

de los siguientes razonamientos

El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que

debe imperar en un acto de molestia

La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades

1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta

de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del

gobernado

39

2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito

derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que

la norma los establezca)

3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de

documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo

penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad

con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal

del procedimiento

Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la

real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos

y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee

Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o

posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin

observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de

asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes

Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que

realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y

de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una

detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al

momento de realizar sus investigaciones

40

Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a

una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten

proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el

Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los

siguientes teacuterminos

ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo

Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la

Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el

ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en

su referente 4 dice textual

ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y

41

supuestos de hecho de las normas penales y que implica la prohibicioacuten de

imponer penas por simple analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten en el entendido que el

principio de exacta aplicacioacuten de la ley penal guarda estrecha vinculacioacuten con los

de legalidad y seguridad juriacutedica

Es claro que existen elementos del delito de que se trate comunes a todo tipo

penal como la accioacuten u omisioacuten el bien juriacutedico tutelado sujetos activos y

pasivos en su caso calidades especiacuteficas de uno u otro objeto material medios

utilizados circunstancias de lugar tiempo modo y ocasioacuten elementos objetivos

especiacuteficos entre otros

Por tal razoacuten y en ejercicio de sus facultades el legislador estaacute obligado a

establecer los tipos penales y los elementos que lo contienen dependiendo de

cada conducta que trate de regular y del bien juriacutedico que se pretenda proteger

En el caso la descripcioacuten tiacutepica contenida en el cuestionado precepto 193 paacuterrafo

tercero se integra con los siguientes elementos

1 La conducta manejar o utilizar un vehiacuteculo sin ambas placas o autorizacioacuten

resulta una falta administrativa asiacute prevista en los reglamentos de traacutensito

y no un delito por siacute mismo

2 Los verbos rectores son ldquomanejerdquo o ldquoutilicerdquo siendo eacuteste uacuteltimo equivoco y

ambiguo pues el simple aprovechamiento puede ser sancionado

3 No tiene sujeto pasivo directo en tanto que se localiza en el capiacutetulo

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo sin que con

la pretendida conducta eacutestas se vean afectas

19

4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo

de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la

afectacioacuten de la propiedad de un tercero

5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la

norma

Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable

con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de

claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del

juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo

ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un

reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la

norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la

prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es

acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de

taxatividad

Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de

la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la

Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia

constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra

dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE

20

DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no

21

pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo

Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones

en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la

obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo

penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable

y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda

claridad las penas que deben aplicarse en cada caso

Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado

por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten

retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o

taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve

materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del

rubro y texto siguientes

ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por

22

virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo

Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia

penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al

legislador en el siguiente sentido

a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse

de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance

imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo

b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara

limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos

penales ambiguos

23

c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su

alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del

sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales

d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al

grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado

de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del

juzgador

Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el

sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo

y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con

que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten

linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de

certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar

un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del

aplicador de la norma

Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios

finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con

relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador

pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad

Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para

determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un

antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica

24

seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten

operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan

prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia

Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de

ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de

circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como

uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten

En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se

refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que

causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la

utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la

actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten

bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de

origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un

delito

Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten

de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de

prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin

placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que

la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de

esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma

25

adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es

decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute

mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un

delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado

Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo

Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la

Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en

discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente

pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los

particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico

que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por

el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su

existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia

de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten

bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se

reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio

Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios

elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no

se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace

necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se

puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal

impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese

ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se

26

hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por

lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa

en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que

emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad

Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el

nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta

Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena

Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone

ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los

27

elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo

En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las

previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten

Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se

establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas

que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda

persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo

razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial

establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de

cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la

determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el

artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones

Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a

partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a

rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el

Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de

constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales

cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la

28

interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y

brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas

Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas

interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con

mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto

es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja

con mayor alcance a los titulares de un derecho humano

Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la

conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para

circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria

que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o

trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena

privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten

Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias

radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona

deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes

favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el

caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso

resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda

alguna la reglamentaria

B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad

29

administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad

El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y

las sanciones a saber

bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la

autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute

como su modificacioacuten y duracioacuten

bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones

administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos

de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea

Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las

sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad

judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e

impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son

determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas

directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial

dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea

En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la

imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de

30

policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca

la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo

texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como

son

1 Multa

2 Arresto hasta por treinta y seis horas o

3 Trabajo a favor de la comunidad

Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos

gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son

emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local

Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un

Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos

de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento

gubernativo o de policiacutea

Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que

directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos

y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida

Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo

cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta

observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar

en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso

31

Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable

en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004

Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004

paacutegina 242 del rubro y texto siguientes

ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo

De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha

infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado

precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede

variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de

normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos

ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la

inobservancia de la ley penal

32

En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de

circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo

previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de

sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento

gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho

menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a

una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y

seis horas o trabajo a favor de la comunidad

Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una

infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento

gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva

de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como

delito por la legislacioacuten penal

Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones

administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la

sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento

mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley

Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo

XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero

1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes

33

ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo

Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las

penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas

de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las

originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se

califican como infracciones

Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de

traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento

34

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico

el lunes 21 de septiembre de 1992

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE

MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de

junio de 2007

Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional

Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar

I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida

II- Tarjeta de circulacioacuten

Artiacuteculo 16

Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con

I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben

a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo

b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro

de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos

sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de

caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute

una sancioacuten

5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

35

c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de

circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y

d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que

especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva

Artiacuteculo 5

Los conductores deben

II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el

documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo

Sanciones

Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los

siguientes casos

I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de

identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga

tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas

placas o el documento que justifique la omisioacuten

Artiacuteculo 16

(hellip) Fraccioacuten I

Sancioacuten

20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y

retiro de la placa delantera

Artiacuteculo 5

Fraccioacuten II

10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito

36

Artiacuteculo 26

Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos

al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones

I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para

operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del

permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la

peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de

salario miacutenimo

80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito

En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas

placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es

administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse

previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la

actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del

Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano

En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto

u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por

ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales

la naturaleza de ambas son distintas

37

Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el

artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a

infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las

autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos

gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o

trabajo a favor de la comunidad

C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del

artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos

Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a

la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten

Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de

mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como

garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico

nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la

seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona

familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de

la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento

El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la

arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da

como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino

que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten

38

para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia

sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento

En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute

misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la

policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar

autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le

corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante

un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin

que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia

o la querella

Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos

fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz

de los siguientes razonamientos

El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que

debe imperar en un acto de molestia

La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades

1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta

de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del

gobernado

39

2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito

derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que

la norma los establezca)

3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de

documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo

penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad

con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal

del procedimiento

Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la

real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos

y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee

Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o

posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin

observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de

asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes

Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que

realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y

de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una

detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al

momento de realizar sus investigaciones

40

Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a

una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten

proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el

Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los

siguientes teacuterminos

ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo

Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la

Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el

ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en

su referente 4 dice textual

ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y

41

4 La exposicioacuten de motivos refiere que lo que se pretende evitar es el robo

de vehiacuteculos pero la descripcioacuten de la conducta no tiene relacioacuten con la

afectacioacuten de la propiedad de un tercero

5 No existe correspondencia entre el bien juriacutedico que se pretende proteger y

el tipo penal no desprendieacutendose cuaacutel es el bien juriacutedico tutelado por la

norma

Ante ello se estima que la conducta descrita por el legislador como sancionable

con pena privativa de libertad carece de los principios elementales como son el de

claridad congruencia y sobre todo precisioacuten y al ser asiacute deja al arbitrio del

juzgador la definicioacuten exacta de la conducta en el caso del vocablo ldquoutilicerdquo

ademaacutes de que para completar la hipoacutetesis normativa deberaacute allegarse de un

reglamento que para tal efecto haya sido expedido por ende el destinatario de la

norma no estaraacute en posibilidad de saber con precisioacuten el motivo exacto de la

prohibicioacuten que contiene en otras palabras de queacute y con base en queacute es

acusado Lo cual contraviene el principio de legalidad penal en su vertiente de

taxatividad

Al respecto se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de

la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero 1ordfCXCII2011 en el Semanario Judicial de la

Federacioacuten y su Gaceta Libro I Tomo II octubre de dos mil once materia

constitucional Deacutecima Eacutepoca paacutegina mil novecientos cuatro que a la letra

dispone

ldquoPRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD ANAacuteLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE

20

DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no

21

pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo

Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones

en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la

obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo

penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable

y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda

claridad las penas que deben aplicarse en cada caso

Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado

por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten

retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o

taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve

materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del

rubro y texto siguientes

ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por

22

virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo

Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia

penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al

legislador en el siguiente sentido

a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse

de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance

imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo

b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara

limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos

penales ambiguos

23

c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su

alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del

sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales

d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al

grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado

de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del

juzgador

Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el

sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo

y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con

que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten

linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de

certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar

un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del

aplicador de la norma

Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios

finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con

relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador

pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad

Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para

determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un

antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica

24

seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten

operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan

prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia

Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de

ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de

circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como

uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten

En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se

refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que

causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la

utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la

actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten

bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de

origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un

delito

Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten

de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de

prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin

placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que

la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de

esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma

25

adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es

decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute

mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un

delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado

Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo

Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la

Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en

discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente

pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los

particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico

que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por

el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su

existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia

de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten

bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se

reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio

Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios

elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no

se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace

necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se

puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal

impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese

ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se

26

hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por

lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa

en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que

emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad

Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el

nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta

Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena

Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone

ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los

27

elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo

En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las

previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten

Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se

establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas

que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda

persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo

razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial

establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de

cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la

determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el

artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones

Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a

partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a

rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el

Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de

constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales

cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la

28

interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y

brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas

Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas

interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con

mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto

es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja

con mayor alcance a los titulares de un derecho humano

Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la

conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para

circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria

que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o

trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena

privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten

Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias

radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona

deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes

favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el

caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso

resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda

alguna la reglamentaria

B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad

29

administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad

El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y

las sanciones a saber

bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la

autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute

como su modificacioacuten y duracioacuten

bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones

administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos

de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea

Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las

sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad

judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e

impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son

determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas

directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial

dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea

En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la

imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de

30

policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca

la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo

texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como

son

1 Multa

2 Arresto hasta por treinta y seis horas o

3 Trabajo a favor de la comunidad

Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos

gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son

emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local

Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un

Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos

de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento

gubernativo o de policiacutea

Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que

directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos

y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida

Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo

cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta

observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar

en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso

31

Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable

en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004

Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004

paacutegina 242 del rubro y texto siguientes

ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo

De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha

infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado

precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede

variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de

normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos

ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la

inobservancia de la ley penal

32

En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de

circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo

previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de

sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento

gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho

menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a

una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y

seis horas o trabajo a favor de la comunidad

Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una

infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento

gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva

de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como

delito por la legislacioacuten penal

Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones

administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la

sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento

mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley

Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo

XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero

1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes

33

ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo

Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las

penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas

de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las

originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se

califican como infracciones

Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de

traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento

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REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico

el lunes 21 de septiembre de 1992

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE

MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de

junio de 2007

Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional

Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar

I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida

II- Tarjeta de circulacioacuten

Artiacuteculo 16

Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con

I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben

a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo

b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro

de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos

sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de

caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute

una sancioacuten

5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

35

c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de

circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y

d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que

especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva

Artiacuteculo 5

Los conductores deben

II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el

documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo

Sanciones

Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los

siguientes casos

I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de

identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga

tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas

placas o el documento que justifique la omisioacuten

Artiacuteculo 16

(hellip) Fraccioacuten I

Sancioacuten

20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y

retiro de la placa delantera

Artiacuteculo 5

Fraccioacuten II

10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito

36

Artiacuteculo 26

Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos

al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones

I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para

operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del

permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la

peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de

salario miacutenimo

80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito

En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas

placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es

administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse

previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la

actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del

Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano

En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto

u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por

ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales

la naturaleza de ambas son distintas

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Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el

artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a

infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las

autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos

gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o

trabajo a favor de la comunidad

C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del

artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos

Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a

la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten

Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de

mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como

garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico

nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la

seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona

familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de

la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento

El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la

arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da

como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino

que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten

38

para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia

sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento

En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute

misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la

policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar

autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le

corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante

un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin

que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia

o la querella

Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos

fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz

de los siguientes razonamientos

El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que

debe imperar en un acto de molestia

La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades

1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta

de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del

gobernado

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2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito

derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que

la norma los establezca)

3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de

documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo

penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad

con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal

del procedimiento

Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la

real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos

y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee

Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o

posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin

observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de

asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes

Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que

realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y

de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una

detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al

momento de realizar sus investigaciones

40

Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a

una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten

proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el

Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los

siguientes teacuterminos

ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo

Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la

Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el

ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en

su referente 4 dice textual

ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y

41

DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES ASIacute COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS El artiacuteculo 14 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantiacutea de exacta aplicacioacuten de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogiacutea y aun por mayoriacutea de razoacuten pena alguna que no esteacute decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simpleanalogiacutea o mayoriacutea de razoacuten sino que es extensivo al creador de la norma En ese orden al legislador le es exigible la emisioacuten de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable asiacutecomo de la consecuencia juriacutedica por la comisioacuten de un iliacutecito esta descripcioacuten no es otra cosa que el tipo penal el cual debe estar claramente formulado Para determinar la tipicidad de una conducta el inteacuterprete debe tener en cuenta como derivacioacuten del principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y uniacutevoco en la labor de tipificacioacuten de la ley Es decir la descripcioacuten tiacutepica no debe ser de tal manera vaga imprecisa abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicacioacuten Asiacute el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinacioacuten de la conducta tiacutepica sea tal que lo que es objeto de prohibicioacuten pueda ser conocido por el destinatario de la norma Sin embargo lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicacioacuten de la pena el legislador deba definir cada vocablo o locucioacuten utilizada al redactar alguacuten tipo penal toda vez que ello tornariacutea imposible la funcioacuten legislativa Asimismo a juicio de esta Primera Sala es necesario sentildealar que en la aplicacioacuten del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas asiacute como sus posibles destinatarios Es decir la legislacioacuten debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella En este sentido es posible que los tipos penales contengan conceptos juriacutedicos indeterminados teacuterminos teacutecnicos o vocablos propios de un sector o profesioacuten siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento especiacutefico de las pautas de conducta que por estimarse ilegiacutetimas se hallan prohibidas por el ordenamiento El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja plural y altamente especializada como la de hoy en diacutea los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensioacuten absoluta de los mismos especiacuteficamente trataacutendose de aquellos respecto de los cuales no

21

pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo

Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones

en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la

obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo

penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable

y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda

claridad las penas que deben aplicarse en cada caso

Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado

por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten

retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o

taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve

materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del

rubro y texto siguientes

ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por

22

virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo

Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia

penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al

legislador en el siguiente sentido

a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse

de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance

imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo

b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara

limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos

penales ambiguos

23

c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su

alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del

sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales

d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al

grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado

de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del

juzgador

Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el

sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo

y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con

que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten

linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de

certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar

un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del

aplicador de la norma

Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios

finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con

relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador

pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad

Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para

determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un

antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica

24

seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten

operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan

prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia

Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de

ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de

circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como

uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten

En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se

refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que

causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la

utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la

actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten

bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de

origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un

delito

Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten

de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de

prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin

placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que

la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de

esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma

25

adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es

decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute

mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un

delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado

Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo

Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la

Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en

discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente

pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los

particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico

que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por

el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su

existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia

de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten

bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se

reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio

Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios

elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no

se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace

necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se

puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal

impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese

ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se

26

hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por

lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa

en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que

emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad

Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el

nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta

Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena

Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone

ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los

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elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo

En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las

previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten

Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se

establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas

que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda

persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo

razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial

establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de

cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la

determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el

artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones

Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a

partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a

rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el

Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de

constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales

cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la

28

interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y

brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas

Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas

interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con

mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto

es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja

con mayor alcance a los titulares de un derecho humano

Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la

conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para

circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria

que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o

trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena

privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten

Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias

radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona

deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes

favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el

caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso

resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda

alguna la reglamentaria

B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad

29

administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad

El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y

las sanciones a saber

bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la

autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute

como su modificacioacuten y duracioacuten

bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones

administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos

de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea

Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las

sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad

judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e

impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son

determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas

directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial

dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea

En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la

imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de

30

policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca

la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo

texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como

son

1 Multa

2 Arresto hasta por treinta y seis horas o

3 Trabajo a favor de la comunidad

Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos

gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son

emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local

Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un

Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos

de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento

gubernativo o de policiacutea

Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que

directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos

y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida

Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo

cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta

observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar

en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso

31

Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable

en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004

Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004

paacutegina 242 del rubro y texto siguientes

ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo

De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha

infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado

precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede

variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de

normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos

ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la

inobservancia de la ley penal

32

En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de

circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo

previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de

sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento

gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho

menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a

una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y

seis horas o trabajo a favor de la comunidad

Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una

infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento

gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva

de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como

delito por la legislacioacuten penal

Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones

administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la

sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento

mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley

Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo

XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero

1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes

33

ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo

Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las

penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas

de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las

originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se

califican como infracciones

Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de

traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento

34

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico

el lunes 21 de septiembre de 1992

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE

MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de

junio de 2007

Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional

Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar

I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida

II- Tarjeta de circulacioacuten

Artiacuteculo 16

Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con

I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben

a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo

b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro

de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos

sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de

caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute

una sancioacuten

5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

35

c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de

circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y

d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que

especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva

Artiacuteculo 5

Los conductores deben

II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el

documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo

Sanciones

Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los

siguientes casos

I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de

identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga

tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas

placas o el documento que justifique la omisioacuten

Artiacuteculo 16

(hellip) Fraccioacuten I

Sancioacuten

20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y

retiro de la placa delantera

Artiacuteculo 5

Fraccioacuten II

10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito

36

Artiacuteculo 26

Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos

al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones

I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para

operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del

permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la

peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de

salario miacutenimo

80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito

En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas

placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es

administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse

previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la

actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del

Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano

En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto

u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por

ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales

la naturaleza de ambas son distintas

37

Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el

artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a

infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las

autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos

gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o

trabajo a favor de la comunidad

C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del

artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos

Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a

la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten

Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de

mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como

garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico

nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la

seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona

familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de

la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento

El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la

arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da

como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino

que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten

38

para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia

sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento

En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute

misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la

policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar

autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le

corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante

un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin

que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia

o la querella

Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos

fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz

de los siguientes razonamientos

El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que

debe imperar en un acto de molestia

La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades

1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta

de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del

gobernado

39

2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito

derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que

la norma los establezca)

3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de

documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo

penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad

con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal

del procedimiento

Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la

real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos

y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee

Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o

posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin

observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de

asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes

Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que

realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y

de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una

detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al

momento de realizar sus investigaciones

40

Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a

una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten

proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el

Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los

siguientes teacuterminos

ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo

Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la

Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el

ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en

su referente 4 dice textual

ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y

41

pueden ser sujetos activos ya que estaacuten dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy especiacuteficas como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadasrdquo

Debe reiterarse que ese Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones

en el sentido de que el principio de legalidad en materia penal se traduce en la

obligacioacuten del legislador de estructurar de manera clara los elementos del tipo

penal delimitando su alcance imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable

y de sus condiciones particulares y especiales asiacute como a establecer con toda

claridad las penas que deben aplicarse en cada caso

Tambieacuten ha determinado que este principio constitucional se encuentra integrado

por subprincipios a saber el de reserva de ley la prohibicioacuten de aplicacioacuten

retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona y el principio de tipicidad o

taxatividad tal y como se explica en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nacioacuten publicada bajo el nuacutemero PJ 332009 en el Semanario

Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XXIX abril de dos mil nueve

materias constitucional y penal Novena Eacutepoca paacutegina mil ciento veinticuatro del

rubro y texto siguientes

ldquoNORMAS PENALES AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIOacuteN CONFORME O INTEGRADORA Si bien es cierto que al realizar el anaacutelisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten acuda a la interpretacioacuten conforme e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad tambieacuten lo es que el empleo de dichas praacutecticas interpretativas es inadmisible en materia penal en atencioacuten a las particularidades del principio delegalidad en esta rama juriacutedica como son a) Reserva de ley por

22

virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo

Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia

penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al

legislador en el siguiente sentido

a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse

de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance

imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo

b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara

limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos

penales ambiguos

23

c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su

alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del

sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales

d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al

grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado

de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del

juzgador

Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el

sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo

y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con

que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten

linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de

certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar

un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del

aplicador de la norma

Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios

finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con

relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador

pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad

Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para

determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un

antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica

24

seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten

operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan

prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia

Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de

ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de

circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como

uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten

En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se

refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que

causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la

utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la

actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten

bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de

origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un

delito

Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten

de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de

prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin

placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que

la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de

esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma

25

adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es

decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute

mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un

delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado

Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo

Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la

Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en

discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente

pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los

particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico

que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por

el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su

existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia

de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten

bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se

reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio

Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios

elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no

se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace

necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se

puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal

impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese

ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se

26

hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por

lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa

en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que

emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad

Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el

nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta

Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena

Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone

ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los

27

elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo

En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las

previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten

Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se

establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas

que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda

persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo

razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial

establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de

cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la

determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el

artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones

Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a

partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a

rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el

Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de

constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales

cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la

28

interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y

brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas

Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas

interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con

mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto

es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja

con mayor alcance a los titulares de un derecho humano

Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la

conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para

circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria

que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o

trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena

privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten

Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias

radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona

deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes

favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el

caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso

resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda

alguna la reglamentaria

B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad

29

administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad

El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y

las sanciones a saber

bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la

autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute

como su modificacioacuten y duracioacuten

bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones

administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos

de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea

Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las

sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad

judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e

impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son

determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas

directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial

dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea

En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la

imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de

30

policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca

la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo

texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como

son

1 Multa

2 Arresto hasta por treinta y seis horas o

3 Trabajo a favor de la comunidad

Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos

gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son

emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local

Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un

Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos

de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento

gubernativo o de policiacutea

Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que

directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos

y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida

Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo

cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta

observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar

en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso

31

Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable

en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004

Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004

paacutegina 242 del rubro y texto siguientes

ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo

De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha

infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado

precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede

variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de

normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos

ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la

inobservancia de la ley penal

32

En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de

circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo

previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de

sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento

gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho

menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a

una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y

seis horas o trabajo a favor de la comunidad

Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una

infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento

gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva

de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como

delito por la legislacioacuten penal

Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones

administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la

sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento

mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley

Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo

XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero

1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes

33

ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo

Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las

penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas

de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las

originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se

califican como infracciones

Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de

traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento

34

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico

el lunes 21 de septiembre de 1992

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE

MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de

junio de 2007

Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional

Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar

I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida

II- Tarjeta de circulacioacuten

Artiacuteculo 16

Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con

I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben

a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo

b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro

de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos

sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de

caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute

una sancioacuten

5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

35

c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de

circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y

d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que

especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva

Artiacuteculo 5

Los conductores deben

II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el

documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo

Sanciones

Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los

siguientes casos

I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de

identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga

tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas

placas o el documento que justifique la omisioacuten

Artiacuteculo 16

(hellip) Fraccioacuten I

Sancioacuten

20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y

retiro de la placa delantera

Artiacuteculo 5

Fraccioacuten II

10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito

36

Artiacuteculo 26

Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos

al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones

I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para

operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del

permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la

peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de

salario miacutenimo

80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito

En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas

placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es

administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse

previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la

actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del

Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano

En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto

u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por

ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales

la naturaleza de ambas son distintas

37

Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el

artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a

infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las

autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos

gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o

trabajo a favor de la comunidad

C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del

artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos

Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a

la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten

Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de

mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como

garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico

nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la

seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona

familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de

la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento

El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la

arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da

como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino

que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten

38

para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia

sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento

En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute

misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la

policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar

autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le

corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante

un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin

que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia

o la querella

Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos

fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz

de los siguientes razonamientos

El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que

debe imperar en un acto de molestia

La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades

1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta

de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del

gobernado

39

2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito

derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que

la norma los establezca)

3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de

documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo

penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad

con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal

del procedimiento

Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la

real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos

y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee

Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o

posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin

observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de

asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes

Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que

realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y

de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una

detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al

momento de realizar sus investigaciones

40

Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a

una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten

proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el

Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los

siguientes teacuterminos

ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo

Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la

Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el

ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en

su referente 4 dice textual

ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y

41

virtud del cual los delitos soacutelo pueden establecerse en una ley formal y material b) La prohibicioacuten de aplicacioacuten retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia leyes que crean delitos o aumenten penas) y c) El principio de tipicidad o taxatividad seguacutenel cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara limitada e inequiacutevoca sin reenviacuteo a paraacutemetrosextralegales y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogiacutea o por mayoriacutea de razoacuten y la prohibicioacuten de tipos penalesambiguos Ademaacutes la determinacioacuten que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposicioacuten de penas pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aqueacutel estaacute obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del sujeto responsable y de sus condiciones particulares yespeciales asiacute como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada casordquo

Todo lo expuesto permite concluir que los principios de legalidad en materia

penal tipicidad y taxatividad representan un lineamiento constitucional dirigido al

legislador en el siguiente sentido

a) En la elaboracioacuten de normas que penalicen conductas deben estructurarse

de manera clara los elementos del tipo penal delimitando su alcance

imponiendo la determinacioacuten del sujeto activo

b) Las conductas punibles deben estar previstas en la ley de forma clara

limitada e inequiacutevoca ademaacutes de que implica la prohibicioacuten de tipos

penales ambiguos

23

c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su

alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del

sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales

d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al

grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado

de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del

juzgador

Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el

sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo

y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con

que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten

linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de

certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar

un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del

aplicador de la norma

Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios

finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con

relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador

pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad

Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para

determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un

antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica

24

seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten

operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan

prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia

Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de

ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de

circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como

uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten

En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se

refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que

causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la

utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la

actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten

bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de

origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un

delito

Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten

de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de

prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin

placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que

la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de

esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma

25

adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es

decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute

mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un

delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado

Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo

Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la

Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en

discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente

pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los

particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico

que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por

el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su

existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia

de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten

bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se

reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio

Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios

elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no

se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace

necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se

puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal

impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese

ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se

26

hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por

lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa

en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que

emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad

Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el

nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta

Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena

Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone

ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los

27

elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo

En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las

previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten

Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se

establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas

que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda

persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo

razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial

establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de

cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la

determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el

artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones

Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a

partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a

rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el

Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de

constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales

cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la

28

interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y

brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas

Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas

interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con

mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto

es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja

con mayor alcance a los titulares de un derecho humano

Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la

conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para

circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria

que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o

trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena

privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten

Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias

radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona

deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes

favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el

caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso

resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda

alguna la reglamentaria

B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad

29

administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad

El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y

las sanciones a saber

bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la

autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute

como su modificacioacuten y duracioacuten

bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones

administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos

de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea

Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las

sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad

judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e

impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son

determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas

directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial

dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea

En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la

imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de

30

policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca

la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo

texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como

son

1 Multa

2 Arresto hasta por treinta y seis horas o

3 Trabajo a favor de la comunidad

Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos

gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son

emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local

Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un

Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos

de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento

gubernativo o de policiacutea

Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que

directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos

y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida

Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo

cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta

observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar

en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso

31

Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable

en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004

Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004

paacutegina 242 del rubro y texto siguientes

ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo

De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha

infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado

precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede

variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de

normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos

ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la

inobservancia de la ley penal

32

En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de

circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo

previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de

sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento

gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho

menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a

una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y

seis horas o trabajo a favor de la comunidad

Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una

infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento

gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva

de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como

delito por la legislacioacuten penal

Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones

administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la

sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento

mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley

Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo

XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero

1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes

33

ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo

Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las

penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas

de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las

originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se

califican como infracciones

Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de

traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento

34

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico

el lunes 21 de septiembre de 1992

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE

MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de

junio de 2007

Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional

Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar

I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida

II- Tarjeta de circulacioacuten

Artiacuteculo 16

Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con

I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben

a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo

b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro

de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos

sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de

caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute

una sancioacuten

5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

35

c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de

circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y

d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que

especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva

Artiacuteculo 5

Los conductores deben

II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el

documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo

Sanciones

Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los

siguientes casos

I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de

identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga

tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas

placas o el documento que justifique la omisioacuten

Artiacuteculo 16

(hellip) Fraccioacuten I

Sancioacuten

20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y

retiro de la placa delantera

Artiacuteculo 5

Fraccioacuten II

10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito

36

Artiacuteculo 26

Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos

al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones

I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para

operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del

permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la

peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de

salario miacutenimo

80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito

En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas

placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es

administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse

previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la

actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del

Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano

En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto

u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por

ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales

la naturaleza de ambas son distintas

37

Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el

artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a

infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las

autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos

gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o

trabajo a favor de la comunidad

C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del

artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos

Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a

la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten

Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de

mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como

garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico

nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la

seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona

familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de

la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento

El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la

arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da

como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino

que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten

38

para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia

sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento

En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute

misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la

policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar

autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le

corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante

un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin

que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia

o la querella

Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos

fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz

de los siguientes razonamientos

El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que

debe imperar en un acto de molestia

La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades

1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta

de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del

gobernado

39

2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito

derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que

la norma los establezca)

3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de

documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo

penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad

con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal

del procedimiento

Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la

real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos

y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee

Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o

posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin

observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de

asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes

Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que

realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y

de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una

detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al

momento de realizar sus investigaciones

40

Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a

una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten

proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el

Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los

siguientes teacuterminos

ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo

Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la

Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el

ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en

su referente 4 dice textual

ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y

41

c) Los elementos del tipo penal deben ser claros y precisos delimitando su

alcance de acuerdo a los bienes tutelados imponiendo la determinacioacuten del

sujeto activo y sus condiciones particulares y especiales

d) La descripcioacuten tiacutepica no debe ser vaga ni imprecisa ni abierta o amplia al

grado de permitir la arbitrariedad pues tal precisioacuten debe evitar un estado

de incertidumbre juriacutedica al gobernado y una actuacioacuten arbitraria del

juzgador

Ahora bien debe referirse que de un examen de racionalidad linguumliacutestica el

sintagma ldquoutilicerdquo aludido en la porcioacuten normativa que se combate resulta ambiguo

y en exceso amplio pues no refiere o acota que tipo de aprovechamiento o con

que finalidad sea el que se encuentre penado es decir adolece de imprecisioacuten

linguumliacutestica no subsanable por una viacutea interpretativa sin corromper los principios de

certeza legalidad y seguridad juriacutedica lo que durante su vigencia podriacutea conllevar

un sin nuacutemero de arbitrariedades tanto por parte de elementos policiales como del

aplicador de la norma

Del mismo modo la imprecisioacuten de la disposicioacuten permite que los destinatarios

finales del tipo desconozcan cuaacutel seraacute la respuesta punitiva del Estado con

relacioacuten a su conducta dado que no tendraacuten la certeza del criterio del juzgador

pues el tipo penal no otorga los elementos para dicha finalidad

Dicho de otra manera el tipo penal no da los elementos esenciales para

determinar queacute consideraraacute el Juez para otorgar una pena de tres meses o de un

antildeo Esa situacioacuten representa un atentado contra el principio de certeza juriacutedica

24

seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten

operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan

prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia

Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de

ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de

circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como

uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten

En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se

refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que

causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la

utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la

actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten

bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de

origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un

delito

Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten

de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de

prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin

placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que

la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de

esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma

25

adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es

decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute

mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un

delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado

Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo

Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la

Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en

discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente

pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los

particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico

que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por

el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su

existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia

de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten

bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se

reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio

Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios

elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no

se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace

necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se

puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal

impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese

ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se

26

hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por

lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa

en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que

emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad

Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el

nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta

Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena

Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone

ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los

27

elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo

En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las

previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten

Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se

establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas

que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda

persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo

razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial

establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de

cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la

determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el

artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones

Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a

partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a

rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el

Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de

constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales

cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la

28

interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y

brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas

Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas

interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con

mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto

es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja

con mayor alcance a los titulares de un derecho humano

Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la

conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para

circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria

que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o

trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena

privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten

Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias

radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona

deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes

favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el

caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso

resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda

alguna la reglamentaria

B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad

29

administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad

El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y

las sanciones a saber

bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la

autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute

como su modificacioacuten y duracioacuten

bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones

administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos

de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea

Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las

sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad

judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e

impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son

determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas

directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial

dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea

En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la

imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de

30

policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca

la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo

texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como

son

1 Multa

2 Arresto hasta por treinta y seis horas o

3 Trabajo a favor de la comunidad

Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos

gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son

emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local

Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un

Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos

de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento

gubernativo o de policiacutea

Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que

directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos

y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida

Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo

cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta

observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar

en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso

31

Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable

en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004

Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004

paacutegina 242 del rubro y texto siguientes

ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo

De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha

infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado

precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede

variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de

normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos

ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la

inobservancia de la ley penal

32

En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de

circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo

previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de

sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento

gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho

menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a

una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y

seis horas o trabajo a favor de la comunidad

Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una

infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento

gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva

de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como

delito por la legislacioacuten penal

Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones

administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la

sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento

mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley

Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo

XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero

1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes

33

ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo

Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las

penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas

de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las

originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se

califican como infracciones

Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de

traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento

34

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico

el lunes 21 de septiembre de 1992

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE

MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de

junio de 2007

Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional

Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar

I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida

II- Tarjeta de circulacioacuten

Artiacuteculo 16

Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con

I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben

a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo

b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro

de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos

sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de

caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute

una sancioacuten

5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

35

c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de

circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y

d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que

especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva

Artiacuteculo 5

Los conductores deben

II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el

documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo

Sanciones

Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los

siguientes casos

I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de

identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga

tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas

placas o el documento que justifique la omisioacuten

Artiacuteculo 16

(hellip) Fraccioacuten I

Sancioacuten

20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y

retiro de la placa delantera

Artiacuteculo 5

Fraccioacuten II

10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito

36

Artiacuteculo 26

Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos

al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones

I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para

operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del

permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la

peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de

salario miacutenimo

80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito

En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas

placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es

administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse

previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la

actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del

Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano

En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto

u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por

ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales

la naturaleza de ambas son distintas

37

Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el

artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a

infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las

autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos

gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o

trabajo a favor de la comunidad

C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del

artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos

Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a

la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten

Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de

mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como

garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico

nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la

seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona

familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de

la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento

El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la

arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da

como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino

que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten

38

para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia

sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento

En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute

misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la

policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar

autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le

corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante

un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin

que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia

o la querella

Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos

fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz

de los siguientes razonamientos

El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que

debe imperar en un acto de molestia

La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades

1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta

de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del

gobernado

39

2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito

derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que

la norma los establezca)

3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de

documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo

penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad

con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal

del procedimiento

Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la

real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos

y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee

Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o

posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin

observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de

asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes

Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que

realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y

de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una

detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al

momento de realizar sus investigaciones

40

Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a

una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten

proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el

Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los

siguientes teacuterminos

ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo

Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la

Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el

ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en

su referente 4 dice textual

ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y

41

seguacuten el cual las normas juriacutedicas especialmente en materia penal deberaacuten

operar como paraacutemetros de conducta de las personas de manera tal que puedan

prever cuaacutel es el margen de prohibicioacuten y asiacute actuar en consecuencia

Asimismo sin un mayor ejercicio interpretativo es claro que los supuestos de

ldquoutilizarrdquo o manejar sin ambas placas un vehiacuteculo de motor o sin tarjeta de

circulacioacuten no resultan graves para ser merecedores de intervencioacuten penal como

uacuteltima ratio no existe una correspondencia adecuada entre conducta y sancioacuten

En este sentido la exposicioacuten de motivos de la reforma al artiacuteculo controvertido se

refiere que tiene como finalidad ldquosancionar con mayor severidad los delitos que

causan un gran impacto en la sociedad mexiquense rdquo sin embargo al hablar de la

utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin placas o sin la autorizacioacuten respectiva la

actualizacioacuten de tal conducta no va maacutes allaacute de una infraccioacuten puesto que ninguacuten

bien juriacutedico tutelado se ve trasgredido por dicha materializacioacuten por lo cual de

origen no tendriacutea por queacute preverse esta porcioacuten normativa al no tratarse de un

delito

Ademaacutes tampoco concuerda la porcioacuten normativa impugnada con su exposicioacuten

de motivos en tanto que con posterioridad sentildeala que busca ldquofortalecer las

poliacuteticas gubernamentales de combate al robo de vehiacuteculos y sancionar con

severidad estas conductas se plantea imponer de seis meses a dos antildeos de

prisioacuten y multa de cincuenta a cien diacuteas a quien maneje un vehiacuteculo de motor sin

placas de circulacioacuten o sin autorizacioacuten para circularrdquo lo que siacute bien deja ver que

la voluntad del legislador era evitar la configuracioacuten del robo de vehiacuteculos y de

esta forma proteger el bien juriacutedico propiedad no lo hizo ni en la viacutea ni en la forma

25

adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es

decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute

mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un

delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado

Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo

Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la

Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en

discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente

pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los

particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico

que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por

el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su

existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia

de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten

bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se

reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio

Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios

elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no

se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace

necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se

puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal

impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese

ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se

26

hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por

lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa

en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que

emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad

Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el

nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta

Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena

Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone

ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los

27

elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo

En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las

previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten

Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se

establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas

que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda

persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo

razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial

establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de

cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la

determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el

artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones

Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a

partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a

rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el

Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de

constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales

cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la

28

interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y

brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas

Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas

interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con

mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto

es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja

con mayor alcance a los titulares de un derecho humano

Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la

conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para

circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria

que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o

trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena

privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten

Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias

radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona

deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes

favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el

caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso

resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda

alguna la reglamentaria

B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad

29

administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad

El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y

las sanciones a saber

bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la

autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute

como su modificacioacuten y duracioacuten

bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones

administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos

de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea

Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las

sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad

judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e

impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son

determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas

directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial

dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea

En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la

imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de

30

policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca

la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo

texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como

son

1 Multa

2 Arresto hasta por treinta y seis horas o

3 Trabajo a favor de la comunidad

Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos

gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son

emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local

Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un

Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos

de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento

gubernativo o de policiacutea

Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que

directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos

y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida

Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo

cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta

observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar

en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso

31

Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable

en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004

Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004

paacutegina 242 del rubro y texto siguientes

ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo

De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha

infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado

precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede

variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de

normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos

ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la

inobservancia de la ley penal

32

En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de

circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo

previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de

sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento

gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho

menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a

una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y

seis horas o trabajo a favor de la comunidad

Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una

infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento

gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva

de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como

delito por la legislacioacuten penal

Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones

administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la

sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento

mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley

Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo

XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero

1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes

33

ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo

Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las

penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas

de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las

originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se

califican como infracciones

Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de

traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento

34

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico

el lunes 21 de septiembre de 1992

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE

MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de

junio de 2007

Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional

Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar

I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida

II- Tarjeta de circulacioacuten

Artiacuteculo 16

Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con

I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben

a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo

b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro

de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos

sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de

caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute

una sancioacuten

5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

35

c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de

circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y

d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que

especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva

Artiacuteculo 5

Los conductores deben

II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el

documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo

Sanciones

Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los

siguientes casos

I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de

identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga

tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas

placas o el documento que justifique la omisioacuten

Artiacuteculo 16

(hellip) Fraccioacuten I

Sancioacuten

20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y

retiro de la placa delantera

Artiacuteculo 5

Fraccioacuten II

10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito

36

Artiacuteculo 26

Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos

al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones

I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para

operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del

permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la

peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de

salario miacutenimo

80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito

En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas

placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es

administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse

previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la

actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del

Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano

En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto

u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por

ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales

la naturaleza de ambas son distintas

37

Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el

artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a

infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las

autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos

gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o

trabajo a favor de la comunidad

C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del

artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos

Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a

la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten

Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de

mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como

garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico

nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la

seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona

familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de

la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento

El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la

arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da

como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino

que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten

38

para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia

sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento

En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute

misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la

policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar

autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le

corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante

un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin

que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia

o la querella

Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos

fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz

de los siguientes razonamientos

El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que

debe imperar en un acto de molestia

La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades

1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta

de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del

gobernado

39

2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito

derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que

la norma los establezca)

3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de

documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo

penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad

con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal

del procedimiento

Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la

real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos

y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee

Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o

posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin

observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de

asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes

Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que

realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y

de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una

detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al

momento de realizar sus investigaciones

40

Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a

una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten

proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el

Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los

siguientes teacuterminos

ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo

Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la

Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el

ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en

su referente 4 dice textual

ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y

41

adecuada pues en primer teacutermino tipificoacute como delito una falta administrativa es

decir no utilizoacute al derecho penal como ultima ratio pues sobresale que por siacute

mismo manejar o utilizar un vehiacuteculo sin placas o autorizacioacuten no constituye un

delito ya que no atenta contra ninguacuten bien juriacutedico tutelado

Ahora bien la localizacioacuten del precepto controvertido se encuentra en el Tiacutetulo

Segundo ldquoDelitos contra la colectividadrdquo Subtitulo Segundo ldquoDelitos Contra la

Seguridad de las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo Capiacutetulo I

ldquoAtaques a las Viacuteas de Comunicacioacuten y Medios de Transporterdquo evidencia que en

discordancia con la exposicioacuten de motivos citada lo que hipoteacuteticamente

pretenderiacutea proteger son las viacuteas de comunicacioacuten y no la propiedad de los

particulares en otras palabras no existe correspondencia entre el bien juriacutedico

que se pretende tutelar seguacuten la exposicioacuten de motivos y el tipo penal Motivo por

el cual la disposicioacuten normativa no encuentra razoacuten de ser que justifique su

existencia en el Coacutedigo Penal de la entidad Resaltando auacuten maacutes la incongruencia

de que una falta administrativa que como vimos no vulnera por siacute misma ninguacuten

bien juriacutedico tutelado sea merecedora de una pena privativa de libertad pues se

reitera el derecho penal no estaacute siendo utilizada como ultima ratio

Asimismo el dispositivo penal controvertido no sentildeala dentro de sus propios

elementos tiacutepicos que se entiende por ldquola autorizacioacuten para circularrdquo por lo que no

se cumple el principio de taxatividad Para entender los elementos del tipo se hace

necesario recurrir al Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico de doacutende se

puede concluir que la autorizacioacuten para circular a que refiere el tipo penal

impugnado uacutenicamente puede tratarse de la tarjeta de circulacioacuten De ese

ejercicio se sigue que para entender el sentido del artiacuteculo penal impugnado se

26

hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por

lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa

en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que

emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad

Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el

nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta

Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena

Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone

ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los

27

elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo

En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las

previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten

Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se

establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas

que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda

persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo

razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial

establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de

cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la

determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el

artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones

Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a

partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a

rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el

Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de

constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales

cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la

28

interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y

brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas

Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas

interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con

mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto

es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja

con mayor alcance a los titulares de un derecho humano

Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la

conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para

circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria

que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o

trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena

privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten

Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias

radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona

deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes

favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el

caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso

resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda

alguna la reglamentaria

B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad

29

administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad

El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y

las sanciones a saber

bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la

autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute

como su modificacioacuten y duracioacuten

bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones

administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos

de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea

Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las

sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad

judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e

impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son

determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas

directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial

dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea

En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la

imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de

30

policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca

la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo

texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como

son

1 Multa

2 Arresto hasta por treinta y seis horas o

3 Trabajo a favor de la comunidad

Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos

gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son

emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local

Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un

Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos

de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento

gubernativo o de policiacutea

Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que

directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos

y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida

Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo

cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta

observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar

en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso

31

Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable

en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004

Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004

paacutegina 242 del rubro y texto siguientes

ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo

De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha

infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado

precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede

variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de

normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos

ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la

inobservancia de la ley penal

32

En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de

circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo

previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de

sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento

gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho

menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a

una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y

seis horas o trabajo a favor de la comunidad

Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una

infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento

gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva

de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como

delito por la legislacioacuten penal

Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones

administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la

sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento

mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley

Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo

XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero

1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes

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ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo

Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las

penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas

de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las

originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se

califican como infracciones

Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de

traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento

34

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico

el lunes 21 de septiembre de 1992

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE

MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de

junio de 2007

Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional

Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar

I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida

II- Tarjeta de circulacioacuten

Artiacuteculo 16

Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con

I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben

a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo

b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro

de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos

sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de

caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute

una sancioacuten

5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

35

c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de

circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y

d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que

especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva

Artiacuteculo 5

Los conductores deben

II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el

documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo

Sanciones

Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los

siguientes casos

I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de

identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga

tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas

placas o el documento que justifique la omisioacuten

Artiacuteculo 16

(hellip) Fraccioacuten I

Sancioacuten

20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y

retiro de la placa delantera

Artiacuteculo 5

Fraccioacuten II

10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito

36

Artiacuteculo 26

Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos

al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones

I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para

operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del

permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la

peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de

salario miacutenimo

80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito

En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas

placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es

administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse

previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la

actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del

Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano

En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto

u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por

ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales

la naturaleza de ambas son distintas

37

Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el

artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a

infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las

autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos

gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o

trabajo a favor de la comunidad

C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del

artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos

Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a

la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten

Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de

mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como

garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico

nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la

seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona

familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de

la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento

El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la

arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da

como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino

que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten

38

para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia

sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento

En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute

misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la

policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar

autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le

corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante

un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin

que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia

o la querella

Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos

fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz

de los siguientes razonamientos

El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que

debe imperar en un acto de molestia

La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades

1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta

de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del

gobernado

39

2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito

derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que

la norma los establezca)

3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de

documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo

penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad

con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal

del procedimiento

Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la

real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos

y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee

Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o

posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin

observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de

asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes

Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que

realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y

de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una

detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al

momento de realizar sus investigaciones

40

Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a

una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten

proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el

Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los

siguientes teacuterminos

ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo

Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la

Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el

ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en

su referente 4 dice textual

ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y

41

hace necesario recurrir a una definicioacuten de un cuerpo normativo reglamentario por

lo que se comprueba que el tipo penal no se basta en siacute mismo pues se completa

en virtud de una norma inferior jeraacuterquicamente de caraacutecter administrativo que

emana del Poder Ejecutivo lo que lo vicia de inconstitucionalidad

Por todo lo anterior resulta pertinente traer a colacioacuten el criterio de la Primera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en su tesis publicada bajo el

nuacutemero 1aJ 52008 en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta

Tomo XXVII febrero de dos mil ocho materias constitucional y penal Novena

Eacutepoca paacutegina ciento veintinueve que a la letra dispone

ldquoATAQUES A LAS VIacuteAS DE COMUNICACIOacuteN LA FRACCIOacuteN II DEL ARTIacuteCULO 171 DEL COacuteDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVEacute ESE DELITO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIOacuteN Y RESERVA DE LEY EN MATERIA PENAL A la luz de los principios de exacta aplicacioacuten y reserva de ley en materia penal contenidos respectivamente en los artiacuteculos 14 tercer paacuterrafo y 73 fraccioacuten XXI de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se requiere que las leyes penales provengan del oacutergano legislativo y describan con claridad y precisioacuten la conducta delictiva y las sanciones correspondientes incluyendo todos sus elementos caracteriacutesticas condiciones teacuterminos y plazos por lo que es indispensable que tanto los delitos como las sanciones esteacuten previstos en una ley en sentido formal y material con lo cual se proscriben las denominadas normas penales en blanco o de reenviacuteo que remiten a un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo para conocer el nuacutecleo esencial de la prohibicioacuten Por tanto el artiacuteculo 171 fraccioacuten II del Coacutedigo Penal Federal al prever una conducta delictiva compuesta de dos condiciones manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes vehiacuteculos de motor e infringir reglamentos de traacutensito y circulacioacuten viola los mencionados principios constitucionales en tanto que remite a la mera infraccioacuten de dichos reglamentos para conocer e integrar uno de los

27

elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo

En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las

previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten

Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se

establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas

que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda

persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo

razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial

establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de

cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la

determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el

artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones

Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a

partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a

rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el

Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de

constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales

cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la

28

interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y

brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas

Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas

interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con

mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto

es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja

con mayor alcance a los titulares de un derecho humano

Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la

conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para

circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria

que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o

trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena

privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten

Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias

radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona

deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes

favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el

caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso

resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda

alguna la reglamentaria

B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad

29

administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad

El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y

las sanciones a saber

bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la

autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute

como su modificacioacuten y duracioacuten

bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones

administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos

de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea

Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las

sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad

judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e

impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son

determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas

directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial

dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea

En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la

imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de

30

policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca

la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo

texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como

son

1 Multa

2 Arresto hasta por treinta y seis horas o

3 Trabajo a favor de la comunidad

Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos

gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son

emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local

Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un

Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos

de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento

gubernativo o de policiacutea

Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que

directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos

y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida

Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo

cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta

observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar

en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso

31

Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable

en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004

Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004

paacutegina 242 del rubro y texto siguientes

ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo

De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha

infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado

precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede

variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de

normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos

ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la

inobservancia de la ley penal

32

En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de

circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo

previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de

sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento

gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho

menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a

una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y

seis horas o trabajo a favor de la comunidad

Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una

infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento

gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva

de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como

delito por la legislacioacuten penal

Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones

administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la

sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento

mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley

Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo

XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero

1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes

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ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo

Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las

penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas

de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las

originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se

califican como infracciones

Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de

traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento

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REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico

el lunes 21 de septiembre de 1992

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE

MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de

junio de 2007

Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional

Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar

I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida

II- Tarjeta de circulacioacuten

Artiacuteculo 16

Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con

I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben

a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo

b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro

de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos

sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de

caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute

una sancioacuten

5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

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c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de

circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y

d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que

especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva

Artiacuteculo 5

Los conductores deben

II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el

documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo

Sanciones

Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los

siguientes casos

I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de

identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga

tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas

placas o el documento que justifique la omisioacuten

Artiacuteculo 16

(hellip) Fraccioacuten I

Sancioacuten

20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y

retiro de la placa delantera

Artiacuteculo 5

Fraccioacuten II

10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito

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Artiacuteculo 26

Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos

al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones

I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para

operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del

permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la

peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de

salario miacutenimo

80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito

En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas

placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es

administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse

previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la

actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del

Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano

En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto

u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por

ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales

la naturaleza de ambas son distintas

37

Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el

artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a

infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las

autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos

gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o

trabajo a favor de la comunidad

C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del

artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos

Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a

la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten

Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de

mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como

garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico

nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la

seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona

familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de

la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento

El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la

arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da

como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino

que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten

38

para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia

sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento

En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute

misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la

policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar

autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le

corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante

un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin

que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia

o la querella

Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos

fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz

de los siguientes razonamientos

El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que

debe imperar en un acto de molestia

La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades

1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta

de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del

gobernado

39

2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito

derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que

la norma los establezca)

3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de

documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo

penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad

con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal

del procedimiento

Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la

real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos

y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee

Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o

posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin

observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de

asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes

Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que

realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y

de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una

detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al

momento de realizar sus investigaciones

40

Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a

una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten

proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el

Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los

siguientes teacuterminos

ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo

Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la

Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el

ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en

su referente 4 dice textual

ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y

41

elementos esenciales del tipo lo cual tiene como efecto que el contenido de la ley penal pueda variar por la sola voluntad delEjecutivo Federal modificaacutendola de facto a traveacutes de normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesoslegislativos ordinarios lo que trastoca el ejercicio de la facultad exclusiva del Congreso de la Unioacuten para legislar en materia dedelitos y faltas federalesrdquo

En este esquema de anaacutelisis constitucional debe atenderse ademaacutes a las

previsiones convencionales bajo las cuales en los artiacuteculos 8 de la Convencioacuten

Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poliacuteticos se

establecen las garantiacuteas judiciales a las que tiene derecho el gobernado mismas

que se esbozan en relacioacuten al principio de seguridad juriacutedica tales como que toda

persona tiene derecho a ser oiacuteda con las debidas garantiacuteas y dentro de un plazo

razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial

establecido con anterioridad por la ley asiacute como que en la substanciacioacuten de

cualquier acusacioacuten de caraacutecter penal formulada contra ella o para la

determinacioacuten de sus derechos u obligaciones de caraacutecter civil por ende el

artiacuteculo en cuestioacuten transgrede estas disposiciones

Por lo que corresponde al principio pro persona es importante mencionar que a

partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once se elevaron a

rango constitucional los derechos humanos protegidos en la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el

Estado Mexicano forma parte cuestioacuten que implica la creacioacuten de un bloque de

constitucionalidad y convencionalidad integrado tanto por la Constitucioacuten Poliacutetica

de los Estados Unidos Mexicanos como por los instrumentos internacionales

cuenta habida que se incorporoacute el principio pro persona como rector de la

28

interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y

brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas

Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas

interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con

mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto

es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja

con mayor alcance a los titulares de un derecho humano

Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la

conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para

circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria

que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o

trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena

privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten

Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias

radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona

deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes

favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el

caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso

resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda

alguna la reglamentaria

B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad

29

administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad

El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y

las sanciones a saber

bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la

autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute

como su modificacioacuten y duracioacuten

bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones

administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos

de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea

Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las

sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad

judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e

impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son

determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas

directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial

dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea

En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la

imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de

30

policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca

la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo

texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como

son

1 Multa

2 Arresto hasta por treinta y seis horas o

3 Trabajo a favor de la comunidad

Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos

gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son

emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local

Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un

Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos

de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento

gubernativo o de policiacutea

Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que

directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos

y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida

Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo

cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta

observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar

en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso

31

Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable

en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004

Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004

paacutegina 242 del rubro y texto siguientes

ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo

De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha

infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado

precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede

variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de

normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos

ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la

inobservancia de la ley penal

32

En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de

circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo

previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de

sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento

gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho

menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a

una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y

seis horas o trabajo a favor de la comunidad

Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una

infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento

gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva

de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como

delito por la legislacioacuten penal

Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones

administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la

sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento

mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley

Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo

XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero

1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes

33

ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo

Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las

penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas

de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las

originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se

califican como infracciones

Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de

traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento

34

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico

el lunes 21 de septiembre de 1992

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE

MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de

junio de 2007

Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional

Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar

I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida

II- Tarjeta de circulacioacuten

Artiacuteculo 16

Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con

I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben

a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo

b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro

de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos

sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de

caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute

una sancioacuten

5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

35

c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de

circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y

d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que

especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva

Artiacuteculo 5

Los conductores deben

II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el

documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo

Sanciones

Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los

siguientes casos

I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de

identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga

tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas

placas o el documento que justifique la omisioacuten

Artiacuteculo 16

(hellip) Fraccioacuten I

Sancioacuten

20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y

retiro de la placa delantera

Artiacuteculo 5

Fraccioacuten II

10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito

36

Artiacuteculo 26

Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos

al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones

I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para

operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del

permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la

peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de

salario miacutenimo

80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito

En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas

placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es

administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse

previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la

actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del

Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano

En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto

u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por

ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales

la naturaleza de ambas son distintas

37

Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el

artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a

infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las

autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos

gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o

trabajo a favor de la comunidad

C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del

artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos

Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a

la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten

Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de

mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como

garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico

nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la

seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona

familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de

la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento

El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la

arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da

como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino

que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten

38

para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia

sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento

En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute

misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la

policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar

autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le

corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante

un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin

que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia

o la querella

Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos

fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz

de los siguientes razonamientos

El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que

debe imperar en un acto de molestia

La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades

1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta

de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del

gobernado

39

2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito

derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que

la norma los establezca)

3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de

documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo

penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad

con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal

del procedimiento

Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la

real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos

y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee

Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o

posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin

observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de

asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes

Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que

realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y

de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una

detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al

momento de realizar sus investigaciones

40

Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a

una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten

proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el

Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los

siguientes teacuterminos

ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo

Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la

Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el

ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en

su referente 4 dice textual

ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y

41

interpretacioacuten y aplicacioacuten de las normas juriacutedicas en aquello que favorezca y

brinde mayor proteccioacuten a los derechos humanos de las personas

Dicho principio lleva impliacutecito la condicioacuten de que de existir distintas

interpretaciones para una norma juriacutedica deberaacute elegirse aquella que proteja con

mayor amplitud al titular de un derecho humano esto es si en un caso concreto

es factible aplicar dos o maacutes normas el inteacuterprete debe elegir la que proteja

con mayor alcance a los titulares de un derecho humano

Siguiendo esta loacutegica debe concluirse que en el caso concreto al realizarse la

conducta de manejar o utilizar un vehiacuteculo de motor sin la autorizacioacuten para

circular son actualizadas dos hipoacutetesis normativas una de iacutendole reglamentaria

que conlleva la imposicioacuten de una multa arresto hasta por treinta y seis horas o

trabajo en favor de la comunidad y otra de iacutendole penal que refiere una pena

privativa de libertad de tres meses a un antildeo de prisioacuten

Es decir la misma conducta actualiza dos normas con consecuencias

radicalmente distintas y en atencioacuten al recieacuten descrito principio pro persona

deberaacute darse preferencia a aquella norma que resulte menos lesiva o maacutes

favorable para el sujeto al cual le seraacute impuesta esto con independencia para el

caso concreto del lugar que ocupe dentro de la jerarquiacutea normativa En este caso

resulta obvio que la norma que debe prevalecer por ser maacutes beneacutefica es sin duda

alguna la reglamentaria

B Vulneracioacuten al artiacuteculo 21 cuarto paacuterrafo de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos el cual garantiza que compete a la autoridad

29

administrativa la aplicacioacuten de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policiacutea las que uacutenicamente consistiraacuten en multa arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad

El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos

distingue en sus paacuterrafos tercero y cuarto dos garantiacuteas respecto a las penas y

las sanciones a saber

bull En el tercer paacuterrafo del precepto constitucional referido concede a la

autoridad judicial la facultad de imponer penas derivadas de delitos asiacute

como su modificacioacuten y duracioacuten

bull Mientras que el cuarto paacuterrafo sentildeala en cuanto a las sanciones

administrativas su imposicioacuten por la autoridad administrativa en los casos

de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policiacutea

Por tanto la Norma Fundamental hace una distincioacuten entre las penas y las

sanciones administrativas mientras que las primeras son impuestas por autoridad

judicial por derivar de la inobservancia de la ley son sentildealadas por legislador e

impuestas por el Poder Judicial las segundas (infracciones administrativas) son

determinadas por el Poder Ejecutivo en el respectivo reglamento e impuestas

directamente por la autoridad administrativa sin intervencioacuten de autoridad judicial

dado que son una consecuencia por una infraccioacuten reglamentariacutea

En estas condiciones la facultad de la autoridad administrativa respecto a la

imposicioacuten de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de

30

policiacutea prevista en el referido paacuterrafo cuarto del artiacuteculo 21 constitucional abarca

la facultad del Poder Ejecutivo de regularlas normativamente Empero el mismo

texto constitucional establece que en ello soacutelo es viable imponer sanciones como

son

1 Multa

2 Arresto hasta por treinta y seis horas o

3 Trabajo a favor de la comunidad

Tales sanciones soacutelo pueden estar previstas en los mismos reglamentos

gubernativos y de policiacutea los cuales por su naturaleza administrativa son

emitidos por el Poder Ejecutivo ya sea federal o local

Por tanto existe una disposicioacuten constitucional expresa que permite al titular de un

Poder Ejecutivo a traveacutes de disposiciones reglamentarias imponer esos tres tipos

de sanciones si y soacutelo siacute se infringen disposiciones previstas en un reglamento

gubernativo o de policiacutea

Esto es asiacute porque existe autorizacioacuten constitucional expresa para que

directamente el ejecutivo sancione las infracciones a los reglamentos gubernativos

y de policiacutea que eacutel mismo por siacute expida

Esta potestad se distingue de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo

cuando se hace para proveer en la esfera administrativa para la exacta

observancia de una Ley es decir se habilita al Poder Ejecutivo para reglamentar

en lo administrativo una materia que ya ha sido legislada por un Congreso

31

Sirve para orientar el criterio de la Primera Sala de ese Alto Tribunal localizable

en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo XIX Junio de 2004

Novena Eacutepoca Materia Administrativa con el nuacutemero de Tesis 1a LXXIV2004

paacutegina 242 del rubro y texto siguientes

ldquoSANCIONES ADMINISTRATIVAS CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICIacuteA SOacuteLOPODRAacuteN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY Cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policiacutea eacutestas soacutelo podraacuten consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas en teacuterminos del artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley resulta incuestionable que no pueden constrentildeirse a la multa o al arresto sino que vaacutelidamente procede la imposicioacuten de diversos correctivos como puede ser el decomiso de mercanciacuteas o cualquier otro que contemple la legislacioacuten aplicablerdquo

De lo anterior se infiere que cuando se infrinja un reglamento administrativo dicha

infraccioacuten da uacutenicamente lugar a las sanciones sentildealadas en el multicitado

precepto constitucional y en tanto un reglamento como es el de traacutensito puede

variar por la sola voluntad del Ejecutivo modificaacutendola de facto a traveacutes de

normativas administrativas y sin necesidad de acudir a los procesos legislativos

ordinarios el Poder Legislativo no puede sancionar una infraccioacuten reglamentaria con una pena privativa de libertad como si se tratare de la

inobservancia de la ley penal

32

En este contexto el manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas placas de

circulacioacuten o la autorizacioacuten para circular al no ser una actuacioacuten que se cintildea a lo

previsto en una ley hace que el poder legislativo no pueda tomar la atribucioacuten de

sancionar excepcional y autoacutenomamente a lo previsto en el reglamento

gubernativo o de policiacutea una cuestioacuten de mero caraacutecter administrativo mucho

menos cuando esa inclusioacuten es desproporcionada al imponer pena de prisioacuten a

una simple infraccioacuten que uacutenicamente amerita multa arresto hasta por treinta y

seis horas o trabajo a favor de la comunidad

Esto es asiacute debido a que las sanciones administrativas que derivan de una

infraccioacuten a los controles que deben observarse previstos en un reglamento

gubernativo o de policiacutea se diferencia de la sancioacuten penal pues esta uacuteltima deriva

de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como

delito por la legislacioacuten penal

Ello que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones

administrativas y las penales posean naturalezas distintas pues en suma la

sancioacuten administrativa es procedente ante la inobservancia de un reglamento

mientras que la pena es procedente ante la inobservancia de la ley

Conviene citar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nacioacuten publicado en el Semanario Judicial de la Federacioacuten y su Gaceta Tomo

XXI Junio de 2005 Materia Penal- Administrativa Novena Eacutepoca con el nuacutemero

1a XL2005 en la paacutegina 175 del rubro y texto siguientes

33

ldquoSANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS SUS DIFERENCIAS El artiacuteculo 21 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los principios sobre los cuales descansa todo el sistema de administracioacuten de justicia en materia penal que al Ministerio Puacuteblico y a la Policiacutea Judicial corresponde la persecucioacuten de los delitos en tanto que a los Jueces compete en exclusiva la imposicioacuten de las penas de donde se advierte que para tales efectos las penas deben considerarse como las sanciones derivadas de la comisioacuten de iliacutecitos criminales a fin de distinguirlas de las originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea a las cuales calificoacute como infracciones En este sentido trataacutendose de servidores puacuteblicos la sancioacuten administrativa deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observar en el desempentildeo de sus funciones contenidas en el artiacuteculo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Puacuteblicos cuyo incumplimiento da lugar a iniciar el procedimiento respectivo y a la aplicacioacuten de las sanciones previstas en dicha ley en cambio la sancioacuten penal deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales la naturaleza de eacutestas tambieacuten sea distintardquo

Por lo cual no cabe lugar a dudas que en el marco constitucional vigente las

penas que el Derecho Penal regula son entendidas como las sanciones derivadas

de la comisioacuten de iliacutecitos criminales y deben diferenciarse con claridad de las

originadas por las faltas a los reglamentos gubernativos y de policiacutea las cuales se

califican como infracciones

Por su parte en el Estado de Meacutexico existen dos reglamentos de la materia de

traacutensito que son el Reglamento de Traacutensito del Estado de Meacutexico y el Reglamento

34

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO DEL ESTADO DE MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Seccioacuten Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico

el lunes 21 de septiembre de 1992

REGLAMENTO DE TRAacuteNSITO METROPOLITANO DEL ESTADO DE

MEacuteXICO

Reglamento publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de Meacutexico martes 19 de

junio de 2007

Artiacuteculo 17 Todo vehiacuteculo deberaacute estar debidamente registrado y autorizado ante las autoridades de traacutensito correspondientes En casos extraordinarios se podraacute circular uacutenicamente con permiso provisional

Trataacutendose de vehiacuteculos de servicio particular deberaacuten portar

I- Placas y calcomaniacutea correspondiente al nuacutemero de eacutestas y con un color para los efectos ecoloacutegicos de circulacioacuten restringida

II- Tarjeta de circulacioacuten

Artiacuteculo 16

Los vehiacuteculos automotores soacutelo pueden circular con

I Placas de matriacutecula o permisos provisionales vigentes o en su caso la copia certificada de la denuncia de la peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico mismos que deben

a) Estar colocadas en el lugar destinado por el fabricante del vehiacuteculo

b) Encontrarse libres de cualquier objeto o sustancia que dificulte u obstruya su visibilidad o su registro

de Traacutensito Metropolitano (aplicable soacutelo en municipios conurbados5) ambos

sentildealan que el portar placas y tarjeta de circulacioacuten son una obligacioacuten de

caraacutecter administrativo y para el caso de incumplimiento cada uno de ellos preveacute

una sancioacuten

5 Los municipios de Acolman Amecameca Apaxco Atenco Atizapaacuten de Zaragoza Atlautla Axapusco Ayapango Coacalco de Berriozabal Cocotitlaacuten Coyotepec Cuautitlaacuten Cuautitlaacuten Izcalli Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacaacuten Ecatepec de Morelos Ecatzingo Huehuetoca Hueypoxtla Huixquilucan Isidro Fabela Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo Juchitepec La Paz Melchor Ocampo Naucalpan de Juaacuterez Nezahualcoacuteyotl Nextlalpan Nicolaacutes Romero Nopaltepec Otumba Ozumba Papalotla San Martiacuten de las Piraacutemides Tecaacutemac Temamatla Temascalapa Tenango del Aire Teoloyucan Teotihuacaacuten Tepetlaoxtoc Tepetlixpa Tepotzotlaacuten Tequixquiac Texcoco Tezoyuca Tlalmanalco Tlanepantla de Baz Tonanitla Tultepec Tultitlaacuten Valle de Chalco Solidaridad Villa del Carboacuten y Zumpango (Artiacuteculo 3 fraccioacuten XII)

35

c) Coincidir con la calcomaniacutea permanente de

circulacioacuten con la tarjeta de circulacioacuten y con los registros del control vehicular y

d) Tener la dimensioacuten y caracteriacutesticas que

especifique la Norma Oficial Mexicana respectiva

Artiacuteculo 5

Los conductores deben

II Portar la tarjeta de circulacioacuten original o el

documento que autorice la legal circulacioacuten del vehiacuteculo

Sanciones

Artiacuteculo 118 Soacutelo procederaacute la retencioacuten de

cualquier vehiacuteculo remitieacutendolo de inmediato al depoacutesito maacutes cercano en los

siguientes casos

I- Cuando al cometer una infraccioacuten al presente Reglamento su conductor carezca de tarjeta de

identificacioacuten personal como operador de transporte puacuteblico o el vehiacuteculo no tenga

tarjeta de circulacioacuten o el documento que justifique la omisioacuten

II- Cuando al vehiacuteculo le falten ambas

placas o el documento que justifique la omisioacuten

Artiacuteculo 16

(hellip) Fraccioacuten I

Sancioacuten

20 diacuteas multa equivalente en diacuteas de salario miacutenimo y

retiro de la placa delantera

Artiacuteculo 5

Fraccioacuten II

10 diacuteas y remisioacuten del vehiacuteculo al depoacutesito

36

Artiacuteculo 26

Los conductores de vehiacuteculos y equipo afectos

al servicio puacuteblico de transporte tienen las siguientes obligaciones

I Conducir con licencia de chofer asiacute como tarjeta de identificacioacuten personal para

operadores de transporte puacuteblico portar ambas placas de matriacutecula o el original del

permiso provisional correspondiente y en su defecto la copia certificada de la denuncia de la

peacuterdida ante el Agente del Ministerio Puacuteblico Fraccioacuten I Sancioacuten con multa equivalente en diacuteas de

salario miacutenimo

80 a 100 diacuteas y remisioacuten al depoacutesito

En este sentido trataacutendose del manejo o utilizacioacuten de un vehiacuteculo sin ambas

placas de circulacioacuten o sin la autorizacioacuten para circular la sancioacuten es

administrativa pues deriva de una infraccioacuten a las reglas que deben observarse

previstas en el reglamento de traacutensito relativo cuyo incumplimiento da lugar a la

actuacioacuten prevista en los numerales 17 y 118 del Reglamento de Traacutensito del

Estado de Meacutexico asiacute como 5 16 y 26 del Reglamento de Traacutensito Metropolitano

En cambio la pena deriva de la comisioacuten por parte de cualquier sujeto de un acto

u omisioacuten tipificados como delito por la legislacioacuten penal lo que implica que por

ser diferentes las causas que generan las sanciones administrativas y las penales

la naturaleza de ambas son distintas

37

Por tanto no existe lugar a dudas que con la norma penal impugnada se viola el

artiacuteculo 21 constitucional pues el Poder Legislativo impone pena de prisioacuten a

infracciones de reglamentos las cuales uacutenicamente corresponde sancionar a las

autoridades administrativas por tratarse de la inobservancia de reglamentos

gubernativos o de policiacutea y que son uacutenicamente sancionables con multa arresto o

trabajo a favor de la comunidad

C Violacioacuten al artiacuteculo 16 primer paacuterrafo y la fraccioacuten II del apartado B del

artiacuteculo 20 ambos de la Constitucioacuten Poliacutetica de los Estados Unidos

Mexicanos el cual garantiza el principio de legalidad como parte del derecho a

la seguridad juriacutedica y el derecho a la no autoincriminacioacuten

Conviene mencionar que en el artiacuteculo 16 primer paacuterrafo de la Constitucioacuten

Poliacutetica de los Estados Unidos Mexicanos se advierten los requisitos de

mandamiento escrito autoridad competente y fundamentacioacuten y motivacioacuten como

garantiacuteas instrumentales que a su vez revelan la adopcioacuten en el reacutegimen juriacutedico

nacional del principio de legalidad como una garantiacutea del derecho humano a la

seguridad juriacutedica acorde al cual nadie podraacute ser molestado en su persona

familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de

la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento

El principio de legalidad tiene una amplitud mayor que tiende a evitar la

arbitrariedad en materia penal a traveacutes de un control jurisdiccional lo que da

como resultado que no basta que la autoridad estime realizar un acto justo sino

que el mismo debe estar determinado por la debida fundamentacioacuten y motivacioacuten

38

para que se considere vaacutelido en materia juriacutedico penal para que en una sentencia

sea considerado como prueba dentro de dicho procedimiento

En ese sentido es que la configuracioacuten del tipo penal impugnado no admite por siacute

misma el cumplimiento del principio de legalidad dado que los agentes de la

policiacutea de traacutensito tomariacutean los elementos de prueba del hecho iliacutecito sin estar

autorizados u ordenados por el Ministerio Puacuteblico a quien en exclusiva le

corresponde la investigacioacuten y persecucioacuten de los delitos por lo que se estaacute ante

un tipo que permite la realizacioacuten de pesquisas y de detenciones arbitrarias sin

que siquiera se cumpla con los requisitos de procedibilidad como son la denuncia

o la querella

Tales actos seriacutean violatorios de derechos fundamentales porque resultan actos

fuera del marco constitucional y convencional de los derechos humanos a la luz

de los siguientes razonamientos

El tipo penal resulta violatorio del artiacuteculo 16 de la Constitucioacuten Poliacutetica de los

Estados Unidos Mexicanos que preveacute en su primer paacuterrafo los requisitos que

debe imperar en un acto de molestia

La vulneracioacuten a la seguridad juriacutedica comprende las siguientes particularidades

1 La solicitud de acreditar la justificacioacuten de circular sin placas o sin tarjeta

de circulacioacuten que constituyen una afectacioacuten a la esfera juriacutedica del

gobernado

39

2 Restringen de manera provisional o preventiva el derecho de traacutensito

derecho con el objeto de proteger determinados bienes juriacutedicos (Sin que

la norma los establezca)

3 Se autoriza a la autoridad administrativa el requerimiento de

documentos (autorizacioacuten para circular) que constituyen elementos del tipo

penal sin que preceda mandamiento escrito emitido por una autoridad

con competencia legal para ello donde se funde y motive la causa legal

del procedimiento

Por tanto el tipo penal no garantiza a los individuos su seguridad personal ni la

real la primera referida a la persona como en los casos de aprehensiones cateos

y visitas domiciliarias y la segunda a los bienes que aqueacutella posee

Por tanto la persona en siacute misma su familia su domicilio y sus papeles o

posesiones pueden ser objeto de pesquisas cateos registros o secuestros sin

observar los requisitos contenidos en el artiacuteculo 16 constitucional esto a fin de

asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes

Cabe destacar que al practicar este tipo de inspecciones y revisiones que

realizariacutean los agentes de la policiacutea de traacutensito atenta contra la libertad personal y

de traacutensito de las personas pues de manera indirecta son sujetos de una

detencioacuten arbitraria en la que podriacutean incurrir la Policiacutea y el Ministerio Puacuteblico al

momento de realizar sus investigaciones

40

Trataacutendose de la detencioacuten en el tipo en comento aunque eacutesta pueda ajustarse a

una norma legal como el coacutedigo penal resultariacutea arbitraria Esta distincioacuten

proveniente del Derecho Internacional de los derechos humanos la formula el

Comiteacute de Derechos Humanos de la Organizacioacuten de las Naciones Unidas en los

siguientes teacuterminos

ldquoEl Comiteacute ha llegado a la conclusioacuten de que el teacutermino ldquoarbitrariordquo no es sinoacutenimo de ilegal y denota un concepto maacutes amplio Parece claro que aunque la detencioacuten o prisioacuten ilegal es casi siempre arbitraria una detencioacuten o prisioacuten hecha de acuerdo con la ley puede no obstante ser tambieacuten arbitraria Por consiguiente basaacutendose en la definicioacuten del teacutermino ldquoarbitrariamenterdquo sentada en el 12deg periacuteodo de sesiones de la Comisioacuten de Derechos Humanos el Comiteacute ha adoptado la siguiente definicioacuten la detencioacuten o prisioacuten seriacutea arbitraria cuando se efectuacutee a) por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley o b) conforme una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridadrdquo

Por su ineludible relacioacuten con el tema que nos ocupa es necesario invocar a la

Observacioacuten General Nuacutemero16 Comentarios generales adoptados por el

ldquoComiteacute de los Derechos Humanos Artiacuteculo 17 - Derecho a la intimidadrdquo que en

su referente 4 dice textual

ldquo4 La expresioacuten injerencias arbitrarias atantildee tambieacuten a la proteccioacuten del derecho previsto en el artiacuteculo 17 A juicio del Comiteacute la expresioacuten injerencias arbitrarias puede hacerse extensiva tambieacuten a las injerencias previstas en la ley Con la introduccioacuten del concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley esteacute en consonancia con las disposiciones los propoacutesitos y los objetivos del Pacto y

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